CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
LUNES
30
DE
MAYO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Provocan sindicatos ineficacia
Baja productividad de Pemex, IMSS
y
LyFC
debido
al
control
gremial
en
contrataciones
Edomex quita 'blindaje' a la
boleta
electoral
Carecerá de folio que impide su falsificación
El ingreso por ISR, del más bajo del mundo
La recaudación, de sólo 5.04% del Producto Interno Bruto: SAT
Muertas, las reformas estructurales
Ahora Fox debe dedicarse a lograr
una
transición
pacífica
de
poderes
Tráfico de migrantes con visas amañadas
Son enganchados por firmas de EU
Sube AMLO; Creel y Madrazo se mantienen
Si la elección de Presidente fuera en este momento, y el PRD
consigue
estar
a
la
altura
de
la
popularidad
de
su
candidato,
López
Obrador
ganaría.
López ofrece bajarse salario, pero ya se lo aumentó 11%
Este año su sueldo bruto subió a 101 mil 505 pesos
Fuera los no panistas del gobierno de Fox
“No es tomar por asalto las dependencias”: Espino
Capos usan a CNDH para ejercer presión
Aumentan 50 por ciento las quejas de presos en cárceles de
máxima
seguridad
Soy amigo de Fox, no su favorito: Creel
La época del "dedazo" está terminada para siempre
Sector agrario
Mantienen comuneros de Temalacatzingo
su
resistencia
de
incorporarse
al
Procede. (El Sur (Guerrero)
Jesús
Rodríguez,
p.
web).
Consideran
que
el
cambio
del
régimen
comunal
de
la
propiedad
de
la
tierra
para
que
cada
comunero
sea
“el
propietario
legal”,
daría
paso
a
la
privatización
de
los
terrenos
Comuneros de Temalacatzingo,
municipio
de
Olinalá,
mantienen
su
resistencia
a
incorporarse
al
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede)
ante
la
insistencia
de
la
Procuraduría
Agraria
(PA),
a
la
cual
acusan
de
que
con
ello
pretende
dividir
al
pueblo.
El rechazo de esta comunidad campesina
y
artesana
hacia
el
Procede,
la
fincan
en
que
el
cambio
del
régimen
comunal
de
la
propiedad
de
la
tierra
a
uno
donde
cada
comunero
sea
“el
propietario
legal”,
daría
paso
a
la
privatización
de
los
terrenos
y
con
ello
a
la
entrada
de
las
empresas
privadas
en
este
pueblo
de
más
de
5
mil
habitantes
y
que,
confían,
muy
pronto
se
constituirá
en
cabecera
del
nuevo
municipio
que
pretende
ser
desde
hace
más
de
tres
años.
Son cerca de 2 mil comuneros en
Temalacatzingo de los cuales tan sólo unos “cien o ciento
cincuenta”
son
los
que
quieren
incorporarse
al
Procede
a
propuesta
de
la
PA,
que
en
los
meses
de
diciembre
del
año
pasado,
enero
y
mayo
de
éste,
ha
recibido
la
respuesta
negativa
de
la
mayoría
de
los
comuneros
para
ingresar
al
programa.
Durante una visita de El Sur a
Temalacatzingo, ubicado a unos 40 minutos de la cabecera municipal,
el
presidente
del
Comisariado
de
Bienes
Comunales,
Juan
Villa
Hernández,
dijo
que
primero
la
Procuraduría
Agraria
estuvo
“insistiendo
en
que
nosotros
no
somos
representantes
legales
porque
no
estamos
reconocidos”,
pero
a
últimas
fechas
y
dado
que
desde
la
Secretaría
General
de
Gobierno
del
estado
han
explicado
a
los
comuneros
que
el
ingreso
“es
opcional”,
la
autoridad
federal
“ha
cambiado
el
discurso”.
“En las últimas fechas lo ha negado:
No
es
cierto,
yo
nunca
les
he
dicho”,
dijo
el
residente
de
la
PA
en
esta
región,
Miguel
Ángel
Bello
Rivera,
al
presidente
del
comisariado
de
Temalacatzingo.
Villa Hernández consideró que con
estas
acciones
la
PA
pretende
dividir
al
pueblo.
“Creo
que
la
Procuraduría
está
buscando
un
enfrentamiento
y
lo
hacemos
responsable,
inmediatamente
al
titular
de
la
Procuraduría
(en
La
Montaña),
Miguel
Ángel
Bello
Rivera.
Ya
se
lo
dijimos”.
Coinciden en la opinión los campesinos
Exmerardo
Zeferino
Villa
y
Lucas
Jerónimo
de
la
Luz,
quienes
fueron
entrevistados
en
las
instalaciones
de
la
Comisaría
de
Bienes
Comunales,
–en
donde
cuelgan
tres
grandes
pinturas
de
Emiliano
Zapata–
además
indicaron
que
en
el
lío
se
han
involucrado
los
partidos
políticos.
Lucas Jerónimo recordó que “antes
de
esto
del
Procede
no
había
problemas.
Pero
ahora
sí
se
están
viendo.
Los
que
lo
buscan
son
un
grupo
de
priístas
que
quieren
poner
las
tierras
en
manos
del
gobierno,
un
grupo
que
nos
está
traicionando.
Nosotros
lo
que
queremos
es
que
se
nos
respete
nuestra
decisión
como
indígenas
que
somos,
que
nos
respeten”.
Es un gancho
En esta comunidad nahua donde en
1996
hubo
una
“intensa”
presencia
militar
tras
la
aparición
de
un
grupo
del
Ejército
Revolucionario
del
Pueblo
Insurgente
(ERPI),
los
campesinos
actualmente
se
niegan
a
cambiar
el
régimen
comunal
de
la
propiedad
de
la
tierra,
a
pesar
de
la
insistencia
del
gobierno
federal
que
utiliza
al
Procede
como
“un
gancho”
para
despojarlos
de
ellas.
Isaac Menor Hernández, comunero
y
maestro
de
educación
primaria,
explicó
que
están
satisfechos
con
el
régimen
comunal
porque
ello
“significa
que
la
tierra
es
de
todos
y
tenemos
la
oportunidad
de
trabajar
en
ella
como
mejor
nos
conviene”.
Sin embargo, a pesar de que cuentan
con
actas
de
posesión
por
un
decreto
presidencial
desde
1954,
reafirmó
que
la
PA
insiste
en
anexarlos
al
Procede,
a
pesar
de
su
resistencia,
con
lo
cual,
dijo
“no
nos
está
respetando”.
Consideró que busca utilizar al
programa
como
“un
gancho”
para
después
llegar
a
la
privatización
de
las
tierras.
“Sabemos
que
el
Procede
no
es
tanto
para
beneficiar
al
campo,
sino
que
lo
utiliza
el
gobierno
como
un
gancho
para
que
los
pueblos
en
cierto
momento
tengan
que
aceptar
la
privatización
y
con
esto
la
desaparición
de
los
bienes
comunales
ejidales
del
país”.
Agregó que el gobierno va hacia
la
privatización
de
los
bienes
nacionales
y
que
las
tierras
de
uso
común
pasarían
a
ser
propiedad
de
la
nación
y
después
harían
lo
que
quisieran.
Menor Hernández consideró que el
programa
que
quiere
ser
“introducido
por
el
gobierno
con
engaños”
sólo
trae
“expectativas
que
no
favorecen
a
la
comunidad”,
por
eso
manifestó
que
“la
tierra
debe
ser
para
quien
la
trabaja”
Rechazó a esta iniciativa del gobierno
federal
debido
a
que
“estamos
en
contra
de
las
sociedades
que
pretenden
traernos
industrias,
empresas
que
lejos
de
beneficiarnos
nos
van
a
hacer
más
daño,
a
eso
quiere
llegar
el
gobierno,
y
nosotros
no
queremos
eso
para
nuestros
hijos”.
Comuneros insisten: “No a La Parota, quieran o
no
quieran
los
gobiernos. (El Sur (Guerrero) Karina
Contreras,
p.
web)
Unos 300
campesinos
reiteraron
este
domingo
en
asamblea
su
oposición
a
la
construcción
de
la
presa
hidroeléctrica
"quieran
o
no
quieran
los
gobiernos".
También
se
dijeron
preocupados
"por
el
clima
de
linchamiento
contra
defensores
de
derechos
humanos
y
ambientales".
En
la
gráfica,
aspecto
de
la
reunión
y
el
regreso
a
las
comunidades
Fotos:
Karina
Tejada
16
Cerca de
300
ejidatarios
se
reunen
este
domingo
en
asamblea
en
la
comunidad
de
Cacahuatepec.
Estan
preocupados
por
“el
clima
de
linchamiento
contra
defensores
de
derechos
humanos
y
ambientales”
Cerca de 300 comuneros opositores
a
La
Parota
se
reunieron
este
domingo
en
asamblea
en
la
comunidad
de
Cacahuatepec, cabecera de Bienes Comunales, donde reiteraron
que
obligarán
a
dar
marcha
atrás
al
proyecto
de
la
presa,
“quieran
o
no
quieran
los
gobiernos”,
y
señalaron
que
ven
“con
preocupación
el
clima
de
linchamiento
contra
los
defensores
de
los
derechos
humanos
y
ambientales,
así
como
contra
los
que
hacen
valer
su
derecho
a
manifestarse”.
Otro de los acuerdos de la asamblea
de
ejidatarios
fue
interponer
una
denuncia
penal
ante
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR),
por
falsificación
de
firmas
en
contra
de
los
funcionarios
que
avalaron
la
asamblea
del
25
de
abril,
donde
se
autorizó
a
la
CFE
continuar
con
los
estudios
preliminares
de
la
presa,
entre
ellos,
el
ratificado
subsecretario
de
Asuntos
Agrarios
del
gobierno
estatal,
Esaú Tapia Abarca y el notario público Robespierre
Robles
Hurtado,
así
como
representantes
de
la
Procuraduría
Agraria.
La asamblea de ayer ha sido la
más
concurrida
de
los
últimos
meses,
pues
en
las
anteriores
habían
logrado
reunirse
no
más
de
100
comuneros
opositores.
Durante las cuatro horas que duró
la
asamblea,
fijaron
su
posición
ante
los
últimos
acontecimientos,
particularmente
sobre
la
declaración
del
gobernador
Zeferino
Torreblanca
de
que
el
proyecto
debe
avanzar,
así
como
las
últimas
reuniones
de
funcionarios
de
su
gobierno
con
los
representantes
de
la
CFE.
La asamblea parece confirmar el
rompimiento
entre
el
gobierno
zeferenista
y
los
opositores,
pues
además
de
las
recriminaciones
a
Torreblanca
Galindo
por
su
abierto
apoyo
a
la
construcción
de
la
presa,
los
comuneros
colocaron
una
gran
manta
en
la
que
se
leía:
“Zeferino
entiende,
la
tierra
no
se
vende.
Fuera
la
CFE.
No
a
la
presa
La
Parota”.
Durante la reunión, los ejidatarios
también
iniciaron
platicas
con
organizaciones
sociales,
entre
otras,
con
una
de
las
fracciones
de
la
Organización
Campesina
de
la
Sierra
del
Sur
(OCSS),
que
dirige
Benigno
Guzmán;
con
el
Frente
de
Organizaciones
Democráticas
de
Guerrero
(FODEG),
de
Bertoldo
Martínez
Cruz;
y
con
el
Organismo
No
Gubernamental
de
defensa
de
los
derechos
humanos
Miguel
Agustín
Proh, para conformar un frente de organizaciones sociales
y
frenar
lo
que
llamaron
“la
represión
del
gobierno
zeferinista”.
En su intervención, el comunero
del
poblado
de
Arroyo
Verde,
Alfonso
Vázquez,
reiteró
que
no
van
a
permitir
que
se
les
imponga
el
proyecto
hidroeléctrico,
por
lo
que
el
gobierno
tendrá
que
respetar
la
decisión
que
ya
está
tomada
y
que
es
un
“no
a
la
presa”.
Exhortó al gobernador a no meterse
con
los
pueblos
campesinos
“que
no
viven
de
la
sinvergüenzada
y
corrupción
como
ellos”.
Advirtió que la actitud del gobierno
los
está
llevando
a
un
enfrentamiento
entre
comuneros,
porque
hay
complicidad
con
las
autoridades
ejidales
y
municipales
para
que
se
haga
el
proyecto.
“Ese proyecto dará marcha atrás,
quieran
o
no
quieran
los
gobiernos”,
aseguró
y
fue
secundado
por
los
asistentes
que
gritaban:
“La
tierra
no
se
vende,
se
quiere
y
defiende”.
Más adelante, Alfonso Vázquez retó
al
gobernador
Zeferino
Torreblanca:
“Le
decimos
que
no
tenemos
miedo,
si
quiere
entrar
con
la
CFE,
adelante,
aquí
los
esperamos”,
lo
que
arrancó
aplausos
de
los
ejidatarios.
En su participación, el comunero
de
La
Concepción,
Jacinto
Solís,
dijo
que
“si ellos van a redoblar el esfuerzo
para
que
se
haga
el
proyecto,
nosotros
triplicaremos
la
lucha
para
que
no
pase.
Sentamos
al
mister
negro
–el
ex
gobernador
René
Juárez–,
quien
no
pudo
imponer
el
proyecto,
no
vamos
asustarnos
ahora”.
Por su parte, el dirigente de la
FODEG,
Bertoldo
Martínez
Cruz,
ratificó
su
solidaridad
con
los
opositores
y
dijo
que
conocía
perfectamente
a
Zeferino
Torreblanca,
pues
los
mandó
reprimir
cuando
fue
alcalde
de
Acapulco.
Según el dirigente, Torreblanca
Galindo
“tiene
en
su
lista
a
cuatro
organizaciones
que
va
a
golpear
con
todo”
y
mencionó
a
la
Ceteg,
la
Policía
Comunitaria,
los
opositores
a
La
Parota
y
“los
de
Ayotzinapa,
éstos
últimos
ya
golpeados”.
Luego, el abogado Raymundo Castro
Aparicio
informó
del
aspecto
legal
de
la
lucha
contra
la
presa,
y
dijo
que
“sin
duda”,
la
demanda
de
anulación
de
asamblea
que
mantienen
en
el
Tribunal
Unitario
Agrario
(TUA)
“la
van
a
ganar”,
porque
han
demostrado
las
irregularidades
que
se
dieron.
En un documento entregado a la
prensa,
el
Consejo
de
Ejidos
y
Comunidades
Opositores
a
la
Presa
La
Parota
(Cecop), exige la liberación de los nueves estudiantes de la
escuela
normal
Isidro
Burgos
de
Ayotzinapa,
“reprimidos
de
manera
brutal”.
Finalmente, los opositores señalan
en
su
escrito
que
“vemos
con
preocupación
el
clima
de
linchamiento
contra
los
defensores
de
los
derechos
humanos
y
ambientales,
así
como
contra
los
que
hacen
valer
su
derecho
a
manifestarse”.
