CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
VIRNES
17
DE
JUNIO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Ejecutan al jefe del aeropuerto
Acribillan en el DF a mando de la PFP que había llegado de
Tijuana
hace
8
meses
Llega al DF operativo antinarco
Nuevo ejecutado; van cuatro en dos semanas en la capital
Réditos y remesas fortalecen al peso
Alcanza su mejor cotización en 21 meses; cierra en 10.79 unidades
Sin reformas, menor libertad económica
La incapacidad para negociar afecta el bienestar: especialistas
Creel dio permisos para instalar
450
salas
de
apuestas
Promueve el PRI que la ASF investigue al ex secretario
Asesinan a comandante de la PFP adscrito al Aeropuerto
Decomisó 321 kilos de cocaína hace 15 días
Ejecutan en DF a jefe de PFP que golpeó al narco
El comandante Pedro Madrigal recibió 5 balazos cuando salía
de
su
casa
La violencia en México, mera “burbuja”: Fox
Se manipula políticamente, dice
¡Se atrevieron!
Asesinan al subinspector antidrogas
del
aeropuerto
del
DF
Muy grave la violencia en México, alerta EU
Condoleezza Rice declara que "estamos muy
preocupados"
por
asesinatos
en
la
frontera
Seguridad secuestrada
Piden al gobierno revise a corporaciones policiacas
y
de
procuración
de
justicia
Sector agrario
Son ya 20 estados con precierre del Procede. (Milenio Diario, p. web)
Durango alcanza el quinto lugar nacional en certificación.
La estrecha coordinación y conjunción de esfuerzos entre los
tres
órdenes
de
Gobierno
y
la
decidida
participación
de
los
sujetos
agrarios,
permitió
que,
en
12
años
de
operación
del
Procede
en
Durango,
el
95.55
por
ciento
de
ejidos
y
comunidades
de
la
entidad
cuenten
con
seguridad
jurídica
sobre
sus
tierras.
“De
esta
forma
se
cumple
un
compromiso
más
de
la
política
agraria
del
Presidente
Vicente
Fox
Quesada”.
Así lo afirmó el Procurador Agrario, Dr. Isaías Rivera Rodríguez,
durante
el
acto
en
el
que
notificó
y
firmó
con
el
Gobernador
del
estado,
C.P.
Ismael
A.
Hernández
Deras,
el
acuerdo
de
precierre
operativo
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
Urbanos
(Procede)
en
Durango.
Con
esta
declaratoria,
suman
ya
20
las
entidades
en
todo
el
país
que
cumplen
esta
etapa
durante
la
presente
administración.
Ante comisariados ejidales, líderes
campesinos,
alcaldes,
legisladores
y
representantes
estatales
de
las
instancias
agrarias,
el
titular
de
El Delegado de
En su mensaje, el Procurador Rivera Rodríguez, reconoció el
hecho
que
únicamente
16
de
los
1,102
núcleos
agrarios
existentes
en
Durango
no
se
han
incorporado
al
Procede,
ya
sea
por
rechazo
o
enfrentar
problemas
internos,
lo
cual
recalcó,
es
claro
reflejo
de
que
en
la
gran
mayoría
de
los
ejidos
y
comunidades
de
la
entidad
predominó
la
decisión
soberana
de
sus
asambleas
para
legitimar
y
consolidar
los
derechos
de
propiedad.
A su vez, el gobernador Hernández Deras
resaltó
la
importancia
de
este
acto
que,
dijo,
representa
un
estímulo
más
en
la
seguridad
jurídica
de
la
tenencia
de
la
tierra
ejidal
y
comunal
de
Durango,
donde
los
conflictos
entre
hermanos
serán
un
tema
del
pasado
y,
sobre
todo,
asegura
a
las
futuras
generaciones
tranquilidad,
paz
social
y
oportunidades
de
un
mejor
nivel
de
vida
para
las
familias
campesinas.
Advierten proximidad del cierre del Procede. (El Siglo de Torreón, p. web)
En Durango existen mil 102 núcleos agrarios legalmente constituidos,
de
los
cuales
12
han
rechazado
el
Procede
en
reiteradas
ocasiones,
cuatro
presentan
conflictos
por
las
tierras
y
11
están
en
proceso
de
certificación.
17 de junio de 2005
En 12 años de operatividad se ha titulado a mil 75 ejidos y
comunidades
en
el
estado
Dieciséis núcleos agrarios no se han incorporado al Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede),
porque
lo
han
rechazado
o
tienen
problemas
jurídicos,
por
lo
que
podrían
quedar
fuera
de
los
beneficios
del
programa,
señaló
Isaías
Rivera
Rodríguez,
titular
de
la
Procuraduría
Agraria
(PA).
En su visita a la ciudad capital para el precierre del Procede,
el
Procurador
manifestó
que
en
Durango
existen
mil
102
núcleos
agrarios
legalmente
constituidos,
de
los
cuales
982
son
ejidos
y
120
comunidades;
de
éstos
12
han
rechazado
el
programa
en
reiteradas
ocasiones,
cuatro
presentan
conflictos
por
las
tierras
y
11
están
en
proceso
de
certificación.
Rivera Rodríguez declaró que se está haciendo la última llamada
a
los
núcleos
agrarios
pendientes
para
que
se
incorporen
antes
del
cierre
programado
para
noviembre
próximo
en
la
entidad,
a
la
par
de
Campeche,
Chihuahua,
Estado
de
México,
Guanajuato,
Hidalgo,
Morelos,
Nayarit,
Puebla,
Sinaloa,
Tamaulipas
y
Veracruz.
Destaco que en 12 años de operatividad del Procede se han certificado
y
titulado
los
derechos
de
propiedad
de
mil
75
ejidos
y
comunidades,
los
cuales
representan
el
97.5
por
ciento
del
total
de
los
núcleos
agrarios
del
estado,
otorgando
seguridad
jurídica
y
documental
a
155
mil
179
familias
beneficiadas.
En este periodo se han expedido y entregado 354 mil 961 documentos
agrarios,
entre
certificados
parcelarios
de
uso
común
y
títulos
solares
que
amparan
la
legítima
propiedad
de
las
tierras
en
una
superficie
de
siete
millones
450
mil
606
hectáreas
regularizadas,
mencionó.
Las expectativas que se tienen al cierre del Procede son alcanzar
la
cifra
del
98.5
por
ciento
de
núcleos
agrarios
certificados,
con
el
99.6
por
ciento
de
superficie
total,
declaró
el
funcionario
federal
del
sector
agrario.
Explicó que con estos índices, las autoridades podrían asegurar
que
se
atendió,
convocó
e
informó
al
100
por
ciento
de
los
núcleos;
sin
embargo,
quedarían
fuera
del
programa
los
16
que
no
han
querido
incorporarse.
“No
habrá
alguno
que
diga
que
no
se
le
atendió”.
Instrumento jurídico desde 1992
El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)
se
instrumentó
en
1992
por
el
Gobierno
Federal
para
ponerlo
al
servicio
de
los
núcleos
agrarios,
para
llevar
a
cabo
la
regularización
de
la
propiedad
social.
Desde su inicio a la fecha a nivel nacional se han certificado
29
mil
942
núcleos
agrarios,
delos
cuales
27
mil
664
son
ejidos
y
dos
mil
278
son
comunidades.
Esto
por
un
universo
de
103.5
millones
de
hectáreas,
que
significan
el
53
por
ciento
del
territorio
nacional.
El programa proporciona seguridad jurídica y certeza documental
a
los
ejidos,
comunidades
y
sus
integrantes,
mediante
la
entrega
de
certificados
parcelarios,
de
derechos
de
uso
común
y
títulos
solares.
Las
propiedades
certificadas
pueden
destinarlas
al
asentamiento
humano,
uso
común
o
como
área
parcelada
y
asignar
derechos
sobre
las
mismas,
así
como
reconocer
la
tenencia
de
los
posesionarios.
Denuncian comuneros de Tlahualilo
invasión
ilegal. (El Siglo de Torreón, p.web).
