CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
9 DE NOVIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Apoyan refinería…
pero en México
Sugiere la AIE cambiar plan de Fox para abastecer a Centroamérica
La IP construirá y operará cárceles
Se concesionarán
hasta por 20 años
Hacienda debe transparentar fideicomisos
Su argumento para ocultar información
no es válido legalmente: IFAI
Distanciamiento de México con Mercosur
Secuela del choque de Fox con Argentina en la Cumbre del ALCA
Fox confunde la diplomacia con pleitesía: Kirchner
El Presidente
prefiere pasar “a otra cosa mariposa”
Kirchner acusa a Fox
de sumisión ante Bush
“A otra
cosa mariposa”, responde el Presidente
Lamenta el Senado papel de Fox durante la Cumbre
Critican
la “desafortunada” actuación de la delegación mexicana.
El Presidente da carpetazo al asunto: “tan-tan”.
Hacen crisis relaciones
México-Argentina
Demanda embajada aclarar los comentarios
de Fox. “A otra cosa mariposa”,
responde el Presidente.
Ocúpese de México,
dice Kirchner a Fox
Responde el mandatario argentino al
mexicano y lo acusa de “bajar la cabeza frente a los grandes”.
Presunto prestanombres de Montiel: “todo fue legal”
Fue en
su calidad de abogado que los adquirió a pedido del ex
gobernador, afirma Miranda
Sector agrario
Reconoce el Procurador Agrario que el EZLN ha impedido
la Regularización en Chiapas. (Excélsior, Luis Navarro, p.16A)
El procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez, reconoció
que el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) ha sido un factor que ha impedido
la regularización de la propiedad social en Chiapas. Precisó
que la dependencia a su cargo trabaja en la zona de influcencia
zapatista para la aplicación
del Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos
(Procede) con cautela y atendiendo circunstancias
especiales.
Destacó que el programa gubernamental tiene un avance de casi
90 por ciento en el país, siendo estados como Chiapas,
Michoacán y Oaxaca los que faltan por certificar a plenitud.
El funcionario reconoció que las zonas con mayor presencia
indígena es donde el Procede ha enfrentado dificultades,
sobre todo donde existe influencia del EZLN.
Recordó que el Procede terminará el próximo año y que ciento
por ciento de los núcleos agrarios del país tendrán la
posibilidades de incorporarse, “por lo que al cierre del
programa no habrá uno sólo que pueda argumentar que no
lo tomamos en cuenta”.
Actualmente, precisó se han certificado 88 por ciento de los
núcleos agrarios y 81 por ciento de la superficie de la
propiedad social, que en hectáreas son 87 millones y “a
la postre se llevan más de cuatro millones de sujetos
agrarios beneficiarios”.
Por último, resaltó que el Procede genera seguridad y certeza
jurídica para los poseedores de la tierra con un programa
donde se ha gastado más de 10 mil 500 millones de pesos
desde 1993.
Certeza Jurídica en el Campo. (El Universal, p.23. /Milenio Diario, p.7)
Último llamado al Procede. (El Sur (Guerrero), p.web).
El procurador agrario Isaías
Rivera Rodríguez hizo un último llamado a los campesinos
para que se incorporen al Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede),
e informó que faltan de hacerlo 120 núcleos agrarios,
de los cuales 55 lo rechazan totalmente. En la gráfica,
asistentes al acto de “precierre operativo” de ese programa
federal Foto: Éric Chavelas
Procede. (Diario de Guerrero, p.web).
TRAS ANUNCIAR que en breve culminarán los trabajos de regularización de predios agrarios que realiza
El gobernador Torreblanca y el Procurador Agrario
federal entregaron certificados agrarios de Procede. (Diario de Guerrero, p.web)
El gobernador Carlos Zeferino Torreblanca Galindo recibió la constancia y firmó
el convenio del precierre del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales -PROCEDE-, con el que se anuncia
la culminación de certificación de ejidos y solares agrarios
del medio rural de Guerrero, en un acto en el cual, junto
con el procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez,
entregaron 650 certificados a igual número de familias.
El evento reunió a campesinos provenientes
de diversos municipios del estado, así como a funcionarios
públicos federales y municipales en el auditorio José
Joaquín de Herrera y Ricardos de la Ciudad de los Servicios
y ahí, el procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez
y representante del Secretario de la Reforma Agraria,
explicó que en Guerrero existen mil 254 núcleos agrarios
de los cuales se han certificado mil 35, lo que se traduce
en un 82.54 por ciento.
Las familias beneficiadas alcanzan
las 201 mil 639 que han recibido 385 mil 178 documentos
que les otorgan la seguridad jurídica en la posesión de
sus tierras, que abarcan más de tres millones de hectáreas.
A su vez el gobernador Torreblanca
Galindo se congratuló con los campesinos que se han adherido
al programa, porque el camino de la legalidad y la certeza
jurídica es el mejor para asegurar el patrimonio de sus
familias.
También hizo un llamado a los habitantes
de los núcleos agrarios que aún no se han adherido al
programa para que lo hagan, porque aún están a tiempo
de hacerlo y dijo que confía que con el diálogo los focos
amarillos se conviertan en focos verdes.
En Guerrero aún existen 120 núcleos
agrarios que no se han regularizado, 55 de ellos porque
han rechazado el programa y 65 porque tienen problemas
de tipo legal con la posesión de sus tierras, sin embargo
el programa está abierto y se sigue trabajando en los
tres niveles de gobierno para que el estado concluya con
esta entrega de documentos.
Anuncia la SRA un último llamado a campesinos para
ingresar al Procede. (El Sur (Guerrero), Teresa
de la Cruz, p.web)
Faltan por
regularizarse 120 núcleos agrarios; 55 rechazan totalmente
el programa y 65 tienen problemas jurídicos.
Chilpancingo.
Debido a que en Guerrero faltan
por regularizarse 120 núcleos agrarios, el procurador
agrario, Isaías Rivera Rodríguez, hizo un último llamado
a los campesinos para que se incorporen al Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares (Procede), pues consideró que así tendrán
“seguridad y certeza jurídica” en la posesión de sus tierras.
El funcionario de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) expresó lo anterior en
el acto de precierre operativo del Procede en Guerrero,
en el auditorio José Joaquín de Herrera en el Palacio
de Gobierno.
El gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, aseguró que su gobierno le seguirá
“apostando” a este programa y advirtió que no permitirá
“bajo ninguna circunstancia que el Procede sea botín de
algunos desorientados”, sobre todo, porque “quisiéramos
que en Guerrero estos focos amarillos se convirtieran
en verdes”.
Ante unos mil 500 campesinos que
acudieron a recibir sus certificados y títulos de propiedad,
Rivera Rodríguez recordó que el Procede se puso en marcha
a finales de 1992 y destacó que el propósito del presidente,
Vicente Fox, es que éste se
cierre en su administración.
Explicó que el Procede es “un programa
de política pública agraria de inmensa trascendencia que
permite sentar las bases para la paz social y para la
gobernabilidad”.
Dijo que precisamente la entrega
de los documentos que se hizo ayer “permite (a los campesinos)
tener esa seguridad y certeza jurídica”, porque a partir
de los certificados y títulos de propiedad cada ejidatario
o comunero conoce los límites de su territorio.
Señaló que bajo las condiciones
en que trabaja, el secretario de la SRA, Florencio Salazar
Adame, el presidente de la República,
y el gobernador de Guerrero “van a poder afirmar en el
cierre del programa que el 100 por ciento de los núcleos
agrarios tuvieron la oportunidad de haberse incorporado.
Sólo quedarán fuera quienes decidieron no incorporarse
o finalmente no pudieron resolver sus conflictos”.
Señaló también que en esta etapa
de resultados en que se encuentran el Procede, “podemos
decir que tenemos buenas cuentas para el estado de Guerrero”,
sin embargo, consideró que el precierre operativo “implica
la última llamada e informar a todos ustedes que efectivamente
el cierre operativo se dará en fechas próximas”.
Más tarde, en una conferencia de
prensa en el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno
en conjunto con el gobernador, adelantó que el cierre
del Procede podría realizarse en los primeros meses de
2006 y mencionó que la fecha exacta depende de las agendas
de Salazar Adame y Torreblanca
Galindo.
Comentó que todavía podrán ser
incluidos aquellos núcleos que un día antes del cierre
definitivo manifiesten su voluntad, “después ya no habrá
nuevas incorporaciones”, que vayan con cargo al gobierno
federal, sino que los gastos de regularización de los
predios correrá a cuenta de los propios campesinos y detalló
que han comprobado que el costo para certificar un núcleo
es de aproximadamente un millón de pesos.
Le vamos a seguir apostando al
Procede: Zeferino
Torreblanca dijo que para la Reforma
Agraria pudiera ser un acto más de los que realiza en
la búsqueda de la certificación de la tenencia de la tierra
en el país, pero indicó que en Guerrero “refleja los frutos
de la democracia en este país”.
Consideró que tanto Fox como él son producto de esa democracia y opinó: “le vamos
a seguir apostando para que sean los cauces democráticos
los que lleven a los ciudadanos a dirimir sus diferencias”.
Señaló que en la certificación
de la tierra “nos toca la difícil responsabilidad de armonizar
los intereses de los guerrerenses, (sin embargo) nosotros
le vamos a seguir apostando al Procede, vamos a hacer
nuestro mejor esfuerzo para que la Secretaría de la Reforma
Agraria con sus instancias puedan cumplir con esta tarea”.
Aseguró que “le vamos a seguir
apostando a este programa y le vamos a seguir apostando
a la vía pacífica, a la vía de la conciliación, a la vía
del arbitraje, a lo que no le vamos a apostar es a que
algunos pretendan contaminar estos programas para sus
intereses partidarios o sus intereses particulares”.
Incluso mencionó que “no podemos
permitir bajo ninguna circunstancia que el Procede sea
botín de algunos desorientados porque la voluntad de este
estado es la voluntad suprema, y no un interés de unos
cuantos que quieren socavar este programa tan noble y
con tantos beneficios, sin demagogia para los más pobres
de este país y más pobres de Guerrero”.
“Hoy hemos visto este precierre,
es la llamada, como la llamada a misa, es la campanada
para decir: llevamos el 80 y tantos por ciento de la certificación,
quisiéramos que en Guerrero pusiera la muestra y pudiera
lograr al 100 por ciento, nosotros pondremos nuestra parte
sabremos que hay algunos focos amarillos en Guerrero,
quisiéramos que estos focos amarillos se convirtieran
en focos verdes, porque lo que queremos en Guerrero es
paz trabajo y certidumbre”, dijo Torreblanca Galindo.