Cosas de abajo. (Cambio de
Michoacán,
Mario
Alcaraz,
p.
web)
La
palabra
andante
Las comunidades zapatistas en resistencia
digna,
que
como
se
sabe
integran
cinco
grandes
regiones
en
Chiapas,
están
agrupadas
en
igual
número
de
juntas
de
Buen
Gobierno,
con
29
municipios
autónomos
y
más
de
mil
comunidades
también
autónomas,
hoy
sufren
agobios
múltiples,
que
van
desde
el
militarismo
desatado
y
persistente,
la
subsistencia
de
los
paramilitares,
hasta
las
diversas
y
sostenidas
acciones
de
contrainsurgencia.
Grupos de asesinos todavía armados, por medios misteriosos
que
siempre
encuentran
su
origen
en
la
decisión
oficial
de
combatir
desde
las
tinieblas,
con
lo
que
solapan
la
aparente
inexistencia
de
la
guerra,
sin
embargo,
participan
inexorablemente
en
una
guerra
de
baja
intensidad,
pero
permanente,
entrelazados
la
mayoría
de
las
veces
con
políticas
gubernamentales
que
tratan
de
vender
buena
imagen
y
pretenden
establecer
negocios
en
la
Selva
Lacandona
para
el
atractivo
turístico
y
que
en
realidad
incorpora
factores
que
solamente
provocan
división
y
odio
entre
las
comunidades.
También junto con ello, la avalancha de “obsequios” provenientes
de
programas
sociales
del
gobierno,
especialmente
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
y
de
la
Reforma
Agraria,
así
como
el
invento
ese
de
la
Comisión
que
encabeza
Luis
H.
Álvarez,
que
está
dizque
para
crear
condiciones
de
diálogo
en
Chiapas
y
que
en
los
hechos
sólo
hace
usufructo
de
jugosas
partidas
presupuestales,
que
no
han
servido
para
impulsar
ningún
resultado
concreto;
todos
juntos
o
cada
uno
por
su
lado
aunque
al
final
coinciden,
unidos
en
el
acoso
a
las
comunidades
indígenas,
que
trabajan
día
a
día
para
consolidar
sus
formas
autónomas
de
gobernarse.
Toda la fuerza del Estado contra los de abajo, pero es contra
los
de
abajo
que
se
organizan,
los
de
abajo
que
construyen
su
autonomía,
los
de
abajo
a
la
izquierda,
pero
de
la
izquierda
verdadera,
comprometida
y
consecuente
con
las
causas
de
las
mayorías
frágiles,
pero
a
la
vez
resistentes
porque
nada
les
doblega.
Los de abajo en todos lados son iguales, son los marginados,
los
no
vistos,
los
olvidados
del
progreso,
los
que
sobran,
los
que
nadie
quiere
ver,
los
despreciados,
pero
no
por
el
zapatismo.
Pues bien, estos de abajo, que se mantienen en resistencia
y
en
rebeldía,
ahora
entran
en
la
discriminación
del
capital
financiero
transnacional
que
decide
cancelar
las
cuentas
bancarias
de
la
organización
mexicana
denominada
Enlace
Civil
AC,
que
a
partir
de
1996
funciona
como
puente
entre
las
comunidades
indígenas
chiapanecas
y
la
sociedad
civil
nacional
e
internacional
en
el
proyecto
común
de
mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
pueblos
chiapanecos
en
rebeldía.
Esta organización está formada por un grupo multidisciplinario
de
profesionistas
bajo
el
principio
fundamental
del
respeto
a
las
decisiones
de
las
comunidades
indígenas,
a
sus
usos
y
costumbres
y
a
sus
formas
de
organización.
Los proyectos que acompaña y promueve Enlace Civil responden
a
las
necesidades
expresas
de
las
comunidades
indígenas.
Enlace
Civil
no
les
ofrece
proyectos
a
las
comunidades,
sino
que
toma
sus
demandas
y
solicitudes
para
facilitar
los
apoyos
externos
de
cooperación.
Enlace Civil trabaja, principalmente, en las siguientes tres
líneas
de
acción:
1. Apoyar la difusión de la palabra de las comunidades indígenas
chiapanecas,
dando
a
conocer
su
historia
pasada
y
reciente,
la
construcción,
en
algunas
zonas,
de
procesos
autogestivos,
sus
condiciones
actuales
de
vida,
su
organización,
sus
esfuerzos
por
mejorar
y
los
obstáculos
a
los
que
se
enfrentan.
2. Canalizar el apoyo solidario nacional e internacional para
apoyar
y
fortalecer
el
desarrollo
de
las
comunidades
indígenas
chiapanecas,
de
acuerdo
con
las
necesidades
y
criterios
planteados
por
los
propios
pueblos.
3. Acompañar las acciones y proyectos de las comunidades en
su
lucha
por
condiciones
de
vida
más
justas,
más
democráticas
y
más
libres.
Enlace Civil promueve proyectos a través de programas de salud,
educación,
producción
y
comercialización.
El
papel
que
lleva
Enlace
Civil
en
estos
programas
es
la
coordinación
entre
las
comunidades
indígenas
y
los
organismos
solidarios,
así
como
el
seguimiento
de
los
proyectos
para
facilitar
su
realización.
Los logros son evidentes: escuelas, bodegas, casas de salud,
cooperativas,
desarrollo
de
esquemas
de
comercialización
de
productos
de
la
selva
chiapaneca;
sin
embargo,
hoy
se
pretende
cortar
los
medios
de
suministro
de
organizaciones
hermanadas
de
Italia,
España,
Estados
Unidos,
Bélgica
y
otros
países
que
legítimamente
apoyan
la
construcción
del
otro
mundo
posible,
donde
se
hace
realidad
paulatinamente
el
para
todos,
todo.
Hoy llamamos a la sociedad civil para multiplicar el repudio
a
las
acciones
segregacionistas
del
Banco
Bilbao
Vizcaya
Argentaria
(BBVA),
en
México
conocido
como
Bancomer,
y
promover
la
cancelación
del
mayor
número
de
cuentas
bancarias
con
estos
representantes
del
neoliberalismo
financiero,
por
intentar
el
boicot
a
un
apoyo
solidario
y
auténtico
de
personas
y
grupos
que
en
otras
partes
del
mundo
creen
en
el
trabajo
y
la
organización
honrada
de
las
comunidades
zapatistas
en
resistencia.
El agravio es contra todos los que deseamos construir un mundo
diferente,
que
sea
nuestro;
la
respuesta
debe
ser
de
todos
los
que
tenemos
la
capacidad
de
organizarnos
contra
el
poder
que
nos
desafía.
Promueven testamento agrario. (Pulso de San Luis, Verónica Cruz, p.web)
El Gobierno federal
apoya
a
ejidatarios
a
través
del
programa
nacional
Hereda
Difunden programa nacional de testamento
agrario
llamado
“Hereda”,
las
autoridades
esperan
un
incremento
en
este
programa,
el
cual
da
certidumbre
y
confianza
a
los
ejidatarios
y
sucesores,
evitando
con
ello
conflictos
mayores
entre
familias
y
entre
la
población
misma.
El programa Hereda que lleva
a
cabo
la
Procuraduría
Agraria
en
la
zona
Media
del
Estado,
se
realiza
a
nivel
nacional,
el
cual
busca
fortalecer
y
dar
certidumbre
a
los
ejidatarios,
los
cuales
por
cosas
del
destino
fallecen
y
dejan
intestados
sus
predios,
causando
malestares
tanto
a
familiares
como
entre
la
población
misma
de
las
comunidades.
El titular de la Procuraduría Agraria en este municipio,
Gerardo
Javier
Jiménez
Medina,
dio
a
conocer
que
este
programa
es
nuevo
y
que
la
dependencia
lo
está
poniendo
en
marcha
tanto
en
la
región
Media
como
en
el
Estado
potosino,
el
cual
sólo
tiene
un
costo
de
22
pesos,
pago
que
se
hace
en
la
Secretaría
de
Hacienda
por
los
derechos
del
documento
y
el
cual
avala
toda
la
papelería
y
trámites
que
se
realizan
en
este
caso.
El funcionario dejó en claro que
aún
no
se
tiene
la
cultura
del
testamento,
mas
sin
embargo
se
ha
iniciado
una
cruzada
nacional
para
ofrecer
este
programa
que
tantos
beneficios
ha
traído
a
los
ejidatarios
de
otros
estados
de
la
República,
quienes
han
hecho
que
este
programa
sea
uno
de
los
que
tiene
más
participación,
principalmente
por
parte
de
aquellas
personas
adultas
que
quieren
arreglar
en
vida
lo
que
tanto
esfuerzo
les
ha
costado.
El funcionario finalizó diciendo
que
se
buscará
implementar
en
todos
los
ejidos
este
programa,
el
cual
también
es
uno
de
los
nuevos
que
lleva
el
Gobierno
federal
y
del
cual
se
esperan
grandes
beneficios
en
lo
que
a
tenencia
de
la
tierra
y
posesión
de
la
misma
se
refiere.
La nueva cara del gobierno federal. (Ecos de la Costa, Odilisa Gutiérrez,
p.web).
En esta semana que
está
por
terminar,
tuve
la
oportunidad
de
asistir
en
la
ciudad
de
México
a
la
IV
Reunión
Nacional
del
Sector
Agrario,
acudimos
todos
los
representantes
del
sector
en
la
país
y
con
mucho
agrado
escuche
los
discursos
que
dentro
del
desarrollo
de
la
reunión
se
hicieron.
El evento fue inaugurado
por
el
presidente
Lic.
Vicente
Fox
Quesada,
quien
en
su
mensaje
destacó
la
importancia
de
servir
con
calidad
a
México
y
a
los
campesinos,
habló
de
la
administración
pública
como
la
nueva
cara
del
gobierno
federal
y
destacó
los
cambios
en
las
actitudes
de
los
servidores
públicos,
que
en
mi
opinión
es
una
realidad,
pues
es
evidente
el
cambio
de
actitud
favorable
que
brinda
que
el
gobierno
federal
actual.
Los hechos están a
la
vista,
existe
una
Ley
Federal
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información,
que
obliga
a
todos
los
funcionarios
a
brindar
información
y
a
rendir
cuentas
sobre
el
desempeño
de
su
trabajo,
es
por
eso
que
hoy
nos
enteramos
a
donde
son
destinados
los
recursos
públicos
y
en
que
se
están
utilizando,
pudiendo
cuestionar
los
particulares
si
el
manejo
de
los
mismos
es
el
adecuado
o
no.
Se dio a conocer los
aspectos
relevantes
de
la
Ley
del
Servicio
Profesional
de
Carrera,
que
fue
propuesto
por
el
gobierno
federal
actual
a
la
Cámara
de
Diputados,
dentro
del
cual
se
pretende
que
los
mejores
hombres
y
mujeres
se
desempeñen
de
manera
eficiente
al
servicio
de
los
mexicanos;
con
ello
se
logra
además,
la
seguridad
laboral,
pues
no
será
tan
fácil
que
se
impongan
amigos
en
el
gobierno,
sino
que
las
plazas
serán
concursadas
y
a
los
hombres
o
mujeres
con
mejores
resultados
en
las
evaluaciones
serán
quienes
ocupen
los
cargos
públicos.
Para
quienes
se
encuentren
trabajando
en
el
gobierno
le
serán
aplicadas
evaluaciones
periódicas
y
solo
aprobando
podrán
conservar
sus
trabajos,
contribuyendo
con
ello
también
a
la
equidad
de
género.
El actual gobierno
federal
ha
sido
muy
cuestionado
y
me
da
gusto,
porque
ahora
ya
se
puede
cuestionar,
recordemos
que
la
libertad
de
expresión
en
nuestro
país
ha
logrado
un
gran
avance
a
partir
de
este
nuevo
gobierno,
ahora
puede
haber
parodias
sobre
las
figuras
políticas,
críticas
sin
censuras,
libertad
de
opinión,
situación
que
era
inimaginable
en
otros
sexenios.
También destacó el
presidente
Vicente
Fox
Quesada,
la
importancia
que
tiene
para
su
gobierno
el
apoyo
al
campo,
pues
en
ningún
sexenio
anterior
se
había
apoyado
con
tantos
proyectos
productivos
a
los
campesinos,
hay
que
recordar
que
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede)
fue
gratuito
y
aquellos
ejidos
y
comunidades
que
decidieron
aceptarlo,
no
les
representó
erogación
económica
alguna,
pues
las
mediciones
de
sus
parcelas
y
la
expedición
de
sus
certificados
parcelarios,
de
uso
común
o
títulos
de
solares,
se
realizaron
con
recursos
federales.
Hoy dentro de la organización
agraria,
se
tiene
programas
en
los
cuales
se
destinaran
recursos
a
los
campesinos
para
lograr
la
producción
conducida
e
informada,
tal
es
el
caso
del
programa
Joven
emprendedor,
en
el
cual
se
otorga
capacitación
de
producción
agrícola
o
ganadera
a
los
jóvenes,
recibiendo
una
remuneración
económica
y
si
demuestran
interés
y
aptitud
para
ello
serán
sujetos
de
los
apoyos
económicos
para
la
producción.
Con gran agrado recibimos
la
noticia
de
que
próximamente
será
implementado
este
programa
en
Colima,
de
lo
cual
se
hará
la
difusión
adecuada
para
el
acceso
al
programa
Razones. (Milenio Diario, Jorge Fernández Meléndez, p. web).
Espino descubre
el
enemigo:
el
‘viejo
régimen’
¿En qué país vive la dirigencia
panista?. La continua serie de desatinos
cometidos
en
los
últimos
meses
se
torna
cada
vez
más
peligrosa
para
un
partido
que,
se
supone,
aspira
a
conservar
el
poder.
En su reunión de consejo político
nacional
de
este
fin
de
semana
descubrieron
la
razón
de
todos
sus
males:
la
culpa
de
todo
la
tienen
los
colaboradores
que
provienen
“del
viejo
régimen”.
Dijo
el
preclaro
líder
panista
Manuel
Espino
que
“está
en
el
consenso
del
panismo
que
los
servidores
públicos
del
viejo
régimen
sean
paulatina
y
prudentemente
sustituidos”
y
que
promoverá
la
incorporación
a
los
gobiernos
federal,
estatales
y
municipales
de
hombres
y
mujeres
“formados
en
la
mística
de
exigencia
y
servicio
de
nuestro
partido”.
Pareciera una buena idea...si estuviéramos
a
punto
de
iniciar
un
sexenio
o
en
los
primeros
tramos
de
éste.
Pero,
¿se
habrán
enterado
Espino
y
los
demás
dirigentes
panistas
que
este
sexenio
ya
está
en
su
último
tramo,
que
lo
que
viene
son
las
elecciones
y
las
candidaturas
que
pueda
presentar
el
PAN?¿qué
lo
que
tendrán
que
buscar
son
alianzas
con
partidos
y
personalidades
y
que,
una
y
otra
vez,
declaraciones
de
este
tipo,
que
son
además,
absolutamente
imposibles
de
llevar
adelante,
les
alejan
todos
los
aliados
posibles?.
