CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 28 DE MARZO DE 2005

OCHO COLUMNAS

 

 

Inquieta desafuero a los gobernadores 

De 21 mandatarios, sólo 6 apoyan a López Obrador; 11 piden legalidad 

 

Por daño ecológico, cargos a Pemex

Sólo en enero y febrero, 17 multas por 1.9 mdp y 3 clausuras: Semarnat

 

La meta inflacionaria, al alcance de México

La reforma estructural aliviaría los costos sociales: Juan José Toribio

 

Condenaría a México una izquierda retrógrada

Si AMLO y el populismo llegan al poder, habría crisis sexenal: Claudio X. González

 

Calderón: el arribo al poder minó al PAN

"Espino no trunca mis aspiraciones"

 

Desafuero por Pemexgate y por dinero, negocian Creel y Madrazo

El líder priista pide al secretario de Gobernación inmunidad para Beatriz Paredes, Humberto Roque y Emilio Gamboa.

 

Propició el mismo López el proceso de desafuero 

En 2001, a 4 años de que iniciara la contienda de 2006, AMLO violó el amparo que protegía a El Encino: PGR

 

Condena iglesia manipulación política de la Pasión

Rompió esencia religiosa de dicha representación

 
IFE; bajo fuego de los  partidos

PRD, PRI y PAN encabezan 118 recursos de apelación

 

AMLO en cuenta regresiva

Prepara conclusiones la Sección Instructora; PRI y PAN dicen que se apegarán a derecho

 

Infonavit inició despojo

Ahora son 2 mil, ya están a la venta, pero recuperarán 40 mil 

 

Sector agrario

 

Urge reformar las leyes sobre la tenencia de la tierra: Isaías Rivera. (El Sol de México, Patricia Torres, p. web).

El esquema de inseguridad y falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra generó "caldo de cultivo" para que hubiera muchos conflictos y enfrentamiento en los ejidos y comunidades, y con la reforma en 1992 del artículo 27 constitucional, no sólo se han ido superando sino que se garantiza la seguridad de la tenencia de la tierra y se estimula a los sujetos agrarios para que se integren en unidades productivas.

Sin embargo, ante las lagunas y vacíos de la ley agraria vigente para dar cauce a los juicios agrarios derivados de la falta de seguridad jurídica, que se han tenido que subsanar a través de la consulta a otras leyes e interpretación de los tribunales agrarios, se hizo necesario revisar el marco jurídico secundario en materia agraria -el cual podía ser aprobado durante este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados- que dará mucha mayor claridad en los alcances de derechos y obligaciones de los sujetos agrarios, de los ejidos y comunidades.

En entrevista con OEM, el procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez, habló de los problemas del campo y los programas que se han implementado para darles solución en esta administración, a través de dos grandes vertientes: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares identificado como Procede, y la solución de los conflictos agrarios en el campo, identificados como "focos amarillos" y "focos rojos".

Para la solución de estos últimos, señaló que hay voluntad política para establecer soluciones definitivas, porque antes eran sólo soluciones temporales o paliativos y en consecuencia se postergaban la soluciones por un tiempo y luego volvían a resurgir.

Isaías Rivera Rodríguez hizo comentarios en torno al proyecto de iniciativa de modificaciones a la Ley Agraria, así como el beneficio que alcanzará el campo mexicano.

-Este trabajo es derivado del Acuerdo Nacional para el Campo en el que se estableció el compromiso del gobierno del presidente Fox de revisar el marco jurídico secundario en materia agraria. Recordemos que nació en 1992 esta legislación y a 13 años de su expedición y aplicación se hace evidente la necesidad de introducir reformas. Es una propuesta de instrumento legal bajo un consenso político, cosa prácticamente no vista en nuestra experiencia política.

¿Cuáles son esas lagunas?

-Este proyecto de iniciativa si cubre una importante serie de lagunas, de vacíos que en la ley vigente no se ha venido considerando y ha tenido que ser subsanada a través de consultar otras leyes e interpretación de los tribunales. Pero hay un "océano" que cubre, que es la parte procesal. En la actual ley el juicio agrario y todo lo que esto reviste se concentra en unos cuantos artículos y se remite a otras series de leyes de carácter civil. Con el proyecto actual lo que se hace es subsanar por completo ese inmenso espacio, estableciendo un libro segundo en la ley agraria que es un equivalente a un Código Procesal Agrario, donde ya se dan normas especiales para la materia agraria en el juicio agrario.

¿Estas lagunas que se subsanarán qué era lo que estaban provocando?

-Provocaban una interpretación demasiado amplia por parte de las autoridades administrativas y judiciales que aplicaban la ley, en muchos de los casos provocaban hacer los puntos de vista más civiles que agrarios, de tal suerte que desvirtuaban los conceptos. Por ejemplo, en régimen civil se aplica a la propiedad privada, en régimen agrario se aplica a los ejidos y comunidades. Lo que nos estaba pasando es que se perdía lo agrario confundiéndolo con lo civil. Esto se cubre con el proyecto de ley. Va a dar mucha mayor claridad en los alcances de derechos y obligaciones de los sujetos agrarios, de los ejidos y comunidades.

¿Y en qué beneficia a la Procuraduría Agraria?

-Lo que se hace es fortalecer a la Procuraduría Agraria en su parte esencial, es decir, como defensor de los derechos de los sujetos agrarios. Se plantea la ampliación de sus facultades para asesorar y representar en juicio a los sujetos agrarios en materias y ante autoridades que tengan que ver directamente con los derechos agrarios. Es decir, ya no limitarnos sólo a cuestiones exclusivas de tenencia de la tierra, sino que cualquier otro aspecto que tenga que ver con los derechos agrarios de los sujetos.

¿Nos puede hacer un balance de la actuación de la Procuraduría Agraria con relación a la solución de los problemas del campo?

-El 2004 fue un año muy intenso en la atención de la problemática del campo bajo dos grandes vertientes: la primera es el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, identificado como el Procede; y una segunda parte, que es la solución de los conflictos agrarios en el campo, a través del programa de "focos rojos" y "amarillos". Nosotros participamos en la coadyuvancia, en la solución de los conflictos y el avance es importante, de 14 "focos rojos" identificados se han resuelto 10, y cuatro están en proceso que se estima sean resueltos entre éste y el próximo año.

Y en el caso de la primera parte que le decía del Procede, de la regularización de tierras ejidales, cumplimos la meta, la meta se estimó en 6 millones de hectáreas a regularizar y se cumplió.

¿Los conflictos violentos puedan volver a surgir en algunos lugares?

-Lo que nosotros venimos haciendo es ir buscando una solución definitiva. Los que ya se resolvieron tenemos plena certeza que no van a volver a resurgir, eso sin lugar a dudas porque hay una solución de fondo, de carácter social y de carácter económico.

 

Más del 90 por ciento de los ejidos del estado, regularizados: Procuraduría Agraria. (La Unión de Morelos, Daniel Alcaraz, p. web)

Mediante un trabajo permanente e intenso en todo el estado, la Procuraduría Agraria (PA) ha logrado regularizar el 90% de los ejidos, sin embargo, subsisten "focos rojos" en los que la problemática en materia de tenencia de la tierra impide avances, indicó el titular de la dependencia, Arturo Rodríguez Gutiérrez.

La pretensión, abundó el funcionario, es ir eliminando conflictos y disputas de la tierra mediante la delimitación y documentación a cada uno de los poseedores, pero hay sitios en los que el trabajo no ha sido fácil.

