CARPETA
EJECUTIVA
DE PRENSA
DIARIA
LUNES
16 DE MAYO
DE 2005
OCHO COLUMNAS
Promueven a Peña con dinero público
Entregan priistas apoyos oficiales,
como semillas
e implementos
agrícolas
Fracasa capacitación magisterial en el país
Aprueba sólo el 37 por ciento de los maestros los cursos de
actualización:
INEE
Frustrante fracaso de reformas estructurales
Pactos sociales y fiscales sólidos, propone Antonio Ocampo
(ONU)
Corrupción e ineficiencia frenan a México
En sólo un año, el país pierde nueve posiciones en el índice
del WEF
En México, 97 crímenes al año por homofobia
Por cada caso tres no se denuncian, revela informe
Va la PGR por quince implicados en el 68
Echeverría, Sánchez Vargas y Gutiérrez Oropeza, entre ellos
Altos mandos del GDF se suben salario 11.6%
El alza supera en 8.6 puntos la meta inflacionaria de 2005
“Raquítico”, el aumento de 4.3% a maestros: CNTE
“Al pueblo, pan, circo y un kilo de tortillas”
Marta teje su campaña con Jorge Vergara
El dueño de Chivas la impulsa al Senado, más que al GDF
Espero ser candidato del PRD: Cárdenas
No se siente en desventaja frente a López Obrador
Asiáticos amos del contrabando
Unos 300 mil sujetos conforman en México la "mafia coreana"
y 250 mil
la "china"
Sector agrario
Carta del Procurador Agrario. (Proceso. p. web).
C. Rafael Rodríguez Castañeda
Director de la Revista “Proceso”
En la información publicada en el número 1488 bajo el titulo
“El despojo”
referente
al ejido El
Ticuiz,
municipio
de Coahuayana,
Michoacán,
y debido a
las alusiones
que hace a
mi persona
en calidad
de funcionario
público, me
permito hacer
las precisiones
siguientes:
a)
La
diputada Ana
Lilia Guillén,
según refiere
la revista:
“(…) habla luego sobre la postura del
procurador
agrario, Isaías
Rivera Rodríguez,
para quien
Cosme Mares
compró
‘conforme
a derecho’
y ya ‘no tienen
limitaciones
‘
en
hacer lo que
se le antoje
con la bahía
puesto que
esas tierras
eran ‘parelarias’
y, por tanto,
podía adquirirlas
(Proceso 1471).
b)
con
respecto a
lo anterior,
preciso que
en ningún
momento he
señalado que
el señor Cosme
Mares puede
hacer lo que
se le antoje
con la
”bahía”;
al contrario,
he reiterado
que conforme
a la ley,
las bahías
no son sujeto
de apropiación
particular;
en donde sí
puede hacer
lo que le
convenga es
en las parcelas
ejidales,
como es el
caso que nos
ocupa.
c)
También
he señalado
que hasta
que exista
una sentencia
de un Tribunal
competente
que diga lo
contrario,
la compra,
venta o adjudicación
de parcelas
ejidales es
válido siempre
que se ajuste
a derecho,
como también
fue el caso.
d)
Efectivamente,
en la entrevista
señalamos
que el predio
“El Tamarindillo”
no es terreno
de uso común
sino parcelado,
por decisión
soberana del
ejido, acordado
en asambleas
del 7 de diciembre
de 2003, como
consecuencia
de los trabajos
del PROCEDE.
e)
El
juicio agrario
87/04 planteado
ante el TUA
XXXVIII para
la nulidad
de la referida
asamblea,
fue resuelto
por sentencia
del 15 de
abril pasado,
aprobado y
calificado
de legal el
convenio que
celebraron
las partes,
reconociendo
a Cosme Mares
Hernández
como ejidatario
y cono legitimo
titular de
su derechos
parcelarios
en el ejido
y predio de
referencia,
concluyendo
en definitiva
la controversia
del caso.
f)
Finalmente,
reitero que
de las investigaciones
que hemos
realizado
no se ha encontrado
ninguna evidencia
que la señora
Marta Sahún
Jiménez sea
propietaria
o tenga algún
interés en
el ejido “El
Ticuiz”.
Atentamente
Dr. Isaías Rivera Rodríguez
Procurador Agrario
La Legislación en el campo debe mantener su sentido
social: diputados. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p. web).
El campo, en su conjunto, es un foco rojo; la creciente migración
en los pueblos,
el bajo porcentaje
del gasto
público para
ese sector
y la falta
de financiamiento
revelan que,
lejos de lo
que piensa
el Ejecutivo
en turno,
los problemas
agrarios deben
atenderse
social y jurídicamente
con una ley
que refleje
esos aspectos,
destacó el
presidente
de la Comisión
de Reforma
Agraria de
la Cámara
de Diputados,
Manuel García
Corpus.
Los problemas derivados de resoluciones presidenciales mal
elaboradas
y planos sobrepuestos
han generado
una problemática
jurídica,
a la que se
suman la existencia
del minifundio,
una demanda
creciente
de empleo,
la preocupación
de la gente
del campo
por la preservación
de los recursos
naturales
y el reclamo
de mayor participación,
son planteamientos
que deben
insertarse
en el nuevo
marco jurídico
agrario.
Para la senadora Arely Madrid Tobilla,
las controversias
en el agro
tampoco se
han atendido
adecuadamente.
"La tierra
no ha tenido
el trato,
el merecimiento
y mucho menos
la inversión
que requiere;
es importante
reconocer
que debe haber
nuevas formas
para resolver
la problemática
y que los
campesinos
confíen en
los órganos
de justicia."
Ni el gobierno federal ni los legisladores deben "permitir
perder el
sentido social
del campo".
Insertos en el debate de no sólo adecuar o hacer cambios a
la ley agraria
sino expedir
una nueva,
ambos legisladores
destacan en
la urgencia
de buscar
nuevas formas
para resolver
los problemas
agrarios y
que los órganos
de justicia
sean eficientes.
"Es muy
importante
que la Secretaría
de la Reforma
Agraria
no olvide
que el proceso
agrario más
que un asunto
jurídico,
es un proceso
social importante
para el país",
destacó la
senadora Madrid
Tobilla.
"No pretendemos ir contra el proceso de globalización
y cambios
requeridos,
pero hay que
reconocer
la resistencia
al Programa
de Certificación
de Títulos
Ejidales y
Solares Urbanos
(Procede)
y por eso
30 por ciento
de la propiedad
social no
se ha medido",
expresó en
entrevista
el diputado
García Corpus.
A 13 años de la reforma al artículo 27 constitucional -que
se generó
bajo la expectativa
de crear nuevas
instituciones
para llevar
la justicia
a los labriegos,
inversión,
crédito, empleo,
en suma, mejorar
el nivel de
vida de los
campesinos-
la inversión
en el fomento
agropecuario
disminuyó
en 96 por
ciento, el
gasto público
cayó en 73
por ciento,
y el crédito
agropecuario
bajó en 76
por ciento;
faltan por
regularizarse
más de 20
millones de
hectáreas
de propiedad
social y la
mayor parte
de la propiedad
privada, y
12 millones
de jóvenes
reclaman empleo;
el problema
agrario sigue
vigente, asentó.
La propuesta de proyecto de decreto de la nueva ley agraria
no es resultado
de "ocurrencias
de los legisladores,
ni contempla
sólo aspectos
teóricos;
en ella se
atiende el
reclamo campesino
e indígena.
Es una ley
con carácter
social que
está enfocada
a fortalecer
al ejido y
a la comunidad",
aseveró.
Se sigue hablando de la desaparición de la Secretaría de la
Reforma Agraria,
los pocos
recursos que
se le han
dejado están
orientados
a los programas
de certificación
de derechos
ejidales y
atención a
conflictos
-los llamados
focos rojos-,
y los problemas
son atendidos
burocráticamente.
"Una
de las propuesta
para atender
la demanda
de tierra
es la creación
de un fondo
de tierra
para mantener
a la población
en tareas
productivas
e incorporar
el relevo
generacional
de los jóvenes
ante el envejecimiento
de quienes
son los actuales
titulares.
Esta es una
política que
debe mantenerse
en el futuro,
sin importar
quien esté
al frente
del gobierno
federal",
abundó.
La propuesta de la nueva ley agraria, comentó, rescata la función
social de
la propiedad
ya que obliga
a las sociedades
propietarias
de tierras
a mantenerlas
en explotación;
la reforma
de 1992 les
dio los derechos
para adquirirlas
pero con un
fin productivo
y no solamente
especulativo.
Mencionó que en respuesta a la demanda de justicia de los pueblos
indígenas,
el sector
más débil
y olvidado
del medio
rural, se
reglamenta
su constitución
y asegura
su protección,
respetando
sus culturas,
sistemas normativos,
valores sociales,
políticos
y culturales.
También se
fortalece
la vida orgánica
de los núcleos
agrarios ya
que se precisan
las atribuciones
de la asamblea
ejidal para
mejorar la
gestión de
los asuntos
financieros
y sociales;
se garantiza
que los ejidos
cuenten con
los órganos
de administración
y representación
vigentes y
dota de personalidad
jurídica y
amplían los
alcances de
la Unidad
Agrícola Industrial
de la Mujer
(UAIM).
Otros aspectos de la propuesta de ley que apoyan 19 de los
29 integrantes
de la Comisión
de Reforma
Agraria de
la Cámara
de Diputados
son: se regulan
los múltiples
acuerdos de
arrendamiento
que se dan
en el campo
para otorgar
mayor seguridad
jurídica,
proteger a
los campesinos
y facilitar
el acceso
a la tierra
por este medio;
se incluyen
disposiciones
para el desarrollo
productivo
bajo principios
de sustentabilidad,
conservación
del ambiente
y biodiversidad,
además de
establecer
modalidades
más justas
en los casos
de expropiación;
se reconoce
a las mujeres
como nuevos
sujetos agrarios;
se tutelan
los derechos
de los parvifundistas;
se establecen
límites a
la propiedad
ganadera y
a las de las
sociedades
mercantiles,
y propone
la independencia
de la Procuraduría
Agraria en
lo operativo,
presupuestal,
técnico y
administrativo.
El Procede viento en popa. (La Jornada, Suplemento la Hojarasca, Guadalupe Espinoza Sauceda, p. web)
Las falacias del Sector Agrario
El Procede va. Hasta el día de
27 de diciembre
de 2004 iban
trece entidades
federativas
que han declarado
el cierre
operativo
del Procede:
Sonora, Coahuila,
Zacatecas,
Baja California,
Baja California
Sur, Colima,
Aguascalientes,
Nuevo León,
Querétaro,
Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán y
Quintana Roo.
No sorprenderá
que se siga
levantando
la bandera
blanca
en otras entidades,
pues el compromiso
del gobierno
foxista
es concluir
los conflictos
agrarios y
el Procede
en este sexenio,
al que le
quedan menos
de dos años,
aunque en
los hechos
ya haya finalizado.
No obstante la publicidad oficial
sobre las
bondades y
beneficios
del Programa
de Certificación
de Derechos
Ejidales y
Titulación
de Solares
(Procede)
es importante
hacer notar
que en poco
contribuye
a resolver
los conflictos
por la tenencia
de la tierra,
pues bajo
los lineamientos
en que opera
no es factible
su aplicación
en núcleos
ejidales mientras
éstos no estén
libres de
conflictos,
ya sea de
rezago agrario,
de linderos,
y por inconformidades,
entre otros.
Mucho menos consolida el patrimonio
de los sujetos
agrarios.
Al contrario,
abre las puertas
para que éstos
lo enajenen,
mediante la
compra-venta
o cesión de
derechos agrarios
a otros ejidatarios
o avecindados,
o mediante
la asociación
con una sociedad
mercantil,
aportándolo
como garantía
a una sociedad
de crédito
o incluso
mediante dominio
pleno y entonces
puedan vender
como propiedad
privada. Es
decir, el
patrimonio
del ejidatario
o comunero
se sale del
régimen de
propiedad
social. A
quien da seguridad
y certeza
jurídica no
es al campesino
sino al que
va a comprar,
al que le
van a ceder
o el que va
a invertir.
El Procede
es la pavimentación
de la propiedad
social hacia
la propiedad
privada, es
decir a la
privatización
de la tierra
ejidal o comunal.
Tampoco arraiga a los campesinos
a su tierra.
