CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
8 DE NOVIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Propone PAN reducir
diputados y senadores
Impulsan también los juicios orales,
y que IFE organice elecciones estatales
Culpan al IFE de desinterés en voto foráneo
El Instituto de los Mexicanos en el
Exterior y PRD ven riesgo de fracaso
Dinero público, escondido en fideicomisos
En nueve meses crecen 34% sus recursos
y aún no son transparentes
Agotará el plazo el paquete de Egresos
Las reasignaciones podrían llevar la
aprobación hasta el día 15
Corte fascista en el reglamento del Cisen: legisladores
Partidos,
gremios, clero y universidades, bajo su lupa
Madrazo, abajo “porque no estoy en campaña”
Que AMLO
se preocupe por Calderón dice
En 3 años AMLO recortó $960 millones al agua
Por politizar
a la población, olvidó atender problemas básicos, acusan
diputados federales
Kirchner, responsable de
fracaso del ALCA
Más preocupado por opinión interna:
Fox. Enoja a diputados papel de VFQ en Argentina.
Llama Derbez “chiquituelo” a Brasil
Arremete el canciller contra los miembros
del Mercosur y Venezuela por
oponerse al ALCA
Se enferma el MP que lleva el
caso Montiel
El perredista José Luis Cortés Trejo no pudo ratificar sus denuncias
Sector agrario
Los rarámuris y el efecto
zapatista. (La Jornada, Magdalena Gómez,
p.web).
Veo en La Jornada la foto de una manifestación de rarámuris en la ciudad de Chihuahua la semana pasada, y me
invade la emoción de lo inimaginable: "alto al
etnosidio al pueblo
rarámuri", así lo expresaron
los indígenas del Ejido Pino Gordo que llevan varios
años peleando por defender sus bosques.
La plaza Hidalgo de la capital norteña ha sido escenario de
múltiples manifestaciones políticas, pero no había albergado
a los primeros, a los originarios en esas tierras, para
exigir al Registro Agrario Nacional solución
al litigio de tierras que vive esa comunidad. Ha sido
intrincado el camino jurídico y lo han recorrido sin
descanso; su caso presenta todos los componentes de
un escenario que en efecto configura los componentes
del etnocidio, pues la legislación, los factores reales
de poder, caciques locales coludidos con intereses trasnacionales, las dependencias gubernamentales
abonan para que los rarámuris
pierdan la base territorial que da sustento a su cultura.
Su defensa no tiene traducción en el lenguaje neoliberal, al
que nada dice la afirmación rarámuri
de que ellos no sembraron los árboles: lo hizo Dios
y a ellos les encargó cuidarlos, por ello no están en
venta. Así, nada más, dejan asentado que la relación
con la naturaleza, la cosmovisión, tiene otras claves.
Sin embargo, se observa un cambio profundo en la tradicional
resistencia, aislada, remontada en la sierra, con escaso
contacto con los chabochis
(blancos) a no ser cuando en décadas pasadas algunos
y algunas de su pueblo bajaban a la ciudad.
Hoy el cambio es contrastante: la emigración también ha tocado
a este pueblo, la población rarámuri
se ha incrementado de manera notoria y permanente en
la capital del estado y en la fronteriza Ciudad Juárez,
pero hay muchos otros que, como los rarámuris de Pino Gordo, se resisten a abandonar el territorio
por más que el asedio se incremente, cuando no por los
madereros, por el narco.
Este plantón y movilización tan ajeno a sus prácticas históricas
forma parte de una cadena de acontecimientos inéditos,
como su participación en la marcha zapatista
por la dignidad en 2001 y su relato al regreso a sus
comunidades, cuando llegaron a informar que ya se habían
dado cuenta de que "hay muchos rarámuris"
y que el subcomandante
Marcos los nombró en el Zócalo, en esa plaza grande
donde estaban todos.
Por ello cuando supieron de la contrarreforma indígena se reunieron
a decidir qué hacer y Ricardo Robles, nuestro querido
Ronco, nos comentaba cómo salieron hablando de
"esperanza" porque ella los movió para recorrer
comunidades y organizar una consulta, levantar actas
en cada una, recoger firmas o las más de las veces huellas
y sellos de las autoridaes para integrar un legajo que fueron a presentar
al Congreso local para avalar su solicitud de que se
votara en contra del dictamen aprobado en el Congreso
de la Unión. Tarea y esfuerzo inútil, pues no fueron
escuchados; en el Congreso los recibió una asesora de
algún diputado y los regañó por ponerse a hacer una
consulta que nadie les pidió y que además eso es cosa
de ellos. Se quedaron con los papeles sin ningún signo
de que serían tomados en cuenta; no es de extrañar el
desánimo que eso les causó, sin embargo, continúan su
lucha.
Por la prensa me entero de que la Coordinadora Estatal de la
Tarahumara se ufana del apoyo
logístico que ha prestado al plantón rarámuri,
además de aclarar que su problema es de orden federal,
cuestión que es obvia y que olvidan a menudo quienes
en la misma entidad han elaborado sucesivos anteproyectos
de ley que pretenden disfrazar de derechos las meras
expresiones de políticas institucionales.
De la intervención de la Comisión Nacional de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas no se tiene noticia. Resulta inevitable
recordar la célebre Ley para el Mejoramiento de la Raza
Tarahumara, de 1906, conocida
como ley Creel. Su
nombre lo dice todo, pero también su propuesta que buscaba
reunir cobijas y alimentos y condescender con los indígenas
para que poco a poco fueran abandonando sus costumbres.
Hoy la instancia indigenista estatal otorga alimentos, telas,
instala sanitarios móviles; ése es el tamaño y la dimensión
del asistencialismo que perdura. También el gobierno foxista se ufanó en 2001 de que "arriesgó su capital
político" por apoyar la marcha zapatista
y se quedó en el apoyo logístico porque ante el Congreso
de la Unión no hizo valer su compromiso; al contrario,
festinó la contrarreforma.
Junto al de los rarámuris hay otros
procesos de los pueblos indígenas que no permitirán
el avance de las políticas privatizadoras y se acercan
al límite que llevó a los zapatistas al levantamiento de 1994 y los impulsa ahora en
la otra campaña. Mientras tanto, la clase política
prefiere ignorarlos o distorsionarlos; olvidan que también
estos pueblos les pueden decir "nosotros, los de
entonces, ya no somos los mismos".
Esperan registrar 7,800 expedientes. (Tribuna de Sonora, Federico Chávez, p.web).
Un total de siete mil 800 expedientes se esperan registrar
dentro del Programa Especial de Energía Para el Campo
en Materia de Energía Eléctrica Para uso Agrícola, reveló
el subdelegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
El ingeniero César Martín Valenzuela Gallegos, al exponer ante
productores el acuerdo que modifica los lineamientos
por los que se regula este programa, dijo que la Ley
de Energía para el Campo, en su artículo octavo faculta
a la SAGARPA para establecer las cuotas energéticas,
tomando en cuenta las características diferenciadas
en los sistemas de producción y las diferencias regionales
del País.
Agregó que a partir de la modificación de esta ley, los productores
tienen 90 días para registrarse a este programa de apoyo
a los productores, quienes recibirán una tarifa de 17
y 34 centavos por kilowatts hora.
Por ello es importante que se registren, sobretodo los usuarios
de pozos y rebombeo en los
diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)
que se tienen en Sonora y de esta forma reciban los
beneficios del Programa Especial de Energía Para el
Campo.
Dejó en claro que sin ese tipo de estímulos es difícil que
los productores salgan adelante, de ahí la importancia
de inscribirse al programa a más tardar el mes de diciembre.
Los requisitos de registro son: Identificación como
persona física, formato de solicitud, título de propiedad
como puede ser contrato de renta, certificado de PROCEDE
o documento que avale el usufructo de los terrenos donde
se produce.
Así mismo el título de concesión de uso de agua para riego
agrícola, un recibo de luz donde aparezca el registro
de usuario y documento que acredite la propiedad del
equipo de bombeo o rebombeo.
Al evento se dieron cita el presidente
de la Asociación de Usuarios de Pozos de los Acuíferos
del Yaqui y Cocoraque, José Ramón Romero Arreola
y propietarios de pozos del Sur de Sonora.
Está en riesgo la construcción del penal en Tecamachalco; ejidatarios anulan donación de 11 has. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).
Ejidatarios de Tecamachalco propinaron un duro revés a la propuesta del gobierno
del estado de construir un Centro de Readaptación Social
en la región, luego de que echaron abajo la donación
de 11 hectáreas de uso común realizada por el comisario
Pedro Torres Rodríguez a la presidencia municipal del
lugar. En ese lugar, además, la Comuna y las autoridades
estatales pretendían edificar una clínica de salud y
unidades habitacionales.
A decir de María Antonia Zamora
Díaz, integrante del núcleo ejidal, la entrega de las
tierras se realizó de manera ilegal, pues al tratarse
de una donación de áreas comunes del ejido era necesaria
la asistencia de tres cuartas partes de los ejidatarios,
pero en la asamblea solamente participó una veintena
de campesinos.
El problema, explicó la ejidataria,
inició cuando en un acto oficial se enteraron por voz
del presidente municipal de Tecamachalco,
Jesús Notario, que el gobierno del estado construiría
un reclusorio, una clínica de salud y unidades habitacionales
en 11 hectáreas que el ejido había donado a la presidencia
municipal. El anunció les cayó como balde agua fría,
por lo que se dedicaron a investigar a profundidad la
situación.
Zamora Díaz abundó que entre los
ejidatarios se enteraron que a cambio de las hectáreas
que recibió el gobierno municipal, el alcalde se comprometió
a construir un salón social y de usos múltiples para
el ejido. La preocupación creció aun más, dijo, cuando
se enteraron de que Jesús Notario, confabulado con el
comisario, pretendía apoderarse de otras 50 hectáreas
para constituir una reserva territorial.
Fue entonces, sostuvo, cuando todos
los miembros del núcleo ejidal decidieron reunirse y
echar abajo la donación, por el que el 30 de octubre
pasado convocaron a una asamblea y dejaron sin efecto
la decisión de una veintena de campesinos de entregar
las 11 hectáreas al municipio.
Por si fuera poco, los integrantes
del ejido, montados en cólera, iniciaron un proceso
legal para destituir a Pedro Torres Rodríguez por todas
las anomalías cometidas y actuar “a espaldas de los
ejidatarios”. La quejosa expuso que la solicitud de
renovación de la mesa directiva ya le fue entregada
al comisario, quien tiene hasta hoy para convocar a
una asamblea, y de no hacerlo, solicitarán la intervención
del Consejo de Vigilancia o de la Procuraduría Agraria,
según sea el caso.
María Antonia Zamora Díaz aseveró
que la decisión de los ejidatarios es no permitir por
ningún motivo el despojo de tierras de uso común ni
aceptarán la construcción del salón de usos múltiples.
Expuso que la decisión de la asamblea es, por ningún
motivo, negociar con las autoridades municipales o estatales
la entrega de los predios.
En entrevista, la ejidataria explicó
que en los últimos días arreciaron las suspicacias sobre
el destino de las tierras, pues funcionarios de la anterior
administración municipal les revelaron que durante su
gestión adquirieron un terreno de 10 mil metros para
la construcción del Centro de Readaptación Social, de
ahí que no tienen ningún sustento las aseveraciones
de Jesús Notario de que las 11 hectáreas que el comisario
le donó “ilegalmente” a la Comuna estaban destinadas
para esa obra.
Elías Zárate, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública en Tecamachalco,
informó que existen versiones de que el gobierno del
estado tenía destinada una partida de 800 millones de
pesos para pagar la indemnización de los terrenos para
el reclusorio y la construcción del mismo, por lo que
de ser cierto, entonces, las autoridades tendrían los
recursos para iniciar la obra, no así el sitio para
ejecutarla.
Acusan a la Procuraduría Agraria de favorecer intereses
de talamontes. (La Jornada de Michoacán, Daniela Morales, p.web).
CHERANASTICO
Habitantes de la comunidad indígena
de Cheranástico solicitaron
ayer la intervención del gobierno del estado para impedir
la remoción de la autoridad del comisariado
de Bienes Comunales, que actualmente encabeza Dámaso
Mauricio Hernández.
En una manifestación frente a Palacio
de Gobierno acusaron a la Procuraduría Agraria
de querer remover a la autoridad comunal "legalmente
electa" para favorecer los intereses de personas
relacionadas con la tala ilegal.
"Existen varias personas relacionadas
con talamontes que quieren
poner su propia autoridad para darle término al monte
que queda", denunciaron.
El comunero Salvador Hernández
Medina advirtió que de no retirar la convocatoria que
para el relevo emitió la Procuraduría Agraria, existe
la posibilidad de que se dé un enfrentamiento en la
comunidad.
36 ejidatarios de Tehuixpango
recuperan 25 has. (La Jornada de Oriente,
Miguel Ángel Domínguez, p.web).
Armados con machetes, hoz, palos,
bats y hasta hierbas de Chichicaxtle,
y con una gigantesca máquina Bulldozer
encargada de abrir el paso y romper los alambres de
puas, 36 ejidatarios de San
Agustín Texhuixpango, inspectoría
de este municipio, retomaron este lunes 25 hectáreas
hasta entonces en poder de un grupo de ‘pequeños propietarios’.
Después de 68 años de lucha –los
últimos cinco fueron en espera del cumplimiento de la
sentencia a favor de parte del juez– y de vacío de autoridad
judicial y agraria, los campesinos decidieron llevar
a cabo justicia por cuenta propia en el llamado paraje
de Tizayuca.
De acuerdo con los datos recabados,
resultan ocho en total las órdenes de restitución de
las 25 hectáreas ignoradas en las oficinas de las autoridades
judiciales. La primera ocurrió el 1 de octubre de 2000,
la segunda y tercera el 26 de agosto y 7 de septiembre
de 2002, la cuarta y quinta el 22 de mayo y 29 de agosto
de 2003. El 30 de enero y de septiembre de 2004 ocurrió
la sexta y séptima. Finalmente, la última el 28 de octubre
de 2005.
“En el último intento, la semana
pasada, el pretexto encontrado en el comandante de la
Policía Judicial de Atlixco es de risa: la falta de elementos en la corporación
no garantizan realizar la sentencia”, externó
Pedro Amador, el secretario del comisariado
ejidal.
Viejo Problema
El problema en la ex hacienda de
Tizayuca comenzó en 1937 cuando
una resolución presidencial afectó cien hectáreas. Los
ejidatarios comenzaron la batalla legal a fin de recuperar
esos terrenos y años después tuvieron de regreso 22
de ellas.