Certificados, el 82 por ciento
de los núcleos agrarios
El delegado de la Procuraduría
Agraria, Fernando Jaimes Ferrer,
explicó que de un universo de mil 254 ejidos y comunidades
agrarias que hay en Guerrero, mil 35 han sido certificados,
beneficiando así a 201 mil 639 familias, quienes han recibido
385 mil 178 certificados o títulos de propiedad.
Dijo que de los 219 núcleos agrarios
que aún faltan por ser regularizados, 99 están en proceso
de certificación, mientras que 55 han manifestado un rechazo
total al programa y 65 tienen problemas jurídicos. Detalló
que los 120 núcleos que no se han incorporado al programa
representan el 29.15 por ciento de los 6 millones 428
mil 200 hectáreas que hay en la entidad.
Entrega Zeferino
certificados de derechos ejidales. (El Despertar
del Sur, José Manuel Benítez, p.web).
Chilpancingo, Gro. El gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo y el procurador Agrario, Isaías
Rivera Rodríguez, entregaron 650 certificados de derechos
ejidales y titulación de solares a campesinos de la entidad,
en un acto celebrado en el auditorio “José Joaquín de
Herrera” del Palacio del Ejecutivo.
Más tarde, en conferencia de prensa, el procurador resaltó
que ya se atiende el conflicto agrario existente entre
los habitantes de Moyotepec, municipio de Malinaltepec,
y El Capulín, de Tlacoapa, con
la posible compra de tierras para una de las partes, pero
aclaró que es una posibilidad porque puede haber otras
soluciones.
Antes, el Procurador Agrario resaltó que la etapa de ordenamiento
y de regularización de la tenencia de la tierra es la
que permitirá establecer las bases para pasar a una tercera
etapa superior, tendiente al programa de desarrollo rural
integral.
Recordó que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede) inició en 1993,
y hasta la fecha permite atestiguar el cumplimiento de
un compromiso del presidente Vicente Fox desde el inicio de su mandato, que no sólo se daría seguimiento
al Procede, sino concluirlo en su administración.
Afirmó que el programa es un instrumento de política pública
agraria de inmensa trascendencia porque permite sentar
las bases para la paz social y la gobernabilidad, estableciendo
los mecanismos de prevención de los conflictos, ayudando
a resolverlos.
Dijo que la entrega de los documentos permiten otorgar certeza
y seguridad jurídica a los campesinos guerrerenses, que
son consecuencia y producto directo del Procede, lo cual
no podrá hacerse sin la decidida participación de los
tres niveles de gobierno.
> Fruto de la democracia: ZTG
Por su parte, el mandatario estatal sostuvo que no se trataba
de un acto más la entrega de certificados, sino que era
fruto de la democracia en el país, la cual ha decidido
el pueblo al elegir libremente a sus gobernantes, para
que estos en el ejercicio del poder certifiquen las tierras
con la voluntad ciudadana del pueblo de México y de Guerrero.
Dijo que en el año 2000 el pueblo de México decidió que fuera
su presidente de la República el presidente Vicente Fox,
y el pasado mes de febrero el de Guerrero quiso que fuera
su gobernador Torreblanca Galindo, y son los que se constituyeron
en representantes de la sociedad sin distingo partidario.
Afirmó que le van a seguir apostando para que sean los cauces
democráticos los que lleven a los ciudadanos a disminuir
sus diferencias. “A nosotros en el caso de lo que hoy
se da en Guerrero, con la certificación de la tierra,
nos toca la difícil y compleja responsabilidad de armonizar
los intereses de los guerrerenses”, añadió.
> Focos amarillos
En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que hay focos
amarillos en Guerrero, con relación al conflicto suscitado
entre los habitantes de Moyotepec
y El Capulín, en la región de la Montaña. “Quisiéramos
que estos focos amarillos se convirtieran en focos verdes,
porque lo que queremos en Guerrero es paz, trabajo y certidumbre”,
añadió.
Resaltó que el gobierno del estado va a hacer su mejor esfuerzo
para que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
pueda cumplir con la tarea de extender los documentos
de un ciudadano, que es lo más preciado que puede aspirar
un ser humano, de que tenga la certidumbre de que tiene
un patrimonio y que puede heredarle a sus hijos no problemas
sino un pedazo de tierra.
El gobernador aseguró que continuará apostando al Procede y
a la vía pacífica, a la conciliación, al arbitraje, “a
lo que no le vamos a apostar es que algunos pretendan
contaminar estos programas para sus intereses partidarios
o particulares”.
Subrayó que no pueden permitir bajo ninguna circunstancia que
el Procede sea botín de algunos desorientados, de que
el estado y el país han cambiado, y de que la democracia
y voluntad ciudadana es la voluntad suprema, no el interés
de unos cuantos que quieren socavar ese programa tan noble
y con tantos beneficios y sin demagogia para los más pobres
del país y de Guerrero.
Culpan a Florencio Salazar de
conflicto en El Capulín. (El Despertar
del Sur, Magdalena de la O, p.web)
Chilpancingo, Gro.- Jesús Navarro
Sierra presidente municipal de Tlacoapa,
e Ismael Galeana Sixto presidente de comisariado
y núcleo agrario de ese municipio, responsabilizaron
al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame, de los hechos ocurridos
el pasado sábado, donde habitantes del poblado de
El Capulín, fueron desalojados de manera violenta por
indígenas de la comunidad de Moyotepec,
por un litigio agrario en que están de por medio
456 hectáreas de tierras.
Jesús Navarro Sierra presidente municipal de Tlacoapa e Ismael Galeana Sixto presidente de comisariado y núcleo agrario de ese municipio, manifestaron
que los daños ocasionados de las 48 viviendas destruidas
en El Capulín, ascienden a los 500 mil pesos; asimismo,
exigen la presencia del grupo de trabajo que nombró Salazar
Adame, en el estado de Guerrero
encabezado por Juan Gatica,
para que constate del daño causado.
Sobre eso, señalaron que dan 24 horas para que Salazar Adame se traslade al lugar y dé solución al conflicto, de
no ser así responsabilizan a las instancias correspondientes
de lo que sucede en aquel poblado.
Argumentaron que las actividades dentro del municipio están
suspendidas, esto en protesta a los daños de los que fueron
objeto los habitantes del poblado mencionado, por parte
de un grupo de indígenas de Moyotepec comandados por Natalio
Solano “todos los maestros están con nosotros y las actividades
en la cabecera se pararon”, comentaron que por ser un
problema agrario permiten la impunidad.
Evencio Romero, dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) en Guerrero, quien acompañará
a las autoridades de Tlacoapa,
indicó que es urgente la intervención de las autoridades
correspondientes, ya que los ánimos entre los habitantes
de los dos poblados están muy caldeados, además afirmó
que “no es la primera vez que estos señores se meten al
Capulín”, por ello exhortó a las autoridades federales
a que resuelvan el problema “si él lo creó que sea el
quien lo resuelva”.
Tierras en disputa entre los comuneros de El Capulín
y Moyotepec, sin dueños. (Diario de Guerrero, p.web)
El secretario de reordenamiento territorial de la Secretaría
de la Reforma Agraria -SRA-, Gilberto Hershberguer
afirmó que jurídica y técnicamente los comuneros de El
Capulín, municipio de Tlacoapa y de Moyotepec, municipio
de Malinaltepec, no pueden acreditarse
como legítimos dueños y poseedores de las tierras que
se disputan.
Ayer los comuneros de ambos núcleos agrarios, sostuvieron una
reunión con autoridades de la SRA y del gobierno del Estado,
para conciliar los ánimos, tras los hechos del sábado
pasado en esa zona de la región de la Montaña.
El sábado, unos 200 comuneros de Moyotepec
armados con machetes y escopetas desalojaron por la fuerza
e incendiaron 49 viviendas de campesinos de El Capulín,
que viven en una zona en conflicto por la disputa de 456
hectáreas, de acuerdo a la versión de los propios campesinos.
El funcionario federal explicó que de acuerdo al pleito judicial
que han entablado ambos núcleos comunales, ninguna de
las dos partes se puede autonombrar como legítimos propietarios
de las tierras en disputa.
Señaló que no se han podido iniciar los trabajos de deslinde
de tierras para determinar en primer lugar, las hectáreas
que se están disputando, “...no hay un número determinado
de hectáreas de las tierras en conflicto, porque no se
han iniciado los trabajos de medición y necesitamos de
ese procedimiento para iniciar el proceso de conciliación
agraria”.
Precisó que han propuesto a los dos núcleos agrarios, la intervención
de personal federal para el deslinde del terreno y establecer
una mesa de negociación con ambas partes, para llegar
a un acuerdo conciliatorio y, de ser necesario indemnizar
a quien salga afectado por ese proceso.
Tiene Guerrero atención especial
en conflictos agrarios. (El Despertar
del Sur, Gilberto Guzmán, p.web).
Chilpancingo, Gro.- El procurador
Agrario, Isaías Rivera Rodríguez, reconoció que el
estado de Guerrero es un caso de atención especial en
el tema de los conflictos agrarios conocidos como Focos
Amarillos, por lo que existe un grupo especializado trabajando
en la solución de los mismos.
Este martes, detalló que el Programa de Focos Rojos y Amarillos
ha sido definido de manera estratégica por el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
y que permite identificar con claridad los asuntos que
presentan características especiales de conflictividad,
definidos por razones de antigüedad, por la existencia
de hechos violentos, enfrentamientos y raíces adicionales
a las de carácter agrario.
Por lo que el mencionado programa permite canalizar esfuerzo,
dinero, trabajo, las actividades de un grupo especializado
para su atención, y en el que participa todo el sector.
Sin embargo, Isaías Rivera aclaró que la existencia del Programa
de Focos Rojos y Amarillos no significa que dejen de existir
conflictos, debido a que toda sociedad presenta conflictos
y aunque se resuelva uno puede surgir otro, ya que “todo
tejido social es vivo, está en evolución y puede presentar
cuestiones que generen alguna complicación”.
Por lo que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Comunales (Procede) garantiza que si en el futuro
ocurre algún conflicto, existan antecedentes suficientes
para precisar quien tiene la razón y derechos al respecto.
Por lo que el caso de Guerrero es un caso de atención especial,
en el que ya se trabaja, mediante un grupo especializado
que trabaja en los Focos Amarillos identificados.
Comuneros de Moyotepec
y El Capulín “disputan tierras de nadie”: SRA. (El Despertar
de la Costa, Jaime Israel Irra,
p.web)
Chilpancingo, Gro.- La Secretaría
de la Reforma Agraria, reconoció que la disputa entre
las comunidades Moyotepec, municipio de Metlatónoc,
y El Capulín, jurisdicción de Tlacoapa,
que integran el núcleo rural de Ocoapa,
en la región de La Montaña, es por tierras de nadie.