Al contrario,
muchos ejidatarios
o comuneros
piensan que
con el documento
que les otorga
el gobierno,
ahora sí,
pueden vender
sus tierras,
pues muchos
de ellos --en
la práctica--
los consideran
como títulos
de propiedad,
aunque en
realidad no
lo sean, salvo
los de los
solares urbanos.
Lo que sí hace es promover la inversión
pública o
privada en
el campo mexicano.
Más esta última,
ya que el
sector gubernamental
como es sabido
por todos
ha dejado
morir al agro.
No es un programa voluntario, porque
la institución
principal
encargada
de operarlo,
la Procuraduría
Agraria,
en la práctica
se los impone
a los núcleos
agrarios,
pese a que
éstos cuentan
--según la
ley-- con
personalidad
jurídica y
patrimonio
propios, además
de gozar de
autonomía
y libertad.
Acorde a lo
dispuesto
por el artículo
23 de la Ley
Agraria, la
asamblea ejidal
o comunal
es el máximo
órgano del
ejido o la
comunidad,
tiene competencia
exclusiva
para la delimitación,
asignación
y destino
de las tierras
de uso común,
parcelada,
de asentamientos
humanos y
las que tienen
destino específico,
entre otras.
De hecho el
gancho o amenaza
que vierte
la Procuraduría
Agraria en
los núcleos
agrarios es
que si no
entran al
programa,
éste se cancelará
y después
si desean
entrar lo
tendrán que
hacer bajo
su cuenta,
es decir,
bajo sus costos
y que el gobierno
no los va
a apoyar.
La Procuraduría Agraria viola la
ley al no
respetar la
voluntad de
las comunidades
agrarias porque
en los hechos
fuerza a los
campesinos
--sea por
necesidad
o ignorancia--
a aceptar
el Procede.
Además, la
Procuraduría
Agraria impone
metas a sus
empleados
para incorporar
o culminar
el programa,
proceso en
el cual, como
se ve, no
le importa
la voluntad
de la gente.
Declaración de San isidro. (La Jornada, Suplemento Ojarasca,
p. web).
Por la defensa
de las tierras
comunales
y ejidales
Que emiten las comunidades indígenas,
ejidos, grupos
de campesinos
y organizaciones
civiles reunidas
en el poblado
de San Isidro,
municipio
de San Gabriel,
Jalisco, el
10 de abril
de 2005.
Considerando que las políticas
neoliberales
que impulsa
el gobierno,
en complicidad
con los grandes
capitales,
han provocado
en los últimos
veinte años
la destrucción
de nuestras
comunidades
y sus territorios,
la migración
forzosa de
nuestras familias
a las ciudades
o al extranjero,
y el deterioro
absoluto de
la economía
campesina.
Considerando que las reformas del
Artículo 27
Constitucional
en el año
de 1992, así
como la aplicación
de los programas
de certificación
de derechos
ejidales (Procede)
y de certificación
en comunidades
(Procecom),
no tienen
otro fin que
la privatización
de las tierras
ejidales y
comunales,
así como la
apropiación
de nuestros
recursos naturales
a favor de
las grandes
empresas.
Observando que junto a dichas políticas
antiagrarias,
nuestras milpas
están siendo
contaminadas
con maíces
transgénicos,
y que las
aguas y los
recursos naturales
que conforman
el patrimonio
de nuestras
comunidades
y de la nación
están pasando
a manos de
unas cuantas
personas.
Recordando que un día como éste,
pero del año
de 1919, fue
brutalmente
asesinado
el general
Emiliano Zapata
Salazar, quien
diera su vida
por la tierra
y libertad
de las comunidades
indígenas
y campesinas
de nuestro
país.
Y afirmando nuestra convicción
en defensa
de las tierras,
montes y aguas
que corresponden
a nuestras
comunidades,
con el espíritu
que Zapata
nos legara,
así como nuestra
firme voluntad
por resistir
como lo hemos
hecho desde
hace 513 años,
emitimos la
siguiente
declaración:
Primero. Nos congratulamos con
la decisión
tomada por
la asamblea
general de
ejidatarios
de San Isidro
el día de
hoy, en el
sentido de
rechazar unánimemente
la aplicación
del Procede
en las tierras
de su ejido
y exigimos
de la Procuraduría
Agraria
respeto absoluto
a la decisión
adoptada por
los campesinos
de este poblado.
Segundo. Manifestamos nuestro profundo
rechazo a
la gestión
del actual
procurador
agrario, el
C. Isaías
Rivera,
no sólo por
la ilegal
campaña que
ha desatado
en todo el
territorio
nacional para
obligar la
incorporación
de los núcleos
agrarios al
Procede, sino
por su profunda
parcialidad
a favor de
quienes han
despojado
el patrimonio
comunal y
ejidal de
nuestros pueblos,
al haber servido
como asesor
legal de la
transnacional
Nutrilite
en su litigio
de tierras
en contra
del ejido
de San Isidro.
Tercero. Considerando que los programas
de certificación
formalmente
tienen el
carácter de
voluntarios
exigimos a
la Procuraduría
Agraria, a
la Secretaría
de la Reforma
Agraria, al
Registro Agrario
Nacional y
a los gobiernos
locales que
cese en forma
inmediata
la ilegal
imposición
del Procede
y del Procecom
en los ejidos
y comunidades
de la región
Occidente
y en todo
el país. Advertimos
desde este
momento que
en caso de
que continúe
la
política coactiva
de los gobiernos
federal y
locales
para obligar
nuestra incorporación
a los citados
programas,
incrementaremos
nuestras acciones
de resistencia
civil y acudiremos
a las instancias
internacionales
para solicitar
la protección
de nuestros
derechos territoriales
y autonomía.
Cuarto. Exigimos que cese el anticonstitucional
condicionamiento
de los programas
y subsidios
gubernamentales
a nuestras
comunidades
a cambio de
nuestra forzada
incorporación
a los programas
de certificación.
Quinto. Exigimos que en aquellos
lugares, como
las comunidades
indígenas
de Cuzalapa,
Ayotitlán y San Andrés Cohamiata,
todas del
estado de
Jalisco, donde
el Procede
se haya aplicado
en violación
de las leyes
federales,
las actas
y trabajos
técnicos respectivos
se dejen sin
efectos legales.
Sexto. Por último, llamamos a todos
los campesinos
del Occidente
del país a
no permitir
la imposición
del Procede
en las tierras
que sus padres
y abuelos
les legaron,
muchas veces
a costa de
su vida, y
los invitamos
a unirse a
esta lucha
que hemos
decidido fortalecer
en defensa
de nuestras
tierras y
de nuestros
derechos colectivos
fundamentales.
San Isidro, Jalisco, a 10 de abril
de 2005
Atentamente
Jalisco: Ejido de San Isidro, Campesinos
de Zapotitlán
de Vadillo,
Campesinos
de Tonila, ejidatarios de la Nueva Esperanza, Médicos Tradicionales
de la Comunidad
Nahua de Tuxpan,
Ejido de la
Ciénega, Comunidad
Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán,
Comunidad
Wixárika
de Santa Catarina
Cuexcomatitlán, Comunidad Indígena de Cuzalapa,
campesinos
de Alista,
Comisariado
Ejidal de
Pedro Zamora,
Asociación
Jalisciense
de Apoyo a
Grupos Indígenas,
Unidad de
Apoyo a Comunidades
Indígenas
de la Universidad
de Guadalajara,
fian-México.
Colima: Integrantes
del Frente
Zapatista
de Liberación
Nacional.
Michoacán:
Ciudadanos
del municipio
de Aquila.
Antorchistas exigen al gobierno intervenir
en caso de
despojo de
tierras en
Nueva Quesería. (Ecos de la Costa, Heidi de Léon
Gutiérrez,
p. web)
16-05-2005
Notiecos/Colima.-
El movimiento
Antorcha Campesina
reviró las
declaraciones
del secretario
general de
Gobierno,
Arnoldo Ochoa
González,
y asegura
que en el
despojo de
tierras en
el poblado
de Nuevo Quesería,
en Coquimatlán,
el gobierno
del Estado
debe intervenir
por medio
de las instancias
legales, como
la Procuraduría
General de
Justicia (PGJE),
y en caso
de no ser
así, la organización
asegura que
continuará
con sus mítines.
Cabe recordar que después de la
reunión organizada
por los antorchistas
el jueves
de la semana
pasada, Arnoldo
Ochoa González
expresó a
los medios
de comunicación
que al gobierno
del Estado
no le compete
el problema
del ejido
Nuevo Quesería,
considerando
que en el
caso debía
actuar la
Procuraduría Agraria o la delegación de la Secretaría de la Reforma
Agraria.
En un comunicado de prensa, Antorcha
Campesina
puntualizó
que desde
la invasión
de las tierras,
el pasado
6 de marzo,
se levantó
una denuncia
penal ante
la PGJE, ya
que “como
todos sabemos,
esta institución
depende directamente
del Poder
Ejecutivo
estatal”
Sin embargo, en vez de obtener
respuestas
puntuales
por parte
de las autoridades,
se han encontrado
con que la
Procuraduría
“no ha hecho
nada, por
lo que el
gobierno está
cancelando
la vía del
Derecho para
hacer justicia”.
En el escrito subrayan: “cuando
el gobierno
del Estado
anuncia que
archivará
el voluminoso
expediente
de la averiguación
previa, está
atentando
contra el
estado de
Derecho y
tomando partido
por los invasores”.
Asimismo, cuestionan por qué el
gobierno y
la PGJE no
han actuado
en el caso.
“¿Qué interés
hay en proteger
a unos invasores?,
¿ser de la
CNC es tener
patente de
corzo?”
Dentro del punto 3 del comunicado
de prensa
detallan que
en caso de
persistir
la negativa
de actuar
en el asunto
por parte
de la Procuraduría,
el movimiento
antorchista
continuará
con sus movilizaciones,
“buscando
ser escuchados
por el gobernador
Silverio Cavazos
Ceballos”,
finalizan.
Comentario Político. (Cambio de Michoacán, p. web).
El Quijote .Opinión
Lunes 16 de Mayo de 20
Tema postergado
Lo que sí han hecho por lo pronto
los legisladores
actuales es
definir su
postura sobre
ciertos temas,
por ejemplo
los relacionados
con las leyes
que no son
de su agrado,
por ejemplo
la Ley de
Amnistía que
viene promoviendo
la bancada
perredista
desde la pasada
Legislatura
y que emana
del gobierno
estatal.
Al respecto Benigno Quezada Naranjo
y Jesús Reyna
García han
manifestado
su rechazo
hacia el documento
como partidos,
por considerar
que las leyes
no pueden
llevar dedicatorias.
El hecho concreto es que en el
Congreso michoacano
se tiene el
registro de
más de un
centenar de
casos de problemas
de tenencia
de la tierra
en la entidad
que han ido
a parar a
los tribunales
afectando
a las comunidades,
pueblos y
pobladores,
quienes permanecen
tras las rejas
por conflictos
que en la
mayoría de
los casos
datan de muchas
décadas atrás.
El sentido de pertenencia y de
reconocimiento
de los pueblos
en la tierra
continúa como
el semillero
de añejos
conflictos
por tenencia
en Michoacán,
enconos ancestrales
arrastran
generaciones,
sin que la
capacidad
gubernamental
tenga la pericia
para aliviar
este tipo
de problemas.
Casos como el del conflicto entre
comuneros
de Cocucho
y Urapicho,
que tienen
saldo rojo,
o el de Ocumicho
y ejidatarios
de Tangancícuaro
son la muestra
viviente,
además del
peso de las
rencillas
entre ambos,
la impericia
de las autoridades
ha provocado
enfrentamientos.
Pero los anteriores son dos de
muchos casos,
en lugares
como Zirahuén
los comuneros
han tenido
que dar cruentas
luchas por
la defensa
de sus tierras,
ahí producto
de la especulación
turística
que ha provocado
en más de
una ocasión
la detención
de sus dirigentes.
Los datos con que cuenta el Congreso
del Estado
sobre los
detenidos
por problemas
de tenencia
parten de
los documentos
que el gobierno
ha turnado
a los diputados
para sustentar
la iniciativa
de Ley de
Amnistía.