¿Por qué son imposibles?. Por una sencilla razón, esos colaboradores del “viejo régimen”
de
los
que
habla
Espino
ya
no
están
en
el
Gobierno.
Casi
todos
los
miembros
del
gabinete
y
de
los
primeros
niveles
de
gobierno
son
panistas o vienen del equipo de Fox,
salvo
Francisco
Gil
Díaz,
el
secretario
de
Hacienda,
Benjamín
González
Roaro, el director del ISSSTE, Santiago Levy,
director
del
IMSS
y
Tomás
Ruiz,
de
la
Lotería
Nacional.
Gil
Díaz
y
Levy han trabajado en gobiernos priístas pero son, por sobre
todas
las
cosas,
técnicos
muy
especializados
y
muy
respetados
en
su
materia
¿realmente
quiere
el
panismo
reemplazarlos?¿cuál
de
sus
“especialistas
financieros”,
por
ejemplo,
sería
el
propuesto
por
Espino
para
controlar
la
economía
en
este
último
año
de
gobierno,
ante
las
turbulencias
de
las
elecciones
y
la
sucesión?¿tiene
alguna
propuesta
siquiera?.
Tomás
Ruiz
(además
de
ser
también
un
especialista
financiero
reconocido)
y
González
Roaro
ocupan
posiciones
que
tienen
su
explicación
en
la
relación
del
presidente
Fox con la líder del magisterio, Elba
Esther
Gordillo,
¿realmente
quieren
Espino
y
sus
amigos
rompen
esas
vías
de
comunicación
con
la
todavía
secretaría
general
del
PRI,
que
jugó
buena
parte
de
su
capital
político
en
apoyar
la
reforma
fiscal
propuesta
desde
el
Gobierno?. Dos de los involucrados están a cargo del Seguro Social
y
del
ISSSTE,
instituciones
cuyo
adeudo
de
pensiones
es
10
veces
superior,
en
términos
económicos
y
financieros,
al
monto
de
la
deuda
pública:
¿realmente
quieren
los
panistas
quitar
a
esos
dos
funcionarios
con
contactos,
sobre
todo
en
el
ISSSTE,
con
los
principales
grupos
sindicales
para
quedarse
ellos
con
todo
el
control?.
Es
absurdo
y
si
lo
hacen
se
les
va
a
venir
el
mundo
encima
en
la
economía
(el
único
rubro
que
el
Gobierno
puede
realmente
presumir
y
que
permite
una
cierta
estabilidad,
es
el
control
de
la
variables
macroeconómicas)
y
dejarán
en
pleno
proceso
electoral
suelto
el
tema
de
las
pensiones.
Una
magnífica
estrategia
electoral
la
pensada
por
Espino
y
los
dirigentes
panistas.
Porque si no son esos los “representantes
del
viejo
régimen”
¿quiénes
pueden
ser?.
De
un
no
panista
como
el
procurador
Rafael
Macedo de la Concha ya se deshicieron de la peor manera posible,
generando,
por
la
forma
y
el
fondo
de
la
decisión,
un
profundo
malestar
en
otra
de
las
pocas
áreas
del
Gobierno
que
sigue
manteniendo
el
respaldo
social,
como
es
el
Ejército.
Si
por
Espino
fuera,
deberían
salir
en
forma
inmediata
de
la
PGR
varios
de
los
principales
funcionarios
de
esa
institución,
comenzando
por
sus
dos
pilares
operativos,
José
Luis
Santiago
Vasconcelos
y
Genaro
García
Luna,
a
quienes
no
les
perdona
que
hayan
detenido
a
su
amigo
y
protegido
Nahum
Acosta.
Santiago
Vasconcelos
y
García
Luna
pueden
salir
de
la
Procuraduría,
pero
lo
más
probable
es
que
lo
hagan
ellos
mismos
si
siguen
sintiendo
que
el
propio
Gobierno
federal
no
los
respalda
en
la
desigual
labor
que
están
desarrollando.
Y
una
vez
más
sería
bueno
preguntarle
a
Espino
por
quiénes
los
reemplazaría
¿por
aquellos
que
en
el
periodo
de
transición
decían
que
quitarían
al
Ejército
de
la
lucha
contra
el
narcotráfico
porque
no
era
un
desafío
de
seguridad
nacional
sino
un
simple
problema
policial?¿por
los
procuradores
de
los
estados
que
gobierna
el
PAN?¿por
alguno
de
los
diputados
tapatíos
que
insisten
en
el
complot
del
asesinato
del
cardenal
Posadas
Ocampo?.
En el equipo presidencial habría
otros
dos
ex
priístas:
uno
es
Florencio
Salazar,
en
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
el
otro
el
subsecretario
de
Seguridad
Pública,
Miguel
Angel
Yunes. El primero ha cumplido sin generarle problemas a su
jefe
(y
en
este
gabinete
esto
ya
es
mucho
decir)
su
encomienda.
El
segundo,
es
el
que
le
ha
permitido
al
secretario
Ramón
Martín
Huerta
(que
podría
ir
esta
semana
a
Gobernación)
poder
consolidar
una
política
de
seguridad
pública
que
parecía
condenada
al
derrumbe
en
diciembre
pasado.
¿Realmente
pensarán
los
panistas reemplazarlos?, sobre todo en el caso de Yunes ¿por quiénes?.
Pero, la pregunta va más allá:
¿no
comprenden
que
llevan
cinco
años
gobernando?¿qué
“el
viejo
régimen”
ya
no
puede
ser
una
excusa
para
las
insuficiencias
gubernamentales
o
de
sus
funcionarios?¿qué
lo
que
la
gente
exige
son
resultados
en
empleo,
seguridad,
salud,
eficiencia
económica?.
Pero,
además,
deberían
comprender
que
necesitan
alianzas,
de
partidos,
de
grupos,
de
personalidades
para
competir
en
el
2006.
Vamos,
hasta
Marta
Sahagún
les
dijo
en
una
reunión
previa
al
consejo,
con
mujeres
consejeras,
que
el
PAN
debe
abandonar
las
posiciones
de
derecha
y
moverse
hacia
el
centro
para
llegar
a
un
espectro
más
amplio
de
la
ciudadanía.
Esta
semana
renunciará
Santiago
Creel a la Secretaría de Gobernación para iniciar una campaña
en
la
que
quiere
no
ir
solo,
quiere
tener
aliados
extrapartidarios
y
muchos,
y
su
contrincante
interno,
Felipe
Calderón
ya
en
muchas
oportunidades
ha
dicho
que
si
gana
querrá
competir
encabezando
un
amplio
frente
ciudadano.
Pero
el
partido
va
por
otra
parte,
asumen
que
solitos
se
ven
más
bonitos.
Y
lo
terrible
de
todo
esto
es
que
detrás
de
todo
ello
no
hay
ninguna
consideración
política
o
estratégica
de
fondo,
sólo
intereses
personales
que
buscan
resarcirse
o
protegerse
en
el
tramo
final
de
un
sexenio.
Agenda Confidencial. (El Financiero, Luis Soto, p. web)
El dirigente del PAN, Manuel Espino,
el
mismo
que
denunció
que
en
la
Procuraduría
General
de
la
República
se
fraguó
una
estrategia
para
desprestigiar
al
blanquiazul,
descubrió
que
los
principales
responsables
de
que
el
gobierno
del
"cambio
sin
rumbo"
que
encabeza
el
presidente
Vicente
Fox
no
haya
tenido
los
resultados
que
esperaba
la
sociedad,
son
los
servidores
públicos
del
viejo
régimen,
o
lo
que
es
lo
mismo,
los
priistas
que
trabajan
en
el
gabinetazo.
Ellos,
dijo
Espino,
"no
asumieron
el
compromiso
de
la
dignificación
nacional
desde
el
gobierno,
y
han
llegado
incluso
a
menospreciar
y
a
denostar
la
nueva
filosofía
política
que
mereció
la
confianza
de
los
mexicanos..."
Espino prometió a los panistas -a los que ninguneó el
presidente
Vicente
Fox
hace
más
de
cinco
años,
cuando
empezó
a
integrar
su
gabinetazo-,
que
va
a
promover
su
incorporación
a
la
nómina
del
gobierno,
aunque
sea
año
y
medio,
para
que
no
se
sientan
frustrados.
De
ahí,
pues,
que
las
plazas
que
queden
vacantes
ahora
que
renuncien
Santiago
Creel, Alberto Cárdenas y otros funcionarios, serán ocupadas
por
distinguidos
militantes
"formados
en
la
mística
de
exigencia
y
servicio
de
nuestro
partido".
Pero a ver, Manuelito,
evaluemos
el
desempeño
de
algunos
funcionarios
que
nombró
el
presidente
Vicente
Fox
y
que
nada
tienen
que
ver
con
los
priistas. El primer secretario de la Contraloría, Francisco
Barrio
Terrazas
(panista
de
pura
cepa
que
ahora
quiere
ser
presidente),
no
pudo
con
el
cargo
ni
mucho
menos
con
los
"peces
gordos";
desde
que
llegó
a
la
secretaría
en
lo
único
que
pensaba
todo
el
día
era
en
ser
candidato
a
la
presidencia
de
la
República,
y
prueba
de
ello
es
que
lo
primero
que
hizo
fue
contratar
a
la
señora
Aliza
Chelminsky
para
que
le
"hiciera
la
imagen".
El primer secretario de Economía,
Luis
Ernesto
Derbez,
demostró
que
era
un
perfecto
inútil;
a
pesar
de
ello,
el
presidente
Vicente
Fox
lo
promovió
como
secretario
de
Relaciones
Exteriores,
en
donde
lo
único
que
ha
hecho
es
el
ridículo.
Derbez
también
quiso
ser
candidato
a
la
presidencia
de
la
República,
prefirió
la
candidatura
de
la
OEA,
que
perdió.
Del
sustituto
de
Derbez
en
la
Secretaría
de
Economía
no
haremos
ningún
comentario
porque
ocuparía
todo
este
espacio,
y
no
es
justo
para
los
demás.
El primer secretario de Energía,
Ernesto
Martens,
era
un
buen
señor,
y
nada
más.
El
segundo,
Felipe
Calderón,
que
es
panista,
la
única
mística
y
de
exigencia
y
servicio
que
tenía
era
la
de
"cada
quien
para
su
santo".
Se
sintió
presidenciable,
quiso
utilizar
el
cargo
para
promoverse
políticamente
-como
lo
han
hecho
otros-,
y
el
presidente
Fox
lo
tuvo
que
despedir.
Del
que
suplió
a
Calderón
en
Energía
tampoco
vamos
a
comentar
nada,
porque
es
completamente
gris.
La primera secretaria de Turismo
de
la
actual
administración,
resultó
un
fracaso;
bueno,
lo
que
pasa
es
que
no
quería
hacer
su
trabajo,
por
lo
cual
el
presidente
Fox
tuvo
que
mandar
a
un
negro
a
que
le
sacara
el
"buey
de
la
barranca".
¡Ya
ven
cómo
si
hay
negros
que
quieren
hacer
el
trabajo
de
otros
mexicanos!
La primera secretaria de la
Reforma
Agraria
"pasó
de
noche",
por
lo
que
tuvieron
que
echar
mano
de
un
expriista,
Florencio
Salazar
Adame, para que tratara de apagar los "focos rojos".
A Víctor Lichtinger,
secretario
de
Semarnat,
lo
trataron
como
a
las
"muchachas"
porque
querían
el
cargo
para
Alberto
Cárdenas,
pues
no
hallaban
cómo
hacerlo
precandidato
a
la
presidencia
de
la
República.
Al procurador general de la República,
Rafael
Macedo
de
la
Concha,
lo
despidieron
por
andar
"armando
complots"
en
contra
del
mismo
Espino
y
del
jefe
de
Gobierno
de
la
ciudad
de
México.
El secretario de Gobernación, Santiago
Creel,
que
se
convirtió
en
panista, se la ha pasado más de cinco años "calentando
el
asiento"
sin
hacer
nada
que
contribuya
al
desarrollo
del
país.
No
ha
sido
capaz
de
negociar
con
el
Legislativo
las
reformas
estructurales,
bueno,
ni
siquiera
un
asunto
relevante;
la
dependencia
es
un
desastre,
nadie
respeta
al
"patrón".
Se equivoca Manuel Espino, consideran
algunos
analistas,
si
no
hubiera
sido
por
un
par
de
priistas que trabajan en el gabinetazo de Fox, este país ya se hubiera ido a la ruina, con todo y su
democracia.
La Torre de Babel. (El Diario de México, Armando Cruz, p. web)
“Purgas”
Resultó que no fue en el recién
renovado
Consejo
Político
Nacional
del
PRI
donde
ocurrió
la
purga
de
elementos
priístas
peligrosos
para
la
ambiciones
políticas
de
su
líder
nacional,
Roberto
Madrazo Pintado, o sea de Elba Esther
Gordillo
cercana
a
la
pareja
presidencial,
y
del
ex
gobernador
de
Oaxaca
y
ex
secretario
de
Gobernación,
Diódoro
Carrasco
Altamirano,
quien
un
día
sí
y
otro
también
afirma
que
con
el
tabasqueño
como
candidato
el
PRI
tiene
asegurado
el
pasaporte
a
la
derrota
No, los priístas, y el propio Madrazo Pintado en particular, decidieron postergar la solución
de
este
conflicto
de
intereses
y
personalidades
que
mantienen
él
y
la
profesora
chiapaneca.
Más
aún,
Madrazo
Pintado
salió
al
paso
de
los
“impacientes”
que
habían
enfermado
a
Elba
Esther,
como
se
estilaba
en
el
viejo
régimen
cuando
se
quería
eliminar
a
un
político
desleal
o
indisciplinado.
Dice Madrazo
que
Gordillo
es
su
sucesora
automática
si
se
mantienen
las
actuales
reglas
estatutarias.
Además,
la
calificó
de
prudente
e
imparcial
(¡glup!)
en
el
actual
jaleo
que
se
traen
elbistas,
tucomes, labastidistas y madracistas. De modo, pues, que la purga en el PRI no fue
tal,
fue
puro
jarabe
de
pico.
Pero, donde sí quieren un purgante
antipriísta
es
en
el
PAN.
Su
líder
nacional,
Manuel
Espino
Barrientos,
ya
levantó
la
voz
contra
los
indeseables
funcionarios
tricolores
que
sirven
al
Gobierno
de
Vicente
Fox. Dice que su partido pugnará por sustituir “paulatinamente”
a
funcionarios
federales,
estatales
y
municipales
del
viejo
régimen
que
“menospreciaron
y
denostaron
la
nueva
filosofía
que
llegó
al
poder”,
y
entonces
uno
supone
que
se
encuentran
en
la
antesala
de
la
guillotina:
Francisco
Gil
Díaz,
secretario
de
Hacienda,
y
Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria.
El führer
Espino
Barrientos,
que
se
muerde
la
lengua
cuando
afirma
no
creer
en
políticas
totalitarias
o
autoritarias;
que
dice
ser
de
centro,
y
que
salpica
su
discurso
con
palabras
como
“pluralismo”
y
“tolerancia”,
se
apresta
al
asalto
de
las
estructuras
gubernamentales
con
una
nube
de
langostas
blanquiazules,
en
sustitución
de
funcionarios
del
“viejo
régimen”.