Habitantes del ejido Mohano, del
municipio
de
Tlahualilo,
denunciaron
la
invasión
de
19
mil
302
hectáreas
de
su
propiedad,
lo
que
ha
traído
como
consecuencias
la
matanza
de
sus
vacas,
quema
de
sus
cabañas
y
desalojo
de
los
ejidatarios
por
los
invasores.
Lorenzo de la Paz Contreras, miembro del ejido afectado, reveló
ante
las
autoridades
agrarias
y
el
Gobierno
del
Estado
que
desde
1994
han
sido
objeto
de
estos
ilícitos
sin
que
las
autoridades
les
hayan
puesto
atención,
señalando
de
responsable
a
un
empresario
de
nombre
Francisco
Javier
Terrazas
Sánchez,
de
Coahuila.
Explicó que el ejido en disputa cuenta con una superficie de
25
mil
752
hectáreas
en
total,
las
cuales
están
sustentadas
en
la
legalidad
bajo
decreto
presidencial;
empero,
19
mil
302
están
siendo
ocupadas
de
manera
irregular.
El lugar se encuentra en los límites de Durango y Coahuila,
donde
30
productores
de
la
candelilla
inclusive
han
sido
desalojados
y
sus
cabañas
fueron
quemadas,
explotando
los
infractores
este
recurso
natural.
De la Paz Contreras manifestó que con estas irregularidades
más
de
300
familias
se
están
viendo
afectadas,
ya
que
de
la
superficie
en
disputa
han
sido
expulsadas,
aunado
a
que
para
presionarlos
les
han
matado
sus
animales,
como
ganado
bovino.
Ante esta situación, durante la firma del precierre del Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede)
los
ejidatarios
exigieron
a
las
autoridades
del
sector
agrario
y
Gobierno
del
Estado
su
pronta
atención,
ya
que
no
quieren
que
se
genere
la
violencia,
pese
a
las
ilegalidades
de
las
que,
aseguran,
han
sido
objeto.
Informó el afectado que las consecuencias son responsabilidad
de
antiguos
funcionarios
de
la
Delegación
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
de
Torreón,
Coahuila,
entre
ellos
Carlos
Rodríguez
Medina,
quienes
se
presume
que
a
cambio
de
dinero
facilitaron
copias
de
los
planos
del
ejido
para
su
posterior
invasión.
Autoridades se comprometen a dar solución
Autoridades de la Procuraduría Agraria (PA) y el Gobierno
del
Estado,
ante
la
denuncia
de
invasión
hecha
por
un
grupo
de
ejidatarios
del
Mohano,
del
municipio
de
Tlahualilo, aseguraron que el problema se encuentra dentro
de
los
compromisos
por
resolver.
En este sentido, el delegado de la PA, Jesús Retamoza, se comprometió con los afectados a su pronta solución,
ante
un
problema
que
pudiera
generar
aún
más
violencia
de
la
que
se
ha
registrado
en
el
lugar
en
disputa.
Por su parte, el gobernador del estado, Ismael Hernández Deras, señaló que existe el compromiso de regularizar los
núcleos
agrarios
de
la
entidad
por
medio
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede),
así
como
dar
seguimiento
a
los
casos
que
se
vayan
presentando
para
su
solución.
Definirán a quien pertenecen 200 hectáreas de tierra
laborables. (El Siglo de Durango, p.web).
LERDO DE TEJADA, DGO.- Será la próxima semana cuando se reúnan
los
comisarios
de
La
Ferrería
y
Lerdo
de
Tejada
para
dejar
en
claro
a
quién
de
los
dos
corresponde
la
franja
de
200
hectáreas.
En días pasados Ángel Rubio, líder de Lerdo, mostró a El Siglo
de
Durango
un
mapa
donde
por
resolución
presidencial
se
les
concedió
el
predio
desde
1931
y
avalada
por
el
entonces
presidente
Adolfo
López
Mateos
en
1962.
No obstante, los vecinos de La Ferrería tenían la superficie
en
posesión
en
calidad
de
préstamo,
pero
al
decir
de
Rubio,
se
asesoraron
para
arrebatar
esa
tierra
a
Lerdo,
incluyendo
las
viviendas
que
se
han
edificado
en
los
últimos
años.
También acusan a un funcionario de la Procuraduría Agraria
de
nombre
Mario
Quiñones
de
obrar
de
manera
parcial
en
favor
de
los
vecinos
de
La
Ferrería,
por
lo
que
piden
otro
visitador
de
esa
dependencia.
‘Planta’ Gobierno a los ejidatarios. (Diario A.M., Edmundo Meza, p. web)
Ejidatarios de El Mezquite
se
quedaron
esperando
a
las
autoridades
para
buscar
acuerdos
sobre
tierras
expropiadas.
Después de esperar por tres horas a autoridades del Gobierno
del
Estado
y
de
la
Procuraduría
Agraria,
la
reunión
que
sostendrían
con
ejidatarios
de
El
Mezquite
(afectados
por
la
expropiación
de
terrenos
para
el
Puerto
Interior),
fracasó
sin
acuerdos.
Los
funcionarios
pospusieron
el
diálogo
para
el
próximo
martes,
ante
la
amenaza
de
los
campesinos
que
de
no
amarrar
una
solución,
a
la
primera
lluvia
y
sin
importarles
la
presencia
de
las
Fuerzas
de
Seguridad
Pública
del
Estado,
sembrarán
116
hectáreas
expropiadas.
“Hoy (ayer) se iba a aclarar que si íbamos a sembrar o nos
iban
a
liquidar
lo
que
falta.
O
una
de
dos:
o
nos
liquidan
o
nos
dejan
sembrar.
No
les
estamos
peleando
nada
malo.
Nosotros
queremos
que
nos
liquiden
porque
ya
la
siembra
está
próxima;
el
agua
ya
viene”,
advirtió
Martín
Murillo
Sánchez,
comisario
ejidal
de
El
Mezquite,
ante
cerca
de
32
ejidatarios
molestos
por
el
conflicto.
El encuentro se descarriló al momento en que Isidro de la Peña
(quien
acordó
con
los
campesinos
hace
tres
años
la
expropiación
de
las
tierras
ejidales,
contratado
por
el
Gobierno
del
Estado)
no
llegó
ayer
a
la
cita
con
los
informes
y
se
retiró
en
su
camioneta,
pese
a
estar
a
escasos
80
metros
del
lugar.
La reunión estaba pactada entre las 12 y 1 de la tarde, pero
las
autoridades
llegaron
después
de
las
tres
de
la
tarde;
quisieron
desesperarlos
y
eso
enfureció
a
los
ejidatarios.
“Es Isidro de la Peña. Ya se fue. Tiene miedo o qué (...).
Que
dé
la
cara”,
protestó
el
ejidatario
José
Isidro
Murillo,
quién
cedió
cuatro
hectáreas
de
maíz
para
el
proyecto
del
Puerto
Interior.
La obra más importante del Gobierno de Juan Carlos Romero Hicks se topó ayer con duros reclamos de los campesinos, quienes
volvieron
a
denunciar
a
Isidro
de
la
Peña
como
el
responsable,
quien
les
aseguró
que
el
dinero
que
habían
recibido
era
sólo
un
anticipo
y
no
la
liquidación
total,
como
en
realidad
aparece
en
los
decretos
de
expropiación.
Osvaldo Ortiz, jefe del Departamento de Organización Agraria
de
la
Procuraduría
Agraria
en
Guanajuato;
Víctor
Zárate,
coordinador
de
Asuntos
Jurídicos
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
y
su
compañero,
Andrés
Suárez
García,
no
hicieron
nada
por
calmar
el
enfado
de
los
ejidatarios,
sólo
les
ofrecieron
otra
reunión
en
la
comunidad.
Nervioso y con voz baja, Osvaldo Ortiz respondió al reclamo
de
un
campesino:
“no
somos
nosotros,
son
ellos
(el
Gobierno
del
Estado).