Así lo dio a conocer el subsecretario de Ordenamiento de
la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria,
José Gilberto Hershberger Reyes, que reveló: “con toda seriedad, no
hay forma de ubicar técnicamente la superficie en disputa”.
Aseguró que
la Secretaría Reforma Agraria está dispuesta a adquirir
las tierras en disputa e indemnizar a los comuneros, además
de repartirles “mitad y mitad para que de una vez por
todas se termine el conflicto”.
Comentó que “la posición de los campesinos del núcleo campesino
de Ocoapa, del que es parte
la comunidad de Moyotepec, era
quedarse con el área de la Sabana y el Capulín, pero logramos
que cedieran al municipio de Tlacoapa,
pero estos (los de Tlacoapa)
dijeron que también querían además las 456 hectáreas de
labor, cosa que no fue aceptada tampoco por los de Moyotepec,
y eso es lo que ha trabado el conflicto”.
Hershberger Reyes, entrevistado poco antes de
que se reuniera en el Palacio de Gobierno con los representantes
de los Bienes Comunales de las dos comunidades en disputa,
dijo que el conflicto se generó en el mandato presidencial
de Porfirio Díaz.
Aseguró que para solucionar la disputa de estás tierras se
han realizado más de 70 reuniones sin que ninguna de las
dos partes se hayan podido poner de acuerdo, pero que
ahora les plantearan la indemnización, “no venimos a regatear,
venimos a resolver la bronca”.
Alrededor de las 14:00 horas de este lunes, en el interior
del Palacio de Gobierno, el subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad de la Secretaría de la Reforma Agraria,
José Gilberto Hershberger Reyes, se reunió con los representantes comunales
de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y de El Capulín, jurisdicción de Tlacoapa para solucionar la disputa de 456 hectáreas
de terreno.
Por su parte, el presidente municipal de Tlacoapa,
Jesús Navarro Sierra, exigió la intervención inmediata
del Gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame
para que el conflicto de tierras sea resuelto y se
eviten enfrentamientos en un lapso no mayor a 24 horas.
Responderán a las agresiones advierten los de El
Chapulín. (Novedades de Acapulco,
Lidia Camarillo, p.web)
Chilpancingo Gro., 8 de noviembre.-
Comuneros de El Capulín se reunieron con el subsecretario
de la Reforma Agraria, Gilberto Hershberger
Reyes, el procurador agrario federal, Isaías Rivera Rodríguez
y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, para buscar una solución al
conflicto de la posesión de 456 hectáreas de tierras que
ha puesto en riesgo la estabilidad de esa zona de la región
de la Montaña.
Ante los funcionarios, representantes de El Capulín argumentaron
que responderán a las agresiones, ya que no permitirán
que sus viviendas sean dañadas otra vez.
Fue el pasado 5 de noviembre, cuando habitantes de Moyotepec llegaron a la comunidad de El Capulín para desalojar
a las familias del lugar, amenazándolas con barretas,
zapapicos, martillos, machetes y escopetas, para luego
destruir medio centenar de viviendas.
Por ello, hoy se reunieron autoridades federales y estatales
con comuneros con el objetivo de que se llegue a un acuerdo
para evitar que nuevamente se registre otro enfrentamiento
en los pueblos.
Valeriano Díaz Basurto, Abel Neri Méndez, Jesús Navarro, quienes asistieron a la reunión
con el gobernador, expresaron que quieren evitar a toda
costa un derramamiento de sangre por este conflicto agrario,
pero indicaron que el que promueve la confrontación es
Natalio Solano González, quien
se hace llamar líder natural del núcleo agrario de Ocoapa
y Constantino Ángeles Flores comisario municipal de Moyotopec,
entre otros implicados.
También argumentaron que no se ha solucionado el conflicto
“por la negligencia e incapacidad política” del secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
Junto con la exigencia de solucionar el conflicto agrario,
solicitaron el apoyo para la reestructuración de sus viviendas
que asciende a los 500 mil pesos y la reinstalación de
sus servicios de electricidad y telefónico.
En tanto, el subsecretario de la Reforma Agraria, Gilberto
Hershberger Reyes, argumentó
que no se protege no hay preferencia por ninguna comunidad
involucrada en este conflicto.
Chilpancingo Gro., 8 de noviembre.-
Pobladores y autoridades de El Capulín, municipio de Tlacoapa, dieron un plazo de 24 horas para que el titular
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) acuda
al lugar a resolver inmediatamente el conflicto agrario
por la disputa de 456 hectáreas de tierra.
De lo contrario, amagaron con responder a cualquier agresión
de los campesinos de Moyotepec,
quienes el sábado pasado destruyeron sus viviendas.
Sin embargo, el procurador agrario federal, Isaías Rivera
Rodríguez, minimizó el conflicto que protagonizan
ambas comunidades de la región de la Montaña al declarar
que el asunto no era grave y permanece en calma, ya que
estaba siendo atendido por la comisión encargada de este
problema.
El comisariado de bienes comunales
de El Capulín, Ismael Galeana Sixto, contradijo la visión
oficial al señalar que en Tlacoapa
se vive un clima de tensión, debido a que unos 300 comuneros
se encuentran en ese municipio mientras que otras 500
personas resguardan el paraje de El Capulín en espera
de hacer frente a otra agresión de los moyotecos.
Por su parte, el subsecretario de la SRA, Gilberto José Hershberger, endosó la permanencia del conflicto agrario a
la intransigencia de los comuneros, debido a que de 72
reuniones que se han sostenido con habitantes de Tlacoapa
y Malinaltepec, ninguno de los dos bandos ha respetado los acuerdos
que ahí se han originado para solucionar el conflicto
que data del año 1883.
Además, refirió que el problema de tierras que data desde hace
120 años aún no se resuelve ni jurídica ni socialmente
ante el Tribunal Agrario (TA), razón por la que no pueden
pagar las tierras como una primer vía de solución a este
problema.
Los grupos de campesinos involucrados en este conflicto, se
reunieron por separado con autoridades del sector agrario
federales y locales en Palacio de Gobierno, con el fin
de lograr un acuerdo que permitiera apaciguar el ambiente
que se vive en ambas comunidades.
El grupo de comuneros encabezados por el presidente de Bienes
comunales de El Capulín, el alcalde de Tlacoapa
así como el asesor de estos, Evencio
Romero Sotelo, emplazaron al titular de la SRA, Salazar Adame, para que asistiera personalmente a esa cabecera
a resolver de forma urgente el problema, debido a que
los ánimos están caldeados y comuneros de El Capulín dispuestos
a responder a una quinta agresión y lo responsabilizaron
de cualquier masacre que se registre en la zona.
Reprocharon que en su momento, la SRA no haya intervenido para
evitar que sufrieran la cuarta agresión que se registró
el pasado sábado con la quema de 49 casas, destrozos de
cercos y plantíos de papa y hortalizas diversas, de las
que calculan daños de unos 500 mil pesos.
En ese sentido, responsabilizaron a Salazar Adame y al azusador Natalio Solano, de cualquier masacre que se registre en la
zona de la Montaña por la disputa de hectáreas.
Además, exigieron a los comuneros de Moyotepec
a que demuestren con documentos que las 456 hectáreas
les pertenecen.
Problema añejo, sin tension
Al respecto, el Procurador agrario federal, Isaías Rivera Rodríguez,
aseguró que al conflicto Moyotepec-El
Capulín, al igual que a otros que existen en la entidad
guerrerense, se les ha dado atención correspondiente,
apuntando que este mismo martes se instalaría una mesa
de diálogo con la comisión especial que atiende el conflicto
agrario.
Precisó que de acuerdo a la información que le proporcionaron
es que "el problema no era grave y la situación en
Tlacoapa ya era de calma".
No obstante, reconoció que no tenía conocimiento "muy
a fondo", porque de éste se encargaban otras comisiones.
La resposabilidad: de campesinos
A pesar de que funcionarios de la SRA acudieron a la zona de
conflicto, el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural, Gilberto José Hershberger
Reyes, indicó que no había necesidad de que una comisión
se trasladara hasta esa cabecera municipal para resolver
la disputa de tierras cuando no se han respetado los acuerdos
que firman los comuneros.
Indicó que de 72 mesas de trabajo que se han instalado lo cual
no ha sido "fácil", porque ninguno de los comuneros
ha acatado los acuerdos.
"Si ellos no están dispuestos a negociar, nosotros no
podemos hacer nada, el gobierno estatal y federal quieren
hacer las pases a este conflicto que por 120 años había
permanecido en paz, de ellos dependerá solucionar y no
heredar a sus hijos esta misma bronca", finalizó.
Piden vecinos de El Capulín que se garantice la
paz y seguridad, antes que buscar acuerdos. (El Sur (Guerrero),
Teresa de la Cruz, p.web).
La SRA anuncia
para hoy una reunión entre las dos comunidades en conflicto.
Zeferino afirma que su gobierno actúa como intermediario.
Chilpancingo.
Durante la reunión privada que
sostuvieron con el subsecretario de Ordenamiento de
la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Gilberto Hershberger
Reyes, campesinos de El Capulín que fueron violentamente
desalojados de su comunidad el 5 de noviembre por comuneros
de Moyotepec, propusieron ayer
que antes de buscar un acuerdo de conciliación, se garantice
la paz y seguridad en el lugar del conflicto.
Ante la postura, el funcionario
federal ofreció publicar un desplegado mediante el cual
la Reforma Agraria hará la aclaración de que las 456 hectáreas
en discordia, no pertenecen a nadie hasta este momento
y anunció una reunión con el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame
para hoy miércoles a las 11:30 de la mañana en el Palacio
de Gobierno. A ésta acudirán los dos grupos en conflicto.
Por la mañana, el titular de la
Procuraduría Agraria, Isaías Rivera Rodríguez había
adelantado en conferencia de prensa que la estrategia
de la SRA era buscar “una conciliación al problema”. Sin
embargo, opinó que debido a las “raíces históricas del
conflicto se hace dificultoso encontrar una solución”.
Mientras que el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que es difícil llegar a
la conciliación, debido a que se conjugan varias circunstancias
que datan desde hace varios años. Consideró que no era
necesaria la presencia del Ejército mexicano, aunque dijo
que los soldados estuvieron presentes en la zona del conflicto
a convocatoria del gobierno estatal, sin embargo resaltó
que éstos no intervinieron, toda vez que tienen bien delimitadas
sus funciones.