Explicó que "el restante 10% que falta se ubica en la zona norte de Cuernavaca, además de los municipios de Tepoztlán, Huitzilac, Tetela del Volcán y Tlayacapan".

"La situación es clara, en esos lugares las luchas por la posesión territorial son permanentes, pero aclaramos que no ha sido falta de voluntad de la PA, se ha intentado por todos los medios al alcance, aterrizar los programas, no obstante, el éxito ha sido escaso".

Rodríguez Gutiérrez recordó que Yautepec fue un punto difícil, por la ausencia de comisariado ejidal varios años, a pesar de ello ya se logró casi la solución total.

Otro de los problemas recurrentes es que el ejidatario original no deja lista de sucesores preferentes en las parcelas, y ello lleva a enfrentamientos entre miembros de la misma familia.

Ante ello, este año la Procuraduría Agraria destinó un importante recurso para apoyar la regularización sucesoria del campesino antes de morir, con base en ello se eliminan obstáculos. Se elabora un testamento ante el Registro Agrario Nacional (RAN), que es respetado por el resto de las instituciones en caso de que el campesino llegue a faltar.

 

Agua, contaminación y pobreza. (CMI Chiapas, Gustavo Castro, p. web)

En una comunidad indígena una persona gasta hasta el 17.5% de su salario mínimo diario que es de 40 pesos por el jornal de 8 horas de trabajo (si le va bien, ya que por lo general el jornal se paga entre 25 y 35 pesos al día). Esto equivale a gastar $2, 555 pesos (232 dólares aproximadamente) al año en puras cocacolas que consume por día (dos mínimo en promedio a $3.50 pesos cada refresco). Pero hay quienes gastan hasta el 88% del salario mínimo para poder consumir las cocacolas que bebe diariamente (diez al día). En las ciudades no hay tampoco mucha diferencia.

Con esta cantidad un joven puede comprarse una bicicleta para transportarse, abonar para un molino, pagar deudas, apoyar un proyecto productivo, pagar el flete para vender su mercancía u otras necesidades de estudio. Los $2,555 pesos al año pueden equivaler a lo que el gobierno le da a un campesino en el año bajo el programa “Procampo” u “Oportunidades” financiado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si en un municipio indígena al menos 10 comunidades gastaran esta mínima cantidad, mas de 15 millones de pesos se iría a las arcas de la transnacional. ¿Qué haría un municipio con esta cantidad? Y si lo multiplicamos por al menos 10 municipios indígenas significa que gastan más de 153 millones de pesos al año (14 millones de dólares) en consumir cocacolas, lo suficiente para generar con ese dinero una alternativa económica regional frente al neoliberalismo. Y eso que estamos hablando de un promedio de consumo personal, familiar, comunitario, municipal y regional muy bajo. Estas cifras sustentan con suficiente razón la lucha entre la Coca-Cola y la Pepsi por ganarse el mercado, el corazón y las mentes de los pueblos. Es la guerra de las colas. Sus alianzas abarcan desde organizaciones ambientalistas hasta con presidencias municipales regalando escuelitas indígenas para lograr concesiones de agua.

La demanda de la Coca-Cola es tal que divide y confronta a las familias; genera un mercado propio y un sistema de coerción política y social. Por ejemplo, en una comunidad de Tenejapa, Chiapas, un padre no visita a sus hijos porque no le ofrecen de tomar cocacola y para el es signo de tacañería o falta de respeto.. En otra comunidad las autoridades ejidales imponen por delitos comunes cometidos por alguna persona un castigo de hasta 10 rejas de cocacolas (moldes de plástico que contienen 24 refrescos) que luego son repartidas entre las mismas autoridades. Mientras, en el municipio de Teopisca se encuentran indígenas desplazados provenientes de otro municipio. A algunos les fueron quemadas sus casas por no aceptar consumir una cierta cantidad de rejas de cocacolas a la semana para beneficiar a las autoridades que distribuyen el refresco como un gran negocio. En una comunidad de Chenalhó otras familias que reciben en su bodega las cocacolas para luego distribuirlas en las comunidades amenazaron con no dejar entrar al camión repartidor de la transnacional que pretendía distribuir directamente las aguas negras embotelladas y saltarse el negocio de los intermediarios.

Muchas historias hay de la Coca-Cola en las comunidades.

La Coca-Cola Company no solo esta acusada de intimidación a sindicalistas y asesinatos como en Colombia; o de torturas en sus bodegas y hasta desplazamientos de población indígena en Chiapas como ya lo hemos explicado anteriormente, sino que además ha vendido agua contaminada y contamina el medio ambiente.

México es el segundo país en el mundo que mas consumen Coca-Cola y Chiapas uno de sus estados de mayor consumo en el país mientras la pobreza tortura a las comunidades campesinas e indígenas. A final de cuentas la empresa Coca-Cola Company es la que gana empobreciendo más la precaria situación rural. Por ello creemos que un boicot a la Coca-Cola revolucionaria la vida económica, política y cultural de las comunidades indígenas de cara a buscar nuevas alternativas de vida.

LA COCA-COLA Y EL AGUA

Mientras que existen conflictos comunitarios por el acceso al agua en los municipios indígenas de Chamula, Zinacantán y Tenejapa, entre otros muchos, en el 2002 Coca-Cola Femsa abrió otra línea de producción y aumentó su consumo de agua. Por si fuera poco el gobierno aleja el agua de las tierras indígenas una vez que los ejidatarios privatizan sus tierras por medio del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE). Así, el agua de los ríos ya no forma parte de sus tierras o simplemente se les aumentan los impuestos.

En el 2004 en Zinacantán, indígenas simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se enfrentaron con indígenas bases de apoyo del EZLN en la disputa por el acceso al agua. Mientras tanto, en el mismo cerro en San Cristóbal de Las Casas, la cantidad de agua consumida tan solo en la producción de botellas de Coca-Cola de 2.5 litros con 2 turnos en ambas líneas de la planta es de 823,500 litros de agua, que equivale al consumo que tienen 223 familias de la ciudad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de toda el agua que consume la planta, solo el 60% de ella es usada para la fabricación de los productos de Coca-Cola y el 40% para otros usos como limpieza de la infraestructura y equipos, por lo que el equivalente al consumo de casas habitación habría que incluirle un 40% más.

Muchas transnacionales como la Coca-Cola y Cervecería Modelo han acaparado el uso del agua en los distritos de riego. En "contubernio" con autoridades locales han adquirido los derechos de los pozos de agua de los ejidatarios y campesinos. Esto ha sido denunciado por los dirigentes nacionales del Congreso Agrario Permanente (CAP) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Margarito Montes y Federico Ovalle. Para ellos los grandes propietarios "manipulan" el uso del agua por medio de la renta de tierras ejidales. Cuando los ejidatarios resisten a la privatización de sus tierras los inversionistas cortan el agua por medio del control de los módulos y los distritos de riego. "A menos que el ejidatario se asocie y rente sus derechos de agua con los empresarios, entonces si tiene derecho al agua, pero las tierras ya no están en manos del comunero, sino del inversionista". Denunciaron que la distribución del agua es inequitativa: mientras un gran empresario puede tener agua para 100 hectáreas de riego, a un ejidatario solo le dan para dos hectáreas. En Zacatecas, más de 50 derechos de pozos ejidales han sido entregados a la Cervecería Modelo con apoyo del gobierno.