“Nos han traído a puras mentiras. De reunión en reunión y sin
solución.
Eso
que
nos
pagaron
nos
dijeron
que
sería
un
anticipo,
y
cuál,
si
era
el
pago
total.
Eso
es
un
engaño”,
expresó
Guadalupe
Sánchez,
de
78
años,
una
anciana
que
esperó
a
los
funcionarios
al
igual
que
los
demás
campesinos,
a
la
sombra
de
un
álamo
por
tres
horas
mientras
llegaban
a
la
cita,
mirando
al
suelo.
“Un error” la invasión de terreno. (Diario de Yucatán, Mauricio Can, p. web).
MOTUL.— El comisario ejidal Arcadio
Angulo
afirma
que
el
terreno
que
invadió
un
grupo
de
ejidatarios
realmente
pertenece
al
parque
industrial
y
fue
un
error
que
se
metieran
allí
sin
comprobar
de
quién
era.
Ya consulté el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría
que,
por
medio
de
sus
visitadores,
me
confirmaron
que
esos
terrenos
pertenecieron
al
ejido
de
Muxupip,
pero
se
los
vendieron
al
gobierno
del
Estado
para
fomentar
el
parque
industrial.
El error es del ex comisario ejidal, Humberto Alonzo Méndez, que permitió que los campesinos lo invadan
sin
estar
enterado
de
la
situación
y
ahora
perderán
la
inversión
hecha”,
señala.
Los ejidatarios están confundidos y legalmente no pueden hacer
nada
porque
la
documentación
la
tiene
la
Cousey.
Beneficiará Registro Agrario Nacional al estado
de
Tlaxcala. (La Crónica de Hoy, p.
web)
El estado de Tlaxcala saldrá beneficiado en dos aspectos importantes
por
el
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
ya
que,
por
un
lado,
ayudará
a
la
población
universitaria
y,
por
otro,
pondrá
fin
a
conflictos
del
campo
que
se
prolongaron
por
más
de
una
década.
Abelardo Escobar Prieto, director del RAN entregó el título
de
propiedad
de
origen
parcelario
del
terreno
donde
se
construirá
el
campus Calpulalpan de la Universidad
Autónoma
de
Tlaxcala,
lo
que
incidirá
positivamente
en
los
jóvenes
universitarios
de
esa
zona.
Ante el gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz
el
funcionario
del
gobierno
del
presidente
Fox
explicó
que,
a
pesar
de
haberse
iniciado
hace
varios
años
la
construcción
de
la
universidad,
la
obra
quedó
suspendida
debido
a
que
no
se
contaba
con
respaldo
legal
de
la
propiedad
del
terreno
en
que
se
iban
a
edificar
las
instalaciones.
Afirmó que ésta es la mejor prueba de que nadie invierte en
terrenos
ejidales
si
se
carece
de
los
documentos
que
certifican
los
derechos
sobre
la
tierra,
a
pesar
de
la
nobleza
de
los
propósitos
de
un
proyecto,
como
el
de
la
Universidad
Autónoma
de
Tlaxcala.
En el mismo acto, el titular del RAN hizo entrega de la documentación
que
da
certeza
legal
a
300
familias
asentadas
en
una
superficie
ejidal
y
que
ahora,
con
su
propiedad
documentada,
podrán
acceder
a
los
servicios
urbanos
básicos.
Mensaje a los politécnicos de Acapulco. (El Sur (Guerrero), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, p. web).
La actual transición política en
Guerrero,
el
déficit
en
materia
de
derechos
humanos
que
hay
en
nuestro
estado,
las
elecciones
internas
del
PRD
del
domingo
26
de
junio,
así
como
el
papel
de
los
egresados
del
Instituto
Politécnico
Nacional
que
viven
y
trabajan
en
Guerrero,
fueron
algunos
de
los
temas
que
tuvimos
la
oportunidad
de
exponer
y
discutir,
al
participar
como
invitado
el
martes
14
de
junio,
en
el
desayuno
que
organizó
la
Comunidad
Politécnica
de
Acapulco
AC,
que
preside
el
ingeniero
Gonzalo
Trinidad
Garrido.
En primer lugar, les señalé que
me
considero
Politécnico,
por
formación
y
tradición,
ya
que
cursé
mis
estudios
de
bachillerato
en
la
escuela
Vocacional
7
de
Tlatelolco,
en
los
difíciles
años
de
1967
y
68,
y
posteriormente
fui
profesor
de
asignatura
en
el
IPN
durante
15
años.
Al
mismo
tiempo,
mi
padre
es
el
segundo
egresado
de
la
Escuela
Superior
de
Medicina,
quien
tuvo
la
oportunidad
de
estudiar
gracias
a
la
patriótica
labor
del
general
Lázaro
Cárdenas
del
Río
y
su
visión
de
estadista
al
fundar
esta
institución
de
educación
superior.
Les señalé que no es menor la hazaña
del
pueblo
de
Guerrero
del
6
de
febrero,
que
le
dio
el
triunfo
a
Zeferino Torreblanca Galindo, al derrotar a uno de los cacicazgos
más
atrasados
y
retardatarios
del
país.
Pero
al
mismo
tiempo,
es
preciso
decir
que
el
actual
gobierno
es
de
transición,
ya
que
lo
viejo
no
acaba
de
morir
y
lo
nuevo
no
acaba
de
nacer.
Un dato que necesitamos tener presente
es
que
las
prácticas
e
instituciones
del
caciquismo
están
intactas.
Puse
el
ejemplo
del
fertilizante
que
se
utiliza
para
el
actual
ciclo
de
siembras,
sobre
todo
del
maíz.
En
el
gobierno
de
Rubén
Figueroa
Alcocer
se
hacía
un
negocio
redondo.
El
fertilizante
se
fabricaba
en
una
empresa
de
Querétaro
de
su
propiedad,
se
transportaba
en
sus
propios
camiones
y
él
mismo
se
autopagaba
con
los
fondos
públicos.
Con
el
pretexto
de
que
no
iba
a
llegar
a
tiempo
a
los
campesinos,
el
fertilizante
se
siguió
comprando
y
transportando
en
empresas
de
Figueroa
Alcocer.
Destaqué que era importante aprovechar
la
actual
coyuntura
electoral
para
empujar
hacia
un
nuevo
cambio
en
la
correlación
de
fuerzas
políticas,
tarea
que
en
primer
lugar
le
correspondía
al
PRD,
pero
también
a
todas
las
organizaciones
sociales,
campesinas
e
indígenas,
así
como
a
la
sociedad
civil
organizada,
como
el
caso
de
la
Comunidad
Politécnica,
que
desde
su
perspectiva
podemos
juntos
impulsar
al
actual
gobierno,
nuestro
gobierno
hacia
cambios
más
profundos
en
la
sociedad
guerrerense.
Un tema fundamental es ganar la
mayoría
ahora
en
el
Poder
Legislativo,
para
diseñar
y
construir
un
nuevo
edificio
institucional
que
pavimente
los
cambios
democráticos.
Impulsar
una
reforma
política
que
incluya
en
primera
instancia
una
reforma
electoral
democrática,
es
una
necesidad
de
primera
línea.
La
nueva
Cámara
de
Diputados
debe
hacer
realidad
el
equilibrio
de
poderes,
y
desechar
la
idea
de
que
seremos
la
reedición
como
PRD-gobierno.
Precisé que aún subsisten en materia
de
derechos
humanos
zonas
oscuras.
Plantee
que
por
el
bien
de
todos,
era
necesaria
la
instalación
de
una
Comisión
de
la
Verdad,
que
se
planteara
una
investigación
de
los
crímenes
y
desapariciones,
y
aclararlas
en
el
marco
de
la
legislación
vigente.
Es
preciso
que
la
memoria
colectiva
incorpore
el
drama
del
ayer,
con
sus
historias
de
entrega,
sacrificio
y
tragedia,
y
sea
un
indeleble
aprendizaje
para
el
mañana.