El encuentro de ayer –que se llevó
a cabo en una de las salas de junta de la Secretaría General
de Gobierno– ocurre a tres días del violento desalojo
de habitantes de El Capulín por comuneros de Moyotepec,
la madrugada del sábado 5 de noviembre.
El delegado regional de la SRA,
Natividad Salas Estrada, informó que Hershberger
Reyes platicaría con los dos grupos en conflicto, sin
embargo, únicamente estuvieron las autoridades de El Capulín,
esto porque la comisión de funcionarios federales y estatales
buscaban un acuerdo con los actuales ocupantes del terreno
y para que posteriormente se lleve una propuesta a los
comuneros de Moyotepec.
Entrevistado al término de la reunión,
el dirigente de la CNC no oficial –que asesora a los campesinos
de El Capulín–, Evencio Romero
Sotelo, informó que en ese encuentro
los inconformes entregaron su propuesta al subsecretario
de la Reforma Agraria y precisó que en ese escrito manifiestan
su rompimiento al diálogo con los comuneros de Moyotepec,
en tanto no se lleve a cabo la orden de aprehensión, cateos
y desarme de los agresores.
Dijo que también exponen su decisión
de retomar la posesión de las 456 hectáreas y demandan
la rehabilitación de sus viviendas así como el pago de
daños materiales que ascienden a 500 mil pesos. Además
exigieron la presencia del titular de la Reforma Agraria
en un plazo no mayor a 24 horas y de no ser así, harán
“justicia” por su propia cuenta.
Romero Sotelo
agregó que también solicitaron que se garantice la integridad
física de los comuneros de El Capulín, por lo que no enviaron
a sus hijos a la escuela por temor a una agresión.
Una vez que hicieron los planteamientos,
según Romero Sotelo, tardaron
discutiendo ambas partes más de dos horas, sin embargo
resaltó que finalmente, Hershberger Reyes acordó publicar un desplegado, para informar
a través de éste, “que ninguno de los pueblos en conflicto
es dueño de las 456 hectáreas”.
Romero Sotelo
dijo que los campesinos agraviados lograron que Hershberger
Reyes se comprometiera a que Florencio Salazar Adame
se reúna con ellos hoy miércoles, “para que se dé certeza
a la seguridad y que garantice el orden” en la zona de
conflicto.
Opinó que la postura de los campesinos
es mientras no se cumpla con los dos puntos y no se ejerza
acción penal en contra de sus agresores “no se puede llegar
a la conciliación, no se pueden sentar las bases para
una solución. Piden que primero se pongan las cosas en
paz y tranquilidad”.
Romero Sotelo
anunció que hoy un grupo de agraviados acudirá al la delegación
de la Procuraduría de Justicia en Tlapa, “para presentar
una denuncia penal contra quien resulte responsable por
el desalojo” del sábado 5.
La solución depende de ellos, no
de las autoridades: SRA
Abordado por reporteros antes de
la reunión, Hershberger Reyes
explicó que la propuesta de la Reforma Agraria en este
encuentro número 72, “es la de tratar de sentar las bases
para la conciliación entre las partes”
“En una negociación no se gana
todo, no se pierde todo, las dos partes tiene que ceder
algo, y conforme van cediendo para llegar a un punto intermedio
que satisfaga a los dos. La SRA por órdenes del secretario
Florencio (Salazar), está dispuesta a indemnizar a los
dos grupos con dinero, en la medida de la superficie que
cedan” y con base a una valuación que hagan peritos de
esa dependencia.
Comentó que lo que ha dificultado
la solución del conflicto es la indefinición “jurídica
y técnica” en que se encuentra el predio en disputa y
a pregunta expresa sobre si también tenía que ver la falta
de voluntad de ambos pueblos, el funcionario federal respondió
que “no ha sido fácil la negociación porque lo que queremos
lograr es que quieran los dos (pueblos) arreglarlo. Por
más que Florencio Salazar y Zeferino (Torreblanca) quieran resolver el problema, si ellos
(los campesinos) no están dispuestos a negociar, qué podemos
hacer”.
A pregunta de otra reportera, señaló
que las advertencias que hacen los comuneros a las autoridades
en el sentido de que actuarán por cuenta propia, Hershberger
Reyes dijo que deben ser “retiradas”, “yo creo que una
muestra que podían tener los compañeros de Ocuapa
y Moyotepec es dejar de hacerlas.
Si tuvieron 150 años de paciencia, pues hay que esperar
una semanita para llegar a un acuerdo conciliatorio”.
Descartó que con la reunión de
ayer pudiera lograr acuerdos “lo que tenemos que hacer
es sentar las bases para reanudar el diálogo. Ver qué
están dispuestos a ceder, porque si los dos quieren ganar
todo no van a ganar. El arreglo depende de ellos, no es
falta de interés, ni de Reforma Agraria, ni del gobierno
del estado, si no se arregla es por ellos”.
Respecto a si eso significaba un
deslinde de los hechos, en tono sarcástico, el funcionario
federal respondió: “estamos aquí, pero no podemos obligarlos
a firmar un convenio. Tenemos que convencerlos de la necesidad
de que hereden a sus hijos paz social. Ellos tienen la
posibilidad de resolver su conflicto hoy con paz social
y con dinero, ya si no lo hacen verdaderamente habría
algo atrás, que no se qué sería, pero no sería agrario”.
Más tarde negó que los funcionarios
de la Reforma Agraria hayan desatendido el conflicto el
pasado sábado, como aseguran los campesinos agraviados,
incluso contradijo al delegado de la Reforma Agraria en
la entidad, argumentando que los de Moyotepec retuvieron a integrantes del grupo de trabajo de
la secretaría.
Rechazó también haber dicho a éstos
que “son necios, porque no quieren ceder” territorio.
Precisó que habló con autoridades de ese lugar el viernes
3 cuando podía darse el conflicto “ese día logramos evitarlo,
pero el sábado paso lo que ya se sabe”.
No era necesario el Ejército: Zeferino
Durante la conferencia que ofreció
al término del precierre del Procede, el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo dijo que el sábado se atendió el conflicto
e incluso, afirmó que tuvo contacto telefónico con el
secretario de Gobernación y funcionarios del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Respecto a la queja de los pobladores
de El Capulín en el sentido de que los policías estatales
asignados en esa zona se desatendieron de la agresión,
Torreblanca Galindo declaró que lo que menos quiere su
gobierno es utilizar la fuerza pública en ese tipo de
casos, porque “se potenciaría” el problema, “en lugar
de resolverlo”.
Relativo al auxilio que solicitó
su gobierno a los militares, el gobernador señaló: “me
parece que la presencia del Ejército mexicano no era necesaria,
sino simple y sencillamente es una atención a una solicitud
en la que estaban atentos, pero sin ninguna intervención”.
Agregó que funcionarios de su gobierno
siguen trabajando como “intermediarios”, y resaltó que
ha sido difícil lograr la “conciliación” entre ambas partes,
debido a que se conjugan distintas circunstancias que
datan de “hace muchísimos años”.
Desplazadas 150 personas por pugna agraria entre
2 pueblos guerrerenses. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web)
Comienzan pláticas comuneros de El Capulín y Moyotepec.
Chilpancingo, Gro., 8 de noviembre.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que 150 indígenas
se vieron forzadas a desplazarse a los cerros del poblado
El Capulín, municipio de Tlacoapa,
debido a que vigilan esa localidad poco más de 500 personas
del poblado de Moyotepec, municipio
de Malinaltepec, con quienes
mantienen un conflicto agrario.
El sábado pasado, comuneros de Moyotepec
llegaron a El Capulín, donde quemaron y destruyeron al
menos 49 viviendas, por lo que el gobierno del estado
ordenó un dispositivo policiaco
en esas dos comunidades tlapanecas,
ubicadas en la Montaña alta de Guerrero, calificadas de
focos amarillos por la Secretaría de Reforma
Agraria.
Entrevistado vía telefónica, Barrera Hernández insistió en
que los gobiernos federal y estatal deben intervenir de
inmediato para evitar mayores enfrentamientos. "Estuvimos
en la comunidad de El Capulín y vimos la situación francamente
deplorable en que se encuentran estas 150 personas (niños,
mujeres y ancianos) debido a su desplazamiento forzoso",
señaló.
La tarde de este martes, en esta ciudad comenzaron las pláticas
entre comuneros de Moyotepec
y de El Capulín, que se disputan 456 hectáreas; estuvieron
presentes Gilberto José Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
de la SRA, y representantes de las dos localidades
en pugna.
Antes de que comenzaran las pláticas, Hershberger
Reyes indicó que el conflicto se generó desde la época
de Porfirio Díaz, y que a pesar de que hoy se hizo la
medición de las tierras "técnicamente ninguno de
los dos pueblos es dueño de las 456 hectáreas".
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió
que las autoridades agrarias realicen nuevas mediciones
en los terrenos en conflicto a partir del convenio de
1883, "pero cuando se iban a hacer las mediciones
no se pudo cerrar el polígono porque no se establecieron
las mojoneras reales, por lo que existe una imposibilidad
técnica para identificar esa línea divisoria".
La posición de los campesinos de Ocoapa,
del que es parte la comunidad de Moyotepec,
era quedarse con el área de La Sabana y El Capulín, "pero
logramos que los cedieran al municipio de Tlacoapa,
pero los de aquí dijeron que también querían las 456 hectáreas,
lo cual fue rechazado aún por los de Moyotepec:
eso es lo que ha trabado el conflicto", comentó.
Por su parte, Jesús Navarro Sierra, alcalde de Tlacoapa que acompañó a los campesinos de El Capulín, demandó
a Torreblanca Galindo y al secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame,
que intervengan para resolver el "conflicto, que
es complejo, pero algo se debe hacer".
De su lado, el comisario municipal Ismael Galeana Sixto señaló
a la SRA como "la única responsable de la tragedia"
en El Capulín, donde fueron incendiadas 49 casas.
En tanto, en conferencia de prensa, Torreblanca Galindo descartó
que se vaya a solicitar la intervención del Ejército;
"no hay indicación alguna, ante todo vamos a agotar
el diálogo", señaló.
Emplaza Tlacoapa a la
SRA a resolver en 24 horas el problema de El Capulín. (El Sur (Guerrero), Ezequiel Flores, p.web).
Advierten
el alcalde y el comisariado
de bienes comunales que defenderán el derecho de esta
comunidad contra Moyotepec.
Chilpancingo.
El alcalde de Tlacoapa Jesús Navarro Sierra y el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales, Ismael Galeana Sixto,
emplazaron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
para que en 24 horas resuelvan el conflicto con los pobladores
de Moyotepec o de lo contrario
los enfrentarán, con tal de defender a los habitantes
de la comunidad de El Capulín, desalojados violentamente
el pasado sábado.
