CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
4 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Promete el GDF mayor apertura
Califica Encinas de muy
mala la actual ley de información; anuncia
reformas
Ministro Silva lamenta el fallo sobre genocidio
Incorrecta, la decisión
en la Corte, considera
Blindaje económico ante riesgos políticos
No se repetirán las crisis
de fin de sexenio, asegura Vicente Fox
Urgen acuerdos para crecer: ABM
Llaman a cuidar la estabilidad
"que hoy se da por un hecho"
Banca: no asusta un izquierdista en Los Pinos
Fox: a pesar de la efervescencia, la economía
está blindada
Fox, mi principal promotor:
AMLO
En su conferencia de prensa,
el jefe del gobierno capitalino comenzó
a hablar de temas de la ciudad
Fox descarta crisis; la
economía, blindada
Hay condiciones de estabilidad
“para 2006 y hacia adelante”
Transición tersa, ofrece Vicente Fox
La economía, blindada,
no habrá crisis sexenal, dice
Acusan a Salinas del elbazo
Chocan Madrazo y Tucom en Asamblea
Descarta Fox crisis económica en 2006
"Economía blindada
ante procesos electorales; fuera de riesgo
el patrimonio de los mexicanos"
Mafias en el AICM
Vulneran la seguridad
de los mexicanos
Sector agrario
Aclaración de la Procuraduría Agraria. (La Prensa, p. web)
Por este conducto me permito solicitar a usted atentamente
la publicación de las siguientes precisiones
a la nota “Ejidatarios afirman que fueron
presionados a vender El Tamarindillo”,
publicada este día en la página 22 del
periódico
*Los servicios institucionales que
*Lo anterior quedó evidenciado en la minuta de la visita de
trabajo realizada el 25 de febrero de
2005 por
*Reiteramos que sólo cinco de los 294 ejidatarios que integran
el núcleo plantearon su inconformidad
mediante juicios agrarios 385/2003 y 87/2004,
mismos que se encuentran en proceso de
conclusión por virtud de la celebración
de convenio conciliatorio.
*En consecuencia, reiteramos que no ha existido ni existirá
presión alguna por parte de
Agradeciendo la atención que brinde a la presente, quedo a
sus órdenes para ampliar la información
que se considere pertinente.
A T E N T A M E N T E
FRANCISCO ALONSO ESPINOSA
MEDINA
Delegado de
Estado de Michoacán
Focos Rojos
Acusan a la Procuraduría Agraria de presionar para
que aprueben el Procede. (El Sur (Guerrero), Karina
Contreras, p. web)
Un grupo de ejidatarios
de Tres Palos acusaron al delegado de
la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes
Ferrer, de presionar para que en asambleas
ejidales se apruebe la permanencia del
Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede), y con ello provocar
el enfrentamiento entre los grupos antagónicos
en los ejidos.
Los ejidatarios acudieron a la
redacción de El Sur, en donde, a través
de su portavoz, el ex comisariado ejidal de Tres Palos, Manuel Baltasar Ávila Sierra,
explicaron la situación que se vive en
ese núcleo agrario, donde –aseguró Ávila
Sierra– “son unos 500 ejidatarios –de
700– que no quieren el programa federal,
porque lleva la clara intención
de privatizar las tierras ejidales y dejarlos
a merced de los empresarios”. Acusó a
los funcionarios de esa dependencia de
querer imponer el programa Procede,
violando las leyes establecidas, pues
“la única facultada para determinar si
sigue o no es la asamblea”.
Agregó que los ejidatarios que
están en contra han visto “mucha parcialidad
de la dependencia, pues el 24 de junio
del año pasado se llevó a cabo una asamblea
de ejidatarios con 107 de los 700 que
componen el ejido, cuando la ley dice
que tiene que haber quórum legal. Es decir,
que para la aprobación del programa tenían
que estar 350 más uno. Ellos están violando
la ley”.
Advirtió que lo único que están
ocasionando es que vaya haber enfrentamientos
entre los grupos antagónicos, que podrían
llegar a niveles similares a los de La
Parota, “y todo por seguir con su necedad
de querer imponer el programa”. Hizo un
llamado al procurador Agrario, Eduardo
Isaías Rivera Rodríguez, para que
ponga atención al conflicto porque, dijo,
tienen que prevalecer los intereses de
la comunidad. Responsabilizó de cualquier
enfrentamiento al delegado Jaimes
Ferrer, “porque con su comportamiento
terco, necio y obstinado lo único que
va lograr es que se den”.
Sobre el rechazo al Procede, el
representante de los ejidatarios de Tres
Palos dijo que es un paso para ir perdiendo
el derecho social que tiene el ejido,
privatizando los ejidos, “cuando las luchas
revolucionarias agrarias fueron para lograr
socializar el ejido”. Dijo que si se permite
el programa, los empresarios podrán comprar
más baratas las tierras. “Si lo mantenemos
como ejido, podemos frenar las anomalías
que se cometen”.
Posible enfrentamiento en Tres Palos por presencia
de la PA. (Novedades Acapulco, Óscar
Basave Hernández,
p. web)
La delegación de la Procuraduría Agraria podrá ocasionar
un enfrentamiento entre ejidatarios del
núcleo de Tres Palos, municipio de Acapulco,
en su intento de promover la inclusión
del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede),
y la mayoría de los ejidatarios rechaza
esta certificación, informó Baltazar Ávila Sierra, expresidente
del comisariado
ejidal de Tres Palos.
En una visita a este diario, acompañado por otros ejidatarios,
Ávila Sierra pidió al procurador agrario,
Eduardo Isaías Rivera Rodríguez, para
que ponga orden en la delegación y deje
de crear el divisionismo en el ejido,
y hacemos responsable de cualquier enfrentamiento
que pudiera darse en Tres Palos al delegado
de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, por su terquedad
en querer violentar la ley y la paz social
de las comunidades.
El excomisariado indicó que ya hace
más de un año personal de la Procuraduría
se dio cita en una asamblea de ejidatarios
para promover la inclusión del Procede
en el ejido, pero en esa asamblea la mayoría
acordó que no se aprobara la propuesta;
pero una vez más la Procuraduría Agraria
pretenden realizar las asambleas sin el
quórum legal, con la única finalidad de
aumentar sus estadísticas de trabajo,
es decir un núcleo más en su programa,
esto a pesar de que siempre las autoridades
federales del ramo han dicho hasta el
cansancio que el Procede es un programa
voluntario y que su inclusión la decide
el núcleo agrario.