Es así como se conoce que por problemas
de tenencia,
habitantes
de Ocumicho,
San José de
Gracia, Ichán,
Charapan,
Carapan,
Cherán,
Tangamandapio, Santo Tomás, Patamban,
Huancito,
Las Cruces,
El Rosario,
San Vicente
Lorenzo, San
Juan Zitácuaro,
El Aguacate,
San Felipe
de los Alzati,
entre otras
muchas, cargan
a cuestas
procesos judiciales.
Sin embargo, en la lucha por la
tenencia de
la tierra
nadie sabe
con certeza
la extensión
que se disputan
comuneros,
ejidatarios
y pequeños
propietarios.
Las cifras son dispares, mientras
que en el
2004 la organización
Nación Purépecha
afirma que
tan sólo en
la meseta
había problemas
de linderos
en más de
50 mil hectáreas,
la Secretaría
de la Reforma
Agraria decía
que eran quince
mil 219, pero
en los tribunales
sólo había
constancias
de doce mil
hectáreas
en conflicto.Aunque en las zonas indígenas nahua, mazahua y otomí también hay problemas por los límites de la
tierra, son
los purépechas
los que se
caracterizan
por ese tipo
de conflictos,
ya que de
las 62 comunidades
que pueblan
los 17 municipios
que abarca
la región,
40 están de
pleito con
una, dos o
hasta ocho
comunidades
diferentes,
como es el
caso de Chilchota.
Mujeres campesinas sin acceso a la tierra en México.
(Cimac Noticias, María
de la Luz
González,
p. web).
Representan menos
del 14% de
titulares
de tierra
agraria
La falta de acceso a la tierra
es uno de
los principales
frenos al
avance de
las mujeres
campesinas,
pues la población
femenina representa
apenas 14.2
por ciento,
de los casi
3.5 millones
de titulares
de derechos
agrarios en
México, de
acuerdo con
cifras del
Instituto
Nacional de
Estadística,
Geografía
e Informática
(INEGI).
Las estadísticas oficiales precisan
que de los
12.3 millones
de mujeres
que residen
en comunidades
rurales, sólo
661 mil ejidatarias
y comuneras
–cinco por
ciento- tienen
derechos reconocidos
sobre sus
parcelas,
tierras de
uso común
y solares
urbanos.
Lo anterior, a pesar de que un
porcentaje
mucho mayor
está al frente
de sus familias
por la creciente
emigración
de los varones,
que ha feminizado
la agricultura,
destacó Vianey Romero, de la Central Campesina Independiente (CCI).
Los factores que impiden el acceso
de las mujeres
a la propiedad
de la tierra
son tanto
jurídicos
como culturales,
explicó. Por
un lado, la
legislación
actual no
prevé que
las mujeres
puedan ser
sucesoras
de los derechos
de propiedad
del esposo,
y éste puede
depositar
una lista
de sucesores
que no la
incluyan ante
el Registro Agrario Nacional (RAN).
Por otra parte, las Asambleas de
Ejidatarios
o Comuneros
no les reconocen
ningún derecho
de sucesión
cuando el
titular de
los derechos
agrarios muere
intestado.
El problema afecta a las mujeres
en edad productiva,
que son quienes
se quedan
al frente
de la familia
cuando el
esposo muere
o emigra,
pues de acuerdo
con el Programa
de Certificación
de Derechos
Ejidales (PROCEDE),
una gran parte
de las mujeres
titulares
de derechos
agrarios son
de edad avanzada:
68 por ciento
rebasa los
50 años y
35.6 por ciento
tiene más
de 65 años.
LAS MUJERES EN
SITUACIÓN
DE DESVENTAJA
La falta de mecanismos legales
y las trabas
culturales
para tener
acceso a la
propiedad,
afirmó, coloca
a las mujeres
campesinas
en una situación
de desventaja,
ya que ante
la ausencia
del titular
de los derechos,
por emigración
o por fallecimiento,
no pueden
gestionar
los subsidios
y los créditos
necesarios
para trabajar
la tierra.
“Estas trabas afectan al 100 por ciento de las
mujeres campesinas
que quedan
en estado
de indefensión
cuando sus
esposos emigran,
pues el dinero
de los subsidios
se pierde
porque sólo
puede entregarse
al titular
de los derechos,
y agudiza
la situación
de pobreza
del campo
mexicano”,
señaló.
Por ello, dijo, es necesario promover
una reforma
al Artículo
18 de la Ley
Agraria, para
garantizar
que la esposa
tenga la preferencia
en la lista
de sucesores
del titular
de los derechos
agrarios depositada
ante el RAN,
en caso de
muerte, y
cuando se
acredite una
ausencia de
dos años del
titular los
derechos pasen
a su cónyuge.
Romero presentó esta propuesta
ante el Parlamento
de Mujeres
realizado
este año,
como un mecanismo
que permita
empoderar
a las mujeres
campesinas
y resolver
algunos de
los problemas
generados
por la feminización
de la agricultura
y la discriminación
de las mujeres
en el acceso
a la tierra.
Es necesario dar seguridad jurídica
a las mujeres
campesinas,
que han asumido
el papel de
jefas de familia
sin las garantías
legales mínimas
para ello,
dijo.
De acuerdo con el INEGI, 80 por
ciento de
las campesinas
realizan alguna
actividad
productiva.
De ese total,
28 por ciento
son hortelanas
y floricultoras,
26 por ciento
trabajan en
actividades
agroindustriales
y 31 por ciento
en actividades
sin especificar.
Manipulación de parcelas. (Por Esto!, Hernán Ruz González, p. web).
Campesinos denuncian aprobaciones espurias de listados de
avecindados,
donde funcionarios
del Gobierno
del Estado
legitiman
inscripciones
de tierras
ejidales que
compraron
y se benefician
con apoyos
oficiales.
TIZIMIN, Yucatán, 15 de mayo.- Campesinos
de Tizimín
denunciaron
la manipulación
de parcelas
a través de
aprobaciones
espurias de
listados de
avecindados,
igual a como
se hizo en
Buctzotz,
donde dos
funcionarios
del Gobierno
de Yucatán,
solicitaron
legitimar
la inscripción
de las tierras
ejidales que
compraron
y que les
permitieron
acceder a
los beneficios
de los estímulos
que ellos
mismos deben
manejar y
verificar
que lleguen
a los productores
que los justifiquen.
Los ejidatarios de Tizimín acusaron a funcionarios
de la Reforma
Agraria
de falsificar
firmas para
la aprobación
de ingresos
de avecindados
en el ejido
de Tizimín
y demandaron
se investiguen
las ventas
de parcelas,
debido a que
en muchos
casos se trata
de despojos
y abusos que
se cometen
contra legítimos
parcelarios
con derechos
agrarios.
Aclararon que han detectado que los registros de avecindados que se tramitan
por vía de
las autoridades
ejidales y
promovidas
en actas que
manejan funcionarios
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria, se
soportan con
firmas falsas,
debido a que
algunos de
los campesinos
que acudieron
a las oficinas
de POR ESTO
a solicitar
hacer pública
su denuncia,
confirmaron
que nunca
firmaron y
sus nombres
y presuntas
rúbricas aparecen
en documentos.
Los ejidatarios reclamaron que se cambie el procedimiento de traslados de
dominio de
tierras ejidales
y que se analice
la posible
creación de
escribanías
agrarias,
para dejar
de manipular
los derechos
agrarios y
acabar con
los despojos
impunes de
parcelas y
de terrenos
del ejido,
que se tramitan
y avalan con
actas de asambleas
a las que
aseguran no
asisten los
auténticos
miembros de
esas organizaciones
y que son
la causa de
la acumulación
de tierras
en un nuevo
tipo de latifundismo.
Hay graves repercusiones sociales de esas ventas y de la inscripción de avecindados
en los ejidos,
debido a que
se hacen al
margen de
la opinión
de los miembros
del ejido
y son "cocinados
por funcionarios
de la Reforma
Agraria",
que bajo el
pretexto de
mantener buenas
relaciones
con los comisarios,
incluyen los
nombres de
funcionarios
como el del
Prof. Roger González Herrera y el del CP Jorge Ceballos Ancona, denunciados por
abusos en
sus cargos
y beneficiados
por créditos,
en listados
donde ni siquiera
se cumple
con el requisito
de la presentación
de los interesados
a los integrantes
de la asamblea
que aprueban.
Los
ejidatarios
denunciaron
que recientemente
se "aprobó"
el registro
de siete personas
que adquirieron
parcelas ejidales,
apoyando el
trámite en
firmas que
no son auténticas
y manifestaron
su preocupación
por esos procedimientos
que estimulan
el traslado
de dominio
de tierras
ejidales,
ante la certeza
de los modernos
terratenientes
de que no
tendrán que
enfrentar
a la asamblea
de ejidatarios
para su aprobación
como nuevos
posesionarios
de parcelas
ejidales.
Es importante señalar que por la falta de control y los procedimientos obsoletos
para la validación
de venta de
tierras ejidales,
existe una
tendencia
a acabar con
la figura
del ejido,
al convertir
cientos de
parcelas en
propiedades
de avecindados,
con lo que
los ejidos
en unos años
deberán de
desaparecer
por no tener
sentido su
vigencia como
agrupaciones
que operan
un régimen
de tenencia
de tierras
y en cambio
se habrán
de validar
los beneficios
para funcionarios
públicos que
por sus altos
salarios y
el acceso
a los estímulos
oficiales,
acaparan importantes
superficies
de tierras.
Valdría insistir que en los últimos años más del 40 por ciento de las tierras
ejidales pasaron
a manos de
particulares,
dejando a
miles de ejidatarios
sin un patrimonio
y obligándolos
a salir de
sus comunidades
rurales para
procurarse
ingresos en
otras actividades,
al igual que
muchos empresarios
ganaderos
vendieron
a funcionarios
y sus familiares
ranchos considerados
productivos,
debido a que
no cuentan
con el beneficio
de los apoyos
y sin ellos
no son rentables.
Juicio político a nueve ministros de la SCJN. (Revista Siempre, Antonio Cerda Ardura,
p. web).
Jorge Humberto Pazos Chávez/Promotor de la demanda
16-05-2005
En los próximos días, la Subcomisión
de Examen
Previo de
la Cámara
de Diputados
tendrá que
responder
si procede
o no el Juicio
Político promovido,
el 25 de junio
de 2004, por
Jorge Humberto
Pazos Chávez,
apoderado
legal de Parques
Conmemorativos,
S.A., contra
nueve ministros
de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación
(SCJN). Estos
funcionarios
violaron la
ley al desconocer
la resolución
de un juez
de Distrito
y un Tribunal
Colegiado,
en un caso
de desposesión
de tierras,
“propiciado
por el Poder
Ejecutivo,
con la colusión
del Poder
Judicial”.
Cárdenas, el simulador
El problema, que ya tiene ¡más
de 70 años!,
se inició
el 4 de noviembre
de 1931, cuando
vecinos de
San Miguel
Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México, solicitaron la
restitución
de 234 hectáreas,
propiedad
de Parques
Conmemorativos,
S.A., con
el fin de
restaurar
y propagar
zonas boscosas
localizadas
en esa superficie.
En una resolución
dictada el
9 de septiembre
de 1936 (y
publicada
ese 14 de
octubre en
el Diario
Oficial),
el presidente
Lázaro Cárdenas
determinó
que la restitución
era procedente,
pero permitió
que Parques
Conmemorativos
conservara
50 hectáreas,
a elegir libremente.
Luego de que se dictó un acuerdo
de devolución,
el 8 de noviembre
de 1939, la
Secretaría
de Agricultura
(actualmente
Reforma
Agraria)
se negó a
entregar esas
50 hectáreas,
ya que el
gobierno federal
había dispuesto
de esa superficie
y edificado
diversas instalaciones
militares.
“Desde un principio esa resolución fue tramposa
y lo único
que buscó
Cárdenas,
simulando
un acto jurídico,
fue desposeer
a Parques
Conmemorativos
de esa propiedad,
porque, una
vez dictada
la resolución,
inmediatamente
comenzó la
construcción
del Campo
Militar 1-A
y nunca se
comprobó un
fin de utilidad
pública”,
indica Pazos
Chávez.
Parques Conmemorativos convino
entonces que
se le pagara
una indemnización,
pero la Secretaría
de Agricultura
pretendió
que se fijara
al valor catastral
de 1931. Los
dueños promovieron
por ello un
juicio de
amparo indirecto
y lograron
que, el 12
de abril de
1956, la Segunda
Sala de la
SCJN ordenara
que la compensación
fuera al valor
real que tuviera
el terreno
en el momento
en que la
dependencia
dictara un
acuerdo de
conformidad.
