CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
29 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Tensa ambiente juicio de AMLO
Afloran diferencias en
el PAN; chocan Macedo
y Bátiz, y los
perredistas
convocan a marcha
Enfrenta desafuero a Bátiz y Macedo
No hacemos política con
la persecución de delitos, señala titular
de PGR
Pactan unión aduanera para la zona del TLCAN
El primer paso será cambiar
las reglas de origen de 5 industrias
Crecerá la economía, en el corto plazo
En el transcurso del año
habría una desaceleración por los problemas
de EU
"Estoy listo para lo que sea", dice López Obrador
"Si van a cometer
el atropello, de una vez", declara
Madrazo reveló la negociación hace dos semanas
“Absolutamente falsa”:
Creel
Guiaré la resistencia civil contra desafuero: López
“Por supuesto que sí”,
la movilización de mañana es una presión
para que la Cámara no desafuere, anuncia
el PRD
Advierten PRI y PRD de Riesgos por el Desafuero
Incidiría “Peligrosamente”
en las Elecciones de 2006
Pifia de la ALDF enreda a la Cámara
Diputados se hacen bolas
con la nueva ley
Chocan Bátiz y Macedo
por desafuero
Reprocha el procurador
del DF al titular de PGR por querer descalificar
a López Obrador
Investigan a Calderón
Contraloría Interna de
la Cámara de Diputados recopila información
sobre presuntas irregularidades
Sector agrario
En agonía, la zona ecológica juarense. (El Diario (Chihuahua), Horacio Carrasco, p. web)
Considerado como un espacio de
naturaleza viva que debía heredarse a
las futuras generaciones, dada su abundante
vegetación y las múltiples especies animales
que la habitaban, la Zona de Integración
Ecológica se encuentra hoy al borde de
la extinción.
La gigantesca área verde se ha
convertido en un esparcido conjunto de
fraccionamientos entre parcelas agrícolas,
comercios, establecimientos de servicios
y en un proyecto para atraer industria.
De siete mil 200 hectáreas que
medía 40 años atrás, la zona tiene hoy
unas mil 600 que representan apenas el
22.2 por ciento de ella, casi la quinta
parte.
Nada más mil 100 hectáreas se cultivan
en la actualidad, contra las más de cuatro
mil que se sembraban originalmente. Otras
500 están baldías y se vendieron a inmobiliarias
que esperan el momento de construir.
De hecho, Pedro Cital, director técnico del Instituto Municipal de Investigación
y Planeación (IMIP), informa que desde
el 2001 se contempla en la zona un polígono
de 77.8 hectáreas para crear un parque
industrial, justo alrededor de la planta
de tratamiento de aguas residuales Norte.
El punto elegido es la intersección
de los bulevares Francisco Villarreal
y Cuatro Siglos, donde existe un proyecto
de crear un cruce internacional que comunicaría
con la calle Yarbrough
de El Paso.
Grupos ecologistas piden que los
últimos espacios verdes se declaren área
protegida, y lanzan una advertencia: pronto
desaparecerán la actividad agrícola y
la cultura campesina de esta zona, así
como un pulmón para la ciudad.
Sin embargo, las autoridades dicen
que nunca fue un área de reserva intocable,
sino de “integración” a la urbe juarense
y ya hasta se asignó un destino para cada
suelo disponible en el sector.
Sergio Acosta del Val, director de Obras Públicas del Municipio, dice que no
se puede frenar el desarrollo de una zona,
sobre todo cuando la misma dinámica de
la ciudad se dirige allá.
Lo que procede, dice, es regular
el desarrollo, como se ha hecho en los
últimos planes directores.
Cital agrega
que la zona nunca fue un área intocable,
pues el concepto es integración y sí se
permite su ocupación.
La palabra final es de los agricultores,
los dueños de la tierra, quienes se hallan
sumidos en una aguda crisis y recurren
a una opción que sentencia a muerte a
la zona: vender sus parcelas a los desarrolladores
inmobiliarios, lo que resulta más redituable
que producir frutos agrícolas.
Avanza la urbanización
Jesús Chávez García, presidente
de la Asociación de Usuarios de la Primera
Unidad del Distrito de Riego 009, que
corresponde a la Zona de Integración Ecológica,
recuerda que eran siete mil 200 hectáreas
allá por 1965, de las cuales se cultivaban
más de cuatro mil.
“Ahorita
tenemos alrededor de mil 200 hectáreas
o menos, como agrícolas, nada más”, agrega.
Aparte hay 500 hectáreas baldías
que compró gente que “está especulando
con ellas, son reservas de gente con dinero”,
señala.
En el 2005 se estima que la zona
mide apenas mil 600 hectáreas, de las
que sólo mil 100 se cultivan y 500 están
baldías, en espera de su ocupación por
el crecimiento de la ciudad.
Todo esto muestra que en 40 años
el tamaño de esa área verde se redujo
al 22.2 por ciento, es decir, casi la
quinta parte de su extensión original.
Y la superficie de cultivo disminuyó al
27.5 por ciento.
Una gran pérdida:
ecologistas
Félix Leonardo Pérez, vocero de
la Alianza Internacional Ecologista del
Bravo, dice que la urbanización de la
Zona de Integración es una gran pérdida
por el sacrificio de miles de hectáreas
pobladas de árboles, vegetación y múltiples
especies animales que ya desaparecieron.
Además, es una de las áreas más
valiosas de la región porque es la única
que puede permitir autosuficiencia alimentaria en el futuro, agrega.
Nunca fue protegida:
IMIP
Pedro Cital
Beltrán, director técnico del IMIP, dice
que el lugar nunca fue un área intocable,
“cuando se decía Zona de Integración Ecológica
muchos pensaban que era una zona de reserva,
protegida, pero no es tal”.
Lo que se definió desde el inicio
y que se ha ido depurando es que “aquí
se debe dejar un mayor número de espacios
abiertos, respetar las acequias y los
árboles”, expresa.
Para crear un fraccionamiento en
la Zona de Integración hay normas “más
estrictas”, pero sus hectáreas “sí son
ocupables, urbanizables”, expresa.
Por ejemplo, el constructor debe
destinar a áreas verdes el 9 por ciento
del total del predio a fraccionar, mientras
que en el resto de la ciudad es del 6
por ciento.