De las 78 restantes, la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) devolvió el 27 de enero
del año pasado 53 más. Sin embargo, en 1997 otro juez
encargado del caso impuso la medida de retornar éstas
últimas en 1997 a los ex dueños. A final de cuentas
quedaron pendientes 25 hectáreas.
En 1985, Agustín Caravantes, Guillermo Jordán y Carlos Spezzie,
entre otros de los pequeños propietarios iniciaron un
juicio de usucapión, el cual perdieron ante las instancias
agrarias y legales. Debido a eso, años después, explicó
Pedro Amador, “las escrituras y los certificados de
ineafectabilidad terminaron echados hacia abajo”.
Enseguida, los tramites y los expedientes
del caso llegaron a los escritorios de los órganos encargados
de aplicar justicia agraria y judicial y en 2000 llegó
la primera sentencia favorable a los trabajadores del
campo.
El viaje
Cerca de las 9 de la mañana comenzó
la caminata de 700 metros con destino a los terrenos
ocupados, entre otros por Agustín Caravantes
Olvera –ex comandante de la
Policía Municipal destituido en 1997, porque utilizó
recursos de la dependencia para amenazar e intimidar
a los campesinos.
Frente a la línea de alambre, los
ejidatarios formaron una valla de 200 metros de largo
y esperaron la llegada de la máquina. Con el grito perdido
de “Tierra y Libertad” compañeros, lanzaron la señal
de irrumpir en los terrenos.
Del otro lado, una camioneta Dodge azul con blanco detuvo el camino y de ahí bajaron cinco
personas, quienes con las manos cruzadas observaron
la entrada del Bulldoser. Conforme avanzó la carrocería amarilla, la tensión
subió de tono, porque ambas partes, campesinos y posesionarios,
estaban acercándose, pero no pasó nada, sólo amenazas
verbales enviadas a través de la prensa.
Cuatro horas después, representantes
de la Secretaría de Gobernación del estado y de la asesora
del ayuntamiento de Atlixco, Teresa Lezama, acudieron
a las tierras a fin de conocer detalles del problema.
Sólo dejaron, ambas partes, tarjetas de presentación
y un mensaje: “sí existen complicaciones, échenos un
telefonazo”.
Incluso, elementos de la policía
del municipio de Atlixco llevaron
a cabo rondines cerca de Tizayuca,
pero no llegaron hasta el lugar de los hechos.
Los pequeños propietarios
Agustín Caravantes
y Ricardo Soto, dos de los presuntamente afectados,
intentaron mostrar ante la prensa los títulos de propiedad
de 2.5 hectáreas. Sin embargo, admitieron tener conocimiento
de las sentencias y acusaron a la Secretaría de la Reforma
Agraria de generar los problemas. Anunciaron el inicio
de procesos penales en contra de los ejidatarios.
Por cierto, este martes, la Secretaría
de la Reforma Agraria acudirá a Tizayuca
para ofrecer posesión a los campesinos. Y según ambas
partes en conflicto e involucradas, podrían existir
problemas.
Toman rarámuris 3 sedes
agrarias; exigen solución a conflicto por ejido. (La Jornada, Miroslava Breach, p.web).
Piden reconocimiento de sus derechos y cancelar permiso
ilegal para explotar 15 mil hectáreas.
Desde hace 12 días unos 150 instalaron plantón en la
Plaza Hidalgo.
Chihuahua, Chih., 7 de noviembre.
Indígenas tarahumaras del
ejido Pino Gordo tomaron las delegaciones estatales
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
de la Procuraduría Agraria (PA), así como de
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios.
Los ejidatarios exigieron la presencia de funcionarios de primer
nivel de cada una de esas dependencias, para que atiendan
y resuelvan los añejos conflictos agrarios que enfrenta
su comunidad, los cuales amenazan con destruir el bosque
virgen de 15 mil hectáreas que la población local ha
luchado por preservar de la explotación forestal comercial.
Dirigentes de la comunidad indígena Pino Gordo -ejido localizado
en el municipio de Guadalupe y Calvo, a 700 kilómetros
de esta capital-, encabezados por el gobernador tradicional
Cayetano Bustillos Ramos y por los representantes comunitarios
Prudencio Ramos y Víctor Ayala Ramos, informaron que
decidieron radicalizar sus acciones luego de "perder
la confianza" en los delegados federales en Chihuahua.
Destacaron que esos funcionarios "han enredado
el problema agrario y enfrentado a los ejidatarios".
Hace 12 días, 150 ejidatarios indígenas instalaron un plantón
en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno,
para buscar solución a un litigio sobre el reconocimiento
de sus derechos agrarios y la cancelación de los permisos
de aprovechamiento forestal que la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semanart)
otorgó a campesinos que, según los indígenas, se apropiaron
ilegalmente de los títulos originales de posesión.
Desde su arribo a la capital de Chihuahua, pidieron la mediación
del gobernador José Reyes Baeza ante las instancias
federales, pero batallaron más de una semana para ser
escuchados por el mandatario, quien los recibió el jueves
pasado y les prometió instalar una mesa de negociación.
Este lunes, con el argumento de que perdieron la confianza
en los delegados de la SRA, de la PA y de la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indios, los manifestantes
tomaron las oficinas de esas tres dependencias,
y exigieron "la presencia inmediata de funcionarios"
con poder de decisión, a fin de que analicen y resuelvan
el conflicto.
De igual manera, pidieron a Reyes Baeza que su administración
pague los honorarios de un abogado que los represente
en el litigio que enfrentan en busca del reconocimiento
de sus derechos agrarios, los cuales fueron atropellados
hace ocho años, cuando 50 personas fueron reconocidas
ilegalmente como herederos de los ejidos originales
y desplazaron a otros con derechos plenos que se han
opuesto a la tala del bosque durante 30 años.
Por medio de esa maniobra judicial los mestizos y caciques
de la región consiguieron un permiso para explotar 15
mil hectáreas de pino y encino virgen que los indígenas
quieren preservar, afirmó Víctor Ayala Ramos, representante
comunitario de los ejidatarios.
En entrevista comentó que el ejido Pino Gordo es una de las
escasas comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua,
habitada por indígenas tarahumaras
-cuyo nombre original es rarámuris-, que se han resistido tradicionalmente a la explotación
comercial de las 29 mil hectáreas que conforman la dotación
de tierras comunitarias. De esos inmuebles, unas 15
mil hectáreas tienen una reserva virgen de pino y encino
que jamás ha sido explotada, sobre la cual se extendió
hace dos años un permiso de aprovechamiento forestal.
Paralelamente a este conflicto, las autoridades agrarias han
creado una serie de enredos jurídicos al desconocer
los límites originales del ejido, marcados como puntos
geográficos naturales como cerros, barrancas y arroyos,
de los que ya otras comunidades les han arrancado grandes
extensiones de tierra.
Un ejemplo de esta situación es Colorada de los Chávez, ejido
dominado por chabochis
-blancos, en idioma rarámuri-
que han talado parte del bosque propiedad de la comunidad
indígena.
"No hay confianza en los delegados federales"
Debido a esos antecedentes, Bustillos Ramos, sostuvo: "no
hay confianza ni creemos en los delegados del gobierno
federal".
Asimismo, solicitó que Reyes Baeza intervenga para buscar una
solución. Recordó que el mandatario "recibió el
bastón de mando cuando andaba en campaña; también es
gobernador de los indígenas, debe trabajar para todos".
Por lo pronto, los 150 rarámuris
viven, comen y duermen en su campamento de la Plaza
Hidalgo, y aseguraron que sólo regresarán a la sierra
Tarahumara cuando las autoridades
los atiendan.
Niega el delegado de la SRA que hayan retenido a funcionarios en El Capulín. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web)
Confía
en que hoy se sentarán las bases para resolver el problema,
que califica de “muy difícil”.
Chilpancingo
El nuevo delegado de la Secretaría
de la Reforma Agraria en Guerrero (SRA), Natividad
Salas Estrada, desmintió que haya habido personas retenidas
luego de los disturbios del sábado en El Capulín, como
se indica en un boletín de prensa que difundió la noche
del domingo la misma dependencia federal y confió en
que hoy martes se podrían sentar las bases para una
posible solución al conflicto, pese a que lo califica
como un problema “muy difícil”.
Abundó que esto podría ocurrir
luego de la reunión que sostendrán en el Palacio de
Gobierno con el subsecretario de Ordenamiento Territorial
Rural de la SRA, Gilberto Hersberger Reyes, aunque aceptó que de acuerdo con los últimos
reportes que tiene sobre el conflicto, aún prevalece
un ambiente de “tensión”.
Indicó que en el caso del Grupo
Especial para la atención de “conflictos amarillos”,
éstos “fueron hasta un lugar que se llama El Lucerito
pero de allí se regresaron porque no había condiciones
para la reunión”.
Salas Estrada, sobre el ambiente
en El Capulín luego de los disturbios del sábado,
aseguró que continúa la “tensión” en ese lugar.
Aceptó que para la Reforma Agraria
ese problema es “muy difícil”, pero consideró que “la
idea fundamental es echar a andar una estrategia que
nos permita resolverlo de una vez”, y detalló que ésta
se basará “en la conciliación; nos volveremos a sentar
una vez, tres veces o más a manera de que haya una solución”.
Aseguró que para terminar con ese
conflicto la SRA dispone de “algunos recursos adicionales
para efecto de poder normar un criterio en ese tipo
de asuntos”, pero no precisó la cantidad argumentando
que ésta se toma de acuerdo a las circunstancias así
como del número de hectáreas en conflicto.
“Varía mucho la contraprestación
que la SRA pueda dar en conjunto con el gobierno del
estado”, esgrimió.
Manifestó que el sábado hubo quema
de casas y que eso significa “un agravio para ellos
mismos como sujetos agrarios”, y dijo que aún no se
han cuantificado los daños materiales.
Respecto a si ha faltado voluntad
entre ambos pueblos, como asegura el secretario de Gobierno,
Armando Chavarría, Salas Estrada respondió que no es esa, precisamente,
la causa del recrudecimiento del conflicto “más bien
tenemos que buscar una solución en conjunto con ellos
(los campesinos), porque son parte fundamental y tenemos
que tomarles su apreciación, su opinión para efecto
de normar un criterio que nos permita solucionarlo para
siempre”.
“Creo que ha habido en promedio
más de 50 reuniones, pero desafortunadamente no han
podido llegar a una coincidencia junto con las autoridades,
esperemos que con la reunión de mañana (hoy martes),
podamos implementar nosotros una nueva estrategia”,
apuntó.
A pregunta expresa señaló que el
encuentro de mañana no significa que va a haber una
solución al problema “pero sí se pudieran sentar las
bases para poder empezar a resolverlo”.
Mencionó que tiene conocimiento
de que el Grupo Especial de la Reforma Agraria, junto
con funcionarios del gobierno del estado siguen “trabajando
en la conciliación” de ambos pueblos, y dijo que es
un problema que viene desde 1893, “pero tenemos que
entender algún día que esto tiene que solucionarse y
con la participación del gobierno del estado y la presencia
del subsecretario (Gilberto Hersberger)
vamos a tener que buscar una solución entre todos”.
Indicó que la salida a ese problema
“no compete sólo a las autoridades establecidas, también
los núcleos agrarios tienen que participar activamente”.
Tensión en El Capulín por nueva
agresión. (El Despertar del Sur,
María Antonia Cárcamo, p.web)
Chilpancingo, Gro. Luego de que fueron
incendiadas 49 viviendas el sábado pasado en la comunidad
de El Capulín, municipio de Tlacoapa,
por habitantes de Moyotepec, de Malinaltepec, continúa
la tensión en esa zona de la Montaña, donde más de mil
personas del primero se encuentran a la expectativa,
para responder a una nueva agresión.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera dijo de ese conflicto que debe resolverse
de manera legal a través del Tribunal Unitario Agrario
(TUA), pero que han estado al pendiente porque es uno
de los más atendidos por el gobierno del estado y del
federal.
Aseguró que en un sinnúmero de ocasiones se han reunido la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría
Agraria, el gobierno del estado, pero hay posiciones
intransigentes que no han facilitado el acuerdo y que
lamentablemente en ocasiones pareciera que se desbordan.
Sostuvo que han dado instrucciones para que la policía preventiva
estatal esté al pendiente de que no haya enfrentamientos,
incluso se ha pensado en solicitar la ayuda del Ejército
Mexicano con el fin de evitarlos en cualquier momento.
Reconoció que pudiera haber un enfrentamiento de magnitudes
graves y que después se lamentaran los hechos, por lo
cual van a tomar todas las providencias para poder intervenir,
y estarán al pendiente de que no haya un hecho sangriento
que después lo lamenten todos los guerrerenses.
Por su parte, un habitante de El Capulín, Ismael Galeana aseguró
a un noticiario radiofónico matutino que la gente de
ese lugar se encuentra desde el domingo en permanente
vigilancia en su comunidad de El Capulín, luego de que
les incendiaron las 49 viviendas el pasado sábado.
“Estamos dispuestos a lo que venga, hasta las últimas consecuencias.
Este señor, Natalio Solano,
presidente de los bienes comunales de Moyotepec,
nos ha causado muchos problemas junto con la comunidad
de Moyotepec. Nos han estado
martirizando la vida, por eso queremos que el gobierno
intervenga”, agregó.
El declarante afirmó que fueron unos cien comuneros armados
de Moyotepec quienes quemaron
sus casas y desalojaron con violencia a la gente, y
refirió que los de El Capulín son los agraviados en
esos hechos, aunque precisó que son más de 120 años
que tiene el conflicto agrario entre El Capulín y Moyotepec.
Manifestó que es un conflicto entre el poblado de Tlacoapa, de donde es El Capulín, y Moyotepec,
que pertenece a Malinaltepec,
por una posesión de 456 hectáreas y que han trabajado
la gente del primer poblado.
Mencionó que han propuesto para resolver el conflicto el que
les den un 20 por ciento de las hectáreas en disputa,
como lo pedía el secretario de la Reforma Agraria, pero
ahora lo que solicitan es la reparación de los daños
y la garantía de que ya no vuelvan a entrar a afectarlos.
Reconoció que el sábado se firmó una minuta con el presidente
de los bienes comunales, Natalio
Solano, de Ocuapa, y el gobierno
del estado, donde se convino la liberación de algunas
personas retenidas ese día y se estableció un convenio
para que el 8 de noviembre, la comunidad de Tlacoapa
dé a conocer su posición ante la propuesta presentada
la tarde anterior.
