CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
16 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Censuran elección Álvarez y Calderón
Dicen ex dirigentes del
PAN que hubo vicios al renovar su presidencia
Ganó Manuel Espino en elección viciada: Luis H. Álvarez
Pide discutir rumbo del
PAN; no renunciará
Fortalecer la actividad económica, pide la IP
Los empresarios exigen
un Estado fuerte, con capacidad y control
Urge la comunidad de América del Norte
México sería nuevamente
el "socio preferente" de EU y
Canadá: empresarios
Luis H. Alvarez: no fue limpio el relevo en el
PAN
Calderón pide no minimizar
la salida de Tatiana Clouthier
Cemex es la mayor transnacional de AL
Informa 2004 de la Cepal
GDF rompe arquitectura de San Angel: intelectuales
Es una "barbarie";
intenta acabar con el tradicional barrio;
López debe realizar una consulta con arquitectos,
acusan la pintora Carmen Parra, Homero Aridjis y Luis Manuel Guerra
Quiebra Nacional con Pensiones sin Base
Deben Sustentarse en Ingresos
Reales: Fox
PAN: reabren heridas
Álvarez Califica de viciada
la elección de Espino, pero su propio proceso
en 1990 también genera dudas
Critica Luis H. Alvarez la elección de Espino
Denuncia que no fue transparente
el proceso para designar líder del PAN;
imperaron "fines aviesos"
Calderón ¡abusó!
A unos días de llegar
a Banobras, se
autoconcedió un
crédito hipotecario por 3 millones de pesos
Sector agrario
Demandan en San Lázaro que se indemnice a desplazados
de Chiapas. (La Jornada, Roberto Garduño,
p. web).
El pleno de la Cámara de Diputados solicitó al gobierno federal
que inicie el pago de indemnizaciones por
25 mil hectáreas a los ciudadanos desplazados
en Chiapas a raíz del levantamiento armado
del EZLN.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, en la cual los legisladores
dedicaron la mayoría de su trabajo parlamentario
a dar trámite a medio centenar de puntos
de acuerdo, las comisiones unidas de Reforma
Agraria y de Asuntos Indígenas presentaron
el dictamen de punto de acuerdo que conmina
a las autoridades federales, entre ellas
a la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría
de la Reforma Agraria, a que investiguen
y den seguimiento a la problemática que
enfrentan los desplazados desde 1994 en
los municipios de Las Margaritas, Altamirano
y Ocosingo:
"Asimismo, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos,
se solicita a la Secretaría de la Reforma
Agraria que mantenga informadas a las comisiones
sobre las acciones realizadas para la atención
del presente asunto."
En medio de la apatía que generó entre los diputados el inminente
comienzo del periodo vacacional de Semana
Santa, el diputado del PRI Hugo Rodríguez
presentó una iniciativa de ley para castigar
penalmente a los diputados y senadores que
representen y antepongan sus intereses económicos
a la hora de aprobar leyes en el Congreso
federal.
El representante del priísmo manifestó
en tribuna que uno de los principales problemas
de las tareas legislativas se refiere a
que tanto diputados como senadores representan
poderosos intereses económicos "que
corrompen desde las más altas esferas gubernamentales
hasta los pasillos de este Congreso. El
problema de fondo es la venta del voto,
que debe de ser diferenciado en cualquier
asunto en el cual el legislador obtenga
un interés personal, familiar o de negocios".
La iniciativa incluye reformas al artículo 72 de la Constitución,
al 221 del Código Penal Federal y al 194
del Código Federal de Procedimientos Penales
para castigar a diputados y senadores que
representen intereses económicos, ante lo
cual deberán abstenerse de intervenir en
los debates y en las votaciones correspondientes.
Ante la ausencia de castigos para aquellos representantes populares
que defienden sus intereses en lugar de
actuar en favor de sus votantes, el fondo
de la iniciativa es el siguiente:
"La principal conducta ilícita en que se incurre es el
tráfico de influencias. Por tanto, consideramos
que hay que poner freno a estos abusos.
El objeto de esta iniciativa es que los
legisladores federales que tengan interés
o representen intereses económicos en cualquier
asunto se abstengan de intervenir en los
debates y en las votaciones, tanto en comisiones
como en el pleno, modificando la legislación
correspondiente para tipificar como hecho
delictuoso estos procederes."
En la sesión también se presentó, en primera lectura, la Ley
para Conservar la Neutralidad de México,
que tiene como propósito evitar que alguna
nave militar de cualquier país que se encuentre
en conflicto armado pueda sobrevolar los
limites aéreos
o navegar en las aguas del territorio nacional.
El documento, dictaminado en la Comisión de Defensa Nacional,
prevé que no se permitirá que los aviones
ni vehículo aéreo alguno que se encuentren
a bordo de portaviones instalados en aguas
nacionales emprendan el vuelo. Sólo se permitiría
lo anterior con la autorización del gobierno
mexicano en caso de que dichos barcos o
portaviones tengan la necesidad de estar
en puertos o aguas territoriales nacionales
para cargar combustible y llegar al punto
más cercano de su país.
Declaran en la PGR campesinos de La Unión acusados
de falsificar firmas. (El Sur, Brenda escobar,
p. web)
Se disputan con
el comisario ejidal de Santa María la explotación
y comercialización de la piedra caliza.
Campesinos del ejido de Santa María,
municipio de La Unión, declararon en la
Procuraduría General de la República en
Zihuatanejo, pues tienen una denuncia en
su contra por el delito de falsificación
de firmas y documentos interpuesta por el
presunto comisariado ejidal, Benito González Álvarez.
Los campesinos de este ejido mantienen
una disputa desde 2001 por el derecho a
explotar las minas de piedra caliza que
hay en el ejido.
En ese ejido se integraron dos
grupos, luego de que el presunto actual
comisariado ejidal,
Benito González, dejara fuera del Registro
Agrario Nacional (RAN) a más de 50 campesinos,
encabezados por Maximiliano Andrade Álvarez,
para acreditar como ejidatarios a personas
ajenas del ejido, que viven fuera de La
Unión.
Por este conflicto, cuyo objetivo
de ambos grupos es tener el poder para explotar
y comercializar la piedra caliza con la
empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas las
Truchas, SA, (Sicartsa) hubo enfrentamientos, el más reciente ocurrido el
26 de junio de 2004 y sobre el cual hay
órdenes de aprehensión contra los campesinos
del grupo de Maximiliano Andrade.
Ayer, el abogado Roberto Pérez
Díaz, defensor de 30 campesinos acusados
por el presunto comisariado
ejidal, Benito González, por el delito de
falsificación y uso de documentos, firmas
y sellos, dijo que a éstos los responsabilizan
de falsificar un acta el 18 de enero de
2004 e interpuso la denuncia tres meses
después.
Consideró que Benito González actúa
de manera dolosa y premeditada contra los
campesinos, porque “pese a que aquí en Zihuatanejo
está la subdelegación de la PGR, él se fue
hasta Chilpancingo a interponer la denuncia
y lo mismo ha hecho en las demás denuncias
que ha puesto en la Procuraduría General
de Justicia del Estado, de donde le facilitan
todo para actuar de forma arbitraria”.
Sobre la diligencia de ayer, informó
que la delegación estatal de la PGR envió
una orden de localización y presentación
contra los 30 campesinos, y los agentes
de la AFI la cumplieron, aunque sólo acudieron
12 y el resto irá hoy.
