CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
2 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Esconde AMLO gasto de imagen
Durante 10 años, la publicidad
del Gobierno del DF queda bajo reserva
Alerta ONU sobre el narcomenudeo
Informe: hay mayor facilidad
para acceder a las drogas
El sistema financiero, en plena expansión
Feroz competencia entre
todas las instituciones: Medina Mora
México, decepción económica de la OCDE
En la última década el
crecimiento y los ingresos por habitante
fueron muy débiles
EZLN, contra el desafuero, no con López Obrador
Marcos: la inhabilitación,
una trampa que no se sostiene
Movilizaciones del EZLN contra el desafuero de AMLO
En un comunicado, el subcomandante Marcos afirma que el desafuero no es sólo ilegítimo,
sino también ilegal
López me hostiga, acusa fiscal que pidió desafuero
La PGJDF citó a Cuitláhuac Salinas una semana después de que en una diligencia
llamó "indiciado" a AMLO
Repudia México críticas de EU
Carece de autoridad moral,
responde Soberanes
Bajarán hasta 10% las comisiones en tarjetas de débito, dice Medina Mora
La gente sigue percibiendo
que estos cobros son altos: AMB
No es momento de unificar Corea: Kim
Un cambio repentino no
es deseable por ahora
Engaño, las Maruchan “de carne”
No tienen nada de res;
únicamente contienen mero saborizante
Trafico de niños en AICM
La terminal aérea es base
de red internacional de trata y prostitución
infantil, asegura la senadora Yolanda Hernández
Sector agrario
Focos Rojos
Desalojan predio en El Naranjo. (Pulso (SLP), Alejandro Chávez, p.web).
Autoridades de la Subprocuraduría
de Justicia de la Zona Media encabezados
por Héctor Andrade Velásquez se hicieron
presentes en el predio denominado “El Meco”,
perteneciente a este Municipio, para proceder
al desalojo de aproximadamente 80 personas
que amenazaban con posesionarse de éste,
sin embargo el desalojo se realizó pacíficamente
logrando llegar a un término conciliatorio
entre autoridades e inconformes.
La Subprocuraduría informó que aproximadamente
a las 13:00 horas se presentó Héctor Andrade
al predio “El Meco” acompañado por el presidente municipal de Ciudad del
Maíz Pedro Ortiz López y el representante
de Gobernación, César Augusto Malibrán, quienes se entrevistaron con Sixto Parra Rodríguez,
Jesús Ávalos Ramos,
Arnoldo Ramírez Compeán y Paula Ibarra Pérez representantes de los inconformes,
acordando dialogar en una mesa las condiciones
del predio. Después de varias horas de diálogo
y después de que las autoridades prometieron
canalizar a la Procuraduría Agraria el caso,
se logró la conciliación y de manera pacífica
se retiraron los inconformes.
Es importante mencionar que los invasores amenazaban ya con
apoderarse del predio e incluso aseguraban
que defenderían sus tierras con sangre si
era preciso, pero afortunadamente imperó
la cordura y no hubo necesidad de utilizar
la violencia para que salieran
Descartan al narco en
homicidio múltiple. (El Siglo de Torreón, p.
web)
02 de marzo de 2005
La muerte de seis trabajadores
forestales puede ser por conflictos agrarios
o rencillas familiares
Investigan conflictos agrarios
dentro del móvil de los seis crímenes de
Tamazula, según
informó el procurador de Justicia del Estado,
José Luis Carrillo Rodríguez, quien agregó
que se está descartando que uno de los motivos
sea el narcotráfico.
“Los avances que tenemos vienen de la investigación
de campo que hemos realizado en el lugar
de los hechos e información de otras dependencias
que tienen conocimiento sobre registros
de los antecedentes de conflictos que se
tenían en esta región”, manifestó Carrillo
Rodríguez.
Añadió que en esta zona por los
permisos de explotación de los recursos
forestales se generan conflictos entre los
grupos de comuneros y empresarios, por lo
que hasta el momento no se puede afirmar
que los hechos de sangre tengan que ver
con el narcotráfico.
“Se están analizando también los conflictos propios
de la zona; hasta el momento no se pueden
vincular los hechos con el narcotráfico.
Más bien los antecedentes son los conflictos
de los comuneros por la negativa de la comunidad
de continuar con la explotación forestal”,
destacó Rodríguez Carrillo, quien aseveró
que se sigue indagando, buscando inclusive
conflictos entre las familias.
A pesar de que la Procuraduría
Agraria, había comunicado a través de
su dependencia en el estado sobre la resolución
al problema que prevalecía en la zona, el
Procurador comentó que esto se había resuelto
jurídicamente, pero no el conflicto social.
“Algo muy importante que se debe tomar en cuenta
es la solución jurídica; puede ser una,
y ello no implica que necesariamente el
conflicto social haya quedado resuelto”,
sostuvo y reafirmó que la problemática social
no queda resulta por un fallo.
Aclaró que hasta el momento se
tiene a gente identificada que en esos días
se les detectaron armas, pero que no poseen
datos que los lleven a concluir que sean
los responsables.
“Tenemos nombres de comuneros que en esos días
se les vio armados en esta zona, no precisamente
en el lugar de los hechos, sino de días
anteriores, de allí que se deriva el comentario,
pero no se tiene identificación plena de
los responsables”, informó.
Aún no se consigna a nadie puesto
que la investigación sigue avanzando con
los elementos que se levantaron en el lugar
de los hechos; asimismo, adelantó que se
volverá a platicar con las personas que
ya declararon.
Hasta el momento se ha mandado
a declarar a las siete personas que resultaron
lesionadas, además de otras personas, por
lo que se piensa que ellos pueden describir
a los homicidas.
Finalmente, José Luis Carrillo
Rodríguez puntualizó que los agentes de
la Procuraduría ya se retiraron del lugar
de los hechos, ya que se concluyeron las
diligencias; ahora sólo basta con la integración
de la averiguación, enfatizó.