Dijo que un agente del Ministerio Público los retuvo y de esa
manera están citados para el día 8, pero se van a presentar
ese día para escuchar lo que diga la autoridad, porque
no pretenden hacerse justicia por su propia mano.
Afirmó que más de mil personas de El Capulín están “dispuestos
y preparados a lo que venga”, y responsabilizó al gobierno
del estado, al procurador y a la Reforma Agraria de
lo que pudiera suceder, e insistió en que se verificaran
los daños que les causaron.
Nombran a Natividad Salas Estrada, como delegado
de la SRA en Guerrero. (El Sur (Guerrero), Teresa
de la Cruz, p.web)
Chilpancingo
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) designó a Natividad Salas Estrada
como nuevo delegado estatal de esa dependencia, en sustitución
de Everardo Vázquez Ruiz, quien dejó el cargo desde
el viernes 4, “por asuntos personales”.
Ayer cerca de las 10 de la mañana,
en privado, el coordinador de representaciones nacional
de la Reforma Agraria, Juan Manuel Almazán, tomó protesta
al nuevo funcionario federal ante trabajadores de la
institución.
Salas Estrada es originario de Coyuca de Benítez,
egresó de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
en 1967, fue profesor de primaria –identificado con
la CETEG– y fungió como supervisor escolar el año 2000,
tiempo en que se jubiló.
En entrevista con reporteros, Salas
Estrada dijo que ingresó a la SRA en ese mismo año luego
de presentar un examen que fue convocado por la misma
dependencia para ser prestadores de servicio de conciliación
en los conflictos agrarios.
Asimismo tiene conocimiento de
los conflictos en Guerrero, porque formó parte del Grupo
de Trabajo de la Reforma Agraria que hace dos años “resolvió”
el caso de Acatepec-Zapotitlán Tablas así como otros conflictos amarillos en la entidad.
Hasta el viernes 4 se desempeñaba
como delegado de la SRA en Cuernavaca, y a pregunta
expresa sobre el motivo de la remoción de Everardo Vázquez
Ruíz, Salas Estrada explicó que aunque oficialmente
no le informaron a él, tiene conocimiento de que el
ahora ex funcionario quién tenía no más de dos años
en el cargo, se retiró “para atender asuntos personales”.
Replegados a la orilla de El Capulín, los vecinos
temen una nueva agresión. (El Sur (Guerrero),
Jesús Rodríguez, p.web)
Piden que les reparen los daños
causados a sus casas durante el desalojo del sábado
y que los de Moyotepec sean castigados. Los pueblos de Tlacoapa se están agrupando para defenderse, dice el presidente
del comisariado de Bienes
Comunales, Ismael Galena Sixtos.
El Capulín, Tlacoapa
La tensión por el conflicto agrario
entre los pueblos de El Capulín y Moyotepec
no baja, a pesar de un amplio despliegue de policías
enviados por el gobierno que, admiten sus jefes, no
pueden garantizar que no ocurra una nueva invasión.
Desde el sábado los 460 vecinos
de El Capulín no han dormido. No tiene dónde hacerlo
tras la incursión de hombres y niños de Moyotepec
que arremetieron contra más de 20 casas, portando incluso
armas de grueso calibre.
Llegaron al filo de las 7 de la
mañana de este sábado, gritando consignas y advirtiendo
que de poner resistencia, habría un enfrentamiento.
En ese momento ya estaban ahí, resguardando la comisaría,
más de 100 policías del Estado que acudieron en nueve
patrullas. Con todo y metralletas, no impidieron la
acción violenta, se desentendieron, contaron ayer en
El Capulín los vecinos de ahí que se replegaron hasta
la orilla del pueblo.
Los vecinos de El Capulín exigen
que les reparen los daños, que les repongan todo lo
destruido en las viviendas, y que los agresores sean
castigados.
La tensión no cede. Minuto a minuto
crece. La gente está alerta. Ayer, mientras se recababan
los testimonios, 20 minutos después de las 3 de la tarde,
alguien avisó de la presencia de tres hombres de Moyotepec,
que armados con machete y pistola se observaron a bordo
de un Tsuru en una de las
entradas de la localidad, que está vigilada por policías
y por los mismos vecinos.
Una hora más tarde se volvió a
sentir temor. Cecilia Hernández, quien lo perdió casi
todo en el desalojo, informó que el pueblo vecino que
los agredió en ese momento se estaba organizando.
Escuchó a lo lejos cómo por medio
de un aparato de sonido en Moyotepec
se convocaba a una reunión. Lo oía y lo veía, pues entre
ambos pueblos no hay una distancia mayor a 6 kilómetros.
Están apenas a unos 40 minutos a pie.
Aquí no se explican cómo los cuerpos
policiacos, las instancias
agrarias y el mismo gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, no pueden contener a los 500 campesinos
armados de Moyotepec, que
con la de este sábado es la tercera incursión que hacen
en lo que va del año.
Ismael Galena Sixtos, presidente del comisariado
de Bienes Comunales de Tlacoapa,
al que pertenece El Capulín, es tajante: “Estamos responsabilizando
al gobierno de lo que suceda, porque nosotros hemos
aguantado pero no se ha resuelto el conflicto.
“No queremos un enfrentamiento
a pesar de que a nosotros nos han agraviado, pero nuestra
gente a pesar de que es flexible, no va a aguantar más”,
agrega y explica que los pueblos de Tlacoapa se están agrupando en torno a El Capulín para defenderse,
o cuando menos evitar una nueva invasión.
Según dijo, ya hay más de mil indígenas
tlapanecos dispuestos a acudir
en caso de ser necesario. Unos 500 desde el sábado están
dispersos en la comunidad, atentos a cualquier eventualidad.
Contradicen versiones oficiales
La versión de los vecinos de El
Capulín dista de la oficial. De entrada, Ismael Galeana
aclaró que ningún funcionario ha acudido al lugar de
los hechos. Dice que se han “negado”.
Ni el subsecretario de Asuntos
Agrarios, Esaú Tapia Abarca,
ni el ex comisionado de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) para la atención a “focos amarillos”,
Juan Gatica, subieron, contrario
a lo que informó la Procuraduría Agraria en Guerrero.
Solamente están presentes el subsecretario
de Seguridad Pública, Joel Pinto Cárdenas, y el coordinador
en La Montaña de la Policía Estatal, Librado Juárez
González, quienes en un diálogo ayer en el pueblo con
el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, indicaron que no dispararían
ante una nueva invasión y que los 300 policías asignados
ahí no podrían contenerla.
En tanto, sobre la respuesta de
la SRA, Galeana Sixtos comentó
que el sábado, horas después de los hechos, se contactaron
con el subsecretario a nivel nacional, José Gilberto
Hershberger, quien pese a
todo les reclamó por su necedad al no querer ceder las
456 hectáreas en disputa al núcleo de Ocuapa,
al que pertenece Moyotepec.
“Hablamos con Hershberger, quien nos dice que somos necios porque no queremos
ceder. Encima de que nos agraden dicen que somos necios”,
se quejó.
Retuvo Moyotepec
a peritos del MP
Los vecinos de El Capulín también
ventilaron ayer que los agentes y peritos del Ministerio
Público que acudieron el sábado, fueron retenidos en
Moyotepec, a donde llegaron
por equivocación.
Pensando que llegaron el pueblo
invadido, los dos agentes retenidos fueron obligados
a firmar una minuta para ser liberados, en la cual se
comprometían a lograr que las autoridades comunales
de Tlacoapa asistieran a una
reunión hoy martes en Chilpancingo con representantes
de la SRA y el gobierno estatal. Sólo así los dejaron
en libertad.
Este no es el
cambio por el que voté.
La tristeza e indignación la llevan
los de El Capulín a flor de piel. Lamentan que este
conflicto por tierras que tiene más de 120 años no se
haya podido resolver ni con la intervención de la SRA.
Dicen que fincaron sus esperanzas
en el nuevo gobierno de Zeferino
Torreblanca, pero sienten que les ha fallado.
Para empezar consideran que las
autoridades ya “están rebasadas” y que comenzarán a
actuar hasta que se dé la primera muerte.
“El gobierno no le toma importancia,
sólo cuando ya esté un muerto, pero antes no le toman
importancia a este conflicto. Que lo resuelva el gobernador,
ya es justo”, reclama airada Dina Espinosa Rojas, quien denuncia que su vivienda fue saqueada
con todo y los 20 mil pesos que ahí guardaba.
“Cuando quiere los sufragios aquí
anda, pero el gobernador no sé qué quiere, no sé si
es terco porque no manda la atención para acá. Que ya
no se ande dando nomás tantas vueltas en sus sillas
de algodón”, exige la mujer que al borde del llanto
lamenta: “Este no es el cambio por el que voté”.
Aquí todavía huele a humo tras
el intento de incendiar las casas de adobe y teja de
lámina, que lucen derruidas, vacías y desoladas.
Entre ellas, ya nada más se pasean
los perros y unos cuantos marranos, porque sus dueños,
que ahí habitaron hasta el viernes por la noche, están
replegados en la orilla del pueblo, esperando preparados
una nueva invasión.
Pidió el gobierno la entrada del Ejército a El
Capulín, para evitar hechos de sangre: Chavarría. (El Sur (Guerrero), Magdalena Cisneros, p.web)
Es un problema grave, que estuvo
a punto de desbordarse y que se está conteniendo, dice
el funcionario. Confirma que en esa comunidad fueron
destruidas 20 viviendas.
Acapulco / Chilpancingo
Debido a que aún continúa la tensión
en El Capulín por la violencia del pasado sábado que
encabezaron comuneros de Moyotepec,
el secretario General de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, informó que solicitó “auxilio” al Ejército
mexicano para mantener el orden en esa zona de la región
de La Montaña, y dijo que las tropas ya se encuentran
en esa localidad.
El funcionario estatal, en una
conferencia de prensa en Acapulco, afirmó que de no
haber demandado la presencia de militares “sin duda
alguna que se hubieran suscitado hechos de sangre. Afortunadamente
el asunto no pasó a mayores”.
En Chilpancingo, en declaraciones
a reporteros insistió en que la “intransingencia”
de las partes en conflicto para llegar a un acuerdo
es la causa de la violencia que se desató la madrugada
del sábado.
Chavarría indicó
que el tratamiento que se le está dando a ese problema
“es de diálogo, hemos dialogado decenas de ocasiones
con ambos, sabemos que estuvo a punto de suscitarse
un conflicto mayor entre los habitantes de El Capulín
y los de Moyotepec, pero estamos tomando las providencias”, “para evitar
un enfrentamiento entre ambos pueblos”.
Abordado por reporteros en el restaurante
Los Cedros luego de inaugurar el taller denominado Sensibilización
sobre Género y Violencia, a las 9 de la mañana, precisó
que entre las medidas que tomó el gobierno del estado
fue un despliegue de policías estatales y solicitó la
presencia del Ejército mexicano, mismo que ya se encuentra
en la zona de conflicto.
El funcionario estatal confirmó
que fueron destruidas unas 20 viviendas de El Capulín
y aseguró que no hubo ningún campesino lesionado durante
el desalojo violento.
En la conferencia de prensa que
ofreció dos horas más tarde en Acapulco, Chavarría
informó también que solicitó el “auxilio” del Ejército
y resaltó que “sin duda alguna de no haberlo hecho se
hubieran suscitado hechos de sangre. Afortunadamente
el asunto no pasó a mayores”, dijo.
Consideró que la situación que
se vive en Moyotepec y El
Capulín sigue siendo “grave” y que por tanto para el
gobierno del estado dicho conflicto aún no se disipa
totalmente.
También reconoció que en el lugar
aún hay tensión, hay “una circunstancia de confrontación,
ha habido amagos, de uno y de otro pueblo de agredir
al otro, y nosotros estamos en una situación de ir conteniendo
estas acciones que pueden desembocar en la violencia”.
Explicó que es un foco amarillo
porque así está catalogado por la Reforma Agraria,
sin embargo indicó que el conflicto alcanzó “magnitudes
graves” porque estuvo a punto del enfrentamiento.
Dijo que el gobierno del estado
“no subestima el problema”, “es un problema grave, no
es un problema menor, es un problema grave que lo estamos
atendiendo, que estuvo a punto de desbordarse el fin
de semana que tuvo que hacer presencia el gobierno estatal
y federal, afortunadamente está hasta este momento contenido”.
El gobernador protege a los que se quedan con la
tierra de los campesinos, denuncian. (El Sur (Guerrero),
Karina Contreras, p.web)
Zeferino Torreblanca
y el alcalde Alberto López Rosas están amafiados
con la pasada administración para proteger a funcionarios
y ex funcionarios que viven dentro del parque El Veladero,
dicen ejidatarios de Icacos.
Ejidatarios de Icacos que fueron
desalojados hace dos años de un predio porque las autoridades
consideraron que se encontraban dentro del Parque Nacional
El Veladero denunciaron que
desde hace dos meses buscan una audiencia con el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo, pero que éste se niega porque
“seguramente afectaríamos sus intereses”.
En una conferencia de prensa, el
presidente del Comité de Hijos y Avecindados de Icacos,
Genaro Marín Hernández, calificó al gobernador como
“un farsante de la democracia” que sólo se dedica a
proteger a quienes se han quedado con la tierra de los
campesinos.
Marín Hernández dijo que ayer cumplieron
dos años de que fueron desalojados de dos hectáreas
por policías antimotines del estado, mientras que a
César Bajos Valverde –director general de Comunicación
Social del gobierno estatal– le permiten seguir allí.
Informó que buscaron una audiencia
con el gobernador y con el alcalde Alberto López Rosas
pero ninguno les hace caso, por lo que “consideramos
que son unos farsantes de la democracia, unos interesados
que están amafiados con la
administración pasada para proteger a funcionarios y
ex funcionarios como César Bajos, quien vive dentro
del parque, a unos 10 metros de donde nos desalojaron”.
Además –dijo– todos sabemos que
el Ejército y generales y funcionarios de los tres ámbitos
de gobierno están dentro del parque. “La línea divisoria
que dice Profepa y Semarnat
la recorren a la hora que ellos quieren y como quieren”,
se quejó.
Marín Hernández también acusó que
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame, y el subsecretario de Asuntos Agrarios del estado,
Esaú Tapia Abarca, también
están amafiados para quitarle a los ejidatarios sus terrenos.