Esto
nos
recuerda
las
purgas
hitlerianas.
El führer
del
III
Reich
acudió
al
argumento
de
la
pureza
racial
para
emprender
su
ingeniería
política
y
la
persecución
de
los
elementos
“nocivos”
para
el
espíritu
ario.
El
cruzado
Espino
alude
a
la
pureza
de
la
nueva
filosofía
política
de
“dignificación
nacional”
traicionada
por
los
infieles
del
“viejo
régimen”.
Por
tanto,
considera
“estratégico”
y
“justo”
este
proceso
de
copar
por
“precaución”
la
administración
pública
con
funcionarios
“aptos”
(le
faltó
decir,
de
sangre
azul)
y
comprometidos
con
el
proyecto
del
PAN.
¡Cuidado!
El
fascismo
ya
tiene
metido
el
cuerpo
entero
dentro
del
Partido
Acción
Nacional.
Y
pensar
que
doña
Marta
Sahagún
pretende
quitarle
a
éste
el
sello
de
derecha.
¡Está
fácil!
Michoacán: rechazan 12 poblados negociar conflicto
por
tierras. (La Jornada, Ernesto Elorriaga, p. web).
29
Mayo,
2005
Federación
y
gobierno
estatal
acordaron
destinar
este
año
$178
millones
para
resolver
71
asuntos
Las
pugnas
tienen
en
promedio
33
años;
diferencias
limítrofes,
el
mayor
problema,
señala
Morelia, Mich., 28 de mayo. No obstante
que
este
año
se
destinarán
más
de
178
millones
de
pesos
para
resolver
los
conflictos
agrarios
de
la
entidad,
hay
unas
12
comunidades
de
la
meseta
purépecha que no aceptaron ninguna negociación con la Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
y
con
el
gobierno
del
estado,
afirmó
el
subsecretario
de
Asuntos
Agrarios,
José
María
Garibay.
"El caso de la Cañada de los Once Pueblos es el más singular,
ya
que
poblados
que
tienen
conflictos
por
límites
de
tierras
con
los
pueblos
vecinos,
como
Santa
Cruz
Tanaco,
no
aceptó
negociar
con
las
partes
en
disputa",
añadió.
Comentó que en su más reciente visita a Michoacán, el titular
de
la
SRA,
Florencio
Salazar
Adame,
y
el
gobernador
Lázaro
Cárdenas
Batel
acordaron
para
este
año
revisar
41
"focos
rojos
y
30
asuntos
considerados
focos
amarillos".
"En el caso de los primeros, el funcionario federal y
el
mandatario
estatal
se
comprometieron
a
aportar
50
por
ciento
de
cada
proyecto
que
se
apruebe
en
favor
de
la
parte
que
pierda
en
el
fallo.
Sin
embargo,
aclaró
que
en
comunidades
indígenas
donde
se
requiere
mucho
dinero
para
resolver
el
conflicto
-como
en
la
nahua
de
Ostula,
con
pequeños
propietarios-,
la
SRA
asumirá
ciento
por
ciento
del
costo",
apuntó.
Otro aspecto importante del convenio firmado en el municipio
de
Ocampo
es
que
la
SRA
enviará
otro
equipo
a
reforzar
las
mesas
de
diálogo
entre
las
comunidades,
para
avanzar
en
este
año,
ya
que
sin
duda
los
problemas
no
se
han
resuelto
por
la
gran
complejidad
cultural
e
histórica
de
las
comunidades,
pero
no
por
falta
de
voluntad
de
los
gobiernos
federal
y
estatal,
subrayó
José
María
Garibay.
El primer intento por resolver el problema de parte de la administración
estatal
y
de
la
SRA
fue
el
7
de
agosto
de
2003,
cuando
se
firmó
el
convenio
para
atender
los
siete
focos
rojos
de
la
meseta
purépecha.
Pero conforme pasaron los meses, y a solicitud de las propias
comunidades,
se
acordó
también
atender
los
focos
amarillos,
y
de
esta
forma
prevenir
mayores
complicaciones
a
futuro.
El subsecretario de Asuntos Agrarios comentó que 52 por ciento
del
territorio
nacional
es
propiedad
social,
ya
sea
ejidal
o
comunal.
"Es
evidente
que
los
problemas
agrarios
deben
resolverse,
pero
se
requiere
atención
y
voluntad
política
de
todas
las
partes",
dijo.
La región purépecha abarca 64 comunidades
de
17
municipios,
y
aproximadamente
28
mil
comuneros
se
disputan
cerca
de
250
mil
hectáreas.
De esos poblados, 31 cuentan con resolución presidencial de
reconocimiento
y
titulación
de
bienes;
cuatro
más
están
en
las
mismas
circunstancias
pero
no
han
sido
ejecutadas;
siete
cuentan
con
sentencia
del
Tribunal
Unitario
Agrario,
ejecutadas,
y
14
no
ejecutadas;
hay
cinco
en
trámite
en
los
tribunales
y
tres
con
sentencia
negativa
en
los
tribunales
unitarios.
Las comunidades en conflicto de la meseta, consideradas focos
rojos,
son:
Pamatácuaro-Tarecuato;
Ocumicho-Tangancícuaro;
San
Francisco
Ichán-Tacuro;
Paracho, Pequeños propietarios; Urapicho-Cocucho; Santa Cruz Tanaco-Cherán Atzicurín, y Tanaquillo-Huécato.
Hay avances entre Cocucho y Urapicho, donde se disputan 400 hectáreas, sin embargo, con
los
comuneros
de
Ocumicho
y
ejidatarios
de
Tangancícuaro no se ha logrado mucho, porque no aceptan que
se
les
entreguen
las
mismas
477
hectáreas
en
otro
sitio.
Cabe señalar que en fechas recientes el conflicto por la tenencia
de
la
tierra
y
por
la
explotación
ilegal
de
los
bosques
se
ha
recrudecido
en
la
Cañada
de
los
Once
Pueblos,
donde
se
involucran
comuneros
que
se
han
enfrentado
a
golpes
o
inclusive
donde
ha
habido
violencia,
como
en
Huécato, Tabaquillo, Uren, Santa
Cruz
Tanaco,
Cherán
Atzcicurin, Santa María Tacuro y
San
Francisco
Ichán,
además
de
la
cabecera
municipal
de
Chilchota.
Cárdenas Batel y el titular de la SRA han coincidido en señalar
que
son
conflictos
que
tienen
en
promedio
33
años,
por
lo
que
habrá
varias
comisiones
permanentes
en
la
región,
que
estarán
coordinadas
con
la
Procuraduría
Agraria.
El titular del Poder Ejecutivo del estado señaló que sin duda
el
problema
es
más
complejo
en
la
región
purépecha,
porque
hay
diferencias
de
carácter
histórico,
con
límites
de
propiedad
y
con
el
aprovechamiento
forestal",
refirió.
"Cada conflicto generado por la tenencia de la tierra
requiere
trato
especial,
pero
en
el
contexto
de
un
convenio
como
el
que
se
firmó,
en
el
que
jugarán
un
papel
importante
los
ayuntamientos
y
las
propias
comunidades
afectadas",
enfatizó
el
jefe
del
Ejecutivo
estatal.
El Senado de México abre coto de caza para los
biopiratas. (Agro Diario, p. web)
29-05-2005
Por Silvia Ribeiro. Sin discusión,
igual
que
con
la
ley
Monsanto
de
"bioinseguridad", la Cámara de Senadores aprobó el 27
y
28
de
abril
pasado
dos
leyes
que
instrumentan
la
privatización
de
los
recursos
genéticos
de
México
y
la
concesión
de
patentes
sobre
conocimientos
indígenas.
No es sorprendente, a la luz del
brutal
"blindaje
legal"
para
asegurar
la
privatización
de
recursos
estratégicos
que
el
Congreso
ha
venido
aprobando
-con
la
participación
de
todos
los
partidos-,
con
la
Ley
Nacional
de
Aguas,
la
ley
Monsanto,
la
ley
de
Minería
y
otras
pendientes,
complementadas
con
normas
oficiales
y
programas
gubernamentales
como
el
Procede
y
Pagos
por
Servicios
Ambientales.
Pero no deja de ser terrible, más
aún
cuando
el
abuso
de
los
términos
parece
ser
el
uso
y
costumbre
de
los
legisladores:
todo
es
en
nombre
del
"desarrollo
sustentable"
(¿de
las
trasnacionales
será?)
y
el
"progreso",
en
particular
de
las
comunidades
campesinas
y
pueblos
indios,
paradójicamente
los
que
más
sufren
el
impacto
de
estas
leyes.
La iniciativa de Ley de Acceso
y
Aprovechamiento
de
Recursos
Genéticos
recoge
los
lineamientos
que
las
trasnacionales
plasmaron
en
el
Convenio
de
Diversidad
Biológica
de
Naciones
Unidas,
dirigidos
a
que
la
biopiratería
se
pase
a
llamar
"bioprospección",
y
que
mediante
contratos
y
pago
de
unas
monedas
a
quien
acepte
vender
el
patrimonio
común
a
nombre
de
todos,
pase
a
la
categoría
de
"desarrollo
científico",
con
fines
comerciales
directos
o
indirectos,
y,
lo
más
importante,
que
sea
legal.
Al
estilo
de
la
corona
inglesa
en
el
siglo
XVI,
cuando
en
lugar
de
condenar
al
famoso
pirata
Francis
Drake,
le
dio
apoyo
oficial,
incluso
nombrándolo
sir,
a
cambio
de
parte
del
botín.
De aprobarse también en la Cámara
de
Diputados,
la
ley
establecerá
que
quienes
quieran
explorar,
investigar,
usar,
patentar
derivaciones
y
aplicar
comercialmente
recursos
genéticos,
tales
como
plantas
y
animales
silvestres,
microorganismos,
hongos,
insectos,
etcétera,
podrán
hacerlo
si
previamente
el
"
legítimo
poseedor
o
propietario
del
predio
donde
se
encuentre
el
recurso
biológico"
lo
consienta
en
un
contrato
de
bioprospección
y
la
Semarnat lo autorice. El contrato debe incluir cláusulas para
un
supuesto
"reparto
de
beneficios".
Como Drake,
esto
es
lo
que
ya
hacían
muchas
empresas
trasnacionales,
junto
a
universidades
nacionales
o
extranjeras
y
la
mediación
de
ONG
internacionales
(por
ejemplo
WWF,
Conservación
Internacional,
The
Nature Conservancy), o algunas ONG
locales
que
ven
la
biopiratería
como
"entrada
extra"
para
las
comunidades.
Los
cuatro
contratos
de
biopiratería más extensos y denunciados en México (ICBG Maya
en
Chiapas,
de
Ecosur,
la
Universidad
de
Georgia
y
la
empresa
Molecular
Nature;
ICBG
Zonas
Aridas, de la Universidad de Arizona, el Jardín Botánico de
la
UNAM
y
la
empresa
Wyeth;
el
Proyecto
Biolead en Oaxaca, de la asociación ERA, UZACHI y Novartis; la bioprospección de enzimas
del
Instituto
de
Biotecnología
de
la
UNAM
y
Diversa
Corporation)
fueron
cancelados
o
no
renovados,
gracias
a
las
denuncias
de
comunidades
y
organizaciones
civiles,
a
las
extensas
protestas
que
suscitaron
y
al
ambiguo
marco
legal
que
existía
en
México
sobre
el
tema.
Este último punto es el que esta
ley
pretende
subsanar,
para
que
el
saqueo
continúe,
pero
sin
problemas
legales.
La
resistencia
y
denuncia
no
la
pueden
evitar,
pero
mediante
algún
"reparto
de
beneficios"
pueden
dividir
a
las
comunidades
o
acallarlas.
La
ley
acepta
que
los
recursos
genéticos
o
sus
derivaciones
puedan
ser
patentados,
es
decir,
privatizados,
sin
importarle
que
sean
recursos
colectivos
y
públicos,
parte
de
los
territorios
de
los
pueblos
indios
y
producto
del
trabajo
y
conocimiento
colectivo
de
campesinos
e
indígenas
y
de
su
interacción
con
la
biodiversidad.
Al
contrario,
dicen
reconocer
este
hecho,
ya
que
éstos
"deben
ser
consultados"
y
firmar
su
consentimiento...
siempre
y
cuando
sean
"los
legítimos
poseedores
o
propietarios".
Por
ejemplo,
en
el
caso
de
una
planta
medicinal
que
se
encuentra
en
varias
regiones,
una
comunidad,
ejido
o
hasta
el
propietario
de
una
parcela
puede
firmar
un
contrato
autorizando
su
venta
y
posterior
patentamiento.
La
iniciativa
de
ley
dice
que
para
definir
quiénes
son
"legítimos
propietarios,
poseedores..."
y
hasta
avencindados,
consultará
con
la
Procuraduría
Agraria
(PA).
Pero
sólo
en
2004,
según
estadísticas
de
la
PA,
había
62
mil
738
demandas
agrarias...
a
las
que
suman
miles
cada
año,
que
con
esta
ley
se
aumentarán.
No
solamente
legaliza
la
biopiratería
y
el
remate
de
la
biodiversidad,
también
promueve
los
conflictos
entre
comunidades
por
quien
llegue
primero
a
vender
los
recursos
comunes.
Con el mismo trasfondo perverso,
los
senadores
votaron
alegremente
que
también
podrán
ser
vendidos
y
patentados
los
"conocimientos
tradicionales
y
colectivos"
sobre
la
biodiversidad.
Modificando
la
Ley
de
Propiedad
Industrial,
crean
un
Registro
Nacional
sobre
el
Conocimiento
Tradicional
vinculado
a
los
recursos
biológicos
y
Medicina
Tradicional
Indígena,
que
pondrá
a
disposición
de
las
empresas
trasnacionales
los
conocimientos
indígenas
sistematizados.
A
las
comunidades
les
otorgan
"el
derecho"
a
registrarlos
y
a
individuos
a
patentarlos.
Tanto el tercer Congreso Nacional
Indígena
(Nurio,
2001)
con
más
de
3
mil
delegados
de
prácticamente
todos
los
pueblos
indios
de
México,
como
los
foros
de
médicos
tradicionales
indígenas,
han
manifestado
su
clara
oposición
a
la
biopiratería, la bioprospección
y
el
patentamiento
de
seres
vivos
y
conocimientos.
Al
parecer,
éstos
no
cuentan
como
"legítimos
poseedores"
de
conocimientos
ni
de
territorios,
ya
que
los
senadores
saben
mejor
que
ellos
lo
que
les
conviene.
Igual
que
con
la
contrarreforma
de
ley
sobre
derechos
y
cultura
indígenas.
En Chiapas no descansa la política contrainsurgente
del
gobierno
federal. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web).