Se reúne con comandantes de la
región
El procurador de Justicia, José
Luis Carrillo Rodríguez, comentó que como
parte de una de las estrategias de trabajo
se reunió con los comandantes de zonas regionales
para reforzar la seguridad pública.
Dijo que cada uno de los comandantes
de las regiones expuso la problemática de
cada lugar a fin de cotejarla con la información
que ellos reciben diariamente.
Rodríguez Carrillo precisó que
estas reuniones se realizarán cada 15 días
para reforzar la seguridad pública en zonas
en donde se requiera.
Impugnan campesinos expropiación de predio. (El Siglo de Torreón, p. web)
01 de marzo de 2005
El decreto de expropiación del
ejido José María Morelos y Pavón, antes
La Tinaja, actualmente se encuentra en proceso
de impugnación ante el Tribunal Unitario
Agrario, luego de que los afectados por
la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán
señalaron que el avalúo de sus propiedades
fue muy bajo, según lo dio a conocer la
Delegación estatal de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA).
El delegado estatal de la SRA,
Noel Pérez Saláis, señaló que dentro del
avalúo del Instituto de Administración de
Avalúos de Bienes Nacionales (antes Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales –Cabin-)
se estipuló el pago de dos mil 850 pesos
por hectárea en las 16.42 hectáreas, equivalentes
a 46 mil 797 pesos, lo que fue considerado
muy bajo.
Los ejidatarios afectados demandaron
ante el Tribunal Unitario Agrario que se
les cumpliera la promesa que les hizo la
administración estatal anterior, que consistía
en pagarles 25 mil pesos por cada hectárea,
declaró el entrevistado.
Manifestó Pérez Saláis que la impugnación
se registró en el mes de noviembre del 2004,
y dentro de este proceso el pasado 26 de
enero del 2005 se realizó la primera audiencia,
por lo que en estos momentos el proceso
de impugnación continúa en trámite.
Asimismo, el funcionario federal
mencionó que respecto de los ejidos 5 de
Mayo y Morga actualmente se está realizando
la actualización de los avalúos, ya que
por confusión del Departamento Jurídico
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas del Gobierno del Estado (Secope)
no se han depositado los pagos ante el Fideicomiso
del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
Respecto de los pagos para estas
propiedades, Pérez Saláis respondió que
para 5 de Mayo se destinarán 65 mil pesos
por hectárea, por lo que de 2.54 de ellas
recibirán una liquidación de 165 mil 178
pesos para subsanar la expropiación de los
terrenos para la construcción de la supercarretera.
Lo correspondiente al ejido Morga
será de dos mil 850 por hectárea, lo que
equivale a 57 mil 564 pesos por el pago
de 20.19 hectáreas.
Sigue El Saltito y Anexos sin recoger
pago
Los miembros del ejido El Saltito
y Anexos continúan sin recoger el pago por
sus terrenos expropiados para la construcción
de la supercarretera Durango-Mazatlán ante
el Fifonafe, según lo declaró el titular
de la SRA, Noel Pérez Saláis.
Comentó que siguen ante la misma
postura de no recoger un pago, producto
del bajo avalúo de la entonces Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin),
ya que consideran que no corresponde al
valor real de sus propiedades.
Como anteriormente se dio a conocer,
los ejidatarios de El Saltito y Anexos consideraron
el pago por sus propiedades una burla por
parte del Gobierno del Estado. Además, argumentaban
que la Cabin había
actuado de manera parcial beneficiando a
la administración estatal.
Fraude a ejidatarios de San Martín de las Pirámides. (El Portal del Valle, Daniel
E. Gallegos, p.web).
1 de Marzo, 05
San Martín de las Pirámides, Méx.-
Cientos de ejidatarios de este municipio
denuncian posible fraude por parte del comisariado
ejidal, por lo que solicitaron la intervención
de la Procuraduría Agraria, sin embargo,
aseguran la dependencia a mostrado indiferencia.
A decir de Jesús Alonso Prado asesor
jurídico de los ejidatarios el pasado mes
de marzo de 2004 se realizó una asamblea
general de ejidatarios, en la que uno de
los puntos a tratar era realizar el corte
de caja correspondiente al año 2003, sin
embargo durante la presentación del corte
de caja la asamblea detecto algunas irregularidades.
Por tal motivo señaló se determinó
formar una Comisión de Revisión de Corte
de Caja, misma que el día 27 de junio presentó
un informe parcial a la Asamblea en el que
se descubrió un faltante de 122 mil 796
pesos.
Derivado de estas investigaciones
los ejidatarios descubrieron entre otras
cosas que Sebastián Guzmán Medina actual
comisariado ejidal,
dijo haber entregado la cantidad de 5 mil
pesos por concepto de “dadivas o Mordidas”
al Lic. David Palomino o Palomares, esto
con la finalidad de acelerar los trámites
correspondientes al programa de regularización
de tierras PROCEDE.
Asimismo explicó el representante
de los labriegos que con fecha del 13 de
mayo de 2004 se giro un escrito al Director
del Registro Agrario Nacional, (RAN)
solicitando información en relación a la
supuesta “dadiva” para la acelerar los tramites.
Mismo que obtuvo respuesta el día
21 de mayo del 2004 con número de oficio
ST/0811/04 y folio 00005145 en el que el
delegado del RAN en la entidad José Luis
Santos Ramírez, afirma que “los tramites
de la expedición de los títulos de propiedad
son gratuitos” por lo que la delegación
desmiente las aseveraciones de Sebastián
Guzmán Medina respecto a haber recibido
dinero alguno.
Por todo lo anterior los labriegos
determinaron destituir de sus cargos a Esteban
Nuñez Rios,
Marco Antonio Mendoza Ramírez, Erasmo Estrada
Pérez y Sebastián Guzmán Mediana, Tesorero,
Secretario, consejo de vigilancia y Presidente
del comisariado
ejidal respectivamente.