El
horror
de
otras
épocas
nunca
más
debe
volver
a
pasar.
Nunca
más.
Destaqué como condenable la persistencia
de
presos
políticos,
ahora
en
huelga
de
hambre,
en
Acapulco;
el
asesinato
de
Marino
Rentería
en
Ometepec;
el
hostigamiento
a
luchadores
sociales;
el
clima
de
tensión
en
la
sierra
de
Petatlán y el encarcelamiento de Felipe Arriaga,
así
como
el
asesinato
de
dos
hijos
de
Albertano
Peñaloza. Me referí al hecho de que acaban de pasar 7 años
de
la
masacre
de
El
Charco
y
de
que
este
próximo
28
de
junio
se
conmemorarán
10
años
de
la
matanza
de
Aguas
Blancas,
ambos
casos
en
total impunidad.
En este tema, la Química Magdalena
Suárez,
egresada
de
la
Escuela
de
Ciencias
Biológicas,
relató
el
episodio
violento
contra
su
padre,
el
licenciado
José
María
Suárez
Téllez,
abogado
agrarista,
que
con
gran
valentía
se
lanzó
como
candidato
independiente
de
la
ACG,
a
gobernador
en
1962,
siendo
reprimido
salvajemente
en
Iguala.
Posteriormente,
Genaro
Vázquez
Rojas,
fue
secuestrado
en
el
DF
y
encarcelado
en
Iguala,
que
al
ser
liberado
por
un
comando
armado
en
el
que
figuraba
Roque
Salgado,
un
primo
nuestro
de
Acatempan,
falleció
al
ser
herido
en
la
huida
y
prefirió
quedarse
en
la
retaguardia.
Casi nadie de los asistentes dejó
de
intervenir,
ya
sea
preguntando
o
bien
dando
sus
puntos
de
vista,
por
lo
que
el
desayuno
se
prolongó
por
unas
tres
horas.
El
ingeniero
Andrés
Lara,
informó
que
el
próximo
1º.
de
julio
estará
en
Guerrero
el
doctor
Enrique
Villa,
director
general
del
IPN,
quién
suscribirá
convenios
de
cooperación
con
Zeferino
Torreblanca,
lo
cual
permitirá
canalizar
cuadros
de
primer
nivel
en
los
programas
del
gobierno
de
Guerrero.
Miscelánea. Tajante, la denuncia
de
Ana
Teresa
Aranda,
Directora
General
del
DIF,
de
que
en
el
gobierno
de
René
Juárez
Cisneros,
se
compraba
en
un
100
por
ciento
más
cara,
la
leche
para
los
desayunos
escolares.
Este
acto
es
criminal
y
debe
ser
castigado.
A
nadie
convence
el
cobro
de
los
desayunos
y
despensas.
Todos
estamos
en
contra...
Otra
de
René
Juárez:
los
126
guaruras
a
su
servicio,
y
ahora
solo
pide
le
dejen
seis;
así
tendrá
de
negra
la
conciencia...
¿Y
por
qué
no
dijo
nada,
Héctor
Astudillo
Flores
del
acuerdo
Salinas-Fox,
para
liberar
a
Raúl
Salinas
de
Gortari,
autor
intelectual
del
asesinato
de
José
Francisco
Ruiz
Massieu?
Tampoco
opinó
nada
Florencio
Salazar
Adame...
Bien
por
la
resolución
de
la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
de
no
eximir
del
delito
de
genocidio
a
Luis
Echeverría
Alvarez
y
Mario
Moya
Palencia.
Ojalá
no
les
tiemble
la
mano
a
los
jueces...
Estalló
un
escándalo
en
el
PT
del
Brasil,
que
contamina
al
gobierno
de
Lula,
por
actos
de
corrupción
de
destacados
dirigentes.
Guardando
las
distancias
es
similar
al
de
Rosario
Robles,
Ahumada
y
Bejarano,
en
el
PRD.
La
enseñanza
es
que
la
izquierda
no
está
exenta
de
la
corrupción,
si
no
se
ponen
candados
institucionales...
Bien
por
el
diputado
Víctor
Buenrostro,
que
tiene
un
ojo
al
gato
(la
candidatura
a
la
presidencia
municipal
de
Zihuatanejo),
y
otra
al
garabato
(su
tarea
legislativa).
Propone
incorporar
a
la
Constitución
local
las
figuras
de
plebiscito,
referéndum
e
iniciativa
popular.
Temas
pendientes
de
la
próxima
reforma
político-electoral.
Invitarán a 10 líderes a vigilar el respeto a los
pueblos
indios. (La Jornada, Rosa Rojas,
p.
web)
Saramago, Menchú y De la Fuente,
entre
los
convocados
Indígenas integrantes de la comisión de seguimiento de la Declaración
de
Tepoztlán-Pacto
del
Pedregal
-surgida
de
un
acto
realizado
en
octubre
de
2004
conjuntamente
por
el
Programa
Universitario
México
Nación
Multicultural
(PUMNM)
de
la
UNAM
y
la
Fundación
Rigoberta Menchú- acordaron invitar
a
diez
personalidades
de
prestigio
internacional
para
constituir
el
observatorio
internacional
para
el
cumplimiento
de
los
derechos
indígenas,
entre
ellos
el
premio
Nobel
de
Literatura
José
Saramago, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México
(UNAM),
Juan
Ramón
de
la
Fuente,
Vandana
Shiva y Mary Robinson.
Otras personalidades que serán invitadas a integrar el observatorio,
que
debería
quedar
constituido
en
octubre
próximo,
son
los
también
premios
Nobel
Adolfo
Pérez
Esquivel, Joseph Stiglitz, Wangari Maathai y la propia Rigoberta Menchú.
El mandato de este observatorio es: ser una voz moral para
vigilar
y
proteger
los
derechos
humanos,
sociales,
económicos
y
culturales
de
los
pueblos
indios;
sensibilizar
sobre
esos
derechos;
contribuir
a
que
las
instancias
correspondientes
cumplan
con
sus
compromisos
adoptados
en
la
esfera
nacional
e
internacional.
La citada comisión de seguimiento se reunió los primeros días
de
este
mes.
Está
integrada
por
los
expertos
indígenas
Nina
Pacari (Ecuador), Tarcila Rivera
(Perú),
Marcos
Matías
(México),
Myrna
Cunningham (Nicaragua) y, por el PUMNM, Juan Mario Pérez Martínez.
Propusieron entre las tareas a cumplir por el observatorio,
realizar
visitas
in
situ
para
llamar
la
atención
sobre
los
graves
incumplimientos
que
se
estén
dando
en
la
aplicación
de
los
derechos
de
los
pueblos
indios;
participar
en
otra
instancias
con
su
"voz
moral"
para
sensibilizar
y
dar
lugar
al
cumplimiento
de
dichos
derechos
y
realizar
un
informe
anual
sobre
su
estado
de
cumplimiento.
Acordaron también realizar un estudio -que será gestionado
por
el
PUMNM-
sobre
los
avances
y
límites
de
la
primera
Década
Internacional
de
los
Pueblos
Indios
de
la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
(ONU);
"identificar
elementos
que
orienten
el
diseño
de
un
plan
de
acción
para
el
segundo
decenio,
tanto
para
las
organizaciones
indígenas,
los
estados
y
las
agencias
de
cooperación
internacional",
así
como
el
diseño
de
un
sistema
de
evaluación
de
esta
segunda
década,
que
incluya
un
"sistema
de
indicadores
culturalmente
pertinentes".
Propusieron que la presentación de los resultados del citado
estudio
se
haga
en
el
contexto
de
las
actividades
del
quinto
periodo
de
sesiones
del
foro
permanente
de
las
Naciones
Unidas,
que
tendrá
lugar
en
el
mes
de
mayo
de
2006.
Acordaron también solicitar al rector de la UNAM y a Menchú que se comuniquen con las personalidades sugeridas
para
conocer
su
disposición
y
convocar
a
la
estructuración
e
instalación
del
observatorio
en
octubre
de
este
año
en
la
ciudad
de
México.