El asunto siguió en litigio hasta
que, el 28
de febrero
de 2003, el
Primer Tribunal
Colegiado
en Materia
Administrativa
del Primer
Circuito resolvió
que las autoridades
no cumplieron
la ejecutoria
de amparo
y estimó que
debía actualizarse
el valor de
avalúo. El
20 de mayo
de este último
año, el juez
segundo de
Distrito en
Materia Administrativa
del Distrito
Federal ordenó
que se tomara
como fecha
de referencia
para considerar
el valor real
de los terrenos
el 8 de abril
de 2003. Sin
embargo, en
resolución
del 4 de noviembre
de 2003, nueve
ministros
de la SCJN
determinaron
que el pago
de la indemnización
debía ser
conforme a
los valores
de 1952.
Jorge Humberto Pazos Chávez sostiene
que los ministros
actuaron discrecionalmente,
atendiendo
un oficio,
fechado el
27 de enero
de 2003, suscrito
a nombre del
Presidente
de la República
y del actual
secretario
de la Reforma
Agraria, en
el que pedían
al Tribunal
Colegiado
considerar
el avalúo
referido al
año de 1953.
“Dejar sin efectos lo resuelto por instancias
inferiores
(en este caso
el juez de
Distrito y
los magistrados
del Tribunal
Colegiado),
les es prohibido
por la Constitución
y la Ley de
Amparo a los
ministros
de la SCJN
, ya
que dejan
de observar
peritajes,
pruebas, actuaciones
y resoluciones
procesalmente
firmes y violan
el principio
de cosa juzgada”,
indica a Siempre!
Pazos Chávez,
licenciado
en derecho,
socio del
grupo Asesores
Consultores
(Asecon) y autor del libro El poder de la discrecionalidad-Juicio
político,
en el que
examina este
caso. “Por
tanto —indica—,
deben ser
sometidos
a juicio político”.
Violación a la ley
Antonio Cerda Ardura.- ¿Por qué el juicio político?
Jorge Humberto Pazos Chávez.- Lo
que procedía
es que se
indemnizara
al valor que
esas 50 hectáreas
tenían al
8 de abril
de 2003, atendiendo
a la ejecutoria
de la sentencia
que dictó
la Segunda
Sala de la
SCJN, y que
tenía el carácter
de cosa juzgada.
Sin embargo,
en un acto
totalmente
inusual, en
su resolución
del 4 de noviembre
de 2003, los
ministros
determinaron
que el pago
fuera al precio
que regía
en 1952, señalando
que, tratándose
de resoluciones
dictadas en
incidentes
de inejecución
de sentencias,
ha dejado
de tener vigencia
el principio
de cosa juzgada
y que ellos
pueden modificar
los dictados
de jueces
de Distrito
o de tribunales
colegiados.
Los ministros incurren así en un
ilícito grave,
porque el
Código Penal
Federal establece
que es causa
de proceder
en contra
de un funcionario,
previo desafuero,
cuando éste
omite cumplir
con la ley
en una sentencia
de fondo a
sabiendas.
¡Un ministro
de la SCJN
no puede acusar
que no sabía,
porque ellos
son peritos
en derecho!
De manera
que al omitir
cumplir la
sentencia
dictada por
la Segunda
Sala de la
SCJN, y al
haberse coludido
(porque son
nueve) para
aprobar la
resolución
del 4 de noviembre
de 2004, a
sabiendas
de que estaban
cometiendo
un ilícito,
en términos
de lo que
señala la
Ley Federal
de Responsabilidades
de los Servidores
Públicos,
los ministros
están sujetos
a que se les
promueva juicio
político.
A.C.A.- Usted
promovió este
recurso desde
el 25 de junio
de 2004. ¿Por
qué no se
ha avanzado?
J.H.P.C.- Fue
una razón
exclusivamente
técnica: los
diputados
me hicieron
saber que
yo no había
promovido
el juicio
como ciudadano
mexicano,
sino como
representante
de la persona
moral Parques
Conmemorativos,
de manera
que no había
lugar en ese
momento a
proceder en
contra de
los ministros.
Ya subsané
ese requerimiento,
esa omisión,
y acredité
mi calidad
de ciudadano
mexicano.
La Subcomisión de Examen previo
de la Cámara
de Diputados
ya me hizo
saber que
procede el
juicio político
en contra
de los ministros.
Y estoy en
espera de
su aviso.
A.C.A.- ¿Cuándo
debe tener
una respuesta?
J.H.P.C.- Dentro
de los treinta
días hábiles
a partir del
6 de abril,
que fue cuando
yo presenté
la documentación
para acreditar
que soy ciudadano
mexicano.
Y en este
mes de mayo
se cumplen
los treinta
días hábiles.
Obviamente, lo que tendrán que
señalar es
que procede
la incoación
del procedimiento.
El expediente
tendrá que
ser turnado
a la Sección
Instructora,
para que ordene
todas las
diligencias
necesarias,
como fue en
el caso del
señor Andrés
Manuel López
Obrador. Luego,
los ministros
tendrán que
comparecer
ante la Cámara
de Diputados,
antes de que
se erija en
Gran Jurado
para determinar
respecto de
la procedencia
o no del juicio
político.
Si esto ocurre,
el caso se
turnará ante
la autoridad
judicial correspondiente,
es decir,
un juez de
Distrito.
A.C.A.- En
su libro,
usted habla
del constante
incumplimiento
de la ley
por parte
de las autoridades.
J.H.P.C.- El
problema es
que la justicia
se está politizando,
aunque no
en todos los
ámbitos. En
el asunto
de Parques
Conmemorativos,
por ejemplo,
el juez que
conoció del
asunto y los
magistrados
del Tribunal
Colegiado
dieron prueba
y muestra
de una actuación
ética, independiente
y de excelencia.
Pero cuando
los ministros
tomaron el
caso, ellos,
que deberían
ser los principales
exponentes
e intérpretes
de la Constitución,
decidieron
hacer a un
lado el código
de ética que
tanto han
pregonado
y, en poder
de su discrecionalidad,
resolvieron
sin tomar
la ley como
literalmente
está expresada
y contraviniendo,
incluso, sus
propias tesis
jurisprudenciales.
Por esto lo
único que
nos queda
a los ciudadanos
es el juicio
político.
A.C.A.- ¿Cómo
evitar que
esto siga
ocurriendo?
J.H.P.C.- En
mi libro refiero
que el Presidente
de la República
y el secretario
de la Reforma
Agraria solicitaron
al Tribunal
Colegiado
que se pronunciara
respecto de
tres puntos:
que se determinara
que la autoridad
responsable
no estaba
incumpliendo
la sentencia,
que el avalúo
se remitiera
a 1953, y
que se considerara
que se estaba
cumpliendo
sustitutamente
(sic), la
sentencia.
El Tribunal
Colegiado
desechó estos
argumentos
y ordenó hacer
el avalúo,
referenciado
al 8 de abril
de 2003. No
obstante,
los ministros
de la SCJN
hicieron un
trastocamiento
terrible de
la ley e hicieron
suyos, literalmente,
las consideraciones
del escrito
del Presidente
de la República
y del secretario
de la Reforma
Agraria. ¿Eso
qué nos demuestra?
Que existe
una dependencia
de la SCJN
respecto del
Poder Ejecutivo.
Facultad de sanción
A.C.A.- ¿A
dónde nos
lleva todo
esto?
J.H.P.C.- Los
jueces de
distrito y
magistrados
de tribunales
necesitan
que se les
faculte para
poder sancionar.
Mientras no
lo hagan,
obviamente
todo va a
recaer no
un poder jurídico
o judicial,
sino en un
poder político,
como el que
están desplegando
los ministros
de la SCJN,
maquinado
para complacer
al Estado
y para dar
las soluciones
que ellos
quieren, de
acuerdo a
su real saber
y entender,
o a la consigna.
Es decir:
vivimos ya
no en un Estado
de derecho,
sino en un
vacío de poder
en donde cada
quien decide
cómo se debe
aplicar la
ley. Y no
es posible
continuar
con esta impunidad
y corrupción
propiciada
por las propias
autoridades,
porque está
conllevando
a que la ley
sea mancillada
por todos
los ciudadanos
y sea tomada
en sus manos
por los particulares
y los funcionarios.
El Etnocidio se llama hoy desarrollo turístico. (La Jornada, Suplemento Ojarasca,
p. web)
De Sonora a Chiapas y Yucatán,
el etnocidio
se llama hoy
desarrollo
turístico.
Los indios
son acusados
de "resistirse
al progreso"
por gobernadores
súper buena
onda, modernos
y todo, como
el empresario
priísta Eduardo
Bours
Castelo en Sonora, el pirruris yucateco
y panista
Patricio Patrón
Laviada, y el político priísta que gobierna Chiapas por el
PAN y el PRD,
Pablo Salazar
Mendiguchía.
Faltaba más, claro que los pueblos
indios están
invitados
al Progreso.
De hecho,
¿saben que?,
es justamente
en beneficio
suyo, de los
pueblos, que
los gobiernos
se esfuerzan
en destinar
cuantiosas
inversiones
en el territorio
seri
de Bahía Kino
o las selvas
mayas en la
Lacandona.
¿Despojarlos?
¿Echarlos?
Esos son inventos
de los medios
de comunicación,
y los "líderes",
tan mal pensados,
y las ong
de derechos
humanos que
no quieren
entender el
altruismo
inherente
al Desarrollo.
Ironías aparte, estas prácticas
desarrollistas
contra los
pueblos indígenas
no son nuevas,
sólo se reeditan.
Con la misma
cara dura
las autoridades
los acusan
de "amenazar"
el "medio
ambiente"
donde han
vivido durante
milenios,
puesto que
la novedad
es que los
enemigos de
la conservación
natural son
los campesinos,
no las carreteras,
ni los hoteles,
plantas industriales,
pozos petroleros,
hidroeléctricas
y zonas residenciales.
Con la misma amplitud de miras
fueron arrancados
por arrasamiento
los chinantecos
y mazatecos
de las montañas
de Oaxaca
para construir
las presas
Miguel Alemán
y Miguel de
la Madrid.
Las comunidades
pesqueras
y agrícolas
del área de
Huatulco, cuando les llegó la brutalidad del "desarrollo
turístico",
supieron que
el gobierno
salinista
se les dejaría
ir con todo
para esfumarlos
("integrarlos"),
tal y como
ocurrió.
"Reordenamiento territorial"
es otro de
los eufemismos
del desarrollismo
marrullero
que pretende
quitar a los
pueblos el
manejo del
territorio
que viven
y los vive.
En semanas
recientes,
el gobierno
de Sonora
ha emprendido
una campaña
de criminalización y persecución embozada contra el pueblo conca'ac o seri, para abrirle paso
al proyectote
turístico
Escalera Náutica
que habrá
de traer al
litoral sonorense
un esplendor
de dólares,
y los turistas
estadunidenses
nos concederán
el honor de
lavarles sus
yates con
aguas nacionales,
y ya ni siquiera
el de ser
sus meseros,
recamareras,
choferes
y bufones;
oficios todos,
como se sabe,
estupendos
para proteger
la integridad
de un pueblo
como el conca'ac
hasta ahora
libre, pacífico
y dueño legítimo
de su territorio.
Detalles más, detalles menos, esto
sucede a cada
rato en Montes
Azules y sus
alrededores.
Van para afuera
los indios
"delincuentes
ambientales",
van para adentro
carreteras,
puentes, balnearios
y hoteles
(administrados
por las víctimas
en papel de
socios). Recorren
el agro nacional
programas
tipo Procede,
instituciones
manipuladoras
como Conadepi,
chantajes
disfrazados
como los que
promueven
Semarnat
y Conafor
en Chihuahua,
Jalisco, Nayarit,
Veracruz,
Guerrero.
Santa emigración,
Batman: para el gobierno actual, la "salvación"
del campo
está en despoblarlo.
"Me preocupa el atraso de
los seris"
expresó el
mandatario
sonorense
en días pasados.
"Pero
tienen una
gran [sic]
oportunidad
de modernizarse,
ya que habitan
una de las
zonas más
ricas del
estado para
el desarrollo
turístico
y acuícola".
(Donde "acuícola"
se referiría
a los deportes
que se practican
con la cola
en el agua.)