Y únicamente esperan que la procuraduría
Agraria haga caso a su petición de convocar
a asamblea con la finalidad de realizar
la destitución formal del comisariado
ejidal y su equipo de trabajo.
Gobierno Federal entrega títulos de propiedad a
ejidatarios de San Martín de las Pirámides. (El Portal
del Valle, Daniel E. Gallegos, p.web).
1 de Marzo, 05
San Martín de las Pirámides, Méx.-
Con base en el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares,
(PROCEDE) se entregaron más de 300 títulos
de propiedad a habitantes de este municipio.
En el evento el presidente municipal
Francisco Corona Monterrubio,
preciso que en la actualidad las instituciones
de todos los niveles están obligadas a cumplir
con hechos a dar respuesta a la demanda
ciudadana a un corto plazo.
Por lo que reconoció la actuación
de las autoridades agrarias y ejidales del
municipio.
Por su parte José Luis Santos Ramírez,
delegado del Registro Nacional Agrario (RAN)
aseguró que con esta entrega de títulos
de propiedad se esta cumpliendo con el mandato
del Presidente de la Republica Vicente Fox
Quezada “de entregar en mano a cada uno
de ustedes este documento que los avala
como propietarios absolutos de sus terrenos”.
Asimismo reconoció que anteriormente
los ejidatarios “eran dueños de todo y dueños
de nada” por lo que con la implementación
de este programa se realizaron delimitaciones
a fin de entregar los títulos los verdaderos
dueños de los terrenos.
También indicó que con esta entrega
de títulos los ejidatarios dejaran de ser
manipulados o en su caso acarreados para
realizar tal o cual cosa por lo que no vacilo
al decir que son “certificados de libertad”.v
Asimismo explicó que el principal objetivo
del PROCEDE es dar certidumbre jurídica
a la tenencia de la tierra a través de la
entrega de certificados parcelarios y/o
certificados de derechos de uso común, o
ambos según sea el caso, así como de los
títulos de solares en favor de los individuos
con derechos que integran los núcleos agrarios
que así lo aprueben y soliciten.
Respecto a la situación del programa
en la entidad el funcionario explicó que
en la entidad existen más de 2 millones
de hectáreas, de las que 1 millón 50 mil
son de propiedad social y hasta el momento
se han entregado un total de ochocientas
13 mil hectáreas regularizadas, beneficiando
un total de 267 personas.
Por lo que de los mil 223 núcleos
existentes en el Estado de México únicamente
faltan por certificar 200, el precierre
de este programa en el estado será el próximo
8 de abril.
Posponen la reunión en El Mango entre cinco comunidades
y Tilapa. (EL Sur (Guerrero),
Jesús Rodríguez, p. web)
La Conadepi dice que la decisión es “para no causar problemas”
ante la tensión que ha generado el conflicto
en el municipio de Malinaltepec.
La reunión programada para el lunes
28 de febrero en El Mango, entre comuneros
de La Montaña y Costa Chica y autoridades
federales y estatales, con la comunidad
de Tilapa, del
municipio de Malinaltepec,
se postergó para los primeros días de la
siguiente semana, a recomendación de la
Comisión Nacional Para el Desarrollo de
los Pueblos (Conadepi)
“para no causar problemas”, por la tensión
que ha generado el conflicto.
Durante el encuentro celebrado
el pasado jueves en las oficinas de la Presidencia
de la República, en la ciudad de México,
entre representantes de las cinco comunidades
de Malinaltepec que tienen el lío agrario con su vecino Tilapa, (Colombia de Guadalupe, Iliatenco,
Arroyo San Pedro, Tierra Colorada y Santa
Cruz El Rincón ), y funcionarios de la Conadepi,
de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), la Procuraduría Agraria (PA),
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y de la Presidencia de la República; se
propuso que la sede de la reunión sea en
“un punto neutral”, como podría ser la cabecera
municipal de Tlapa o San Luis Acatlán.
El 21 de febrero, más de 2 mil
comuneros de la Costa Chica y La Montaña,
en una concentración masiva en la localidad
de El Mango –anexo agrario de Tilapa-,
acordaron reunirse siete días después en
el mismo sitio con Tilapa,
para entablar pláticas que permitan por
un lado resolver el conflicto agrario que
tiene con cinco comunidades vecinas; y por
el otro resolver el asunto de la apertura
de los trabajos de la construcción de la
Carretera Iliatenco-Ayutla de los Libres, porque la acusan de estar obstruyéndolos.
La reunión fue cancelada, luego
de que una comisión de las comunidades de
Malinaltepec,-según
vecinos de Arroyo San Pedro- acudieron a
la ciudad de México a entrevistarse con
la titular de la Conadepi,
Xóchilt Gálvez
Rangel, quien
no estuvo, pero los comuneros
fueron atendidos por funcionarios
de esta dependencia, de la Segob,
SCT, SRA, PA y de la Presidencia de la República.
Ahí, el representante de Xóchilt Gálvez recomendó que la reunión de El Mango se pospusiera
para los primeros días de la siguiente semana,
a fin de “no causar problemas”, por lo tenso
que se ha puesto el conflicto del que el
Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinolla no
descarta que termine en un enfrentamiento
entre las comunidades.
Tentativamente, -informaron los
comuneros de El Rincón- la reunión se llevaría
a cabo el 7, 8 o 9 de marzo, en un “punto
neutral”, ya sea en la cabecera municipal
de Tlapa o de San Luis Acatlán.
Acuerdan reunirse autoridades y la CNC para tratar
el conflicto de Tlacoapa. (El Sur (Guerrero), Ezequiel Flores, p. web)
Evencio Romero
informa que el subsecretario de la Reforma
Agraria Heshberguer
aceptó la propuesta de sostener un encuentro
y se comprometió a convencer a las autoridades
comunales de Ocuapa
para que asistan.