Por su parte, el vocero de los
ejidatarios que fueron excluidos del RAN
por Benito González, Martín González Álvarez,
confió que con la llegada del gobernador
electo Zeferino
Torreblanca Galindo se solucione este conflicto
“y se nos haga justicia”, porque las autoridades
sobre todo de la PGJE y del Tribunal Agrario,
“siempre han estado de parte de Benito (González)”.
Dijo que Torreblanca está enterado
del caso y que esperan que una vez que asuma
el cargo los reciba para darle continuidad,
“es nuestra única esperanza”.
Enfrenta demanda penal exalcalde
de Guadalupe. (Imagen de Zacatecas, p.web).
Felipe Álvarez Calderón, exalcalde
de Guadalupe, fue demandado penalmente por
la presunta comisión del delito de despojo.
El ejidatario Jerónimo Trancoso Villagrana acusó en la Procuraduría de Justicia al ahora candidato
a la presidencia estatal del PRD de apropiarse
de un terreno de aproximadamente media hectárea.
A diferencia del también ejidatario Salvador Huerta, propietario
del fraccionamiento Los Frailes, Trancoso
Villagrana no
sólo llevó su queja al Congreso. También
inició la querella 03/2005/AE en la agencia
del Ministerio Público para Asuntos Especiales.
Paralelamente, el Ejido Guadalupe inició gestiones para recuperar
104 hectáreas que le expropió el gobierno
federal en 1974 y que parcialmente están
en poder de particulares, uno de ellos,
Felipe Álvarez.
Rodolfo Ruelas Rodarte, presidente
del comisariado
ejidal, explicó que el propósito de la expropiación
fue construir un parque industrial y las
104 hectáreas se transfirieron al Banco
Nacional de Obras (Banobras).
Sin embargo al paso de los años diferentes empresas y particulares
se adueñaron de predios. En uno de ellos
el exalcalde de
Guadalupe, construyó una casa y su negocio.
Informó Ruelas que el Ejido Guadalupe
ya inició los trámites ante Florencio
Salazar, secretario de la Reforma
Agraria, para recuperar esas 104 hectáreas.
Al no cumplirse los propósitos de la expropiación, la ley obliga
a devolver el bien a sus antiguos propietarios.
Como consecuencia, quienes indebidamente se apropiaron de diversas
superficies, porque Banobras
no podía venderles, tendrán que devolverlas
o pagarlas al ejido.
En esas condiciones, reiteró Ruelas
Rodarte, se encuentra Álvarez Calderón.
DEMANDA PENAL
El terreno que Jerónimo Trancoso
pelea a Felipe Álvarez está parcialmente
dentro de las 104 hectáreas expropiadas.
Actualmente está baldío. Se localiza justo frente a la casa
y negocio del exalcalde,
muy próximo al libramiento de Tránsito Pesado
y la Junta Estatal de Caminos.
Ruelas Rodarte afirma que la parte situada
dentro de la superficie expropiada pertenece
al Ejido Guadalupe.
Sin embargo, Trancoso Villagrana exhibió ante el Ministerio Público un documento,
expedido por el propio comisariado
ejidal, donde se le acredita como propietario.
Durante su gestión como alcalde de Guadalupe, según el denunciante,
Felipe Álvarez se adueñó del predio. Lo
cercó y mantuvo vigilancia policiaca
permanentemente para que no lo invadieran.
El 23 de febrero pasado, el agente del Ministerio Público para
Asuntos Especiales de la Procuraduría, Miguel
Ángel Jiménez, pidió información al Ejido
Guadalupe para tener más elementos en torno
a la querella contra el candidato perredista.
Solicitó saber si efectivamente el Ejecutivo Federal expropiará
las 104 hectáreas al Ejido Guadalupe mediante
decreto de 1974 y las cuales se entregaron
físicamente a Banobras
en 1980.
Y también si el predio que reclama Trancoso
Villagrana está
dentro de esa superficie.
“Lo anterior -expone Jiménez- por ser necesario para el debido
perfeccionamiento del sumario penal (...)
instruido en contra de Manuel Felipe Álvarez
Calderón por el delito de despojo...”
CORREDOR DE BIENES
Rodolfo Ruelas comentó que los ejidatarios
de Guadalupe están muy dolidos con Felipe
Álvarez.
Están convencido de que el también exdirector
de la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado (CEAPA) aprovechó su cargo
como alcaldes para fungir como corredor
de bienes raíces.
A muchos ejidatarios los engañó con el cuento que había un
proyecto gubernamental a desarrollarse en
sus tierras y les recomendaba vender para
evitarse problemas.
Después de esos “consejos”, abundó Ruelas,
llegaban personas de diferentes inmobiliarias
y compraban a precios de remate.
Toman ejidatarios complejo petrolero. (Tabasco Hoy, Norma Leticia González, p. web)
Unos 350 ejidatarios de Atasta Pueblo tomaron desde ayer a las cinco de la mañana
los accesos al Centro de Procesamiento y
Transporte de Gas de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en protesta
porque desde hace 25 años la paraestatal
tiene ocupadas cerca de 544 hectáreas de
sus tierras.
Hasta el cierre de edición continuaban
en la protesta los inconformes que piden
un millón de pesos por año, es decir 25
millones de pesos, además de la construcción
de una clínica.
Encabezados por los comisarios
ejidales Juan Carlos Heredia Córdoba y Mauro
Heredia Mena,
los campesinos acusaron a Pemex
de ser una "bomba de tiempo",
pues los ductos
ya sobrepasaron su edad permitida.
Incluso, pescadores de esa zona
han manifestado como salen "borbotones"
de petróleo, lo que ocasiona la muerte de
pescados y ganado.
Los ejidatarios reclaman además
el cambio inmediato de tuberías en las 15
mil hectáreas ocupadas por Pemex, ya que incluso el camino de acceso y la propia infraestructura
está asentada en
sus tierras.
Mauro Heredia dijo que cansados
de tanta espera los obligó a tomar esta
determinación que afecta a más de 500 empleados
del Centro de Procesamiento y Transporte
de Gas de Atasta, pues no pudieron entrar a laborar.
Adentro se quedó sólo el personal
de guardia para estar pendiente del funcionamiento
de la planta que envía gas a Dos Bocas,
Paraíso; Tabasco, y que por seguridad no
puede estar sin operación.
El represente mencionó que del
problema tienen conocimientos las autoridades
estatales y municipales, así como el Tribunal
Agrario en donde tienen interpuesta
una demanda en contra de Pemex
pero que hasta hoy no ha tenido ningún avance.
"Quiere decir que las autoridades
están a disposición de Pemex,
los diputados del PRI y del PAN nos han
dado la espalda, apoyan más a la paraestatal,
ellos sabrán porque. Atasta
es muy pacífico pero llega un limite
como hoy. No nos movemos hasta que no haya
una respuesta" indicó.
Con pancartas como "Pemex, saca los ductos de nuestro
ejido que están en malas condiciones, hay
fallas y fugas, está en peligro la vida
de nuestros hijos y familia. ¡No pagas!".
La entrada la tapaba una gran manta
en la que decía: "Exigimos nos pague
Pemex 25 años
de ocupación que tiene en terrenos del ejido
Atasta 544; exigimos
justicia".