Respecto al contexto conceptual señalaron que debe partir de
los
derechos
fundamentales
de
los
pueblos
indígenas
(identidad,
territorio,
lengua,
gobernabilidad,
entre
otros);
debe
superar
el
enfoque
de
pobreza-
carencias,
el
enfoque
sectorial,
e
incorporar
el
punto
de
vista
endógeno
de
los
pueblos
indígenas
y
fortalecer
la
visión
holística,
incluyendo
la
perspectiva
de
género
y
generacional
de
los
pueblos
indios.
Este
marco
implica
"una
reorientación
en
la
asignación
de
los
recursos
para
el
desarrollo
de
los
pueblos
indígenas",
acotaron.
Del nuevo sistema de indicadores, señalaron que deben ser "la
base
fundamental
para
el
diseño
de
las
nuevas
políticas
y
programas
de
acción
por
parte
de
los
gobiernos,
organismos
internacionales,
oficinas
nacionales
de
estadística,
agencias
de
cooperación
del
sistema
de
las
Naciones
Unidas
y
un
marco
de
referencia
para
la
evaluación
del
segundo
decenio".
Subrayaron la necesidad de sensibilizar a gobiernos, agencias,
organismos
de
cooperación
y
a
los
propios
pueblos
indígenas
"sobre
la
importancia
del
sistema
de
información
estadística
y
censos
con
pertinencia
cultural
como
una
herramienta
que
contribuya
a
la
determinación
de
las
prioridades
de
desarrollo
desde
la
perspectiva
de
los
pueblos
indígenas".
Organizaciones campesinas
Pide CNC detener deterioro de suelos. (El Universal, Julián Sánchez,
p.
web)
La desertificación debe ser considerada
asunto
de
seguridad
nacional,
demanda
La desertificación en México afecta
a
80
por
ciento
del
territorio
nacional
y
a
más
de
20
millones
de
mexicanos
que
habitan
en
zonas
áridas
y
semiáridas,
por
lo
que
este
debe
ser
considerado
como
un
asunto
de
seguridad
nacional,
señaló
el
líder
de
la
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC),
Heladio
Ramírez
López.
Dijo que la desertificación afecta
a
680
de
los
más
de
2
mil
400
municipios
del
país,
300
de
los
cuales
se
encuentran
en
condiciones
de
alta
y
muy
alta
marginación
y
150
con
marginación
media.
Ramírez López resaltó que ante
este
panorama
es
urgente
tomar
medidas
para
detener
la
degradación
de
los
suelos,
aguas,
bosques
y
selvas;
y
sobre
todo
el
avance
de
las
vulnerables
zonas
áridas
para
devolverles
la
cubierta
vegetal.
La Organización de las Naciones
Unidas
(ONU)
define
a
la
desertificación
como
el
proceso
de
degradación
de
las
tierras
en
zonas
áridas,
semiáridas
y
subhúmedas
secas.
El dirigente de la Confederación
Nacional
Campesina,
quien
recordó
que
este
viernes
se
conmemora
el
Día
Mundial
de
Lucha
contra
la
Desertificación
y
la
Sequía,
insistió
en
que
este
momento
debe
ser
ocasión
para
evaluar
acciones
y
programas
y
no
celebración
vacía
sin
nada
que
halagar,
sino
más
bien
lamentar.
El líder agrario expuso que el
flagelo
del
desierto
pone
en
riesgo
la
alimentación
de
los
mexicanos,
además
de
que
se
estima
que
en
el
mundo
anualmente
se
pierden
42
mil
millones
de
dólares
por
la
degradación
de
los
suelos.
Heladio Ramírez
señaló
que
lo
más
grave
del
problema
radica
en
que
si
en
la
pasada
década
se
determinó
que
Baja
California,
Coahuila,
Nuevo
León,
San
Luis
Potosí;
las
costas
de
Guerrero;
las
mixtecas
de
Oaxaca
y
Puebla
eran
las
regiones
de
mayor
frecuencia
e
intensidad
en
la
presencia
de
la
desertificación,
ahora
recientes
estudios
demuestran
que
la
sequía
se
extiende
y
sobrepasa
sus
patrones
históricos.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Agresiones contra desplazados, aquí. (Cuarto Poder, Heriberto Ortíz, p.
web)
ALTAMIRANO
Rechazan la injerencia extranjera y la entrega de la biodiversidad
a
compañías
multinacionales.
Habitantes de comunidades
indígenas
denuncian
agresiones
por
parte
de
empresas
trasnacionales
que
escudadas
en
la
"apertura
económica"
que
anunció
el
Gobierno
Estatal,
dejan
sin
empleo
a
cientos
de
indígenas.
Los agredidos denuncian
que
la
consulta
de
carácter
"internacional"
con
respecto
a
la
autorización
del
uso
de
tierras
para
empresas
que
construyen
supuestos
centros
ecoturísticos,
no
genera
empleos
y
entradas
económicas
a
los
habitantes
del
lugar.
Por el contrario,
les
arrebatan
las
tierras
de
cultivo,
dejándolos
en
la
completa
miseria,
y
cuando
tratan
de
manifestar
su
desencanto
son
amenazados,
incluso
agredidos
física
y
verbalmente
por
miembros
de
estas
compañías
o
por
elementos
de
seguridad
pública.
"Nosotros nunca
pasearemos
en
estos
centros
ecoturísticos,
pues
tanto
los
costos
como
su
forma
nos
lo
impiden;
esto
nos
convierte
en
extranjeros
en
nuestra
propia
tierra",
mencionó
Hermógenes
Culebro,
habitante
de
Altamirano.
La apertura de tierras
es
inaceptable
pues
es
la
injerencia
de
aquellos
intereses
corporativos
multinacionales
(biotecnológicos,
farmacéuticos,
agroalimentarios)
que
ambicionan
apoderarse
del
control
de
esos
territorios,
con
sus
recursos
naturales
estratégicos
y
con
todos
los
conocimientos
indígenas
ahí
existentes,
a
cambio
simplemente
de
"espejitos".
Consideran esto como
una
nueva
conquista,
para
lo
cual
echan
mano
de
supuestas
ONG
conservacionistas
(nacionales
e
internacionales)
y
de
un
discurso
"verde"
que
disfraza
el
saqueo
con
un
supuesto
beneficio
para
la
humanidad,
declaró
un
activista
del
grupo
internacional
Paz
y
Fraternidad.
Diversas compañías
se
están
instalando
en
Chiapas,
y
poco
a
poco
van
desplazando
a
los
indígenas
de
sus
comunidades.
Estos
actos
pueden
generar
violencia
en
el
estado,
por
lo
que
un
grupo
de
indígenas
de
la
reserva
Montes
Azules
manifestaron
su
inconformidad
y
exigieron
una
revisión
a
la
reciente
aprobación
de
la
Ley
de
Bioseguridad, señaló Julio Antonio Pérez portavoz de este
grupo.
De la misma manera
agregó
que
lo
anterior
"ha
generado
que
diversas
empresas
trabajen
ya
en
Chiapas
en
la
compra
de
savia
seminis
por
parte
de
Monsanto (la empresa número uno mundial en producción de transgénicos)".
Citó también el inicio
de
actividades
del
Programa
de
Desarrollo
Sustentable
Integral
de
la
Selva
con
participación
directa
de
la
Unión
Europea;
el
despeje
a
toda
costa
del
territorio
de
los
Montes
Azules
(vía
desalojo
o
reubicación
de
comunidades).
Sin embargo el secretario
del
Medio
Ambiente,
Alberto
Cárdenas,
ha
declarado
que
"en
Chiapas
se
abren
oportunidades
para
mercados
legales
de
los
recursos
genéticos
y
la
biodiversidad...
estos
hechos
ubican
al
gobierno
de
Pablo
Salazar
a
la
vanguardia".