Del mismo modo, los funcionarios
responsabilizaron a las autoridades agrarias de que en
este momento 460 personas hayan sido desplazadas de sus
hogares y “de sus tierras”, que desde hace 120 años se
disputan con habitantes de Moyotepec
y que fueron otorgadas por la Procuraduría Agraria
al núcleo agrario de Ocuapa.
En conferencia de prensa, el presidente
municipal y el representante comunal de Tlacoapa
insistieron en responsabilizar a las autoridades estatales
y federales de no actuar a tiempo en este conflicto y
permitir que los pobladores de Moyotepec los hostiguen y destruyan sus viviendas.
El edil perredista
explicó que su vista a esta capital se debe a que ninguna
autoridad se hizo presente en la comunidad de El Capulín
para que constataran los daños que por tercera ocasión
provocaron los pobladores de Moyotepec
y anunció que por la tarde tendría una reunión con autoridades
estatales y federales.
Luego consideró que debido a que
la SRA provocó el conflicto al otorgar el terreno en disputa
a Moyotepec se debe hacer responsable de los daños físicos y
morales de los habitantes de El Capulín que fueron desplazados,
y fijaron como plazo 24 horas para que se destrabe el
conflicto, de lo contrario “actuarán” los habitantes del
municipio de Tlacoapa.
Mil 500 indígenas de Tlacoapa,
listos para repeler una agresión, informa Tlachinollan. (El Sur (Guerrero), Redacción, p.web)
Han parado toda actividad y vigilan
El Capulín desde cerros colindantes, indica. Lamenta el
poco interés de las autoridades y considera que el conflicto
las ha rebasado.
El Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan alertó
que mil 500 personas del municipio de Tlacoapa
pararon sus actividades para vigilar desde una loma la
comunidad de El Capulín, después de que el sábado los
comuneros de Moyotepec los desalojaron
del poblado y quemaron sus viviendas.
Asimismo advirtió sobre “fundados
temores en la población de que se incremente la violencia
–pese a la presencia del Ejército y cuerpos policiacos–,
por ello han optado por salirse de la comunidad y refugiarse
en el monte. Los hombres de todo el núcleo agrario se
encuentran ahora vigilantes y atentos para defenderse
de cualquier provocación”.
El Organismo No Gubernamental (ONG)
lamentó mediante un comunicado que las autoridades continúen
mostrando poco interés para atender el conflicto entre
El Capulín y Moyotepec, por
la disputa de 456 hectáreas y afirmó porque el problema
los ha rebasado.
Los comuneros de El Capulín narraron
a Tlachinollan que ya habían
alertado a las autoridades agrarias, federales y estatales,
de los hechos y les pidieron que se presentaran en la
comunidad; sin embargo, el subsecretario de Asuntos Agrarios,
Esaú Tapia Abarca, les propuso
que formaran una comisión para reunirse en Chilpancingo
pero los indígenas se negaron y acordaron reunirse en
la comunidad de El Lucerito, pero la reunión abortó.
El documento de Tlachinollan destaca que la comunidad de Moyotepec ha escalado el nivel de violencia; recuerda que
en febrero, julio y agosto de este año, El Capulín ha
sido agredido. El 7 de septiembre comuneros de Moyotepec
quemaron tres casas.
Recuerda que el viernes pasado
las agresiones reiniciaron. De acuerdo con el testimonio
de mujeres agraviadas de El Capulín, ese día estando presentes
20 policías, unos 200 comuneros de Moyotepec se presentaron en El Capulín, con armas, disparando
al aire, y con un altavoz amenazaron a los habitantes
de la comunidad para que desalojaran sus casas.
Los 20 policías no intervinieron
por temor a que los atacaran. Los hombres se refugiaron
en un cerro previendo una agresión nocturna.
Antes, El Capulín había propuesto
ceder el 20 por ciento de las tierras en conflicto; sin
embargo, Moyotepec no aceptó. El documento indica que la propuesta
se hizo formalmente ante la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), entonces las agresiones de Moyotepec
continuaron sin que ninguna autoridad pudiera evitarlo.
Tlachinollan subraya
que los funcionarios de la SRA se han negado a acudir
al lugar del conflicto y han insistido que las comunidades
formen comisiones para dialogar en Chilpancingo.
Indica que ayer una comisión de
Tlacoapa tenía una cita en el Palacio de Gobierno pero adelantó
que sólo irían a escuchar la posición de las autoridades,
demandarles que hagan valer el estado de derecho, castiguen
a los responsables y reparen lo daños, garanticen su seguridad
y el respeto de las 456 hectáreas que están litigio.
En medio de insultos, entrega SRA oficialmente
25 hectáreas a ejidatarios de Tizayuca. (La Jornada de Oriente, Miguel Ángel Domínguez, p.web).
Atlixco- “Está
bien... ¡vamos a matarnos, vamos a producir una masacre
a nombre del gobierno!”, gritó y retó el moreno hombre
a uno de los muchos ejidatarios dispuestos a soltar el
golpe certero con el machete. Luego hubo silencio y miradas
desbordantes. Las apenas perceptibles gotas de lluvia
parecían enfriar todo. Eran casi las 11 de la mañana de
este martes, y José Hugo Caballero Ojeda, Comisionado
de la Secretaría de la Reforma Agraría
(SRA) había terminado la lectura y la sentencia: “hoy
cumplimos a los integrantes del ejido de Emiliano Zapata,
conocido actualmente como Santa Cruz Tehuixpango, la Ejecución complementaria de la Resolución
Presidencial emitida el 27 de enero de 1937 de 25-68-
76 hectáreas de la ex hacienda de Tizayuca”.
Así, con esos tonos, los 36 campesinos
de esa inspectoría de Atlixco
recuperaron oficialmente, tras 68 años de lucha, la última
parte de las más de 100 hectáreas adjudicadas. Aunque
el pasado lunes, ante la “irresponsabilidad” de la juez
de lo Penal de este Distrito, quien ignoró una octava
resolución consecutiva, los propios trabajadores del campo
abrieron brecha con máquinas, cortaron alambres e ingresaron
a posesionarse físicamente.
Un día antes, el Comisariado Ejidal, Emilio Aponte, advirtió a la enviada de
la Secretaría de Gobernación sobre los riesgos planteados
durante el acto protocolario de entrega de las tierras
a cargo de la SRA. “Nosotros no queremos problemas, no
queremos violencia, queremos las tierras para trabajarlas,
pero sí encontramos violencia, responderemos”.
Y ayer, faltaron milímetros de
ganas y centímetros de gritos e insultos para hacer buenos
los anteriores pronósticos. Entonces, las pistolas guardadas
en la cintura y los machetes desenfundados y filosos hubieran
chocado.
“Ahí vienen y no puede irse”
Apenas salió el sol y ambos grupos,
el de “los pequeños propietarios”, encabezados por Agustín
Caravantes, y los ejidatarios, volvieron a mirarse la cara
dentro de las tierras. Todos sabían de la cita con la
SRA, y esperaron.
Discreto, Hugo Caballero llegó
acompañado de chofer y una camioneta de la SRA. No tardó
mucho y comenzó la lectura de la ejecución. Alrededor,
con las armas empuñadas, igual machetes y cámaras fotográficas
y de video, representantes de ambos grupos escucharon
y reprocharon. Mientras, lejos, Agustín Caravantes,
capitán del ejército de profesión, observó por momentos.
Apenas terminó el funcionario,
y ya una mujer lanzaba preguntas. Pero los gritos y los
aplausos de los campesinos eran más fuertes: “Viva Zapata,
viva Zapata”, “Por fin tenemos justicia”.
–¿Quien
es usted?, ¿porqué está aquí?, –interrogó la mujer, dueña
de terrenos.
–Acabamos de complementar la ejecución
presidencial –respondió Caballero.
–¿Justicia?,
justicia para ustedes, pero injusticia para nosotros...
esto es una invasión – replicó.
–¡No puedes
irte, hasta ofrecernos una explicación!; además, ya tenemos
un acto de suspensión – replicó otro afectado.
–Muéstramelo reviró Caballero
–Eso hasta mañana contestó.
El intercambio de insultos y acusaciones
entre los dos grupos arrancó empujones. “¡El gobierno
provoca problemas, quiere vernos matar entre nosotros,
quiere masacre!”, gritó una de las personas involucradas.
Y obtuvo respuesta de alguien con machete en mano: “tú
dices, por dónde empezamos”.
Mientras el representante de la
SRA buscó el auto y la salida –aunque antes escuchó del
enojado y frustrado Agustín Caravantes
insultos y amenazas– por momentos quedó encerrado. Cuando
logró subirse, el chofer encontró enfrente, primero, a
una mujer del grupo de Caravantes,
retirada del paso mediante una “restregada” de chichicaxtle
en el brazo, y después a ese hombre moreno, quitado a
punta de jalones y con la advertencia de probar el machete.
Los ánimos alcanzaron el éxtasis.
Sin embargo, luego de la retirada de la autoridad de la
SRA, y cuando apareció la lluvia, comenzó a enfriarse
el ambiente. “Porque mejor no arreglamos esto en una mesa
de diálogo. Sí ustedes defienden sus derechos, nosotros
también”, exclamó la rubia y preocupada mujer. Finalmente,
la calma llegó y prometieron sentarse a platicar.
La explicación
En entrevista con La Jornada
de Oriente, Hugo Caballero explicó: “esto es un juicio
agrario integrado por un amplio expediente el cual entre
otras cosas, contiene el amparo negado en 2003 a los llamados
afectados. Ese grupo de Caravantes
fueron escuchados y vencidos en un tribunal”.
Dijo que dentro de las 25 hectáreas
están ubicadas tres construcciones. “A los dueños la ejecución
respetará mil metros cuadrados. Y en todo caso, deberán
reclamar a quien vendió esa propiedad porque estaba dentro
de terrenos ejidales”.
Recordó que con la entrega de las
25 hectáreas termina la restitución de 132 en total. La
primera adjudicación fue en 1937, con 53; la segunda en
el 2004, con 36 y la final de ayer con 25.
–¿Los afectados
tienen alguna alternativa legal?
–No, ya está ejecutada la resolución
presidencial.
Platican con manifestantes. (La Polaka.com, p.web)
Gestionan diputados soluciones
a tarahjmaras de Pino Gordo
plantados frente a Palacio
Juárez
Legisladores del Congreso local acordaron con indígenas de
las comunidades Coloradas de los Chávez y Pino Gordo,
del municipio de Guadalupe y Calvo, gestionar soluciones
a los problemas de la propiedad de la tierra.