Aquí el lote mínimo es de 130 metros
cuadrados, cuando en el resto de la ciudad
es de 120 metros.
Que se proteja:
ambientalistas
Félix Pérez, portavoz de la Alianza
Internacional Ecologista, considera que
la ocupación de la zona debe detenerse
para rescatar lo que queda de patrimonio
ambiental.
De otra manera, dice, este lugar
se perderá definitivamente y se causará
un daño irreversible.
Manuel Robles, presidente de la
Coalición Binacional contra Basureros,
dice que las pocas hectáreas que quedan
deben conservarse como área protegida.
Mario Chávez Albíztegui,
jefe del Distrito de Desarrollo Rural
04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), dice
que desgraciadamente a los agricultores
les resulta más redituable vender sus
parcelas que seguir cultivándolas.
Muchos ya vendieron y “son puros
fraccionamientos”, y aunque hay algunas
parcelas entre los desarrollos inmobiliarios,
ya no se siembran, es mucha la superficie
que ahora está ociosa, agrega.
No hay nada que impida vender la
tierra de cultivo, pues conforme a las
reformas al Artículo 27 Constitucional,
ya se puede comercializar con sólo seguir
un procedimiento de acuerdo con el Procampo, indica.
“Hay un anexo llamado Programa
de Certificación de Derechos Ejidales
(Procede) en el que INEGI mide los
predios, los somete a asamblea y si ésta
acepta, les emite un certificado parcial
con las medidas”, explica.
“Y al cabo de un tiempo, si los
ejidatarios así lo deciden, pueden convertir
el ejido en pequeña propiedad y pueden
vender la parcela, siempre y cuando la
asamblea lo autorice”, comenta.
Planean parque
industrial
Pedro Cital,
director técnico del IMIP, informa que
desde el 2001 se contempla en la Zona
de Integración Ecológica un polígono de
77.8 hectáreas para crear un parque industrial.
Esta zona industrial tiene una
restricción adicional en dotación de equipamiento,
pues debe donar para área verde un 18
por ciento del predio, mientras que en
otras partes de la ciudad es del 12 por
ciento.
Se contempla también un parque
metropolitano pegado al río Bravo, desde
el área industrial hasta Waterfill, que sería de corte temático, pero es sólo una idea
que no se ha podido aterrizar, informa.
Con la ciudad
encima
Jesús Chávez, presidente de la
Asociación de Usuarios, explica que la
venta de parcelas en la zona ecológica
está relacionada con la crisis que vive
la agricultura, tan dañada por la sequía,
los precios de la electricidad y del diesel,
y el Impuesto Predial.
Hay que agregar el Tratado de Libre
Comercio, que “al campo le puso en la
torre, no podemos competir con los vecinos”,
agrega.
Explica que “los precios bajaron
mucho, mucho, mucho, el año pasado vendimos
a 65 dólares el quintal de algodón (unidad
de 45 kilogramos), y este año se vendió
a 36 dólares”, es decir, bajó 44.6 por
ciento.
Al aproximarse la ciudad hasta
las parcelas y recibir ofertas de compra,
muchos productores prefieren vender. “Ya
tenemos la ciudad encima”.
Acuden ejidatarios de Omitlán
al Tribunal Agrario a exigir que se agilice
sentencia de pago. (El Sur, Karina Contreras, p. web).
Acusan que la
CFE pagó la indemnización de 3 millones
de pesos por la afectación de la Presa
La Venta a un ex comisariado
que los repartió sólo entre sus allegados
Alrededor de 30 ejidatarios de
Omitlán (comunidad del municipio de Tierra Colorada) acudieron
al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número
41 para pedir al magistrado, Juan Rodolfo
Lara Orozco, agilice la sentencia en el
juicio de pago-
indemnización que está bajo el
expediente 454/2003 contra el ex comisariado,
Agustín Sánchez Analco,
a quien acusan de quedarse con 3 millones
de pesos que pagó la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) por la afectación
de la presa La Venta, los cuales los repartió
entre sus allegados.
El representante de los ejidatarios
y secretario general de la CNC disidente,
Evencio Romero
Sotelo, informó
que los inconformes sostuvieron una reunión
con el magistrado Lara Orozco, quien les
respondió que por el momento no puede
dictar sentencia en el caso, porque hay
un amparo ante el juez cuarto de distrito
que promovieron los ejidatarios que fueron
beneficiados con el recurso.
Dijo que Lara Orozco les explicó
que el amparo es contra una posible sentencia
que pueda salir contra ellos (los beneficiados),
y por lo cual no puede por el momento
dictar sentencia, pero en cuando se resuelva
la dará.
En una improvisada conferencia
de prensa en el Zócalo, Romero Sotelo,
informó que los manifestantes eran sólo
una comisión que acudió al TUA con el
objetivo de solicitar al magistrado que
agilice la sentencia del juicio de pago
indemnizatorio contra el ex comisariado
Sánchez Analco, para que regrese el dinero que pagó la CFE y que no
fue distribuido de manera equitativa a
los 125 ejidatarios de Omitlán, sino sólo a los “cuates del ex comisariado”.
El líder comentó que están agotados todas las pruebas, pues han demostrado jurídicamente
y con documentos que les asiste la razón
a los ejidatarios y que los 3 millones
fueron dispuestos de manera indebida por
el ex comisariado Sánchez Analco.
Sobre el amparo, Evencio Romero dijo que están seguros que el juez cuarto sobreseerá
el amparo promovido, aunque pueden transcurrir
tres meses más, en el juicio que comenzó
en 2003.
Dijo que los campesinos están desesperados
por los actos de corrupción que se dieron
en Omitlán por
parte de las ex autoridades ejidales,
empleados de la Secretaría de la Reforma
Agraria y de la Procuraduría Agraria,
quienes –acusan– se prestaron al fraude
contra los ejidatarios.
Pero también confían que el magistrado
va a condenar a Agustín Sánchez a que
regrese los cerca
de 3 millones de pesos, que la CFE pagó
–luego de 40 años– por las afectaciones
a las tierras de esa comunidad por la
presa La Venta.