Grupos
paramilitares
y
programas
de
la
Sedeso
y
de
la
SRA,
piezas
clave
29-05-2005
Palenque, Chis. 28 de mayo. A fuerza
de
repetirse,
ciertas
palabras
pierden
su
efecto,
parecen
vacías
de
significado
o
anticuadas,
anteriores
al
"cambio
democrático":
militarización,
paramilitares,
contrainsurgencia.
El
efecto
anestesia
en
la
opinión
pública
queda
reforzado
por
la
sistemática
negación
gubernamental:
esas
cosas
"no
existen".
Sólo
"desarrollo
social".
El
silencio
de
los
medios
se
encarga
del
resto.
Pero las comunidades experimentan los efectos de la política
oficial
de
guerra
"inexistente"
(o
de
baja
intensidad)
con
una
cotidianidad
muchas
veces
terrible,
y
ciertamente
heroica.
Los
municipios
autónomos
de
la
zona
norte,
agrupados
en
el
caracol
de
Roberto
Barrios,
y
el
municipio
de
San
Pedro
Polhó
en
los
Altos,
son
sólo
los
casos
más
extremos
y
peligrosos.
"Con las armas que nos dio Albores y que allí tenemos
vamos
a
chingar
a
los
zapatistas",
alardean
estos
días
(repito:
estos
días,
hoy,
hoy,
hoy)
los
miembros
de
Paz
y
Justicia
en
Roberto
Barrios,
comunidad
del
municipio
autónomo
El
Trabajo,
donde,
con
vocación
imparable,
el
gobierno
insiste
en
establecer
un
"ambicioso"
sitio
ecoturístico.
Un
proyecto
millonario
y
oscuro
que
tiene
dividida
a
la
comunidad
e
inclusive
a
otras
circundantes,
como
Puyipá
y
Santa
Cruz.
Pareciera
que
de
eso
se
trata:
de
dividir.
Piezas clave en este episodio son la delegada de Turismo en
Palenque,
Rosa
Vacelis;
los
programas
sociales
y
agrarios
de
las
secretarías
de
Desarrollo
Social
(Sedeso)
y
de
la
Reforma
Agraria
(SRA);
el
comisionado
presidencial
Luis
H.
Alvarez (gestor de inversiones y conversiones) y la organización
magisterial-campesina
Paz
y
Justicia,
de
la
fracción
que
conserva
el
nombre
original;
existen
al
menos
dos
fracciones
más,
de
identidad
priísta
o
pablista.
En
la
zona
norte
todas
se
proclaman
"pacíficas".
Todas
están
armadas
y
nadie
las
ha
intentado
desarmar,
aunque
tienen
en
su
haber
centenares
de
asesinatos,
desalojos,
violaciones
y
robos,
todos
documentados,
todos
impunes.
El proyectado balneario de Roberto Barrios es sólo una muestra
más
de
cómo
el
trabajo
gubernamental
pone
especial
atención
en
los
niños.
La
señora
Vacelis
lleva
a
pasear
a
los
estudiantes
y
los
adoctrina
contra
los
zapatistas.
La
organización
magisterial
Socama
fue
el
germen
de
Paz
y
Justicia,
junto
con
las
guardias
blancas
de
los
ganaderos
de
Tila,
Sabanilla,
Palenque,
Tumbalá.
¿Y
con
quién,
cacicazgos
aparte,
trabajan
estos
maestros?
Con
los
niños
y
jóvenes
choles
y
tzeltales
que
asisten
a
las
escuelas
oficiales.
En la zona norte (Tila, Sabanilla, Palenque, Chilón) las posiciones del Ejército se localizan, sin excepción,
en
tierras
ejidales,
"dentro"
de
las
comunidades,
y
de
preferencia
cerca
de
las
escuelas.
Bueno,
así
ocurre
también
en
otras
zonas,
como
los
poblados
de
Chenalhó,
la
cabecera
municipal
de
San
Andrés
y
las
cañadas
de
Ocosingo
(Tacitas,
Patihuitz,
Monte
Líbano,
Jordán,
Ibarra;
en
lugares
como
La
Sultana
y
San
Quintín
los
soldados
se
establecieron
a
orillas
de
la
comunidad).
Pero
el
récord
se
lo
lleva
la
base
de
Las
Limas
(Chenalhó),
que
rodea
un
jardín
de
niños.
Así, la influencia sobre las nuevas generaciones queda garantizada.
Ganan
"mentes
y
corazones",
como
demandan
los
manuales
originales
de
contrainsurgencia
elaborados
por
el
Pentágono
y
"adaptados"
para
combatir
la
resistencia
indígena
zapatista.
Entre
más
tiernos,
mejor.
Curiosamente,
al
calor
del
paro
magisterial
concluido
hace
una
semana,
el
gobierno
chiapaneco
insistió
en
descalificar
y
desprestigiar
a
estos
maestros.
¿La
serpiente
se
muerde
la
cola?
El
Estado
se
vio
obligado
a
reconocer
el
deterioro
educativo,
aunque
no
lo
atribuyera
a
su
propia
política
contrainsurgente
(en
la
que
el
magisterio
más
oficialista,
no
el
democrático,
resulta
pieza
clave),
sino
a
mera
rivalidad
prelectoral.
Naturalmente, la resistencia zapatista
valora
grandemente
la
educación.
Incluso
más
que
sus
enemigos.
Es
una
de
las
demandas
iniciales
que
dieron
origen
al
levantamiento
indígena
en
1994.
Y
la
concibe
como
antídoto
de
liberación
y
tolerancia
contra
el
envenenamiento
constante,
progresivo,
casi
científico,
que
genera
la
constrinsurgencia
educativa,
económica,
agraria
(ecoturismo
y
Procede
incluidos)
y
política
del
gobierno.
A la luz de estos hechos, no parece fortuita la flamante cancelación
por
parte
de
BBVA-Bancomer
de
las
cuentas
que
reciben
y
suministran
la
ayuda
económica
para
la
educación
autónoma
en
las
comunidades.
Por lo demás, los campamentos castrenses y cuarteles en Tila,
por
ejemplo,
además
de
asentarse
en
tierras
ejidales,
y
como
de
costumbre
de
manera
impuesta,
coinciden
con
los
bastiones
del
grupo
paramilitar
Paz
y
Justicia
(Nuevo
Limar,
Las
Limas,
Tila
y
Emiliano
Zapata)
o
sirven
para
sitiar
directamente
comunidades
zapatistas
como
en
Jolnixtié, o bien Xanil (entre Chilón y Tumbalá).
Según observaciones directas del Centro de Análisis Político
e
Investigaciones
Sociales
y
Económicas
(CAPISE,
2004),
en
el
territorio
indígena
donde
se
localizan
los
municipios
autónomos
existen
91
posiciones
militares
(de
un
total
de
114
en
todo
el
estado),
incluidas
grandes
bases
y
cuarteles,
que
ocupan
5
mil
hectáreas,
y
representan
21
por
ciento
de
los
terrenos
en
poder
de
la
Secretaría
de
la
Defensa
Nacional
en
el
país.
Información oficial no existe, pero basta abrir los ojos para
ver
que
la
ocupación
militar
del
territorio
indígena
es
abrumadora.
Por
su
parte,
la
inversión
social
alcanza
hoy
niveles
históricos,
y
con
frecuencia
también
histriónicos.
Cuando uno experimenta la hostilidad de los niños priístas
de
Paz
y
Justicia
contra
los
niños
zapatistas,
la
clínica
autónoma
y
el
campamento
civil
en
Roberto
Barrios
(por
volver
al
ejemplo
inicial),
uno
comprende
que
la
contrainsurgencia
no
descansa.
Y
que
ningún
precio
es
demasiado
alto
para
la
intervención
militar,
ideológica
y
social
del
gobierno
mexicano,
ayer
de
Ernesto
Zedillo,
hoy
de
Vicente
Fox.
Promueve el PAN “pugna” de priístas en sus gobiernos. (La Crónica de Hoy, José
Alejandro
Sánchez,
p.
web)
29-05-2005
El Consejo Político Nacional del PAN acordó ayer echar de los
gobiernos
federal,
estatal
y
municipal,
administrados
por
el
blanquiazul,
a
colaboradores
del
“viejo
régimen”
que
nada
han
aportado
al
proyecto
“democrático”
del
partido.
“Está en el consenso del panismo
nacional,
que
los
servidores
públicos
del
viejo
régimen
que
no
asumieron
el
compromiso
de
la
dignificación
nacional
desde
el
gobierno,
sean
paulatina
y
prudentemente
sustituidos”,
advirtió
Manuel
Espino.
Al término de la sesión extraordinaria del Consejo Político,
el
presidente
nacional
del
PAN
explicó
que
al
frente
de
este
proceso
estará
Juan
José
Rodríguez
Prats,
secretario
de
Acción
de
Gobierno
de
ese
organismo
político.
Puntualizó que antes, los tres niveles de gobierno deberán
entregarle
una
evaluación
del
desempeño
de
cada
uno
de
sus
colaboradores,
para
garantizar
que
se
apliquen
los
programas
propuestos
en
campaña.
“Promoveremos, aunque no de modo exclusivo, la incorporación
a
los
gobiernos
emanados
del
PAN
de
hombres
y
mujeres
formados
en
la
mística
de
exigencia
y
servicio
de
nuestro
partido”,
puntualizó.
Incluso, reveló que Vicente Fox ya
se
comprometió
a
hacer
una
evaluación
en
su
estructura.
Sin
embargo,
dijo
que
del
monitoreo
en
los
tres
niveles
de
gobierno
no
están
exentos
los
servidores
públicos
emanados
de
Acción
Nacional.
La decisión fue presentada por Espino y aprobada ayer por el
Consejo
Político
en
su
reunión
extraordinaria.
Antes del encuentro, consideró que, de cara a las elecciones
federales
de
2006,
a
la
agrupación
política
no
le
conviene
mantener
en
sus
filas
a
funcionarios
de
otras
administraciones
que
no
cumplan
con
la
política
de
su
partido.
Al dirigente nacional se le preguntó si la determinación no
llega
demasiado
tarde,
a
un
año
de
que
concluya
la
administración
del
presidente
Fox,
pero
respondió
que
no.
Agregó que los cargos, mucho menos deben estar en manos de
quienes
han
llegado
”a
menospreciar
y
a
denostar
la
nueva
filosofía
política”
del
albiazul.
”No vamos a convertir este proceso en un impulso para tomar
por
asalto
las
dependencias
gubernamentales,
pero
es
justo
y
está
en
el
consenso
del
panismo
nacional”,
puntualizó.
Respecto a las acciones políticas del gobierno panista para el desarrollo del país, argumentó que un sexenio
no
es
suficiente
para
cumplir
las
metas.
Además
Manuel
Espino
dijo
que
la
oposición
ha
fallado
en
el
Congreso.
Consideró que en el 2006 Acción Nacional debe ganar no solamente
la
Presidencia,
sino
la
mayoría
en
el
Congreso
Federal
para
lograr
las
reformas
estructurales
que
den
soporte
a
la
incipiente
democracia
mexicana.
Algunos priistas en el gobierno federal
*Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria.
* Francisco Gil, secretario de Hacienda y Crédito Público.
* Miguel Angel Yunes,
subsecretario
de
Seguridad
Pública.
* Tomas Ruíz, director de la Lotería
Nacional.
* Benjamín González Roaro, director
del
ISSSTE.
* Santiago Levy, director del IMSS.
* Alfredo Elías Ayub, director de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad.
* Luis Ramírez Corzo, director de Pemex.
Buscan ordenar asentamientos. (El siglo de Torreón, Citlalli Zoé Sánchez, p. web)
29 de mayo de
2005
Presenta el IVED
proyectos
en
ejidos
para
un
adecuado
desarrollo
urbano
en
Durango
DURANGO, DURANGO.-Después de las
acciones
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
se
regularizó
a
estos
núcleos
y
las
personas
tuvieron
la
posibilidad
de
obtener
el
título
de
su
parcela,
sin
embargo,
los
propietarios
“de
manera
irregular
han
tenido
acuerdos
y
negociaciones
con
particulares
que
han
ido
fraccionando
y
haciendo
crecer
la
ciudad
de
una
forma
fuera
de
control”,
indica
Abraham
Moreno
García,
titular
del
IVED.
Con el anuncio de que el Instituto
Estatal
de
la
Vivienda
(IVED)
invertirá
11
millones
de
pesos
para
la
adquisición
de
reservas
territoriales
Moreno
García
subraya
que
buscarán
que
los
nuevos
asentamientos
no
se
establezcan
de
manera
desordenada.
El IVED se ha acercado al Ejido
Morga
para
presentarles
un
proyecto
que
impida
una
mala
cimentación
de
casas
en
la
superficie,
de
esta
forma,
sería
el
primer
prado
con
esta
clase
de
planeación
de
desarrollo
urbano.
Así
los
ejidatarios
venderían
su
propiedad
respetando
los
lineamientos
establecidos.
Según la respuesta que se obtenga
con
los
ejidatarios,
este
proyecto
se
podrá
aplicar
en
otras
superficies
con
las
mismas
características,
mientras
tanto,
ya
dialogan
con
la
Tinaja
en
el
poblado
de
José
María
Morelos.
“Tuvimos la oportunidad de platicar
con
el
primer
ejido
que
ha
aceptado
compartir
con
el
IVED
y
el
municipio
la
planeación
de
su
reserva
territorial,
desafortunadamente
en
el
área
conurbana
no
sólo
de
Durango
sino
de
todas
las
ciudades
del
Estado,
un
porcentaje
importante
viene
de
terrenos
ejidales”,
detalla.
Enseguida agrega: “estamos construyendo
nuestra
reserva
territorial
en
algunas
partes
como
en
la
Laguna
ya
hicimos
una
adquisición
importante,
en
Santiago
Papasquiaro
estamos
a
punto
de
adquirirla.
En
total
estamos
en
proceso
de
adquisición
en
13
municipios,
uno
de
los
motivos
que
nos
llevó
a
hacerlo
fue
tener
la
tierra
suficiente
para
el
desarrollo
de
los
programas”.
El funcionario estatal comenta
que
dado
que
trabajan
en
coordinación
con
el
Instituto
del
Fondo
Nacional
para
la
Vivienda
de
los
Trabajadores
(INFONAVIT)
para
casas
subsidiadas,
el
IVED
hizo
la
aportación
de
los
terrenos
para
la
construcción
de
los
13
fraccionamientos
repartidos
en
diferentes
ayuntamientos
de
la
entidad.
“La tierra que hemos adquirido
en
la
mayoría
de
los
casos
es
superior
a
la
cantidad
que
requeríamos
para
el
programa
del
INFONAVIT,
eso
nos
permite
contar
con
algunas
reservas
en
varias
ciudades”,
puntualiza.
Pero el caso de la capital del
estado
se
ha
dejado
para
el
final,
aunque
se
tienen
ya
pequeños
predios
para
la
construcción
de
moradas.
Añade
que
en
la
actualidad
están
en
proceso
de
la
adquisición
de
un
bien
inmueble
localizado
en
el
Ejido
15
de
Octubre.