La zona comunal abarca 15 mil hectáreas
pero las que tiene ocupadas con 300 hectáreas,
aunque pretende adquirir 500 más la zona
parcelada que abarca a 40 ejidatarios.
"No ha habido
diálogo, queremos gente con capacidad de
solución, que no tenga que frenar las pláticas
para pedir autorización"
Juan Carlos Heredia
C. Comisariado ejidal
"Las autoridades
están a disposición de Pemex,
los diputados nos han dado la espalda, apoyan
más a la paraestatal, ellos sabrán porque.
No nos iremos hasta que haya una respuesta"
Mauro Heredia. Comisariado ejidal
Pagan al doble el predio de Vallina. (Diario de Chihuahua, Gabriela Minjares,
p. web).
La administración del ex gobernador
Patricio Martínez erogó más del doble de
dinero por cada metro cuadrado del terreno
que compró en San Jerónimo al empresario
Eloy Vallina Lagüera, a diferencia del
gasto que hizo la Junta Municipal de Agua
y Saneamiento (JMAS) tres meses y medio
después para adquirir tierras en el Ejido
Cuauhtémoc para la construcción del acueducto
Conejos-Médanos.
El gobierno anterior compró a 25.50
pesos el metro cuadrado de tierra al empresario,
mientras que la JMAS —descentralizada estatal—
pagó el metro cuadrado a 10.5 pesos en enero
de este año.
Las porciones de tierra que compró
la JMAS se localizan justo a un lado de
la propiedad de Vallina, a casi un kilómetro de distancia del predio que adquirió
el anterior gobierno estatal, informó ayer
el Comisariado
Ejidal de Cuauhtémoc.
“El precio que pusimos a las tierras
que vendimos fue de común acuerdo con la
JMAS y con el consentimiento de todos los
ejidatarios”, dijo José Luis Rocha Chacón,
presidente del Comisariado.
De acuerdo con una investigación
periodística realizada por El Diario, el
22 de septiembre de 2004 el Gobierno del
Estado adquirió 212 hectáreas ubicadas en
el terreno denominado El Oasis, que se localiza
en el puerto fronterizo San Jerónimo-Santa
Teresa, a un valor de cuatro millones 676
mil 357 dólares.
En menos de cuatro meses, el 9
de enero de este año, la JMAS y el Ejido
Cuauhtémoc convinieron la venta de 119 hectáreas,
en una primera etapa, a un valor de 12 millones
500 mil pesos.
Debido a que el Ejido Cuauhtémoc
lo integran 59 personas, el dinero de la
venta se repartirá equitativamente, por
lo que a cada ejidatario le corresponderán
211 mil 864 pesos.
Pese a la drástica diferencia de
precios en que se cotizó la tierra en menos
de cuatro meses, Rocha Chacón consideró
que el pago que recibieron fue justo aunque
no se hizo un avalúo profesional para determinar
el precio.
“Creo que un terreno que es de
propiedad privada debe tener más valor que
como ejido, las tierras que tienen pleno
dominio tienen otro precio”, explicó.
Por lo que, dijo, los ejidatarios
convinieron en una asamblea cambiar el uso
de suelo de la tierra de común a parcelado,
con lo que ahora podrán registrar sus propiedades
en el Registro Público de la Propiedad y
vender de forma particular.
Este acuerdo se estableció en la
asamblea que celebraron el 6 de febrero
y están a punto de recibir los certificados
de traslado de uso de suelo del Registro
Agrario Nacional, indicó.
Agregó que las tierras propiedad
del ejido Cuauhtémoc colindan con terrenos
de Vallina, con
la línea divisoria con Nuevo México y con
los ejidos Nezahualcóyotl,
División del Norte y Ley 6 de Enero, así
como con pequeñas propiedades de particulares.
Especificó que con las tierras
de Vallina colindan
aproximadamente unos 12 kilómetros, por
lo que el predio que adquirió el Estado
se encuentra a un kilómetro del Ejido.
El presidente del Comisariado afirmó que desconocían la operación inmobiliaria
que hizo el gobierno estatal, pero una vez
que se dieron a conocer los planes de desarrollo
que hay para el puerto fronterizo de San
Jerónimo, varios particulares les han hecho
ofertas para comprarles las tierras.
Por lo que una vez que se concrete
el cambio de suelo, los propietarios podrán
negociar sus tierras como mejor les convenga
a sus intereses de forma particular.
Incluso, dijo que en la segunda
etapa de tierras que venderán a la JMAS
—100 hectáreas—, se acordó en el contrato
de compra-venta que será negociada de acuerdo
con la situación jurídica que tenga en ese
momento el ejido.
“Si se maneja de manera mancomunada,
será vía ejido y al mismo precio, a 10.5
pesos, pero si el cambio de uso de suelo
se concretó, la Junta tendrá que negociar
con el dueño de cada parcela”, reveló.
En las porciones de tierra que
vendieron al organismo operador del agua
se construirán las conducciones de la tubería
de agua potable del proyecto Conejos-Médanos.
La construcción de ese acueducto
se tiene contemplado
como una fuente de abastecimiento de agua
para la ciudad.
Fijan precio de
acuerdo con el terreno
De acuerdo con el Instituto y Colegio
de Profesionales en Valuación de Inmuebles
de Ciudad Juárez, el precio de una propiedad
se determina por el terreno, su ubicación,
las posibilidades de desarrollo, el posible
uso de suelo, y el mercado actual.
Eduardo Jurado Domínguez, presidente
de la asociación civil que integra a 30
profesionales en valuación, explicó que
para establecer el precio a una propiedad
se debe realizar una investigación de mercado.
Expuso que dependiendo del desarrollo
de una zona los precios de la tierra se
pueden disparar, no obstante, advirtió que
a excepción de la carretera Samalayuca-San
Jerónimo, en esa zona no creen que el mercado
haya crecido.
Entierra Enrique Doler la expropiación de las colonias
del sur promovida por Paredes. (El Sol de
Puebla, p. web)
La sustituye por un programa de incorporación de asentamientos
irregulares
El ayuntamiento de Puebla dejará de lado el proceso de expropiación
de las siete colonias del sur para dar paso
a un programa de incorporación de asentamientos
irregulares que abarca a 186 colonias del
sur-oriente de la ciudad y que en su primera
etapa abarcará 14 de ellas, señaló Omar
Álvarez Arronte,
Secretario de Gobernación.
Con la intervención de la comisión interinstitucional Ðcompuesta por los tres niveles de gobierno-, informó que
se buscará dar la certidumbre jurídica a
los habitantes de esta región, incluidos
los que estuvieron dentro de dicha expropiación
en el periodo de Luis Paredes Moctezuma.
Álvarez Arronte señaló que desde
un principio fue nulo el proceso en las
siete colonias del sur por la pasada gestión
porque "saltó" los procedimientos
legales al atribuirse funciones que no le
correspondían, dejar al margen los trabajos
a las representaciones de la comisión interinstitucional
sumado a los amparos
promovidos por particulares.
Como parte de las acciones de los 100 primeros días de trabajo,
el gobierno municipal pondrá en marcha el
programa de incorporación de asentamientos
irregulares de la zona sur del municipio
para agilizar la escrituración de los propietarios
de las más de 186 colonias del sur-oriente
que presentan irregularidades en sus terrenos.