El Diputado Humberto Pérez Rodríguez informó al término de
una reunión con una comitiva que representó a las decenas
de demandantes que se presentaron en la Sesión Ordinaria
de este martes para pedir la intervención del Congreso
del Estado.
La solicitud de los indígenas fue atendida y a través del presidente
del Congreso, Diputado Álvaro Navarro Gárate,
se procederá a enviar una exhortativa a los titulares
del Registro Agrario Nacional, del Tribunal Agrario,
de la Procuraduría
Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria,
para que accedan a la solución de este conflicto, que
provoca que una de las partes en conflicto se encuentran
en campamento permanente frente a Palacio de Gobierno
de esta ciudad de Chihuahua, lejos de su lugar de origen,
consideró el legislador.
Forma Congreso comisión para atender a manifestantes
de Pino Gordo. (La Noticia Digital, p.web)
Chihuahua.
* El Congreso del Estado formó una comisión para atender a
los manifestantes de Pino Gordo, los cuales se manifestaron
en el Congreso del Estado, para exigir un alto a la Tala
de árboles en la Sierrra.
La comisión la integran los diputados Victor
Quintana, Roberto Cázarez, entre
otros.
La comisión se formó a las 11:30 horas, y esperarán los resultados
en las próximas horas.
Estas semanas los ejidatarios de Pino Gordo han estado en activo
y se manifestarion en la Secretaría de la Reforma Agraria, han bloqueado calles y ahora están
en el Congreso del Estado.
Gestionará Congreso Soluciones a Pino Gordo. (Omnia, Antonio Rosales, p.web)
Se suma Congreso del
Estado a gestionar soluciones para indígenas de Pino Gordo.
Legisladores del Congreso local acordaron con indígenas de
las comunidades Coloradas de los Chávez y Pino Gordo,
del municipio de Guadalupe y Calvo, gestionar ante las
autoridades federales en materia agraria, soluciones a
los problemas de la propiedad de la tierra que enfrentan
en esa región.
Así lo informó Humberto Pérez Rodríguez, diputado local, al
término de una reunión con una comitiva que representó
a las decenas de demandantes que se presentaron en la
Sesión Ordinaria de este martes para pedir la intervención
del Congreso del Estado.
“La solicitud de los
indígenas fue atendida y a través del presidente del Congreso,
Álvaro Navarro Gárate, se procederá a enviar una exhortativa a los titulares
del Registro Agrario Nacional, del Tribunal Agrario,
de la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma
Agraria, para que accedan a la solución de este conflicto,
que provoca que una de las partes en conflicto se encuentran
en campamento permanente frente a Palacio de Gobierno
de esta ciudad de Chihuahua, lejos de su lugar de origen”,
dijo.
La propuesta de gestión, fue presentada de manera unánime por
los diputados José Antonio Comadurán
Amaya, Humberto Pérez Rodríguez, Alberto Espino González,
Roberto Cázares Quintana y Fidel
Urrutia Terrazas, designados por el Congreso para atender
las inquietudes de los quejosos.
“Los indígenas que se
presentaron ante esta representación popular, sólo plantean
que quieren una solución al problema del despojo de tierras,
por parte de personas que realizan una sobreexplotación
de sus bosques, cuestión que no corresponde a las autoridades
estatales, por lo que se gestionará ante las autoridades
federales, que se atienda esa problemática y se resuelva
de la mejor manera posible”, indicó Pérez Rodríguez.
El conflicto de tierras, pendiente del Presidente. (Tribuna de Campeche, p.web)
El conflicto de tierras en la entidad es un problema latente
y el Presidente Vicente Fox
tiene cuentas pendientes con Campeche al igual que la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que ha obstaculizado
la regularización de las tierras por falta de recursos,
se quejó el dirigente del Frente Campesino Independiente
Emiliano Zapata, Luis Antonio Che Cu.
Recordó que sólo en Juan de la Cabada
Vera están pendientes de regularizarse cuatro mil hectáreas
ocupadas por 180 familias, y la SRA no da seguimiento
a los convenios firmados en oficinas centrales y en la
entidad.
Consideró una vacilada que el titular de la SRA anuncie la
llegada del Ejecutivo Federal para el cierre del Programa
de Certificación de Solares, que si bien da certidumbre
jurídica a las familias hay una cantidad similar que enfrenta
serios problemas por culpa de la propia SRA que retrasa
la ejecución de programas y trámites.
Recordó que igual está pendiente la regularización de las ampliaciones
forestales de Pomuch, que si
bien hay acuerdos firmados y la intención de darle seguimiento,
la falta de recursos paraliza todo.
Aprovecharán la visita del Presidente en la entidad para plantearle
problemas referentes al sector agrario, pero además el
Gobierno Federal tiene otra deuda con Campeche que es
la aportación de recursos por la explotación del hidrocarburo.
Recordó que el 2000, el Gobierno Federal ofreció regularizar
tres mil hectáreas de tierras en Juan de la Cabada
y regularizarla vía terrenos nacionales pero no ha cumplido,
y en ese tenor el Gobierno Estatal aportaría recursos
para la otra parte restante, pero ambos están paralizados.
"Hemos firmado convenio tras convenio y no hemos visto
regularizados predios, que son considerados de alto riesgo,
además de alta pobreza, porque las familias no acceden
a ningún programa de apoyo del Gobierno Federal",
subrayó.
El año pasado salieron acuerdos de improcedencia de Reforma
Agraria argumentando que había títulos primordiales pero
de la época del porfiriato, los que ahora están en el Tribunal Agrario, y
la inspección a dichos terrenos constató que están en
total abandono.
Son los mismos informes que hizo la Comisión Agraria en 1974
y 1986, y las dependencias en base a la inspección establecieron
que son terrenos de más de 20 a 30 años abandonados, lo
cual ha provocado incertidumbre, mientras la autoridad
federal no ofrece solución definitiva.
El acento en las columnas. (Radio Fórmula, José Cárdenas, p.web)
Presidencia de la República
El 4 de diciembre, la gran fiesta albiazul.-
Yazmín Alessandrini indica que
los panistas tirarán la casa por la ventana el 4 de diciembre
cuando unjan como su candidato presidencial a Felipillo
Calderón. La cita será a mediodía en el Palacio de los
Deportes, donde caben cerca de 20 mil personas. A este
acto asistirá la plana mayor del panismo, pero quienes estarán más cerca de él serán sus amigos,
los de verdad, como el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, don Luis H. Álvarez, el senador Carlos Medina Plascencia, Pancho Barrio y Ulises Ramírez, alcalde de Tlalnepantla. También lo acompañarán sus más cercanos compañeros
de partido: Fernando Canales Clariond,
Ana Teresa Aranda, directora general del DIF; las senadoras
Cecilia Romero y Luisa María Calderón, hermana del candidato,
y seguro a empujones Santiago Creel y Bebeto Cárdenas. Asistirán
artistas como Kate del Castillo
y la top model y actriz Martha Cristiana.
Sector agropecuario
Pugnarán por un aumento de $35 mil millones para
el agro . (La Jornada,
Juan Balboa, p.web)
El coordinador de los diputados del sector campesino del PRI,
Jesús Morales Flores, anunció que pugnarán por un incremento
de 35 mil millones de pesos adicionales para el campo
en el presupuesto 2006, porque la propuesta del Ejecutivo
atenta contra el futuro del agro y demerita
la vida de millones de productores agrícolas, ganaderos
y forestales, "cuya pobreza constituye una vergüenza
nacional". Señaló que el proyecto del Ejecutivo es
violatorio "de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
y del Acuerdo Nacional para el Campo, al cancelar proyectos
de mediano y largo plazos contra la pobreza rural, la
modernización, la participación activa en la competencia
global y el mercado internacional". Morales Flores,
Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura
y Ganadería, y Fernando Ulises Adame,
presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, entregaron
ayer una carta al coordinador del PRI, Emilio Chuayffet,
en la que solicitan que los diputados del tricolor
reviertan la propuesta gubernamental, y ratifican que
los 68 cenecistas pugnarán porque
el presupuesto para el campo sea incrementado en por lo
menos 35 mil millones de pesos.
Agilizará Sagarpa recursos.
(La Jornada, Juan Balboa, p.web).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
confirmó que agilizará la aplicación de poco más de 915
millones de pesos para paliar los daños ocasionados por
el huracán Stan en Veracruz.
Informó que el financiamiento vendrá de varios programas
de la dependencia y del Fondo para Atender a la Población
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC).
El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, dijo
que ya se aplicó 30 por ciento de anticipo del FAPRACC
y se está agilizando la ejecución de recursos para ganadería
-mediante el Programa de Estímulos a la Productividad
Ganadera- y para los sectores citrícola y cafetalero,
con recursos de Alianza Contigo.
Efectivo, el control sanitario de aves en México,
señala Sagarpa. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).
Suspendidas, importaciones de Asia; estrecha vigilancia.
San Juan de los Lagos, Jal., 8 de
noviembre. Para el próximo año México estará libre de
la influenza aviar de baja patogenicidad,
afirmó el director de Salud Animal de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), José Ángel del Valle.
Apuntó que lo que sucede en los países asiáticos y en
algunos europeos, por la presencia de la gripe aviar que
ha creado alarma, no es novedad para México, ya que desde
hace una década se lucha contra la influenza aviar, y
actualmente se están tomando medidas preventivas y se
trabaja de manera responsable con los avicultores, porque
la producción de pollo y huevo se considera un asunto
de seguridad nacional.
Durante una visita por la granja La Jara, el director de Salud
Animal puntualizó que hablar de influenza aviar de baja
patogenicidad y la que se presenta en Asia es muy diferente
a la influenza en humanos y a una posible pandemia. En
el país se están tomando todas las medidas para proteger
a la avicultura y evitar la posible llegada del virus
que está causando muertes en países asiáticos. "En
1995, en México se padeció un brote de influenza aviar
de alta patogenicidad en aves,
pero fue controlado en pocos meses, y desde entonces se
encuentra libre de dicha enfermedad", apuntó.
Agregó que Sagarpa, la Secretaría
de Salud y la Secretaría del Medio Ambiente trabajan conjuntamente
para establecer medidas preventivas ante la posibilidad
de que llegara al país el virus de la influenza aviar
de alta patogenicidad. Sin embargo,
destacó, en México no existe dicho virus, y por ello la
calidad zoosanitaria de la carne de pollo y el huevo está asegurada
para consumo humano. "El virus que existe en México
no tiene nada que ver con la enfermedad presente en Europa
y Asia y se tiene suficiente producción para continuar
ofreciendo a la población un alimento seguro y sin necesidad
de importaciones", dijo. Asentó que las importaciones
de aves de países asiáticos se han detenido y se tiene
plena seguridad de que no se introducirán, ya que existe
una estrecha vigilancia en las fronteras, y además se
ha destinado, en este año, 30 millones de pesos más para
reforzar dicha operación.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Aceptan ejidatarios expropiación concertada. (Tribuna de Campeche, p.web).