“También tenemos una reserva en
el
ejido
Benito
Juárez,
tenemos
otra
reserva
en
el
Ejido
Morga
y
revisamos
otras
opciones”,
platica
Moreno
García.
Dice que el Congreso del Estado
aprobó
los
11
millones
de
pesos
para
estas
acciones
de
compra,
los
recursos
serán
eficientados.
“La Federación a través de FONAPO
nos
apoya
con
el
30
por
ciento
del
costo
de
las
viviendas,
entonces
hemos
hecho
uso
de
ese
beneficio
y
eso
nos
permite
ampliar
las
expectativas
de
lo
que
puede
ser
el
presupuesto
disponible,
por
eso
se
está
pensando
en
el
ejercicio
de
años
posteriores,
no
somos
irresponsables
lo
estamos
haciendo
con
la
perspectiva
del
dinero
disponible”,
señala.
DESEOS
Vanguardia
-La presente administración estatal
contempla
el
desarrollo
de
tecnologías
y
certificación
de
materiales
alternativos
para
la
producción
de
vivienda.
-Impulsar la densificación de infraestructura
de
cabecera,
en
forma
adecuada,
ordenada
y
al
menor
costo
de
inversión.
-Realizar la planeación del desarrollo
habitacional
conjuntamente
con
las
instancias
locales,
de
acuerdo
a
los
planes
de
desarrollo
de
cada
municipio
y
aprovechar
de
la
mejor
manera
la
infraestructura
existente.
-Integrar en la producción y en
la
investigación
de
nuevas
tecnologías,
a
las
instituciones
científicas
y
educativas,
para
propiciar
el
desarrollo
del
sector
de
vivienda.
-Impulsar la utilización de los
reglamentos
de
construcción.
-Incentivar la utilización de sistemas
alternativos
que
integren
la
disposición
de
desechos
sólidos,
el
tratamiento
de
las
aguas
residuales
y
el
ahorro
de
energía
eléctrica.
-Propiciar la elaboración y utilización
de
prototipos
de
vivienda,
que
permitan
la
atención
inmediata
a
la
población
en
caso
de
desastres
naturales.
FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo
2005-2010.
Nace sindicato democrático de trabajadores de la
SRA.
(Diario de México, p. web).
Desconocieron a sus ex dirigentes y se comprometieron
a
acabar
con
las
componendas
gremiales
Cansados del ejercicio unipersonal de la dirigencia y del hostigamiento
y
represión
hacia
los
que
piensan
diferente,
trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA),
Procuraduría
Agraria
y
del
Registro
Nacional
Agrario
realizaron
la
Asamblea
General
Constituyente
del
Sindicato
Nacional
Democrático
de
Trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SINDETSRA),
en
donde
el
presidente
colegiado,
Víctor
Romero
Avila, aseguró que se acabará el dedazo y la componenda para
acceder
a
los
cargos
de
representación
sindical.
Ahí se denunció el uso patrimonialista de los recursos del
sindicato
por
parte
de
la
dirigencia
y
la
violación
sistemática
de
los
estatutos,
resolutivos
y
acuerdos
de
congresos
y
consejos.
Ante la situación prevaleciente, los trabajadores del sector
agrario
decidieron,
por
propia
voluntad,
desconocer
a
la
dirigencia
del
sindicato
“charro”
y,
haciendo
uso
de
la
libertad
de
asociación
consagrada
en
la
Constitución
mexicana,
agruparse
en
una
organización
sindical
democrática
que
los
represente
ante
las
autoridades.
La dirigencia colegiada tiene el mandato de negociar para alcanzar
un
mejor
salario
y
prestaciones
(destancado
por
negligencia
de
la
dirigencia
del
sindicato
“charro”)
y
defender
la
fuente
de
empleos
tan
golpeada
por
la
actual
administración
con
la
pérdida,
caída
y
congelamiento
de
las
plazas
de
base.
La base exigió a sus nuevos dirigentes no caer en los vicios
de
la
dirigencia
del
sindicato
“charro”,
como
negociar
a
espaldas
de
los
trabajadores,
ser
deshonestos
y
no
tener
transparencia
en
el
uso
de
los
recursos
sindicales.
Al respecto, Romero Avila se comprometió
a
edificar
una
institución
moderna,
democrática
y
propositiva, un instrumento capaz de luchar sin tregua por
los
derechos
y
reivindicaciones
de
las
y
los
trabajadores
que
prestan
sus
servicios
a
los
campesinos,
ejidatarios
e
indígenas
mexicanos.
Ratificó
el
compromiso
de
construir
un
sindicato
resuelto
a
salvaguardar
los
derechos
constitucionales
de
sus
agremiados;
a
ofrecer
un
servicio
público
digno
a
los
habitantes
del
medio
rural
mexicano,
y
a
contribuir
al
desarrollo,
la
libertad,
la
justicia,
la
soberanía
y
la
gobernabilidad
democrática
de
la
nación.
Manifestó que trabajarán sin descanso hasta que los servidores
públicos
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
del
Registro
Agrario
Nacional
y
de
la
Procuraduría
Agraria
tengan
empleos
dignos
y
bien
remunerados,
y
un
sistema
de
seguridad
social
que
permita
a
sus
familias
vivir
con
decoro.
‘Castigan a avecindados de Tacoteno
por
quejarse’. (Diario del Istmo, Yazmín
Cruz,
p.
web).
Minatitlán, Ver.
28 de Mayo del 2005
Se salió con la
suya
el
comisariado
No obstante el compromiso del residente
de
la
Procuraduría
Agraria
con
base
en
Las
Choapas,
Víctor
Velázquez Rivera, de entregar los títulos de propiedad a avecindados
del
ejido
Tacoteno
en
una
fecha
próxima,
los
documentos
fueron
entregados
la
misma
tarde
del
viernes,
y
de
300
pesos
que
les
pretendía
cobrar
el
comisariado
ejidal,
el
pago
se
concretó
en
500
pesos
por
cada
beneficiado.
Luego de que salieran las autoridades
municipales
de
la
casa
ejidal,
funcionarios
del
RAN
y
representantes
del
comisariado,
prácticamente
hicieron
su
“agosto”
en
la
entrega
de
los
documentos,
que
debido
a
la
importancia
que
para
los
avecindados
representa,
no
tuvieron
otra
que
pagar
los
500
pesos
como
cuota.
Diario del Istmo recibió una llamada
telefónica
en
la
que
un
inconforme
denunciaba
los
hechos,
y
al
volver
a
la
casa
ejidal,
nos
percatamos
que
efectivamente,
los
avecindados
estaban
cubriendo
un
pago
para
que
les
entregaran
el
documento.
Por si fuera poco, una de las personas
comentó
que
el
cobro
de
300
pesos
se
incrementó
a
500
pesos,
luego
de
que
los
integrantes
del
comisariado
ejidal
que
preside
Salvador
Rico
Guillén,
pensaran
en
“castigar”
a
los
avecindados,
por
haberse
inconformado
ante
las
autoridades
municipales.
En ese sentido, la postura de los
ejidatarios
fue
de
que
si
la
queja
era
por
pagar
300
pesos,
ahora
pagarían
500,
lo
cual
tendrían
que
desembolsar,
ante
la
importancia
que
el
documento
tiene
para
ellos.
Sin embargo, hay un antecedente
de
la
irregularidad
en
la
que
están
involucrados
los
representantes
del
comisariado ejidal y presuntamente algunos funcionarios del
RAN.
Este medio informativo, tuvo acceso
a
un
oficio
firmado
por
103
avecindados
del
ejido
Tacoteno,
en
la
que
denunciaban
al
arquitecto
Rafael
Blancas
López,
delegado
estatal
del
Registro Agrario Nacional (RAN), la situación
al
interior
del
comisariado.
“Venimos a inconformarnos en contra
del
presidente
del
comisariado
del
ejido
Tacoteno, Salvador Rico Guillén, quien tiene la intención
de
cobrar
los
gastos
de
escrituración
de
nuestros
títulos;
nos
quiere
cobrar
de
2
mil
a
3
mil
pesos,
de
acuerdo
a
la
superficie
que
mide
nuestro
lote,
ya
nos
cobró
al
iniciar
los
trabajos
de
medición
500
pesos
por
la
constancia
con
planos,
cooperamos
también
para
dar
los
refrescos
a
las
brigadas
que
anduvieron
midiendo”,
refieren
los
avecindados.
Denunciaron también que quien se
ostentaba
como
encargado
del
módulo
del
RAN,
Hilarión
Morales
González,
era
quien
inducía
o
asesoraba
a
Salvador
Rico
Guillén
para
lucrar
con
el
trámite
que
de
acuerdo
al
programa,
debe
de
ser
gratuito.
Pedían entonces que la entrega
de
los
documentos
fuera
en
la
casa
ejidal,
sin
embargo,
es
evidente
que
por
parte
del
delegado
estatal
del
RAN,
no
hubo
respuesta
a
la
demanda.
En ese sentido, pese a la intervención
del
funcionario
de
la
Procuraduría
Agraria,
los
ejidatarios
actuaron
de
acuerdo
a
sus
intereses.
Se sabe que son más de mil títulos
de
propiedad
los
que
habrían
de
entregarse.
Haciendo
cuentas,
más
de
medio
millón
de
pesos
son
los
que
recaudaría
el
comisariado
ejidal.
La pregunta es, si realmente se
les
está
cobrando
por
los
gastos
erogados
en
la
alimentación
del
personal
del
RAN
que
estuvo
en
el
municipio,
¿cuánto
gastaron
en
ese
concepto,
quizás
20
mil
pesos?
entonces
¿en
manos
de
quién
quedará
el
resto
del
ingreso?
Corresponde a las autoridades competentes
regularizar
este
tipo
de
actos,
que
ponen
entredicho
los
beneficios
que
los
programas
de
nivel
federal
y
estatal
promueven
a
favor
de
quienes
desean
tener
un
patrimonio
seguro.
Estación Sufragio. (Ecos de la Costa, Adalberto Carvajal, p. web)
28-05-2005
LAS NUEVAS INVASIONES
No obstante que desde la época
del
gobernador
Francisco
Velasco
Curiel
se
declaró
inafectable
toda
la
superficie
agrícola
del
estado
de
Colima,
la
verdad
es
que
los
reclamos
agrarios
se
han
venido
sucediendo,
especialmente
en
Tecomán
donde
el
suelo
es
fértil
y
donde
se
tiene
la
mejor
infraestructura
hidráulica.
Luego que, a partir de 1992, la
Ley
dejó
de
fomentar
la
acción
agraria,
la
única
manera
legal
de
crear
un
ejido
es
que
el
gobierno
compre
una
fracción
y
dote
a
un
grupo
de
campesinos.
Ellos,
además,
deben
elegir
que
esos
predios
queden
bajo
el
régimen
de
propiedad
social.
La reforma constitucional al 127
que
puso
fin
al
reparto
agrario
terminó
con
las
invasiones
de
tierras
como
las
conocíamos
en
el
pasado,
pero
obligó
a
los
líderes
de
organizaciones
radicales
a
diseñar
nuevas
estrategias.
Estos
grupos
agraristas
ya
no
invaden
ranchos,
ahora
despojan
a
los
parvifundistas
de
sus
tierras
con
procedimientos
legaloides
como
el
que
han
estado
patrocinando
las
autoridades
agrarias
en
Colima
en
contra
de
los
pequeños
propietarios
de
Tecomán.
Desde 1975, un grupo de vivales que aseguran ser vecinos de ese municipio, aunque
su
domicilio
nunca
haya
sido
acreditado
debidamente,
pretenden
el
reparto
de
las
pequeñas
propiedades
que
todavía
quedan
en
el
radio
de
Tecomán,
un
valle
donde
ya
más
del
70
por
ciento
de
la
tierra
es
ejidal.
Es el mismo grupo agrario que pretende
revivir
el
expediente
261/93,
argumentando
que
la
acción
agraria
no
fue
concluida
pues
en
los
archivos
del
Registro
Nacional
Agrario
no
aparecen
las
pruebas
que
presentaron
los
230
propietarios
los
ranchos
que
serían
presuntamente
afectados.
No
aparecen
porque
se
las
robaron.
Parecer ser una práctica común
en
el
derecho
agrario
sustraer
las
actuaciones
de
los
expedientes
con
el
propósito
de
reactivar
los
asuntos.
Los
abogados
llaman
a
esta
irregularidad
“capar” los expedientes. Algún funcionario con acceso a los
archivos,
mutila
el
expediente
y
se
lo
muestra
a
la
autoridad
jurisdiccional
diciendo
que
está
mal
integrado
o
que
el
proceso
no
ha
concluido,
cuando
-como
ocurre
con
la
solicitud
de
tierras
en
Tecomán-
ya
es
cosa
juzgada.
Pero si revivir expedientes agrarios
es
una
vieja
práctica,
lo
novedoso
es
que
los
propietarios
elijan
para
defenderse
pedir
se
les
finque
responsabilidad
a
los
funcionarios
agrarios
que
participaron
en
el
robo
de
los
expedientes
que
se
guardan
en
el
RAN.
Las
denuncias
van
en
contra
del
personal
de
las
delegaciones
estatales
de
las
instancias
agrarias,
como
autores
intelectuales,
y
contra
quienes
resulten
autores
materiales.
Que expedientes agrarios los reviven
una
y
otra
vez
es
una
mala
señal
para
quienes
pretenden
invertir
en
la
agricultura.
Demuestra
que
no
hay
seguridad
jurídica
en
el
campo.
Pero,
en
el
fondo,
como
señala
don
Sergio
Martínez
Álvarez,
no
es
la
tierra
la
riqueza
que
codician:
buscan
el
dinero
fácil.
Esto es un negocio para los líderes
de
los
grupos
que
presentan
los
reclamos
agrarios.
Los
dirigentes
reciben
una
cuota
de
los
campesinos
que
dicen
representar.
Se
calcula
que
para
promover
el
amparo
en
contra
de
la
declaratoria
de
inafectabilidad
de
los
230
ranchos
de
Tecomán,
pidieron
una
aportación
de
mil
pesos
a
cada
solicitante,
lo
que
representa
una
comisión
de
no
menos
de
450
mil
pesos.
El interés no es conseguir el reparto
agrario,
sino
mantener
vivo
el
juicio.
Pero
aun
en
el
caso
que
se
les
concedieran
las
tierras,
se
ha
visto
cómo
estos
grupos
se
apresuran
a
vender
sus
tierras
a
acaparadores.
Y
todo
esto
ocurre
con
el
beneplácito
de
las
autoridades
agrarias
que
deberían
velar
por
la
certidumbre
jurídica
en
el
sector
agrícola.
COSA JUZGADA
Entre 1995 y 1996, los propietarios
rurales
de
Tecomán
estuvieron
combatiendo
las
afectaciones
agrarias
de
las
que
iban
a
ser
objeto.
Se
llevaron
a
cabo
trabajos
técnicos
en
230
predios
de
Tecomán
para
determinar
que
no
había
en
esa
superficie
tierras
afectables.
