CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Exigen renovar Fovissste

Ven anacrónicos el control sindical y sistema de sorteos para otorgar créditos

 

 

Observadores amplían vigilancia electoral

IFE, UNAM y ONU ponen en marcha proyecto

 

México no necesita experimentos: Fox

Llama el Presidente a elegir en el 2006 una opción que no de “marcha atrás”

 

Baja más de 60% la deuda del IPAB

El saldo actual representa la quinta parte del monto de 2004

 

Convierten al Cisen en superespía de ciudadanos

Acceso ilimitado a datos privados

 

AMLO va 10 puntos arriba de Madrazo; Calderón se dispara

La ventaja de AMLO y el PRD sobre Roberto Madrazo aumentó de dos a tres millones y medio de votos en dos meses. Felipe Calderón se disparó tres millones de votos respecto de Creel.

 

Cóctel de heces, virus y bacterias, el agua del DF

Por falta de mantenimiento del GDF las aguas residuales se mezclan con la potable: investigador de la UAM.

 

Contra viento y marea, Everardo se mantiene

Tajante rechazo a declinar por Madrazo. Estoy en esto “hasta el final”: Moreno

 

Otorgan 120 amparos a narcos desde el 2000

Son datos de la SSP federal; Osiel y Arellano entre los beneficiados

 

Secretarios montielistas: 123 propiedades y 3mdd

El ex titulas de Finanzas, Luis Enrique Miranda, posee 123 inmuebles

 

Sector agrario

 

La Grilla. (Diario de Tampico, p.web).

Que el panista tampiqueño Sergio Meza López, delegado de la Procuraduría Agraria en Tamaulipas, llevará como fórmula a Martha Chávez del municipio de Villagrán, con quien espera tener buenos resultados en la contienda interna del PAN por el Senado. A Meza se le recuerda por una contienda gris por la presidencia municipal de Tampico.

 

Relatan arbitrariedades del comisariado ejidal. (Diario del Istmo, Carlos Delgado, p.web).

Ejidatarios inconformes con la directiva que preside Miguel Ángel Salomé Cruz en el ejido Cosoleacaque, relataron el rosario de abusos y arbitrariedades en que ha incurrido dicho representante.

Acayucan, Ver.

Alfonso Martínez Torres, acusó que Miguel Ángel Salomé Cruz intentó destituirlo como vocal comunitario de Procampo, en una asamblea celebrada el día 31 de enero, pero de acuerdo con su dicho, la mayoría de los 352 procampistas se opusieron.

Por su parte, Benito Torres Mateo, además de haber sido denunciado, dijo que el presidente del comisariado ejidal y su directiva le cerraron un paso de servidumbre que da acceso a su parcela y de lo cual mostró al reportero una copia de un convenio firmado el día 27 de junio de 1990.

“Mi parcela se encuentra en el predio San Román, llevo dos meses incomunicado y se echaron a perder mis cosechas de hortalizas y ya puse la denuncia ante el Ministerio Público por los daños que corresponden”, destacó, al tiempo de señalar que uno de los que participó fue el espurio presidente del consejo de vigilancia, Epifanio Torres.

En su turno, la señora Maximina Torres Lázaro, aseguró que en contubernio con la directiva del comisariado ejidal, su hija Margarita Luna Torres y las hijas de ésta, Hilda y Elizabeth Luría Luna, hace dos años la despojaron de su casa de material de concreto, localizada en la calle Moctezuma del barrio segundo de Cosoleacaque.

Javier González Martínez aseguró que el día jueves llegó a su domicilio el secretario del comisariado, Orlando Ramírez Cruz, para advertirle que le diera 100 pesos para dar de baja a su difunto padre y si no se los daba, perdería la parcela que está en trámites para adjudicársela el quejoso.

Caso Independiente

Por su parte, otro ejidatario pero éste de Yatepec, municipio de Sayula de Alemán quien dijo llamarse Flavio Martínez Huevo, aprovechó la presencia de los ejidatarios inconformes de Cosoleacaque para hacer pública su denuncia en contra de la residente de la PA, Mónica Sandoval.

Dijo que ella se ha negado desde hace 20 días a entregarle una copia de un censo actualizado y un convenio de compra venta que se hizo a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero “ella me dice que no tiene los documentos para entregármelos, pero la presidenta del comisariado ejidal Olivia Cisneros Colmenares, me manda para acá”, por lo qué según él, en la residencia de la PA están incurriendo en actos de corrupción.

 

Adverso para el campo, el presupuesto 2006: CNC. (La Jornada, Elizabeth Velasco, p.web).

Solecito Pide a diputados priístas no aprobar el proyecto.

En reunión con diputados del PRI, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, se manifestó por rechazar de manera ''contundente'' el proyecto de presupuesto 2006 para el campo, en virtud de que la propuesta presidencial es menor en 17 mil 844.3 millones de pesos en relación con 2005, al establecer una partida total de 137 mil 575.6 millones.

''Es inadmisible que ante todos los desastres naturales, la sequía en el norte y las inundaciones en el sureste de la República, el gobierno de Vicente Fox muestre desdén e indiferencia y vuelva a faltar a sus compromisos signados", dijo, tras subrayar que con esa reducción deja desprotegidos a 80 por ciento de los productores rurales.

El líder cenecista demandó al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Emilio Chuayffet, y al líder del tricolor, Mariano Palacios Alcocer, que ''levanten la voz para rechazar esta brutal e inaceptable afrenta'', además de que la propuesta del Ejecutivo viola la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Acuerdo Nacional para el Campo, y constituye una ''agresión'' al sector campesino.

En el cónclave, en la sede de esa central, legisladores y dirigentes de esa central hicieron una evaluación de las afectaciones que traerá la disminución del presupuesto para el agro, entre las que sobresalen la ''prácticamente eliminación'' de la Alianza para el Campo, al quitarle 7 mil 640 millones de pesos, es decir, 94 por ciento de su presupuesto, además de que "desaparecen" los apoyos al sector ganadero con la reducción de 60 por ciento de los recursos dirigidos a esa actividad.

Asimismo se reduce en 22.5 por ciento el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo cual significa dejar de contar con 10 mil 916.9 millones de pesos.

Ramírez López aseguró que con el ajuste el gobierno del presidente Vicente Fox quiere desaparecer de ''un plumazo'' fondos y programas sustantivos, entre ellos el de contingencias climatológicas; los fondos de apoyo a la competitividad de las ramas productivas, de apoyo a las organizaciones sociales, agropecuarias y pesqueras, y los regionales de combate a la pobreza.

Asimismo se afectan programas como el Apícola, el de Empleo Temporal y el Pesquero, así como el Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural; la Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas, y el Sistema Financiero Rural.

Recortes en otras áreas

No suficiente con ello, agregó, a la Secretaría de la Reforma Agraria le quitan mil 987.35 millones de pesos, lo cual equivale a 40.9 por ciento menos de su presupuesto actual, con el consecuente riesgo en la continuación de planes como fondo de apoyo a proyectos productivos, subprograma de conciliación agraria, fomento y organización agraria y programa de la mujer en el sector agrario, los cuales, en conjunto, representan mil 413.8 millones de pesos.

También se prevé la reducción del presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un 35 por ciento, lo que significa que habrá 2 mil 974.2 millones de pesos menos que este año para el Programa Forestal y los subprogramas de desarrollo de áreas de riego y el de áreas de temporal. Además de que también le redujo 48.4 por ciento el presupuesto para infraestructura hidroagrícola, por lo que se dispondría de 2 mil 471.7 millones de pesos menos que en 2005.