"En la primera etapa comprende a 15 colonias, incluidas
las siete de las que tanto se han hablado
en el trienio anterior, pero lo haremos
de manera ordenada siguiendo los pasos jurídicos
porque en el pasado fue más con intenciones
políticas", sentenció.
Para este gobierno municipal, sostuvo Omar Álvarez Arronte, el decreto de expropiación impulsado por Luis Paredes
Moctezuma no tiene razón de ser por todas
las anomalías que generó mayor incertidumbre
entre la población implicada.
A los trabajos de la comisión, adelantó que también se sumarán
las representaciones del Soapap,
Coret y la Secretaría de la Reforma Agraria con el objetivo
de incorporar debidamente a la mancha urbana
a estas 186 colonias.
El primer paso, agregó, consistirá en que el Gobierno del Estado
impulse nuevamente el mecanismo de expropiación
a fin de escriturar directamente al dueño
del predio. Mientras en los casos donde
haya dos o más supuestos propietarios deberán
entonces esperar a que sea solucionado por
otras instancias aún no definidas, puntualizó.
En caso de cumplirse lo dicho por el Secretario de Gobernación
Municipal, las colonias Ampliación Unión
Antorchista, Cabañas
de Santa María, Lomas de Atoyac,
Lomas de San Valentín, Nueva Democracia,
Nuevo Plan de Ayala y Unión Antorchista
Norte, finalmente pasarán a integrarse legalmente
a la mancha urbana de este municipio.
Pulso Político. (El Universal Francisco
Cárdenas Cruz, p. web).
Ratificó el Senado a Ricardo García Villalobos como magistrado unitario del Tribunal Superior Agrario que preside, después de que recurrió a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el presidente Fox propuso su remoción...
Gana el Senado batalla a Fox;
ratifica a magistrado del Tribunal Agrario. (La Jornada,
Andrea Becerril, p. web)
El Senado de la República ratificó ayer a Ricardo García Villalobos
como magistrado presidente del Tribunal
Superior Agrario, con lo que un año
después el órgano legislativo ganó la batalla
jurídica al titular del Ejecutivo, Vicente
Fox, quien inclusive
interpuso una controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia.
Ayer García Villalobos rindió protesta ante el Senado, entre
felicitaciones de priístas y algunos perredistas
y la molestia de la bancada del PAN, que
trató de impedir que se votara el dictamen,
el mismo que estuvo listo desde abril de
2004.
Es esa ocasión no pudo votarse el dictamen, ya que la Suprema
Corte ordenó al Senado parar la discusión,
debido a que Fox interpuso una controversia constitucional, con el argumento
de que el órgano legislativo no podía ratificar
a un magistrado al que él no pidió mantener
en el Tribunal Superior Agrario.
Fox además envió una terna para ocupar
el cargo de García Villalobos, entre los
que figuraba el ex gobernador de Baja California,
Alejandro González Alcocer, quien carecía
de trayectoria judicial. Los senadores decidieron
entrevistar a los propuestos por el Ejecutivo
y analizar a fondo los argumentos.
En el caso de García Villalobos encontraron -según se establece
en el dictamen- que las quejas sobre el
comportamiento de éste no tenían fundamento
y que el argumento central era su filiación
priísta y el haber pedido licencia en su
encomienda de magistrado para ocupar otros
cargos en gobiernos del tricolor.
Los priístas empujaron ese dictamen, en el que se establece
que no hay argumentos para no ratificar
a García Villalobos, sobre todo porque en
el artículo 17 de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios se señala que "los
magistrados sólo podrán ser removidos en
caso de falta grave en el desempeño de su
cargo", y no hay ningún procedimientos
instaurado en su contra.
Al no existir ninguna vacante en el Tribunal Agrario, se recalca
en el dictamen, "fue innecesario entrar
al análisis particular de los candidatos
propuestos por el Ejecutivo federal".
La Suprema Corte de Justicia falló en contra de Fox hace mes y medio, al sobreseer el juicio; la semana pasada
lo notificó oficialmente y por ello la fracción
del PRI decidió presentar de inmediato el
dictamen pospuesto en la sesión de ayer.
El documento no fue firmado por los senadores
del PAN.
Inclusive el panista Jesús Galván,
presidente de la Comisión de Justicia, protestó
en tribuna por la forma "sorpresiva"
en que se decidió llevarlo al pleno, tan
sólo a petición de la Comisión de la Reforma
Agraria que preside la priísta Arelly
Madrid.
Galván señaló que el dictamen estaba lleno de errores, como
el de afirmar que "el Presidente de
la República está intentando remover a un
magistrado". Es un "atropellamiento
a las formas en el Senado" , insistió, pero el priísta Carlos Chaurand replicó que el órgano legislativo, en uso de su soberanía,
lo que hizo fue reiniciar el procedimiento,
después de que la Suprema Corte desechó
la demanda de controversia constitucional
del mandatario mexicano.
La mayoría aprobó la ratificación, y luego de rendir protesta
como magistrado numerario del Tribunal Superior
Agrario, García Villalobos dijo que su caso
sienta precedente en lo que se refiere a
la autonomía entre los poderes.
Consideró que no se deben politizar el asunto, ni pensar en
vencedores ni vencidos. "Lo veo como
una cuestión de carácter judicial y jurisdiccional,
queda asentado que el Senado actuó con toda
claridad y prevalecieron los principios
del derecho, es lo que nos debe importar
a todos".
Sector agropecuario
Presentarán en San Lázaro iniciativa para financiar
el agro. (La Jornada, Carolina Gómez,
p.web).
En México, el sistema financiero rural no sólo "está en
pañales", sino que "no tiene ni
pies ni cabeza", su cobertura es muy
limitada, pues apenas alrededor de "10
por ciento de los labriegos tiene acceso
a servicios financieros, cuando en países
como Estados Unidos es de 95 por ciento",
y en materia de créditos el porcentaje se
reduce a menos de 5 por ciento.
Ante esta situación, en el próximo periodo de sesiones se presentará
una iniciativa de ley de crédito y financiamiento
rural, informó Cruz López Aguilar, presidente
de la Comisión de Agricultura y Ganadería
de la Cámara de Diputados.
Entrevistado durante la realización del coloquio internacional
Servicios Financieros para los Pobres y
el Desarrollo Rural, el diputado precisó
que esta ley prevé "compaginar y armonizar"
todo lo relacionado con los diferentes tipos
de fondos y cobros, y "crearía un código
de apoyos de la banca de desarrollo, la
cual actualmente tiene criterios muy distintos",
además, abordaría el aspecto de que esta
banca debe concebirse únicamente como de
desarrollo y no perder ese objetivo en el
camino, como ha sucedido con las instituciones
que se han creado durante los pasados sexenios.
El diputado Víctor Suárez Carrera, presidente del Comité del
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, criticó que aproximadamente uno de cada 10 pobladores
rurales tenga acceso servicios financieros,
y que la mayor parte de ellos sean los que
habitan las "regiones más desarrolladas"
en agricultura y ganadería, es decir, que
sean en su gran mayoría los "productores
de altos ingresos". Al detallar que
el acceso a servicios financieros no sólo
implica tener posibilidad de obtener créditos,
sino también contar en las comunidades con
instalaciones bancarias que les permita
ahorrar, cambiar cheques y efectuar pagos
diversos relacionados con su actividad,
entre otras muchas actividades, Suárez indicó
que se requiere una ley en el rubro que
facilite la instalación de instituciones
financieras en todas las comunidades rurales.