 

Conflictos agrarios, peligroso polvorín. (El Financiero, Alejandro Mendoza, p. web)

En Guerrero existen por lo menos 26 conflictos agrarios serios, de los cuales 16 demandan la pronta intervención de las autoridades porque "son verdaderos focos rojos"

CHILPANCINGO, Gro., 27 de marzo.- El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) democrática, Evencio Romero Sotelo, señala que un ejemplo es la disputa que mantienen comuneros de los municipios de Copanatoyac y Tlacoapa en la región de la Montaña.

Éste se complicó recientemente cuando 11 comuneros de El Polvorín y La Sabana, municipio de Tlacoapa, fueron retenidos por campesinos de Ucuopa, quienes los acusaron de invadir sus terrenos.

La disputa es por 460 hectáreas en la agreste región de la Montaña guerrerense. Esta zona se caracteriza por pendientes y laderas pronunciadas, terrenos escarpados y abundantes ríos, que en temporada de lluvia "bajan" con mucha agua. Tres cuartas partes de la población son indígenas que todavía hablan mixteco y náhuatl.

Justicia comunal

El asesor jurídico de la comunidad de Tlacoapa, Bernardo Rayo Mendoza, advierte el grave riesgo de enfrentamientos entre los dos grupos de comuneros. Más aún porque recientemente 11 campesinos de El Polvorín y La Sabana fueron detenidos por la Policía Judicial de Tlapa, acusados de robo y delito al medio ambiente.

Afirma que el 11 de febrero, los campesinos de Tlacoapa fueron "secuestrados" junto con el auxiliar del Ministerio Público de Malinaltepec, el delegado de Gobierno y un perito del Ministerio Público por campesinos de Ucoapa, municipio de Copanatoyac, y luego de varios días fueron entregados a la policía acusados de robo y delito al medio ambiente.

Rayo Mendoza sostiene que los campesinos fueron "secuestrados de sus tierras de cultivo en El Polvorín y La Sabana, que pertenecen a Tlacoapa".

El conflicto se mantiene sin solución, por lo que el líder de la CNC, Evencio Romero Sotelo, responsabiliza a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria.

La realidad, dice, es que no han atendido los conflictos.

"Son conflictos sin resolver en la Montaña, en Costa Chica, en Tierra Caliente y en la zona norte, y si no son atendidos provocarán una crisis en Guerrero. El próximo gobierno perredista debe atender el caso con seriedad; nosotros estamos en contacto con los comuneros de El Capulín, La Sabana y Tlacopa, pero en cualquier momento puede surgir la violencia."

Los conflictos no son de ahora, algunos tienen más de 200 años. Por ejemplo, indica, existe el convenio de Tlacoapa, que data de 1883.

El origen de la disputa, como en casi todos los casos, fue la falta de límites definidos porque en 1850, cuando se creó Guerrero, Copanatoyac pertenecía al municipio de Tlapa y en 1860 se erigió como municipio con personalidad propia.

Copanatoyac limita al norte con Tlapa y al sur con Malinaltepec y Tlacoapa.

Soluciones de buró

El líder cenecista afirma que los conflictos agrarios se analizan en reuniones en gabinete "y desde allí, en el escritorio, se pretenden resolver los conflictos", sin ir a las tierras en disputa.

"Así no se hacen las cosas", añade Romero Sotelo.

Acompañado del dirigente cenecista, Rayo Mendoza insiste en que los terrenos pertenecen a Tlacoapa, según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 12 de noviembre de 1963.

"Existe un convenio que reconoce esas tierras como de Tlacoapa; después los comuneros de Copanatoyac lo impugnaron, pero la Suprema Corte ratificó la posesión de Tlacoapa."

Los campesinos de Copanatoyac se niegan a acatar la decisión de la Corte, por lo que el líder campesino pide la intervención de las autoridades de la Reforma Agraria y del gobierno estatal.

 

Padrón ejidal adulterado. ( Por Esto!, José L. López,  p. web)

HUNUCMA, Yucatán, 27 de marzo.- El profesor Luis Paulino León Cob entregó al POR ESTO! un escrito y comentó que acude a este rotativo porque hasta el momento, es el único periódico de la entidad que publica las denuncias contra las ventas de terrenos ejidales, porque defiende los principios del ejido, ya que un ejido sin tierra no tiene razón de existir, la tierra es el único patrimonio de los ejidatario y éstos, al venderla, quedan completamente desamparados.

El documento, escrito a máquina, señala la importancia de que se revise el padrón ejidal, ya que afecta al quórum legal para la validez de asambleas y expresa que aparecen nombres repetidos en el padrón archivado en el RAN, quien debe de aclarar varias cosas, por ejemplo, el porqué existen nombres que aparecen hasta 3 veces; por ejemplo, Enrique Chan Uicab con número de orden 340, 341 y 342, y Francisco Durán Pat, con números 505, 506 y 507.

También manifiesta el escrito que no se está de acuerdo con la venta de terrenos y menos, que exista impunidad absoluta contra este acto que afecta al patrimonio territorial de Hunucmá; comenta que este hecho resulta contrastante con la actitud de los ejidatarios de las comisarías de Texán y Huncanab, quienes siguiendo con el lema de Emiliano Zapata, han demostrado su alto sentido y responsabilidad, así como previsión del futuro al no vender tierras ejidales, ya que la tierra es de quien la trabaja, no de quien la vende y es la misma sociedad la que, en lo futuro, agradecerá la actitud de estos auténticos campesinos, en contra de lo que han hecho los lideres corruptos y vivales para consumar el despojo en Hunucmá.

Cabe comentar que al documento, se anexó un listado que, según dice, los datos son del padrón ejidal de Hunucmá actual y aparecen 29 nombres con números de inscripción repetidos, así como que asegura que en el padrón se incluyen 400 nombres de personas ya fallecidas.

 

Dinero escondido. (Por Esto!, Manuel Acuña, p. web).

La falta de dinero para invertir en obras de desarrollo, en infraestructura o para generación de empleos brilla por su ausencia debido a varias razones: la ineficiencia tan conocida de este gobierno y sus administradores: la corrupción, pues montos destinados a unos fines acaban aprovechados por los funcionarios en sus empresas particulares y por desconocimiento de su existencia por parte de los alcaldes, quienes no reciben una información oportuna, sencilla y adecuada de parte de los delegados de las dependencias federales encargadas de su promoción y distribución.

Esta situación crea como consecuencia estancamiento en los municipios, falta de apoyos para la gente pobre, confusión en los alcaldes que tienen que ir de una dependencia a otra hasta que, a veces, muy de vez en cuando, atinan en una de sus gestiones o encuentran al personal enterado que desea ayudarlos en sus gestiones. En síntesis, la crisis en Yucatán no es más que consecuencia de una mala administración y no sólo por insuficiencia de recursos.

Muchos de los programas federales deben ejecutarse en coordinación con los alcaldes y éstos no encuentran la manera de hacerlo porque los apoyos no se promueven, se aplican discrecionalmente o a propósito se ocultan, según se desprende de las declaraciones de los alcaldes de Motul y Conkal, Juan Centeno y Sánchez y Miguel Ángel Salazar Catzín.

Ambos ediles coincidieron al declarar su desconocimiento de muchos de los programas federales y se limitaron a hablar de un Consejo de Desarrollo Rural Municipal con el que inició su proceso de municipalización, pero en el caso de Motul, sólo se instaló en diciembre y "está estancado", no funciona porque se quedaron en la elaboración de programas y mientras esto no ocurra, los recursos no se liberan y obviamente la gente no puede recibir los apoyos para su desarrollo económico.