Finalmente, dijo que esperan que
pronto se dé una resolución en el caso porque ya se
hizo la inspección ocular del perito del estado, y el
juez tercero tiene que dar su fallo que esperan que
sea conforme a derecho.
En territorio chiapaneco, 76% de las afectaciones
a viviendas por ciclones. (La Jornada,
Juan Antonio Román, p.web)
Presenta el gabinete de reconstrucción informe de acciones.
Chiapas concentra 76 por ciento de todas las afectaciones de
vivienda ocurridos en todos los estados que sufrieron
los efectos de los huracanes Stan
y Wilma, cuya
cifra total asciende a 42 mil casas habitación que se
habrán de reubicar y reconstruir, y otras 44 mil 766
que tuvieron daños menores y parciales, según se informó
ayer al presidente Vicente Fox,
en la reunión que encabezó con integrantes del gabinete
de reconstrucción.
En el encuentro realizado en el Salón Blanco de la residencia
oficial, el titular del Ejecutivo dijo que con los fenómenos
naturales que azotaron a gran parte del sur y sureste
del país se presenta una "valiosa oportunidad"
para propiciar un fuerte impacto al desarrollo de las
comunidades pobres y al crecimiento económico de esas
zonas.
Recordó que se está frente a los estados con mayor rezago,
por lo que es necesario que los esfuerzos de las distintas
dependencias comisionadas se enfoquen en cumplir con
los objetivos planteados por este grupo de trabajo,
donde las líneas de prioridad son las de reponer la
economía de cada una de las regiones, los activos perdidos
en los municipios y crear fuentes de empleo, así como
no reconstruir una sola casa habitación en zonas de
alto riesgo.
Asimismo, subrayó la importancia de la presencia física de
los secretarios de estado comisionados en las zonas
afectadas, por lo que ésta, antes de disminuir, deberá
mantenerse para garantizar el éxito de las tareas de
reconstrucción.
En las intervenciones de cada uno de los funcionarios que presentaron
un informe detallado de las acciones que realiza cada
una de sus dependencias en las tareas de reconstrucción,
fue el director general de la Comisión Nacional de Fomento
a la Vivienda (Conafovi),
Carlos Gutiérrez, quien informó que se han identificado
44 mil 766 viviendas con daños menores y parciales en
todas las entidades afectadas, a excepción de Yucatán,
cuyo padrón está por concluirse.
Además, dijo que las necesidades de vivienda nueva son de 42
mil casas, entre las que habrán de reubicarse o simplemente
reconstruirse. En el caso de Chiapas, reportó que concentra
76 por ciento del total de las afectaciones de todos
los estados, en tanto que el restante 24 por ciento
se reparte en los demás.
Por su parte, el titular de CFE, Alfredo Alías Ayub, señaló que el caso de Chiapas y Veracruz quedó restablecido
el servicio de energía eléctrica, y antes del pasado
fin de semana en Cancún, Cozumel,
Playa del Carmen e Isla Mujeres quedó igualmente regularizado.
No obstante, señaló que la limitante se ha presentado en la
línea de Cancún a Playa del Carmen, la cual aún se encuentra
en proceso de reconstrucción y se espera culminarla
el próximo 20 de noviembre.
A la reunión acudieron los titulares de las secretarías de
Gobernación, Hacienda, Sedeso,
Turismo, Medio Ambiente, Marina, Salud, Reforma Agraria,
Educación, Comunicaciones, Agricultura, Defensa, Economía
y del Trabajo.
Denuncian amenaza de desalojo en el municipio autónomo
Olga Isabel. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p.web).
Un líder paramilitar agrupó a unas 3 mil personas para
atacarlos, aseguran.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de noviembre.
Pedro Chulín Jiménez, ex dirigente
del grupo paramilitar los Chinchulines y actual
líder de la denominada Organización para la Defensa
de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (Opddic), conformó un grupo de aproximadamente 3 mil personas
con el propósito de desalojar a los campesinos del municipio
autónomo zapatista Olga Isabel, denunciaron los propios afectados.
Lo anterior fue dado a conocer por el Centro de Análisis Político
e Investigaciones Sociales y Económicas AC (CAPISE),
cuyos integrantes acudieron a la zona en conflicto luego
del llamado de los campesinos zapatistas.
Según la denuncia, el líder paramilitar pretende apropiarse
de la tierra de las comunidades Ba
Tranka, Chak Aj'kolá,
el ejido San Sebastián Bachajón
y el crucero San Antonio las Palomas.
Una comisión de investigadores del CAPISE acudió al municipio
autónomo Olga Isabel, enclavado entre los límites de
Ocosingo y Chilón, para recoger testimonios de los pobladores, quienes
aseguraron que la Opddic fue
fundada el 20 de mayo de 1998 en la comunidad de El
Censo, municipio de Ocosingo.
Esta organización es encabezada por Pedro Chulín Jiménez, ex diputado por el Partido Revolucionario
Institucional en la 61 Legislatura local, quien estuvo
involucrado directamente en el desmantelamiento en 1997
del municipio autónomo Tierra y Libertad, asentado en
la comunidad de Taniperla.
Ahora, dicen los habitantes de Olga Isabel, Chulín Jiménez pretende desmantelar su municipio mediante
el despojo de derechos agrarios a las cuatro comunidades
que lo conforman.
Los indígenas afectados explicaron que los integrantes de la
Opddic los han amenazado de
muerte, hostigado al tomarles fotografías y amagado,
con la ayuda de policías estatales y elementos del Ejército
Mexicano.
Expusieron que el pasado 18 de octubre arribaron a la sede
del municipio autónomo Olga Isabel siete camionetas
de redilas con más 100 personas de la Opddic,
acompañadas de un ingeniero topógrafo; una camioneta
de Seguridad Pública, número 377, con siete uniformados
y ocho personas de esa organización a bordo, "todos
armados. Uno llevaba una R-15 y los
otros escopetas y rifles semiautomáticos de .22.
"Estas personas nos dijeron que nos iban a despojar de
nuestras tierras y desmantelar las casas, oficinas,
bodegas, escuelas, casas de salud, casas de artesanías,
así como a detener a las autoridades del municipio",
contaron los habitantes de Olga Isabel.
El CAPISE explicó que el nuevo grupo paramilitar está buscando
despojar de sus tierras a los campesinos zapatistas
por la vía legal, para lo cual formó nuevos grupos agrarios
que han gestionado ante la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) federal más de 3 mil hectáreas que
están en manos de los autónomos desde 1994, en las cuales
actualmente se asientan las cuatro comunidades amenazadas.
Las agresiones se han agudizado y el pasado 28 de octubre un
grupo de la Opddic agredió
a Pedro López García, base de apoyo zapatista,
quien se encuentra hospitalizado por los golpes recibidos
en espalda, pecho y cabeza.
Los indígenas zapatistas detallaron
que recientemente los paramilitares han sostenido diversas
reuniones con la intención de desalojarlos de sus tierras
en estos días.
Ante esta situación, los afectados pidieron la intervención
de las autoridades para desarmar a sus agresores, y
a la SRA demandaron que no se deje engañar y se retire
del proceso para despojarlos de sus tierras.
“OPDDIC: Operación Despojo”. (Indymedia, p.web).
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Informe.
Debido a la gravedad de los hechos denunciada por autoridades
autónomas, el Centro de Análisis Político e Investigaciones
Sociales y Económicas A.C.
(CAPISE) envió parte de su equipo al municipio de Chilón
y municipio autónomo Olga Isabel durante la última semana
de octubre y la primera de noviembre de manera permanente
para realizar una investigación sobre los hechos ocurridos
en esa región.
Se hace del conocimiento público los antecedentes y la grave
situación que presentada en el municipio autónomo Olga
Isabel y municipio de Chilón.
Los riesgos de graves violaciones a los derechos humanos se
ciñen contra poblaciones indígenas Bases de Apoyo Zapatistas.
Amenazas de muerte, de desalojos forzosos y la pretensión
de desmantelar municipios autónomos se agudizan.
Las amenazas de muerte y desalojos forzosos provienen de la
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas
y Campesinos A. C. (OPDDIC), identificada como grupo
paramilitar. La OPDDIC se funda el 20 de mayo de 1998
en la comunidad de El Censo, municipio de Ocosingo.
Esta organización es fundada y dirigida por el señor
Pedro Chulín Jiménez (ex diputado
por el Partido Revolucionario Institucional ‘PRI’ de
la LXI Legislatura local de Chiapas), originario de
la comunidad de Taniperla. Su fundación se gestó bajo el periodo de gobierno
de Roberto Albores Guillén y su lema es: “Para defender
el derecho”. Actualmente la OPDDIC abarca las regiones
de Taniperla, San Jerónimo
Tulijá, Ocosingo, Tila, Yajalón y Chilón. El actual presidente
general de la organización paramilitar OPDDIC es Carlos
Moreno Hernández, originario del ejido Nazareth,
municipio de Ocosingo. Su coordinador regional es Pedro
Hernández Cruz, originario de la comunidad El Censo,
municipio de Ocosingo.
Hechos.
Los días 16 y 20 de octubre pasado, la Junta de Buen Gobierno
“Corazón del Arcoiris de la
Esperanza”, Caracol IV, con sede en Morelia, emitieron
denuncias sobre amenazas y hostigamientos que padecen
los pobladores del municipio autónomo Olga Isabel. Sobre
todos estos acontecimientos, declaramos:
PRIMERO. Que la comunidad de Ba Tranka, la comunidad Chak Aj'kolá, el ejido San Sebastián Bachajón
y el Crucero San Antonio las Palomas, sede del municipio
autónomo Olga Isabel, viven bajo una fuerte presión
de amenazas de muerte y desalojos forzosos. Todas estas
poblaciones pertenecen al municipio oficial de Chilón.
Que la comunidad de Ba Tranka (contenida dentro del ejido San Sebastián Bachajón) tiene 25 ejidatarios, de los cuales 12 son Bases
de Apoyo Zapatistas. En esta
comunidad hay amenazas de detención, amenaza de muerte
y desalojo de los pobladores de la comunidad, estas
amenazas están intensificadas contra el representante
de las Bases de Apoyo Zapatista
de esa comunidad, Juan López Guzmán, el cual tiene una
casa habitacional al lado de la escuela autónoma, donde
efectivos del Ejército mexicano tomaron fotografías
de su domicilio el día 20 de octubre pasado, y el día
30 del mismo mes desde dentro de una camioneta color
verde oscuro.
Que en la comunidad de Chak Aj’kolá (contenido dentro del nuevo ejido Muk’ulum Bachajón) hay Bases de
Apoyo Zapatistas y efectivos
de la OPDDIC, encontrándose esta comunidad a una distancia
aproximada de 500 metros de la sede del Municipio Autónomo
Olga Isabel. En esta comunidad se hizo una reunión el
día 2 de Noviembre, 2005 en la cual la OPDDIC buscaba
apoyo y aprobación de la población para sus iniciativas
de desalojo.
Que San Sebastián Bachajón es un
ejido antiguo que comprendido por aproximadamente 13,000
hectáreas, contiene 1,200 ejidatarios básicos, sin incluir
hijos y nietos. Hay ejidatarios zapatistas amenazados con ser despojados de sus tierras.
Que el Crucero San Antonio Las Palomas, es la sede del Municipio
Autónomo Olga Isabel. Que el día 18 de Octubre pasado
llegaron a la sede del Municipio Autónomo Olga Isabel,
7 camionetas de redilas con más 100 personas de la OPDDIC
acompañados de un ingeniero topógrafo, una camioneta
de Seguridad Pública con número 377 con 7 elementos
y 8 personas de la OPDDIC, todos armados. Uno llevaba
una R-15 y los otros llevaban escopetas y rifles semi-automáticos de punto 22. Que existen amenazas específicas
para despojar de tierras a sus habitantes y desmantelar
casas, oficinas, bodegas, escuelas, casas de salud,
casas de artesanías y la detención de las autoridades
de éste Municipio Autónomo. Que el día 31 de octubre
pasado, el señor Leonardo Moreno Jiménez, Secretario
del Consejo de Vigilancia de San Sebastián y al mismo
tiempo secretario general de la OPDDIC tomó fotografías
de esta sede a las 16:00 horas desde dentro de un taxi
concesionado de la U.T.B (Unión de Transportistas de Bachajón),
propiedad del Profesor Elías Díaz Guzmán.
SEGUNDO. Que se ha creado un nuevo ejido que lleva por nombre
Muk’ulum Bachajón.
Muk’ulum Bachajón es un ejido fundado
el 13 de agosto de 2002, compuesto de 1,586-17-67 hectáreas,
asignadas a 336 ejidatarios, antes miembros del Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), actualmente todos
incorporados voluntariamente o por amenazas a la OPDDIC.
Este nuevo ejido esta constituido sobre tierras recuperadas
en 1994 por el EZLN y las bases de apoyo zapatistas.
(Se anexa el documento de formación del ejido).
TERCERO. Que con la finalidad de clarificar la proporción política
y territorial de las poblaciones mencionadas en los
párrafos anteriores, explicamos que:
En el año de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los habitantes del
Municipio Autónomo Olga Isabel recuperaron 3,000 hectáreas
pertenecientes a ganaderos de esta región. Estas fueron
recuperadas por las Bases de Apoyo Zapatistas y por miembros del CNPI. Que en el año 2002, el
gobierno federal intentó legalizar y dar papeles a todas
las personas que estaban trabajando las tierras recuperadas.
Que las Bases de Apoyo Zapatistas no aceptaron tramitar los papeles. Que algunos
miembros del CNPI, no todos, sí gestionaron esos papeles.
Que los que sí gestionaron esos papeles conformaron
el nuevo ejido Muk’ulum Bachajón
conformado por 336 ejidatarios en tu terreno de 1,586-17-67
hectáreas, restando aproximadamente unas 1,414 hectáreas
para las Bases de Apoyo Zapatistas
y algunos miembros del CNPI que no aceptaron gestionar
los supuestos títulos de propiedad.