También a Economía se le disminuye en 52 por ciento el presupuesto, siendo el Fondo Nacional para Empresas Sociales (Fonales) el más afectado, y desaparecen programas como el de apoyo al desarrollo empresarial y el de capacitación para empresas sociales, en tanto que en la Secretaría de Desarrollo Social pierde en 40.2 por ciento y 49.3 por ciento los programas de opciones productivas y adultos mayores en zonas rurales.

"Hoy más que nunca -dijo el líder cenecista-, la política de Vicente Fox está muy alejada de los campesinos de este país", y lo peor es que los abandona cuando el campo es una zona de desastre nacional.

Ante los diputados priístas Jesús Morales Flores, coordinador de la diputación campesina del tricolor, así como Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, e Hilaria Domínguez, Julián Nazar y Lázaro Arias, destacó que esa Cámara "es responsable de replantear la propuesta presidencial, pues tampoco considera los programas y recursos para la transición prevista en el propio Tratado de Libre Comerció de América del Norte".

Tras señalar que es claro que el campo mexicano no es una prioridad del gobierno foxista, dijo que los campesinos no aceptarán "migajas o limosnas", y exigió que al menos se promueva un aumento de 35 mil millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo, "tan sólo para restituir los programas no ejercidos este 2005 y mantenerlos en el ejercicio próximo".

 

Impiden labriegos mayas comenzar obras del aeropuerto de Mérida. (La Jornada, Luis A. Bonfil, p. web)

Solecito Armados con palos y machetes bloquean ingreso de maquinaria pesada para desmontar inmuebles.

Solecito Inviable cualquier trabajo en terrenos; campesinos se ampararon en busca de mejor precio: su asesor legal.

Mérida, Yuc., 6 de noviembre. Alrededor de cien campesinos mayas de la comunidad de Oxcum, municipio de Umán, armados con palos y machetes, impidieron esta madrugada que empleados del especulador inmobiliario Antonino Almazán Arteaga -contratado por el gobierno estatal para comprar tierras a precios muy bajos- ingresaran con maquinaria pesada a terrenos para comenzar el proceso de desmonte de inmuebles donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de Mérida.

Los indígenas, quienes vendieron sus terrenos por hectárea, a 70 centavos el metro cuadrado, bloquearon el paso a los enviados de Almazán Arteaga y amenazaron con enfrentarlos en caso de que quisieran penetrar por la fuerza.

El abogado William Santos Sáenz, quien asesora a los ejidatarios de Oxcum, indicó que sus defendidos promovieron un amparo que les fue concedido por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para demandar el pago de un mejor precio por sus tierras. Por lo anterior, el TUA prohibió la ejecución de cualquier trabajo en los terrenos.

El asesor legal informó que los empleados de Almazán Arteaga intentaron "madrugar" a los campesinos; comentó que una vez en las tierras "habría sido difícil desalojarlos", pero los labriegos frustraron la invasión al bloquear con palos y machetes el paso de los trabajadores. Al final los empleados se retiraron.

William Santos agregó que de persistir el conflicto sus representados recibirán en diciembre entrante el apoyo de campesinos de San Salvador Atenco, estado de México, quienes impidieron la construcción de un aeropuerto alterno al del Distrito Federal en sus tierras.

El problema yucateco es apenas un "hilo de la madeja" en el polémico proyecto Metropolisur, promovido con bombo y platillos por el gobernador panista Patricio Patrón Laviada, quien lo ha considerado la "obra más grande" de su sexenio, aun sin ser una realidad.

Metropolisur consiste en un vasto proyecto inmobiliario: construir un nuevo aeropuerto internacional de Mérida en terrenos de los municipios de Hunucmá y otra parte en Oxcum. Ambas poblaciones son colindantes y se ubican a menos de 20 kilómetros de la capital yucateca. Además se prevé la edificación de un museo de arte maya, un parque zoológico, amplias carreteras y viviendas para población de escasos recursos.

El proyecto, según estimaciones de Patrón Laviada, tendría un costo total de mil 450 millones de pesos, de los cuales mil 48 provendrían de un préstamo bancario que aún no se somete a consideración del Congreso del estado, aunque de los 25 diputados sólo los 12 panistas están a favor, mientras los 10 priístas, dos perredistas y uno del Partido Verde Ecologista están en contra, porque lo consideran un "plan inviable y bajo sospechas de ser un negocio entre amigos del gobernador Patrón Laviada".

En su momento los campesinos denunciaron que Almazán Arteaga, ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, les compró -por indicaciones del gobierno estatal- alrededor de 3 mil hectáreas de tierras a 70 centavos el metro cuadrado, pero después las revendió a 1.40 pesos al propio Ejecutivo estatal.

El argumento del mandatario es que contrató un "corredor financiero" para evitar la especulación de tierras.

 

Exige ONG resolver conflicto agrario entre dos comunidades guerrerenses. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).

Solecito Policías resguardan El Capulín, tras pasada incursión violenta.

Chilpancingo, Gro., 6 de noviembre. El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, exigió a los gobiernos estatal y federal que resuelvan el conflicto agrario que sostienen las comunidades tlapanecas de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y El Capulín, municipio de Tlacoapa, "antes de que sea demasiado tarde".

Entrevistado vía telefónica, Barrera Hernández comentó que Tlachinollan actualmente recaba información sobre los acontecimientos del sábado pasado, cuando incursionaron indígenas de Moyotepec y presuntamente incendiaron 49 viviendas de El Capulín, como parte de un conflicto agrario por el cual se disputan 456 hectáreas desde hace más de 120 años. "Nosotros vamos a fijar nuestra posición al respecto", adelantó.

En ese sentido, manifestó que a pesar de la presencia policiaca en la zona disputada, existe tensión entre habitantes de ambos poblados. "Aquí el problema es que no se ha dado un trato adecuado a ese conflicto agrario; esperamos que los gobiernos estatal y federal ahora sí intervengan. No es posible que pese a estos acontecimientos las autoridades se mantengan al margen, como si nada pasara", se quejó el activista.

A su vez, Eric Montúfar Mendoza, director de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero, informó que efectivos de su corporación, así como municipales y del estado, resguardan desde este sábado la región en conflicto.

Montúfar Mendoza confirmó que habitantes de Moyotepec que portaban machetes, palos y escopetas desalojaron el sábado a pobladores de El Capulín, pero rechazó que los primeros hubieran quemado las casas de los segundos.

El jefe policiaco añadió que representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno de Guerrero se trasladaron a El Capulín, para emprender pláticas con los dos grupos.

Ubaldo Neri, miembro del comisariado de El Capulín, anunció -en entrevista telefónica- que desde la noche del sábado arribaron a su poblado más de 400 comuneros del municipio de Tlacoapa, quienes "nos vienen a apoyar porque no vamos a permitir que los de Moyotepec nos quiten nuestras tierras".

 

Tensión en El Capulín después de la violencia del sábado. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.web)

Luego de que cien vecinos de Moyotepec quemaron casas y desalojaron a las familias de esa comunidad, comuneros armados llegan para impedir nuevas agresiones. Policías Ministeriales acompaña al agente del  MP a levantar las diligencias, informa Montúfar.

Chilpancingo.

Luego de que unos 100 comuneros armados de Moyotepec, en Malinaltepec, quemaron casas y desalojaron con violencia a las familias de El Capulín, en Tlacoapa, la mañana del sábado, se trasladaron para mediar entre las partes del conflicto por la secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Gatica, ex comisionado para la atención de los focos amarillo, y por el gobierno estatal el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca.