Por su parte, un
elemento
del
Instituto
Nacional
Indigenista
(INI)
-que
pidió
guardar
su
nombre
en
el
anonimato
para
evitarse
problemas
posteriores-
refirió
que
"es
necesaria
una
reestructuración
en
el
proceso
de
modernidad
en
el
estado,
para
poder
dar
cabida
en
el
aludido
paso
de
modernización
a
todos
lo
indígenas
que
exigen
trabajar".
DISTRITO FEDERAL
Deciden vecinos de Santa Fe continuar lucha. (El Universal, Johana Robles, p.web).
Advierten que
no
dejarán
se
edifique
la
UAM-Cuajimalpa
en
zona
boscosa.
Vecinos de Contadero, en Cuajimalpa, informaron que continuarán su lucha contra la
instalación
del
plantel
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM)
en
el
bosque
El
Encinal
porque
la
institución
educativa
no
cuenta
con
un
proyecto
de
construcción
y,
por
ende,
con
estudio
de
impacto
ambiental,
urbano
ni
la
factibilidad
de
servicios
para
una
obra
de
tal
magnitud.
Este miércoles por la noche, indicó
José
Oseguera,
habitante
de
Contadero,
esperaban
que
las
autoridades
de
la
UAM
les
enseñaran
el
proyecto
arquitectónico
con
accesos
y
vialidades
"pero
no
nos
presentaron
nada,
no
había
planos
ni
proyecto
arquitectónico,
nada
más
nos
lo
platicaron",
aseguró.
Por su parte, Marisa González, participante en esa reunión, señaló que cuando
cuestionaron
a
Ricardo
Solís,
secretario
general
de
la
UAM,
sobre
la
posibilidad
del
cambio
de
uso
de
suelo
la
zona
es
de
preservación
ecológica,
éste
les
aseguró
que
lo
tramitarían.
Ambos coincidieron en señalar que
su
temor
es
que
si
se
cambia
el
uso
de
suelo,
inmobiliarias
y
particulares
busquen
urbanizar
el
bosque
El
Encinal,
ubicado
en
La
Venta.
Marisa González
aclaró
que
no
están
en
contra
del
plantel
educativo,
sino
de
que
se
edifique
en
la
zona
de
conservación
ecológica,
"que
lo
construyan
en
otro
predio".
Por su parte, el gobierno del Distrito
Federal
estableció
una
mesa
de
negociación
con
vecinos
de
la
zona
de
Contadero,
en
Cuajimalpa,
ante
la
negativa
de
que
se
instale
en
El
Encinal
un
plantel
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM).
Aarón Mastache,
coordinador
de
asesores
de
la
Secretaría
de
Gobierno
del
DF,
dijo
que
acordaron
que
la
UAM
y
la
administración
local
realizarán
estudios
durante
tres
o
cuatro
meses,
y
al
final
se
harán
públicas
las
conclusiones
para
conocer
lo
que
se
puede
instalar
en
la
zona.
El funcionario capitalino mencionó
que
representantes
de
la
UAM
explicaron
a
los
vecinos
de
la
zona
que
una
de
las
metas
de
la
institución
es
contar
con
planteles
en
los
cuatro
puntos
cardinales
y
ya
cuentan
con
el
norte
(Azcapotzalco),
sur
(Xochimilco)
y
oriente
(Iztapalapa),
pero
falta
en
el
poniente.
Atención de matrícula
El coordinador de asesores de la
Secretaría
de
Gobierno
del
Distrito
Federal
dijo
que
la
idea
es
atender
una
matrícula
de
300
mil
alumnos
y
en
la
zona
poniente,
con
la
que
ya
cuentan
con
un
proyecto,
iniciarán
clases
con
unos
200
alumnos,
aunque
será
en
forma
temporal,
en
lo
que
se
resuelve
lo
de
El
Encinal,
donde
estaría
el
centro
de
investigación;
y
El
Escorpión,
en
Santa
Fe,
donde
se
construiría
el
plantel.
GUERRERO
El asesinado del líder indígena Marino Rentaría
“se
veía
venir”,
dice
alcalde
de
Ometepec. (El Sur,
Karerine Trigo, p. web).
Ometepec
El presidente municipal de Ometepec,
Francisco
Espinosa
Hilario,
exhortó
a
que
se
regularice
la
tierra
en
la
colonia
Nuevo
Amanecer,
para
resolver
el
conflicto
que
llevó
al
asesinato
del
dirigente
del
Movimiento
Indígena
por
la
Autonomía
y
del
PRD,
Marino
Rentería Marín, el 9 de junio, por el que está consignado
un
priísta.
Entrevistado sobre los señalamientos
del
senador
perredista
Saúl
López
Sollano y el diputado local, Mauro García Medina, de que parte
de
la
responsabilidad
de
la
violencia
en
la
colonia
la
tiene
el
presidente
municipal
porque
no
atendió
el
conflicto,
Espinosa
Hilario
señaló:
“yo
tengo
testigos
de
que
sí
los
atendí,
nunca
quisieron
entender”.
Al preguntarle si hay peligro de
más
violencia
en
la
colonia,
el
alcalde
señaló:
“Yo
creo
que
cabe
la
intervención
del
goberno
del
estado,
en
el
sentido
de
que
le
pongamos
fin
a
este
conflicto
de
tierras,
que
de
una
vez
por
todas
le
entremos
a
regularizar
la
tierra,
el
gobierno
del
estado,
el
ejido
y
el
Ayuntamiento
porque
está
dentro
del
municipio”.
Espinosa Hilario dijo que el asesinato
de
Marino
Rentería
es
algo
que
“se
veía
venir,
hacia
Marino
o
hacia
Lauro”
García
Vázquez,
el
otro
dirigente
del
MIA,
“porque
ellos
fueron
los
que
siempre
se
opusieron
a
que
se
regularizara
la
tierra
de
la
colonia”.
El alcalde priísta, es señalado
por
Lauro
García
como
uno
de
los
causantes
del
conflicto,
porque
con
el
grupo
del
PRI
y
del
Partido
Verde
Ecologista
de
México
en
la
colonia
Nuevo
Amanecer
defienden
los
intereses
del
ganadero
Mateo
Aguirre
Rivero,
hermano
del
ex
gobernador
Ángel
Aguirre
Rivero,
quien
reclama
el
predio
como
de
su
propiedad.
Entrevistado en un restaurante
en
la
entrada
de
la
ciudad,
a
una
semana
del
asesinato
del
dirigente
indígena,
el
alcalde
señaló
que
Marino
Rentería
y
Lauro
García
Vázquez
mantenían
una
actitud
soberbia,
prepotente,
altanera
y
“entre
dimes
y
diretes nunca llegamos a nada, lo que sí es verdad es que
esas
personas
lucraban
con
esos
terrenos,
o
lucran,
me
consta
y
por
eso
se
oponían
a
que
se
regularizara
el
terreno”.
Dijo que Carlos Mateo Aguirre renunció
a
sus
derechos
sobre
el
terreno
debido
al
conflicto
que
se
generó,
y
explicó
que
“antes
hubo
un
intento
de
su
parte,
hay
un
plano
donde
él
lotificó y trata de vender en algo así como 5 mil pesos cada
lote,
a
500
pesos
mensuales,
para
que
en
10
meses
le
pagaran;
la
mayoría
de
la
gente
estaba
de
acuerdo
porque
son
terrenos
que
valen
más
de
5
mil
pesos
de
contado
pero
como
era
de
esperarse
se
atravesaron
Marino
y
Lauro
y
siempre
se
opusieron
a
esa
medida”.
Según el alcalde, a Lauro y a Marino
“les
convenía
tener
a
las
personas
irregulares
porque
de
esta
manera
cada
semana
les
podían
pedir
cooperaciones
y
si
se
oponían
a
dar
la
cooperación
les
exigían
el
lote,
era
la
actitud
con
la
que
se
manejaban
y
eso
lo
oí
de
mucha
gente”.
Indicó el alcalde que en la primera
invasión
en
octubre
de
2001,
fueron
170
familias
las
que
llegaron
al
terreno
donde
está
ubicada
la
colonia
Nuevo
Amanecer.