De acuerdo con Cruz, para tener un sistema financiero rural
"exitoso" forzosamente deben establecerse
políticas públicas y leyes adecuadas, de
lo contrario, auguró, "seguiremos en
el subdesarrollo del financiamiento rural"
y también criticó la práctica de otorgar
"subsidios velados" bajo el nombre
de créditos.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Demandan ganaderos del Sur cesen invasiones de
Che Cu. (El Sur de Campeche, Redacción,
p.web)
Ganaderos de la Región Sur del Estado se instalaron la mañana
de este martes a las puertas del Palacio
Legislativo, en demanda de que cesen de
una vez por todas las invasiones que realiza
a sus tierras el dirigente de la agrupación
Frente Campesino Independiente "Emiliano
Zapata", Luis Antonio Che Cu, quien
ha invadido trayendo gente de otros Estados
en poco más de 20 mil hectáreas propiedad
de ganaderos, dejando también en entredicho
la actuación de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, pues dijeron que
las denuncias no han procedido en contra
de los invasores.
Los productores ganaderos portaron una manta que rezaba: Señor
Gobernador solicitamos su atención. Ya basta
de invasiones. Los ganaderos del SNR del
Estado, estamos cansados de atropellos ocasionados
por Che Cu.
Asimismo, a la salida de la sesión del Congreso Juvenil el
mandatario estatal, Jorge Carlos Hurtado
Valdez, escuchó la problemática que los
productores ganaderos vienen sufriendo desde
hace más de tres años y que no han sido
atendidos. Además de que no han procedido
las demandas interpuestas ante la Procuraduría
General de Justicia.
-Las denuncias están paradas, denuncias de dos a tres años
y no proceden. Pedimos que se respete y
haga valer la ley.
En respuesta, Hurtado Valdez les dijo que cuentan con el apoyo
del Gobernador del Estado.
Acto seguido, en presencia de los ganaderos llamó e instruyó
al procurador de Justicia del Estado, Juan
Manuel Herrera, que se trasladara hasta
el lugar, pese a que éste dijo que se había
adelantado un grupo para ver el problema,
para que entre todos se plantee una estrategia
y se dé curso a las denuncias.
Los denunciantes afirmaron que existe un gran desorden en la
zona causado por Luis Antonio Che Cu.
Omar Arjona Cevallos, en entrevista, informó que pertenecen
a la Sociedad Ganadera de Escárcega, que
piden paren las invasiones que realiza Che
Cu, quien ha demostrado que no tiene límites
ni freno ya que se mete a los ranchos ocupados
con ganado, y trae a personas de Oaxaca,
Chiapas, entre otros.
Este vende las hectáreas a 5 mil pesos, cuando es propiedad
privada "y no podemos seguir permitiéndolo.
-Todos los ranchos; toda la zona de Los Ríos; 20 mil hectáreas
ya las tiene loteadas; entonces queremos
una respuesta del Señor Gobernador, porque
ellos andan armados, están esperando a que
llegue uno y ellos no tienen nada qué perder.
Nosotros tenemos qué perder mucho.
-Entonces queremos que se entere el Gobernador y que le dé
una solución; es todo lo que le venimos
a pedir, pero sí lo hacemos responsable
de lo que nos pueda pasar.
-Ya estamos llegando a un límite; hoy fue la última puerta
que tocamos; de acá vamos a ver quién puede
más; nos vamos rancho por rancho a sacarlos;
vamos machete con machete, a darnos. Es
todo lo que tengo que decir.
Dijo que son alrededor de cien ganaderos los más afectados
en la región sur del Estado.
Ganaderos recuperarán tierras a la fuerza. (Tribuna de Campeche, p.
web)
Propietarios de ranchos de las
regiones de Aguacatal y Juan de la Cabada
Vera amenazaron con recuperar por la fuerza
unas mil 500 hectáreas actualmente en manos
de invasores, a quienes identificaron como
integrantes de las organizaciones campesinas
encabezadas por Luis Antonio Che y Armando
García Jiménez.
Luego de desairar una reunión con
el procurador Juan Manuel Herrera Campos,
"porque no hemos visto decisión para
actuar contra los invasores", los ganaderos
--entre ellos Francisco Avellanera, Omar
Arjona y los propietarios de los ranchos
San José, El Campechano, Santa Rosita, El
Paraíso, El Herradero, Brasil y 20 más--,
se trasladaron a Palacio de Gobierno y emplazaron
a las autoridades estatales a ofrecer solución
ayer mismo.
"Ya estamos cansados de esperar,
las denuncias no proceden. Nos amenazan,
golpean, secuestran, encarcelan y no los
podemos tocar porque son gente de Che Cu
o de Armando García, incluso los policías
les tienen miedo porque andan armados",
indicaron.
El procurador Herrera Campos los
atendió en los bajos del Palacio de Gobierno
y ofreció analizar expediente por expediente
y encabezar el operativo en los ranchos,
pero los ganaderos dijeron que vinieron
a Campeche a dialogar con el gobernador
y no se retirarían sin hacerlo.
Dijeron que cada vez es mayor el
número de afectados y por ello se han organizado
para la defensa de sus propiedades y recuperar
unas mil 500 hectáreas invadidas, respondiendo
por igual a las agresiones, "porque
ya agotamos las instancias legales".
Aseguraron que los invasores no
son campechanos sino de Oaxaca, Guerrero
y Chiapas, que llegan a la entidad y se
incorporan a las organizaciones campesinas
existentes, quienes les ofrecen en venta
terrenos de ranchos ganaderos, sin importarles
si hay familia y bienes inmuebles.
En algunos ranchos los invasores
sacrifican las reses sin el menor remordimiento,
en otros les roban a fin de mantenerlos
atemorizados pero ya llegaron al límite,
"si hoy no hay respuesta contundente
de la autoridades les haremos frente",
indicaron.
Los ganaderos aguardaron a que
el gobernador saliera del Palacio Legislativo
donde presidía la instalación del Congreso
Juvenil, colocaron sus pancartas e insistieron
que necesitaban escuchar de voz del mandatario
las instrucciones al procurador para resolver
el problema.
Alrededor de las 11:15 horas sostuvieron
breve diálogo con el mandatario y luego
de exponerle el motivo de la protesta éste
les garantizó atender el problema "porque
es necesario que se respete el Estado de
Derecho y las propiedades de cada quien".
Advirtió que no se pueden permitir
las invasiones a la propiedad privada por
lo que instruyó al procurador a actuar con
todo, siempre dentro del marco legal. "Así
como atendemos los reclamos de los amigos
ejidatarios, también hay que respetar la
propiedad privada" subrayó.
Ganaderos son narcos;
Che Cu. (Tribuna de Campeche, p.web)
Los ganaderos que se quejan por
el robo de ganado e invasión de tierras
son narcotraficantes que han visto afectadas
sus ilícitas actividades que vienen desarrollando
desde 1992, aseguró el dirigente del Frente
Campesino Independiente Emiliano Zapata
(Freciez), Luis Antonio Che Cu, y añadió que en la región de
Juan de la Cabada
Vera sigue latente el riesgo de enfrentamientos
sangrientos ante la falta de atención de
las autoridades.