Por su parte, el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Érit Montúfar Mendoza, informó ayer que un grupo de esa corporación policiaca acompaña al Ministerio Público que levanta las diligencias de los hechos.

Entrevistado vía telefónica, uno de los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de Tlacoapa, Ubaldo Neri, relató que comuneros de Tlacoapa se trasladaron a la localidad de El Capulín ayer en la noche, para impedir nuevas acciones violentas de los campesinos de Moyotepec, lo que aumentó el ambiente de tensión, pues se temía un enfrentamiento.

Añadió que, sin embargo, los riesgos de violencia disminuyeron, porque llegaron refuerzos de la policía de Seguridad Pública estatal e Investigadora Ministerial, quienes ayer al mediodía mantenían el control en la localidad de El Capulín.

Mientras tanto, en la delegación de la Procuraduría Agraria (PA) se expuso que desde el sábado se encuentran en la localidad de El Capulín, Juan Gatica, y Esaú Tapia.

Se detalló que los funcionarios tratan de llegar a acuerdos entre los comuneros de Moyotepec y Tlacoapa que se disputan 456 hectáreas de tierras comunales.

Sin embargo, Ubaldo Neri indicó que el problema no es la falta de diálogo, si no la cerrazón de los comuneros de Moyotepec, quienes desde agosto pasado hostigan a los habitantes de El Capulín, localidad ubicada en las tierras en conflicto, para que abandonen el lugar.

El representante comunal dijo que después de que llegó la policía y los funcionarios de la SRA y de la subsecretaría de Asuntos Agrarios en el estado, las familias que fueron desalojadas de El Capulín, la mañana del sábado regresaron a la localidad.

Advirtió que la paz y tranquilidad dependerá de los acuerdos a que lleguen las autoridades con las dos partes en conflicto, porque los comuneros de Tlacoapa, ya no están dispuestos a permitir atropellos contra los habitantes de sus Bienes Comunales y que incluso la noche del domingo cuando se enteraron de la quema de casas y del desalojo de las familias del Capulín, unos 400 de Tlacoapa se trasladaron a ese lugar a fin de cobrar venganza contra los comuneros de Moyotepec.

Ubaldo Neri informó que afortunadamente cuando llegaron ya había presencia policiaca y se encontraban también los funcionarios de la SRA y de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal que buscaban llegar a acuerdos, para cuando menos distensar el conflicto.

 

Aceptan las autoridades de Ocoapa una tregua y la liberación de los retenidos, informa la SRA. (El Sur, Redacción, p.web).

El 8 de noviembre habrá una reunión en la que participarán representantes de ese dependencia y del gobierno del estado, para buscar una solución al conflicto, dice un boletín

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó en un boletín de prensa que la noche del sábado se firmó una minuta con el presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano, y el Gobierno del estado, donde se convino la liberación de las personas que fueron retenidas ese día y se estableció una tregua para que el 8 de noviembre la comunidad de Tlacoapa de a conocer su posición ante la propuesta presentada a la 1 de la tarde.

En el boletín, la SRA indica que este día habrá una reunión en la que participarán representantes de ese dependencia y del gobierno del estado, para buscar una solución al conflicto.

Además, la SRA invita a las comunidades a privilegiar la paz social y el diálogo por encima de los enfrentamientos.

Manifiesta “que la solución de los conflictos sociales agrarios, como ha quedado en evidencia, está sujeta a la disposición de los grupos para llegar a acuerdos. Prueba de ello son casos como éste en donde se ha buscado durante ya mucho tiempo y con diversas propuestas la conciliación de las partes sin que hasta el momento se haya podido llegar a un acuerdo definitivo”.

En el boletín, la SRA responde a las declaraciones del presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Fortunato Aguilar Cruz, y de su asesor Evencio Romero al periódico Reforma, sobre los hechos.

La SRA asegura que El Capulín no pertenece a la comunidad de Tlacoapa, y que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– dictada en el juicio de inconformidad promovido por la comunidad– se determinó que las tierras en disputa no pertenecen a ninguna de las comunidades, hasta en tanto se resuelva conforme a derecho la controversia.

Acepta que hace 20 días la comunidad de Tlacoapa presentó una propuesta de solución al conflicto, que aseguran se hizo oportunamente a la comunidad de Ocoapa, misma que fue rechazada, debido a que únicamente han aceptado ceder los poblados de La Sabana y El Capulín.

Sin embargo, agrega que la comunidad de Tlacoapa pretende que adicionalmente se le entregue una superficie de 456 hectáreas de tierras de labor, lo que ha dificultado lograr la conciliación.

En cuanto a las declaraciones del asesor de comuneros de Tlacoapa, Evencio Romero Sotelo, quien culpa a la Secretaría de las agresiones por no sentar a las dos comunidades a negociar, en el boletín la SRA rechaza enérgicamente esa aseveración por faltar a la verdad.

Asegura que conjuntamente con el gobierno de Guerrero han celebrado más de 50 reuniones de trabajo con los representantes de ambas comunidades, tanto en la ciudad de México como en Tlapa, en Chilpancingo, en Acapulco, y en las propias zonas de conflicto de Ocoapa y Tlacoapa, unas por separado con cada grupo, otras con ambos, con la finalidad de resolver el conflicto a través del diálogo y la conciliación.

En la mayoría de las reuniones de negociación ha estado presente Evencio Romero Sotelo, sin embargo en las últimas reuniones no se ha presentado argumentando que está muy ocupado con el asunto de la presa La Parota.

 

El desalojo en El Capulín, consecuencia de las posturas “intransigentes”: Armando Chavarría. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

El conflicto sigue en la categoría de “foco amarillo”, dice el secretario de Gobierno.

Chilpancingo.

El desalojo violento de familias y la quema de viviendas en El Capulín por los comuneros de Moyotepec, del sábado, es consecuencia de las posturas “intransigentes” que han asumido los dos grupos que se disputan 456 hectáreas de tierra desde hace 120 años, afirmó el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.

Dijo que a pesar del incidente, para el gobierno del estado ese conflicto agrario que hay entre los campesinos de El Capulín, en Tlacoapa, y Moyotepec que pertenece a Malinaltepec, sigue en la categoría de “foco amarillo”, “porque hay una señal de alarma nada más, no ha habido algún enfrentamiento hasta este momento”.

Resaltó que el problema por la disputa de tierras entre comuneros de ambas localidades, “ha sido una, no de los más atendidos, por nosotros como gobierno del estado y por la misma Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hemos estado trabajando en ese asunto”.

“Pero, lo que pasa es que ese conflicto es añejo y además ha habido falta de voluntad por parte de ambos pueblos para llegar a un acuerdo, nosotros hemos realizado infinidad de reuniones, pero el asunto es complicado, porque hay posiciones muy cerradas”, aseveró.

Consultado ayer sobre el recrudecimiento de la disputa, Chavarría confirmó que los dos grupos de campesinos “estuvieron a punto de enfrentarse”, cuando los comuneros de Moyotepec llegaron a El Capulín para desalojarlos e incendiar sus casas.

Resaltó que si el conflicto se agravó “no es por falta de atención en el gobierno del estado, sino por las posiciones duras que hay entre ambos bandos, de nuestra ha habido toda las disposición y honestamente lo digo: ha sido uno de los conflictos que más atención ha tenido”.

Vía telefónica, indicó que desde el sábado, se trasladó al lugar de conflicto el subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, y el grupo de trabajo de la SRA “ahorita están allá buscando un acuerdo” entre los campesinos de ambos pueblos y resaltó que también el gobierno estatal envió “un gran número” de policías estatales y ministeriales “para que prevalezca el orden”.