Con créditos la Reforma Agraria financiará la compra
de tierras. (El Hidrocálido
(Aguascalientes), p. web)
A través del programa Fondo de
Tierras, la Secretaría de la Reforma
Agraria ejercerá líneas de crédito
de hasta 250 mil pesos para la compra
de tierras, y de 150 mil pesos para iniciar
una empresa a jóvenes campesinos que en
este momento participan en programas de
capacitación empresarial, señaló Obed
Arellano Gutiérrez, representante en el
Estado de la Secretaría de la Reforma
Agraria. Es notable el interés que han
demostrado jóvenes que viven en el medio
rural por participar en este programa
enfocado básicamente a promover el arraigamiento
de las nuevas generaciones de campesinos
en el medio rural, así como para promover
la generación de fuentes de empleo en
esas zonas, destacó el funcionario. Repuso
que en este momento participan en programas
de capacitación más de medio millar de
jóvenes campesinos hombres y mujeres,
quienes han mostrado interés por adquirir
o por rentar la tierra de sus mayores
para en ellas emprender proyectos productivos
de muy diversa índole, destacando sin
embargo la producción e industrialización
de la leche, así como unidades de producción
de cerdos, ovinos, entre muchos otros
proyectos. Dijo que son exactamente 575
muchachos y muchachas de esta Entidad
quienes asisten a los cursos de capacitación,
de entre los cuales serán seleccionados
los proyectos que presenten y que tengan
mayor viabilidad de éxito. El funcionario
aclaró que no todos podrán tener acceso
a los recursos disponibles, que en todo
caso son limitados para atender la demanda
que se presentará. Arellano Gutiérrez
dijo que es de notarse que hay mucha gente
que en realidad no quiere emigrar de su
lugar de origen y que lo hace orillado
por la falta de oportunidades. Mencionó
el caso de una pareja de jóvenes que vivieron
11 años en los Estados Unidos y que han
vuelto al terruño, pero lo hacen con la
intención de iniciar un proyecto productivo
porque saben que esa es una mejor oportunidad
que la que podrían tener en la Unión Americana
para obtener su medio de vida. Por otra
parte, dijo que a raíz de este programa,
ejidatarios de todo el Estado han mostrado
interés por venderles o rentarles la tierra
a sus descendientes, «de esa manera ellos
no quedan desprotegidos económicamente,
y las tierras se quedan en manos de quienes
tienen real interés en trabajarlas», señaló
Arellano. Dijo que la Secretaría de la
Reforma Agraria dispone de millonarios
recursos que destinará como créditos a
los jóvenes del campo para la compra o
renta de tierras, así como para apoyarlos
a iniciar una empresa en el medio rural.
Campesinos rechazan propuesta de la SRA. (Tribuna de Campeche, p. web)
HECELCHAKAN.-- Durante asamblea celebrada en la Comisaría Ejidal
de Pomuch, numerosos
campesinos rechazaron las propuestas gráficas
de la expropiación de los terrenos de
la ampliación que expuso el titular de
la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Paulo Hau Dzul.
Los más de 200 campesinos encabezados por el comisario ejidal
Julio Pech Canché
dieron un no rotundo a la propuesta de
Hau Dzul,
quien presentó un modelo de tres polígonos
de los nuevos asentamientos irregulares
ubicados en las ampliaciones de la jurisdicción
de Escárcega, pero ante la inconformidad
el funcionario abandonó el local sin decir
adiós.
Entonces la propuesta fue analizada por una mesa de debates
representado por el campesino Alfonso
Euán Uc, quien refirió que el rechazo de los campesinos es porque
la SRA no acepta que la expropiación de
las 13 mil 500 hectáreas de tierras se
haga en una zona compacta.
Cabe decir que en reuniones anteriores habían aceptado esta
propuesta, pero al parecer los de la SRA
cambiaron de idea y la adecuaron a su
manera.
Por su parte, el comisario Pech Canché
dijo que no están dispuestos a arriesgar
el patrimonio de sus hijos y tampoco aceptarán
los nueve asentamientos diseminados por
los paracaidistas, que mucho daño están
ocasionando a la madre naturaleza, que
es la selva, porque la están explotando
en forma irracional y quieren que les
regularicen las superficies dentro del
Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).
La expropiación tiene que ser en zona compacta o no habrá acuerdo,
remarcó.
Invaden nuestras tierras. (Por Esto!, José Luis López Quintal,
p. web).
HUNUCMA, Yucatán, 28 de marzo.- El comisario municipal de la población de
Texán de Palomeque explicó al corresponsal
del POR ESTO!
que una comisión de ejidatarios de Texán
se está encargando de realizar trámites
y demostrar con documentos que los ejidatarios
de Hunucmá están
invadiendo las tierras de Texán,
"por lo que en el Registro Agrario
Nacional, de la ciudad de Mérida,
estamos defendiendo lo que sabemos que
es de nosotros".
A través del POR ESTO!, dijo el entrevistado, nos
hemos enterado de que los ejidatarios
de Hunucmá han
vendido grandes extensiones de tierra
y que con ello han demostrado el poco
cariño que sienten por la tierra y a su
vez se han olvidado del futuro, porque
la venta de las tierras sólo beneficia
a unos cuantos, en cambio cuando pertenece
al ejido, beneficia a toda la comunidad.
Nosotros en Texán -continuó el representante agrario-
estamos conscientes de que la tierra es
de gran importancia, pues la población
está creciendo rápidamente y esos terrenos
serán para nuestros hijos y nietos. La
tierra no se vende a ningún precio y tampoco
permitiremos que los que vendieron sus
tierras, ahora invadan la nuestra.
Por último, el comisario municipal de Texán dijo
que en la comisaría prácticamente todo
está en orden y que en el aspecto de atención
a la comunidad se está llevando a cabo
con regularidad, ya que esta comisaría
realiza sus gestiones en forma oportuna
ante la primera autoridad del municipio
de Hunucmá,
C. Delio Jaime Pérez Quintal.
El México que todos queremos. (El Día, Juan Manuel Mejía Domínguez, p. 2)
Las declaraciones del subprocurador
Carlos Vega Memije,
sobre la acción plural que obsesiona a
la PGR, ejercer contra el jefe de Gobierno
del DF, Andrés Manuel López Obrador, sólo
demuestra la incapacidad que la dependencia
que dirige Rafael Macedo
de la Concha sobre este asunto.