El dirigente de una fracción de
la Confederación Nacional Campesina (CNC)
en la entidad, Evencio
Romero Sotelo,
indicó ayer que el próximo lunes podrían
reunirse en la sede de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), entre autoridades
federales, estatales y comunales de los
municipios de Copanatoyac y Tlacoapa, para tratar
de buscar “una salida negociada” sobre el
conflicto agrario de esta zona.
Aseguró que el lunes pasado por
la noche se reunió con el subsecretario
de la Reforma Agraria, Gilberto Heshberguer Reyes, quien aceptó esta propuesta planteada por
“la dirigencia cenecista
de Guerrero” que se trasladó a la ciudad
de México.
Por la tarde, el funcionario federal
estuvo en esta capital donde informó en
conferencia de prensa que solicitó al secretario
general de Gobierno, Luís
León Aponte, que brinde las medidas de seguridad
necesarias a trabajadores de la SRA que
hoy medirán el terreno que se disputan comuneros
de Ocuapa (municipio
de Copanatoyac)
y Tlacoapa, lo
que recientemente provocó un incidente violento
debido a una resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Romero Sotelo
dijo que Heshberguer
Reyes no le notificó sobre esta solicitud,
y agregó que en la reunión en su oficina
en la SRA con los integrantes de la CNC
que él encabeza, éste se comprometió en
tratar de convencer a las autoridades comunales
de Ocuapa, para
que asistan al posible encuentro.
Uno de los acuerdos a los que se
pretende llegar si hay reunión –expuso–
es que permitan los estudios técnicos de
carácter informativo, tomando en cuenta
la opinión de ambos representantes de los
núcleos agrarios, “porque nadie sabe en
realidad la superficie en conflicto”.
Consultado vía telefónica, aseguró
que están dispuestos a solicitar al juez
primero de distrito del Poder Judicial de
la Federación, Rafael González Castillo,
la suspensión del amparo que les concedieron
a los comuneros de Tlacoapa,
el cual obliga a la SRA a evitar las mediciones
sobre el terreno en disputa, hasta que se
investigue sobre la forma de cómo la dependencia
federal hizo el deslinde del terreno en
disputa.
“Nosotros tenemos toda la intención
de que este asunto se pueda solucionar a
través del diálogo y la negociación para
evitar que aumente el rencor entre los habitantes
de Ocoapa y Moyotepec; El Capulín y
La Sabana”, expresó Romero Sotelo,
quien insistió que una salida concertada
a este conflicto es la alternativa para
evitar incidentes violentos nuevamente.
Habrá nuevo evalúo del Paraje San Juan. (La Jornada, Jesús Aranda, p. web).
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) determinó ayer regresar
al juez octavo B administrativo el expediente
sobre el predio del Paraje San Juan, de
la delegación Iztapalapa, para que ordene un nuevo avalúo que se fundamente
en el valor catastral del terreno al momento
de su expropiación, en 1989. También resolvió
que el asunto sobre la propiedad del terreno
no es competencia del máximo tribunal y
que, en todo caso, esto tendrá que dilucidarse
en un juicio civil ante todos aquellos que
consideren que tienen derechos sobre el
mismo.
Sin embargo, el incidente de inejecución de sentencia que presentó
Enrique Arcipreste del Abrego
ante la Corte en contra del Gobierno del
Distrito Federal, porque no se ha cumplido
el pago de mil 810 millones de pesos -que
determinó el juez de la causa el 24 de septiembre
de 2003 y cuyo monto dio origen a la queja
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador-,
continúa vigente hasta en tanto se fije
una cantidad definitiva como indemnización
y concluya el juicio que seguramente se
iniciará sobre la propiedad del terreno.
El ministro Mariano Azuela precisó que la Corte no estudió
el aspecto de la propiedad del terreno,
porque ese tema tenía que haberse ventilado
en primera instancia, y aunque señaló que,
en su momento, las autoridades del Distrito
Federal emitieron oficios en los que expresamente
reconocieron al quejoso como el titular
del predio, lo cierto es que "subyace
un conflicto de propiedad" en el cual
"no ha habido cosa juzgada".
Fuentes judiciales explicaron que una vez que el juez apruebe
una determinada cantidad -que será sensiblemente
menor al avalúo original, porque éste se
hizo de acuerdo con el valor comercial y
no el catastral, además de que en aquel
entonces el terreno estaba invadido por
precaristas, lo que disminuye sensiblemente
su valor-, seguramente alguna de las partes
impugnará el monto, por lo que el pleno
será el que ratifique la cantidad definitiva
a pagar.
Pero como la disputa por la propiedad se ventilará en otro
juicio, al menos en la Corte había tres
particulares que aseguraron tener derechos
sobre las 298 hectáreas expropiadas, además
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
que de última hora "descubrió"
que el terreno era federal.
De todas maneras el gobierno capitalino pagará hasta el momento
en que se resuelva dicho litigio, lo que
seguramente sucederá dentro de varios años,
porque si Arcipreste demanda el saldo, la
autoridad capitalina alegará con razón que
mientras no se resuelva el tema de la propiedad
eso es improcedente.
En los pasillos del máximo tribunal se consideró que si bien
el Gobierno del Distrito Federal no logró
demostrar que Arcipreste del Abrego se hizo pasar ilegalmente como dueño del predio, lo
cierto es que la autoridad capitalina "ganó"
en cuanto a que quedó demostrado que la
indemnización que fijó inicialmente el juez
(mil 810 millones de pesos) fue ilegal y
que el monto a saldar sí se apegará a derecho.