El primer edil de Conkal por su parte dijo que, "aquí se instaló el año pasado (el Consejo de Desarrollo Rural). Vino Roger González Herrera. Sólo nos falta la firma del convenio". Añadió que a través de ese Consejo a medias "se reciben las demandas y se analizan". El recurso -dijo-, lo ejercen ellos, nosotros sólo supervisamos, no ejercemos recursos".

El equipo de POR ESTO! revisó las profundidades de cada una de las Secretarías, donde encontró la obligada participación ciudadana, y descubrió que todos los programas de apoyo federal que existen deben publicitarse, cosa que no se hace. Esto explica el por qué cuando se recorren los municipios de la entidad se observa la pobreza que campea en plenitud en el campo yucateco y cómo el común denominador lo representa la gente humilde que padece hambre, como en Tahdziú.

Tahdziú, el rostro brutal de la pobreza

El pasado viernes 25 de marzo publicamos amplio reportaje de Rafael Gómez Chi sobre Tahdziú que mostró el rostro brutal de la pobreza, donde los habitantes del lugar, sin trabajo, son víctimas de la desnutrición, sin perspectivas de un mejor futuro, donde sobreviven en condiciones de marginalidad extremas.

Rafael encontró que en Tahdziú viven los más pobres del estado, que no tienen trabajo y el único ingreso es el campo que ahora "está seco" porque no ha llovido. El reportero vivió momentos de esa desgracia de los habitantes de Tahdziú que está tan alejada del desarrollo y de la mano de Dios que la Iglesia del pueblo ni cura tiene. Los programas de crianza intensiva de borregos y de siembra de maíz del Gobierno del Estado están ausentes ahí. Nuestro compañero reportero narró ampliamente cómo la falta de atención ha originado entre los pobladores una pobreza tal, que ha ocasionado distanciamiento y una cerrazón en sus comportamientos sociales.

Hay dinero pero hay pobreza

Este es un fenómeno que la autoridad estatal y los delegados federales están obligados a explicar: por qué millones de pesos de programas productivos descansan en los bancos, no se ejercen y corren el riesgo de tener que devolverse, como ocurrió en el año 2004.

Lo preocupante es que todo esto lleva a que son los delegados federales los que no cumplen cabalmente con la promoción de las bondades de los programas de sus dependencias entre los alcaldes, tal y como los facultan sus Secretarías de Estado.

En Yucatán hay representaciones de todas las Secretarías de Estado. Hay delegados federales de Economía, Sedesol, Sagarpa, Reforma Agraria, Semarnat, Gobernación, Profeco - aquí el titular con cinismo aceptó que es gasolinero, aunque sabe perfectamente bien que no puede ser juez y parte, precisamente porque los avisos de inspección a los centros de abasto de combustible a los primeros que se les informa es a los delegados -; Comunicaciones y Transporte, Turismo, entre otras dependencias, y lo curioso del caso es que los alcaldes no los han visto por sus municipios y mucho menos llegan a publicitar sus programas. Si acaso la SAGARPA, a través de su enlace en Motul, es la que más relación ha tenido con el Ayuntamiento de ese municipio, como asegura su titular, Juan Centeno y Sánchez.

Cabe señalar que tanto el alcalde de Motul -Centeno y Sánchez- como el de Conkal -Salazar Catzín- no supieron responder muchas de las interrogantes del reportero porque "no conocen los programas".

Un intenso y minucioso trabajo de investigación nos mostró las facultades con que cuentan las diferentes delegaciones de las Secretarías de Estado y todas coinciden en la promoción y ejecución de sus programas en coordinación con las autoridades municipales, pero con las respuestas negativas de los alcaldes de Motul y Conkal, es fácil deducir que los delegados no están cumpliendo cabalmente sus funciones. De ahí que surjan varias dudas:

¿Por qué en Yucatán las delegaciones federales y el Gobierno del Estado no promueven los programas de apoyo como debería ser? ¿Es omisión? ¿Ignorancia? ¿Asignación discrecional? ¿Guardan hoy los recursos para liberarlos mañana en tiempos electorales? Los ejemplos los hemos denunciado aquí en POR ESTO!, una y otra vez. Hay fondos de seguridad que no son aprovechados, recursos de los que incluso ni se enteran los alcaldes de su existencia y mucho menos se les pide su opinión sobre las necesidades del municipio en esa materia.

No hay información

Ayer cuando entrevistamos a los alcaldes, nos encontramos con que el problema es el mismo: no hay promoción ¿Qué sucede? ¿Por qué no les informan a los alcaldes para que éstos a su vez hagan lo propio con sus gobernados? El no saber, el no informar, el no promocionar lleva a las autoridades municipales a pensar que contrario al espíritu del Artículo115 Constitucional, ellos requieren el apoyo del Gobierno del Estado para solicitar, aplicar y obtener apoyos de los diversos fondos federales y volverse observadores o "coadyuvantes", limitándose a "poner solamente a la gente", porque el Gobierno del Estado es el que ejerce el recurso, una tutela incomprensible sobre todo en aquellos que, como oposición, demandaron siempre la autonomía de los proyectos, presupuestos y programas y que hoy como autoridades hacen todo lo contrario.

Se pudiera pensar que se trata de errores, de desconocimiento de las facultades de los delegados y de los derechos de las autoridades municipales, pero nada más alejado de la realidad, porque hay muchos estados de la república que han logrado eso y más, demostrando capacidad, eficiencia y competitividad en el uso y aprovechamiento de los recursos federales. Aquí en Yucatán sucede todo lo contrario.

 

Desechará Corte juicios del caso Paraje San Juan. (El Universal, Carlos Áviles, p. web).

El pago o no de la indemnización que se le debe a Enrique Arcipreste del Ábrego por el predio conocido como Paraje San Juan pasará a ser responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) a partir del miércoles próximo, pues a partir de esta fecha el procurador Rafael Macedo de la Concha tendrá que demostrar, ante otras instancias judiciales que no sean la Corte, que el terreno en cuestión es propiedad de la nación y no de Arcipreste.

Ello, porque este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechará, de manera definitiva, el recurso que interpuso el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para evitar que a Enrique Arcipreste del Ábrego se le pague dicha indemnización, por estimar que la impugnación se presentó cuando el amparo que ganó Arcipreste ya era cosa juzgada, es decir fuera de tiempo.

Ese mismo día, los ministros de la Primera Sala de la Corte también desecharán otros 11 juicios relacionados con el caso del Paraje San Juan, entre ellos los que promovieron otras personas que también se dicen dueñas de este terreno, de acuerdo con fuentes del máximo tribunal del país.

Tras esta decisión, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como las demás personas que también se dicen dueñas del terreno tendrán la oportunidad de demostrar ante otras instancias judiciales que Enrique Arcipreste no es el dueño del predio, porque la Corte no decidirá quien es el propietario del Paraje San Juan.

Las otras instancias judiciales a las que se puede acudir para impugnar la propiedad del Paraje San Juan son diversas, en virtud de que se pueden promover distintos tipos de recursos legales para este fin ante juzgados locales o federales, pero la opción que más se comenta es la promoción de un juicio civil ante autoridades del Poder Judicial del Distrito Federal.

Para la Corte, el hecho de que Enrique Arcipreste haya ganado un amparo contra la expropiación del terreno en todas sus instancias no significa que se le haya reconocido como dueño del predio.