A fin de cuentas todo va a dar
a la misma
mascarada
del neoliberalismo
en pleno,
al parecer
incontenible
pero con pies
de materia
deleznable,
peor que el
barro; casi
yeso, talco;
casi baba.
Unido al manejable concierto de
los Estados
latinoamericanos,
el gobierno
de México
pone todo
por el avance
del mercado,
y si los indios
se interponen
los hace a
un lado del
mismo modo
que sus pares
en Chile,
Perú, Colombia,
Guatemala
y Bolivia.
Los socios
y clientes
del Estado
quieren las
selvas y bosques
de los pueblos,
quieren su
agua, sus
playas, sus
montañas,
sus genes,
sus marcas
registradas.
Ya dos siglos
bajo las siglas
tlcan,
alca,
cafta, planes "Puebla-Panamá" o "Colombia",
fmi,
bm,
omc,
etcétera.
Más las que
vengan. El
Desarrollo.
Pero qué tal la crueldad con que
se ha despoblado
la Amazonia
en Brasil,
Perú y Ecuador.
Qué tal gobiernos
como los de
Fox
o Lagos, que
no se enteran
siquiera de
lo que está
pasando en
el sur de
sus respectivos
países. Cuando
llegaron al
cargo, la
persecución
contra los
mapuches y
los mayas
ya estaba
en marcha.
Pueden hacerse
de la vista
gorda.
El Chile democrático heredó del
pinochetismo el know how de un aparato de espionaje
y seguridad
que reorientó
hacia la población
aborigen del
sur (que ahí
es el más
sur-sur que
las Américas
conocen).
De la misma
inopinada
manera, el
Fox
del "cambiazo"
y el "gabinetazo"
heredó la
maquinaria
de guerra
regular en
Chiapas, y
de persecución
parapoliciaca,
y "paraguerrillera" en el Oaxaca de Ulises Ruiz (y Murat), y ni se acuerda de meter las manos; bastante ocupadas
las tiene
metiéndolas
en otros pantanos.
Por más que el sistema predica
lo contrario,
la democracia
en las Américas
no es para
los pueblos
indios; ni
siquiera en
Ecuador donde
el movimiento
indígena nacional
incluso ha
participado
en el gobierno,
las reglas
del juego
democrático
están al servicio
de ellos.
La mascarada puede continuar. De
Sonora (no,
desde la Alaska
por Bush
y compañía
ya condenada
a desangrarse
en petróleo
y carreteras
perecederas)
a la Tierra
del Fuego.
Tenemos presidentes.
Tenemos gobernadores.
Tenemos candidatos.
Visto desde abajo, el etnocidio
se ampara
en muchos
nuevos santos
patronos:
turismo, ecología,
"evolución"
transgénica,
política "moderna"
(alias "democracia"),
televisión.
El monopolio
estatal de
la fuerza
y la coerción
no es nuevo.
Para ejecutar
el etnocidio
siempre concurren
policías,
ejércitos
nacionales
y bandas armadas
irregulares,
epidemias,
delitos inusitados
y sustancias
tóxicas.
Etnocidio. Genocidio. Desarrollo.
Progreso.
Futuro. Modernidad.
Si a desarrollos
turísticos
vamos, de
Punta Peñasco
(golfo de
Baja California,
o mar de Cortés,
Sonora) a
Roberto Barrios
(río Bascán,
Chiapas) la
historia se
quiere escribir
con la misma
tinta en la
sangre.
Analizan entrega de tierras a militantes. (El Sol de México, Isaí López, p.
web).
Efectúa SRA amplio diagnóstico a predios invadidos
por los
guerrilleros
TUXTLA GUTIERREZ, Chis. (OEM).- Las tierras invadidas desde 1994 por el Ejército
Zapatista
de Liberación
Nacional (EZLN)
podrán pasar
a manos de
los militantes
y simpatizantes
del grupo
armado en
un futuro,
sostuvo la
representante
especial de
la Secretaría
de la Reforma
Agraria (SRA)
en Chiapas,
Martha Cecilia
Díaz Gordillo."Pienso
que sí...
pero yo creo
que eso le
tocará a quienes
estén sentados
en la mesa
de diálogo",
por lo pronto,
la tarea es
indemnizar
estrictamente
conforme a
derecho, a
los propietarios
afectados;
"las
tierras no
pasarán a
formar parte
del patrimonio
del Estado",
subrayó.
"Estamos -puntualizó- por
terminar de
revisar los
225 expedientes
aportados
a la SRA por
igual número
de propietarios
con superficie
de 25 mil
hectáreas,
y a partir
de ahí establecer
tres mesas
en los municipios
de Ocosingo,
Altamirano
y Las Margaritas,
para la recepción
de otros documentos
y luego constatar
la realidad
en el lugar
de los hechos."Se
efectuará
un amplio
diagnóstico
de la situación
de los predios,
el número
preciso de
éstos, la
superficie
y colindancias,
y con base
en ello se
determinará
el costo de
la indemnización,
para lo cual
se tendrán
que recorrer",
afirmó."Lo
primero que
habrá que
definir es
quiénes están
en posesión,
si se confirma
que son simpatizantes
del EZLN o
no; pero si
lo es, no
habrá condiciones
para adjudicarlas
en ese momento,
si es que
no hay circunstancias
para el diálogo",
subrayó.
"Aunque -insistió- nos hemos
encontrado
casos en donde
los propietarios
están ocupando
sus predios,
otras donde
había embargos
y afectados
por organizaciones
campesinas,
por ello la
importancia
del análisis
y la verificación
en campo para
que se haga
justicia con
quien realmente
lo merece".A
partir de
ahí lo que
vamos a trabajar
con ellos
y con los
presidentes
municipales
es la programación
para las visitas
de campo,
indicó, en
donde haya
condiciones,
en donde no
se ponga en
riesgo ni
los propietarios,
ni a los comisionados
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria, ni
del Gobierno
del estado.
Se trata primero
de ver si
hay condiciones
para medir
y realizar
los avalúos,
para concluir
el diagnóstico
no hay fecha,
depende de
las condiciones
climatológicas
y sociales
de la zona,
y será hasta
entonces cuando
se conozca
con precisión
cuántos propietarios
son, superficie
y monto a
indemnizar."Pues
en 1996 hubo
el Fideicomiso
de Aparcería
Bovina (Fiapar) que benefició a 441 propietarios, ahora son 225 los
que no han
sido atendidos,
por eso la
importancia
de instalar
las mesas
en los municipios
para que los
propietarios
aporten la
documentación
necesaria
para llegar
a definiciones",
acotó."Lo
cierto es
que los propietarios
no se pueden
esperar a
que se resuelva
el conflicto
para que se
les atienda
también a
ellos, el
Gobierno federal
buscar una
fórmula jurídica
y esperamos
que el Congreso
de la Unión
autorice el
financiamiento",
subrayó.
Nombra hoy el CEN del PAN nuevo delegado, es cercano
a Florencio. (El Sur (Guerrero), Adalberto
Valle, p.
web)
El chiapaneco
Javier de
Jesús Zepeda
Constantino,
actual representante
de la SRA
en Quintana
Roo, suplirá
al regiomontano
Cornelio García
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del PAN se
reunirá este
lunes en la
ciudad de
México y uno
de los temas
a tratar será
la sustitución
de Cornelio
García Villanueva
como delegado
estatal de
este partido
en Guerrero.
Su lugar será ocupado por el chiapaneco
Javier de
Jesús Zepeda
Constantino,
actual representante
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria en
Quintana Roo
y de quien
se menciona
como una persona
cercana al
secretario,
Florencio
Salazar Adame, originario de Guerrero.
Según algunas versiones recogidas,
la decisión
fue informada
en Acapulco
la noche del
miércoles
anterior en
una reunión
con funcionarios
federales,
diputados
y dirigentes
del PAN, que
encabezaron
el secretario
de Fortalecimiento
e Identidad
del CEN panista, Said Mendoza Mendoza y
el senador
por Aguascalientes,
Alfredo Martín
Reyes Velázquez.
En esa cena –que duró dos horas
y media en
un discreto
hotel en la
Costera vieja–,
se propuso
que el secretario
general del
PAN guerrerense
sea un originario
del estado
y entre los
nombres que
surgieron
están, el
diputado local
David Tapia
Bravo, el
ex candidato
a diputado
federal por
Taxco, Benito
García Meléndez
e incluso,
el actual
delegado municipal
en Acapulco,
Marco Antonio
Pérez Jaimes.
En la reunión estuvieron entre
otros, los
delegados
federales,
Marcos Efrén
Parra de Economía;
Gloria Ocampo
Aranda de
Migración;
Miguel Ángel
Calzada Adame
de Profepa; José Angel Tacuba de Profeco; el diputado federal
Ángel Pasta
Muñúzuri;
los diputados
locales Max Tejeda Martínez, David Tapia
Bravo y Porfiria
Sandoval –faltó
Arturo Martínez
Pérez–; el
delegado en
Acapulco,
Marco Antonio
Pérez Jaimes;
el regidor
en Acapulco
Guido Rentería;
la secretaria
de la Mujer
en Acapulco,
Jéssica
García; la
secretaria
de Capacitación,
Mirta
de los Ríos;
el vocero
estatal Andrés
Castrejón
y el director
del Fonaes, Óscar Hernández.
Aunque los enviados del CEN panista vinieron con una propuesta para Guerrero, los asistentes
tuvieron la
oportunidad
de proponer
de manera
anónima a
alguien para
sustituir
al regiomontano
Cornelio García.
Entre los puntos a favor para que
al frente
de la delegación
estatal del
PAN se mantenga
un “foráneo”
se dijo que
evitará conflictos
por el nombramiento
de alguna
de las cabezas
de los grupos
internos del
panismo.
Reconocieron entre otras cosas,
que Javier
de Jesús Zepeda
–de 45 años–
cuenta con
experiencia
y es “más
maduro” que
Cornelio García
Villanueva
–de 28 años–.
Las tareas para el nuevo dirigente
que será nombrado
hoy de manera
oficial, es
la de entregar
“las mejores
cuentas” en
la elección
de octubre
para renovar
alcaldías
y diputaciones
locales, además
de preparar
el escenario
para la formación
del Comité
Estatal del
PAN en Guerrero,
ya sea antes
o después
de los comicios
federales
de julio del
2006.
El más reciente presidente de un
Comité panista
fue Miguel
Ángel Flores
Mesino en 1997, quien terminó su gestión con diversos cuestionamientos
y acusaciones
de recibir
dinero del
gobierno del
estado, al
mando en ese
entonces del
priísta, Ángel
Aguirre Rivero.
Una de las versiones indicó que
Said Mendoza
se comprometió
a mejorar
y fortalecer
la relación
entre el Comité
Ejecutivo
Nacional y
la delegación
estatal en
Guerrero.
Según el estatuto, Cornelio García
dejará la
delegación
estatal al
concluir su
periodo oficial,
el 8 de junio
y se integrará
a algún puesto
directivo
en el CEN
del PAN.
Aunque no fue tema de la reunión
del miércoles
en Acapulco,
algunas fuentes
indicaron
que la campaña
que actualmente
lleva a cabo
el PAN Acapulco
para incrementar
su padrón
–la cual se
transmite
en estaciones
de radio locales–
no agradó
en el Comité
Ejecutivo
Nacional.
Javier de Jesús de Zepeda Constantino tiene 45 años y es originario de Tuxtla
Guitérrez Chiapas.
Es ingeniero agrónomo de profesión
y tiene 15
años de militancia
en el PAN.
También fue presidente estatal
del PAN, diputado
local y presidente
de la Canaco.
La regularización de la Tenencia de la Tierra. (El Siglo de Torreón, Agustín Cabral
Martell,
p. web)
Normatividad Agropecuaria
15 de mayo de 2005
La Comisión para la Regularización
de la Tenencia
de la Tierra
(Corett),
es el encargado
y es un organismo
público descentralizado
del poder
Ejecutivo
Federal, de
carácter técnico
y social,
con personalidad
jurídica y
patrimonio
propio, cuyo
objeto principal
es regularizar
la tenencia
de la tierra
urbana, en
los asentamientos
humanos irregulares
ubicados en
predios de
origen social
(ejidal y
comunal) y
de propiedad
federal.