Entre las recomendaciones destacan la obligación del dueño
del predio de presentar boletas de pago
predial y documentación que avale el valor
catastral; que los peritos realicen la valoración
del inmueble conforme a las condiciones
en que estaba en 1989; que queden fuera
de la valoración los terrenos "sobrepuestos"
conforme a un juicio de amparo que ya fue
resuelto en definitiva; que se actualice
el valor del terreno a partir de 1989, y
que se investigue cuál fue el destino del
fideicomiso que según Marcelo Ebrard, cuando fue secretario de Gobierno en el gobierno de
Oscar Espinosa Villarreal,
fue creado para pagar la indemnización correspondiente.
Finalmente, el pleno estableció una fecha límite para que se
realice el avalúo del terreno en que se
asientan más de 9 mil 869 lotes en la delegación
Iztapalapa; sólo
determinó que sea en un tiempo "real
y razonable".
Mientras tanto, la SRA ya no tiene injerencia en el asunto
y corresponde a la Procuraduría General
de la República (PGR) continuar con el proceso
legal, ya que sólo se encargó de establecer
que los terrenos en disputa son propiedad
de la nación.
Para fundamentar esto entregó la documentación correspondiente
a la PGR e informó del hecho al Gobierno
del Distrito Federal, puntualizó la dependencia.
Ordena Corte revisar pago por el Paraje. (El Universal, Carlos Avilés, p. web. Información también
publicada en Diariomonitor,
p. 9A, El Financiero, p. 34, Milenio Diario,
p.4)
Por unanimidad, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar
el monto a pagar por parte del gobierno
del Distrito Federal por la expropiación
del predio conocido como Paraje San Juan;
además, el máximo tribunal del país rehusó
pronunciarse sobre quién es el dueño de
este terreno.
Esta última decisión dejó abierta
la posibilidad de que la Procuraduría General
de la República (PGR), por medio de otras
vías, como podría ser un juicio civil, demande
a Enrique Arcipreste del Ábrego, para demostrar
que él no es el propietario del Paraje San
Juan, sino un terreno propiedad de la nación,
como lo aseguró la Secretaría de la Reforma
Agraria.
Del mismo modo, todas las personas
que se digan dueñas del predio podrán recurrir
a las vías jurídicas que consideren pertinentes
para que en otros juicios se determine si
es que hay o no un dueño del Paraje San
Juan.
De manera unánime, a propuesta
del ministro Juan Silva Meza, el pleno de
la SCJN resolvió modificar la sentencia
que emitió un juez para obligar al gobierno
capitalino a pagarle mil 810 millones de
pesos a Enrique Arcipreste como indemnización
por la expropiación del Paraje San Juan.
Los ministros de la Corte concluyeron
que López Obrador tenía razón al impugnar
la sentencia del juez, porque éste fijó
de manera errónea el valor del terreno.
Al resolver en favor del jefe de
Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, la
queja que promovió hace dos años en contra
de la sentencia del juez, el pleno de la
Corte acordó establecer una serie de lineamientos
que deberá seguir el juez para realizar
un nuevo avalúo.
El ministro Juan Silva Meza fijó
cada uno de los pasos que deberá seguir
el juez para calcular el valor correcto
que tenía el Paraje San Juan al momento
de su expropiación, de acuerdo con el valor
catastral del terreno y no con el valor
comercial que había fijado el juez.
Dicha medida se reflejará en una
reducción "considerable" de la
indemnización a pagar por el predio expropiado.
De momento, el beneficiario de
la indemnización sigue siendo Enrique Arcipreste,
pues es quien obtuvo el amparo para el efecto
de que se le pagara la expropiación del
terreno. Sin embargo, el pleno de la Corte
aclaró que al resolver este juicio de amparo,
no avaló a ninguna persona ni ningún organismo
gubernamental como dueño del predio.
Póker Político. (Unomásuno, Matías Pascal, p. 7)
Hablando de la Corte, el fallo que emitió ayer en el caso del
Paraje San Juan, ordenando revisar el avalúo
del predio para determinar un valor muy
inferior a los mil 800 millones de pesos
que le había asignado un juez, no sólo va
en absoluta concordancia con su decisión
de aminorar "la monstruosidad"
que significó la sentencia que obligaba
a la Secretaría de la Reforma Agraria
a pagarle mil 200 millones a la familia
Ramos Millán. Con esta nueva sentencia,
ahora favoreciendo al gobierno del DF de
la misma forma que antes lo hizo con el
federal, la Corte confirma lo que ya se
sospechaba: está haciendo política, pues
si ya quedó bien con Fox, ahora le tocaba quedar bien con López Obrador. ¿Hacia
dónde inclinará el máximo tribunal cuando
tenga que resolver sobre la legalidad de
la orden para destituir al jefe de Gobierno
por desacato? ¿Se atreverá a inventar otro
de sus sorprendentes criterios particulares?
Todo es posible, sólo hay que esperar.
Pulso Político. (El Universal,
Francisco Cárdenas Cruz, p. web)
Nuevo peritaje en las 289 hectáreas del Paraje San Juan ordenó
la Suprema Corte de Justicia que reducirán
la indemnización de mil 810 millones de
pesos que reclama el presunto propietario
de ese predio, Enrique Arcipreste del Ábrego,
quien acaba de recobrar su libertad tras
de que el GDF lo acusó de intento de fraude...
Asiste Florencio Salazar a toma de posesión del
nuevo mandatario uruguayo. (Diario 21 (Guerrero), p.
web. / Información también El Financiero,
Agenda Confidencial, p.38).
MONTEVIDEO, URUGUAY, marzo 1 (Boletín).-
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame, asistió
con la representación del Presidente de
México, Vicente Fox
Quesada, a la toma de posesión del nuevo
mandatario de la República Oriental de Uruguay,
Tabaré Vázquez, quien sustituye en el cargo a Jorge Batlle
Ibáñez.