A pregunta expresa, respondió que para esta administración la disputa de tierras en Ocuapa y Tlacoapa, sigue en una etapa de “foco amarrillo”, como lo ubica la SRA, pues aseguró que “sólo hay una señal de alerta, sabemos que está el peligro latente, pero la violencia no ha estallado”.

 

Tensión en La Montaña por conflicto de tierras. (Despertar de la Costa, p.web)

Chilpancingo, Gro.- La disputa de tierras no cesa entre comuneros de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, y de El Capulín, jurisdicción de Tlacoapa, en la región de la Montaña, debido a que la noche del sábado alrededor de cien campesinos de la primera circunscripción con machetes y armas de fuego en mano, desalojaron a familias y quemaron sus viviendas de la segunda en mención, lo que propició que los afectados fueran auxiliados por más lugareños, dejando latente un enfrentamiento sangriento.

Por lo que grupos de policías investigadores ministeriales y de preventivos estatales hicieron presencia en el lugar para evitar que corriera la sangre. Además de que ya se encontraban en la zona de conflicto una comisión de representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para la Atención de Focos Amarillos, encabezados por Juan Gatica, además del subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Esaú Tapia Abarca para buscar acuerdos con los comuneros y disipar el conflicto, informó en entrevista telefónica Urbano Neri, uno de los representante de los Bienes Comunales de Tlacoapa.

Los campesinos de Moyotepec y Tlacoapa mantienen una disputa ancestral de 456 hectáreas de terreno comunal, por lo que  Ubaldo Neri comentó que el conflicto no cesará si las autoridades no logran acuerdos favorables para las dos partes.

Aseguró que los comuneros de Tlacoapa, no permitirán más abusos en su contra por parte de los de Moyotepec, ya que abundó que cuando fueron avisados del desalojo de las familias y la quema de sus viviendas en El Capulín, campesinos de la cabecera de los Bienes Comunales afectados se trasladaron al lugar para hacer justicia por sus propias manos.

Por su parte, el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrell, informó que el Comisionado Especial para la Atención de Focos Amarillos de la secretaría de la Reforma Agraria (SRA),  Juan Gatica, se trasladó a la zona de conflicto desde el sábado por la tarde en compañía del subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Esaú Tapia Abarca, para lograr acuerdos con las dos partes pero no lo han logrado.(IRZA)

 

Exhorta la SRA a resolver en paz disputa de 456 hectáreas. (Milenio Diario, p.web)

La Secretaría de la Reforma Agraria hizo un llamado a las comunidades indígenas de Ocoapa y Tlacoapa para resolver pacíficamente el conflicto que viven por la disputa de 456 hectáreas de tierra.

Después de que alrededor de cien campesinos de Moyotepec incendiaran 49 viviendas de El Capulín, en Guerrero, la SRA precisó que, en efecto, por sentencia de la Suprema Corte de la Nación se determinó que las tierras en disputa no pertenecen a ninguna de las dos comunidades hasta que se resuelva la controversia.

Asimismo, respecto a las declaraciones que hiciera el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, respecto a que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no ha hecho nada para resolver el conflicto, la SRA precisó que ha celebrado más de 50 reuniones con el gobierno del estado de Guerrero y con los representantes de ambas comunidades con la finalidad de resolver el conflicto.

“En la mayoría de las reuniones ha estado presente el señor Evencio Romero Sotelo, asesor de la comunidad de Tlacoapa; sin embargo, en las últimas reuniones no se ha presentado, argumentando que está muy ocupado con el asunto de la presa La Parota”.

 

Comuneros quemaron casas y desalojaron a familias del El Capulín. (Pueblo, Zacarías Cervantes, p.web)

El riesgo del un enfrentamiento se diluyó pues llegó la Policía estatal.

y Ministerial a mantener el orden.

Luego de que unos 100 comuneros armados de Moyotepec, Malinaltepec, quemaron casas y desalojaron con violencia a las familias de El Capulín, Tlacoapa, la mañana del sábado, campesinos de Tlacoapa se trasladaron a esa localidad para impedir nuevas acciones violentas lo que aumentó el ambiente de tensión pues se temía un enfrentamiento.

Los representantes de los Bienes Comunales de Tlacoapa, del que es anexo El Capulín, Fortunato Ayala y Ubaldo Neri, informaron vía telefónica que sin embargo los riesgos de violencia disminuyeron porque llegaron refuerzos de la Policía de Seguridad Pública estatal e Investigadora Ministerial, quienes el medio día de ayer mantenían el control en la localidad de El Capulín.

Mientras tanto, el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrell, informó que desde la tarde del sábado se encuentran en la localidad el comisionado especial para la Atención de Focos Amarillos de la secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Gatica, así como el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Esaú Tapia Abarca.

Informó que los funcionarios tratan de llegar a acuerdos entre los comuneros de Moyotepec y Tlacoapa que se disputan 456 hectáreas de tierras comunales.

Sin embargo, el integrante del Comisariado de Bienes Comunales de Tlacoapa, Ubaldo Neri indicó que el problema no es la falta de diálogo, si no la cerrazón de los comuneros de Moyotepec quienes desde agosto pasado han venido hostigando a los habitantes de El Capulín, localidad que está asentada en las tierras en conflicto, para que abandonen el lugar.

El representante comunal informó que después de que llegó la Policía y los funcionarios de la SRA y de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, las familias que habían sido desalojadas de El Capulín la mañana del sábado regresaron a la localidad.

Sin embargo, advirtió que la tranquilidad dependerá de los acuerdos a que lleguen las autoridades con las dos partes en conflicto toda vez que los comuneros de Tlacoapa ya no están dispuestos a seguir permitiendo atropellos en contra de los habitantes de sus Bienes Comunales y que incluso la noche del domingo cuando se enteraron de la quema de casas y del desalojo de las familias del Capulín, unos 400 de Tlacoapa se trasladaron a ese lugar a fin de cobrar venganza en contra de los comuneros de Moyotepec.

Ubaldo Neri informó que afortunadamente cuando llegaron ya había presencia policiaca y se encontraban también los funcionarios de la SRA y de la subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno estatal que buscaban llegar a acuerdos para al menos distensar el conflicto.

 

Refuerzan la seguridad en El Capulín tras conflicto agrario. (Milenio, p.web)

Domingo 6 de Noviembre, 05

Ya se encuentran en el lugar agentes ministeriales, de la Policía Preventiva Estatal, Municipal y un agente del Ministerio Público.

Chilpancingo, Gro., Elementos de varias corporaciones resguardan la seguridad de la comunidad de El Capulín, municipio de Tlacoapa, luego de la agresión a los habitantes por parte de sus vecinos de Moyotepec, municipio de Malinaltepec.

Erit Montúfar Mendoza, director de la Policía Investigadora Ministerial, informó que desde ayer se encuentran en el lugar agentes ministeriales, de la Policía Preventiva Estatal, Municipal y un agente del Ministerio Público.

La tarde y noche del viernes llegaron a la comunidad de El Capulín unos 200 campesinos de la población de Moyotepec, municpio de Malinaltepec, para desalojarlos y después incendiar 49 viviendas.

Las poblaciones pertenecientes a los municipios de la región de La Montaña, se disputan una extensión de 456 hectáreas de tierra comunal, un conflicto que ya está en manos de las autoridades agrarias, según los habitantes.

El funcionario dijo que hasta este día no se tienen reportes de alguna baja ocasionada por los posibles enfrentamientos entre los comuneros y para evitar cualquier incidente se ha montado un operativo especial de seguridad, en ese lugar.