Sin embargo, agregó Ávila Sierra, -esto no parece interesarle
al delegado estatal de la Procuraduría
Agraria, lo único que van a ocasionar
es el enfrentamiento entre los ejidatarios
que están a favor del programa, ya que
con mentiras los funcionarios de la Procuraduría
Agraria los intentan convencer-.
“Así, mientras los ejidatarios opositores y los que están a
favor se van a quedar en el poblado, los
funcionarios se van a retirar, pero tal
parece que la función de la Procuraduría
en Guerrero es causar más problemas entre
las comunidades”.
Fraude a ejidatarios de San Martín de las Pirámides. (Unomásuno,
Juan Miguel Sánchez, p. 44)
SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, Méx.-
Cientos de ejidatarios de este municipio
denuncian posible
fraude por parte del comisariado
ejidal, por lo que solicitaron la intervención
de la Procuraduría Agraria, sin
embargo, aseguran, la dependencia ha mostrado
indiferencia.
A decir de Jesús Alonso Prado,
asesor jurídico de los ejidatarios el
pasado mes de marzo de 2004 se realizó
una asamblea general de ejidatarios, en
la que uno de los puntos a tratar era
realizar el corte de caja correspondiente
al año 2003, sin embargo, durante la presentación
del
corte de caja
la asamblea detectó algunas irregularidades.
Por tal motivo, se determinó formar
una Comisión de Revisión de Corte de Caja,
misma que el día 27 de junio presentó
un informe parcial a la Asamblea en el
que se descubrió un faltante de 122 mil
796 pesos.
Derivado de estas investigaciones
los ejidatarios descubrieron entre otras
cosas que Sebastián Guzmán Medina, actual
comisariado
ejidal, dijo haber entregado la cantidad
de 5 mil pesos por concepto de "dádivas
o mordidas" a David Palomino o Palomares,
esto con la finalidad de acelerar los
trámites correspondientes al programa
de regularización de tierras Procede.
Explicó el representante de los
labriegos que con fecha 13 de mayo de
2004 se giró un escrito al Director del
Registro Agrario Nacional, (RAN)
solicitando información en relación a
la supuesta "dádiva" para acelerar
los trámites.
Mismo que obtuvo respuesta el día
21 de mayo del 2004 con número de oficio
ST/0811/04 y folio 00005145 en el que
el delegado del RAN en la entidad José
Luis Santos Ramírez, afirma que "los
trámites de la expedición de los títulos
de propiedad son gratuitos", por
lo que la delegación desmiente las aseveraciones
de Sebastián Guzmán Medina respecto a
haber recibido dinero alguno.
Por todo lo anterior los labriegos
determinaron destituir de sus cargos a
Esteban Nuñez
Ríos, Marco Antonio Mendoza Ramírez, Erasmo
Estrada Pérez y Sebastián Guzmán Medina,
Tesorero, Secretario, consejo de vigilancia
y Presidente del comisariado ejidal respectivamente, y únicamente esperan que
la Procuraduría Agraria haga caso a su
petición de convocar a asamblea con la
finalidad de
realizar la destitución formal
del comisariado
ejidal y su equipo de trabajo.
Invaden 285 hectáreas en comunidad indígena. (Tiempo (Chihuahua), p.web).
Fecha: 2005-03-01
Alrededor de 15 gobernadores indígenas acudieron a esta ciudad,
a denunciar públicamente la invasión de
más de 285 hectáreas en una comunidad
indígena que tiene por nombre Choguita,
en el municipio de Bocoyna,
por una familia, de apellido Cias.
La invasión fue desde 1968, y aunque interpusieron un sin número
de denuncias en contra de esto en la Secretaría
de la Reforma Agraria, hasta el momento
no se tiene respuesta.
Los indígenas aseguran que el lugar ya está todo cercado y
el problema es que nadie les avisó cuando
vendieron, ni por qué, esa extensión de
terreno que se encuentra en media comunidad.
Asimismo denunciaron, amenazas y agresiones, por parte de los
integrantes de dichas familias.
A esta denuncia, se unen todos los gobernadores indígenas del
municipio de Bocoyna,
los cuales son alrededor de 105.
Busca gobierno estatal resolver conflicto agrario
entre Tlacoapa
y Copanatoyac. (Diario 21, p.web).
CHILPANCINGO, Gro., marzo 3 (Boletín).- El subsecretario de Asuntos Agrarios,
Esaú Tapia Abarca,
manifestó la disposición del gobierno
del estado de coadyuvar en la búsqueda
de alternativas de solución que permitan
dar fin al conflicto agrario que prevalece
entre los bienes comunales de Tlacoapa
y Copanatayoc,
en la zona de la Montaña.
Ante esta problemática, dijo Tapia
Abarca, dicho asunto fue incluido para
su atención en el Marco del Convenio de
Coordinación para Atender la Problemática
Agraria en el estado de Guerrero en el
que las autoridades agrarias federales
y estatales ya intervienen para encontrar
la solución de este asunto con el único
propósito de mantener la tranquilidad
y paz social de esa zona.
Asimismo, informó que la Secretaría
de la Reforma Agraria, en diversas
ocasiones, convocó a los representantes
de los poblados para los efectos de realizar
trabajos topográficos en la zona en conflicto
para delimitar la superficie de tierras
que corresponde a cada poblado, pero no
se ha logrado la realización de los mismos.
Señaló que se está convocando a
los representantes de los poblados en
conflicto para sensibilizarlos para que
a través del diálogo y la concertación
lleguen a acuerdos
comunes que den fin al conflicto a través
de suscripción de un convenio conciliatorio.
Tapia Abarco comentó que la reunión
se llevará a cabo el próximo lunes 7 de
marzo en la Subsecretaría de Ordenamiento
de la Propiedad Rural, dependiente del
Secretaría de la Reforma Agraria, donde
asistirán representantes de los dos núcleos
en controversia y una comisión de funcionarios
federales y estatales, así como representantes
de ambos pueblos, para buscar una estrategia
para una solución concertada en el presente
asunto.