En conferencia de prensa dijo que
es extraño que ahora protesten y presionen
al gobierno y que cuando se asesinó a Manuel
Arcos en 2001 y a Arturo Macossay
Pérez en 2002, nunca_alzaron
la voz porque en esa época floreció el narco
y tenían el apoyo de Salomón Azar para sus
ilícitas actividades.
La comunidad Juan de la Cabada Vera, a partir de que solicitan las tierras en 1986n
se ha conducido dentro de los cauces legales.
Se gestiona ante el Tribunal Agrario
para echar abajo el acuerdo de improcedencia
donde inexplicablemente la SRA avala
títulos del porfiriato
para negar la regularización de las tierras.
La SRA señala que hay dueños porque está
resucitando a latifundistas del porfiriato,
pero en base al numerario 262 del Acuerdo
Nacional para el Campo, pedimos la compra
de tierras para solucionar el conflicto.
"Es una bomba de tiempo en
la región, que se agudiza con los asentamientos
que han llegado a partir de 2002, de lo
que están enteradas las autoridades pero
hacen caso omiso".
Che Cu dijo que en 2004 se pidió
la intervención de la Presidencia de la
República porque los presuntos ganaderos
no han sido investigados, en casos especiales
como los de Terencio Mansur Bocanegra, quien está registrado
con nueve hectáreas y ahora posee tres mil
hectáreas junto con su familia. Pepe Rosales
compró un predio de 250 hectáreas y ahora
posee mil 500, todo esto producto de la
anarquía en la región.
"Estos ganaderos llegaron
en 1992 cuando era una región del narcotráfico,
principalmente en Chumpán, y nadie hizo nada; todavía el año pasado se tuvo
actividad del narco
y ahí está una avioneta quemada. Ahora que
se sienten perjudicados protestan porque
están viendo reducir su actividad ilícita
del narco".
Aseguró que la mayoría carece de
documentos legítimos, como se probó en 2002,
cuando la SRA pidió las escrituras de 52
documentos y en su mayoría resultaron apócrifos.
"Hay hasta tres escrituras sobre el
mismo predio y esto era un jugoso negocio
porque en la desaparecida Banrural
hipotecaron tres y cuatro veces el mismo
predio y nunca se investigó".
Che Cu acusó al alcalde del El
Carmen, Jorge Rosiñol
Abreu, de tener intereses económicos en
la región y de proteger a narcotraficantes.
"No hay autoridad que les investigue
y sí se les está dando todo el apoyo a través
del senador, Jorge Rubén Nordhausen
González".
Procurador encabeza operativo. (Tribuna de Campeche, p.web)
Elementos del Grupo de Operaciones
Especiales comandados por el procurador
Juan Manuel Herrera Campos se trasladaron
ayer al municipio de Escárcega para revisar
expedientes, proceder a desalojar y ejecutar
órdenes de aprehensión contra invasores
de ranchos en las regiones de Aguacatal
y Juan de la Cabada
Vera.
Tras el plantón de protesta de
30 propietarios de ranchos ubicados en esa
región, y acatando las instrucciones del
gobernador Jorge Carlos hurtado Valdez,
Herrera Campos se trasladó con los denunciantes
a las instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado donde abordaron cinco
vehículos, junto con los dos grupos de Operaciones
Especiales, y se enfilaron al municipio
de Escárcega.
Acompañado del subprocurador, del director de Averiguaciones Especiales y
del director de la Policía Ministerial,
Herrera reiteró que la instrucción del gobernador
es clara: "Nadie por encima de la ley".
"Vamos a Escárcega donde están
las denuncias, haremos los trámites para
revisar los expedientes y darle solución
a fondo a todas las denuncias, desde abigeato
e invasión de predios particulares. La procuraduría
estatal hará la tarea que le corresponde,
ejecutará las órdenes de aprehensión sin
distingo de colores, ideologías o de organizaciones,
siempre que se reúnan los elementos y si
los ganaderos demuestran ser legítimos propietarios
de los predios".
Dijo que permanecerán en la región
el tiempo necesario y siempre acompañados
de los ganaderos recorrerán los predios,
pues también existen denuncias por abigeato
y portación de
armas de fuego
Continúa bloqueo en planta recompresora;
piden indemnización. (El Sur de Campeche, Humberto
Burgos, p. web)
A poco más de 36 horas de que 170 ejidatarios de la Península
de Atasta bloquearan
el acceso a las instalaciones de la Planta
Recompresora de
Gas, hasta el momento no se ha llegado a
acuerdo alguno que lleve a levantar la manifestación
que se mantiene desde el pasado lunes, en
demanda de la indemnización por la afectación
de 350 hectáreas, por las cuales piden 350
mil pesos por hectárea.
Como se informó en las páginas de El Sur de Carmen, el pasado
lunes a las 08:45 horas un grupo de 170
ejidatarios originarios de la Península
de Atasta determinó
el bloqueo del acceso a las instalaciones
de la Planta Recompresora
de Gas, en demanda de que se les indemnice
por la afectación que sufrieron 350 hectáreas
al momento en que se instaló esta industria,
situación que desde hace ya varios años
se estuvieron llevando a efecto esta solicitud,
pero que hasta el momento no se ha tenido
respuesta alguna.
Ante ello, el pasado lunes por la tarde noche sostuvieron una
reunión con autoridades de la paraestatal
Petróleos Mexicanos, a fin de llegar a un
acuerdo, para lo cual les ofrecían 160 mil
pesos por hectárea afectada, pero los ejidatarios
determinaron no aceptar esta propuesta,
ya que desean que les hagan entrega de la
cantidad por la cual se encuentran llevando
a efecto la manifestación.
Los ejidatarios hasta el momento se encuentran situados bloqueando
el acceso a las instalaciones de la planta
recompresora de
Gas, que suman 170 personas, mismas que
se encuentran encabezadas por Juan Carlos
Heredia Córdova, por lo que hasta el momento
no se ha llegado a un acuerdo para que se
de solución a este conflicto, pero se estima
que en el transcurso de las próximas horas
se pueda dar solución a este conflicto,
donde hasta el momento se encuentra estancadas
las negociaciones.
Ejidtarios atastecos
aún no consiguen apoyo de Rosiñol. (Tribuna de Campeche, p. web).
Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex)
condicionara la resolución de las demandas
planteadas por los ejidatarios manifestantes
ante la planta de gas en Atasta,
a la intervención del alcalde Jorge Rosiñol,
la entrevista con éste finalmente fue a
las once de la noche de ayer, pero la respuesta
del edil fue una negativa más a "intervenir"
en el asunto.
Lo anterior se suscitó cuando tras la llamada recibida por
Juan Carlos Heredia Córdova, comisario ejidal
y líder de los disidentes, a las 22:30 horas
de ayer, una comitiva conformada por Alfonso
Heredia Ruiz, Marcelino Salavarría
Gómez, Edmundo Jiménez Gonzáles y Atilano
Calderón Hernández, presidente, secretario,
tesorero y consejero de vigilancia, respectivamente,
sostuvieron un encuentro en la Isla con
el alcalde Jorge Rosiñol.
No obstante, al término de la reunión con el edil panista, el comisario atasteco Heredia
Córdova se declaró sorprendido por la actitud
de aquél, y entrevistado al respecto se
limitó a externar su molestia diciendo:
"El presidente municipal, se lavó las
manos como Poncio
Pilatos", y evadió expresar más comentarios
al respecto.