La tenencia de la tierra en el
México de
principios
del siglo
XX encontró
su precedente
político,
económico
y social,
como estrategia
de organización
de la vida
nacional,
en el movimiento
revolucionario
de 1910-1917,
mediante el
cual la población
anhelaba establecer
un país diferente,
sobre bases
más humanas
y justas.
La Constitución Política Mexicana
de 1917 en
el artículo
27 establece
el ordenamiento
de la tierra,
propiedad
de la Nación,
donde los
terrenos ejidales
y comunales
adquieren
un impulso
nunca antes
visto, en
cuanto a reparto,
producción
agrícola y
control de
tenencia.
A partir de
1920, los
gobiernos
revolucionarios
emiten diversas
disposiciones
y ordenes
dentro del
Poder Ejecutivo,
para dar credibilidad
al reparto
justo y equitativo
de la tenencia
de la tierra
como una práctica
institucional,
de hacer justicia
a quienes
lucharon en
la Revolución
Mexicana.
Al inicio de la década de los 40,
México enfrentaba
entre otros
problemas
de índole
social, un
crecimiento
demográfico
desbordado,
provocando
que la población
del campo,
en busca de
mejores condiciones
de vida, emigrara
a las ciudades.
Estos flujos
de población
buscaron espacios
dónde establecerse;
las ciudades,
al no estar
preparadas
para tales
movimientos,
fueron invadidas
en sus periferias
sobre terrenos
en su mayoría,
de origen
ejidal y comunal.
Esto provocó
que se diera
un cambio
en el uso
del suelo
de los terrenos
invadidos,
de ser agrícolas
en su mayor
parte pasaron
a tener un
uso distinto
a éste, teniendo
como consecuencia:
posesiones
ilegales.
Operación
comercial
de manera
ilegal, con
las consecuentes
disputas sobre
su posesión.
Desorden urbano,
asentamientos
al margen
de la planeación
urbana, carente
de los más
indispensables
servicios
urbanos, como
agua, drenaje,
luz, etc.
o bien en
zonas de alto
riesgo (barrancas,
vías del tren,
cañadas, paso
de ríos, etc.)
Costos altos
de urbanización.
Una vez ya
establecidos
estos asentamientos,
hubo que dotarlos
de los mínimos
servicios
públicos,
donde se hicieron
obras a costos
más altos
de lo que
se tienen
en zonas con
la planificación
y proyección
de uso habitacional.
Los asentamientos humanos irregulares
establecidos
en terrenos
ejidales y
comunales
destinados
principalmente
a la agricultura,
se tornaron
en un problema
nacional,
por lo que
el Congreso
de la Unión,
emite y publica
el 16 de abril
de 1971, la
Ley Federal
de Reforma
Agraria, en
la que se
establece
que los poblados
ejidales deberán
tener su fundo
legal y una
zona de urbanización,
que no pueden
ser enajenables,
pero que "el
núcleo de
población
podrá aportar
tierras del
asentamiento
al municipio
o entidad
correspondiente
para dedicarlos
a los servicios
públicos".
Sin embargo,
la dinámica
social rebasó
esta disposición,
por lo que
el Ejecutivo
Federal crea
en 1970 el
Programa Nacional
de Regularización
de Zonas Urbanas
(PRONARZUE),
coordinado
por el Departamento
de Asuntos
Agrarios y
Colonización
(DAAC) y el
Fondo Nacional
del Fomento
Ejidal (FONAFE),
con la finalidad
de regularizar
la tenencia
de la tierra
ejidal y comunal
con asentamientos
humanos irregulares.
No obstante,
se obtuvieron
resultados
limitados
debido a que
únicamente
se siguieron
procedimientos
conforme a
las normas
establecidas
en el Reglamento
de Zonas Urbanas
Ejidales.
Por esta razón,
la Secretaría
de la Reforma
Agraria (SRA)
con fundamento
en la Ley
Federal de
Reforma Agraria,
como instrumento
y disposición
legal para
el control
de la tenencia
de la tierra,
así como el
incremento
de población
asentada en
terrenos ejidales
y comunales,
propició que
por Acuerdo
Presidencial
se publicara
en el Diario
Oficial de
la Federación
el 20 de agosto
de 1973, el
surgimiento
del Comité
para la Regularización
de la Tenencia
de la Tierra,
dentro de
la estructura
organizativa
del Departamento
de Asuntos
Agrarios y
Colonización,
donde intervinieron
también, los
titulares
del Instituto
Nacional para
el Desarrollo
de la Comunidad
Rural y de
la Vivienda
Popular y
el Fondo Nacional
de Fomento
Ejidal.
Al instituirse el CORETT este tiene
como misión:
Regularizar
la tenencia
de la tierra
en donde existan
asentamientos
humanos irregulares
ubicados en
predios de
origen ejidal,
comunal y
de propiedad
federal, y
promover la
adquisición
y enajenación
de suelo y
reservas territoriales
para el desarrollo
y la vivienda,
en coordinación
con los Gobiernos
Federal, Estatal
y Municipal
y del Distrito
Federal, y
en concertación
con los sectores
social y privado,
particularmente
con los núcleos
agrarios a
través de
los procesos
de expropiación
y adopción
del dominio
pleno de predios
de origen
ejidal y comunal,
así como la
desincorporación
y transmisión
de inmuebles
de la Federación,
con el objeto
de legalizar
la propiedad
a favor de
sus ocupantes
y otorgar
certidumbre
jurídica y
seguridad
patrimonial.
Demandan yaquis restitución
de 45 mil
hectáreas
expropiadas
en 1997. (La Jornada, Cristóbal García Bernal, p. web)
El predio fue entregado durante el cardenismo; rechazan
aceptar pago
de $111 millones
Para el gobierno federal el caso La Cuchilla quedó "resuelto jurídicamente"
15-05-2005
Ciudad Obregón, Son., 13 de mayo.
El conflicto
por la tenencia
de la tierra
entre la comunidad
yaqui y particulares
es un problema
que para el
gobierno de
la República
está resuelto
"jurídicamente",
por lo que
la única alternativa
que tienen
los indígenas
es aceptar
el pago por
la expropiación,
sostuvo el
titular de
la Secretaría
de la Reforma
Agraria (SRA),
Florencio
Salazar Adame.
Durante una gira de trabajo por
esta ciudad,
manifestó
que a pesar
de las protestas
de la etnia,
como el cierre
de carreteras,
para la Federación
resulta "inamovible"
el decreto
expropiatorio de 1997, emitido por el entonces presidente
Ernesto Zedillo
Ponce de León.
No obstante, en un encuentro con
cinco de los
ocho gobernadores
tradicionales
yaquis,
Salazar Adame
se comprometió
a realizar
en menos de
30 días una
fotografía
aérea para
determinar
con precisión
los linderos
de la etnia
y comparar
los decretos
emitidos en
su momento
por los presidentes
Lázaro Cárdenas
del Río y
Ponce de León.
La resolución despojó a los yaquis de aproximadamente 45 mil hectáreas que fueron dotadas
en su momento
por el presidente
Lázaro Cárdenas,
por lo que
los indígenas
sonorenses
demandan que
se les restituya
el citado
predio.
Salazar Adame
sentenció
que para el
gobierno federal
el caso de
La Cuchilla,
como se conoce
el predio,
"es inamovible
jurídicamente",
por lo que
la única alternativa
que tienen
los yaquis
es aceptar
la indemnización.
En 1997, Ernesto Zedillo cubrió 40 millones de pesos por la expropiación, monto
que desde
entonces ha
sido rechazado
por la etnia,
por lo que
esos recursos
fueron depositados
en el Fondo
de Fomento
Ejidal, que
con intereses
acumulados
suman actualmente
111 millones
de pesos.
"Los dineros ahí están, y
cuando lo
dispongan
las autoridades
tradicionales
yaquis
se les hará
entrega. No
han querido
retirarlo
y nosotros
somos respetuosos
de esa decisión,
pero es el
pago por el
concepto de
la expropiación",
indicó el
secretario
de la Reforma
Agraria.
Entre los particulares beneficiados
por el decreto
zedillista
destaca el
ex gobernador
de Sonora
y actual presidente
de la Cámara
de Diputados,
Manlio Fabio Beltrones, quien "ha
impedido a
los productores
privados desarrollar
proyectos
productivos",
manifestó
Salazar Adame.
Manifestó que existe voluntad del
gobierno de
Vicente Fox
de resolver
el conflicto
antes que
concluya su
administración,
pero la división
entre los
ocho grupos
de que se
compone la
etnia yaqui
dificulta
encontrar
una salida
pacífica al
problema,
no obstante
que "jurídicamente"
está resuelto.
En el encuentro con el funcionario,
participaron
los gobernadores
yaquis
de los pueblos
de Tórim,
Vícam,
Potam,
Rahum
y Huirivis.
El gobernador Eduardo Bours Castelo dijo que "vamos
por buen camino"
en la solución
de este problema,
pero uno de
los grandes
conflictos
de la etnia
es el enorme
rezago que
enfrentan
en materia
de educación,
salud y vivienda,
entre otros.
"Los
niveles de
marginación
son muy altos",
lamentó.
SRA acuerda con la tribu yaqui deslindar su propiedad
comunal. (La Crónica de Hoy, p. web).
14 de Mayo, 2005
El gobierno del presidente Vicente
Fox
Quesada, a
través de
la Secretaría
de la Reforma
Agraria,
acordó con
la tribu yaqui
que en un
plazo no mayor
a 30 días,
se realizará
una foto aérea
(conocida
como aerofotogrametría)
para deslindar
la superficie
yaqui, conforme
a la resolución
presidencial
de 1940 y
al plano de
ejecución,
a fin de identificar
la propiedad
real de esta
comunidad.
En el marco del encuentro que sostuvo
en Ciudad
Obregón, Sonora,
el titular
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria, Florencio
Salazar Adame,
con cinco
gobernadores
de esta comunidad
indígena,
la dependencia
se comprometió
a informar
al gabinete
social del
Gobierno Federal
sobre el interés
de los yaquis por generar a su favor un programa de desarrollo integral.
Para este programa de desarrollo
integral que
la comunidad
yaqui solicita,
el titular
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria dijo
estar dispuesto
a plantear
la propuesta
ante las secretarías
de Desarrollo
Social, de
Agricultura,
de Medio Ambiente,
de Economía
y de Salud,
ya que entre
otras cosas
se demandan
obras de infraestructura,
de vías de
comunicación,
de educación
y vivienda.
El funcionario foxista recibió de la tribu yaqui un documento con 45 propuestas
entre las
que se encuentra
la foto aérea
del territorio
en cuestión,
que fue aceptada
por el funcionario,
así como la
disposición
de tratar
los temas
de carácter
social con
el gabinete
social del
gobierno federal.
Crisóforo Valenzuela
Ahumada, secretario
del Pueblo
Rauhn
respondió
a nombre de
la tribu yaqui
tras someterlo
a consideración
de los más
de 300 asistentes
y de los gobernadores
de los pueblos
de Torim,
Vicam,
Potam,
Rauhm y Huirivis, quienes aceptaron
que la foto
aérea de la
región se
realice en
un plazo de
30 días para
posteriormente
acordar una
nueva reunión
entre autoridades
federales
y estatales.
El Secretario de la Reforma Agraria,
Florencio
Salazar Adame,
dijo que la
foto aérea
del territorio
Yaqui, será
un soporte
técnico sobre
la dimensión
de la comunidad
y así se logrará
dar una solución
definitiva
a esta problemática.
Aseguró que lo anterior demuestra
que este gobierno
no impone
criterios
u opiniones
a la fuerza,
siempre busca
el diálogo
y la concertación
para poder
lograr la
paz entre
las comunidades
indígenas.
No es necesaria la participación del gobierno en
Tamala:
AOG. (Ecos de
la Costa,
Raúl Merced
Lares,
p. web)
14-05-2005
Notiecos/Comala.- Al gobierno del Estado no le corresponde resolver
el asunto
del ejido
Nuevo Quesería,
por lo que
tendrán que
actuar la
Procuraduría
Agraria o
la delegación
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria
(SRA); mientras
que en el
caso de los
comuneros
de Tamala, municipio de Ixtlahuacán,
existe “una
información
que no concuerda”,
por lo que
aún no se
precisa si
es necesaria
la intervención
del gobierno
estatal, señaló
el secretario
general de
Gobierno,
Arnoldo Ochoa
González.