Finalmente dijo que en relación
a la seguridad pública de la zona, es
política del gobierno del estado mantener
vigilada toda la región de la Montaña,
en especial en donde existen problemas
limítrofes en los núcleos agrarios.
Desplazados piden retorno a su tierra. (Cuarto Poder, Carlos Herrera, p.web).
Desplazados de la comunidad Ojo de Agua, municipio de
Tila, exigieron la intervención del Gobierno
del Estado para recuperar sus tierras
que perdieron al ser expulsados en 1995,
por miembros de la organización Desarrollo
Paz y Justicia, acusados de paramilitares.
En un comunicado de prensa, los indígenas solicitan a
Juan González Esponda,
comisionado para la reconciliación de
comunidades en conflicto y a Juan Vázquez,
secretario de Pueblos Indios, ambos del
Gobierno de Chiapas, "que tomen cartas
en el asunto" y tengan voluntad para
resolver este problema.
Explican que los antiguos miembros de Paz y Justicia,
ahora dentro de la Unión de Comunidades
Indígenas, Agropecuarias y Forestales
(UCIAF) les quitaron sus tierras desde
hace varios años.
Los indígenas, quienes llevan casi 10 años expulsados
de su comunidad, solicitan "que se
busque un solución a partir de las propuestas
que se han planteado en las reuniones
con las partes en conflicto, la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), el comisionado
y la Subsecretaría de Gobierno".
Plantean que se divida la tierra entre ambos grupos y
que exista respeto entre ambas partes
para que haya tranquilidad, mayor seguridad
y que puedan caminar con libertad en el
municipio de Tila.
Recuerdan que en 1995, cuando "los grupos paramilitares
de Desarrollo, Paz y Justicia comenzaron
a demostrar su carácter violento en la
zona Norte de Chiapas, nosotros fuimos
desalojados fuertemente por este grupo
armado y hasta la fecha no hemos podido
retornar a nuestro lugar".
Por esa razón los indígenas choles
solicitan apoyo de las organizaciones
de derechos humanos nacionales e internacionales,
"ya que nosotros hemos luchado durante
casi diez años y no hemos podido retornar
para vivir felices".
Piden indígenas anular la venta del predio “Recowata”. (El Diario en Línea (Chihuahua),
Oksana Volchanskaya,
p. web)
La comunidad indígena de San Ignacio de Arareco,
Bocoyna, pide
declarar nula la compra-venta del predio
"La Recowata",
por contravenir ésta la Ley General de
Bienes Nacionales y la Ley de Inversión
Extranjera.
El litigio por 271 hectáreas de tierra ubicadas a unos cien
metros de las aguas termales de Recowata,
es una muestra más de cómo los tarahumaras
de la Sierra Madre Occidental, han sido
despojados de los territorios que habitaron
desde tiempos inmemoriales.
En la administración
estatal pasada, se hizo el intento de
pedir protección a las autoridades. "Pero
el Gobierno traicionó a los indígenas
y apoyó al 'gringo' (el que compró el
predio)", manifestó el abogado, Fausto
Salgado Estrada.
Finalmente, el Gobierno usó el poder: "Me mandaron a hablar
con el magistrado del Tribunal Agrario,
y éste me dijo que Sergio Martínez Garza
--personalmente--, le recalcó que el Gobierno
tenía mucho interés en este caso, y que
lo resolviera a favor del 'gringo' para
apoyar la inversión extranjera",
así narró Salgado Estrada.
Actualmente, el litigio está en un amparo directo en el Tribunal
Colegiado en México, DF. Asimismo, en
la última visita del presidente Fox a Chihuahua --en enero--, se le entregó una carta con
los pormenores del caso.
En este documento, así como en los alegatos de la defensa,
se establece que la venta del terreno
nacional de Recowata,
por parte de la Secretaría de la Reforma
Agraria, al particular Antonio Parra
González --quien en menos de un año revendió
a la inmobiliaria estadounidense, Sierra
Madre Occidental--, viola lo dispuesto
en la Ley General de Bienes Nacionales.
Esto, porque "al haber adquirido
un terreno nacional, tuvo que haberlo
destinado en el plazo de dos años a la
creación, fomento o conservación de una
empresa que beneficie a la colectividad".
Al margen de esa disposición legal, el señor Parra González
enajenó la propiedad en el lapso de diez
meses, a una sociedad anónima de derecho
mercantil, con objeto social de especulación
comercial turística.
Pero eso no es el único
hecho que demuestra la irregularidad en
la compra-venta de la Recowata. La defensa argumentó la violación de la Ley de Inversiones
Extranjeras. Y es porque la Inmobiliaria
Sierra Madre Occidental, cuyo dueño es
Bruce Skip Mac
Williams, es
una empresa mayoritariamente extranjera,
ya que el 99 por ciento de sus acciones
sociales, pertenecen a norteamericanos
y sólo una, a un mexicano.
"Los indicados preceptos establecen que las empresas con
participación extranjera, sólo podrán
adquirir en propiedad tierras agrícolas,
ganaderas y forestales, cuando el porcentaje
de inversión no rebase el 49 por ciento",
afirmó Fausto Salgado.
Con los argumentos expuestos arriba, el ejido San Ignacio de
Arareco, representado
por su gobernador indígena Lirio Serafín
González, solicita que en un procedimiento
administrativo ante la Secretaría de Economía,
se decrete la nulidad de la compra-venta
del predio Recowata.
ANTECEDENTES E IRREGULARIDADES
Hay seis familias indígenas que viven en la barranca de Recowata. Ellos nunca han dicho que son propietarios de esa
tierra, sino poseedores desde tiempo inmemorial.
Ahí siembran, comen, crían a sus hijos
y celebran sus fiestas. Hasta los incendios
que han ocurrido en esta zona, ellos lo
han apagado.
La historia del conflicto se remonta a 1996, cuando el Gobierno
Federal, por medio de la Secretaría Agraria,
vendió las 271 hectáreas del área de Recowata
a un particular, Antonio Parra González,
quien pagó por la adquisición 8 mil 437
pesos, según recibo No. 1006112 del 26
de octubre de 1995. Se trata de un terreno
ubicado en el ejido San Ignacio de Arareco,
inmensamente rico en bosques y agua de
manantial.