Heredia Córdoba dijo que al recibirlos el presidente municipal
contrario a lo esperado y tomando en cuenta
sus proposiciones anteriores de "intercesor"
en el conflicto, se pronunció porque "Pemex
resuelva el problema creado por haber ocupado
las extensiones de parcelas de uso común
sin antes expropiarlas y sin tener un contrato
de ocupación sustentado con los ejidatarios
de este poblado", sin mencionar su
anterior propuesta.
De acuerdo a la información proporcionada por los demás asistentes
a la breve reunión con el alcalde, éste
se limitó a recomendar a los inconformes
aceptar la representación ofrecida por los
panistas Diana
Palmer, y Enrique Iván Solís, diputados
por el IX y VIII Distritos, respectivamente,
para que fuesen ellos quienes 'mediaran'
ante los directivos de Pemex,
en virtud de la exigencia de la paraestatal
de no llegar a acuerdo alguno sino ante
la presencia de alguna autoridad.
Los ejidatarios manifestantes, empero, horas antes de la cita
con Jorge Rosiñol
acordaron que de los tres puntos que conformarían
los temas de discusión con Pemex,
el más importante sería el del pago por
concepto del tiempo de ocupación de 544
hectáreas en la zona a razón de un millón
de pesos por cada año, en lugar de los tres
millones 36 mil pesos ofrecidos desde el
principio por la paraestatal.
Por otra parte, las peticiones de los quejosos incluyen la
celebración de un contrato nuevo entre ellos
y Petróleos Mexicanos que satisfaga a ambas
partes, quedando establecido de manera formal
que el pago de la indemnización se haga
ante una asamblea ejidal y que, finalmente,
no haya demandas contra ellos ante autoridades
ministeriales, estatales o federales para
presionarlos a detener la manifestación
que encabezan.
Por último, entrevistado horas después, Heredia Córdoba afirmó
su deseo de que las autoridades municipales
y estatales intervengan pronto, pues de
no hacerlo, las más de 400 personas que
esperan que la coordinación de la paraestatal
de Pemex envíe
a sus representantes José del Carmen Rodríguez
Vera y Javier Hinojosa Puebla para las negociaciones,
la movilización se mantendrá hasta fecha
indefinida.
ESTADO DE MÉXICO
Vecinos de Chalco pedirán
a diputados intervenir en conflicto por
drenaje. (La Jornada, René Ramón, p. web).
Chalco, Mex., 15
de marzo. Habitantes del poblado La Candelaria
Tlapala, anunciaron
que acudirán este miércoles a la Cámara
de Diputados para solicitar la intervención
de los legisladores federales en el conflicto
que sostienen con la empresa constructora
Sadasi por la
introducción del sistema de drenaje en el
conjunto habitacional El Alamo,
luego del violento enfrentamiento que protagonizaron
contra un grupo de choque de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM).
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, solicitó a las autoridades estatales
y municipales cese la violencia contra esta
comunidad, e integrar de inmediato una comisión
de mediación, con el propósito de coadyuvar
en la construcción de un diálogo entre ambas
partes.
Héctor Guzmán Laguna, representante de los campesinos inconformes
de Cocotitlán
y Chalco, señaló
que éstos determinaron recurrir al Congreso
de la Unión, ante la presión y las amenazas
de muerte que han recibido de parte del
dirigente regional de la CTM, Adelfo
Toledano García.
Al conocer que la constructora presentó una demanda contra
quien resulte responsable por lesiones,
robo y daño en propiedad ajena, Guzmán Laguna
dijo que sus representados también reúnen
las pruebas necesarias para presentar denuncias
penales contra el consorcio y los integrantes
de la CTM que participaron en la agresión.
Al respecto, el alcalde de Chalco,
Jaime Espejel
Lazcano, señaló que el ayuntamiento se mantendrá
pendiente, ya que hay un clima de tensión
en la comunidad de Tlapala, y aunque reconoció que la constructora cuenta con
los permisos correspondientes para introducir
el sistema de drenaje en más de siete mil
casas del conjunto habitacional referido,
señaló que el gobierno municipal tiene la
"obligación de estar con el pueblo
que fue agredido".
Espejel Lazcano indicó que es inadmisible
que se pretenda intimidar a los habitantes
de esa comunidad, por lo que solicitó la
intervención del gobierno del estado de
México para solucionar este conflicto. Sin
embargo, comentó que se trata de un problema
muy complejo, ya que por un lado está el
derecho natural de los campesinos a defender
sus tierras por tradición y, por el otro,
los permisos legales que obtuvo la empresa
hace dos años.
En la ciudad de México, Isabel Uriarte,
coordinadora del Programa de Defensa Integral
del Centro Pro, destacó que las autoridades
administrativas, municipales y estatales,
pueden incurrir en "violación por omisión"
si privilegian los intereses económicos
de la inmobiliaria al "derecho legal
de estas comunidades a ser informadas sobre
el posible impacto ambiental y social que
puede generar la construcción de miles de
viviendas en esa zona, donde han luchado
por preservar su entorno".
La defensora de derechos humanos, informó que la comisión estatal
ya comenzó una denuncia para dar seguimiento
al caso y atender las quejas de los habitantes
de las comunidades afectadas. No obstante,
agregó, que el Centro Pro "seguirá
atentó de las acciones que emprendan las
autoridades locales y estatales para resolver
de forma pacífica este conflicto".
Uriarte afirmó que es evidente la violación
al derecho a la información de los pueblos
asentados cerca de ese desarrollo habitacional,
ya que no fueron consultados sobre el posible
impacto ambiental y temen que pueda generarse
un importante desabasto
de agua potable para diversas comunidades.
Entre los pobladores de Tlapala circuló
la versión de que ya habían
10 órdenes de aprehensión contra campesinos
que participaron en la trifulca del pasado
lunes, lo que calificaron de acto de intimidación
a su movimiento.
GUANAJUATO
Minimiza Romero Hicks
protestas por construcción de presa “el
plan, firme”. (La Jornada,
martín Diego Rodríguez, p. web).
Guanajuato, Gto., 15 de marzo. El
gobierno guanajuatense minimizó la importancia
de las acciones de resistencia civil que
comuneros del municipio de Jalostotitlán,
Jalisco, comenzaron este lunes para evitar
la construcción de la presa San Nicolás
y aseguró que el proyecto seguirá delante.
Sobre las manifestaciones realizadas este lunes en Guadalajara
-capital de Jalisco- contra la construcción
del embalse que abastecerá de agua a la
ciudad guanajuatense de León, el gobernador
Juan Carlos Romero Hicks
señaló que "son polvos de otros lodos,
en Jalisco se está trabajando directamente,
nosotros confiamos en que todo saldrá muy
bien". Fue su único comentario al respecto.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del
Agua, Ricardo Sandoval Minero, sostuvo que
León sólo tiene reservas de líquido para
los próximos cinco años, y que la presa
San Nicolás garantizaría el abasto en la
localidad para "los próximos 20 años,
cuando menos".