Para nadie es un secreto que López Obrador no violó ningún
amparo; al menos las pueblas así lo indican.
Sin embargo, el presidente Vicente Fox
ha violado, reiteradamente, en cinco ocasiones
un amparo a favor de la empresa Parques
Conmemorativos, en la que el juez Décimo
de Distrito en Materia Administrativa
del DF, ya dio vista al Ministerio Público
Federal para que actúe contra el Presidente.
Empero, la PGR no ha dicho nada, inclusive se mantiene como
secreta la averiguación previa contra
Fox y el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame, quien
es la autoridad responsable, ahí sí no
actúa Macedo
de la Concha en congruencia con su dicho,
“sin importar de quien se trate se aplicará
la ley”.
Si la justicia que pregona Macedo
de la Concha se cumpliera al pie de la
letra, sin distingos partidistas o fueros,
el escándalo por la violación del amparo
a Parques Conmemorativos ya sería del
dominio público y se encontraría en una
disyuntiva, ya que tendría que iniciarle
una averiguación previa a su jefe.
Salinas Altés, González de la Vega, Ríos Pitter
y Villaseñor, en el gabinete. (El Sur, Redacción, p. web).
El ex comandante de la Novena Región Militar, Juan Heriberto
Salinas Altés está confirmado para ocupar
la Secretaría de Seguridad Pública en
el gobierno de Zeferino Torreblanca
Galindo, que inicia el próximo viernes
1º de abril con el cambio de mando en
Chilpancingo, según fuentes cercanas
al gobernador electo.
Desde que surgió el nombre del divisionario como probable secretario
del nuevo gabinete, el único que lo
ha apoyado públicamente es el gobernador
saliente René Juárez Cisneros, quien
dijo que es un militar honrado y eficiente
y miembro de una institución que es
pilar del país.
Por el contrario, ese eventual nombramiento ha recibido críticas
de representantes de organizaciones
de derechos humanos y de diputados federales
del PRD, que han recordado la recomendación
de la ONU de que los militares deben
ser ajenos a las tareas de seguridad
pública. Asimismo, han señalado que
en diversos momentos críticos de la
historia de Guerrero los militares han
sido llamados para reprimir con violencia
las luchas populares, y en particular
recuerdan la guerra sucia de los años
70 y 80 que dejó más de 500 desaparecidos
en el estado.
Salinas Altés fue el comandante de la Novena Región durante
el régimen de Carlos Salinas de Gortari,
periodo en el cual –y coincidiendo con
el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu–
fueron asesinados más de 100 integrantes
del naciente PRD en conflictos poslectorales
o en la lucha política contra caciques
de diversos municipios.
Asimismo, siempre según versiones recogidas en fuentes cercanas
al gobernador electo Zeferino Torreblanca,
como secretario de Educación en Guerrero
será nombrado el acapulqueño José Luis
González de la Vega Otero, y como secretario
de Desarrollo Rural, el tecpaneco Armando
Ríos Pitter.
Asimismo, la actual diputada local Yolanda Villaseñor Landa
será secretaria de la Juventud.
Por otro lado, el ex rector de la Universidad Loyola, Enrique
Pasta Muñúzuri, sería considerado para
ocupar la contraloría estatal o alguna
área importante en la Secretaría de
Administración y Finanzas, como la Subsecretaría
de Ingresos.
José Luis González de la Vega Otero es actualmente director
de la Unidad de Vinculación Institucional
del IMSS, ubicada en el cuarto puesto
de importancia en el organigrama del
Seguro Social, sólo debajo de la Dirección
General, la Dirección de Inversiones
Financieras y el órgano Interno de Control.
Ahora ocuparía la Secretaría de Educación Guerrero, una de
las dependencias clave en la administración
estatal y que Zeferino Torreblanca prometió
limpiar de conflictos políticos y de
aviadores.
González de la Vega Otero es originario de Acapulco, cuenta
con licenciatura en Ciencias y Técnicas
de la Información en la Universidad
Iberoamericana. En el IMSS también fue
coordinador de Subdelegaciones. En Chihuahua
fue asesor del gobierno estatal en 1999
–en la gestión del priísta Patricio
Martínez– y director general del centro
SCT en ese estado.
Fue secretario de Administración y Finanzas del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica de
febrero de 1995 a enero de 1999, cuando
el director era Juan Carlos Hinojosa
Luelmo, secretario de Coordinación (supersecretario)
del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.
Sin embargo, se le identifica más con el recientemente finado
Netzahuacóyotl de la Vega, sempiterno
líder nacional priísta de los locutores
de radio y televisión, quien lo habría
recomendado para entrar al IMSS como
parte de la representación obrera en
ese organismo.
A su actual cargo fue invitado por el propio director general
Santiago Levy, representante de uno
de los sectores más duros de la tecnocracia
en México, a la que agrupaciones de
trabajadores y la oposición perredista
acusa de atacar las prestaciones sociales
y de intentar la privatización de la
seguridad pública.
En el sector privado, González de la Vega fue secretario particular
de Mario Vázquez Raña, presidente y
director general de la Organización
Editorial Mexicana (OEM), editora de
la cadena de los Soles, a la que pertenece
El Sol de Acapulco.
Otro miembro de esta organización editorial vinculado al gobernador
electo es el vicepresidente de Relaciones
Públicas, Carlos Salomón Cámara, quien
habría colaborado con Torreblanca para
establecer lazos con medios de comunicación
de la ciudad de México. Refuerza esta
versión el hecho de que quien se encarga
de esa tarea es Mario Pintos Soberanis,
que es parte del grupo de Salomón Cámara
y que por un corto tiempo fue director
de Comunicación Social del gobierno
de René Juárez Cisneros.
El anterior cargo público que tuvo en Guerrero Pintos Soberanis
fue el de director general de CAPAMA,
en los tiempos en que ésta era conocida
como “la caja chica” del PRI, y a la
que Zeferino Torreblanca se refería
con frecuencia críticamente en sus tres
campañas por la alcaldía de Acapulco.