El último fallo del recurso de revisión que interpuso la defensa
ante el Tribunal Supremo Agrario en la
Ciudad de México, salió en contra de la
comunidad indígena, pero por votación
dividida. El magistrado Rodolfo Veloz
Bañuelos, quien se pronunció a favor,
argumentó que para poder vender un terreno
nacional, tuvieron que ofrecerlo en primer
lugar al poseedor. Asimismo, invocó el
convenio de la Organización Internacional
del Trabajo, firmado por México donde
se consagran los derechos indígenas y
donde los gobiernos se comprometen a respetar
la territorialidad étnica y los terrenos
sagrados. Nada de eso se respetó en el
caso de Recowata.
Y diez meses después de haber comprado el predio, Parra González,
quien nunca demostró ser poseedor de este
terreno, lo vendió a la empresa Sierra
Madre Occidental, cuyos inversionistas
son estadounidenses y poseen el 99 por
ciento de las acciones bajo el nombre
de American
Eagle Company,
quienes pagaron 90 mil dólares, equivalente
a 812 mil 295 pesos, al tipo de cambio
de la época.
TIERRA DE SIEMPRE
El juicio agrario 11321/2000, promovido por los indígenas,
primero se vio en el Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 5, que el 3 de febrero
del 2004 resolvió en contra del ejido.
Posterior a esto, se interpuso el recurso
de revisión ante el Tribunal Supremo Agrario,
órgano que igualmente se pronunció el
1 de junio del 2004, en una votación dividida
en contra de la comunidad.
Actualmente, el caso está en un amparo directo donde se analiza
la constitucionalidad de la resolución
del Tribunal Agrario.
"Presentamos una gran cantidad de pruebas, acreditamos
que las familias indígenas ahí viven,
siembran y cuidan animales", asegura
Fausto Salgado.
El abogado, señala que en varias ocasiones pidieron apoyo al
gobierno anterior, pero "prefirieron
apoyar al 'gringo' que a los indígenas".
"Trataron de que aceptáramos un arreglo con el 'gringo',
y ofrecieron una ambulancia y el permiso
de vivir ahí por tiempo indefinido, pero
los indígenas no lo aceptaron", dice
el defensor.
Ahora, los indígenas de Recowata
se dirigen al gobierno actual, en búsqueda
de apoyo y comprensión: esperan que les
devuelvan su tierra.
Ellos no quieren permisos de algo que no necesitan. Están convencidos
de que la tierra es de ellos porque siempre
ha sido así.
Por su parte, Fausto Salgado Estrada afirma que próximamente
comparecerá ante la Secretaría de Economía
para promover el procedimiento de anulación
de la compra-venta de Recowata.
Los programas sociales son ajenos a procesos electorales:
Escobar Prieto. (El Sol de México, p.5)
El Registro Agrario Nacional (RAN) garantiza que los
programas sociales se apliquen en estricto
apego a la ley y a las necesidades de
los mexicanos y bajo ninguna circunstancia
obedeciendo a intereses de calendarios
electorales, partidos o candidatos, afirmó
su titular, Abelardo Escobar prieto.
Al encabezar la entrega de títulos y certificados agrarios
a beneficiarios del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos, en Baja California Sur, el
funcionario explicó que el Gobierno del
presidente Vicente Fox
cumple al pie de la letra su compromiso
de no interferir en los procesos electorales
de los estados a través de los programas
sociales, razón por la cual, aseveró,
se suspende la entrega de los beneficios
en los días previos a las contiendas,
tal y como sucedió en esta entidad.
Durante el evento, en el que se entregaron 2 mil 456 títulos
a ejidatarios de “El Pescador, en La Paz,
y de los 265 certificados de tierra de
uso común a beneficiarios de San José
del cabo, el director del Registro Agrario
Nacional manifestó su esperanza de que
en un futuro todos los actores políticos
alcanzarán la suficiente madurez para
no tener que suspender la operación de
los programas sociales destinados a las
familias más necesitadas en tiempos lectorales.
Regularizados el 80 por ciento de la propiedad
social: RAN. (Milenio Diario, p.35. /Información también publicada en Oavaciones, p.4)
Durante la entrega en Ciudad del carmen de 3 mil 200 documentos
agrarios a 2 mil 100 familias campesinas
de cuatro municipios de Campeche, el director
en Jefe del Registro Agrario Nacional
(RAN), Abelardo escobar prieto, dio
a conocer que el Procede ha regularizado
ya el 80 por ciento de la propiedad social
del territorio nacional y que el resto
se atenderá antes de que concluya el sexenio.
Hasta el momento están regularizados 82.2
millones de hectáreas, que representan
casi el 80 por ciento de las 103.5 millones
de hectáreas de propiedad social de los
ejidos y comunidades conformados durante
el reparto agrario.
Tierras indígenas: derecho pendiente. (La Jornada, Francisco López
Bárcenas, p.web)
Después de 13 años de la reforma al artículo 27 constitucional
y la promulgación de una nueva ley agraria
para despojar al ejido y la comunidad
agraria de su carácter de propiedad social,
el tema vuelve a colocarse en la agenda
de los poderes federales del gobierno
mexicano. Dos propuestas de reforma y
una iniciativa aprobada en la Cámara de
Senadores dan cuenta de ello. Una proviene
del Ejecutivo federal, por conducto del
Consejo Nacional Consultivo del Sector
Agrario (Cocanosa),
y otra de la Comisión de Reforma Agraria
de la Cámara de Diputados. Los tres documentos
incluyen disposiciones relativas a los
derechos de los pueblos indígenas, lo
que representa un parámetro de la legitimidad
de esta demanda indígena, aunque puede
ser también la medida de la idea que la
clase política tiene sobre ella.
La propuesta de Cocanosa, igual que
la de los senadores, introduce disposiciones
para que los indígenas cuenten con traductores
o intérpretes cuando sean parte en algún
juicio y para que se tomen en cuenta sus
usos y costumbres al momento de dictarse
la sentencia. Una buena intención que
pierde su efectividad al no expresar qué
institución estatal proporcionará los
servicios, pues no obstante que esto es
una garantía constitucional no existe
en toda la República un cuerpo oficialmente
acreditado de los indígenas, como sí los
hay en otras lenguas. Igual sucede con
la mención de que los usos y costumbres
se tomen en cuenta, ya que además de no
expresar los fines de ello, insiste en
usar un lenguaje anacrónico cuando hasta
la Constitución federal ya se refiere
a sistemas normativos.