Como parte de la delegación mexicana, de un total de 130 representaciones,
que acudió a Montevideo, al cambio del mando
en ese país sudamericano, el titular de
la SRA asistió a todos los actos protocolarios
que se celebraron en Palacio Legislativo,
en Casa de Gobierno, donde se concretó la
Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial,
y en la Plaza Independencia donde se realizó
un desfile militar.
Con Tabaré Vázquez, como presidente
de Uruguay los próximos cinco años, y Rodolfo
Nin Novoa como
vicepresidente, se inició el primer gobierno
de izquierda en la historia de esa nación
latinoamericana.
Vázquez, quien cuenta con 65 años de edad, es de profesión
médico oncólogo y fue ex alcalde de Montevideo,
ganó las elecciones presidenciales del 31
de octubre del 2004 con una coalición de
izquierda.
El nuevo presidente de Uruguay encabezará el primer gobierno
de izquierda en los 174 años de historia
de aquel país, con lo que de acuerdo a su
trayectoria política de aquella región se
acaba con el bipartidismo de los tradicionales
partidos políticos Blanco o Nacional y Colorado.
En este país de poco más de 3 millones 300 mil habitantes,
el Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva
Mayoría el cual reúne a socialistas, comunistas,
ex guerrilleros tupamaros
y escindidos de partidos tradicionales,
conforman la coalición de izquierda que
apoyó a Tabaré
Vázquez.
Uruguay es un país con una extensión territorial de 157 mil
kilómetros cuadrados y una población cercana
a los tres millones 300 mil habitantes,
con casi la mitad de ella concentrada en
su capital, Montevideo.
Los uruguayos son una mezcla de culturas, cuyos portadores
fueron los inmigrantes europeos que llegaron
a esta tierra, especialmente españoles e
italianos.
Yo Campesino. (Unomásuno, Miguel Ángel Rocha Valencia, p. 5 /Información
también publicada en Frentes Políticos,
p.8)
Ayer martes hubo cambio de gobierno en la República de
Uruguay, y por primera vez en la historia
asumió el poder un partido de tendencia
izquierdista, Encuentro Progresista-Frente
Amplio, con lo cual terminan 170 años de
dominación de los partidos Colorado y Nacional.
El presidente, Vicente Fox,
nombró como su representante para asistir
a esa histórica ceremonia al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, quien aprovechará para estrechar los lazos tradicionales
de amistad con infinidad de representantes
de distintos países que acudieron al evento
Vanguardia Política. (El Sol de México, Aurora Berdejo,
p. web)
*** Florencio Salazar Adame, secretario
de la Reforma Agraria, estuvo ayer en
Montevideo con la representación del presidente
Vicente Fox en
la toma de posesión de Tabaré
Vázquez como presidente de Uruguay.
Vázquez sustituye a Jorge Battle
Ibáñez y el relevo tuvo como marco una magna
ceremonia en el Palacio Legislativo de la
capital uruguaya.
Hay que recordar que el nuevo mandatario de ese país sudamericano
es el primero emanado de las filas de un
partido socialista, como lo es el denominado
Encuentro Progresista-Frente Amplio.
Salazar Adame aprovechará su estancia
en Uruguay para estrechar lazos de amistad
con integrantes del gabinete del presidente
Tabaré Vázquez,
así como con los representantes de las naciones
invitadas al cambio de Poderes.
Gálvez insta a congresos a modificar la ley indígena. (La Jornada, Elizabeth
Velasco, p. web)
La directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CNDPI), Xóchitl
Gálvez, exhortó a los congresos federal
y locales a impulsar modificaciones a la
reforma en materia indígena para resarcir
insuficiencias que contiene ésta en justicia
y otros temas.
En entrevista, destacó que la CNDPI entregó a los legisladores
un primer documento donde se sugieren posibles
modificaciones y mecanismos para resarcir
carencias, pero los actores involucrados
han evitado hablar del tema.
"En un seminario convocado por relatores de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), en el que
se empezó a debatir sobre ese tema, porque
se produjo un atolladero en el que la gente
no quería abordarlo, hubo una polarización
de posiciones entre buenos y malos, y todo
aquel que estuviera dispuesto a trabajar
para hacer las enmiendas era malo",
dijo Gálvez.
Esto pese a las recomendaciones de los relatores de la ONU,
en particular las de Rodolfo Stavenhagen,
quien precisamente exhorta a profundizar
la reforma indígena, y para dar cumplimiento
a esas recomendaciones, expresó Gálvez,
"podríamos avanzar con los legisladores
mediante un documento donde nos pongamos
de acuerdo en lo que faltó y sobre las posibles
soluciones". Indicó que ha conversado
con legisladores de la Comisión de Asuntos
Indígenas para acordar dichas modificaciones
que podrían centrarse en temas torales,
como el que los indígenas sean sujetos del
derecho público, tierras y territorios,
asociación entre comunidades, recursos naturales
y otros. Pero no hay respuesta.
Añadió que, a pesar de que todavía es necesario modificar la
Constitución federal, los congresos locales
podrían impulsar
modificaciones en justicia, para reconocer
usos y costumbres relacionados con delitos
menores que son causa de aprehensiones "totalmente
injustas" de indígenas.
"El reconocimiento de esos temas evitaría muchas aprehensiones
injustas, como el robo de una gallina u
otro delito menor por el que un indígena
pasa años preso sin atención, sin juicio
o sentencia, y tras varios años se dan cuenta
de que no ameritaba cárcel."
Eso, "lo tienen que reconocer las autoridades estatales
y a partir de ahí crear los famosos jueces
menores o de conciliación que provengan
de la comunidad y dependan del Poder Judicial,
además de documentar qué delitos van a sancionar,
cuáles tocan el Poder Judicial, y establecer
convenios entre comunidades y autoridades
estatales. Hay mucho trabajo, pero todo
parte de que la ley reconozca esa modalidad
de justicia, así como los usos y costumbres
de los pueblos indígenas", sugirió.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Demandan captura a los homicidas de ejidatario. (Cuarto Poder, Enrique Romero, p. web).