La titularidad del terreno se tiene que dirimir por medio de otros juicios y ante otras instancias, que los interesados en este caso tendrán que definir.

En el caso concreto del procurador Macedo de la Concha, lo que intentó ante la Corte, en su calidad de abogado de la Federación, fue demostrar que el terreno es propiedad de la nación, con base en información que le proporcionó la Secretaría de la Reforma Agraria.

Pero la SCJN rechazará este miércoles la petición de Macedo de la Concha bajo el argumento de que el juicio de amparo que ganó Enrique Arcipreste, en todas sus etapas, ya es cosa juzgada y que por lo mismo ya no se puede hacer nada. No sin antes aclarar que durante el juicio que ganó Arcipreste, en el anterior sexenio, las autoridades federales tuvieron la oportunidad de participar e impugnar la decisión, pero no lo hicieron.

La decisión que adoptarán el miércoles próximo ya se preveía desde hace un par de meses, cuando el pleno de la Corte declaró que, a partir de que se considera un juicio de amparo como cosa juzgada, no se puede hacer nada para revertir la sentencia.

Mientras la PGR y los demás presuntos dueños del Paraje San Juan determinan la estrategia legal que emplearán para impugnar la propiedad del predio, seguirá en curso la decisión que adoptó la Corte en la primera semana de marzo, cuando le ordenó a un juez que revise el monto que tiene que pagar el Gobierno del Distrito Federal por la expropiación del Paraje San Juan.

En esa ocasión, a propuesta del ministro Juan Silva Meza, el pleno de la SCJN resolvió modificar la sentencia que emitió un juez para obligar al gobierno capitalino a pagarle mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste como indemnización por la expropiación del Paraje San Juan.

Los ministros de la Corte concluyeron que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, tenía razón al impugnar la sentencia del juez, porque éste fijó de manera errónea el valor del terreno. Dicha medida se reflejará en una reducción "considerable" de la indemnización a pagar por el predio expropiado.

Pero por el momento, el beneficiario de la indemnización sigue siendo Enrique Arcipreste, pues es quien obtuvo el amparo para el efecto de que se le pagara la expropiación del terreno

 

Piden postura a PL en venta de cenotes. (Tribuna de Yucatán, p. web).

El diputado local del PRI, Mario Peniche Cárdenas, señaló que los habitantes de la Comisaría de Dzitnup, Valladolid, están en la espera de que el Gobierno del Estado resuelva el problema de los cenotes Xkekén y Sacmulhá que fueron vendidos por 33 mil pesos a un empresario.

Según el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso local, los vecinos de esa comunidad ya quieren saber si la postura de las autoridades estatales es a favor del empresario Carlos Cámara Sosa, quien compró ambos ojos de agua, o piensa expropiarlos y devolverlos a la población.

Indicó que en caso de expropiarse, los habitantes ya consideran la posibilidad de crear un comité administrativo que opere ambos cenotes porque actualmente está manejando por el alcalde perredista de Valladolid, Jesús Chacón Vivas, "que buenos ingresos mensuales obtienen por la visita de turismo nacional e internacional".

Agregó que los dos lugares no deben ser administrados por "vivales" que aprovechan el conflicto para manejarlos a su antojo.

Por eso, es importante que un grupo de ciudadanos se haga cargo del dinero que dejan los visitantes por recorrer estos atractivos.

Sostuvo que el Gobierno del Estado debe de solucionar este conflicto y confirmar si efectivamente Cámara Sosa es el dueño legítimo de ambos cenotes para que tome posesión de lo que le pertenece según escritos del notario público número 36, Orlando Paredes Lara.

"Aunque en lo personal veo difícil que Cámara Sosa pueda entrar a administrar lo que según el señor notario le pertenece legalmente, porque la población no permitirá jamás su entrada", indicó.

Advirtió que eso puede provocar la intervención de la fuerza pública lo que originaría un grave conflicto social en esa localidad.

El legislador del Revolucionario Institucional insistió en que legalmente el empresario es propietario de los dos ojos de agua, pero es el Gobierno del Estado el que debe de resolver este asunto, pues tiene facultad para expropiar las tierras y sus atractivos naturales y pagar una indemnización al propietario.

HECHO SIMILAR

Por otra parte, Peniche Cárdenas recordó que un problema similar se presentó con el cenote de Chichimilá, del cual se apropió el ex alcalde panista José Edilberto Tzab Ortiz, quien reclama como suyo este ojo de agua que en verdad le pertenece a la comunidad.

"En este caso, es la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) quien no ha resuelto el problema, pero desde mi punto de vista el río subterráneo está en el centro de la comunidad y le pertenece a la población y se debe de investigar al ex alcalde del PAN porque de manera fraudulenta se hizo dueño de este recurso natural", especificó.

Sostuvo que el ex alcalde abusó de su cargo para alterar papeles administrativos y explotar comercialmente el cenote, por ello los habitantes están molestos y dispuestos a defender lo que le pertenece a la comunidad y no a un particular.

 

El crecimiento poblacional está demandando alrededor de 95 mil has. de suelo urbano para vivienda y desarrollo. (El Sol de Zacatecas, Patricia Torres, p. web)

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De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de 2001 a 2006 el crecimiento poblacional está demandando alrededor de 95 mil hectáreas de suelo urbano para vivienda y desarrollo. Lo anterior sugiere que se incorporarán a suelo urbano en este lapso, en promedio anual 15.8 mil hectáreas a partir de 2001, así lo da a conocer en sus estadísticas agrarias la Procuraduría Agraria.

Establece que en los ejidos conurbados se presenta una intensa presión sobre la tierra debido al crecimiento de grandes centros urbanos, lo que ocasiona, entre otros problemas, venta ilegal de tierras ejidales y conflictos agrarios.

La incorporación de suelo social al desarrollo y crecimiento de las ciudades se estima que seguirá realizándose a costa de la propiedad social como un hecho inevitable, aun cuando se modifico el marco normativo-institucional -artículo 27 constitucional y las correspondientes legislaciones agraria y urbana-, sin embargo, se tendrán que realizar adecuaciones legales para que en el mediano o largo plazos se pueda dar respuesta a estos requerimientos de planeación y ordenamiento territorial para promover de manera más ordenada el desarrollo urbano en condiciones de equidad para los grupos involucrados.

Durante el 2001 se incorporaron a suelo urbano alrededor de 21 mil hectáreas de suelo social; esto significa que de una demanda de 74 mil hectáreas para satisfacer necesidades de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, aproximadamente dos terceras partes es ejidal o comunal.

La desincorporación de tierras de uso común registrada durante el periodo 1995-2002, así como la adopción del dominio pleno de tierras parceladas, la regularización de tierras por vía de la expropiación y las regularizadas por los gobiernos estatales y municipales a través de la expropiación para la reserva territorial, va desde las cinco mil hasta cerca de las 25 mil hectáreas.

Es importante mencionar que en el país existen mil 191 núcleos agrarios que se consideran urbanos o comprendidos dentro de la mancha urbana y 6 mil 194 que presentan asentamientos irregulares.

Con base en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (Pnduyot) las ciudades enfrentan un rígido acordonamiento regulatorio a su expansión, ya que dos terceras partes de las tierras que circundan los polígonos urbanos son propiedad social.

Las reservas territoriales, propiedad de los gobiernos estatales y municipales, así como de los organismos de vivienda que pudieran aplicar para atender la demanda de vivienda tipo básica y social, suman cerca de 17 mil hectáreas.