En la Secretaría de Desarrollo Rural estaría Armando Ríos
Pitter, quien actualmente es subsecretario
de Política Sectorial de la Secretaría
de la Reforma Agraria del gobierno
de Vicente Fox, cuyo titular es el guerrerense
Florencio Salazar Adame.
Ríos Pitter es originario de Tecpan de Galeana, es licenciado
en Economía por el ITAM y tiene estudios
de posgrado en las universidades de
Harvard, en Boston, y de Georgetown,
en Washington.
En Guerrero fue subsecretario de Asuntos Políticos en 1999
en los primeros meses del gobierno de
René Juárez Cisneros, cuando el secretario
general de Gobierno fue Florencio Salazar
Adame.
No se sabe que haya renunciado al PRI y se le identifica también
con el grupo de los tecnócratas de este
partido, a quienes se reprocha su creencia
ideológica de que todo lo resuelve el
mercado y de que, en consecuencia, hay
que adelgazar al Estado y reducir su
papel en la solución de problemas sociales.
La diputada perredista Yolanda Villaseñor es presidenta de
la Comisión de la Juventud en el Congreso
local y ocupará la Secretaría de la
Juventud, una de las que no son consideradas
por Torreblanca como prioritarias en
el gobierno, según lo dejó ver durante
su campaña.
Apoyó desde la precampaña a Zeferino Torreblanca. En la marcha
del 12 de junio en Acapulco fue oradora
en el mitin, además de que después organizó
un foro juvenil en el Instituto Tecnológico
de Acapulco.
Fue regidora durante el periodo como alcalde de Acapulco de
Zeferino Torreblanca, cargo al cual
renunció meses antes de concluir para
buscar la diputación local por el distrito
18 de Acapulco para el periodo 2002-2005.
Se le identifica como parte del sector combativo de la fracción
parlamentaria del PRD, que en diferentes
momentos se enfrentó a iniciativas del
gobernador René Juárez Cisneros, en
particular en lo que se refiere al manejo
de los recursos públicos.
A estos nombramientos se suman otros conocidos con anterioridad,
como el del priísta Ernesto Rodríguez
Escalona para continuar en la Secretaría
de Fomento Turístico, y la diputada
local del PRD, Gloria Sierra López,
como secretaria de Desarrollo Social.
(Con información de Adalberto Valle,
Aurelio Peláez y Hugo Pacheco).
Desechará Corte juicios del caso Paraje San Juan. (El Siglo de Torreón, p. web).
28
de marzo de 2005
El
pago o no de la indemnización Enrique
Arcipreste del Ábrego por el predio conocido
como Paraje San Juan pasará a ser responsabilidad
de la PGR.
México, (SUN-AEE).-El pago o no de la indemnización que se
le debe a Enrique Arcipreste del Ábrego
por el predio conocido como Paraje San
Juan pasará a ser responsabilidad de la
Procuraduría General de la República (PGR)
a partir del miércoles próximo, pues a
partir de esta fecha el procurador Rafael
Macedo de la
Concha tendrá que demostrar, ante otras
instancias judiciales que no sean la Corte,
que el terreno en cuestión es propiedad
de la nación y no de Arcipreste.
Ello, porque este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) desechará, de manera
definitiva, el recurso que interpuso el
procurador general de la República, Rafael
Macedo de la
Concha, para evitar que a Enrique Arcipreste
del Ábrego se le pague dicha indemnización,
por estimar que la impugnación se presentó
cuando el amparo que ganó Arcipreste ya
era cosa juzgada, es decir fuera de tiempo.
Ese mismo día, los ministros de la Primera Sala de la Corte
también desecharán otros 11 juicios relacionados
con el caso del Paraje San Juan, entre
ellos los que promovieron otras personas
que también se dicen dueñas de este terreno,
de acuerdo con fuentes del máximo tribunal
del país.
Tras esta decisión, tanto la Procuraduría General de la República
(PGR) como las demás personas que también
se dicen dueñas del terreno tendrán la
oportunidad de demostrar ante otras instancias
judiciales que Enrique Arcipreste no es
el dueño del predio, porque la Corte no
decidirá quien es el propietario del Paraje
San Juan.
Las otras instancias judiciales a las que se puede acudir para
impugnar la propiedad del Paraje San Juan
son diversas, en virtud de que se pueden
promover distintos tipos de recursos legales
para este fin ante juzgados locales o
federales, pero la opción que más se comenta
es la promoción de un juicio civil ante
autoridades del Poder Judicial del Distrito
Federal.
Para la Corte, el hecho de que Enrique Arcipreste haya ganado
un amparo contra la expropiación del terreno
en todas sus instancias no significa que
se le haya reconocido como dueño del predio.
La titularidad del terreno se tiene que dirimir por medio de
otros juicios y ante otras instancias,
que los interesados en este caso tendrán
que definir.
En el caso concreto del procurador Macedo
de la Concha, lo que intentó ante la Corte,
en su calidad de abogado de la Federación,
fue demostrar que el terreno es propiedad
de la nación, con base en información
que le proporcionó la Secretaría de
la Reforma Agraria.
Pero la SCJN rechazará este miércoles la petición de Macedo de la Concha bajo el argumento de que el juicio de
amparo que ganó Enrique Arcipreste, en
todas sus etapas, ya es cosa juzgada y
que por lo mismo ya no se puede hacer
nada. No sin antes aclarar que durante
el juicio que ganó Arcipreste, en el anterior
sexenio, las autoridades federales tuvieron
la oportunidad de participar e impugnar
la decisión, pero no lo hicieron.
La decisión que adoptarán el miércoles próximo ya se preveía
desde hace un par de meses, cuando el
pleno de la Corte declaró que, a partir
de que se considera un juicio de amparo
como cosa juzgada, no se puede hacer nada
para revertir la sentencia.
Mientras la PGR y los demás presuntos dueños del Paraje San
Juan determinan la estrategia legal que
emplearán para impugnar la propiedad del
predio, seguirá en curso la decisión que
adoptó la Corte en la primera semana de
marzo, cuando le ordenó a un juez que
revise el monto que tiene que pagar el
Gobierno del Distrito Federal por la expropiación
del Paraje San Juan.