Ante la falta de resultados en la captura de los homicidas
del ejidatario Miguel Velasco Méndez, los
hermanos Manuel y Antonio Morales Álvaro,
su padre Pedro Morales Gómez, las autoridades
ejidales y los pobladores de Agua Blanca
Serranía, comunidad del municipio de Palenque,
enviaron ayer un escrito al gobernador Pablo
Salazar.
Los afectados demandan la intervención del Ejecutivo
para que los culpables del homicidio y lesiones
a otras dos personas, sean detenidos, y
se les prive de sus derechos ejidatarios,
pues la comunidad está muy indignada y quiere
expulsar a estas personas a quienes se les
acusa de "brujos".
Carta
En la misiva al gobernador, que revela la insatisfacción
de los ejidatarios con la falta de respuesta
de las autoridades locales, el comisariado
ejidal, Clemente Tello, el presidente del
Consejo de Vigilancia, Miguel Mayo y el
agente municipal, Hemelindo Pérez, le piden "apoyarnos para que la autoridad
correspondiente actúe y detenga a estas
personas".
Como se publicó en su oportunidad, y así lo relatan las
autoridades ejidales, el domingo 20 de febrero,
en una reunión que se celebraba con el agente
municipal por la tarde, se presentaron los
hermanos Manuel y Antonio Morales Álvaro
y Pedro Morales Gómez ante esta autoridad
para aclarar la discordia que había con
la familia de Miguel Velasco Méndez.
"Pero cual sería nuestra sorpresa que estos señores
Morales andaban armados y en la discusión
que tuvieron, sacaron sus armas, arma blanca
y arma de fuego, con las que mataron a Miguel
Velasco Méndez e hirieron a otras dos personas
más de nombre Juan López Arcos y Pedro Velasco
Méndez", relatan las autoridades ejidales
en el escrito, además de añadir que los
agresores se dieron a la fuga.
"Nosotros no pudimos meternos a defender por temor
a que fuéramos heridos por estas personas,
ya que después de cometido su delito nos
amagaron con sus armas y nos amenazaron
que si nos metíamos nos iban a matar",
denunciaron, por lo que "nosotros como
autoridades ejidales y pobladores repudiamos
enérgicamente las actitudes tomadas en contra
de la familia de Miguel Velasco".
Solicitud
Asimismo, "pedimos que se les prive de sus derechos
como ejidatarios de nuestra comunidad, así
como solicitamos el inmediato desconocimiento
y la expulsión de nuestra comunidad de estas
personas, ya que no los queremos volver
a ver ni saber de ellos, porque en la comunidad
estamos muy indignados y con coraje por
los hechos ocurridos", concluyen las
autoridades de Agua Blanca Serranía
Diputados piden al gobierno que informe cuántos
desplazados existen en Chiapas. (La Jornada, Víctor Ballinas, p.
web)
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de
acuerdo para que la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe
el número real de desplazados en la zona
de conflicto de Chiapas, las medidas de
protección que el gobierno ha adoptado,
así como los programas y acciones que se
han aplicado para la atención de esas comunidades.
Dicho punto de acuerdo incluye que la Comisión de Concordia
y Pacificación (Cocopa)
informe a la Comisión de Asuntos Indígenas
de la Cámara de Diputados sobre las acciones
que ha impulsado para facilitar el diálogo
y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal.
El informe que la Cocopa presentará
a la Cámara de Diputados debe incluir un
balance de la dinámica y desarrollo que
ha seguido el conflicto zapatista,
particularmente en la zona de influencia
del EZLN, así como los lineamientos de acción
y propuesta de trabajo para lo que resta
de la legislatura.
En la tribuna el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
de la Cámara de Diputados, Javier Manzano
Salazar manifestó que la rebelión de los
indígenas de Chiapas del 1º de enero de
1994, es un asunto pendiente de resolver.
Destacó el diputado perredista que
el fenómeno de los desplazados internos
es un problema acuciante que repercute en
las relaciones sociales y en la vida comunitaria
de las regiones indígenas. Explicó que a
partir del alzamiento armado del EZLN, en
1994, y posteriormente el surgimiento de
confrontaciones propiciaron nuevos desplazamientos
de numerosos indígenas, y a la fecha no
se conoce el número real de desplazados.
Llamó en tribuna a que los legisladores sin apasionamiento
partidario reasuman el compromiso de buscar
alternativas legislativas para contribuir
al diálogo entre el gobierno federal y el
EZLN, en apoyo a las acciones que pueda
emprender la Cocopa.
Manzo Salazar abundó que esa comisión incorpora
a su programa de trabajo, con el consenso
de todos los grupos parlamentarios, el compromiso
de alentar y promover el debate sobre los
acuerdos de San Andrés Larráinzar,
en el contexto de la necesaria reforma del
Estado.
Familias zapatistas se
reconcentran en Montes Azules. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p. web).
Tuxtla Gutierrez, Chis., 1º de marzo. Unas 22 familias militantes del Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) que habitaban el poblado
12 de diciembre, en la selva Lacandona,
abandonaron el lugar para concentrarse en
el centro poblacional Nuevo Limar, en el
centro de la reserva ecológica de Montes
Azules. Lo anterior como parte de la reconcentración
de comunidades anunciada por el subcomandante
Marcos hace cuatro meses.
En octubre pasado, el líder político-militar del EZLN anunció
que reagruparía a los poblados Primero de
Enero, San Isidro, 12 de Diciembre, 8 de
Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar y Aguadulce,
para darles mejor atención en salud y educación
mediante las Juntas de Buen Gobierno.
Consideró que la lejanía y dispersión de varias de estas localidades
representan dificultades importantes, por
lo cual "el EZLN ha acordado, con consentimiento
expreso de sus habitantes, reconcentrar
algunos de los pueblos zapatistas
en esa zona, para que así sean cobijados
por la junta de buen gobierno de la zona
selva fronteriza".