De acuerdo con información de pobladores, desde ayer sábado unos 400 campesinos de la cabecera municipal de Tlacoapa, se trasladaron a El Capulín para apoyar a sus compañeros.

Por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se informó que desde ayer sábado se trasladaron a la zona de conflicto, el integrante del comisionado para la atención de problemas agrarios considerados como "focos amarillos", Juan Gatica.

En tanto, que por parte del gobierno del estado, se encuentra en el lugar, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Esau Tapia Abarca para tratar de negociar con los inconformes y destrabar el conflicto.

 

Atacan indígenas poblado en disputa que dura ya 120 años. (El Porvenir, p.web)

Domingo 6 de Noviembre, 05

Monterrey

Los agresores incendiaron 49 viviendas del poblado el “Capulín”. 

Esta es la tercera ocasión, en lo que va del año, en que los habitantes de Moyotepec atacan a los del Capulín.

Armados con machetes y armas de fuego, unos cien indígenas de la comunidad de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, incendiaron 49 viviendas del poblado del Capulín, municipio de Tlacoapa, en la zona de la montaña alta de Guerrero, como parte de la disputa de 456 hectáreas que ambas localidades sostienen desde hace más de 120 años, sin que hasta el momento la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) haya resuelto el litigio.

Entrevistado vía telefónica, Ubaldo Neri, miembro del comisariado de El Capulín, explicó que los acontecimientos se suscitaron alrededor de las seis de la mañana del sábado cuando decenas de personas provenientes de Moyotepec encabezados por el comisario de ese lugar, Anatolio Solano González, y apoyados por vecinos de Ocoapa, municipio de Copanatoyac --de origen mixteco-- arribaron a El Capulín, portando armas de fuego y machetes, donde quemaron 49 viviendas.

Recordó que ésta es la tercera ocasión, en lo que va del año, en que los habitantes de Moyotepec atacan a los del Capulín --ambas comunidades de origen tlapaneco-- por la disputa de 456 hectáreas de ese ejido, que la propia SRA calificó como “foco amarillo”, y que lleva en litigio desde el 26 de octubre de 1883.

 “En enero (los de Moyotepec) vinieron (a El Capulín) y secuestraron a once personas y quemaron algunas casas; a finales de agosto hicieron lo mismo y hoy repiten la acción, sin que el gobierno haga nada al respecto”, reclamó Ubaldo Neri.

 

Asume Ríos Bonales titularidad de la SRA estatal; Salas Estrada a Guerrero. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web)

Domingo 6 de Noviembre, 05

Cuernavaca, Mor. Mario Ríos Bonales es el nuevo titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Morelos, cargo en el cual, aseguró, su desempeño será de manera transparente y buscará darle seguimiento a los asuntos agrarios que realizó el ahora ex representante Natividad Salas Estrada, quien será el encargado de la dependencia en Guerrero.

Luego de que Juan Manuel Almazán, director general de la unidad de enlace con representaciones agrarias, le tomó protesta como el nuevo titular en Morelos, Ríos Bonales aseguró que lo primero que llevará a cabo “es darse a la tarea de estudiar bien la problemática para poder dar las soluciones que correspondan”.

El ex delegado de la SRA en el Distrito Federal aseguró que si bien no son los mismos asuntos, “lo que haremos es resolver todos los problemas que más se puedan, tenemos la instrucción de escuchar a las comunidades y desactivar los conflictos agrarios, porque tenemos que dejar el campo y sus problemas de tierra lo mejor que se pueda antes de que se termine esta administración”.

Detalló que Morelos en materia agraria, “es muy estable”, aunque adelantó que el diálogo entre los ejidatarios y comuneros que tengan algún conflicto será prioritario para la representación, “para que lleguemos a los acuerdos y que por ningún motivo haya derramamiento de sangre”. Se trabajará con las puestas abiertas, afirmo, que “cada vez que los ejidatarios y comuneros deseen asistir serán recibidos con gusto”.

Ante la salida de Salas Estrada, ejidatarios de la zona oriente del estado lamentaron el cambio de delegado, “a penas y nos ponen a alguien que sí nos escucha y que trabaja por solucionar nuestros problemas y lo quitan”.

 

Queman casas en La Montaña de Guerrero por conflicto de tierras. (La Crónica de Hoy, p.web).

Domingo 6 de Noviembre, 05

Indígenas de Moyotepec, en Cochoapa, incendiaron y derribaron casi todas las viviendas de la comunidad de El Capulín por conflictos de tierras y secuestraron a varios agentes del Ministerio Público.

Eduardo Murueta, titular de la Procuraduría General de Justicia estatal, dijo que los hechos se registraron anoche cuando los indígenas de Moyotepec, con rifles y machetes, quemaron y derribaron casi 50 casas por un conflicto que lleva algunos años.

Las casas fueron quemadas y derribadas bajo el argumento de que les robaron pertenencias y dinero; cuando llegaron elementos de la Procuraduría y agentes del Misterio Público los pobladores retuvieron a los segundos, detalló la dependencia.

De acuerdo con Murueta Urrutia, los ánimos "están acalorados", aunque ya liberaron a los agentes ministeriales y agregó que se envió al fiscal regional en La Montaña, Joaquín Juárez, para que intervenga.

El fiscal aseguró que se intenta que colaboren funcionarios de Reforma Agraria, pues es un conflicto de tierras que data de muchos años "y a veces tenemos que buscar la forma de tranquilizarlos".

 

Comuneros zoques emplazan a la SRA a desalojar a ganaderos de nueve lotes. (La Jornada, Irma Moreno, p.web).

Domingo 6 de Noviembre, 05

Los ocuparon a pesar de recibir indemnizaciones, dicen; amagan con echarlos el día 17.

Santa María Chimalapa, Oax., 5 de noviembre. Comuneros zoques de esta población advirtieron al gobierno del estado y a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que si para el próximo 17 de noviembre los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc no han desalojado los nueve lotes del núcleo rural Los Manantiales, ellos los echarán de esas tierras, que mantienen ocupadas a pesar de haber sido indemnizados.

Leónidas Zárate López, secretario de bienes comunales, recordó que en diciembre de 2003, la mayoría de los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc aceptó vender las 12 mil 850 hectáreas que estaban en conflicto desde hace 46 años. A los poseedores de 257 lotes -de 50 hectáreas cada uno- la SRA los indemnizó con más de 120 millones de pesos, con lo que finalizó el conflicto agrario.

Zárate López indicó que el lunes pasado el presidente de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Alberto Luis Hernández, se reunió con el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jorge Franco, y acordaron que el próximo 16 de noviembre estaría resuelto el conflicto.

De no ocurrir, la comunidad ya pactó que 800 comuneros entrarán a desalojar a los invasores el 17 de este mes. "Ya están las camionetas y la gente lista para el desalojo", dijo.

Anunció que, consumado el desalojo de los ganaderos, 160 hijos de comuneros se repartirán lotes de 30 y 50 hectáreas para habitar la zona, a pesar de que en 2003, cuando se dieron las indemnizaciones, el subsecretario de ordenamiento de la propiedad rural de la SRA, Gilberto José Hershberger Reyes, dijo que las tierras serían entregadas a los comuneros chimalapas con la condición de iniciar en la zona un programa de restauración ecológica y convertirla en área de reserva.

El síndico Elmer Hernández González dijo por su parte que ya no hay razón para seguir invadiendo la zona o permanecer en ella, "porque todos los colonos han sido indemnizados".