Poco se dice en estas propuestas de los derechos sustantivos,
como no sea que las autoridades protegerán
las tierras de los pueblos y comunidades
indígenas, repitiendo una disposición
que desde 1992 constituye una garantía
constitucional, misma que ha sido nulificada
por falta de voluntad para reglamentarla.
Lo mismo puede decirse de otra disposición
de la propuesta impulsada desde el Senado
en la que se pretende que los pueblos
y las comunidades indígenas se equiparen
a las Asociaciones Rurales de Interés
Colectivo para que accedan a los programas
de gobierno. Esta iniciativa revive otra
que en su tiempo intelectuales cercanos
al salinismo
hicieran para convertir a los pueblos
indígenas en asociaciones civiles en lugar
de reconocerles personalidad jurídica.
La nota novedosa en esta materia la presenta el documento surgido
de la Comisión de Reforma Agraria de la
Cámara de Diputados. En ella se propone
una sección de tierras indígenas, modalidad
a la cual podrían acceder los ejidos o
comunidades que así lo decidieran por
mayoría calificada, con sólo acudir por
vía de jurisdicción voluntaria ante el
tribunal agrario competente. El efecto
de declarar tierras indígenas los ejidos
o comunidades sería la restricción de
actividades de terceros en tierras que
representen valores culturales y espirituales
para sus titulares, servidumbres en tierras
ajenas a ellos por los mismos motivos,
garantía en las modalidades de uso, aprovechamiento
y transmisión de tierras de acuerdo con
sus instituciones y sistemas normativos.
De igual manera se propone asegurar el aprovechamiento de los
recursos naturales de las tierras a sus
titulares y sólo de manera excepcional
se podría hacer por terceros. Para el
caso de los recursos cuya explotación
esté reservada al Estado deberá recabarse
su consentimiento previo y acordar con
ellos la distribución de beneficios, las
medidas para evitar daños al medio ambiente,
el paisaje y los valores culturales o,
si no es posible, la forma de repararlos,
inclusive cuando se trate de obra pública.
Se prohíbe el desplazamiento de los pueblos
o comunidades indígenas de sus tierras
y, si no es posible evitarlo, excepcionalmente
se les podrá reubicar, respetando su cosmovisión
y conservando el derecho de regresar si
desaparece la causa que motivó el desplazamiento.
La propuesta expresa que las causas excepcionales
deben ser aquéllas donde desplazar a los
pueblos o comunidades les acarreé menores
perjuicios que si se quedaran. También
se prevé el derecho a que ellos mismos
dicten las medidas de organización interna,
sin contradecir las normas del sistema
jurídico.
No se trata de una propuesta que satisfaga las demandas de
los pueblos indígenas, pero apunta en
ese sentido. Queda por ver cómo serán
las negociaciones entre la clase política
y si las propuestas no quedan atrapadas
en las agendas de las elecciones del próximo
año. También está por verse qué dirán
los propios pueblos indígenas.
Organizaciones campesinas
Exige la UGOCP $40 millones al gobierno federal. (La Jornada, Andrés Morales,
p.web.)
Boca del Rio, Ver., 3 de marzo. Unos
150 campesinos integrantes de la Unión
General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP)
bloquearon las instalaciones de la delegación
estatal de la Secretaría de Economía para
exigir la entrega de por lo menos 40 millones
de pesos, monto que el gobierno federal
se comprometió a aportar para proyectos
productivos.
Los manifestantes señalaron que el incumplimiento en los programas
de financiamiento afecta a unos 6 mil
labriegos del estado, y acusaron a la
dependencia de "actuar con sesgo
partidista", pues mientras a su organización
se le restringen los recursos, a los agricultores
identificados con el Partido Acción Nacional
(PAN) "les han canalizado montos
millonarios".
Luis Gómez Garay, representante de la UGOCP en Veracruz, explicó
que en total, el gobierno federal se comprometió
a entregar fondos por 40 millones de pesos,
por medio de la Secretaría de Economía,
para diversos proyectos, entre ellos fomento
a cultivo de arroz y comercialización
de frutas y hortalizas.
Sin embargo, a lo largo de estos dos años no se ha entregado
ni un solo cheque a los ugocepistas,
pero en cambio, denunciaron, los labriegos
que simpatizan con el PAN han sido beneficiados
con apoyos económicos. "Estamos exigiendo
respuestas y les advertimos que las vamos
a tener; no sabemos hasta dónde habremos
de llegar, pero nos van a cumplir",
expresó el dirigente Gómez Garay.
Los campesinos demandaron hablar con el delegado de la Secretaría
de Economía, Alejandro Cossío,
quien no se encontraba en sus oficinas.
Ante esto decidieron retirarse, pero anunciaron
que la próxima semana reanudarán la movilización.
En caso de no ser escuchados, instalarán
un plantón permanente frente a los accesos
del edificio que alberga las oficinas
de la dependencia.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Invasores encapuchados mantienen tomados varios
predios en Los Altos. (El Orbe, Enrique Romero,
p. web).
Palenque, Chiapas.- A pesar de que existen dos averiguaciones
previas del fuero común, incluso ya con
órdenes de desalojo y aprehensión, y una
demanda del fuero federal en contra de
un grupo de invasores encapuchados de
la comunidad indígena tzeltal
de las Cascadas de Agua Azul,
las autoridades ejidales y su asesor,
denunciaron que tanto al gobierno estatal
como al federal les ha "temblado
la mano" para ejercitar acción penal
en contra de este grupo que, acusaron,
está lesionando derechos agrarios,
ahuyenta el turismo por el doble cobro,
y porque presumen son los que asaltan
a los visitantes, ya que se encuentran
armados y están, desde hace dos años,
causando un daño ecológico irreparable
en la reserva forestal, además de que
amenazan con invadir nuevas áreas.
El problema, además de las denuncias penales interpuestas –averiguaciones
previas AL/01/SJI/165/2003 y AL/90/SJL/119/2004
del fuero común, y TIL/001/2004 relacionada
con la 053/UEIDAPLE/DA”B”/3/2004 del MPF),
ha sido ya planteado al Fiscal General
del Estado, al Gobernador, al Procurador
General de la República, al titular de
PROFEPA, al Secretario del Gobernación,
y hasta al mismo presidente Vicente Fox.