Dichos estudios fueron practicados
por
el
comisionado
de
la
Reforma
Agraria
Felipe
de
Jesús
Durán
Gutiérrez,
quien
el
12
de
julio
de
1996
determinó
que
ninguna
propiedad
dentro
del
radio
legal
de
afectación,
siete
kilómetros
a
la
redonda
tomando
como
punto
de
partida
a
Tecomán,
era
afectable.
Con base en este dictamen, se enviaron
las
pruebas
de
todos
los
propietarios
presuntos
afectados
al
Tribunal
Superior
Agrario,
el
cual
resolvió
el
1º
de
abril
de
1998
el
expediente
agrario
261/93,
con
relación
al
municipio
de
Tecomán,
determinando
que
no
procedía
la
acción
agraria.
Con esa fecha se dejó en firme
la
resolución,
se
archivó
el
expediente
y
se
envió
para
su
custodia
al
Registro
Agrario
Nacional
en
la
ciudad
de
México,
al
haberse
declarado
concluida
la
acción
agraria.
Si bien el RAN tiene su sede en
la
capital
del
país,
en
cada
entidad
federativa
existe
una
delegación
y,
por
lo
tanto,
ese
expediente
debe
estar
a
resguardo
en
las
oficinas
del
Registro
en
Colima.
De
ahí
pues
que
las
sospechas
sobre
el
robo
de
las
actuaciones
recaigan
en
el
personal
de
las
instancias
agrarias
delegadas
en
Colima.
LAS CUATRO ESTACIONES
Como ni la FEC ni el inspector
de
espectáculos
del
ayuntamiento
de
Villa
de
Álvarez
han
dado
la
cara
respecto
al
fraude
cometido
por
el
empresario
del
concierto
del
grupo
español
La
5ª
Estación,
evento
en
el
cual
la
Federación
de
Estudiantes
Colimenses
fue
patrocinador
y
para
el
cual
se
otorgó
un
permiso
municipal,
sólo
nos
queda
sugerir,
a
manera
de
desagravio,
un
concierto
con
las
1026
flautas
dulces
entonando
Las
cuatro
estaciones
de
Vivaldi.
Crean sindicato trabajadores de la SRA. (La Jornada, p. web)
Golpe
al
oficialismo
28-05-2005
Ayer se constituyó el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(Sindetsra),
por
lo
que
los
afiliados
desconocieron
a
los
dirigentes
del
sindicato
oficial.
Víctor
Romero
Ávila,
integrante
de
la
directiva
colegiada
del
nuevo
organismo,
advirtió
de
la
necesidad
de
reivindicar
los
derechos
de
los
trabajadores
a
tener
empleos
dignos
y
bien
remunerados.
Los agremiados dijeron, por su parte, estar cansados del "ejercicio
unipersonal"
del
sindicato
oficial
y
del
"hostigamiento
y
represión
hacia
los
que
piensan
diferente".
En
la
nueva
agrupación
también
participan
empleados
de
la
Procuraduría
Agraria
y
del
Registro
Nacional
Agrario,
quienes
denunciaron
"el
uso
patrimonialista
que
se
ha
hecho
de
los
recursos
del
sindicato
y
la
violación
sistemática
de
los
estatutos,
resolutivos
y
acuerdos
de
congresos
y
consejos".
Durante la asamblea constitutiva del Sindetsra
los
delegados
acordaron
que
los
líderes,
encabezados
por
Romero
Ávila,
inicien
negociaciones
con
las
autoridades
para
elevar
el
nivel
salarial
y
las
prestaciones
de
los
trabajadores,
pues
la
política
actual
ha
ocasionado
la
pérdida,
caída
y
congelamiento
de
plazas
de
base.
Constituyen el sindicato nacional democrático de
la
SRA.
(Excélsior, p. web).
28/05/05
México, 28 Mayo.- Personal de la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
la
Procuraduría
Agraria
y
el
Registro
Nacional
Agrario,
llevó
a
cabo
la
Asamblea
General
Constituyente
del
Sindicato
Nacional
Democrático
de
Trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SINDETSRA).
Durante el acto, los trabajadores
indicaron
que
ante
el
ejercicio
unipersonal
de
la
dirigencia
y
el
hostigamiento
y
represión
hacia
los
que
piensan
diferente,
de
la
dirigencia
del
Sindicato
Nacional
de
Trabajadores
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SNTSRA)
decidieron
abandonar
sus
filas
y
construir
un
organismo
democrático.
Añadieron que los trabajadores
del
sector
agrario
decidieron
por
voluntad
propia
desconocer
a
la
dirigencia
del
sindicato
"charro"
y
haciendo
uso
de
la
libertad
de
asociación,
se
agruparon
en
una
organización
democrática
que
los
represente
ante
las
autoridades.
En la asamblea constituyente se
eligió
a
Víctor
Romero
Avila
como
secretario
general,
y
a
Erika
Vidal
Carrera
y
Rita
Porras
García
como
integrantes
de
la
presidencia
colegiada.
Ahí, los asambleístas denunciaron
los
malos
manejos
de
la
dirigencia
del
SNTSRA
y
la
violación
sistemática
de
los
estatutos,
resolutivos
y
acuerdos.
Asimismo, demandaron a su dirigencia
electa
a
no
caer
en
vicios
como
negociar
a
espaldas
de
los
trabajadores
y
no
tener
transparencia
en
el
manejo
de
los
recursos
sindicales.
Al rendir su protesta, Romero Avila se comprometió a edificar una institución moderna, democrática
y
propositiva;
un
instrumento
capaz
de
luchar
por
los
derechos
y
reivindicaciones
de
los
trabajadores
que
prestan
sus
servicios
a
los
campesinos,
ejidatarios
e
indígenas
mexicanos.
Además, ratificó el compromiso
de
construir
un
sindicato
resuelto
a
salvaguardar
los
derechos
constitucionales
de
sus
agremiados;
a
ofrecer
un
servicio
público
digno
de
los
habitantes
del
medio
rural
mexicano,
y
a
contribuir
al
desarrollo,
la
libertad,
la
justicia,
la
soberanía
y
la
gobernabilidad
democrática
de
la
nación.
Entregan certificados entre gritos y empujones. (Diario del istmo, Yazmín Cruz, p. web)
Minatitlán, Ver.
27 de Mayo del 2005
Denuncian cobro por trámites gratuitos
En medio de protestas por parte
de
avecindados
del
Ejido
Tacoteno,
se
llevó
a
cabo
ayer
la
entrega
de
certificados
de
propiedad
a
ejidatarios,
mientras
que
los
inconformes,
a
quienes
supuestamente
también
les
entregarían
el
documento,
denunciaron
el
cobro
por
el
trámite
que
oficialmente
es
gratuito.
Desde un principio, el acceso a
la
casa
ejidal
estuvo
restringido;
sólo
dejaban
entrar
a
los
ejidatarios.
En tanto, tras el portón, decenas
de
avecindados
gritaban
a
los
representantes
del
Registro
Agrario
Nacional
(RNA),
las
condiciones
en
que
a
través
del
comisariado
ejidal,
se
les
había
pedido
previo
a
la
entrega
de
sus
títulos
de
propiedad,
una
aportación
económica,
al
parecer,
por
los
gastos
del
personal
que
llevó
a
cabo
los
trámites.
No obstante que se encontraban
ya
las
autoridades
municipales
y
funcionarios
del
RAN,
el
acto
estuvo
a
punto
de
cancelarse,
debido
a
la
presión
que
los
avecindados
hacían
sobre
los
ejidatarios
a
quienes
incluso
calificaron
de
“transas”.
Por el sentir de los inconformes,
todo
hacía
suponer
que
el
presidente
del
comisariado
ejidal,
Salvador
Rico
Guillén,
en
asamblea
con
los
ejidatarios,
acordaron
cobrarles
entre
200
y
400
pesos
a
cada
uno
de
los
avecindados,
para
cubrir
los
gastos
de
los
representantes
del
RAN,
que
por
espacio
de
dos
meses
estuvieron
en
el
municipio
recogiendo
los
documentos
para
el
trámite
correspondiente
a
la
entrega
de
sus
títulos
de
propiedad.
Sin
embargo,
fue
el
propio
residente
de
la
Procuraduría
Agraria
con
base
en
el
municipio
de
Las
Choapas,
Víctor
Velázquez Rivera, quien les aclaró a los inconformes que el
trámite
era
gratuito.
Y es que los avecindados temían
que
los
títulos
de
propiedad
quedaran
en
manos
del
comisariado
ejidal,
pues
de
esa
forma
serían
obligados
a
pagar
la
cuota
que
les
habían
pedido.
Para tranquilizarlos, Víctor Velázquez les aseguró que los documentos volverían a la ciudad
de
Xalapa,
y
dentro
de
quince
días
regresarían
a
Minatitlán
para
entregarles
a
ellos
sus
títulos.
No obstante, el reclamo seguía
en
el
sentido
de
que
si
estaban
listos
los
documentos,
por
qué
no
se
los
daban;
el
funcionario
replicó
que
por
instrucciones
de
la
dependencia
estatal,
se
había
determinado
realizar
la
entrega
en
una
visita
posterior.
Precisamente por lo que en esos
momentos
ocurría,
se
pensó
en
suspender
el
acto,
pero
finalmente
lo
llevaron
a
cabo,
pues
ya
estaban
los
invitados
y
los
ejidatarios
en
espera.
Además, se tenía resguardado el
área
por
parte
de
los
elementos
de
seguridad
pública,
por
si
la
situación
se
salía
de
control.
A la salida, tanto el alcalde Raúl
Morales
como
el
diputado
federal
Pablo
Pavón,
fueron
abordados
por
los
avecindados
del
Ejido
Tacoteno;
la
respuesta
de
las
autoridades
fue
también
en
torno
a
que
habrían
de
esperar
una
nueva
visita
de
los
funcionarios
del
RAN,
que
sus
documentos
ya
estaban
listos
y
el
compromiso
seguía
firme
para
la
entrega
de
sus
títulos.
De hecho, en su intervención, el
director
de
gobernación,
Roberto
García
Alonso,
se
comprometió
a
recibir
a
una
comisión
el
próximo
día
jueves
por
la
mañana,
a
fin
de
poner
fin
a
este
conflicto.
Sector agropecuario
Maíz, primer objetivo de trasnacionales para producir
con
transgénicos:
experto. (La Jornada, Angélica Enciso,p. web).
La
Ley
de
Bioseguridad
allana
el
camino
a
empresas
biotecnológicas,
dice
Luis
Solleiro
Tras la entrada en vigor de la Ley de Bioseguridad
y
Organismos
Genéticamente
Modificados,
las
empresas
trasnacionales
de
biotecnología
están
listas
para
introducir
los
transgénicos
en
el
campo
mexicano,
con
el
maíz
a
la
cabeza,
señaló
José
Luis
Solleiro, director técnico de Agrobio
México.
El especialista dijo que para que comience a llegar la inversión
en
este
rubro
aún
se
debe
esperar
que
el
gobierno
federal
presente
el
reglamento
de
la
ley,
así
como
el
conjunto
de
normas
oficiales
que
lo
harán
operativo.
En
Agrobio
se
encuentran
agrupadas
las
principales
compañías
productoras
de
transgénicos
y
de
Organismos
Genéticamente
Modificados
(OGM):
Bayer,
Dupont,
Monsanto,
Dow Agrosciences y Syngenta.
Solleiro explicó que la industria "tiene
interés
en
los
cultivos
de
mayor
importancia,
con
el
maíz
a
la
cabeza,
y
busca
ampliar
la
cobertura
en
algodón
y
soya,
los
cuales
se
producen
en
el
país;
hay
otros
productos
que
se
han
quedado
en
espera,
no
sólo
de
las
empresas
de
Agrobio;
están
los
casos
de
alfalfa,
plátano
y
puede
haber
una
situación
propicia
para
atraer
desarrollos
que
se
han
hecho
en
otros
países
en
café
y
caña
de
azúcar".
Indicó que aún espera una solución en el aspecto de la moratoria
en
las
siembras
de
maíz
transgénico
que
el
gobierno
federal
estableció
desde
1999,
ya
que
las
empresas
han
insistido
en
la
necesidad
de
que
se
puedan
hacer
las
pruebas
experimentales
de
este
producto
y
hasta
ahora
no
ha
habido
respuesta.
El también investigador de la UNAM dijo que las empresas traerían
a
México
productos
que
ya
han
desarrollado
y
que
se
utilizan
en
otros
países,
como
el
maíz
para
insecticidas,
pero
se
adaptarían
a
las
características
de
los
maíces
mexicanos,
dependiendo
dónde
siembren.
"Si se quiere que tenga éxito se debe hacer un proceso
de
adaptación
de
los
materiales
a
las
condiciones
agroecológicas
del
lugar
específico.
Cuando
hablamos
de
híbridos
convencionales
se
debe
hacer
un
trabajo
de
adaptación,
que
se
puede
llevar
varias
temporadas
de
siembra,
porque
no
es
en
automático;
se
deben
hacer
evaluaciones,
que
el
material
se
desempeñe
como
se
espera
y
que
sea
rentable
para
el
productor."
Agregó que "estamos optimistas porque, por ejemplo, en
Honduras
se
hicieron
siembras
pilotos
en
condiciones
agroecológicas
que
son
similares
a
las
de
México
y
se
lograron
rendimientos
20
por
ciento
superiores
a
lo
de
un
híbrido
convencional".
Explicó que la idea es que el maíz se debe adaptar a los híbridos
-materiales
mejorados-
que
funcionan
en
las
diferentes
zonas
del
país
y
debe
haber
una
adaptación
a
los
materiales
que
aquí
se
pueden
desempeñar.
"Adaptar
la
característica
de
resistencia
a
insectos
en
México
y
la
modificación
genética
se
hace
a
una
semilla
específica."
Indicó que en este momento en México hay entre 1.2 y 1.5 millones
de
hectáreas
cultivadas
con
materiales
híbridos
e
idealmente
se
podría
pensar
para
mediano
plazo
que
lo
que
ya
se
tiene
con
estos
granos
pueda
pasar
a
ser
de
cultivos
modificados
genéticamente,
fundamentalmente
en
las
zonas
de
agricultura
industrial,
aunque
también
se
esperaría
realizarse
con
los
cultivos
tradicionales.
Para ello se deben hacer estudios por caso y de acuerdo con
las
características
de
cada
lugar
específico;
parte
de
la
evaluación
es
el
asunto
del
análisis
de
la
posible
transferencia
de
genes,
explicó.
Expresó que de la reunión del Protocolo de Cartagena, que comenzó
este
domingo
en
Montreal,
se
prevé
que
haya
una
definición
clara
en
relación
con
los
requisitos
de
documentación
para
el
comercio
de
productos
transgénicos. "El escenario ideal sería que haya un proceso
simple
y
que
no
implique
altos
costos
en
su
manejo,
porque
eso
al
final
impacta
a
toda
la
cadena
productiva
y
al
último
eslabón,
que
es
el
consumidor."