Al comparar esta reserva con el requerimiento de suelo por entidad federativa se determinó que Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Zacatecas tienen reserva suficiente para cubrir la demanda de suelo urbano de los próximos tres años; en contraste, en Baja California, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, la reserva no es suficiente.

Esto ha generado una acumulación de la demanda de suelo para la vivienda y desarrollo urbano desde el 2001 y previendo hasta el año 2006. Así, los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Sinaloa, son los que mayor demanda de vivienda tienen.

El Pnduyot 2001-2006 incorpora un diagnóstico sobre el suelo libre que opera la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), que representa una alternativa para intentar frenar las invasiones de tierras y asentamientos humanos irregulares en México.

Hasta el momento, las sociedades mercantiles inmobiliarias no han logrado constituirse en verdaderas opciones para la incorporación de suelo social al desarrollo urbano de manera ordenada y con menores costos para la sociedad, toda vez que persisten problemas como el desconocimiento de la normatividad aplicable (Ley Agraria, Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras) y de las oportunidades que se abrieron con las modificaciones al artículo 27 constitucional.

Esto no es privativo para el caso de los ejidatarios, sino también para los empresarios del sector privado. Las tierras de evidente utilidad urbana se convierten en elemento de disputa, por lo que los grupos involucrados buscan por todos los medios -generalmente ilegales- su enajenación y la posibilidad inmediata de recibir el importe en efectivo para hacer frente a sus elementales necesidades.

Si bien es cierto no hay escenario macroeconómico propicio para generar flujos de inversión hacia el campo mexicano; al contrario, la inversión privada se ha retraído y las restricciones presupuestales a todos los órdenes de gobierno han sido un obstáculo para la consolidación de este tipo de proyectos. A pesar de eso, algunos inversionistas han realizado negociaciones con los núcleos agrarios y gestiones ante las autoridades competentes para adquirir parcelas con dominio pleno; otros, más que los anteriores, han realizado negociaciones con los núcleos agrarios obteniendo documentos y realizando pagos a ejidatarios sin hacer ninguna gestión ante las autoridades, colocando esas operaciones en condiciones de nulidad.

 

Prensa Estatal

 

COAHUILA

 

Representante de la CNC acusa a regidor de realizar proselitismo. (Vanguardia, Jesús Jiménez, p. web)

RAMOS ARIZPE, COAH. MARZO 25, 2005 (VANGUARDIA).- El regidor David Hernández no sólo engaña a campesinos de las comunidades más abandonadas del municipio con falsas promesas sobre programas que no van a salir en este 2005, también realiza proselitismo a favor de Tomás Gutiérrez.

Así lo reveló a Vanguardia el representante del Comité Municipal Campesino de la CNC, Miguel Alvizo Cano, quien dejó en claro que durante dos años y medio de la actual administración, dicho edil se olvidó de la gente del campo.

“David anda desvirtuando información y engañando a los campesinos, diciéndoles que les va a llevar proyectos y programas, cuando tuvo dos años y medio para hacerlo y no hizo nada por el área rural, tiempo en el cual ni siquiera salió a los ejidos.

“Estamos hablando de que él, David, es surgido del campo y está puesto por nosotros los campesinos, por la CNC, de la cual ya está fuera, porque ya lo sacamos, ya que no trabajó por la gente que lo necesita y no conforme con eso, ahora anda candidateando a Tomás Gutiérrez”, dijo Alvizo Cano.

“Anda buscando seguir colgado de las administraciones municipales y no se vale, porque anda diciendo a los campesinos que va a hacer muchas cosas por los ejidos, cuando no tiene ni la manera ni el tiempo para hacerlo.

“También les anda diciendo que Tomás Gutiérrez les va a ayudar cuando ese señor no tiene ninguna relación con ninguna organización que tenga que ver con el campo, con las familias campesinas, y por lo único que la gente puede relacionarlo, es por el apellido”, expresó.

Dijo que en estos tiempos los campesinos de Ramos Arizpe necesitan de hechos, de realidades, no de falsas promesas, ni de candidatos que jamás han recorrido el área rural del municipio. “Necesitamos ser sinceros con la gente del campo y que le hablen claro, porque ahora somos nosotros los que los juzgamos locos”.

Alvizo Cano dijo que la mejor opción que tiene el PRI, y el único que puede asegurar un triunfo sobre Ricardo Gutiérrez, “se llama Ramón Oceguera, quien tiene ya un buen número de años al pendiente de los campesinos, gestionando programas y apoyos y viendo por el bienestar de la gente del área rural”.

EJIDOS TIENEN SERIAS CARENCIAS

“Las autoridades tienen que entender que atender a un municipio no sólo es limpiar bulevares y regar camellones aquí en la ciudad, no. Se requiere arreglar caminos, electrificar ejidos, llevar centros de salud y también transporte a la gente del área rural”, afirma Miguel Alvizo.

“Cuando necesitan el voto a los primeros que buscan es a los campesinos, somos quienes les damos el margen y la lealtad a ellos, pero nunca cumplen con sus compromisos de campaña.

“La actual administración —agregó— prometió llevar la energía eléctrica al Ejido Plan de Guadalupe y no ha cumplido, tampoco llevó las pilas para la luz solar al Ejido Yucatán, donde aún los están esperando. Ojalá ahora que vaya ‘Richie’, se digne a llevarlas, porque vaya que hacen falta.

“Hay caminos rurales que parecen norias de tantos y tan profundos pozos y para ejemplo el camino que va de Paredón a Fraustro, el cual está intransitable y completamente deteriorado”, dijo el representante de la CNC, quien enumeró una serie de carencias en muy diversas comunidades rural de Ramos Arizpe.

 

GUANAJUATO

 

Molesta A ejidatarios desazolve de Ibarilla. (A.M José Trino Méndez, p. web).

Lo que fue la presa de Ibarrilla ahora es un terreno seco, rodeado de algunos charcos verdosos, un pequeño arroyuelo y montones de tierra lama, arena y grava.

Paradójicamente cerca de la zona de lo que fuera el embalse, letreros del Municipio advierten que está prohibido nadar en la presa, que lo único que conserva es una vieja cortina y un bordo.

Mientras algunos ejidatarios aseguran que se secó para desazolvarla, otros están en contra de la situación.

Según los vecinos de la zona, desde 1978 la familia Cisneros Gómez tiene la concesión de la presa.

“La CNA nos autorizó la concesión del agua. Desde hace tres años no se abría la compuerta para desazolvarla. El año pasado se hizo, pero ya se cerró para que comience a almacenar agua de los escurrimientos de los veneros bajan de la sierra”, señaló José de Jesús Cisneros Gómez.

Cisneros Gómez admitió que es poca el agua de la presa que utilizan para regar parcelas, porque ya casi nadie siembra.

“La agricultura no deja y para subsistir explotamos los bancos de arena, de la presa”, dijo José de Jesús Cisneros.

Sin embargo aclaró que ellos buscan que la presa tenga agua, y puso como ejemplo que cuando se secó la presa de El Palote, el Municipio pretendía trasvasarle el agua de la presa de Ibarrilla.

“Los ejidatarios se opusieron porque es nuestra agua”, dijo Cisneros Gómez.

Los ejidatarios de Ibarrilla utilizan agua que traen por tubería de 8 pulgadas, desde la presa de El Ojo de Agua de los Reyes, a 4 kilómetros de distancia para regar sus parcelas.