Hace unos días, durante la visita del Comisionado para la Paz
en Chiapas, los ejidatarios pidieron su
intervención, tal vez como última esperanza,
porque para el asesor legal de ellos,
presidente de la Academia de Derecho
Agrario, Horacio Gallegos Gamiochipi,
los gobiernos, federal y estatal, están
incurriendo en el delito de omisión al
no hacer justicia. Sin embargo hasta el
momento, siguen esperando respuestas.
Exigen indígenas devolución de tierras. (La Jornada, Elio Henríquez, p. web).
San Cristobal de las Casas, Chis., 3 de marzo. Unas 11 familias que dicen haber sido desplazadas
de la comunidad de Ojo de Agua, municipio
de Tila, solicitaron la intervención de
las autoridades estatales para que integrantes
de la Unión de Comunidades Indígenas,
Agropecuarias y Forestales (Uciaf),
antes miembros del grupo Paz y Justicia,
les devuelvan las tierras que -aseguran-
les despojaron.
"Desde hace casi 10 años hemos luchado pero no hemos podido
retornar para vivir felices con nuestras
familias en nuestra comunidad de origen,
Ojo de Agua, ya que el problema más difícil
es que el grupo de la Uciaf, antes Desarrollo Paz y Justicia, aprovecharon nuestras
tierras cuando ellos nos desalojaron",
sostienen en un comunicado de prensa.
Fuentes gubernamentales, que solicitaron el anonimato, explicaron
que los terrenos a los cuales se refieren
las 11 familias choles pertenecen a un predio de 107 hectáreas, propiedad
de la nación. La propuesta de los indígenas
es que los terrenos se dividan en partes
iguales para ellos y para los de la Uciaf,
pero estos últimos se niegan a aceptar.
Actualmente, una parte de las tierras que fueron trabajadas
en años anteriores por tres de las 11
familias presuntamente desplazadas, son
usufructuadas en su totalidad por los
miembros de la Unión de Comunidades Indígenas,
Agropecuarias y Forestales.
Las fuentes afirmaron que los demandantes tienen tierras donde
viven actualmente. Ocho radican en Libertad
Jolnixtié, dos
en Emiliano Zapata y una más en Jolnixtié,
primera sección, municipio de Tila.
En su comunicado de prensa, los indígenas choles pidieron al comisionado estatal para la reconciliación
de comunidades en conflicto, Juan González
Esponda, y al
secretario de los Pueblos Indios, Juan
Vázquez López, que "tomen cartas
en el asunto y se comprometan a resolver
con buena voluntad y de manera pronta
este problema", con base en la propuesta
que consiste en que el predio se divida
en partes iguales.
CHIHUAHUA
Avizoran violencia por tierras. (El Universal, Carlos Coria, p. web).
Chihuahua, Chih.
Un conflicto social y posible enfrentamiento
entre pequeños propietarios y ejidatarios
de los municipios de Casas Grandes y Nuevo
Casas Grandes podría estallar esta semana,
luego que representantes de los sectores
agropecuarios, empresarial y político
de dicha región denunciaron el "despojo
legalizado" que sufren de más de
30 mil hectáreas.
En una carta abierta firmada por
ganaderos, fruticultores,
abogados, empresarios y agrupaciones civiles
de las regiones citadas, los afectados
denunciaron que, mediante procesos jurídicos
amañados, ejidatarios de Casas Grandes
pretenden apoderarse de las tierras de
centenares de pequeños propietarios, quienes
fundan su derecho en una resolución presidencial
de dotación de tierras, el cual fue emitido,
aseguran, con datos falsos, lo que la
convierte en irregular.
En el desplegado público firmado
por los afectados, alertaron a las autoridades
sobre la posibilidad que este problema
genere un estallido social con posible
enfrentamiento armado y el derramamiento
de sangre, ya que ellos están dispuestos
a defender su patrimonio "con los
medios que estén a nuestro alcance".
No obstante su decisión a defender
a como dé lugar su patrimonio, los denunciantes
dijeron estar en la mejor disposición
de entrar a una fase de diálogo con las
autoridades respectivas a fin de llegar
a un acuerdo que beneficie a ambas partes,
pero sobre todo que no los despojen de
las tierras que han trabajado por más
de 50 años.
Y se preguntan: "¿Se justifica
realmente que en aras de una supuesta
justicia social se despoje de sus bienes
a quienes a base de trabajo, constancia
y sacrificios han construido un patrimonio,
para entregarlo a quienes pretenden obtenerlo
todo sin menor esfuerzo ni mérito alguno?"
Critican codicia
Criticaron la actitud extrema que
han tomado los ejidatarios en el afán
de apoderarse de tierras productivas que
no les pertenecen. "Es tanta la codicia
de los sedicentes ejidatarios y tanta
la confianza que tienen en que los órganos
encargados de la impartición de justicia les conceden todo lo que ambicionan,
que han llegado al extremo de pretender
que se les entregue incluso predios que
se encuentran totalmente fuera del que
supuestamente fue el cuadrado general
en que se encierran las 112 mil hectáreas
que pretenden".
El problema estriba en que desde
1927 una resolución presidencia ordenó
restituir al pueblo de Casas Grandes 68
mil hectáreas, pero por errores ajenos
a los pequeños propietarios, en el acta
de ejecución se asentó que debían restituirse
112 mil hectáreas, que ha generado el
problema que de no resolverse a tiempo
podría generar un enfrentamiento violento
con posibles pérdidas de vidas humanas,
advirtieron los afectados.
COAHUILA
Logran ejidatarios acuerdos viales con las autoridades. (El Siglo de Torreón, Yolanda
Ríos, p. web).
Afecta construcción de fraccionamientos
a habitantes de San Antonio de los Bravos
TORREÓN, COAH.- Vecinos del ejido
San Antonio de los Bravos establecieron
acuerdos con Desarrollo Urbano para que
les proporcione una salida vial por la
calle Adolfo López Mateos haciendo una
conexión al poniente hacia el bulevar
de los Grandes Pintores y con lo cual
decidieron permitir que siga la construcción
de una barda en el fraccionamiento Quintas
San Antonio.
“Y es que desde hace tiempo hemos
quedado prácticamente encerrados por la
construcción de nuevos fraccionamientos”,
denuncia Guillermo Orozco Rodríguez, representante
de la Junta Vecinal de San Antonio de
los Bravos.