Informó que en la asamblea comunitaria del domingo pasado, los invasores propusieron integrarse a Chimalapas como comuneros, "pero no fueron aceptados porque ya fueron indemnizados".

Dijo que los invasores, unas 50 personas representadas por 12 familias, argumentan que fueron mal indemnizados por Guillermo Gallegos Muñiz, ex delegado de la SRA, y por eso piden su integración como comuneros.

 

Guerrero: indígenas armados asaltan comunidad e incendian 49 viviendas. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).

Domingo 6 de noviembre de 2005

Tercera vez en el año que vecinos de Moyotepec atacan a los de El Capulín: comisariado.

Ambos poblados disputan 456 hectáreas desde hace 120 años; las autoridades, indiferentes.

Chilpancingo, Gro., 5 de noviembre. Armados con machetes y armas de fuego, unos cien indígenas de la comunidad de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, desalojaron a los habitantes de 49 viviendas del poblado del Capulín, municipio de Tlacoapa, en la zona de la montaña alta de Guerrero, a las que prendieron fuego, como parte de la disputa de 456 hectáreas que ambas localidades sostienen desde hace más de 120 años, sin que hasta el momento la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) haya resuelto el litigio.

Entrevistado vía telefónica, Ubaldo Neri, miembro del comisariado de El Capulín, explicó que los acontecimientos se suscitaron alrededor de las 6 de la madrugada de hoy, cuando decenas de personas provenientes de Moyotepec, encabezadas por el comisario de ese lugar, Anatolio Solano González, y apoyados por vecinos de Ocoapa, municipio de Copanatoyac -de origen mixteco- arribaron a El Capulín, portando armas de fuego y machetes, y gritando consignas.

Recordó que esta es la tercera ocasión, en lo que va del año, que los habitantes de Moyotepec atacan a los de El Capulín -ambas comunidades de origen tlapaneco- por la disputa de 456 hectáreas de ese ejido, que la propia SRA calificó de foco amarillo, y que lleva en litigio desde el 26 de octubre de 1883.

"En enero (los de Moyotepec) vinieron (a El Capulín) y secuestraron a 11 personas y quemaron algunas casas; a finales de agosto hicieron lo mismo, y hoy repiten la acción, sin que el gobierno haga nada al respecto", reclamó Ubaldo Neri.

"En las tres veces anteriores han intervenido las autoridades de la SRA; se han firmado minutas, pero el conflicto sigue. El gobierno ha enviado cuerpos de seguridad, pero llegan, están unos días y se van, es cuando los comuneros de Moyotepec aprovechan para agredir a los habitantes de El Capulín", precisó.

Denunció que desde hace varios años han solicitado a los gobiernos estatal y federal la solución a este conflicto, pero no les han hecho caso.

"Hoy por la mañana buscamos al gobernador Zeferino Torreblanca, y al procurador de Justicia (Eduardo Murueta), pero nadie nos contestó las llamadas; queremos que intervengan de inmediato, porque nuestra gente ya se está desesperando", advirtió el miembro del comisariado de El Capulín.

No obstante, informó que cuatro horas después de que ocurrieron los hechos violentos, arribaron al lugar 10 patrullas de la policía del estado, con decenas de elementos, quienes de inmediato acordonaron la zona. "El problema es que vienen un rato, pero luego se van y es cuando los de Moyotepec hacen sus cosas", refirió.

En las tierras que se disputan los pueblos de Moyotepec y El Capulín hay tierras fértiles, además se ubica un punto conocido como Ojo de agua (Na ma stiyaa en lengua tlapaneca), centro ceremonial donde los indígenas de la zona realizan la petición de lluvia el 24 de abril de cada año.

Es una región muy rica en madera, y principalmente es zona de influencia de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), aunque también hay quien dice que es un área en la que tiene presencia el narcotráfico.

 

Rechaza CNC proyecto de presupuesto para 2006. (Diario Digital Juárez, p.web).

Domingo 6 de noviembre de 2005

Cd. Juárez

La Confederación Nacional Campesina (CNC) rechazó de manera contundente el proyecto de Presupuesto 2006 y pidió a los diputados del PRI no aprobarlo, además de un incremento de 35 millones de pesos.

Después de que el Ejecutivo federal mandara a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2006, Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, se reunió con diputados cenecistas para analizar la propuesta presidencial que es de 17 mil 844.3 millones de pesos menos con relación al de 2005.

"A nombre de esta organización clasista, pido particularmente a la diputación campesina se niegue a aprobarlo; a la fracción parlamentaria del PRI que coordina Emilio Chuayffet y al presidente de nuestro partido, Mariano Palacios Alcocer, a que levanten su voz para rechazar esta brutal e inadmisible afrenta", enfatizó.

Dijo que el presidente Vicente Fox quiere desaparecer los programas Contingencias Climatológicas, Fondo de Apoyo a la Competitividad de las ramas productivas; Fondo de Apoyo a las Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras; Fondos Regionales de Combate a la Pobreza, programa Apícola, programa de Empleo Temporal, programa Pesquero, Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural; Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas y Variedades Nativas de México y el Sistema Financiero Rural.

Por su parte, los diputados cenecistas Jesús Morales Flores, coordinador de la diputación campesina del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados; así como los legisladores Hilaria Domínguez Maldonado, Julián Nazar y Lázaro Arias, aseguraron que durante el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el agro será su prioridad y denunciaron que con su propuesta el gobierno de Vicente Fox pretende dar "el tiro de gracia al campo mexicano".

La propuesta presidencial para el Presupuesto 2006 es de 137 mil 575.6 millones de pesos para el campo. El incremento que demanda la CNC es para "restituir los programas no ejercidos este año y mantenerlos en el ejercicio del próximo".

Ramírez López sostuvo que, como nunca, está vigente la petición de un programa emergente para el campo, "las amenazas comerciales y climatológicas obligan a diseñar y a aprobar un Presupuesto 2006 con ánimo responsable y comprometido con los más afectados y pobres del país".

Indicó que la Cámara de Diputados es responsable de replantear la propuesta presidencial, pues ésta no considera los programas y recursos para la transición prevista en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Repudió que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se le reduzca 22.5% su presupuesto y a la Secretaría de la Reforma Agraria se le quiten mil 987.35 millones de pesos, lo que equivale a 40.9% menos de su presupuesto actual.

Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reducirá en 35% su presupuesto, 2 mil 974.2 millones de pesos, cuya ausencia acaba con el programa Forestal, el subprograma de Desarrollo de Areas de Riego y el subprograma de Desarrollo de Areas de Temporal, dijo. 

 

Realizan consulta sobre derechos indígenas. (La Jornada, Carolina Gómez, p.web).

Domingo 6 de noviembre de 2005

Evalúan acciones del gobierno para cumplir recomendaciones de relator de la ONU.

A más de dos años de la visita que realizó a México el relator especial para los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, y del posterior informe con 42 recomendaciones que emitió, aún existen "enormes deficiencias y estamos muy distantes" de responder a esos señalamientos, indicó Fernando Ortiz Monasterio, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Informó que para evaluar y dar seguimiento a las acciones adoptadas por el gobierno para cumplir con las recomendaciones, desde hace poco más de dos meses se lleva a cabo una consulta nacional.

Precisó que es el Observatorio ciudadano para el seguimiento de las obligaciones del gobierno mexicano con los pueblos indígenas el que realiza la auscultación, la cual arrancó hace "poco más de ocho semanas" y se centra en temas como los conflictos agrarios y educación intercultural y bilingüe, entre otros.

 

En 2006 concluye el Procede; 10 millones de hectáreas quedarán sin regularizar. (La Jornada, Carolina Gómez, p.web).