Que el nuevo ejido Muk’ulum Bachajón no comprende un territorio continuo, sino que sus
terrenos se encuentran entremezclados con los terrenos
de las Bases de Apoyo Zapatistas y de miembros del CNPI. Que el 29 julio de 2005
los ejidatarios de Muk’ulum
Bachajón aceptaron entrar
oficialmente a la OPDDIC bajo la promesa que les hicieron
los dirigentes de dicha organización de obtener más
tierras para cada ejidatario, es decir, la OPDDIC intenta
despojar el resto de las tierras recuperadas a las Bases
de Apoyo Zapatistas y a los
que se mantuvieron en el CNPI para incorporarlas al
nuevo ejido de Muk’ulum Bachajón,
con la pretensión de ampliar el ejido hasta 3,000 hectáreas,
es decir, todas las tierras recuperadas incluyendo y,
por increíble que parezca, hasta el poblado Crucero
San Antonio Las Palomas, sede del Municipio Autónomo
Olga Isabel.
Que los trabajos que el ingeniero topógrafo está realizando
(ingeniero mencionado el la denuncia emitida por la
Junta de Buen Gobierno de Morelia el día 20 de octubre),
es para medir los terrenos que no están comprendidos
en el Nuevo Ejido Muk’ulum
Bachajón, es decir, las 1,414 hectáreas restantes en las que
están viviendo las Bases de Apoyo Zapatistas
y los miembros del CNPI que no aceptaron entrar a la
OPDDIC.
CUARTO. Que el día 29 de Julio de 2005, efectivos de la OPDDIC,
pertenecientes a la zona que comprende el municipio
autónomo Olga Isabel, tuvieron la primera reunión en
la comunidad de Ba Tranka. En esta reunión, los efectivos de la OPDDIC discutieron
que el municipio autónomo Olga Isabel tenía que desaparecer,
sin embargo, no todos los miembros de la OPDDIC están
de acuerdo con estas resoluciones, pero por miedo a
represalias sus personas y a sus familias y, por las
multas impuestas de 100 a 150 pesos por no asistir a
las asambleas, deciden mantener el anonimato.
QUINTO. Que en un principio principio,
los zapatistas y los miembros
del CNPI, en un marco de coincidencias y diferencias,
tenían una relación cordial y de respeto entre ellos,
donde mantenían reuniones y unidad colectiva. Que esto
cambió con la llegada de la OPDDIC.
SEXTO. Que en el año 2002, la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) pretendió asignar un titulo de propiedad a
través de un papel a cada una de las personas que recuperaron
tierra, este papel contenía el nombre del nuevo propietario
y un número asignado. Que para obtener los papeles de
las tierras, se solicitaba entregar fotocopia de acta
de nacimiento, credencial de elector y el acta de matrimonio.
Que las Bases de Apoyo Zapatistas no quisieron entregar estos papeles. Que varios
miembros del CNPI tampoco quisieron hacerlo.
SEPTIMO. Que los miembros del CNPI pasaron a ser nuevos militantes
de la OPDDIC entre los meses de mayo y junio pasados.
Que los antiguos CNPI que pasaron a la OPDDIC son los
habitantes del nuevo ejido Muk’ulum Bachajón dentro de las
3,000 hectáreas recuperadas por el EZLN y bases de apoyo
en 1994. Que la dirigencia y los nuevos miembros de
la OPDDIC mantienen una estrecha relación con la presidencia
municipal de Chilón.
OCTAVO. Que los efectivos de la OPDDIC tomaron los números
de las tierras asignadas a las Bases de Apoyo Zapatistas
y a los “disidentes” del CNPI (a pesar de no haber aceptado
recibir esos títulos y la asignatura de número, tenían
números asignados) y los asignaron a personas que sí
aceptaban cooperar con ellos y que sí eran miembros
de su organización. Que el despojo de tierra y territorio
incluye la sede del Municipio Autónomo Olga Isabel a
grado tal que dicho terreno, “oficial y legalmente”
ya tiene nuevo propietario, designado por efectivos
y mandos de la OPDDIC y avalado por la SRA.
NOVENO. Que esta fue una de las promesas que hizo la dirigencia
de la OPDDIC para convencer a los antiguos CNPI de pasarse
a la OPDDIC, esto es, la promesa de más tierras.
DECIMO. Que el pasado viernes 28 de octubre, el señor Pedro
López García, base de apoyo zapatista
del municipio Olga Isabel, sufrió agresiones cerca de
Kojtomil. Que las autoridades
del Municipio Autónomo desconocen quienes fueron los
agresores. Que el señor Pedro López García se encuentra
en situación grave con golpes en espalda, pecho, y cabeza.
DECIMO PRIMERO. Que los del CNPI que entraron a OPDDIC señalaron
los nombres de las autoridades del Municipio Autónomo
Olga Isabel. Que la OPDDIC amenaza con capturar a las
autoridades del municipio y con desalojar y desmantelar
éste municipio autónomo.
DECIMO SEGUNDO. Que el pasado 27 de Octubre, hubo reunión en
el Centro Tza Cum
(donde se reúnen normalmente los ejidatarios de San
Sebastián Bachajón) entre
los comisariados de esa comunidad
con Jerónimo Saragos Silvano, Comisariado del
ejido de San Sebastián Bachajón,
con los ejidatarios y con el Secretario General de OPDDIC,
Leonardo Moreno Jiménez. En esta reunión se tomó acuerdo
con los ejidatarios para apoyar al desalojo del Municipio
Autónomo Olga Isabel.
DECIMO TERCERO. Que el 28 de Octubre pasado hubo asamblea en
el Centro de Xich en la cañada
de Palenque, para abordar el desalojo del Municipio
Autónomo Olga Isabel.
DECIMO CUARTO. Que el 29 de Octubre de 2005 hubo asamblea en
Bachajón para abordar nuevamente
el desalojo. Que Bases de Apoyo Zapatistas
llegaron para escuchar si se aprobaba. Que entre los
ejidatarios de San Sebastián Bachajón
no hubo mayoría, sin embargo, llegaron ejidatarios del
nuevo ejido Muk’ulum Bachajón y votaron como
ejidatarios del ejido de San Sebastián Bachajón
llegando así al acuerdo de apoyar en el desalojo.
DECIMO QUINTO. Que el Secretario General de Opddic, Leonardo Moreno Jiménez dijo que el desalojo se iba
a realizar en la semana del 30 de Octubre al 5 de noviembre
o la en la semana del 6 al 12 de noviembre. Que también
explicó que los trabajos del topógrafo están muy avanzados
así como los trámites con el gobierno federal, añadiendo
que el Municipio Autónomo Olga Isabel no va a poder
hacer nada por evitarlo.
DECIMO SEXTO. Que las convocatorias para todas las reuniones
arriba mencionadas se dan a conocer a través de la estación
de radio con sede en Chilón
en la frecuencia 95.1 FM. Que el propietario es Carlo
Walter, residente de Yajalón.
DECIMO SEPTIMO. Que las mediciones se abren por orden federal.
Que el nombre del jefe de la Procuraduría de Gobierno
con sede en Ocosingo es Luis Demetrio Jiménez. Que esta
persona es la que autorizó el desarrollo de los trabajos
topográficos.
DECIMO OCTAVO. Que los nombres de algunas de las 35 personas
miembros de OPDDIC que se preparan para ir armados a
desalojar Olga Isabel son detallados.
En su mayoría pertenecientes a Muk’ulum
Bachajón.
DECIMO NOVENO. Que integrantes de familia Navarro, de Ba Tranka, pertenecientes a la OPDDIC
también están armados.
VIGESIMO. Que las autoridades del municipio autónomo Olga Isabel
reconocen desconocer de dónde provienen las armas de
todas estas personas.
VIGESIMO PRIMERO. Que en esta región, las personas operativas
de estas amenazas son:
Jerónimo Deméza Jiménez, quien es
el Comisariado Ejidal del
nuevo Ejido Muk’ulum Bachajón, vive en Ba tranka y es fuerte promotor de
la OPDDIC.
Domingo García Pérez, quien es el Presidente del Consejo de
Vigilancia del nuevo Ejido Muk’ulum
Bachajón, vive en Cumbre Na Choj, muy cerca de la sede del Municipio Autónomo Olga Isabel.
Promueve y organiza gente para la OPDDIC.
Pascual Hernández Gómez, quien es el Principal del Ejido Muk’ulum Bachajón y tiene la función
de comunicar a los ejidatarios cuando hay reunión, vive
en Na Ten Tsun.
Leonardo Moreno Jiménez, quien es el Secretario del Consejo
de Vigilancia de San Sebastián y el Secretario General
de OPDDIC, vive en Banacacha, que se encuentra dentro del ejido de San Sebastián
Bachajón.
Jerónimo Saragos Silvano, quien es
el Comisariado del Ejido de
San Sebastián Bachajón.
Marcelino Sánchez Alvaro, del nuevo
Ejido Muk’ulum Bachajón,
dirigente de la OPDDIC y vocero principal en las reuniones.
VIGESIMO SEGUNDO. Que con respecto de la denuncia emitida por
esta Junta de Buen Gobierno y el Municipio Autónomo
Olga Isabel el día 20 de Octubre pasado, añadieron y
clarificaron que:los maestros
involucrados en estos hechos ejercen en escuelas de
gobierno, y llevan por nombre: Samuel Díaz Guzmán y
trabaja en Yulup Max; y Elías Díaz Guzmán desconocen dónde trabaja. Que ambos
residen en Bachajón.
Que el nombre de Santiago Moreno Gómez tiene el segundo apellido
equivocado. Que el nombre correcto es Santiago Moreno
Guzmán y es miembro del Comité Municipal del PRI en
Chilón.
VIGESIMO TERCERO. Que desde el 18 de Octubre del 2005 se oyen
disparos desde las 22 y 23 horas hasta por la mañana.
Que quien dispara es Samuel Deméza
Silvano, quien es hijo de Jerónimo Deméza Jiménez.
VIGESIMO CUARTO. Que fuentes inconformes de la propia OPDDIC,
informan que más de 3,000 personas de otras comunidades
de toda la cañada, desde Taniperla
participaran en los desalojos.
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y
Económicas AC. Invita a organizaciones y sociedad civil
nacional e internacional solicitar:
Intervención de las autoridades para la suspensión inmediata
de hostilidades, amenazas de muerte y desalojo forzoso
que padecen las bases de apoyo zapatistas
y miembros del CNPI.
Desarme y acción penal sobre efectivos y dirigentes de la Organización
para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
A. C. (OPDDIC) vinculados en los hechos delictivos vertidos
en el presente escrito.
Investigación y acción penal sobre autoridades municipales,
estatales y federales involucradas y vinculadas en los
hechos delictivos vertidos en el presente escrito.
Salen en defensa de ZTG, el PAN, Chavarría y Coparmex. (Novedades de Acapulco, Jesús Lépez,
Gerardo Román, p.web).
El Secretario de Gobierno Armando Chavarría
Barrera aseguró que apelarán al gobierno de Morelos
para que aclare lo difundido en los medios de comunicación
en el sentido de que la banda de robatrailers le financiaron la campaña
a Zeferino Torreblanca Galindo
y que por eso Agentes del Ministerio Público y Jueces
protegían a esos delincuentes.
Se ha instruido al Procurador de Justicia del Estado Eduar Murrueta Urrutia, para que
se ponga en contacto con su homólogo y hablen sobre
ese asunto que ha dado un chispazo entre lo declarado
por el subprocurador de Morelos
y los señalamientos que hacen en contra del gobierno
de Guerrero-dijo- el funcionario.
Y agregó Negamos de entrada toda acusación emitida por el subprocurador de Morelos, Antonio Juárez Chimalpopoca, por las declaraciones que son falsas, y de falta
de responsabilidad.
Esto en el ánimo de no generar mayor fricción porque dijo en
alguien debe tener madurez de este asunto.
Explicó que tales señalamientos no tienen sustento, y por eso
se está apelando mediante la Procuraduría de Justicia
del Estado para que se aclaren tales afirmaciones.
Aunque no ahondó más en el asunto de Morelos, reiteró la apelación
que hicieron al gobierno de ese estado para aclare las
declaraciones hechas por el subprocurador
Chimalpopoca.
Luego el secretario de gobierno fue cuestionado sobre los hechos
de violencia en La Montaña donde un grupo de campesinos
tomó por asalto otra comunidad e incendió varias viviendas.
Chavarría Barrera comentó que se está conteniendo
a la gente de nuevos enfrentamientos al referirse a
los conflictos agrarios entre habitantes de las comunidades
de Moyotepec y El Capulín,
en la zona de La Montaña. El conflicto se origina por
la disputa de 456 hectáreas entre ambos pueblos que
se han atendido en tiempo y forma.
Sin embargo manifestó que la gente no ha querido cooperar con
los acuerdos que se han sostenido entre los grupos involucrados.
Hay un clima de tensión, una circunstancia de confrontación
y amagos de agresión de uno y del otro lado y ha obligado
al gobierno del estado a intervenir para frenar enfrentamientos
violentos, aclaró el secretario de gobierno.
Sin embargo dijo que la Secretaría
de la Reforma Agraria, tienen diagnosticada la zona
como focos amarillos y rojos por los conflictos agrarios.
Lo cierto del caso es que desde hace muchos años, se vienen
diciendo que en Guerrero, existen decenas de conflictos
agrarios que hasta la fecha no han sido resueltos.
Finalmente Chavarría asentó que seguirán
atentos a lo que sucede en esa zona.
Impulsa el desarrollo la reconstrucción: Fox. (Diario de México, p.web).
El Presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, se reunió esta mañana con los integrantes del
Gabinete de Reconstrucción, a fin de tener un informe
pormenorizado de los avances en los trabajos de reconstrucción
en las zonas dañadas por los fenómenos naturales Stan y Wilma.
Paralelamente, dijo que se presenta una valiosa oportunidad
para propiciar un fuerte impacto al desarrollo de las
comunidades pobres y al crecimiento económico en esas
zonas.
Recordó que se está frente a los estados con mayor rezago,
por lo que es necesario que los esfuerzos de las distintas
dependencias comisionadas se enfoquen en cumplir con
los objetivos planteados por este grupo de trabajo.
Subrayó que las líneas de prioridad son las de reponer la economía
de cada una de las regiones, los activos perdidos en
los municipios y crear fuentes de empleo, así como no
reconstruir una sola casa habitación en zonas de alto
riesgo. “Primero es la gente y especialmente los que
menos tienen, con ellos tenemos un fuerte compromiso
que todos vamos a cumplir”.
Estableció la importancia de la presencia física en las zonas,
de los Secretarios de Estado comisionados, por lo que
ésta antes de disminuir, deberá mantenerse para garantizar
el éxito de las tareas de reconstrucción.