Después,
para
no
perjudicar
a
ganadero
Carlos
Mateo
Aguirre,
se
les
ofrecen
2
hectáreas
de
un
terreno
de
7
propiedad
del
gobierno
del
estado,
donde
se
estableció
la
colonia
Emiliano
Zapata.
Sin embargo el número de familias
creció
poblando
completamente
las
7
hectáreas
“se
agarraron
todo”,
según
el
alcalde.
Afirma que en la colonia Emiliano
Zapata,
los
líderes
eran
Andrés
García
y
Lauro
García,
y
que
cobraban
por
los
terrenos,
pero
salieron
mal
entre
ellos
“y
Lauro
queda
sin
cabida
en
la
Zapata
y
se
regresa
con
unas
cuantitas
gentes
a
la
colonia
Nuevo
Amanecer”.
Dice que Lauro García iba a comunidades,
algunas
de
Ometepec,
pero
más
a
la
parte
alta
y
voceaba,
ofreciendo
terrenos
en
Ometepec,
porque
ahí
“tenían
unas
hectáreas
para
repartir”.
“Lauro invadía terrenos y buscaba
gente
para
justificar
su
invasión,
fue
lo
que
siempre
hizo”,
acusa
el
alaclde.
Espinoza Hilario
dice
que
ya
recientemente,
el
Ayuntamiento
que
él
preside
propuso
una
lotificación de la colonia, para dividirla en terrenos de
10
por
20
metros,
y
se
consideraba
que
Lauro
García
y
Marino
Rentería tuvieran un lote en la colonia, aun cuando ya tenían
casa
en
la
ciudad
y
supuestamente
los
terrenos
eran
para
aquellas
personas
que
no
tenían
vivienda
alguna.
Señala que García Vázquez tiene
su
casa
en
la
colonia
Viveros
y
Rentería
Marín
en
la
Alianza
Campesina,
pero
“por
llevar
la
fiesta
en
paz,
se
acordó
que
también
les
tocaría
su
lote
a
ellos,
para
no
violentar
más
las
cosas
porque
podían
acusar
de
que
los
estaban
despojando,
total
salían
más
de
250
lotes”.
Pero “tal vez lo que faltó en este
caso
fue
tener
mano
dura,
desalojarlos
y
encarcelarlos”,
opina
el
alcalde.
Dice que los líderes de la colonia
eran
del
lado
del
PRD
Lauro
Garciía
y
Marino
Rentería, y del lado del PRI Rubén Sandoval y del Partido
verde
Candelaria
Martínez
Carreto.
Sobre la presencia de la policía
preventiva
municipal
en
la
colonia
Nuevo
Amanecer
el
presidente
señaló
que
se
debió
a
que
Candelaria
se
quejaba
de
que
cuando
iban
a
lotificar,
llegaban
Lauro
y
Marino
con
su
gente
armada
con
machetes
y
palos
y
los
sacaban.
Sobre los hechos del jueves 9 de
junio,
cuando
priístas
matan
a
Marino
Rentería,
Espinosa
Hilario
señaló
que
la
información
que
le
dieron
fue
que
“Marino
y
Lauro,
acompañados
de
algunas
gentes
llegaron
a
molestar
a
Eligio
Morales
Hilario
y
fue
Marino
quien
inició
la
agresión
y
Eligio
solamente
se
defendió,
y
Lauro
estaba
junto
con
Marino
y
corrió”.
Dice el presidente municipal que
“no
es
un
asunto
entre
partidos,
porque
Candelaria
Martínez
es
del
Verde
Ecologista
y
Rubén
Sandoval
en
apariencia
es
del
PRI,
tan
no
es
de
partidos
que
si
fuera
de
partidos,
el
PRD
anduviera
sobre
aquí,
aprovechando
que
están
en
campaña”.
Agrega: “Marino y Lauro, más se
escudaban
en
el
PRD
por
intereses
que
porque
realmente
fueran
militantes
activos,
esas
actividades
de
invasión
de
tierra
y
de
reventas,
yo
creo
que
perjudican
más
al
partido
que
darle
bonos”.
Una juez pidió dinero para liberar a un campesino,
acusa
comisario
de
Las
Salinas. (El Sur,, p.web)
El comisario de Las Salinas, municipio
de
Copala,
Leandro
González
Maldonado,
denunció
que
la
juez
del
distrito
judicial
de
Altamirano,
pide
dinero
a
los
familiares
del
campesino
Mauro
Soriano
Hernández,
detenido
hace
ocho
días,
para
dejarlo
en
libertad,
quien
es
acusado
de
un
delito
por
un
conflicto
agrario.
En una llamada a El Sur, González
Maldonado
señaló
que
hace
ocho
días,
Mauro
Soriano
fue
detenido
por
robo
de
coco,
pero
insistió
que
es
una
acusación
fue
falsa,
porque
el
presunto
agraviado
nunca
pudo
comprobar
la
propiedad
de
los
terrenos
de
dónde
presuntamente
se
robó
el
fruto.
El comisario explicó que los terrenos
son
propiedad
de
el
ejido
de
Las
Salinas,
y
tienen
documentos
que
lo
prueban,
y
todo
este
conflicto
se
debe
a
problema
por
el
ejido.
Agregó
que
él
mismo
fue
detenido
y
liberado
por
el
mismo
delito,
porque
no
hubo
pruebas
en
su
contra.
Manifestó que aunque no sabe de
leyes,
entiende
que
ha
pasado
suficiente
tiempo
para
que
dejen
en
libertad
a
Mauro
Soriano,
pero
ahora
la
juez
pide
dinero
a
los
familiares
para
dejarlo
salir.
Por eso, anunció que mañana a las
10
de
la
mañana
se
instalarán
en
las
oficinas
del
juzgado
de
primera
instancia
del
distrito
judicial
de
Altamirano,
en
San
Luis
Acatlán,
para
denunciar
estas
irregularidades,
y
hacer
un
llamado
al
gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo con el fin de vigilar a las instancias
judiciales.
Añadió “que sepa el gobernador
que
clase
de
funcionarios
tiene”.
(Redacción).
Sigue estancada la petición de juicio político
contra
el
alcalde
de
Talapa. (El Sur, Jesús Rodríguez, p. web).
Caso de los dos
terrenos
propiedad
del
municipio
que
Rufino
Vázquez
le
dio
a
sus
hermanos.
El
Congreso
del
Estado
se
negó
a
recibir
la
solicitud,
a
pesar
de
que
hay
pruebas
documentadas
del
fraude,
señala
el
FPR
Tlapa
El alcalde priísta de Tlapa de
Comonfort,
Rufino
Vázquez
Sierra,
ha
maniobrado
desde
el
Ayuntamiento
para
apoderarse
de
dos
terrenos
que
pertenecían
al
municipio,
a
fin
de
beneficiar
a
dos
de
sus
hermanos.
Por los hechos, los miembros del
Frente
Popular
Revolucionario
(FPR)
de
Tlapa
promovieron,
el
año
pasado,
un
juicio
político
contra
Vázquez
Sierra
ante
el
Congreso
del
Estado,
pero
a
pesar
de
que
hay
documentos
y
un
fallo
de
la
Procuraduría
General
de
Justicia
del
Estado
(PGJE)
que
constatan
la
operación
ilícita,
los
diputados
rechazaron
la
solicitud.
Asimismo, bajo la protección de
Rufino
Vázquez
y
sin
siquiera
haber
asumido
la
presidencia
municipal,
el
11
de
noviembre
de
2002
se
hizo
efectivo
que
los
terrenos
ubicados
en
la
colonia
El
Tepeyac y otro más en la colonia Cotlalco
pasaran
a
ser
propiedad
de
sus
hermanos
Rafael
y
Hermenegildo
Vázquez
Sierra.
Un expediente de ambos casos –en
poder
de
El
Sur–
dan
fe
de
los
hechos
y
de
cómo
se
vulneraron
algunos
acuerdos
del
Cabildo
a
fin
de
beneficiar
a
los
Vázquez
Sierra.