En el asunto de Nuevo Quesería,
el funcionario
estatal precisó
que el compromiso
es de la Secretaría
de la Reforma
Agraria con
campesinos
de ese lugar
que están
afiliados
a Antorcha
Campesina,
de ahí que
esta dependencia
federal tendrá
que actuar
en contra
del dueño
que les vendió
un terreno
que tiene
problemas
de carácter
legal.
En este caso, añadió que lo único
que está haciendo
el gobierno
del Estado
es buscar
resolver el
problema en
coordinación
con los directamente
autorizados,
pero aclaró
que el gobierno
estatal no
hizo ningún
acuerdo sobre
cuestión de
tierras con
el ejido Nuevo
Quesería y,
por tanto,
es un asunto
entre la SRA
y Antorcha
Campesina.
Al insistir en que no es un asunto
del gobierno
del Estado
que se tiene
que resolver
apegado a
Derecho, Arnoldo
Ochoa manifestó
que esto no
se resuelve
con plantones.
“La solución
está en lo
jurídico,
en lo que
vaya a tener
que realizar
Reforma Agraria”,
expresó. Entrevistado
antes de ingresar
al Centro
Estatal para
Menores (CEM)
para acompañar
a la presidenta
del DIF estatal,
Idalia González
de Cavazos, en una visita que hizo a menores internos y personal
del CEM, el
secretario
general de
Gobierno puntualizó
también que
el director
general de
Gobierno no
se comprometió
a resolver
este problema,
sino a que
“exista la
disposición
del gobierno
estatal para
ayudar a resolverlo”
y desmintió
que los campesinos
de Nuevo Quesería
hayan sido
desalojados
con lujo de
violencia
e incluso
con armas.
Mencionó que los campesinos tienen
denuncias
contra ejidatarios
de Coquimatlán,
pero no proceden
porque éstos
también tienen
documentos
en donde prueban
ciertos aspectos
que están
en propiedad
de terrenos
que compraron
a un banco
en un juicio
de remate.
En cuanto
a la inconformidad
de comuneros
de Tamala del municipio de Ixtlahuacán,
dijo no querer
hacer ningún
comentario
a fondo porque
“hay algunos
puntos de
información
que no concuerdan”.
Sin embargo, dijo que la decisión
del gobierno
estatal será
la misma para
este caso:
tratar de
apoyar a la
solución del
problema,
aunque debe
entenderse
que las autoridades
son los tribunales
agrarios,
la Procuraduría
Agraria y
la delegación
de la SRA,
con la cual
el gobierno
estatal coadyuva.
REESTRUCTURACIÓN
Por otra parte, Arnoldo Ochoa manifestó
que en la
Secretaría
a su cargo
se analizan
las funciones
de esta dependencia,
de acuerdo
a la Ley Orgánica,
para tener
un nuevo organigrama
que le permita
ser más ágil
y poder cumplir
con las funciones
específicas
que le toca
resolver dentro
del gobierno.
Por eso, estableció que es necesaria
una reestructuración
ya que el
organigrama
de la Secretaría
tiene tiempo
con el mismo
y, en cambio,
la administración
pública se
ha ido modernizando,
por lo que
habrá un área
que coordine
lo jurídico
y lo legislativo,
toda vez que
en la Secretaría
se preparan
iniciativas
de ley, de
reforma, adiciones
y decretos.
En este sentido, mencionó que el
gobernador
Silverio Cavazos
Ceballos
y él han invitado
a José Gilberto
García Nava
para que coordine
esa área,
aunque antes
tiene que
haber un proceso
que lleve
a una reforma
a la Ley Orgánica
de la Administración
Pública.
Con estos cambios que se realizarán
dijo que tiene
que haber
una redistribución
del personal
de la Secretaría,
pero no se
afectará ni
a trabajadores
de confianza
ni a funcionarios
o al personal
sindicalizado.
Simplemente
habrá un nuevo
“funciograma” dentro de la dependencia. Sobre el asunto de
indemnizaciones
y pagos por
el accidente
aéreo del
24 de febrero
en el que
perdió la
vida el gobernador
Gustavo Vázquez
Montes y seis
de sus acompañantes,
Arnoldo Ochoa
dijo que se
ha avanzado
en el sentido
de que el
seguro ya
pagó la póliza
de seguro
del gobierno
estatal y
de una de
las familias
afectadas
porque es
la que tiene
todo lo del
juicio testamentario.
Confirmó que el seguro ya pagó
menos de dos
millones de
dólares por
el avión,
mientras que
cerca de 150
mil dólares
para las familias
de los pilotos
y añadió que
no hay ningún
trámite para
la compra
de un nuevo
avión, pero
esos recursos
serán destinados
en su oportunidad
para comprarlo.
Mutilan y manipulan expediente agrario. (Ecos de la Costa, Heidi de León Gutiérrez, p. web).
14-05-2005
Mientras que los ex braceros colimenses
esperaron
63 años para
recibir una
compensación
de sus ahorros
obtenidos
por sus trabajos
en Estados
Unidos, los
indígenas
de Tamala vigilan sus tierras ante las amenazas de despojo, al
tiempo que
agroproductores
de Tecomán
demandan penalmente
a quienes
resulten responsables
de la mutilación
y manipulación
de documentos
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria.
Un grupo de pequeños propietarios
del municipio
de Tecomán,
pertenecientes
al Ejido Benito
Juárez, ratificaron
una denuncia
penal en contra
de quien resulte
responsable
por la sustracción
de documentos
oficiales,
dictámenes
elaborados
por comisionados
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria y
la manipulación
y mutilación
del expediente
261/93.
Uno de los afectados, Gilberto
Lares Moreno, en la exposición de hechos relató que en 1993
un ejido “fantasma”
denominado
Miguel de
la Madrid
demandó ampliación
de tierras
en un radio
de siete kilómetros,
partiendo
del centro
de Tecomán; sin embargo, durante el transcurso del juicio agrario
desarrollado
por la Secretaría
de la Reforma
Agraria (SRA),
el comisionado
Felipe de
Jesús Durán
Gutiérrez
después de
un año de
estudios del
caso determinó
que los 230
predios en
cuestión estaban
constituidos
legalmente
como pequeñas
propiedades
y además estaban
siendo explotadas.
Por lo tanto, el enviado de la
SRA en 1998
determinó
que no era
procedente
la solicitud
del ejido
Miguel de
la Madrid;
una vez concluida
la argumentación
se juzgo y
cerró el caso,
pero a seis
años de que
se archivara
el expediente
los pequeños
propietarios,
a través de
diversos citatorios
promovidos
por el Quinto
Tribunal Colegiado
en Materia
Administrativa,
están siendo
llamados porque
el ejido en
cuestión promovió
un amparo,
circunstancia
que pone en
riesgo nuevamente
las tierras
tecomenses.
Gilberto Lares
Moreno aseguró
que ese ejido
no existe,
por lo que
consideró
“se está luchando
con fantasmas”.
Puntualizó
que en esta
asociación
se ve involucrada
la reforma
agraria “porque
se sustrajeron
documentos,
se eliminaron
dictámenes
y se destruyó
todo lo que
se había investigado”.
Expresó que están a la espera de
que la Procuraduría
General de
la República
(PGR) solucione
este asunto
de una vez
por todas:
“no tiene
caso de que
una bola de
ratas pretendan
quedarse con
lo nuestro”.
IRREGULARIDADES
Después de la ratificación de la
denuncia,
en la Agencia
del Ministerio
Público federal
el abogado
Valentín Rebolledo
detalló a
Ecos de la
Costa las
irregularidades
que se han
cometido en
la promoción
del amparo:
en primer
lugar explicó
que el juicio
se promocionó
seis años
después de
la sentencia,
cuando los
solicitantes
tenían, de
acuerdo a
la ley, únicamente
15 días para
solicitarlo.
Para el jurista lo más grave de
todo es que
una vez remitido
el expediente
al juicio
de amparo
la defensa
tuvo acceso
a éste para
su estudio,
por lo que
pudieron constatar
que fueron
arrancadas
partes del
documento,
sobre todo
las pruebas
de los propietarios
y el informe
del comisionado
de la Secretaría
de la Reforma
Agraria, el
cual determinó
que no se
podía otorgar
las tierras
al ejido Miguel
de la Madrid.
En este asunto se ve involucrada
directamente
la SRA y la
representación
colimense:
“un expediente
que había
integrado
más de 5 mil
hojas, entre
ellas la argumentación
que hacían
cada uno de
los 230 propietarios,
ahora es de
tan sólo 703
fojas; además
existe evidencia
física que
se arrancaron
las fojas
que no convenía
viera la autoridad
que otorgó
el amparo”.
Por su parte, el presidente de
la unión ejidal
Benito Juárez,
Sergio Martínez,
acudió a la
PGR a solidarizarse
con los afectados.
Dejó en claro
que, desde
su perspectiva,
no existe
certeza jurídica
para la tierra:
“nosotros
vemos con
mucha intranquilidad
que de un
asunto juzgado
se roben la
documentación
del propio
Tribunal Agrario
y promuevan
un amparo
seis años
después del
hecho”.
Indicó que el jueves por la tarde
solicitaron
la intervención
del gobernador
del Estado,
Silverio Cavazos Ceballos, por lo que esperan
reunirse pronto
para profundizar
el tema y
se demuestren
las irregularidades
que existen
al promoverse
un amparo
seis años
después de
que se juzgara
y se determinara
que las tierras
en cuestión
pertenecían
a pequeños
propietarios
y estaban
en explotación.
Carencias para instruir al campo. (El Universal, Nuria Martínez, p. web)
Lunes 16 de mayo de 2005
A mis estudiantes no les puedo
exigir mucho
porque su
primer interés
no es la escuela,
sino ayudar
a sus padres
en la cría
del ganado
o en la cosecha",
afirma la
maestra Graciela
Mejía López,
quien en un
mismo grupo
atiende a
niños de cuarto,
quinto y sexto
año en la
escuela primaria
Valentín
Gómez Farías,
del municipio
de San Miguel
Azatlán
en Oaxaca.
En los últimos 19 años la maestra
ha trabajado
en la zona
rural de la
mixteca
oaxaqueña
y ayer participó
por primera
vez en una
manifestación
en el DF como
parte del
contingente
de casi mil
maestros provenientes
de nueve estados
de la República
(Oaxaca, Tlaxcala,
Veracruz,
Zacatecas,
Distrito Federal,
estado de
México, Guerrero,
Jalisco y
Michoacán)
y agrupados
en la Coordinadora
Nacional de
Trabajadores
de la Educación,
para demandar
aumento salarial.
Dice: "Venimos
a exigir una
mejora salarial,
ya que gano
4 mil pesos
a la quincena,
y que las
autoridades
revaloren
nuestra profesión".
Al terminar el mitin en el zócalo,
la maestra
aseguró "no
desanimarse"
por las condiciones
en que ella
imparte clases
en esa
escuelas multigrado.
"Lo que
yo hago está
muy lejano
de lo que
piensan las
autoridades.
A mí el tiempo
en la escuela
no me alcanza,
a veces más
que para dar
la clase de
español y
matemáticas.
Mis alumnos
llegan sin
desayunar
y pensando
que en la
tarde tienen
que ir a trabajar.
¿De qué calidad
de la educación
hablamos?".
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
Viven 3 millones en terrenos irregulares. (El Universal, Rebeca Jiménez, p. web).
Naucalpan , Méx.
Cerca de 3
millones de
mexiquenses
viven en predios
irregulares,
de los que
no tienen
escrituras
por haberlos
ocupado como
paracaidistas
o por estar
en zonas de
alto riesgo,
así lo reconoció
Joaquín Contreras
Cantú, director
del Instituto
Mexiquense
de la Vivienda
Social (Imevis).
El funcionario reconoció que de
los más de
14 millones
de habitantes
del estado
de México,
20 por ciento
viven en la
irregularidad,
sin tener
la certeza
jurídica de
los predios
que habitan.
El Imevis
tiene como
meta lograr
50 mil escrituras
de predios
irregulares
durante este
2005.
Los municipios con mayor número
de predios
irregulares
son Ecatepec,
en donde 52
por ciento
de los propietarios
está en la
incertidumbre
sobre la posesión
de sus terrenos;
Nezahualcóyotl
con 45 por
ciento de
irregularidad
en los lotes.
Una familia puede lograr la regularización
y escrituración
del predio
que habita
si demuestra
que durante
10 años ha
mantenido
la posesión
pacífica del
mismo, indicó
Contreras
Cantú.