A esta reunión asistieron, los Secretarios de Gobernación,
Carlos Abascal Carranza, Titular del Gabinete de Reconstrucción;
Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; Desarrollo
Social, Josefina Vázquez Mota; Turismo, Rodolfo Elizondo
Torres; Medio Ambiente, José Luis Luege
Tamargo; Marina, Marco Antonio
Peyrot González; Salud, Julio
Frenk Mora; Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame.
Antorchistas denuncian fraudes, despojos
e incumplimientos. (Ecos de la Costa, Edgar
H. Badillio, p.web).
El presidente del Comité Estatal de Antorcha Revolucionaria
en Colima, Héctor Enciso Carrillo, denunció al menos
cuatro casos en los que se han visto involucrados integrantes
de dicha agrupación y en los cuales el gobierno del
Estado no ha tomado cartas.
El dirigente visitó la redacción de Ecos de la Costa acompañado
por un grupo de antorchistas
para pedir la rápida intervención del gobernador Silverio
Cavazos Ceballos, o de lo contrario, advirtió que después del 15 de
noviembre, más de mil 200 personas saldrán a marchar
por las calles de la ciudad.
Inicialmente, Enciso Carrillo se refirió al asunto referente
al ejido Nuevo Quesería, el cual fue despojado de 208
hectáreas desde el pasado mes de marzo, “cuando ellos
recibieron las escrituras públicas por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, el pasado
27 de diciembre, y se les autorizó tomar posesión de
estos terrenos en marzo”.
Remembró que cuando el 3 de marzo de los corrientes habían
tomado posesión de dichas tierras, “el 6 de marzo llegaron
a desalojarnos quienes estaban encabezados por Jesús
Michel, comisario municipal
de Agua Zarca, con armas de fuego, punzocortantes
y palos,”.
Manifestó que luego de ello, se presentó la denuncia penal
correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado: “se les demostró que estaban cometiendo
delito en flagrancia porque también estaban bloqueando
las calles de la población, y es que el artículo 144
del Código Penal tipifica este delito como atentado
a las vías de transporte y de comunicación; sin embargo,
no se hizo nada, a pesar de que la Policía Judicial
observó todo”.
En consecuencia, “planteamos al gobierno del Estado su intervención,
pues le ha dado muchas largas, aunque nos han recibido
en varias ocasiones. Ha surgido la propuesta de comprar
tierras para que no se agudice el conflicto, pero eso
ha quedado sólo en promesa”.
Aseguró que las personas que despojaron a los ejidatarios de
sus 208 hectáreas son encabezadas por el presidente
municipal de Coquimatlán, Francisco Ánzar Herrera,
“y por lo mismo, probablemente les pretendan dejar esa
tierra, porque los que despojaron argumentan que ellos
las han tenido en su posesión, pero eso no es cierto,
ya que muchos meses antes los afectados ya visitaban
el lugar”.
LAS COLONIAS Y EL ALBERGUE
El quejoso también argumentó que en reiteradas ocasiones se
ha pedido al gobierno del Estado introducir servicios
básicos como el agua potable, electricidad, drenaje
y empedrados, en las colonias Unidad Antorchista III, en Colima; Tlacaelel,
de Minatitlán; Jardines del
Llano, en Coquimatlán, y la colonia Leonor Moreno de Tecomán.
“Hemos insistido al gobierno del Estado pues es gente de bajos
recursos, pero todos pagamos impuestos y como mexicanos
tenemos derechos a que se introduzcan servicios públicos”,
mencionó.
Indicó que si bien se ha dicho que una parte de los servicios
la tienen que poner los ayuntamientos y los mismos beneficiarios,
“sólo nosotros vemos que no hay atención, todo se queda
en promesas y se va el año sin haber tenido ni un solo
servicio básico”.
De igual forma, reveló que hay un compromiso del gobierno estatal
para iniciar la construcción del albergue Graciano Sánchez.
“Nosotros pusimos el terreno de 600 metros cuadrados
y el compromiso del Estado es aportar una cantidad para
iniciar la construcción, pero no ha habido ninguna atención,
a pesar de que les hemos propuesto que la edificación
sea por etapas”.
FRAUDE CON CASAS
En otro tema, Enciso Carrillo denunció que varios vecinos de
la colonia Prados de la Estancia “fueron defraudados
por una persona de nombre Miguel Ramos Aguilar, quien
les ofreció la venta de lotes de 7x18 metros con un
costo de 13 mil pesos; sin embargo, no les entregó los
lotes y los revendió en algunos casos, por lo que varias
personas pusieron una denuncia ante la PGJE”.
Al respecto, dijo estar enterado de que Ramos Aguilar tiene
al menos dos órdenes de aprehensión en su contra por
estas cuestiones debido a que un juez consignó el caso;
“sin embargo, su hermano Benjamín Ramos Aguilar se presentó
después con los defraudados y les ofreció tomar el asunto,
pero les pidió primero 50 mil pesos para la introducción
de los servicios, luego bajó a 35 mil, pero los 340
defraudados no están de acuerdo porque no tienen dinero
para pagar tal cantidad, además de que Benjamín debió
haberlos consultado antes de ponerse de acuerdo con
una constructora, ya que así lo marca el Código Penal
del Estado”, mencionó.
En consecuencia, indicó que la petición que han hecho a través
del gobierno estatal “es que el hermano entregue los
lotes a los defraudados, porque tienen nueve hectáreas,
y que la introducción de servicios sea un asunto que
los propios representantes de los colonos puedan tramitar
ante el gobierno con los costos que así se establezcan”.
Sobre el número de personas afectadas, reveló que fueron 346
en total, las cuales están esperando una respuesta satisfactoria.
EJIDO CANOAS
Héctor Enciso agregó que en el ejido Canoas, en el municipio
de Manzanillo, ha surgido otro problema, toda vez que
“en 1971 se les entregaron a un grupo de ejidatarios
210 hectáreas como segunda ampliación por parte de la
Secretaría de la Reforma Agraria”.
Sin embargo, aseguró que ahora, 34 años después, “se presentan
los antiguos propietarios, encabezados por Eustolio
Magaña, quien acudió con el apoyo del Juzgado de Distrito,
del Tribunal Superior Agrario y otras instancias, en
donde ellos ganan la restitución de las tierras por
una mala ejecución que se hizo”.
Indicó que de acuerdo a los documentos mostrados por Magaña,
en su momento le quitaron 140 hectáreas. “Lo curioso
del asunto es que eso se dé después de 34 años de posesión
de 210 hectáreas, lo que indica que hubo maniobras ilegales,
que no hubo defensa de la Procuraduría Agraria, y si las metió fue para defender a los pequeños
propietarios, que fungen como terratenientes”.
Por lo anterior, dijo que la forma de resolver el conflicto
“es que la Reforma Agraria indemnice a los pequeños
propietarios, porque ya no hay decretos expropiatorios,
pues desde 1994, con la reforma de Salinas de Gortari,
se vienen haciendo una serie de compras para resolver
conflictos agrarios, y dado que aquí la SRA midió mal,
ella debe resolver el problema”.
Finalmente, comentó que si siguen ignorándolos en sus peticiones,
saldrán nuevamente a las calles. “El 15 de noviembre
tenemos una entrevista con el gobernador, pero si no
hay respuesta, saldremos más de mil 200 personas a manifestarnos
por las calles de Colima, y si se mantiene la falta
de atención, haremos un plantón permanente frente a
Palacio de Gobierno, porque creemos que hay derecho
por parte de los ciudadanos de ser atendidos”.
Defienden sus tierras. (Por Esto!, Conrado Roche, p.web).
Con coas y machetes, campesinos de
Oxcum impedirán que el comisario
ejidal y empleados de Antonino Almazán Arteaga, ex delegado
del Registro Agrario Nacional y especulador de terrenos, consentido y
protegido de Patricio Patrón Laviada,
inicien el desmonte de las tierras donde se pretende
construir el aeropuerto de Metropolisur. Si nos provocan, "aquí correrá sangre",
advierten
Los campesinos de Oxcum, comisaría
de Umán, afirmaron estar dispuestos
a "llegar hasta las últimas consecuencias"
para impedir que inicie el desmonte de los terrenos
donde el Gobierno del Estado pretende construir el nuevo
aeropuerto, debido a que el proceso de adquisición de
las tierras estuvo amañado, fuera de la ley y su resolución
final aún está pendiente en el Tribunal Unitario Agrario.
Los campesinos, que el viernes enfrentaron a empleados de Antonino
Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional
y especulador de terrenos ejidales, consentido y protegido
de Patricio Patrón Laviada, se mantendrán vigilando el acceso a los terrenos
armados con coas y machetes
"hasta que se nos haga justicia".
Desde el viernes el camino de entrada fue bloqueado con espinas
de ts'ubín, después de que
fueron amenazados por el comisario ejidal Anselmo Canul,
quien le ordenó a un ingeniero llamado Idalio Rodríguez
Martínez, empleado de Almazán Arteaga, que atropellara
a los manifestantes con su camioneta, "total que
tenemos mucho dinero para pagar sus muertes".
Ante ello, el asesor jurídico de los campesinos, William de
Jesús Santos Sáenz, acudió ayer acompañado de Idelfonso
Dzul García a interponer una
queja ante el Tribunal Unitario Agrario, pues antes
de que concluya el juicio pretenden iniciar los trabajos
de desmonte.
Santos Sáenz indicó que a principios de diciembre vendrá a
Mérida la Comisión de la Reforma Agraria de la
Cámara de Diputados, presidida por el diputado Manuel
García Corpus, a fin de realizar las investigaciones
de la adquisición ilegal de los terrenos, luego de que
los campesinos acudieran al Congreso de la Unión en
octubre pasado.
El asesor jurídico manifestó que incluso serían apoyados por
los campesinos de San Salvador Atenco,
Estado de México, quienes impidieron la construcción
de un aeropuerto alterno al del Distrito Federal en
sus tierras.
En Oxcum, Juan Canul
Uc, quien encabezaba la protesta,
indicó que días atrás han intentado entrar por la fuerza,
"pero no los hemos dejado porque el juicio aún
no se ha terminado".
En efecto, en el Tribunal Agrario Unitario se encuentra el
proceso 34-922/2005, en el que se indica que el 1 de
marzo del 2005 a las seis de la tarde en la cancha de
usos múltiples de la escuela primaria "Vicente
Guerrero" se celebró una supuesta asamblea llena
de irregularidades.
Los campesinos acusaron que en la misma asamblea se cambió
el destino de las tierras de uso común a parceladas,
se delimitaron y asignaron y se adoptó el dominio pleno
de las mismas, violándose los artículos 24, 25, 26,
27, 28, 31 y 81 de la Ley Agraria vigente, por lo que
se promovió el juicio.
Además, señalaron que se utilizaron prestanombres para los
posesionarios y domicilios falsos, ya que en la comisaría
de Oxcum no tienen su domicilio
las personas que resultaron beneficiadas y tampoco son
productores rurales.
Al respecto, el delegado del RAN en Yucatán, Luis Felipe Mena Salas (A) "La Muñeca", ex diputado del PAN,
se negó sistemáticamente a investigar esta denuncia.
Canul Uc explicó
que la primera adquisición ilegal de terrenos constó
de una superficie de 586 hectáreas pagadas a siete mil
pesos cada una, es decir, a 70 centavos el metro cuadrado.
Posteriormente, cuando acudieron a investigar en las instancias
correspondientes descubrieron que en realidad eran 704
las hectáreas comercializadas; y posteriormente vendieron
297 hectáreas más, éstas sí a mejores precios, pues
dicen que se pagaron 25 mil pesos por hectárea.
El operador fue Rodríguez Martínez, a quien sacaron de la población
el viernes por la noche, advirtiéndole que aún no se
ha resuelto el juicio y que además deben pagar un precio
justo por los terrenos.
Pero Anselmo Canul y Nemesio Aguayo
intentaron amedrentar a los ejidatarios que defienden
sus derechos, el primero amenazándolos con atropellarlos
y el segundo blandiendo un machete.
"Nosotros nos mantendremos vigilantes de la ley, pero
si nos provocan aquí va a correr sangre", advirtieron
los campesinos.
De hecho, estos sucesos ya fueron reportados al TUA y también
se pidió a la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso
de la Unión que indague los verdaderos motivos que hay
detrás del proyecto Metropolisur, promovido con bombo y platillos por el gobernador
Patricio Patrón Laviada.
POR ESTO! ha revelado a la opinión
pública que detrás de Metropolisur
lo que persiste es la entrega de un recinto fiscal estratégico
en el Puerto de Progreso (complementado con el nuevo
aeropuerto que se construiría en esas tierras) al clan
catalán Maragall-Pujol-Garrigosa,
lo que daría pie a una zona franca en la que cabría
la posibilidad del narcotráfico, el lavado de dinero
y la introducción ilegal de miles de productos chinos.
Fox, en el cierre del Procede
el próximo 23. (Tribuna de Campeche, p.web).
El Presidente Vicente Fox Quesada
estará en Campeche el próximo 23 de noviembre para atestiguar
el cierre del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que
estima entregar unos dos mil 500 títulos parcelarios
informó el representante de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Enrique Hau
Dzul.
El objetivo principal del programa es dar certidumbre jurídica
a la tenencia de la tierra a través de la entrega de
certificados parcelarios y/o certificados de derechos
de uso común, o ambos, así como de los títulos de solares
en favor de los individuos, con derechos que integran
los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten.
Informó que el coordinador de representaciones agrarias, Juan
Manuel Almazán Pérez, evalúa metas y programas. El objetivo
primordial es sacar adelante los pendientes, pues el
próximo año será electoral y es necesario evitar que
los asuntos se politicen.
Aún se definen detalles logísticos del evento, que podría ser
en Chiná, Campeche o Ciudad
del Carmen. La sede no se define porque hay que cumplir
requisitos de aforo de vías de comunicación, facilidades
y seguridad al Presidente.
Hau Dzul recordó
que en julio fue el precierre del Procede con la entrega
de dos mil 500 títulos, y se estima una cantidad similar.
Este programa está en su última fase y se espera que
se apeguen los núcleos ejidales que lo requieren.
Estará aquí el presidente Fox
el próximo 23 . (El Sur de Campeche, Amelia
Patricia Laynez, p.web).
El próximo 23 de noviembre, el presidente Vicente Fox presidirá en Campeche la ceremonia de clausura del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares (Procede) y entregará títulos de terrenos
nacionales, anunció el representante de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Hau
Azul.
Entrevistado en el aeropuerto local, donde recepcionó a Juan Manuel Almazán Pérez, coordinador de representaciones
de la SRA en los Estados, recordó que en julio pasado
fue el precierre de estos programas, y una vez concluidos
al 100 por ciento se realizará la ceremonia nacional
de clausura.