A cambio, 15 mdp y muchas obras en Atasta.
Hoy, los 300 ejidatarios de la
Península de Atasta presumiblemente
afectados por la ocupación de sus terrenos por parte de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
podrían aceptar el pago de 15 millones de pesos por parte
de la paraestatal "y muchas obras de beneficio social
para las comunidades de la región, por la expropiación
concertada de sus terrenos".
Así lo externó
el comisario ejidal de Atasta,
Juan Carlos Heredia Córdoba, quien dijo que se ha llegado
al consenso de que los 300 ejidatarios aceptarán la propuesta
de uno de los tres escenarios de Pemex,
y que será hoy cuando se lleve a cabo la asamblea definitiva
en donde se espera que todos los ejidatarios firmen el
acta correspondiente, ya que es el último mes del año
en que se puede hacer la negociación, esto en el sentido
fiscal.
Aclaró que nadie los está obligando.
"Si nosotros no queremos, no nos podrían obligar,
pero la gente ha aceptado, aunque todavía no es muy justa
la cantidad que nos ofrecen, pero hemos recorrido muchas
dependencias, desde federales hasta municipales, y no
hay avances, no hay más alternativas".
Indicó que lograron que Pemex aceptara brindarles seis millones de pesos por los 25
años que han permanecido en sus terrenos ejidales.
Por lo que serán seis millones
por los 25 años ocupados, cinco millones más por el pago
previo de la expropiación, y el Gobierno del Estado prometió
dar cuatro millones más por los 25 años, y que los negociarían
vía Convenio de Anexo de Ejecución para que entonces conjuntaran
los 10 millones de pesos por los 25 años, y que en términos
generales harían la suma de 15 millones de pesos que se
dividirían equitativamente entre los 300 ejidatarios afectados.
De tal forma que corresponderían
aproximadamente 50 mil pesos a cada ejidatario, si es
que hoy el consenso general se acuerda de manera definitiva.
Dijo que un punto importante es que más que por los 15
millones de pesos, ellos aceptaron porque las autoridades
prometieron que aparte de ello harán muchas obras directas
de beneficio social para la Península de Atasta
ESTADO DE MÉXICO
Policías mexiquenses desalojan a labriegos que
paralizaban obra vial en Zumpango. (La Jornada, Silvia Chávez, p.web).
Exigen a constructora cumplir con pagos por daños a sus
tierras; hay 9 detenidos.
Policías estatales desalojaron violentamente a ejidatarios
de San Juan Zitlaltepec, municipio
de Zumpango, que mantenían bloqueada desde el viernes pasado
la construcción del Circuito Exterior Mexiquense para
exigir pagos por afectaciones a sus tierras. La acción
policiaca dejó saldo de al menos
nueve labriegos detenidos, y el decomiso de diez vehículos
y aperos de labranza de los agricultores.
Cerca de las 10:30 de la mañana de este martes, alrededor de
60 policías estatales irrumpieron en el campamento de
los ejidatarios en el Circuito Exterior Mexiquense, el
cual desalojaron. Asimismo, detuvieron a los nueve campesinos
que estaban de guardia en el lugar, en respuesta a la
demanda penal Zum/II/1689/05 que la concesionaria OHL
emprendió contra los labriegos por obstruir la construcción
de la vialidad.
En respuesta, un contingente de pobladores de San Juan Zitlaltepec reinstaló el bloqueo en el circuito al mediodía.
Sin embargo, la policía efectuó un segundo desalojo de
labriegos, quienes "fueron arrastrados y golpeados",
acusó la campesina Hilda Godines Ramos, quien explicó que ella y sus compañeros sólo
exigían el pago de daños y afectaciones a sus tierras.
En versiones contradictorias, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México informó que "oficialmente"
nueve ejidatarios fueron detenidos y consignados ante
el Ministerio Público, pero el gobierno municipal de Zumpango
aseguró que eran 27. La agente ministerial Regina García
Ortiz colgó el teléfono cuando La Jornada pretendió
entrevistarla por ese medio.
En tanto, ejidatarios se plantaron frente al Centro de Justicia
de Zumpango para exigir la liberación
de sus compañeros.
En un oficio del gobierno del estado en poder de La Jornada,
suscrito por el director de Gobernación estatal, José
Ralfi Vázquez López, con fecha del 4 de julio anterior, se
reconoció que la empresa OHL adeudaba 250 mil pesos a
ejidatarios de San Juan Zitlaltepec por afectaciones a tierras.
Asimismo, se indicó en el documento que la Secretaría de Comunicaciones
mexiquense asumiría el pago de daños por uso de "metros"
adicionales de tierra, y se ubicaría a sus dueños, información
que se ignoraba desde hace tres meses a pesar de que la
obra está por ser concluida.
El circuito exterior es una obra que el gobierno mexiquense
concesionó a la compañía OHL, que unirá las autopistas México-Querétaro,
México-Pachuca y Peñón-Texcoco. Los vecinos de San Juan
Zitlaltepec señalaron que los
trabajos afectaron 110 hectáreas de cultivo, y que fracciones
de predios fueron utilizadas para la realización de obras
anexas, sin autorización de sus propietarios.
Al cierre de esta edición, los ejidatarios detenidos rendían
declaración en el Ministerio Público de Zumpango.
A su vez, personal de Gobernación estatal buscaba un acuerdo
con los ejidatarios, a fin de que desistieran de sus manifestaciones.
Más omisiones de OHL
La indemnización a los ejidatarios de Zumpango
no es la única que la constructora OHL ha incumplido.
También se niega a pagar los daños que causó a unas 150
viviendas de las comunidades México Prehispánico, Lázaro
Cárdenas y Polígonos, en Ecatepec,
durante la construcción del Circuito Exterior Mexiquense.
Según los vecinos afectados, sus casas sufrieron grietas en
pisos, muros o techos, a consecuencia del paso de la maquinaria
pesada que se utilizó para construir la vía.
Cabe destacar que durante la obra se dañaron unas 400 viviendas
en varias colonias de Ecatepec
-entre ellas Josefa Ortiz de Domínguez y Ciudad Azteca-,
aunque la mayoría de sus dueños ya fueron indemnizados
por OHL. Rosa María Flores Guzmán, presidenta de la colonia
México Prehispánico, expuso en entrevista que los colonos
se reunieron con Grisel Muñiz, representante legal de OHL, quien se comprometió
a realizar un peritaje y valuación de sus daños, lo cual
no ha ocurrido.
GUERRERO
Acapulco: bloquean campesinos accesos a Punta Diamante. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
Buscan recuperar predios.
Acapulco, Gro., 8 de noviembre. Armadas
con machetes, palos y piedras, unas 200 personas cerraron
"por tiempo indefinido'' el acceso a la exclusiva
zona de Punta Diamante para exigir la restitución de 70.5
hectáreas de las que, argumentan, fueron despojadas por
el Grupo Mexicano de Desarrollo y el Fideicomiso Real
Diamante.
Encabezados por César Sabino Palma Salinas, los inconformes
forcejearon y desplazaron a los elementos de seguridad
privada de Vargas & Vargas, que impidieron el acceso
a la prensa.
Los manifestantes sorprendieron a los guardianes porque utilizaron
parajes que conducen a Puerto Marqués y El Revolcadero
para apoderarse del acceso principal a esta zona, donde
se construyen lujosas residencias y hoteles de gran turismo.
El equipo de seguridad, que llevaba perros rottweiler, no se enfrentó a los colonos que acompañaban a
Palma Salinas, armados con palos y machetes.
El dirigente exigió la presencia del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que resuelva este problema,
que nunca recibió atención del anterior gobernador, el
priísta René Juárez Cisneros.
Con rocas, 200 personas colocaron un retén para impedir el
paso de automóviles, albañiles, jardineros y personal
doméstico de las residencias.
El hotel de gran turismo Quinta Real también resultó afectado,
pues sus huéspedes tuvieron que buscar otros lugares para
vacacionar y sus empleados tuvieron que atravesar la playa
para llegar a trabajar.
Por ocho horas, los Palma Salinas bloquean el acceso
al fraccionamiento Real Diamante. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
Insisten en el pago de la
indemnización por la expropiación de 70.5 hectáreas y
denuncian que empresas como GMD destruyen sitios arqueológicos
en la zona.
Por casi ocho horas, la familia
Palma Salinas encabezada por César Sabino Palma bloqueó
el acceso principal al fraccionamiento Real Diamante –paso
obligado al hotel Quinta Real– para exigir el pago de
la indemnización por la expropiación de 70.5 hectáreas
y para denunciar la destrucción de sitios arqueológicos
que se ubican en esa zona, por parte de empresas desarrolladoras
como Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).
Cerca de 100 inconformes bloquearon
desde las 6 de la mañana con piedras y mantas el acceso
principal e impidieron la entrada a los trabajadores.
Debido al personal de vigilancia
que impide el acceso a ese desarrollo turístico a personas
no autorizadas, los manifestantes llegaron por diferentes
parajes y veredas desde los cerros, cargando palos y machetes.
Después cerraron los dos carriles
con grandes mantas, en las que se leían consignas en contra
el gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo y peticiones de ayuda al presidente Vicente Fox
y a los diputados federales.
“S.O.S.
Sr. Presidente Fox Quesada.
Pedimos su intervención contra los altos funcionarios
corruptos del gobierno de ZTG que nos despojan de nuestro
patrimonio en Punta Diamante. César Sabino Palma”; otra
decía: “S.O.S. Señor procurador Daniel Cabeza de Vaca. Pedimos su
intervención para que se castigue a altos funcionarios
que están vendiendo y destruyendo la zona arqueológica
en nuestra propiedad de Punta Diamante”; y “Votamos por
el gobierno del cambio y ahora nos da la espalda”.
Desde hace varios años, los Palma
Salinas han exigido el pago de la indemnización de sus
predios, que fueron expropiados con otros terrenos de
Diamante en 1987, por el extinto José Francisco Ruiz Massieu
para el desarrollo de la zona.
César Sabino Palma reiteró en entrevista
que su protesta era para reclamar las 70.5 hectáreas de
su familia y recordó que desde hace siete meses ha buscado
una audiencia con el gobernador, pero que éste se cerró
al diálogo.
Informó que Zeferino
Torreblanca le dijo que lo atendería el secretario general
de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera; pero que éste a su vez lo envió con el director
de Asuntos Políticos o el de Asuntos Agrarios.