En esa ocasión, a propuesta del ministro Juan Silva Meza, el
pleno de la SCJN resolvió modificar la
sentencia que emitió un juez para obligar
al gobierno capitalino a pagarle mil 810
millones de pesos a Enrique Arcipreste
como indemnización por la expropiación
del Paraje San Juan.
Los ministros de la Corte concluyeron que el jefe de Gobierno,
Andrés Manuel López Obrador, tenía razón
al impugnar la sentencia del juez, porque
éste fijó de manera errónea el valor del
terreno. Dicha medida se reflejará en
una reducción "considerable"
de la indemnización a pagar por el predio
expropiado.
Pero por el momento, el beneficiario de la indemnización sigue
siendo Enrique Arcipreste, pues es quien
obtuvo el amparo para el efecto de que
se le pagara la expropiación del terreno.
Considera el gobierno que inhibe éxodo de migrantes. (El Universal, Carlos Velasco,
p. web).
Domingo 27 de
marzo de 2005
En este año el gobierno federal
pudo arraigar en sus lugares de origen
a cerca de 5 mil jóvenes campesinos, originarios
de 10 estados del país, y evitar que emigraran
a Estados Unidos gracias al programa Fondo
de Tierras y Joven Emprendedor, que ejercen
de forma conjunta un presupuesto cercano
a los 300 millones de pesos.
Armando Ríos Piter,
subsecretario de Política Sectorial
de la Reforma Agraria, dijo que ha
tenido éxito dicho programa; tan así es,
que en este año se sumaron dos estados
más: Yucatán y Zacatecas.
El objetivo del programa es apoyar
a los jóvenes que desean permanecer en
los núcleos agrarios para que realicen
una actividad productiva de manera individual
o en grupo, adquiriendo o rentando una
parcela y realizando un proyecto productivo.
Participan jóvenes de entre 18
y 39 años de edad, sujetos agrarios, ejidatarios,
comuneros, posesionarios
o avecindados de los núcleos agrarios
seleccionados.
Para esto el Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe),
organismo desconcentrado de la SRA, ofrece
financiamientos accesibles a tasas muy
bajas, con largos periodos de amortización
junto con un apoyo adicional en asistencia
técnica para la puesta en marcha y operación
de los proyectos productivos.
Los apoyos consisten en un financiamiento
a una tasa de Cetes
a 28 días, préstamos para compra de derechos
parcelarios hasta por 250 mil pesos, para
renta de parcelas hasta 27 mil pesos por
todo el tiempo que abarque el contrato
de renta y para el proyecto productivo,
hasta 150 mil pesos.
Uno de esos proyectos exitosos
fue visitado por el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, en la población de Las Vigas, municipio de San Marcos,
en el estado de Guerrero. Ahí un grupo
de 30 jóvenes, hombres y mujeres de 19
a 38 años, tiene un proyecto porcino liderado
por el ingeniero agrónomo Ramón Eduardo
Mun Magaña.
Para adoptar el proyecto, Mun Magaña hizo una encuesta entre sus propios compañeros
para conocer su interés. Todos estuvieron
de acuerdo con iniciar el proyecto porcino,
El 17 de diciembre pasado nos dieron una
beca de capacitación por mil 896 pesos
y nos entregaron un cheque por 300 mil
pesos para el proyecto de escuela. Compramos
el ganado porcino en Toluca, estado de
México; aquí en Las Vigas lo criamos,
lo engordamos y luego lo comercializamos
en Acapulco".
Organizaciones campesinas
La sequía puede ser asunto de seguridad nacional:
CNC. (Tribuna de Campeche, p. web)
El problema de la sequía puede traducirse en los próximos meses
para unos 13 mil productores de la región
Sur de la entidad en un asunto de seguridad
nacional, en caso de que no llueva, aunque
hasta el momento no hay fundamento para
solicitar apoyos emergentes, aseveró el
dirigente de la Liga de Comunidades, Agrarias
y Sindicatos Campesinos, Sergio Ramírez
González.
Precisó que en el sector social los más propensos a las afectaciones
son los que dependen del cultivo de temporal,
porque si no llueve simplemente no cosechan,
por lo que recomendó al Gobierno Federal
estar preparado para tramitar apoyos emergentes.
En la entidad el sector social trabaja más de 100 mil hectáreas,
y de no favorecerles el temporal se estima
que unos 13 mil productores de la región
de Calakmul
y parte de Candelaria se verían afectados
de manera directa, lo que sería el acabóse,
porque otras de las fuentes alternas de
ingreso como es la apicultura también
está afectada.
Campeche, a diferencia de entidades del Norte, aún está en
la fase de quema. Ni siquiera ha iniciado
la preparación de tierras, y por ello
no pueden adelantarse a solicitar apoyos
emergentes aún cuando vislumbran un panorama
difícil.
"Sabemos que la sequía nos va afectar muchísimo; estamos
viendo lo que ocurre en otros sectores,
como la ganadería y la apicultura, pero
en el caso de los productores tenemos
que esperar después de la temporada de
siembra".
Ramírez González expuso que a nivel nacional la Confederación
Nacional Campesina considera que la sequía
en el país es un problema grave que puede
convertirse en los próximos meses en un
asunto de seguridad nacional en estados
como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Chihuahua y Veracruz.
Por ello urgen al Gobierno Federal a preparar los recursos
del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(Fonden), y
agilizar su liberación, porque en ocasiones
tardan un año después del siniestro para
los pagos, como ocurrió en Calakmul,
donde aún cubren los daños por la contingencia
climatológica del año pasado.
Exhortó a las secretarías de Gobernación, Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Social a que apliquen
los recursos del Fonden en beneficio de ganaderos y pequeños agricultores que
ya reportan daños por la escasez de lluvias.
Prensa Estatal
Claman indígenas expulsados reubicación en un solo
lugar. (Diario de Chiapas, Perla
Sibaja, p. web)
Indígenas de diversas regiones, se apostaron ayer
en Palacio de Gobierno para dialogar con
funcionarios estatales, a fin de resolver
la petición que se hiciera sobre su reubicación
en un solo lugar, ya que dicen, por motivos
religiosos han sido expulsados o se han
visto en la necesidad de dejar sus hogares
Lorenzo Pérez Jiménez, representante de la Sociedad
Religiosa, destacó que buscaron el acercamiento
con las autoridades estatales, para saber
del adelanto en las peticiones que anteriormente
realizaran, con respecto a su reubicación
en un lugar común.