Indicó que aún no se tiene el lugar donde se realizará el evento
oficial, sin embargo, comentó que se tienen varias propuestas,
ya sea en el ejido de Chiná
o en Ciudad del Carmen, "porque como es visita
presidencial, hay que cumplir con requisitos de aforo
de vías de comunicación, facilidades y seguridad".
-Estamos haciendo una revisión y estamos en la fase final del
Procede. Tenemos varios núcleos que están en este proceso,
pero la vez pasada se entregaron 2 mil 500 títulos y
esta vez esperamos superar esta cantidad.
Por otra parte, Hau Dzul comentó que en estos momentos se realiza una evaluación
de las metas, "porque estamos en el último trimestre
del año y estamos viendo inmuebles, porque vamos a tener
nuevo edificio".
Por su parte, el coordinador de representaciones agrarias,
Juan Manuel Almazán Pérez, destacó que el objetivo es
llevar a cabo visitas de revisión de cómo van los avances
de los programas.
-Tenemos en cuenta que el año próximo será electoral y queremos
que salgan todos los pendientes, sin que estos asuntos
se politicen.
Campesinos armados desalojan a diez familias. (Milenio Diario, Óscar Rodríguez/Zacarías Cervantes, p.web).
Hay un conflicto de límites de más de 25 mil hectáreas que
data de hace más de medio siglo.
En Oaxaca, un grupo de campesinos armados, al parecer originarios
de San Pedro Ocotepec en la
región mixe irrumpió en San Miguel Quezaltepec,
donde despojaron de sus terrenos a por los menos 15
familias indígenas, mismas que sufrieron el robo de
sus cosechas y la quema de sus viviendas.
El presidente de bienes comunales de San Miguel Quezaltepec, Genaro Rodríguez Rosas, aseguró que entre San
Pedro Ocotepec y la agencia
municipal de Santa Cruz Condoy hay un conflicto de límites de más de 25 mil hectáreas
que data de hace más de medio siglo.
Dijo que la indefinición agraria ha causado constantes roces
violentos entre ambos poblados, mismos que a últimas
fechas se ha recrudecido como consecuencia de la injerencia
de Adelfo Regino Montes, ex asesor del EZLN y dirigente de la organización
civil Servicios del Pueblo Mixe.
Detalló que en la última incursión, registrada la madrugada
del domingo, un grupo de campesinos armados irrumpió
en la zona en conflicto despojando de sus viviendas
a tres familias.
En el altercado resultaron lesionados el campesino Simón Vásquez
y su hijo Juan Vásquez. También se reportan al menos
cinco hectáreas de cosechas incendiadas y el robo de
unas 15 cabezas de ganado.
Rodríguez Rosas responsabilizó del ataque al presidente de
bienes comunales de Ocotepec,
Conrado Roque Germán y al agente municipal del Manantial,
Salvador Rico, contra quienes ya se han integrado las
denuncias correspondientes ante la Procuraduría General
de Justicia.
En tanto, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria,
Encar Manuel Zamora, dijo
que una comisión de funcionarios acudió a la localidad
en busca de la conciliación del conflicto.
Afirmó que la razón jurídica le corresponde a Quezaltepec, que por años ha disputado la posesión del predio
con Ocotepec, que a la fuerza
ha ocupado terrenos de sembradío que no les correspondía.
Tensión en Guerrero
Por tercer día consecutivo continúa la tensión entre los comuneros
de El Capulín, que pertenecen a Ocuapa,
y los de Moyotepec por el
conflicto de 456 hectáreas que se disputan entre los
dos, por lo que la Procuraduría de Justicia de Guerrero
mantiene en la zona al fiscal especial en la región
de la montaña, Joaquín Juárez Solano, informó el procurador
de Justicia, Eduardo Murueta.
Informó que también agentes de la Policía Investigadora Ministerial
y de Seguridad Pública estatal permanecen en la zona
para impedir acciones violentas, ello luego de que la
mañana del sábado comuneros de Moyotepec irrumpieron en la localidad El Capulín y desalojaron
a medio centenar de familias.
El gobierno de Chihuahua exhorta a autoridades
a negociar. (La Jornada, Rosa Rojas,
p.web)
El gobierno de Chihuahua convocó a todos los integrantes de
dependencias agrarias y forestales para que este martes
instalen una mesa de negociación para buscar una salida
al conflicto por el ejido Pino Gordo, como reclama un
centenar de tarahumaras, quienes
comenzaron un plantón hace más de una semana en la capital
chihuahuense, informó Ramiro Castellanos, integrante
de la Comisión de Conciencia Comunitaria.
Indicó que ayer fueron ocupadas simultáneamente las delegaciones
de la PA y de la SRA "para exigir que personal
federal con capacidad resolutiva vaya a esa reunión".
En forma diplomática el gobierno del estado dice que no hay
razón alguna para que se mantenga el plantón; pero va
a continuar hasta que por lo menos haya un avance en
la resolución del problema como exigen los tarahumaras, que es que se reconozcan los derechos agrarios
de más de cien indígenas y que se les respete su territorio
ejidal como lo marca la carpeta básica, de acuerdo con
sus puntos históricos y que mediante el Programa
de Certificación de Derechos (Procede) han tratado
de modificarlos", detalló.
El dirigente agrario aseveró que con la movilización ya se
logró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
ordenara la suspensión de la tala del bosque en la zona
en conflicto: "un Pino Gordito que crearon las
instancias del Procede al cacique Raul
Aguirre", para despojar de su territorio a ejidatarios
de Pino Gordo y modificar la resolución presidencial
de la zona de 1967.
Indicó además que en una reunión que tuvieron la semana pasada
con Reyes Baeza y parte de su gabinete, el gobierno
se comprometió a pagar los honorarios de un abogado
para que defienda a los indígenas en este caso "porque
no hay confiabilidad en los abogados de la PA".
Castellano recordó que en la comunidad Coloradas de los Chávez,
donde también la gente de Raúl Aguirre y mestizos realizaban
explotación maderera, se logró que la Profepa
suspendiera la actividad forestal mediante un amparo
presentado por Pino Gordo como comunidad de hecho. .
Reconoce PAN labor de Javier Usabiaga. (El Correo Guanajuato, Violeta González, p.web)
El Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional entregó un reconocimiento al
precandidato por el gobierno del estado de Guanajuato,
Javier Usabiaga Arro- yo, “sí, es un espaldarazo a su trabajo, como un experto
en el tema rural e indígena dentro del PAN”, dijo Geraro
Priego Tapia, secretario de
Vinculación con la Sociedad.
En contraste, Usabiaga Arroyo, ex secretario de Agricultura, negó que la
presea signifique “una línea velada” hacia la militancia
guanajuatense por parte del CEN. Incluso, argumentó
que el reconocimiento está fechado el 22 de septiembre,
“todavía ni me inscribía como precandidato a la gubernatura”,
y que no se le pudo entregar por el accidente donde
murió el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón
Martín Huerta.
En la sede nacional del PAN, en
la sexta reunión nacional del Con- sejo
de PLANTAR, ante los 30 miembros, Javier Usabiaga
Arroyo recibió una presea en cristal, donde Priego
Tapia, a nombre de Manuel Espino Barrientos,
líder nacional, dijo: “Estás considerado como el mejor
secretario de Agricultura del país; el mejor por su
éxito y dispo- sición,
por tu valiosa aportación de estrategias como consejero
funda- dor y como panista distinguido”.
PLANTAR es un modelo de participación
rural desarrollado por el CEN del PAN que sintetiza
la estra- tegia rural del partido,
entre sus objetivos destacan el sembrar la doctrina
del instituto político en el campo y cultivar liderazgos.
Incluso, Priego
Tapia desglosó que de los puntos estratégicos están
la electoral a nivel nacional en las zonas rurales e
indígenas, para comunicar, contagiar y trabajar con
la sociedad con la doctrina y los valores del partido.
PLANTAR se concibió hace 2 años
y 3 meses, pero finalmente se instituyó hace un año
y medio, plati- có Priego
Tapia. Es la primer vez que entregan una presea como
esta y obedeció a que: “don Javier es el primero que
tiene que retirarse, por este tema de la contienda –como
precandidato al gobierno de Guanajuato-. Tenemos consejeros
muy comprometidos, que siguen muy activos con nosotros”.
Y a nombre del Consejo dijo que:
“Estamos muy a gusto, muy agradecidos porque después
de muchísimo tiempo, en 66 años que trabajara el PAN
con las zonas rurales del país, no había una estrategia
institucionalizada para hacer una directriz; él –Usabiaga
Arroyo- fue una parte clave para lograrlo”.
De los objetivos sociales que tiene
PLANTAR está lograr un esfuerzo subsidiario para el
progreso del campo, donde cada ciudadano sea constructor
del bien común que promueva permanentemente el desarrollo
rural sustentable.
Al respecto, Usabiaga
Arroyo precisó que “sin intención de coptación
política, con PLANTAR se está logrando una nueva sociedad
rural, donde permea la equidad y la justicia, las oportunidades para el
campo, donde sobre todo está la recuperación de la dignidad”,
ello dijo, a través de la autogestión y con el abatimiento
del corporativismo.
Ya en rueda de prensa, Usabiaga Arroyo contestó a pregunta expresa si este reconocimiento
resultaba un espaldarazo claro del CEN a su candidatura
por el gobierno del estado de Guanajuato, “No, no tiene
nada qué ver una cosa con la otra, yo creo que este
reconocimiento fechado el 22 de septiembre, todavía
no me inscribía yo como precandidato a la gubernatura,
no se pudo hacer ese día; sencillamente por el asunto
del desafortunado accidente que sufrió nuestro amigo
y compañero Ramón Martín Huerta”.
Y se le insistió si acaso no implicaba
una línea velada para los militantes por parte del CEN
y Usa- biaga Arroyo acotó: “En el PAN no hay línea velada, todas
las líneas son claras; lástima que nuestro presidente
nacional esté en reu- nión, si no, vendría a decirlo
con toda claridad y con toda realidad”.
Por lo que Priego
Tapia añadió: “Sí es un espaldarazo a su trabajo, como
un experto en el tema rural e indígena, dentro de la
actividad del Partido de Acción Nacional, es claramente
un reconocimiento a un trabajo que ha hecho por nosotros
por año y medio en su calidad de panista
distinguido”.
Invitados al evento
En la entrega de la presea para
Javier Usabiaga Arroyo, estuvo
como invitada Margarita Zavala, esposa del candidato
a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
quien no forma parte del Consejo de PLANTAR, pero mostró
su reconocimiento al esbozar sonrisas por los discursos
que se emitieron, asintió y felicitó al precandidato
de Guanajuato por su trabajo con la zonas productivas,
rurales e indígenas en el país.
Incluso en su discurso ante el
Consejo, Usabiaga Arroyo dijo
que como precandidato tenía “una nueva ilusión para
seguir sirviendo a mi Patria, desde una trinchera diferente
ojalá y la consiga; porque es claro que gobernar bajo
los principios del Acción Nacional es posible satisfacer
a la sociedad”.
Y refrendó su respaldo a Felipe
Calderón Hinojosa para ganar la contienda nacional,
“Margarita, dale un abrazo y dile que sí queremos verlo
como presidente”.
Además de los 30 consejeros, el
acto lo atestiguaron también funcionarios panistas
como Francisco Mayorga, secretario de Agricultura; Florencio
Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria; Francisco López
Tostado, subsecretario de Agricultura y Norberto Roque
Villanueva, subsecretario de agro negocios en Sagarpa;
También estuvieron Carla Rochín, diputada federal por Salamanca y Elìzabeth Yáñez Robles, diputada
por Celaya.
Organizaciones campesinas
Campesinos denuncian ilícitos de la Conafor. (La Jornada, p.web)
Organizaciones campesinas advirtieron que la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) busca establecer
una central única de silvicultores a través de la cual
pretende privilegiar la entrega de apoyos para el próximo
año, lo cual consideraron una "actitud oportunista"
que dejaría a gran número de productores fuera de los
programas de asistencia. La dependencia interpretó la
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable a su conveniencia,
ya que pretende intervenir en la formación de las organizaciones
regionales, estatales y de una central única nacional
de silvicultores, utilizando como medida de coacción
para los ejidos, comunidades y pequeños propietarios
la versión de que quienes no se afilien a estas agrupaciones
no van a recibir apoyos el próximo año, señalaron la
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales,
la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería
Comunal y la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades
Forestales.
Unos 4 mil campesinos exigirán hoy más presupuesto
a diputados. (La Jornada, Matilde Pérez,
p.web).
Acompañarán a líderes de organizaciones a San Lázaro.
Inmersos en un ejercicio de autocrítica, pero también de enojo
por el incumplimiento del presidente Vicente Fox
al Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), al menos 4
mil campesinos acompañarán hoy a dirigentes de sus respectivas
organizaciones a la Cámara de Diputados para pedir un
incremento de entre 10 y 20 mil millones de pesos a
la propuesta de presupuesto para el agro.
Los líderes de las 13 organizaciones del Congreso Agrario Permanente
(CAP), del Frente Nacional de Organizaciones Campesinas,
Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Consejo
Nacional Agropecuario (CNA), Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, entre otras, acordaron realizar
una movilización para "sensibilizar" a los
diputados para que nuevamente consideren al agro como
prioridad nacional en la discusión de modificaciones
al presupuesto que envió el presidente Fox.
Álvaro López Ríos, coordinador en turno del CAP, habló del
disgusto campesino porque los problemas, lejos de atenuarse,
se han agudizado por la carencia de una política agropecuaria
y la falta de respeto a los acuerdos firmados en abril
de 2003, en cuyo numeral 244 se reconoce el valor estratégico
de dicho sector para la economía nacional, y se fija
el compromiso de destinar presupuesto gubernamental
integral creciente en términos reales, suficiente y
responsable para ir reduciendo las asimetrías que enfrenta
el sector rural.
El presidente Fox quitó 9 mil millones
de pesos al campo en su propuesta de presupuesto para
2006, cuando su compromiso fue que las asignaciones
serían crecientes, apuntó Ignacio Irys Salomón, dirigente de una de las fracciones de la Coalición
de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.
"La esperanza es que los legisladores lo puedan
acomodar y aumentar por lo menos 10 mil millones de
pesos."