Recordó que el proyecto de la presa, que se construirá en Jalisco
y abastecerá a la zona alteña
de esa entidad, así como a León, fue presentado
cuando Carlos Medina Plascencia
era gobernador de Guanajuato (1991-1995);
desde entonces se han erogado al menos unos
10 millones de pesos sólo para los estudios
técnicos del embalse. Estimó que para la
labor de planeación serán necesarios otros
15 millones de pesos, de tal forma que "nosotros
consideramos que se tienen todos los elementos
para que la presa se construya en ese lugar
y no en otro, como lo han planteado los
pobladores".
Sandoval Minero consideró que las afectaciones que podrían
sufrir los pobladores de la cabecera municipal
de Jalostotitlán
y de la comunidad San Gaspar de los Reyes,
en el estado vecino, deberán ser solventadas
por el gobierno de Jalisco, aunque también
dejó en manos de la Federación la búsqueda
de un remedio a la disputa por el agua entre
ambas entidades, que inició hace más de
diez años.
Añadió: "en Guanajuato estamos a la expectativa, creemos
que no conviene comentar mucho al respecto,
porque es un tema que trae el gobierno federal,
que por ley es el encargado de definir de
dónde y cuándo tienen agua las ciudades
de México".
Según el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua,
las manifestaciones en los Altos de Jalisco
contra la construcción de la presa San Nicolás
son parte del proceso "normal"
durante la edificación de embalses de gran
magnitud, "aunque siempre se suman
actores de otras causas, y eso de pronto
empieza a contaminar los temas para la propia
gente interesada".
Cabe señalar que el gobierno estatal espera que las obras de
la presa comiencen antes de que termine
la administración de Vicente Fox Quesada, quien se comprometió ante empresarios de Guanajuato,
el 23 de diciembre de 2003, a que la Federación
aportaría 7 millones de pesos durante 2004
para la consolidación del embalse.
NUEVO LEÓN
Impugnan en NL expropiación hecha por CSG. (La Jornada, David Carrizales, p. web).
Monterrey, NL, 15 de marzo. Campesinos del ejido San Nicolás,
municipio de Escobedo, acusaron al juez
tercero de distrito en materia administrativa,
Eduardo Ochoa Torres, de actuar parcialmente
en favor del gobierno federal y de los empresarios
que resultaron beneficiados con la expropiación
de 204 hectáreas que efectuó, el 28 de marzo
de 1990, el entonces presidente Carlos Salinas
de Gortari, supuestamente para desarrollar
un proyecto de "utilidad pública"
y de "beneficio social", que derivó
en el establecimiento de grandes centros
comerciales y fraccionamientos residenciales.
Señalaron que al resolver en definitiva sobre el recurso de
amparo 1020/2003, que promovieron contra
el acto expropiatorio,
el juez Ochoa Torres acordó sobreseer el
juicio de garantías porque "llegó al
convencimiento de que la parte quejosa incurrió
en contumacia al no exhibir la publicación
de edictos ordenada, lo que impide cumplir
con un presupuesto procesal y hace que el
juzgador no pueda pronunciarse sobre el
fondo de lo planteado en el juicio constitucional".
Sergio Garza Elizondo, asesor de
los quejosos, dijo que les fue imposible
publicar el aviso al "tercero perjudicado"
-la empresa Constructora Miralomas-,
que compró 24 hectáreas, porque la gente
que empezó esta lucha por recuperar sus
tierras no tiene dinero para sepultar a
sus muertos, menos para pagar los 64 mil
pesos que cuesta una publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Agregó que al no cumplirse los objetivos de la expropiación,
como era la construcción de un parque ecológico,
un hospital de especialidades y una central
de autobuses, debió revocarse el acto en
un término de cinco años, además de que
la enajenación de los predios se ordenó
en el municipio de San Nicolás de los Garza
y se ejecutó en el de Escobedo, lo que la
hace nula de origen.
Recordó que luego de ser expropiadas, las 204 hectáreas fueron
cedidas al gobierno del estado durante el
mandato de Jorge Treviño Martínez, cuando
se procedió a enajenar gran parte de dichas
tierras a través del Fideicomiso Centro
Urbano Norte, que supuestamente se constituyó
para realizar los proyectos de interés social,
sin que éstos se hayan concretado 14 años
después. Mencionó que la única obra de interés
público que se realizó fue el edificio del
Consejo Tutelar de Menores, pero estimó
que sobre dicho proyecto debe prevalecer
el interés de los ejidatarios.
Expuso que en febrero de 1991, en una junta del fideicomiso,
Alberto Ortiz Certucha,
entonces secretario estatal de Desarrollo
Urbano y Ecología, propuso -y se aceptó-
la venta de un polígono de 24 hectáreas
a la Constructora Miralomas,
otras 106 se vendieron al desarrollador
inmobiliario Eudelio
Garza Lozano, mientras 25 se enajenaron
al constructor Carlos Ayala Luna. Garza
Elizondo comentó
que este viernes presentarán el recurso
de revisión contra la resolución del juez
Ochoa Torres, para ver si efectivamente
"vivimos en un estado de derecho".
OAXACA
Cierran camino a San Juan Zaragoza. (Noticias, voz e Imagen de Oaxaca, Ángel Mendoza p. web).
SAN JUAN ZARAGOZA, TEHUANTEPEC.- Campesinos de Santa Clara,
en protesta porque les fueron expropiados
sus bienes ejidales durante la apertura
del camino, mantienen cerrado el paso que
comunica al poblado de San Juan Zaragoza
y advierten que no abrirán en tanto el gobierno
municipal no indemnice a los afectados,
informó el agente municipal de San Juan
Zaragoza, Tereso Morales Ramírez.
Agregó que poblaciones como Santa Clara, El Ciprés, San Juan
Tenango y San
Juan Zaragoza no pueden acceder a sus terrenos
más que a pie, el cual les lleva hasta cuatro
horas para realizar el recorrido, porque
desde hace unos días, el comisariado
ejidal y el consejo de vigilancia prohíben
el paso por los accesos a esas comunidades,
en tanto no haya una solución al problema
que enfrentan.
Aseguró que el comisariado ejidal
de Santa Clara, Pablo Zárate, quiere que
le demos 200 mil pesos para que abra el
paso, pago que le corresponde por las afectaciones
de los bienes ejidales de tres kilómetros
de camino que se hicieron.
Dijo que conjuntamente con el presidente del consejo de vigilancia
Zacarías Jarquín
y el agente municipal Jacinto García Chávez,
han tapado el camino con una cadena y no
nos dejan pasar, lo que obliga una vez que
hayamos entrado a la agencia municipal de
Santa Clara, a caminar cuatro horas más,
el equivalente a 14 kilómetros.
Del problema, señaló, hemos notificado al presidente municipal
de Tehuantepec, José Enrique Ojendis
Garfias, pero no ha habido la oportunidad de dialogar con
él; de tres citas, sólo una vez nos ha recibido,
pero no llegamos a ningún acuerdo, expresó
Tereso Morales.
Afirmó que “hemos sido tolerantes en el conflicto, dado que
San Juan Zaragoza no es una agencia conflictiva,
pero el conflicto empieza a preocuparlos;
igual los hacen los otros poblados que circundan
por el lugar, no descartando el riesgo de
un enfrentamiento para liberar el paso,
ya que como campesinos no podemos pagar
un dinero como el que pide el comisariado
de Santa Clara”.
Cartones
Recolección de basura · Magú
El camino de la ultraderecha · El Fisgón
Pa
l rancho Naranjo
Flor de un día Helioflores
Las
razones Efrén