Y es que comentó que están esperando una pronta
respuesta por parte del gobierno del estado,
luego de que el grupo, compuesto por 120
familias solicitantes de los municipios
de San Pedro Chenalhó, Tenejapa, Huitiupán y Simojovel, unidos por
la misma problemática de lesión a su derecho
a profesar libremente la religión que
deseen, se han organizado en una organización
y desean vivir en una sola comunidad.
Destacó que anteriormente, las familias sufrieron
en sus lugares de origen, especialmente
de los grupos que se dicen ateos, presión
para no realizar sus cultos religiosos,
así que por temor, tuvieron que abandonar
sus hogares.
Dio a conocer que dentro de la agrupación se encuentran
feligreses del Pentecostés, la Iglesia
Presbiteriana, Evangelista y la del Séptimo
Día, quienes como Sociedad Religiosa se
han unido para demandar el respeto a sus
respectivas creencias teológicas.
Manifestó que se encuentra en gestión la posesión
de los predios Las Cabañas y Samanguino,
para formar la comunidad de Nuevo San
Pedró Chenalhó, en el municipio de Ocozocoautla
de Espinosa, en donde dicen, la primera
acción será la edificación de su templo.
Aclaró que buscan que se les otorgue el derecho
sobre aproximadamente mil hectáreas de
terreno, a fin de que cada solicitante
tenga derecho a por lo menos cinco hectáreas
en donde poder asentarse y trabajar, aunque
reconoció que no sabe si los terrenos
que tienen en mira pertenecen a la federación,
por lo que, de acuerdo a los datos que
les proporcionaran los funcionarios estatales,
el asunto se encuentra en investigación.
Refirió que además, los campesinos indígenas también
buscan la obtención de proyectos productivos
para trabajar la tierra, pues es el oficio
que los ha sostenido durante décadas.
Exaltó el compromiso de la organización a lograr
la reforestación de los predios en caso
de serles adjudicados, como prueba de
buena fe y propósito de trabajo, por lo
que dijo, esperan una pronta respuesta
de las autoridades estatales, pues han
visto ánimo de resolución por parte de
estos.
GUERRERO
Vecinos de la colonia Atlixco
exigen la regularización de un predio
invadido. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Se quejan
de hostigamiento de policías y líderes
de otras colonias. Quieren provocar enfrentamientos
para controlar la colonia, dice Héctor
Ponce Radilla, dirigente de Tierra Digna
Alrededor de 200 personas se manifestaron
en el Zócalo para exigir la regularización
de un predio de 9 hectáreas sobre el que
se encuentra asentada la colonia Lucio
Cabañas Barrientos –antes Atlixco–, la cual
fue invadida hace cuatro meses, y en donde
en las últimas semanas ha habido enfrentamientos
entre colonos por el control de la misma.
También solicitaron una audiencia
con el gobernador electo, Zeferino
Torreblanca Galindo, para tratar el problema
de la regularización de la tierra, que
es –dijeron– un problema muy grave.
Encabezados por el dirigente de
Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, los
inconformes llegaron al zócalo alrededor
de las 11 de la mañana, en donde primero
dieron una conferencia de prensa para
denunciar además que están siendo hostigados
por policías judiciales y dirigentes de
otras colonias.
Los inconformes invadieron un predio
de nueve hectáreas, el cual se encuentra
ubicado a un costado de la caseta de La
Venta, propiedad de Miguel Rodríguez Granado
quien interpuso una denuncia por despojo
en la quinta agencia del Ministerio Público,
especializada en ese delito.
El terreno fue ocupado por unas
500 familias, quienes están dispuestas
a dialogar –dicen– para llegar a un acuerdo
con el propietario y pagarlo.
Los colonos portaban pancartas
con algunas leyendas como: “Exigimos la
regularización de la tierra. Campamento
Lucio Cabañas Barrientos”
y “Todos tienen derecho a una vivienda
digna y decorosa”; también gritaban “No
queremos represión, exigimos solución”.
Ponce Radilla explicó que los vecinos
de la colonia –rebautizada con el nombre
del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos–, piden la regularización del predio y la introducción
de los servicios públicos.
Además dijo que desconocen a Álvaro
Díaz Castro como su portavoz, porque no
tiene la representatividad debido que no es vecino de la colonia.
Agregó que en próximos días acudirán
a la Comisión Regularizadora de la Tenencia
de la Tierra (Corett) para tratar el asunto, porque quieren llegar a un
acuerdo y pidió que cese el hostigamiento
de los judiciales contra las familias.
Por su parte, el colono Mario Peralta
Carmona, acusó a la ex líder Aldegunda
Navarrete Guzmán “de buscar el enfrentamiento
entre compañeros”, y de extorsionarlos
con una cooperación de 20 pesos semanales,
para gestiones de la colonia “pero nunca
hizo nada”.
Rechazó las acusaciones de corruptos
y estafadores que les hizo Álvaro Díaz,
porque “no hemos pedido ni un solo peso”,
y ellos sí han buscando el enfrentamiento
y advirtió que al predio no puede entrar
ya ningún desconocido.
Por último, Peralta Carmona informó
que la colonia será representada ante
las autoridades por un comité que fue
nombrado este domingo 27, encabezado por
Francisca Navarrete, como presidenta;
Adriana Navarrete Sepúlveda, como secretaria;
Severo Chopín Abarca, tesorero; y como vocales, Leonarda López Prudente y Elizabeth Sorella
Cortés.
Ofrece Fideaca regularizar
a ejidatarios de Cumbres de Llano Lrgo
si pagan sus predios. (El Sur, Jorge Nava, p. web).
El Fideicomiso
de Acapulco (Fideaca)
ofreció ayer a los hijos de ejidatarios
de Cumbres de Llano Largo la regularización
de sus predios y el retiro de una denuncia
penal por despojo, a cambio de que paguen
40 mil pesos por cada predio.
En una reunión entre representantes
del Fideaca,
ejidatarios y ocupantes de los terrenos
de la colonia Ampliación Cumbres de Llano
Largo, que se llevó a cabo en la Agencia
del MP, los campesinos no se comprometieron
a nada y pidieron tiempo para analizar
si les conviene la propuesta, informó
Magdalena Galindo Rojas.