Irys Salomón consideró que no sólo se trata
de lograr más dinero para el campo, sino que las organizaciones
mantengan mayor vinculación con sus representados y
sostengan los proyectos logrados, porque "nos hemos
convertido como los carros urbanos: llenos en cinco
cuadras y vacíos en 10, debido a esa falta de continuidad
y a la búsqueda continua de nuevas acciones sin consolidar
los logros".
Esa situación, abundó, ha provocado "desconcentración
de las organizaciones frente al Estado y a las empresas
corporativas; se han desaprovechado los pocos recursos
entregados".
El CNA -organismo que agrupa a los agroempresarios-
consideró que se deben otorgar 22 mil 269 millones de
pesos más al presupuesto para la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
redistribuir los recursos para el programa de apoyos
directos e ingresos objetivo de los granos, entre otros.
"De no asignarse 7 mil 570 millones de pesos más
a éste, se corre el riesgo de que se agudicen aun más
los problemas de comercialización durante las épocas
de cosecha."
Prensa Estatal
GUERRERO
Diálogo hoy entre 2 pueblos de Guerrero que disputan
tierras. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web).
Chilpancingo, Gro. Después de reconocer
que vivieron tres días de tensión "extrema",
los indígenas de las comunidades de Moyotepec,
municipio de Malinaltepec, y de El Capulín, municipio de Tlacoapa, quienes se disputan 456 hectáreas de tierra, "finalmente
se les pudo convencer para iniciar este martes un diálogo
en la capital", aseguró Eduardo Murueta
Urrutia, procurador de Justicia. El funcionario indicó
que desde el sábado pasado, cuando comuneros de Moyotepec
incendieron 49 viviendas de
El Capulín, Joaquín Juárez, fiscal en esa región, se
trasladó a la zona, pero apenas la noche del domingo
pudo convencer a los dos grupos de campesinos mixtecos
para dialogar.
Latente, enfrentamiento entre comuneros por predio
en disputa. (Novedades de Acapulco,
Antonio Jiménez, p.web).
A pesar de que se firmó una minuta
de acuerdos entre comuneros de El Capulín y Moyotepec,
"los machetes se encuentran listos" en caso
de que las autoridades federales y estatales no logren
solucionar el conflicto que enfrenta a ambas localidades
de la región de la Montaña por la posesión de 450 hectáreas
de tierra.
Luego de que la madrugada del pasado
sábado, habitantes de El Capulín acudieron a Moyotepec
armados con machetes y escopetas, y quemaron 49 viviendas
de esta última comunidad, la tensión persiste en ambas
comunidades pertenecientes a los municipios de Tlacoapa
y Malinaltepec, respectivamente.
De acuerdo con las declaraciones
de Constantino Angeles Flores,
comisario de la localidad de Moyotepec,
el sábado por la tarde se acordó con los comuneros de
El Capulín, que celebrarían una reunión el próximo martes
en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno,
con el fin de avanzar en la solución del conflicto agrario
que protagonizan.
Sin embargo, Angeles
Flores alertó que "los machetes están listos"
para el momento en que los habitantes de la localidad
de Tlacoapa quieran volver
a agredir a los vecinos de Moyotepec.
El representante comunal afirmó
que "no se van a dejar" que les arrebaten
sus tierras e insistió en que están dispuestos a defenderlas
a como dé lugar.
MORELOS
Protección a sus predios, piden ejidatarios de
Tetela. (La Jornada de Morelos,
Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Un nuevo “foco rojo”
podría surgir en la comunidad de Tetela
del Monte, en donde por la pasividad del gobierno estatal,
quien se ha negado a proteger las zonas ecológicas,
campesinos y políticos pretender concretar la venta
de 211 hectáreas de tierra. Por su parte, ejidatarios
demandaron la intervención de la policía para preservar
esa zona y recuperar las instalaciones del comisariado
ejidal que fueron tomadas por Guillermo Tejeda
Figueroa, principal promotor de invasiones y venta de
las parcelas.
Ayer llegaron al palacio de gobierno los ejidatarios de esta
comunidad para exigir al gobierno el respaldo necesario
para que sus tierras no sean objeto de invasión y comercialización
por parte de campesinos, fraccionadores profesionales y políticos del PRI y PRD. Laureano
González Torres, Manuel Quijano Valencia, Raúl Solórzano
Flores y Miguel José Aranda García, se presentaron a
la subsecretaría de Gobierno para solicitar de manera
oficial el cambio de dirigente del Comisariado
Ejidal de Tétela del Monte, que en las elecciones del
pasado fin de semana llevaron al triunfo a Supertino
Arturo González.
Entregaron el documento avalado por la asamblea de ejidatarios,
con la finalidad de que “ninguna otra persona se presente
ante el gobierno como presidente de los bienes ejidales”,
pero fundamentalmente para evitar que se dé paso a la
venta de 211 hectáreas de zona común de esa demarcación.
Los campesinos aprovecharon para denunciar que el grupo de
desestabilizadores, encabezado por Guillermo Tejeda
Figueroa, tras la elección campesina, se apoderaron
de las instalaciones ejidales para tener el control
de las actividades ejidatarias y poder concretar la
venta de la parcela “común”. Denuncian públicamente
a un hijo de un ex alcalde de Cuernavaca, de nombre
Julio Mitre Cendejas, quien
en sociedad con la precandidata a la presidencia municipal
de Cuernavaca por el PRD, a través de un fideicomiso,
pretenden invadir, lotificar
y vender las 211 hectáreas para presumiblemente proyectos
habitacionales.
Por este par de motivos, los campesinos de Tetela del Monte acudieron a las instancias gubernamentales
para que reconozcan inmediatamente al nuevo representante
de los bienes ejidales; que envíen a la Policía Preventiva
para recuperar las instalaciones ejidales en manos de
Guillermo Tejeda Figueroa,
debido a que puede extraer documentos para avalar la
compra venta de tierras; que no permita la invasión
y notificación de las 211 hectáreas de la “parcela común”,
a través de la instalación de un operativo policial
que resguarde la zona y, finalmente, que los funcionarios
estatales y federales atiendan todas las demandas que
los campesinos han presentado y que sólo buscan proteger
y resguardar Tetela del Monte,
finalizaron ayer en su visita al palacio de gobierno.
Morelos: piden ejidatarios les regresen sede de
comisariado. (La Jornada de Morelos,
p.web).
Cuernavaca, Mor. Ejidatarios de Tetela del Monte, comunidad ubicada al norte de esta capital,
demandaron la intervención de las autoridades y la policía
para preservar 211 hectáreas de su propiedad y recuperar
las instalaciones del comisariado ejidal que fueron tomadas el pasado fin
de semana por Guillermo Tejeda,
a quien señalaron como "principal promotor de invasiones
y venta de las parcelas, para desarrollar un fraccionamiento".
Al llegar a palacio de gobierno, los quejosos advirtieron
que por esta situación su comunidad se ha convertido
en foco rojo. Acudieron a la Subsecretaría de
Gobierno para notificar que el nuevo líder del comisariado
ejidal de Tetela del Monte,
tras las elecciones de este fin de semana, es Supertino
Arturo González.
Labriegos de la entidad piden desaparezca CNC. (La Jornada de Morelos, Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Mientras campesinos
pidieron la desaparición de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) porque no ha apoyado a los agricultores
y sólo ha servido de “trampolín político”, otro grupo
de militantes priístas convocó a la dirigencia nacional
cenecista a que emita la convocatoria para la elección del
dirigente estatal de la CNC Morelos. Por su parte, unos
190 comisariados ejidales
destaparon al diputado Gustavo Rebolledo para que sea
quien ocupe ese puesto.
Ayer arribaron a las oficinas de la CNC Morelos hombres del
campo de Tlalnepantla, Cuautla
y Xochitepec, para solicitar
de manera oficial la desaparición de ese sector porque
en los últimos nueve años, sólo ha servido para los
intereses de algunas personas. Fidencio
Beltrán González, Román Ulises Juárez, Mario Jiménez
y Roberto Suárez García, dijeron que quienes han sido
secretarios generales de la CNC han sido beneficiados
con candidaturas a diputaciones y presidencias municipales.
Denunciaron que después de haber sido el principal sector político
en Morelos, hoy la CNC es un “esqueleto viviente” que
se encuentra a punto de la extinción; dijeron que el
saqueo no sólo fue político, sino que quienes pasaron
por las dirigencias lograron riqueza económica y en
propiedades. Demandaron que todas las instalaciones
de la CNC Morelos sean vendidas y que los recursos económicos
que se obtengan sean utilizados para apoyar a los productores
del campo en créditos para producir la tierra.
Por su parte, Delfino Toledano Alfaro,
ex dirigente de la CNC, manifestó que ya hubo una reunión
de trabajo entre la dirigencia nacional de central y
las personas que tienen en su poder las instalaciones
locales cenecistas, con la
finalidad de buscar un acuerdo para que éstas sean liberadas.
Manifestó que es necesario que los campesinos adheridos a la
CNC se integren para combatir al enemigo que está afuera,
por lo que los invitó a sumar fuerzas para volver a
tener un sector fuerte. No dejó pasar el momento para
poner en la mesa su aspiración de poder volver a participar
como aspirante a la dirigencia cenecista.
Mientras tanto, una comisión de campesinos de los 33 municipios,
en representación de 190 comisariados
ejidales, se manifestaron porque
el diputado Gustavo Rebolledo sea el próximo dirigente
de la CNC, ya que cumple con los requisitos; se sumaron
ingenieros agrónomos de varias municipalidades para
respaldar al legislador, ya que siempre ha cumplido
sus compromisos, dijo Saúl López Jiménez.
Por este motivo, llamaron a la dirigencia nacional de la CNC
a que a la brevedad emita la convocatoria para la elección
del dirigente cenecista morelense, luego de que Albino Franco Escobar, termine
su gestión el próximo mes de diciembre.
OAXACA
Ejidatarios zapotecas denuncian acoso por oponerse
a planta eólica en Oaxaca. (La Jornada, Rosa Rojas,
p.web).
Los afectados argumentan que al construir la central
La Venta I se dañó el ecosistema.
Ejidatarios zapotecas del Grupo Solidario de La Venta (GSLV),
municipio de Juchitán, Oaxaca,
que se oponen a la construcción de la central eólica
La Venta II, mediante la cual la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y la trasnacional Gamesa-Iberdrola
pretenden instalar 98 aerogeneradores en sus tierras,
denunciaron amenazas del delegado de gobierno estatal
en el Istmo de Tehuantepec, Carlos Gómez, quien les
habría dicho "mientras Ulises Ruiz sea gobernador
los proyectos se van a realizar y no vamos a permitir
caprichos de campesinos".
El gerente de la central eólica La Venta I de la CFE, Carlos
García, informó que la paraestatal ya entregó 2 millones
de pesos al municipio de Juchitán,
cuyo presidente es Alberto Reina, por el permiso de
construcción de la central. El mismo funcionario, añadieron,
está ofreciendo 3 mil pesos a cada ejidatario "para
la firma del contrato de construcción a espaldas de
la asamblea" ejidal.
El citado GSLV lo conforman 80 ejidatarios dueños de 800 hectáreas
que están consideradas dentro del polígono de las mil
310 hectáreas del proyecto eólico La Venta II, es decir,
más de 50 por ciento de las tierras necesarias para
su edificación, quienes aseveraron en un comunicado
(La Jornada, 31 de octubre de 2005) que no fueron
informados ni consultados para el mismo, por lo que
declararon que el proyecto "no podrá ejecutarse".
El grupo informó que a raíz de su primer comunicado y ante
la urgencia de los gobiernos estatal y federal por iniciar
la construcción de La Venta II, el día 2 de noviembre
el agente municipal de La Venta entregó 50 citatorios
personalizados a "ejidatarios inconformes"
signados por el delegado Carlos Gómez, citándolos para
el viernes 4 de noviembre. A la reunión acudieron siete
ejidatarios en representación del GSLV "con el
propósito de dejar claro que cualquier diálogo debe
hacerse en La Venta y en un lugar neutral sin la presencia
del gobierno del estado, dado que se trata de un proyecto
federal, ni tampoco del comisariado
ejidal al que desconocemos como autoridad".
Indicaron que la reunión tuvo una duración de tres horas, en
las que prevaleció "una actitud de prepotencia
e intolerancia por parte de los funcionarios",
en especial del propio delegado de gobierno, Carlos
Gómez, quien en presencia de la comisión de desarrollo
social y de la comisión de estudios ambientalistas de
la CFE los amenazó a gritos, en tanto que el gerente
de La Venta I, Carlos García, a su vez amagó
con interponer ante los tribunales demandas personalizadas
contra ejidatarios "por incumplimiento de contratos".
Ante ello los campesinos responsabilizaron a la CFE del "hostigamiento
jurídico y de cualquier acto de intimidación o represión"
en su contra por oponerse al proyecto eólico La Venta
II. Aseveraron que no los van a poder comprar ni embaucar
"con convenios llenos de vicios en el proceso de
contratación y de lagunas legales que los campesinos
no podemos dilucidar".
Manifestaron, asimismo, su indignación por que aún existiendo
el conflicto social generado por el desarrollo del Corredor
Eólico del Istmo, en específico de La Venta II, en la
sesión del 26 de octubre de la Cámara de Diputados "fue
aprobado un presupuesto por el monto de mil 650.3 millones
de pesos para la generación de 100 megawatts
en La Venta III, derivado de modificaciones al artículo
5 de la Ley de Ingresos de la Federación".
Subrayaron que como comunidad y ejido de La Venta lo que les
interesa es un proyecto incluyente y sustentable que
sirva a su pueblo, "y no a los intereses políticos",
evitando impactos negativos sobre sus tierras como sucedió
en 1974 y 1975, cuando afirmaron, tierras del ejido
en la parte norte fueron desmontadas y deforestadas,
provocando las más grandes inundaciones de La Venta
en 1978 y 1979.
"Entonces no teníamos la conciencia ecológica que hoy
tenemos. Si permitimos proyectos tan grandes como los
industriales, como el eólico, seguiremos teniendo este
tipo de problemas; ya lo vivimos con el proyecto piloto
de La Venta I, cuya construcción desvió el cauce de
las aguas y no se planificó su desagüe, lo que ha provocado
que los terrenos vecinos a la central sufran severas
inundaciones dañando los cultivos", indicaron los
miembros del Grupo Solidario de La Venta.
Cartones
En otras palabras · Magú
Damnificados de mar de plata · Rocha
Haciendo el amor · Hernández
Mal agradecidos Naranjo
Dos alegres compadres Helioflores