Sábado 5 de noviembre de 2005

Se prevé que se adopte un esquema de "ventanilla", explicó el procurador agrario.

A casi 13 años de entrar en funcionamiento, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) llegará a su fin en 2006, señaló Isaías Rivera Rodríguez, titular de la Procuraduría Agraria (PA), quien precisó que la previsión es que sólo "quedará sin regularizar alrededor de 9 por ciento de la superficie total de la propiedad social; es decir, unas 10 millones de hectáreas".

En entrevista, el funcionario descartó que el término del programa genere problemas y que se pretenda sentar las bases de otro esquema similar. "La terminación del programa es de orden positivo, con él se ha dado certeza jurídica en la tenencia de la tierra; ahora hay seguridad, precisión en el campo mexicano de quién es propietario de qué y hasta dónde llega su tierra", señaló.

Abundó que a la fecha, gracias al esquema, hay precisión jurídica en "88 por ciento de los núcleos agrarios y 81 por ciento de la superficie de propiedad social; en hectáreas son alrededor de 88 millones y se ha beneficiado a más de 4 millones de sujetos agrarios". La expectativa es que en 2006 se tenga a "5 millones de campesinos ya titulados y regularizados, y sean del orden de 93 millones de hectáreas" en regla.

El Procede fue puesto en marcha a finales de 1992 para regularizar la propiedad de la tierra tras el reparto agrario y depende de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la procuraduría respectiva, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Registro Agrario Nacional; durante su funcionamiento ha demandado la inversión de "10 mil 500 millones de pesos".

Sobre esto último, Rivera Rodríguez indicó que una las razones por las que se termina es que fue un "compromiso del gobierno", pero también refirió que es "un programa de costo altísimo", además de "masivo y gratuito", y deslizó que ya está "muy avanzado en los porcentajes".

"Son más de 12 años de estar trabajando, no puede permanecer un programa con recursos fiscales abiertos indefinidamente cuando está fundado en la voluntad de los núcleos agrarios; es voluntario, si los núcleos quieren incorporarse lo hacen; es momento de que todos tengan la definición de si quieren o no. No les podemos dejar abierta la puerta indefinidamente, es obvio que es una política pública que tiene una fecha de conclusión; es indispensable poner un punto final."

De acuerdo con el procurador lo único que la SRA prevé es establecer un "fondo técnico de atención", y que "sólo quede una partida presupuestal limitada", que quede como un esquema de "ventanilla". Por lo anterior no será masivo ni habrá promoción, "el que se interese deberá irse a formar a la cola".

Agregó que el "sureste del país" es la zona con mayor atraso en la incorporación al Procede. Mencionó a "Michoacán, Chiapas, Oaxaca y parte de Veracruz y Guerrero, que son las entidades con mayor presencia indígena, y por consecuencia los conflictos que presentan tienen raíces históricas y eso nos obliga a tener más calma", explicó.

Asimismo, manifestó que en las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas "no se han realizado trabajos de regularización", y subrayó que antes de que termine el programa "el ciento por ciento de los grupos agrarios del país van a tener posibilidad de incorporarse al Procede, de tal suerte que al cierre del programa no habrá uno solo que pueda argumentar que no los tomamos en cuenta".

 

Sector agropecuario

 

Superarían 9 mil mdd exportaciones agroalimentarias. (La Jornada, p.web)

Solecito ASERCA

Por exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos los productores mexicanos esperan captar más de 9 mil millones de dólares al cierre de 2005, es decir, 9 por ciento más que en 2004, año en el que obtuvieron 8 mil 17 millones, informó el coordinador general de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, Gerardo López Noriega.

Aun cuando en los últimos años se observa una diversificación importante a causa de las inversiones e integración en el sector agroalimentario estadounidense, el funcionario precisó que las ventas se concentran en cinco grupos de productos: hortalizas; bebidas y vinagre; frutas; animales vivos, pescados y mariscos.

López Noriega informó lo anterior durante la inauguración de la Feria Agroalimentaria Fresh Summit-PMA 2005, que se efectúa en Atlanta, Georgia.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el coordinador inauguró el pabellón mexicano MexBest, en el que participan más de 110 agricultores de los 31 estados de la República, en representación de más de 30 mil productores de distintas ramas del sector agroalimentario.

Según López Noriega, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han tenido un crecimiento importante en los pasados años. Por ejemplo, dijo, en 2003 las ventas al exterior de ese sector ascendieron a 7 mil 197 millones de dólares, y para 2004 fueron de 8 mil 171 millones.

Al referirse a la certificación México Calidad Suprema, comentó que a través de ese esquema nuestro país garantiza la inocuidad y calidad de los productos agroalimentarios mexicanos.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

Exigen que la Corett escriture un predio para una clínica en Paso Limonero. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

El organismo se niega a atender su petición con el argumento de que el predio es una calle, denuncian vecinos. Piden la intervención del gobernador.

Vecinos del poblado Paso Limonero exigieron la escrituración de un predio para la construcción de un centro de salud que beneficiará a 3 mil personas.

Por ello solicitaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo su intervención ante la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett), pues se niega a escriturar con el argumento de que la zona es una calle cuando es un terreno de uso común.

Ayer domingo, unos 500 vecinos de 22 colonias se reunieron en el predio –ubicado en Paso Limonero, cerca de la Vacacional– para analizar la construcción del centro de salud en el predio, de 30 metros de largo por 18 de ancho, y que taxistas y urbaneros de La Venta lo quieren como calle.

El delegado municipal de Paso Limonero, Jesús Dorantes Solís, explicó que la reunión que sostuvieron era para los trámites de la construcción de un centro de salud más amplio, en un terreno que es del pueblo, pero que los taxistas por “capricho” quieren que quede como tercera alternativa de calle para que puedan salir.

Explicó que el terreno en conflicto pertenece desde hace muchos años al poblado, incluso allí hay un pozo de agua de donde se surtían cuando no contaban con red de agua potable.

Dorantes Solís dijo que con ese antecedente acudieron ante el delegado de Corett, Rubén Juré Cejín, para que hiciera la escrituración para uso común del pueblo, pero el funcionario se niega con el argumento de que es una calle, “cuando todos saben que no es cierto porque allí antes se había planificado un mercado”.

Dorantes Solís pidió al gobierno estatal que los ayuden en la escrituración, debido de que el actual centro de salud es muy reducido y no es apto para atender a tantas familias.

El comisario dijo que pedirán la intervención del alcalde electo, Félix Salgado Macedonio, para que se construya la clínica, e insistió que el terreno no se lo quitaron a nadie.

 

MICHOACÁN

 

Denuncian campesinos michoacanos que tribunal rehúsa cumplir resolución. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web).

Solecito La negativa, porque el fallo afecta predios del ex diputado priísta Hugo Moreno.

Solecito Lamenta la abogada Bárbara Zamora "discrecionalidad en la aplicación de la ley".

Aunque desde febrero de 1998 la comunidad de San Vicente, municipio de Coahuayana, Michoacán, ganó un amparo para que le entreguen 157 hectáreas -de un total de 296- de una ampliación ejidal obtenida después de un sinfín de trámites y juicios, dicha resolución no se ha cumplido porque el Tribunal Superior Agrario (TSA) "ha eludido llevar a cabo la ejecutoria", aunque la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal le ha enviado varios requerimientos para que lo haga.

"La juez nos ha comentado que tiene en una mesa 5 mil resoluciones de amparo sin ejecutar. Es increíble que exista una cantidad tan grande de amparos sin ejecutar, porque eso es una justicia denegada", denunció la abogada Bárbara Zamora.