El fenómeno de la irregularidad
que no se
da en municipios
rurales mexiquenses
como Tonatico
o Ixtapan
de la Sal,
indicó el
funcionario.
OAXACA
Se suman comisariados
ejidales y
comunales
al proyecto
de la CNC. (El Imparcial,
Adalberto
Max
p. web).
Al efectuar una reunión de trabajo
en el Municipio
de Cuicatlán
el Diputado
Federal y
Secretario
de Organización
de la Confederación
Nacional Campesina
Elpidio Concha Arellano encontró positiva respuesta por parte
de comisiariados
ejidales y
comunales
de esta zona,
quienes dieron
un si a la
reestructuración
de esta organización
aclarando
que son muchos
años de olvido
y nula atención,
sabemos que
existe la
C.N.C pero no se han recibido los beneficios con los que se
tienen, hoy
estamos seguros
que las cosas
cambiarán
ya que para
los Cañadenses es motivo de orgullo que un amigo, un paisano llegue
a ocupar ese
importante
lugar y que
nuestras demandas
encontraran
por lo que
inicia desde
esta fecha
una nueva
etapa que
será de reestructuración
y unidad,
por su parte
el Secretario
de Organización
de la Confederación
Nacional Campesina
Elpidio
Concha Arellano
señaló que
ésta es la
primera reunión
de trabajo
de muchas
que se llevarán
acabo a en
todo el estado
no permitiremos
más aquellos
tiempos en
donde unos
cuantos saquearon
a esta Organización
que creció
con la historia
del país,
hoy con la
participación
de todos ustedes
vamos por
proyectos
productivos
para este
sector por
muchos años
marginado
y olvidado
el campo,
Concha Arellano
aclaró que
será fundamental
la capacitación
y asesoría
para que los
proyectos
sen factibles
en cada zona,
agradezco
su asistencia
a esta reunión
de trabajo
y cuanto antes
iniciaremos
las actividades,
en este evento
se contó con
la presencia
del Representante
del Ejecutivo
Estatal Jorge
Zuñiga
Vásquez, el
Subdelegado
de Gobierno
Rufo Soriano
Díaz, Manuel
Ángeles Alonso
delegado regional
de la C.N.C
así como del
Responsable
del COPLADE
en esta Tierra
del Canto
Humberto Hernández.
QUINTANA ROO
Perdió Fonatur 61.6 mdd en 2 operaciones en Cancún. ASF. (La Jornada, Enrique Méndez, p. web).
La Auditoría Superior de la Federación
descubrió
irregularidades
del Fonatur.
En la foto,
la zona turística
de Cancún,
Quintana Roo
FOTO José
Carlo González
En dos operaciones con hoteleros en Tulum,
el Grupo Situr
y fraccionadores
en Cancún
-a los que
vendió a 18.40
pesos el metro
cuadrado-,
el Fondo Nacional
de Fomento
al Turismo
(Fonatur)
sufrió pérdidas
por 61 millones
605 mil dólares,
que al tipo
de cambio
de diciembre
de 2003, de
11.236 pesos
por dólar,
representan
un impacto
económico
de 692 millones
198 mil pesos,
que fueron
registrados
en la cuenta
Deudores diversos
por venta
de terrenos,
determinó
la Auditoría
Superior de
la Federación
(ASF).
Como resultado de la revisión de la cuenta pública 2003, el
órgano superior
determinó
que el probable
quebranto
se debe a
que los funcionarios
del Fonatur
incurrieron
en irregularidades
en el "otorgamiento
de créditos
de garantías
y falta de
recuperación
oportuna de
los adeudos".
En uno de
los casos,
la ASF solicitó
la intervención
de la Secretaría
de la Función
Pública, pues
el fondo permitió
que se le
entregaran
acciones de
un hotel en
Tulum,
aun cuando
los funcionarios
responsables
de la operación
sabían que
Fonatur tenía participación accionaria
en la empresa,
además de
que el edificio
es inoperable
en 40 por
ciento.
Irrecuperables, 28 mdd
La auditoría detectó que, en el primer
caso, Fonatur
no pudo recuperar
28 millones
de dólares
producto de
un adeudo
de la empresa
Hoteles Club
Tulum
(HCT), derivado
de la falta
de pago de
un crédito
contraído
con el fondo
para finiquitar
financiamientos
que ésta recibió
del Grupo
Situr.
Como garantía de pago, la empresa ofreció al Fonatur 37 por ciento de sus acciones, a pesar de que éste
participaba
desde noviembre
de 1992 con
47.6 por ciento
del capital
social de
Hoteles Club
Tulum
y había recibido
las mismas
acciones por
37 por ciento
en garantía
por parte
del Grupo
Situr, como forma de pago ante el incumplimiento de las obras
de superestructura
e infraestructura
en el Megaproyecto
Turístico
Marina Ixtapa, Zihuatanejo.
Esto es, tanto Situr como Club Tulum ofrecieron la misma garantía
al Fonatur
dos veces
y éste las
aceptó. Por
ello le fue
imposible,
como lo determinó
en septiembre
de 2003 la
dirección
jurídica del
fondo, demandar
el pago de
la hipoteca
"a una
empresa que
en gran medida
(84.6 por
ciento) es
de su propiedad...
y al demandarla
se incurriría
en un acto
simulado que
podría implicar
un fraude
procesal,
delito del
cual podríamos
ser denunciados
por la minoría
de accionistas".
Los adeudos de la empresa operadora en Tulum,
equivalentes
a 319 millones
259 mil 700
pesos, se
derivaron
del contrato
de crédito
que celebró
con el Fonatur,
el 21 de noviembre
de 2000 y,
para garantizar
la recuperación
de los recursos,
se constituyó
una hipoteca
en favor del
Fonatur.
Pago de intereses incompletos
Hoteles Club Tulum
se comprometió
a cubrir los
intereses
ordinarios
sobre el saldo
insoluto del
crédito en
24 pagos,
que realizó
de manera
incompleta,
por lo que
el 7 de marzo
de 2002 el
comité del
Fonatur
autorizó,
en su sesión
159, la restructuración
financiera
de las obligaciones
de pago de
los intereses
ordinarios
de los ejercicios
2001 y 2002.
Sin embargo, la empresa no generó recursos durante esos dos
años ni durante
2003, para
hacer frente
al pago del
saldo insoluto
de capital,
pues el hotel
Club
Tulum
(antes Robinson
Tulum)
está inhabilitado
en casi 40
por ciento,
debido a fallas
en su construcción.
La auditoría señaló al respecto:
"por
lo que a la
fecha de incumplimiento
en el pago
del adeudo
de HCT, Fonatur no estuvo en condiciones de terminar por anticipado
el plazo para
el pago ni
hacer efectiva
la hipoteca
del bien inmueble.
Pero, además,
en el citado
convenio el
Grupo Situr
declaró que
el hotel presentaba
vicios ocultos
que afectaron
la cimentación
de una parte
del edificio,
y que diversos
conceptos
de obra no
fueron ejecutados,
por lo que
de las 300
habitaciones
con que cuenta,
a la fecha
están deshabitadas
122, el 37.4
por ciento".
Probables daños a la Hacienda Pública
En sus conclusiones el órgano fiscalizador determinó que se
presumen hechos
que podrían
resultar en
responsabilidades
del Organo Interno de Control del Fonatur,
"consistentes
en el incumplimiento
de su actuación
en lo que
se presume
un probable
daño y/o perjuicio
a la Hacienda
Pública, toda
vez que a
la firma del
contrato,
ambas partes
(Fonatur
y la empresa)
conocían que
HCT le ofreció
en garantía
del adeudo
la hipoteca
del inmueble,
del cual Fonatur
era dueño
de 47.6 por
ciento de
las acciones,
más 37 por
ciento que
tenía en garantía
de Grupo Situr".
En el segundo caso, se detectó un daño al patrimonio de Fonatur por poco más de 33 millones 191 mil 500 dólares por
adeudos de
la Promotora
de Desarrollos
del Puerto
Cancún, que
el 31 de agosto
de 2000 firmó
un contrato
para la compra
de terrenos
con una superficie
de 3 millones
273 mil 80.7
metros cuadrados,
con un valor
de 60 millones
278 mil dólares
para llevar
a cabo el
proyecto turístico
Puerto Cancún
-esto es a
18.41 pesos
el metro-,
que serían
pagados con
un enganche
de 16 millones
de dólares,
de los cuales
5 millones
fueron cubiertos
el 31 de enero
de 2000, 5
millones el
15 de junio
de 2001 y
los restantes
16 millones
de pesos serían
cubiertos
en tres parcialidades.
El 21 de octubre de 2002, ambas partes modificaron el convenio,
pues se determinó
que 748 mil
metros cuadrados
se consideraron
área de conservación,
por lo que
el nuevo valor
del terreno
se estimó
en 46 millones
131 mil 400
dólares, de
los cuales
la empresa
sólo cubrió
24 millones
de dólares,
con el argumento
de que no
puede cubrir
ningún pago
más "toda
vez que la
promotora
no ha reportado
ventas".
SONORA
Buscan prolongar vida del Procampo. (Tribuna, p. web).
Las organizaciones campesinas buscan ampliar por 15 años más
los apoyos
de Procampo,
bajo la modalidad
de que al
productor
se le entregue
en el presente
lo que le
tocaría a
lo largo de
ese tiempo,
como originalmente
fue creado
el programa.
De acuerdo con Héctor Padilla, secretario de Crédito y Aseguramiento
de la Confederación
Nacional Campesina
(CNC), esta
es la única
solución para
que los productores
tengan la
posibilidad
de enfrentar
la apertura
comercial
con Estados
Unidos en
el 2008.
“La idea es aplicarlo como realmente se creó, que si el programa
es a 15 años
el productor
pueda traer
al presente
lo que pudo
recibir en
ese tiempo
y lo invierta
para la mejora
de su producción,
a eso actualmente
se le conoce
como Procampo
Capitaliza,
pero se ejerce
sólo desde
hace 3 años”,
dijo Padilla.
Procampo es actualmente el único programa de
apoyo directo
al productor
con menos
de 5 hectáreas.
Se creó en
1994 con una
vida de 15
años y su
operación
se previó
para preparar
a los productores
para la apertura
del 2008.
Al cierre del 2004, el programa tenía registrados a 2.9 millones
de productores
y los principales
cultivos apoyados
son de maíz
y frijol, y a pesar de que la referencia del subsidio de Procampo es que llega tarde, los productores ocupan el apoyo
para comida,
fiestas, ropa,
entre otras
cosas y no
para la producción.
“A pesar de que Procampo sólo otorga
mil 160 pesos
por hectárea
trabajada,
llega a destiempo
y no tiene
inscritos
a todos los
productores
del País,
es el único
subsidio que
tenemos, es
el único programa
multianual
que no está
sujeto a revisiones
presupuestales
y termina
en el 2008,
si nos lo
quitan qué
vamos a hacer.
Y todas las
organizaciones
están de acuerdo
con esto”,
afirmó Padilla.
Alberto Riveroll, coordinador general
de Procampo,
dijo que la
puerta está
abierta para
que se pueda
discutir una
ampliación
del programa
y darle la
viabilidad
de acuerdo
con los momentos
y circunstancias
que vive el
sector.
“La visión de un Procampo al término
del 2008,
creo que sí
es necesario;
es necesario
seguir apoyando
a los productores,
pero que sea
un Procampo
más enfocado
a la productividad,
a la eficiencia,
hacia la instrumentación
de políticas
que hagan
verdaderamente
que el campo
se vea más
ágil”, dijo
el funcionario
de SAGARPA.
Agregó que podría tomarse el ejemplo de la ley de capitalización,
sin embargo,
rechazó que
Procampo
sea el único
apoyo seguro
para los productores,
ya que existe
una diversidad
de 15 a 16
programas
que son de
apoyo.
“No veo por qué pensar que Procampo
sea el único
que pudiera
lograr esto
en el futuro,
lo que hay
que retomar
en su momento
es el ejemplo
de lo que
hemos venido
haciendo y
darle continuidad,
perfeccionándolo
y seguramente
se encontrarán
los instrumentos
para un mejor
diseño”, comentó
Riveroll.
Cartones
Botón de muestra · Helguera
Huellas · Rocha
Interesado en México Efrén
Montemayor Seguy Helioflores
El
engaño Boligan