En Desarrollo Urbano se realizó
ayer una junta de avenimiento entre vecinos
de San Antonio de Los Bravos, representantes
de Desarrollo Humano, de Atención Ciudadana,
así como de la empresa constructora del
fraccionamiento Quintas San Antonio.
Esta reunión se deriva de la inconformidad
de los vecinos que desde hace dos años
aseguran que han gestionado ante las autoridades
que les permitan conectar varias vialidades
locales hacia su comunidad como por ejemplo
la avenida Juárez hacia la Bravo, la avenida
Juárez hacia la carretera a Santa Fe,
pasando por el fraccionamiento Quintas
San Antonio y la calle Adolfo López Materos
hacia el bulevar de los Grandes Pintores
en el fraccionamiento Las Etnias.
Señalan que las promesas hechas
por las autoridades municipales en el
sentido de que se les abrirán alternativas
viales, siempre han quedado en promesas
y la preocupación se incrementó cuando
la constructora encargada del fraccionamiento
Quintas San Antonio empezó a construir
otra barda ahora al norte del ejido.
Luego de la reunión que tuvieron
los ciudadanos inconformes, se levantó
una minuta de acuerdos y se revisará su
puntual seguimiento el diez de marzo en
otra sesión.
Entre los acuerdos más importantes
figura que previa solicitud por escrito
de los vecinos, Desarrollo Urbano se comprometió
a garantizar la conexión de la calle Juárez
del ejido San Antonio de los Bravos hacia
la avenida Bravo al sur, igualmente deberán
pedir por escrito a manera de fundamentación,
que la calle López Mateos se conecte al
poniente hacia el bulevar de los Grandes
Pintores.
La dependencia municipal se comprometió
además a entregarle
el trazo a los vecinos de lo que sería
la conexión de las vialidades anteriormente
mencionadas y revisará el polígono del
fraccionamiento San Salvador para verificar
que no haya invadido una calle de acceso
al ejido por la carretera a Santa Fe.
En la discusión se determinó y
se firmó de conformidad por los vecinos
que el fraccionamiento Quintas San Antonio
III cumple con lo establecido en la Ley
de Asentamientos Humanos con respecto
al Uso de Suelo y polígono confirmado.
El representante del fraccionamiento
se compromete apoyar con cordonería y
banquetas en la prolongación de la calle
Adolfo López Mateos hasta el bulevar de
los Grandes Pintores y por su parte, Desarrollo
Humano gestionará la pavimentación de
80 metros de la calle Morelos de acuerdo
con los compromisos contraídos.
En la reunión participaron por
parte de Desarrollo Urbano, Alfredo Sáenz,
director de Administración Urbana, Jorge
Calero, de Desarrollo Humano y Carlos
Bracho, de Atención
Ciudadana.
Concluye disputa entre la
Narro y los posesionarios
de terrenos. (Milenio, p. web).
GUERRERO
Sin acuerdos, se reúnen las partes en conflicto
en Praderas de Costa Azul con autoridades. (El Sur,
Roxana Ibarra, p.C5).
Insisten ambos
que el predio les pertenece. Los actuales
habitantes son los dueños porque el terreno
está fuera de El Veladero,
dice el delegado de Invisur
Las partes involucradas en el conflicto
de terrenos en la colonia Praderas de
Costa Azul insistieron que les pertenecen
las tierras, durante una reunión de ayer
a la que asistieron representantes del
Ayuntamiento y del Instituto de Vivienda
y Suelo Urbano (Invisur).
En la reunión no hubo acuerdos,
sólo una recomendación del secretario
general Javier Larequi
Radilla para que los supuestos dueños
de 22 hectáreas de la colonia respeten
a los vecinos.
Eric Goytia
Ojeda, quien acudió como representante
de los colonos, informó –vía telefónica–
que se programó otra reunión a la que
se invitará a los delegados de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat),
de la Procuraduría Federal de Protección
al ambiente (Profepa)
y de la Comisión de Áreas Nacionales Protegidas,
el 18 de marzo en la Secretaría General
del Ayuntamiento.
Dijo que la reunión de ayer se
llevó a cabo en la Secretaría General
y asistieron Ángela Arellano, albacea
de la sucesión intestamentaria
de bienes de Juventino Arellano Marín; Rosalío
Latabán Angelito
y el abogado Fidel Campos Benítez; el
director de Gobernación, Federico Miranda
Castañeda; el delegado de Invisur, Alejandro López Salgado; el jefe del Departamento
Jurídico de Invisur,
Gregorio Beltrán, y el presidente del
Comité de Solidaridad Social de la colonia
Praderas de Costa Azul, Celso Gabriel
Venegas.
Allí, Eric Goytia
indicó que el abogado de la parte que
reclama el terreno, Fidel Campos Benítez,
presentó escrituras y un documento de
reversión del decreto expropiatorio
a su favor. Y se refirieron a Invisur
como “corrupto y mentiroso, que vende
tierras ajenas”.
Señaló que a su vez el delegado
de Invisur leyó
un documento que el delegado de la Semarnat dirigió a Angela Arellano,
donde se indica que Praderas de Costa
Azul está fuera del Parque Nacional El
Veladero, por
lo que se desincorpora del régimen del
dominio público de la federación.
López Salgado insistió en que la
dependencia está facultada para regularizar,
aunque en este momento no puede escriturar
porque no se ha hecho la entrega-recepción
del polígono 5 del gobierno federal al
estatal y que los actuales habitantes
son los legítimos dueños.
Denuncia vecina de Llano Largo que Invisur pretende despojarla de un predio. (El Sur, Karina Contreras, p. web).
La señora María de los Ángeles
Mendoza Ortiz acusó que el delegado del
Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur),
Alejandro López Salgado, pretende despojarla
de un predio de mil 500 metros cuadrados,
ubicado en el ejido de Llano Largo y que
ocupa desde 1975, con el argumento de
que es área verde, pero desde hace días
hay empleados que hacen mediciones.
En una visita a la redacción de
El Sur, Mendoza Ortiz indicó que es avecindada
del ejido desde 1975 y allí hizo su vida
con su difunto marido. Em
el lugar tienen sembrados árboles frutales
como mango y siembra calabaza, maíz y
frijol.