Dijo que no quieren a funcionarios
menores, sino al gobernador para que se resuelva ya su
problema.
“Si nos pasa algo será responsabilidad
del gobernador, porque hemos buscado el diálogo, alternativas
de solución y no hemos obtenido una respuesta favorable”,
señaló.
Sabino Palma lamentó que los despojen
de su patrimonio y se permita la destrucción de la zona
arqueológica.
Los inconformes retiraron su plantón
a las 2 de la tarde, luego de que acordaron una reunión
para hoy con el director de Asuntos Políticos, Guillermo
Ramírez Ramos.
Hoy, la primera audiencia sobre la demanda de cancelación
de la asamblea expropiatoria
de La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
Hoy se llevará a cabo en el Tribunal
Unitario Agrario (TUA) número 41 la primera audiencia
sobre la demanda que presentaron los opositores al proyecto
de La Parota para anular la asamblea del 24 de agosto,
donde se autorizó la expropiación de 17 mil hectáreas de Bienes Comunales de Cacahuatepec
para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya
la presa.
El magistrado del TUA, Juan Rodolfo
Lara Orozco, programó la audiencia para las 10 de la mañana
de hoy y notificó a las dos partes en conflicto, es decir
a los opositores a la presa y las autoridades comunales,
encabezadas por Crecencio Jerónimo
Aparicio.
Los opositores exigieron la nulidad
de la asamblea con el argumento de que fue ilegal porque
se desarrolló fuera de los Bienes Comunales – en el municipio
de San Marcos– y no contó con el quórum legal, por lo
que la calificaron de amañada.
Mientras que la CFE informó que
la aprobación la habían dado 2 mil 785 comuneros y 50
en contra.
El 24 de agosto, los tres ámbitos
de gobierno, las autoridades comunales y la CFE llevaron a cabo la asamblea para la expropiación, bajo
una estricta operación de seguridad que incluyó a policías
antimotines del estado y municipales.
El sí a la construcción de la presa
La Parota se dio en 20 minutos, pero a los opositores
se les impidió llegar al lugar con varios retenes policíacos
instalados en la carretera.
La tensa situación terminó con
un enfrentamiento entre comuneros opositores y policías
del estado y municipales.
Denuncian pequeños propietarios la venta irregular
de sus tierras en Teloloapan. (El Sur, Cartas, p.web).
Señor director:
Los suscritos integrantes de la
organización de Pequeños Propietarios de Teloloapan,
nos dirigimos a usted para solicitar la publicación de
la presente en su prestigiado diario que es marco referencial
de opinión, donde manifestamos nuestra inconformidad ante
las acciones asumidas por los representantes de la Comisaría
de Bienes Comunales en Teloloapan,
que de manera prepotente, delictiva, corrupta, mercantilista,
han hecho de la venta de terrenos que son propiedad de
nuestros integrantes su modus
vivendi y operandi.
Los CC. Margarita Corrales, Marco
Herrero Degante y Alberto Pineda
Cortés, en su calidad de representantes de la Comisaría
de Bienes comunales en nuestro patrimonio familiar; que
con esfuerzo y sacrificio se ha construido.
Los argumentos que presentan los
representantes comunales, tienen relación con la confirmación
y titulación de bienes comunales al municipio de Teloloapan
que datan del año de 1995 por una resolución presidencial
del gobierno de Adolfo Ruiz Cortínes considerando una superficie de 494.80 hectáreas,
de las cuales en su inmensa mayoría, pertenecen a pequeñas
propiedades en donde sus titulares las poseen desde antes
de la citada resolución presidencial e incluso hasta la
fecha de manera pacífica, continua y pública, con un dominio
reconocido socialmente, con el pago puntual del impuesto
predial y además de que se encuentran en producción agrícola
y ganadera. En el segundo apartado de la resolución presidencial
se determina que la superficie correspondiente a las pequeñas
propiedades enclavadas en terrenos comunales no deberán
incluirse dentro de los comunales.
Sirva esta publicación, para hacer
un llamado enérgico, de atención, a todas las autoridades
agrarias y a los tres niveles de gobierno, para que
con sensibilidad política, de legitimidad y de gobernabilidad,
procuren una acertada visión de resolución definitiva
a este conflicto que evite la posible confrontación entre
los pequeños propietarios y los supuestos comuneros y
que pudiera desencarnar una inestabilidad de lamentables
consecuencias en nuestro municipio.
Los pequeños propietarios somos
gente de bien, de trabajo, de disciplina, y no estamos
dispuestos a ceder ante la amenaza, el chantaje, la corruptela,
el engaño, que son las características de quienes pretenden
adueñarse de nuestras tierras.
No dudando de su apreciable atención
a la presente, nos repetimos a sus respetables órdenes.
PUEBLA
Denuncian campesinos de San Jerónimo Coyula amenazas de empresarios para que les vendan tierras. (La Jornada de Oriente, Miguel Ángel Domínguez, p.web).
Atlixco- Campesinos
de San Jerónimo Coyula, junta
auxiliar de este municipio, denunciaron una serie de presiones
y amenazas de empresarios a fin de obligarlos a vender
terrenos ubicados en los límites con Tenextepec.
Además, Abel Reyes, presidente
auxiliar de la Magdalena Axocopan,
admitió a La Jornada de Oriente las versiones surgidas
y verificadas sobre el interés de un grupo de personas
dispuestas comprar en la zona 50 hectáreas para construir
una zona habitacional.
Esto surge en el contexto del interés
del gobierno de Atlixco, desde
el trienio pasado, de trasladar parte del polo de desarrollo
urbano a esa región cercana a los pies del Popocatépetl,
a pesar de los riesgos.
Y planea el Ayuntamiento, junto
con el gobierno de Mario Marín, según explicó meses atrás
el presidente municipal Manuel Vargas Martínez, construir
en 34 hectáreas adquiridas en la administración anterior
de Felipe Velásquez, una central de acopio y una central
camionera.
Además, tal y como quedó demostrado
con la maqueta presentada en el tercer y último informe
del panista, zonas habitacionales, centro comercial y espacios
de esparcimiento y diversión.
Incluso, el asunto desató discusión,
debate y señalamientos surgidos de especialistas y de
los propios ejidatarios de la zona en torno a la posible
especulación inmobiliaria de ex autoridades del ayuntamiento
y de cierto sector de la clase política local, identificada
con el Partido Acción Nacional .
No quieren
Ángel Rojas Reyes, Antonio Rojas
López, Juan de los Santos Blas y Trinidad Rojas Tlapanco,
todos trabajadores de la tierra de San Jerónimo Coyula
explicaron los términos de los acercamientos del grupo
de personas identificadas con empresas interesadas en
adquirir terrenos.
“Literalmente quieren obligarnos
a vender, pero todavía somos propietarios. Esa gente dice,
de una manera o de otra, y por la fuerza, lograrán el
objetivo. Además, el precio ofrecido es bajo... y eso
no queremos”, abundaron.
–¿Quiénes
son?
–Pues... en ocasiones, algunos
corredores del pueblo y en otras, personas de una empresa
inmobiliaria.
–¿Conocen
sus nombres?
–No... eso
está bien guardado. Prometieron regresar y estar en contacto
con nosotros.
Según los testimonios recogidos,
la estrategia utilizada consiste en crear ambientes donde
no exista salida para los dueños, la mayoría indígenas
nahuas. “Amenazan: ¡si no quieten
vender... tarde o temprano recogeremos las tierras y no
tendrán dinero”.
La denuncia de las cuatro personas
quedó avalada ante grupos de pequeños representantes de
Coyula, quienes mantuvieron resistencia y lucha en contra
de la empresa Transportadora de Gas Zapata interesada
en construir un gasoducto de Puebla a Morelos. “Nosotros
recibimos ese tipo de quejas y de inmediato informamos
a la autoridad del pueblo para estar pendientes”, añadió
Agustín Hernández, ese viejo ejidatario de sombrero sucio
y doblado.
El objetivo de los ‘empresarios’
está marcado en el paraje denominado Cuaxonpaxco,
instalado en los límites con Tenextepec.
“Ahí ya muchos vendieron las tierras”.
–¿Y cuánto
pagaron?
–Por tres hectáreas, un millón
200 mil pesos. 40 mil por hectárea.
Habla Agustín Hernández: “en Coyula está perfectamente identificado el corredor, de nombre
Silvestre Bonilla, encargado de convencer o visitar a
la gente en el pueblo, y cuando obtiene algo, de inmediato
acude con los meros ricos.”
–¿Los terrenos
servirán de algo?
–Para la central de abasto. De
hecho, a quienes vendieron todavía alcanzaron a tener
la oportunidad de sembrar tres años.
YUCATÁN
Ejidatarios rechazan obra aeroportuaria. (El Universal, Yazmín Rodríguez, p.web).
Denuncian engaño
del gobierno de Yucatán en compra de hectáreas.
Oxcum, Umán, Yuc.- Campesinos de esta comisaría
bloquearon de manera permanente el camino de acceso a
640 hectáreas, para impedir que el gobierno del estado
inicie los trabajos de desmonte en ese espacio, donde
supuestamente se planea construir un nuevo aeropuerto
internacional y que forma parte de un proyecto denominado
"Metropolisur".
Los ejidatarios precisaron que
el gobierno del estado "nos engañó vilmente"
al enviar al corredor de tierras Antonino Almazán Arteaga,
para adquirir los terrenos ejidales sin decirles que luego
se los vendería al mismo Ejecutivo estatal para hacer
una obra aeroportuaria.
El asesor jurídico de los ejidatarios,
William Santos Sáenz, informó que en tanto no exista un
fallo del Tribunal Agrario ante la demanda que interpusieron
62 de los inconformes con la transacción, no permitirán
que el gobierno estatal empiece los trabajos de desmonte
e introducción de energía eléctrica y agua potable.
"Hay un litigio de por medio
y no se ha esclarecido si la compra de las tierras se
hizo de manera legal", expresó, al culpar además
al comisario ejidal de Umán, Anselmo Canul, de haberse
prestado a las maniobras gubernamentales, para que se
adquirieran las tierras ejidales a 70 centavos el metro
cuadrado, afectando así los intereses de los ejidatarios.
Luego que obtuvo las tierras de
los ejidatarios, el corredor Almazán Arteaga se las vendió
al gobierno estatal a 1.40 pesos el metro cuadrado. En
ellas se planea edificar un nuevo aeropuerto, el cual
forma parte del proyecto "Metropolisur"
que busca según el ejecutivo estatal combatir la pobreza
extrema en el sur de Mérida, señaló el asesor jurídico
de los ejidatarios.
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