Otorgarán 675 mil dólares al apoyo de productores
rurales. (La Jornada, Antonio Castellanos, p. web)
Donación
del
BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó el convenio
de
donación
por
675
mil
dólares
al
Fondo
Multilateral
de
Inversiones
(Fomin) de esa institución, para un proyecto que fortalecerá
entidades
que
prestan
servicios
financieros
a
pequeños
y
medianos
productores
rurales
mexicanos.
El acuerdo fue firmado por el presidente del banco, Enrique
V.
Iglesias,
y
el
director
general
de
Financiera
Rural,
José
Antonio
Meade. El proyecto propiciará el diseño de un modelo que conjugue
las
mejores
prácticas
de
gestión
microfinanciera
con
las
necesidades
de
los
pequeños
productores
agropecuarios
y
forestales.
Se indicó que el modelo recogerá las experiencias de entidades
financieras
rurales
tanto
de
México
como
de
otros
países
que
se
destaquen
por
la
eficiencia
de
sus
programas
de
crédito
agropecuario.
Se
incluirán
factores
como
gestión
operativa
y
financiera,
selección
de
personal
e
incentivos
al
mérito,
tecnologías
de
crédito,
administración
de
riesgos,
controles
de
cartera,
sistemas
de
información
y
manejo
de
temas
ambientales
y
sociales.
La información del BID señala que el modelo será aplicado en
cooperativas
de
ahorro
y
crédito
y
sociedades
financieras
populares.
Asimismo
se
capacitará
a
representantes
de
10
entidades
proveedoras
de
servicios
para
que
difundan
el
modelo
entre
otras
asociaciones
financieras
rurales.
Organizaciones campesinas
Rechaza la CNC propuesta de desaparecer el Procampo. (La Jornada, p. web)
Defenderemos
el
programa,
afirma
Ramírez
López
Hay
que
redefinirlo,
no
eliminarlo,
plantea
el
dirigente
La Confederación Nacional Campesina (CNC) rechazó la recomendación
de
la
Auditoría
Superior
de
la
Federación
(ASF)
de
liquidar
el
Programa
de
Apoyos
Directos
al
Campo
(Procampo), porque no ha cumplido los objetivos para los que
fue
creado.
"Defenderemos
la
permanencia
del
programa,
ya
que
los
productores
requieren
los
subsidios,
inclusive
que
se
incrementen
50
por
ciento",
afirmó
el
presidente
de
la
organización,
Heladio
Ramírez
López.
Procampo, creado en 1994 al entrar en vigencia
el
Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte,
desaparecerá
en
2008.
Sin
embargo,
desde
la
firma
del
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo
las
organizaciones
firmantes
exigieron
la
permanencia
del
programa
e
inclusive
su
fortalecimiento,
pues
se
había
prometido
un
apoyo
de
100
dólares
por
hectárea,
empero,
el
valor
real
de
éste
ha
disminuido
40
por
ciento
debido
a
las
oscilaciones
en
el
tipo
de
cambio
del
peso
y
el
dólar.
Ramírez López exigió que se cumpla cabalmente la entrega fijada
desde
el
comienzo,
que
equivale
en
la
actualidad
a
mil
150
pesos
por
hectárea.
Además,
que
su
entrega
sea
rápida
y
oportuna,
esto
es,
antes
de
que
los
agricultores
siembren
y
no
después,
como
se
ha
hecho
costumbre
desde
hace
varios
años.
"De
esta
forma
serviría
realmente
a
los
campesinos
y
no
a
los
coyotes
que
encarecen
los
insumos."
El pasado 26 de mayo líderes de las uniones de producción cenecistas sostuvieron un encuentro con el director del Procampo, Alberto Riveroll Campos,
en
el
cual
protestaron
por
el
atraso
hasta
de
dos
meses
en
el
pago
de
los
recursos
del
ciclo
otoño-invierno,
principalmente
en
Tamaulipas,
Nuevo
León,
Chihuahua
y
Sinaloa.
Agregaron que también tienen dificultades con el formato de
pago
con
tarjeta
bancaria,
pues
hay
comunidades
que
no
cuentan
con
servicios
bancarios,
y
prevalece
el
temor
de
que
el
"raquítico"
apoyo
se
vea
aún
más
mermado
por
el
pago
de
comisiones
a
las
instituciones
de
crédito.
De acuerdo con los presidentes de las uniones de producción
de
maíz,
frijol
y
arroz,
entre
otras,
el
titular
del
Procampo se comprometió a solucionar lo más pronto posible
las
dificultades
planteadas.
A la fecha, el subsidio se entrega a cerca de 3 millones de
productores
que
siembran
alrededor
de
15
millones
de
hectáreas
con
10
cultivos
básicos.
Los
líderes
campesinos
recordaron
que
el
31
de
diciembre
de
2001
se
dio
a
conocer
la
Ley
de
Capitalización
del
Procampo,
cuya
propuesta
original
consistía
en
adelantar
a
los
campesinos
los
recursos
del
programa,
con
la
finalidad
de
impulsar
el
desarrollo
del
agro,
"pero
eso
está
lejos
de
lograrse".
Ramírez López aseveró que los apoyos a los campesinos son inferiores
a
los
que
entregan
los
socios
comerciales
de
México
a
sus
agricultores.
"La
realidad
es
que,
en
promedio
al
año,
por
cada
720
dólares
con
que
el
gobierno
mexicano
subsidia
a
cada
productor,
Estados
Unidos
les
entrega
20
mil,
la
Unión
Europea
16
mil
y
Japón
24
mil.
Ello
demuestra
por
qué
el
campo
de
nuestro
país
está
inconforme
y
lastimado.
"Ahora se llega al extremo de que algunas autoridades
amenazan
-aludiendo
a
la
decisión
de
la
Secretaría
de
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales-
con
suspender
cinco
años
los
apoyos
del
Procampo
a
los
terrenos
donde
se
originen
incendios
forestales,
a
pesar
de
que
son
los
campesinos
quienes
más
cuidan
sus
recursos
naturales
porque
de
ellos
comen."
El presidente de la CNC afirmó que el Procampo
debe
redefinirse
y
no
se
debe
amenazar
con
su
desaparición.
En
la
agenda
del
gobierno
del
presidente
Vicente
Fox
debe
estar
la
permanencia
de
un
programa
de
apoyo
a
los
campesinos
para
mejorar
su
productividad
y
competencia
frente
a
los
socios
comerciales.
Recordó
que
algunos
estudiosos
sostienen
que
es
posible
recuperar
el
doble
propósito
del
Procampo, es decir, que sea un mecanismo de compensación y
capitalización,
o
bien
puede
convertirse
en
programa
social
que
con
toda
claridad
transfiera
recursos
a
los
más
pobres
del
país.
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
Demandan desconocer actos de líder ejidal. (El Universal, Rebeca Jiménez, p. web.
/Información
también
publicada
en
El
Gráfico,
p.10)
Atizapán , Méx.
Ejidatarios
de
Espíritu
Santo
demandaron
a
autoridades
agrarias
la
nulidad
de
todas
las
actuaciones
de
Isabel
Mayén
Sánchez
ahora
preso
en
Barrientos como representante ejidal durante 15 años, pues
en
forma
ilegal
se
mantuvo
como
presidente
del
comisariado.
Jesús Sánchez de la Barquera y
Juan
Pérez
Ramírez,
entre
otros
ejidatarios,
señalaron
que
interpusieron
el
juicio
191/03
ante
el
Tribunal
Unitario
Agrio,
sin
que
a
la
fecha
conozcan
resultado
de
este
procedimiento.
Cabe señalar que las mil 270 hectáreas
de
bosque
y
áreas
naturales
protegidas
del
ejido
de
Espíritu
Santo
están
a
un
costado
de
la
exclusiva
Zona
Esmeralda
y
son
consideradas
uno
de
los
últimos
pulmones
del
valle
de
México,
sobre
el
cual
se
han
tejido
disputas
y
juicios
penales,
agrarios
y
ecológicos.
Los ejidatarios, encabezados por
Sánchez
de
la
Barquera,
apuntaron
que
a
lo
largo
de
15
años
al
frente
del
ejido,
Isabel
Mayén
no
sólo
ha
violado
la
Ley
Agraria
que
prohíbe
la
reelección
del
presidente
del
comisariado,
sino
además
ha
actuado
para
propiciar
el
deterioro
y
la
invasión
del
ejido
con
grandes
construcciones
como
la
escuela
privada
Monte
Sión,
que
ocupa
más
de
tres
hectáreas,
antenas
de
telefonía
y
una
agencia
de
autos
de
la
Escudería
Italiana.
Al mismo tiempo Isabel Mayén pidió
un
préstamo
del
Fondo
Minero
que
ascendió
a
58
millones
de
pesos,
dinero
que
los
ejidatarios
no
saben
cómo
manejó,
apuntó
Jesús
Sánchez.
De ahí la importancia de que autoridades
agrarias
no
sólo
desconozcan
a
Isabel
Mayén
como
presidente
del
ejido,
sino
además
revoquen
todos
sus
acuerdos
que
"dañaron
a
Espíritu
Santo",
apuntaron
los
demandantes.
Además, Isabel Mayén está preso
en
Barrientos
hace
tres
semanas,
donde
es
procesado
por
daño
al
ambiente,
la
apertura
de
un
camino
y
derribo
de
árboles
en
el
cerro
Chiluca,
declarado
área
natural
protegida
en
la
Gaceta
de
Gobierno
estatal
.
GUERRERO
Pedirán ejidatarios de Zitlala
a
Chavarría
que
intervenga
en
un
conflicto
con
Corett. (El Sur, Teresa de la Cruz, p. web).
Las 58 hectáreas
están
en
los
barrios
de
San
Francisco
y
San
Mateo,
pero
el
alcalde
de
Chilpancingo
y
caciques
presionan
para
regularizarlas
Ejidatarios de Zitlala solicitaron al secretario general de Gobierno, Armando
Chavarría
Barrera,
una
audiencia
para
pedirle
que
intervenga
en
la
solución
del
conflicto
desde
hace
ocho
años
con
la
Comisión
para
la
Regularización
de
la
Tenencia
de
la
Tierra
(Corett) por la legalización de 58 hectáreas, porque el alcalde
Noé
Ramos
Cabrera
y
caciques
los
presionan
para
que
acepten
esa
medida.
De acuerdo con el representante
de
los
campesinos
y
también
regidor
de
Obras
de
Zitlala,
Santiago
Tixteco
Cosme,
el
17
de
septiembre
1997,
el
Ayuntamiento
que
encabezaba
en
ese
entonces
y
por
primera
vez,
el
ahora
alcalde
Ramos
Cabrera
firmó
un
convenio
con
Corett
para
regularizar
la
tenencia
de
58
hectáreas.
Vía telefónica, precisó que las
tierras
pertenecen
a
mil
212
ejidatarios
y
se
ubican
en
el
área
urbana
de
la
cabecera
municipal
de
Zitlala,
en
donde
están
asentados
los
barrios
de
San
Francisco
y
San
Mateo,
“pero
la
expropiación
no
se
hizo
conforme
a
derecho,
ni
fue
consensuado
en
una
asamblea
de
comuneros”.
Tixteco Cosme
recordó
que
a
raíz
de
la
inconformidad
de
los
ejidatarios
y
luego
de
una
serie
de
movilizaciones
en
la
capital,
lograron
que
en
esta
segunda
gestión
de
Ramos
Cabrera,
que
contratara
“al
reconocido
abogado
Ignacio
Burgoa
Orihuela
quien
interpuso
un
amparo
y
estamos
en
la
etapa
de
desahogo
de
pruebas”.
Aseguró que independientemente
de
esa
medida,
Ramos
Cabrera
y
“un
grupo
de
caciques”
como
Francisco
Tecuchillo y Javier Meneses “están haciendo contracampaña,
porque
andan
haciendo
reuniones
con
algunos
comuneros
para
confundirlos
y
no
se
solucione
el
problema”.
Aseguró que la intención de los
“caciques”
es
convencer
a
los
ejidatarios,
que
acepten
la
regularización
de
sus
tierras,
para
que
“ellos
después
se
las
compren
a
precios
bajos
para
comenzar
a
fraccionar
y
posteriormente
vendan
los
lotes
a
precios
elevados”.
Indicó que en un supuesto plebiscito
del
ayuntamiento
entre
los
ejidatarios,
de
los
mil
212
campesinos,
“sólo
dos
aceptaron
regularizar
sus
tierras
y
se
trata
de
los
amigos
de
Ramos
Cabrera,
de
ahí
que
ellos
no
son
la
mayoría”.
Ante esa situación, Tixteco Cosme a nombre de los ejidatarios pidió a Chavarría que les otorgue una audiencia “para que le expliquen
como
están
los
problemas
y
para
que
intervenga
en
la
agilización
de
los
trámites
legales”,
debido
a
que
se
han
encontrado
con
una
serie
de
irregularidades
y
una
de
ellas
son
escrituras
que
tiene
164
campesinos,
pero
“las
notificaciones
no
coinciden
con
la
propiedad”.
Agregó que encontraron un documento
en
el
que
Corett
adeuda
a
los
ejidatarios
364
mil
pesos
por
la
legalización
de
sus
predios,
“pero
hay
otro
documento
en
donde
los
ejidatarios
renuncian
a
esa
cantidad”.
Se deslindan comuneros opositores a La Parota del
presunto
comunicado
del
EPR. (El Sur, Karina Contreras,
p.
web).
El Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores
a
La
Parota
(Cecop)
se
deslindó,
mediante
un
boletín
de
prensa,
del
presunto
comunicado
en
que
el
Ejército
Popular
Revolucionario
(EPR)
se
declaraba
“en
resistencia
total
y
permanente”
contra
la
presa,
aunque
dijeron
que
respetaban
su
posición.
“Sin embargo, públicamente nos
deslindamos
de
dicho
grupo,
en
tanto
que
no
tenemos
absolutamente
ningún
nexo
y
nuestros
métodos
de
lucha
son
totalmente
distintos,
como
son
la
movilización
social
y
la
defensa
jurídica”.
Uno de los representantes del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz,
dijo
que
la
posición
del
EPR
era
respetable,
pero
no
querían
que
los
involucrarán con ellos, porque “al rato hasta armas pueden
sembrarnos”.
Entrevistado por El Sur al finalizar
la
asamblea
de
ejidatarios
opositores
a
La
Parota
en
Cacahuatepec, otro de los dirigentes del movimiento, Felipe
Flores
Hernández,
señaló
que
agradecían
la
solidaridad
del
EPR,
pero
que
“no
tenemos
nada
que
ver,
no
los
conocemos
y
no
tenemos
nexos.
Agradecemos
su
opinión,
además
son
libres
de
opinar”.
Agregó que su lucha “ha sido legal,
justa,
limpia
y
no
tenemos
nexos
con
grupos
armados.
Lo
aclaramos,
porque
al
rato
no
nos
vayan
a
querer
confundir
que
pertenecemos
a
grupos
armados.
Cartones
Totalmente palacio · Magú
Adivinanzas · Helguera
Carita y billete · Rocha
...Y crece y crece Naranjo
Un madrazo caballeroso Helioflores
Dos
por
Fox
Efrén