Refugio Rivera, presidente del Comité de Vigilancia del Ejido de Ibarrilla aseguró que el ejido comprende cerca de 900 hectáreas, de las cuales, 600 son cerro o ‘comunales’ y el restó está repartida entre 22 ejidatarios.

“La mayoría ya ha vendido sus terrenos para fraccionar”, dijo Refugio Rivera.

 

MICHOACÁN

 

Desempleo rural por crisis en agro. (La Voz de Michoacán, Socorro Díaz, p. web).

Zamora, Mich.- Las tierras de cultivo de este municipio pertenecientes al ejido y comunidades agrarias están abandonadas en un 70 por ciento, ya que los campesinos han sido víctimas de diversos aspectos en contra de sus intereses, por lo que la tierra se ha convertido en cerril ante lo incosteable que resulta trabajarlas.

Así se refirió Guillermo Servín, dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina y titular de la dirección de Desarrollo Agropecuario en este municipio, quien aseguró que las tierras de cultivo han sido abandonadas por cuestiones cuya solución no está al alcance de los hombres del campo, pero sí de una autoridad más comprensiva y con verdaderos deseos de ayudar a quienes generan mano de obra en el campo y surten de productos al mercado nacional, lo que permite establecer precios que están al alcance del bolsillo, hasta de las clases más humildes, pues el traer productos del campo de otros estados incrementaría su costo.

Elevadas tarifas cobra la CFE

El líder de la Confederación Nacional Campesina, Guillermo Servín Gallegos, acusó a la Comisión Federal de Electricidad de aplicar tarifas muy elevadas al campesinado, el cual tiene que pagar un consumo muy alto cada mes por regar sus tierras, toda vez que extraen el agua de pozos profundos, lo que genera un importante consumo de energía cada tercer día.

Son pocos los campesinos que cultivan sus tierras y que necesitan el agua para sus cultivos, por lo tanto, no pueden cubrir el costo de la energía eléctrica, por lo que se ven obligados a pedir prestado con altos intereses, dinero que se comprometen a pagar al vender sus cosechas, por lo que cuando llega la venta de la cosecha, el dinero que obtienen ya lo adeudan.

Sufren el robo de equipo

Lamentó que a pesar de las múltiples demandas puestas en la Subprocuraduría Regional de Justicia y del apoyo que han solicitado a los tres niveles de gobierno, los labriegos continúan siendo víctimas de ladrones que se apoderan de su equipo de bombeo, switch y alambre de cobre.

Dijo que no ha habido respuesta a pesar de que desde hace varios años levantaron la voz en busca de justicia, pero que ésta no ha llegado debido a que la autoridad policiaca no hace recorridos por el campo, no investiga los robos, ni va en busca de los ladrones, aunque también roben caballos, ganado vacuno y hasta burros.

Pozos desaprovechados

A pesar del alto costo que representa la perforación de un pozo profundo, Guillermo Servín Gallegos aseguró que un total de 13 pozos no están siendo aprovechados en esta región debido al gasto de energía eléctrica y demás factores que existen en contra del campesinado que prefiere rentar sus tierras o hacerlas producir únicamente en temporada de lluvia que es cuando no gastan nada en el riego de sus cultivos.

Bajos precios en el mercado

Otro de los factores por lo que el campo no ha sido redituable para el agricultor son los bajos precios que prevalecen en el mercado nacional, lo que no les impide recuperar la inversión realizada.

Aseguró que desde hace casi dos décadas el maíz ha venido observando el mismo precio y que las motivaciones que los gobiernos federal y estatal otorgaban a quienes hacen producir sus tierras, simple y sencillamente desaparecieron, por lo que cuando se presentan siniestros no recupera absolutamente nada.

Prefieren irse de braceros

Servín Gallegos aseveró que los hijos de campesinos ven cómo sufren sus padres para obtener dinero que les permita verlos crecer y darles educación, por lo que éstos prefieren seguir estudiando hasta alcanzar la mayoría de edad que les permita emigrar hacia Estados Unidos en busca de empleo y a consecuencia de ello ya no hay quién trabaje las tierras, puesto que las manos jóvenes deciden emigrar y son los viejos los que continúan tratando de que éstas produzcan, pero sólo en temporadas de lluvia, cuando no les cuesta el bombeo del agua para el riego de sus parcelas.

Falta comercialización
“Los hombres del campo somos buenos productores, pero lamentablemente también somos malos comerciantes, es decir, no sabemos vender nuestros productos, por lo que quien eternamente se ha llevado la mejor tajada es el acaparador, el intermediario que nos compra a un precio ridículo nuestras cosechas, pero vende a precios mayores”, subrayó Servín Gallegos

 

QUINTANA ROO

 

El otro Cancún, enorme cuarterío de miseria. (La Jornada, Blanche Petrich, p. web).

Cancun, QR. La glorieta del Ceviche, conocida popularmente con ese nombre por las esculturas de caracoles y estrellas de mar hechas de tosco cemento pintado, es una encrucijada de grandes avenidas. Una lleva a la larga franja -22 kilómetros- de playas privadas, hoteles, discotecas, condominios de lujo, plazas comerciales, marinas y campos de golf que captan más de 2 mil millones de dólares al año. Las otras avenidas llegan hasta los confines del "otro" Cancún, donde viven los trabajadores que mantienen activa esa industria sin chimeneas.

Un letrero en una cartulina indica hacia la izquierda: "Zona Hotelera". En esa dirección, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha registrado la presencia de 10 idiomas habituales, entre europeos y asiáticos. Hacia la derecha, el ingenio popular asignó otra nomenclatura: zona atolera. En esa zona, conformada por capas de cinturones de miseria que se han ido asentando en los últimos 35 años, desde la fundación de Cancún, se hablan 52 lenguas indígenas de las 62 que se cuentan en México, también según el INEGI. Cada semana llegan 3 mil nuevos buscadores de empleo en pos de un espacio dónde vivir en ese extenso cuarterío que es el "otro Cancún".

Valle Verde es una de las regiones -como le llaman localmente a los barrios- que quedan en uno de los extremos de esa zona atolera. Como otras 300 de su tipo, es un asentamiento irregular, sin servicios. Ni calles ni agua entubada, electricidad o drenaje. Ahí vive Luis Cárdenas en una palapa; un solo espacio que comparte con su mujer, sus hijos, su madre, sus tíos y algunos parientes más, todos emigrantes de Tierra Blanca, Veracruz. Cada día, antes del alba, sale hacia su trabajo. Ilumina con una linterna la caminata de media hora por el monte hasta que llega a la carretera, donde aborda un pesero. Otros trabajadores que cubrieron turnos nocturnos caminan en sentido contrario por la vereda. Ya con la luz de día llega al crucero donde se arremolinan cientos como él para tomar los autobuses que, llenos a las seis de la mañana, los transportan a la zona hotelera. Dos horas después de salir de su casa llega a las puertas del hotel donde labora.

Santa Cecilia es otra de esas colonias. A la altura del kilómetro 21 -de fama dudosa, pues ahí fueron reubicados los antros de la zona roja- hacia la derecha, se encuentra el extenso ejido Alfredo Bonfil, fundado durante el movimiento de colonización de los años de Luis Echeverría. Hace mucho tiempo que los antiguos ejidatarios, importados de Durango, abandonaron la agricultura. La reforma agraria salinista les permitió fraccionar sin regulación alguna sus enormes terrenos para venderlos.