Mendoza Ortiz explicó que primero
el Fideaca les
informó que el predio era área verde y
luego Invisur,
pero –señaló– eso no es cierto porque
tiene años de vivir allí y nadie le había
intentado quitar su predio.
Dijo que ha escuchado el rumor
de que se planea construir una carretera
de Las Brisas que conecte con la Heroico
Colegio Militar.
Señaló que cuando le dijeron que
era área verde del Parque Nacional El
Veladero acudió
a la Semarnat
con un croquis de la superficie, pero
allí le respondieron que no servía y que
tendría que hacer el peritaje un profesional,
pero ella no tiene los recursos económicos
para pagarlo.
Se quejó que en Invisur la tienen desde hace 15 días sin una respuesta a su
problema.
Dijo que sus vecinos están dispuestos
a dar su firma para atestiguar que siempre
ha vivido en el lugar.
OAXACA
Abrirán parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. (La Jornada, Rosa Rojas,
p. web).
Los parques eólicos que pretenden crear los gobiernos federal
y estatal de Oaxaca en 100 mil hectáreas
del Istmo de Tehuantepec generarán una
"pérdida de soberanía e identidad
nacional, debido a la participación de
empresas extranjeras en la producción,
transmisión, distribución y venta de energía
eléctrica, actividades reservadas por
la Constitución al Estado", advirtieron
los concejos de Ancianas y Ancianos de
Ranchu Gubiña
(CAA) y Ciudadano Uni-hidalguense
(CCU), así como la organización no gubernamental
Gubiña XXI.
Integradas por indígenas zapotecos
del municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca,
afirmaron que con ese proyecto se viola
el derecho a la consulta de las comunidades,
como lo establece el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo con el gobierno del estado de Oaxaca, citan, el
megaproyecto cubrirá gran parte de la
planicie del sur del Istmo, desde el municipio
de Espinal hasta Ixtaltepec,
Juchitán, Unión Hidalgo, Santo Do-mingo Ingenio, San Dionisio
del Mar y Niltepec:
una superficie aproximada de 100 mil hectáreas.
Denunciaron que los pagos que se ofrecen a los indígenas istmeños
por el alquiler de sus tierras -durante
30 años- son bajas en relación con las
que se pagan en otros países.
Las compañías trasnacionales que buscan instalarse en el Istmo
son, entre otras, Gamesa,
Endesa, Iberdrola, Endesa, So-ciedad
de Inversión Inmobiliaria y Financiera,
General Electric,
Preneal, TAIM-TFG,
en su mayoría españolas, que han firmado
contratos de renta con cientos o "miles
de campesinos".
Las organizaciones mencionaron que los parques eólicos proyectados
generarán problemas ecológicos, como la
reducción de áreas verdes y bosques, que
serán sustituidos por superficies en las
que se colocarán los aerogeneradores,
y la colocación de toneladas de concreto
y varilla en la cimentación de éstos,
lo que implica la desecación de mantos
freáticos "a gran escala".
Añadieron que habrá también una "sensible reducción"
de especies que ya están en proceso de
extinción, como águilas, halcones, patos,
gaviotas, golondrinas huilotas,
tórtolas, codornices, garzas, zanates,
pericos y buitres, entre otras.
El proyecto también generará contaminación por ruido "sonoro
y electromagnético", que propiciará
la desorientación de animales domésticos
y silvestres, neurosis y estrés en el
ganado, y los mismos padecimientos en
los humanos, sobre todo en quienes laborarán
en los parques eólicos o sus proximidades.
Derivado de la anterior, agregan, habrá "dificultad"
para cambiar el uso agrícola del suelo
o retirar las grandes cimentaciones una
vez que haya concluido la "vida útil"
del proyecto.
Consideraron una "aberración ecológica" la generación
de energía eléctrica me-diante
estos parques, pues "un aerogenerador
industrial funciona entre 23 y 35 por
ciento del tiempo". Los parques de
este proyecto producirán en conjunto 15
mil megavatios como máximo.
"Es necesaria la instalación de centrales térmicas en
distintos sitios... La principal consecuencia
es que los parques eó-licos masivos aumentarán considerablemente las emisiones
de gas, provocando el efecto invernadero,
así como el consumo de combustibles fósiles
(diesel, gas, carbón). Otra consecuencia,
en el largo plazo, es que el aerogenerador,
extremadamente caro a causa de su precio
de garantía, debe tomar en cuenta el costo
de las centrales térmicas".
Mencionaron que los campesinos tendrán una "pérdida de
libertad productiva", ya que los
términos del contrato les impiden instalar
materiales que obstaculicen la operación
de los aerogeneradores, por lo que las
actividades agrícolas y ganaderas se verán
limitadas. Habrá también un aumento del
costo de vida en la región, sobre todo
entre los campesinos más pobres, debido
a la diferencia de ingresos generada de
la renta de terrenos.
SAN LUIS POTOSÍ
Investiga SGJE caso de predios invadidos. (Pulso, Rosa María Morales, p. web).
En Real de Catorce existe una problemática muy compleja sobre
el fundo legal y la lucha que existe entre
el Municipio y el ejido, como es sabido
que el Comisariado
ejidal haciendo un estricto uso de un
derecho, se ha metido a diversas propiedades
privadas, ha roto cercas y hecho uso de
maquinaria pesada en diversos predios.
El subprocurador de Justicia en la
Zona Altiplano, Fernando Lemoine
Loredo dijo
que la zozobra existe entre quienes son
propietarios de algún terreno y han acudido
ante esta Subprocuraduría
a formular su querella.
“Estamos trabajando, atendiendo a todos los ciudadanos, cabe
mencionar que se están verificando cada
uno de los documentos sobre todo de la
propiedad de dichos terrenos y en su oportunidad
se actuará como corresponda”.
Lemoine Loredo expresó
que es muy complejo el problema que se
está dando con el ejido en Real de Catorce,
y se harán las acciones necesarias para
que todo se lleve bajo un clima de tranquilidad
y no haya enfrentamiento alguno
Cartones
La unidad priísta · Magú
Asamblea del PRI · El Fisgón
Paraíso del narco · Helguera
Sospechosismo de sí mismo · Rocha
Hoja al viento · Ahumada
¿Mosca
muerta? Carreño
Fox sospecha Helioflores
¡No,
no y no! Omar