"Se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que
algunos pueblos se reconcentren en un lugar,
ya que así podrán resistir mejor las amenazas,
podrán cuidar mejor la selva, serán partícipes
de los avances de las Juntas de Buen Gobierno,
y podrán participar mejor en la lucha del
EZLN por el respeto y reconocimiento de
los derechos y la cultura indígenas",
mencionó Marcos en su misiva.
Aclaró en esa ocasión que estas siete no son las únicas comunidades
zapatistas en
Montes Azules, pues allí existen más núcleos
zapatistas de
población que viven con la amenaza de desalojo.
El vienes pasado 22 familias de indígenas de la etnia chol salieron del poblado 12 de Diciembre, adonde habían llegado
hace casi cinco años, asentándose en las
cercanías del río Lacantún, y ocuparon unas 200 hectáreas.
Las familias salieron del lugar para abordar unos vehículos
que los llevaron cerca de la laguna Miramar,
en el centro de la reserva ecológica Montes
Azules. Se ubicaron en el poblado Nuevo
Limar, donde discutirán si permanecen junto
a los habitantes de San Isidro -reacomodados
en diciembre pasado- o abandonan la zona
para formar un nuevo núcleo poblacional.
Según el subcomandante
Marcos, los siete poblados que se reubicarían
al auspicio de juntas de buen gobierno,
salieron de sus lugares de origen debido
al hostigamiento de paramilitares y a la
intolerancia alentada por el Partido Revolucionario
Institucional.
Señala que por este motivo decenas de familias zapatistas debieron, hace tiempo, desplazarse y formar pequeños
núcleos de población en la llamada reserva
de la biosfera de Montes Azules, macizo
forestal en el centro de la Lacandonia.
PUEBLA
Rechazan el Plan Puebla-Panamá 50 comunidades indias. (La Jornada. Angélica Enciso,
p. web).
Casi 350 representantes de 50 comunidades indígenas suscribieron
la declaración del segundo encuentro de
comunidades en reservas de la biosfera y campesinas celebrada en Ocosingo,
donde acordaron rechazar la imposición de
programas que atentan contra los recursos
naturales, como el Corredor Biológico Mesoamericano
(CBM) y el Plan Puebla-Panamá (PPP).
El encuentro se llevó a cabo del 18 al 20 de febrero en la
comunidad Nuevo Francisco León, Oconsingo,
Chiapas, donde elaboraron una agenda común
por la defensa de la reserva de la biosfera
Montes Azules y contra la Ley de Bioseguridad,
conocida como ley Monsanto.
En la reunión se analizó el conflicto de intereses entre las
corporaciones internacionales que tienen
la anuencia del gobierno contra las comunidades
asentadas en la reserva. Se evaluó la situación
de las expropiaciones y represas, y los
mecanismos establecidos por el gobierno
en el proceso de expropiación de tierras
en el sur del país.
Se analizó el derecho al territorio y se especificaron los
derechos que tienen las comunidades tanto
a la tierra como a los recursos naturales
que poseen.
En la declaración denunciaron que existe violación sistemática
a los derechos agrarios, indígenas y ambientales
de los pueblos y comunidades, así como un
quebrantamiento de los derechos de las comunidades
a su territorio y a la conservación.
Consideraron que detrás de programas como el PPP está el establecimiento
de áreas naturales protegidas en beneficio
del interés por los recursos biológicos
de la zona por multinacionales, como Monsanto,
Bayer y Aventis.
Señalaron que el rechazo a la ley Monsanto
es una manifestación de que se busca establecer
en las comunidades con territorios libres
de transgénicos,
tanto en la siembra, la producción y el
consumo.
TABASCO
Entrega CORETT escrituras a pobladores de Huimanguillo. (La Verdad
del Sur, Marco A. Nieto, p. web).
TAB. 01 DE MARZO.- La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (CORETT) entregó aquí 110 escrituras
a igual número de habitantes de las colonias
5 de Mayo, Convivencia, el Torito y Mastelero
con lo que legalizan su patrimonio luego
de vivir por muchos años en la incertidumbre
jurídica de sus propiedades.
El delegado estatal de la CORETT,
Manrique Moheno
Maciel, arribó
a esta ciudad para hacer la entrega de las
escrituras a los colonos de las localidades
antes señaladas y explicó que éstos documentos
en donde se acredita la propiedad y se termina
con la incertidumbre jurídica, se van entregando
de acuerdo a como vayan saliendo del Registro
Público de la Propiedad y aún faltan por
entregarse a los habitantes de éstas colonias
un total de 500 escrituras más.
Explicó que también la CORETT se
encuentra realizando trabajos de escrituración
en el ejido la Península en el municipio
de Cárdenas y se están realizando los trámites
de expropiación de una colonia denominada
la Orsa en el
ingenio Santa Rosalía, es un terreno ejido
en donde ya hay casas y ya se tiene la solicitud.
Añadió que en el municipio de Centro
se tiene un gran proyecto de expropiación
en el ejido José María Pino Suárez en donde
se va a expropiar la tercera etapa con un
total de dos mil lotes, "terminando
con este ejido nos vamos a la Orsa
y luego a la colonia Clara Córdova en el
ejido Sub teniente
García conocido como Playas del Rosario
del municipio de Centro.
Moheno Maciel dijo que los trámites de escrituración llevan un tiempo
aproximado a los tres meses desde que se
inicia la solicitud por parte del interesado,
ya que para realizar el trabajo de escrituración
la CORETT depende de otras autoridades.
Cartones
Radiografía de la banca · El Fisgón
Verdadero pavor · Helguera
Mr. voto inútil · Rocha
Vicente · Ahumada
Buen pretexto Naranjo
Justicia
a la carta Helioflores