En los confines de Cancún

La civilización termina a la orilla de la carretera, donde el ex ejidatario Juan Martínez -sombrero norteño y troca del año- edificó su casa, grande, aparatosa y de muchos colores. Selva adentro, a lo largo de más de 10 kilómetros de calle de tierra, se han asentado algunas de las últimas oleadas de migrantes, atraídos por promesas de empleo seguro para un mercado laboral cada vez más restringido. Y sobre todo por letreros como los que se han clavado en algunos árboles a la orilla del camino de tierra: "Vendo terreno, 10 por 50, 20 mil pesos".

Las regiones Sientomiedo

La comunicadora maya Mari Cobá, de la Unión de Mujeres Indígenas de Quintana Roo (UMIQR), conoce casi todas las calles de este otro Cancún, y en cada manzana tiene amigos y conocidos. Explica que, como Santa Cecilia, hay al menos otras 300 regiones irregulares en la ciudad. Todas sin servicios. Las más pobladas son Valle Verde, Reyes, Avante. Tienen menos de 10 años de asentamiento. Otras, más antiguas, que datan de los 60, son las Sientomiedo.

Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que la mitad de los 800 mil habitantes de Cancún, ciudad de apenas 35 años, viven en condiciones de marginación o alta marginación. Hace algunas décadas Cancún protagonizó lo que en su momento fue la mayor explosión demográfica del país. Aun hoy la tasa de crecimiento sigue siendo de 5 por ciento anual.

 

Reciben ejidos $180 mil para certificación forestal

Tres ejidos de Felipe Carrillo Puerto resultaron beneficiados con la entrega de recursos por el orden de 180 mil pesos del programa "Sello verde", promovido por las instancias forestales del gobierno estatal, afirmó el coordinador de esa área en la actual administración, José Roque Alamina, al hacer la entrega de los recursos para los ejidos de X-Pichil, Chunhuas y Betania.

Los presidentes del comisariado ejidal de aquellas comunidades acudieron para recibir diferentes cantidades. Para el ejido de X-Pichil el programa forestal destinó 70 mil pesos, para Chunhuas 60 mil y para la comunidad de Betania una cantidad igual, con lo que se suman los 180 mil que el gobierno estatal destinó para beneficiar a los ejidatarios que se han preocupado por el cuidado de sus selvas y las reservas forestales con que cuentan.

El responsable de la actividad forestal vinculada al gobierno del estado sostuvo que en promedio se están destinando en el primer trimestre del año recursos por una bolsa igual a 400 mil pesos, los cuales se destinan también a los ejidos de Noh Bec, San Francisco Botes y Laguna Om, estos dos últimos en el municipio de Othón P. Blanco.

En estas comunidades se ha fomentado la cultura por el cuidado de la selva y los propios campesinos son los vigilantes de que sus reservas forestales no sean saqueadas por taladores furtivos que llegan para descremar la selva.

Aseguran protección

Aseguró que aunque parezcan pocos los recursos que se destinan a esas tareas de cuidado y preservación de las áreas forestales en los ejidos ya mencionados, en total este año se está cerrando el ejercicio con una superficie de 240 mil hectáreas de selvas certificadas, las cuales se encuentran en posibilidad de recibir mayor apoyo proveniente de fuentes internacionales interesadas en el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Con esos recursos se otorga una total garantía de que los bosques y las selvas en los ejidos que se benefician estarán totalmente resguardadas, pero más que eso, representan la rentabilidad que hoy día tienen los montes y las selvas para los propios campesinos que en el cuidado y la vigilancia de sus zonas forestales tienen ya una ingreso asegurado y no en el saqueo, la anulación y exterminio de las especies que ahí se encuentran", dijo el funcionario estatal.

 

Inician la expropiación de un terreno. (Por Esto!, Luis Roel, p.web)

COZUMEL, 27 de marzo.- El H. Ayuntamiento reunido en Sesión de Cabildo celebrada el día miércoles pasado, aprobó por unanimidad la propuesta realizada por el edil Carlos Hernández Blanco, de iniciar los trámites de expropiación del terreno situado sobre zona federal a la altura del complejo Parque del Sol, Playa Caletita.

Dicho terreno, cuya superficie asciendo a nueve mil 528 metros cuadrados, se encuentra ubicado sobre la franja costera entre el Parque del Sol y la zona de los hoteles que están hacia el norte, con casi 450 metros de extensión lineal, una vegetación arbolada en su interior, la cual jamás ha registrado pago alguno de impuesto predial y al día de la fecha presenta un adeudo de más de 35 millones de pesos.

Habiéndose cumplido los mecanismos jurídicos, basándose en las facultades legales que tiene el municipio para iniciar este proceso y sumado a los deseos de la comunidad de preservar las áreas verdes, el alcalde manifestó que la recuperación de esa porción de tierra, brindará la posibilidad de extender el espacio público del complejo Parque del Sol que se ubica en un costado del balneario público Caletita, mismo que será un gran beneficio para los ciudadanos y del mejor aprovechamiento de nuestro desarrollo sustentable.

Como se recordará el edil Carlos Hernández Blanco, es quien encabeza la lucha por mantener limpia de construcciones la rada de Cozumel bajo el lema de "Ventanas al mar" cuya longitud es del balneario público "Las Casitas" hasta el restaurante El Acuario.

Dicha lucha se debió a la constante petición de la ciudadanía, a la que se unieron posteriormente empresarios, comerciantes, asociaciones civiles y no gubernamentales, sindicatos y colegios de profesionistas, quienes apoyaron la iniciativa del presidente municipal Carlos Hernández Blanco, de luchar por mantener libre de construcciones el malecón de la ínsula.

El cual hasta la fecha se ha logrado ya que se detuvo la construcción de un restaurante en el muelle de Punta Langosta, sin embargo, el alcalde no desea concluir su gestión sin dejarle a la isla y sus habitantes un espacio mucho mayor y de ahí el interés de expropiar el terreno que se ubica entre el parque del sol y conocido hotel hacia el norte.

Finalizó diciendo que ante esta situación que apremia a los habitantes de la isla, estos ya no se deben de preguntar ¿Qué puede hacer Cozumel por nosotros? Si no, ¿Qué podemos hacer nosotros por Cozumel? Asegurando que quienes viven en la ínsula desean un Cozumel vivo, no en la nostalgia de las tarjetas postales.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

Venden terrenos ejidales en “tandas”. (Pulso, Verónica Cruz, p. web).

Un verdadero problema para administraciones futuras es el que está ocasionando la venta de terrenos ejidales sin autorización por parte del dirigente de la Confederación Nacional Campesina, avalados por funcionarios de esta administración. En donde las ventas son denominadas como “tandas” a costos que no avalan la propiedad hasta no ser liquidados, careciéndose de escrituración o de un documento de Catastro o Registro Público de la Propiedad , son lotes sin ningún servicio ubicados en las cercanías del Basurero Municipal en El Jabalí.

Como parte de un programa de la CNC y el Ayuntamiento de Rioverde, el líder de los campesinos y funcionarios de esta administración están llevando a cabo la venta de terrenos al por mayor en predios del ejido El Jabalí, lotes que no han sido autorizados por el Cabildo o cualquier dependencia de Gobierno. Carecen de los servicios de vital importancia como lo son: Agua, luz drenaje, y urbanización; se venden como programas de “tandas” por el ex director del Rastro, Lucio Rojas y funcionarios del Ayuntamiento, entre los que destacan el director de los Servicios Municipales, Arturo Román Godínez y el titular de Reclutamiento así como otros funcionarios

 

 

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