Indicó que cuando se pretendió desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el juez dio vista al Ministerio Público para que ejecutara un amparo, pero en este caso la juez María Guadalupe Rivera González dice que "no puede. Eso es parte de la discrecionalidad con que se aplica la ley", manifestó Zamora. Subrayó que quizá la causa de la negativa del TSA es porque esas tierras -terrenos baldíos propiedad de la Nación- "las tiene un cacique priísta, el ex diputado Hugo Moreno", a quien afectaron otro predio de 139 hectáreas también para los campesinos de San Vicente, y "se las pagaron como si fueran de riego pero son de mala calidad", aseveró.

En el juicio de amparo 1020/2002 las autoridades del comité particular ejecutivo de la ampliación del citado ejido solicitaron el 19 de julio de 2002 la protección de la justicia federal contra actos del presidente del TSA, Ricardo García Villalobos, y magistrados de éste, consistentes en la omisión y "abstención de ejecutar y cumplimentar" la resolución dictada por las autoridades responsables el 10 de febrero de 1998, mediante la cual se les dotó de una ampliación de 296 hectáreas de terrenos; ello pese a que la Ley Agraria establece que los tribunales en la materia están obligados a cumplir las resoluciones de manera inmediata.

Los campesinos alegan que en la resolución del juicio de amparo 3685/96 el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal ordenó al TSA dotar al ejido San Vicente de las tierras -157 hectáreas- del predio El Palmar, por lo que el Tribunal Superior emitió la resolución (en el expediente de ampliación de ejido 148/93) del 10 de febrero de 1998, y en cumplimiento de esa ejecutoria se dieron al ejido 296 hectáreas, dentro de las cuales se incluyó el predio El Palmar.

En la resolución de la juez se menciona que el 30 de septiembre de 2003 se reconoció a Nora Elia González Palacios, Salvador González Valencia y otras tres personas como terceros perjudicados.

La juez menciona que el 14 de noviembre de 1995 el TSA resolvió el juicio de amparo 148/93 y determinó negar al poblado dicha ampliación. Sin embargo, el comité particular campesino promovió un amparo directo ante el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito (DA 3685/96), y dicho órgano colegiado se los concedió, dejando insubsistente tal negativa, por lo que en acatamiento de ese fallo el 10 de febrero de 1998 el TSA emitió otra resolución de que era procedente la dotación de 296 hectáreas, tomando 139 hectáreas de riego de los lotes 56A, 55B y 56B del fraccionamiento de la ex hacienda de San Vicente Coahuayana, propiedad de la Federación, y otras 157 de agostadero de "terrenos baldíos propiedad de la Nación" para 49 campesinos beneficiados.

Señala además que los terceros perjudicados promovieron otro juicio de amparo contra la afectación de unas 125 hectáreas del lote 59, "que no fue perjudicado por la resolución agraria que dotó al ejido San Vicente", para que no se viera afectado cuando se ejecutara el fallo en favor de San Vicente. Ese es un predio distinto a las 157 hectáreas de agostadero de "terrenos baldíos propiedad de la Nación", lo que se acreditó con diversas periciales durante el juicio; sin embargo, señaló Bárbara Zamora, el TSA pretendió realizar la ejecución al ejido San Vicente excluyendo 125 hectáreas "del lote 59 o predio conocido como El Palmar".

Por ello el comité particular ejidal esgrimió en su petición de garantías que la autoridad responsable no estaba ejecutando en todos sus términos la sentencia de 10 de febrero de 1998. "Al respecto debe decirse que es fundado el motivo de inconformidad hecho valer por la parte quejosa", asevera la juez, y señala que el TSA, "al ordenar la ejecución de la sentencia dotatoria de que se trata, con base en un plano-proyecto en el que no se encuentran contempladas las 157 hectáreas de trerrenos de agostadero a que se contrae en su segundo punto resolutivo, no está ejecutando cabalmente el lineamiento de dicho fallo".

A esta conclusión se llega, indica la juez, "del análisis del segundo plano proyecto, ya que dicho dibujo técnico únicamente ubica el polígono de tierras de riego y el relativo a las 125-60" hectáreas del lote 59 o conocido como El Palmar que deberán excluirse por ser inafectables, omitiendo especificación alguna en cuanto a las 157 hectáreas de terrenos de agostadero considerados predios baldíos propiedad de la Nación, que integra la otra parte dotatoria del total de 296 otorgadas en ampliación al ejido San Vicente de Coahuayana, Michoacán. De ahí que con su proceder la autoridad responsable "se aparta de los lineamientos sentados en las resoluciones agrarias (sic) de 10 de febrero de 1998, dictada en el expediente de ampliación de ejido 148/93 y, por ende, conculca las garantías de seguridad jurídica y legalidad" constitucionales, pues sus actos "se contraponen a las declaraciones de derecho sustentadas en la referida determinación".

Por ello concedió el amparo y protección de la justicia federal a los ejidatarios, para que se cumpliera la sentencia y se entregaran las 296 hectáreas que se le concedieron en ampliación. En la misma fecha, 30 de marzo de 2004, se giraron los oficios 2500-R y 2501-R notificando a las autoridades responsables de dicha resolución. No obstante ello, la sentencia no se ha cumplido.

Bárbara Zamora expresó que el presidente del TSA ha recibido "oficios casi cada mes, en los que se le requiere que informe del cumplimiento de la resolución del amparo y nada más notifica que ya se pidió al Tribunal de Colima que se ejecute".

A su vez, éste sostiene que "ha ido a avisar a los campesinos, lo cual es falso. Ellos no se han presentado y eso no es cierto, pero por otra parte nosotros no podemos recibir sólo 139 hectáreas, que ya las tienen los campesinos desde hace varios años. Lo que necesitamos es que se ejecuten las 157 hectáreas que no quieren entregar".

 

MORELOS

 

Surge una nueva agrupación en apoyo a comuneros del estado. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. Ante el anuncio de que se formará un Frente de comuneros en Morelos para evitar “las injusticias agrarias”, el subsecretario de Gobierno, Germán Castañón Galaviz, dijo que “en todo momento surgen abogados que pretenden mal asesorar a estos grupos, buscando una tajada de recursos a través del engaño”.

Dijo que por parte del gobierno lo que le toca es poner su parte y ayudar en la medida de las posibilidades, “siempre y cuando sea un frente que en verdad defienda los intereses de los comuneros o ejidatarios de manera más consistente”.

Por ello, hizo votos para que en verdad sea un apoyo a los comuneros y ejidatarios, “y que detrás de esto, no estén los obscuros intereses personales de sus líderes”.

Luego de que en días pasados un grupo de comuneros de Chapultepec adelantara que se está trabajando en la creación de este frente a nivel estado y con ello evitar “todas las injusticias que avala el gobierno estatal y federal en contra de los comuneros y en beneficio de la gente del dinero, como el caso Soriana o Liverpool”, el funcionario estatal manifestó que la mayoría de estos movimientos, “son una serie de fenómenos generales en el país, que se dan ante la creciente incertidumbre sobre la tierra”.

Consideró que en la actualidad existen una serie de intereses de los líderes en juego, “en todo momento surgen seudo abogados o líderes que pretenden mal asesorar a estos grupos, buscando con ello una tajada de estos a través del engaño, haciéndoles creer una expectativa inexistente, como el caso de Liverpool”. Esto a pesar de las constantes movilizaciones que a casi a diario se registran en la entidad, la mayoría de ellas por conflictos de la tierra.

 

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