Los ejidatarios y los hijos de
ejidatarios aseguran que ellos no son
invasores, sino que están en posesión
de los 200 metros cuadrados desde 1971;
terrenos se ubican en la primera curva
de la avenida Heroico Colegio Militar,
que va a la Universidad Loyola del Pacífico.
Por ese hecho, el Fideicomiso presentó
una denuncia ante el MP, bajo la averiguación
previa Tab/V/82/2003.
En declaraciones a El Sur al concluir
la reunión, Magdalena Galindo explicó
que volverán a reunirse con los representantes
del Fideca,
pero aclaró que no tienen la disposición
de aceptar la propuesta porque no llevaban
planos y rechazan el cobro que les hace
el organismo.
QUINTANA ROO
Reclaman 150 campesinos recursos de Sagarpa. (Novedades, p. web).
Cerca de 150 campesinos no han
recibido el apoyo del programa Alianza
para el Campo debido a que el Gobierno
del Estado no ha entregado cerca de seis
millones de pesos que le corresponde aportar
para dicho programa, lo cual ha retrasado
la entrega desde noviembre pasado.
Entrevistado frente a las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural e Indígena, el caprinocultor Pablo Martínez Gómez, quien iba acompañado de
otros productores, manifestó que desde
hace seis meses junto con otros ganaderos
están en busca del apoyo del programa
Alianza para el Campo; sin embargo, a
pesar de que los recursos fueron autorizados
desde el pasado mes de noviembre, hasta
la fecha no han sido liberados.
Destacó que en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) le han informado que la dependencia federal ya depositó
la parte de recursos que le corresponde,
pero falta que el Gobierno del Estado
deposite su porcentaje para que el dinero
pueda ser entregado a los campesinos y
ganaderos. Al ser cuestionado sobre qué
informan las autoridades estatales, el
ganadero contestó que "trámites burocráticos,
supervisiones, falta de documentos, cuestiones
muy vagas".
Explicó que él está en espera del
50 por ciento de un recurso económico
que alcanza la cantidad de 90 mil pesos,
que será repartido entre seis productores.
Asimismo, señaló que según la Confederación
Nacional Campesina (CNC), alrededor de
150 productores son afectados por la no
entrega de los apoyos provenientes de
Alianza para el Campo.
"No sabemos hasta qué punto
podamos tomar medidas de presión, pero
sabemos que existen canales por los cuales
se puede ejercer presión para que se nos
pague el recurso económico", agregó.
Finalmente, aseguró que los campesinos
y ganaderos "poco a poco" se
han alejado de las dependencias de gobierno,
puesto que son desesperantes las vueltas
que les hacen dar para conseguir un apoyo,
como en su caso, toda vez que vive en
la comunidad de Chacchoben
y ha tenido que viajar infinidad de ocasiones
para atender su trámite que aún no se
ha podido resolver, lo cual representa
dinero, tiempo y esfuerzo.
ZACATECAS
Exigen barzonistas aclarar
el asesinato en 2003 del negociador en
Bernalejo. (La Jornada, Alfredo Valadez, p.
web).
Zacatecas, Zac., 28 de marzo. Integrantes
de El Barzón y familiares de Manuel Ortega
González, funcionario de la administración
monrealista
y negociador del gobierno del estado en
el litigio de tierras de Bernalejo
de la Sierra, asesinado en marzo de 2003,
presentaron un escrito en la Secretaría
General de Gobierno de Zacatecas para
exigir a Amalia García Medina, actual
gobernadora, la creación de una fiscalía
especial que resuelva el homicidio.
Durante un mitin en la Plaza de Armas, Cresencio
Morales, de El Barzón Metropolitano, señaló
que su Comité Ejecutivo Nacional no cesará
en su demanda de justicia por la muerte
de Manuel Ortega, y advirtió que de no
ser atendido su reclamo, esa organización
tomará diversas carreteras del país, para
que sean detenidos los autores del homicidio,
presumiblemente ligados al narco
y al ex gobernador Ricardo Monreal.
La noche del 27 de marzo de 2003, afuera del departamento donde
vivía con su familia, Ortega González
murió a las 22:15 horas al recibir nueve
impactos de bala de alto calibre, en la
avenida González Ortega de esta ciudad,
frente a las oficinas del Poder Judicial
de la Federación. Cinco minutos después
de abandonar su oficina en palacio de
gobierno -a cuatro cuadras del lugar-,
en pleno centro histórico de la capital,
dos sicarios que nunca fueron detenidos,
le habrían disparado a quemarropa y huyeron
en dos autos robados que luego abandonaron.
"El dictamen pericial de la Procuraduría General de Justicia
del Estado menciona la intervención de
un tirador y de un arma, pero la necropsia
practicada a nuestro compañero asesinado,
tiene impactos de varios calibres. Fueron
encontradas varias pistolas regadas en
el lugar de los hechos. También averiguamos
que la salida de los asesinos fue cubierta
por la policía estatal. Eso demuestra
que hubo un claro contubernio con el gobierno
del estado. Que el anterior procurador
estuvo involucrado con el operativo
que le costó la vida a nuestro compañero",
afirmaron.
Pero además, señaló Cresencio Morales
por los altavoces "eso demuestra
la falta de decisión del anterior gobernador
para esclarecer la muerte de Manuel Ortega.
Hoy queremos anunciar el inicio de una
serie demovilizaciones,
no solamente en el estado de Zacatecas.
Esperamos que la gobernadora sea sensible
y nos reciba el documento que le vamos
a entregar".
Indicó que "el próximo jueves, en la ciudad de México,
realizaremos un mitin afuera de la Procuraduría
General de la República. Queremos entregar
al señor Rafael Macedo
de la Concha un documento anónimo, que
nos hicieron llegar, relacionando al anterior
gobernador y al procurador de Justicia
en los hechos violentos que le costaron
la vida a Manuel Ortega".
Cartones
Aprendices de brujos · Magú
Bajo la mesa · El Fisgón
Instrucciones a la instructora · Rocha
Grupo selecto Naranjo
Alta suciedad Helioflores
Que
quede claro Efrén