Litigio en El Tepeyac
En el caso de El Tepeyac, el terreno en mención es de una
área
de
2534
metros
cuadrados.
Éste
fue
donado
el
18
de
marzo
de
1994
al
Ayuntamiento
por
parte
de
la
Asamblea
General
de
Ejidatarios
de
Tlapa,
a
quien
pertenecía.
Así lo constata un oficio con fecha
del
17
de
noviembre
de
2002,
firmado
por
el
presidente
y
el
secretario
del
comisariado
en
ese
entonces,
Aureliano
Gómez
Aguilar
y
Antonio
Rodríguez
Romano,
donde
ratifican
la
donación
del
predio.
Con el terreno en poder del Ayuntamiento,
el
20
de
septiembre
del
mismo
año
el
Cabildo,
en
sesión,
aprueba
ceder
el
50
por
ciento
del
predio
a
los
colonos
de
El
Tepeyac
para
construir
un
mercado,
y
la
otra
mitad
al
Conalep
del
municipio.
Pero a pesar de la decisión, el
apoderado
legal
de
los
hermanos
del
alcalde,
Javier
Reyes
Grande,
asegura
que
dichos
terrenos
fueron
comprados
al
ejido
de
Tlapa,
lo
cual
rechazan
las
autoridades
ejidales
en
un
oficio
de
2002.
Señalan que: “…El Ejido se entera
que
el
predio
en
referencia
supuestamente
fue
vendido
a
CC.
Rafael
y
Hermenegildo
de
apellidos
Vázquez
Sierra
y
a
Milton
Sandoval
Reyes,
situación
que
el
Ejido
de
Tlapa,
Guerrero,
desconoce
dicho
contrato
de
compra-venta…”.
El litigio llegó ya hasta la PGJE,
debido
a
que
Rafael
y
Hermenegildo
Vázquez
demandaron
por
la
vía
penal
a
los
líderes
de
El
Tepeyac
y
miembros
del
FPR,
Ubaldo Segura Pantoja, Honorio Morales
Bonilla
y
María
López
Ramírez,
bajo
los
cargos
de
despojo,
pues
al
tener
la
anuencia
del
Ayuntamiento
ocuparon
el
terreno.
Pero la sentencia del director
jurídico
Consultivo
de
la
Procuraduría,
Carlos
Morales
Caballero,
el
31
de
marzo
de
2004,
establece
el
“no
ejercicio
de
la
acción
penal”
en
contra
de
los
demandados,
echando
abajo
las
pruebas
presentadas
por
los
hermanos
del
presidente
para
adjudicarles
culpa
a
los
líderes.
Actualmente el terreno se encuentra
desocupado.
Sobre
él,
Hermenegildo
y
Rafael
han
cercado
con
malla
ciclónica
el
perímetro,
a
pesar
de
que
legalmente
no
se
les
reconoce
ser
los
dueños.
Instala el alcalde negocio particular
en
predio
del
Ayuntamiento
En un terreno donado por el ejido
de
Tlapa
al
Ayuntamiento
en
1998,
en
la
colonia
Contlalco,
primero
se
definió
que
sería
utilizado
para
la
construcción
de
una
gasolinera
que
administraría
el
municipio,
pero
“por
causas
que
desconocemos”,
dice
el
expediente
de
solicitud
de
juicio
político
contra
Rufino
Vázquez
(que
se
fundamenta
en
el
acta
levantada
por
la
comisaría
para
“la
destinación
del
terreno”
al
Ayuntamiento),
se
cambió
su
fin
para
instalar
un
corralón
de
la
Dirección
de
Tránsito.
Actualmente una parte es ocupada
por
el
corralón
y
la
otra
por
un
negocio
de
materiales
para
la
construcción
que
–aseguran
fuentes
del
FPR
de
Tlapa–
es
propiedad
del
alcalde
Rufino
Vázquez.
Por otra parte, a pesar de los
elementos
presentados
en
el
expediente,
el
Congreso,
el
19
de
mayo,
declaró
en
sesión
que
“no
se
admite
y
declara
improcedente
la
denuncia
de
juicio
político”.
Colonos de El Cayaco
apoyan
a
los
de
Granjas
del
Marques
contra
el
desalojo. (El Sur, Karina Contreras, p. web)
Ejidatarios de El Cayaco ofrecieron su apoyo a los vecinos de la colonia Granjas
del
Marqués
49,
a
quienes
la
juez
cuarta
de
primera
instancia
del
Ramo
Civil
del
distrito
de
Tabares,
Gabriela
Ramos
Bello,
ordenó
su
desalojo
del
predio
que
ocupan
desde
hace
16
años,
pues
dijeron
que
se
está
avasallando
sus
derechos.
En conferencia de prensa en el
café
Astoria,
el
ex
presidente
del
comisariado de El Cayaco, Alberto
Ávila
González,
acompañado
de
unas
30
personas,
dijo
que
están
dispuestos
a
apoyar
a
los
colonos
de
Granjas
del
Marqués
49
en
las
movilizaciones
que
lleven
a
cabo
para
evitar
que
les
quiten
el
terreno
donde
han
vivido.
Ávila González agregó que ellos
saben
lo
que
es
luchar
por
la
tierra,
pues
por
varios
años
han
mantenido
en
El
Cayaco una disputa legal por un predio de varias hectáreas
con
un
particular.
Desde hace tres semanas, los vecinos
de
la
colonia
Granjas
del
Marqués
mantienen
un
plantón
en
la
entrada
de
la
colonia
con
el
objetivo
de
evitar
ser
desalojados,
después
de
la
orden
de
la
juez,
con
el
argumento
de
que
ese
predio
pertenece
a
la
desaparecida
Banca
Cremi, producto de un embargo a una inmobiliaria.
El desalojo estaba previsto para
los
primeros
días
de
junio,
pero
fue
suspendido
por
orden
de
la
misma
juez
a
petición
del
demandante,
porque
iban
a
llevar
a
cabo
algunas
correcciones
al
expediente.
Preocupación de ONG por declaraciones de Zeferino Torreblanca sobre La Parota. (El Sur, Cartas, p. web )
Señor director:
Esperamos que puedan publicar la
siguiente
en
su
espacio
de
cartas.
México DF, a 10 de junio de 2005
C. Zeferino
Torreblanca
Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
PRESENTE
El Espacio DESC,
conjunto
de
12
organizaciones
que
luchan
por
el
respeto,
la
promoción
y
la
exigibilidad
de
los
derechos
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales,
le
manifiestan
su
profunda
preocupación
por
las
declaraciones
que
usted
sostuvo
el
pasado
lunes
23
de
mayo,
según
las
cuales
el
proyecto
hidroeléctrico
de
La
Parota
“debe
avanzar”
en
la
actual
administración.
Nuestra preocupación se debe a
que
dicho
proyecto
pone
en
riesgo
la
vida
y
los
derechos
fundamentales
de
25
mil
personas
que
habitan
22
poblados
pertenecientes
a
los
municipios
de
Acapulco,
San
Marcos
y
Juan
R.
Escudero
(Tierra
Colorada),
Chilpancingo
y
Tecoanapa. Todos ellos serán gravemente afectados por la muerte
del
río
Papagayo.
En
este
sentido
hay
que
considerar
que
aunque
el
proyecto
hidroeléctrico
de
La
Parota
inundaría
“sólo”
12
ejidos,
una
propiedad
privada
y
3
poblados
anexos
de
47
en
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec,
los
44
restantes,
así
como
todas
las
tierras
que
hoy
son
irrigadas
por
el
río,
también
serían
seriamente
afectadas
por
la
falta
de
agua
y
por
el
aumento
de
la
salinización
de
la
tierra
que
producen
las
presas.
Además,
como
lo
muestran
las
historias
de
millones
de
personas
desplazadas
en
el
mundo
por
grandes
presas,
su
construcción
se
traduce
en
flagrante
violación
de
los
derechos
humanos
fundamentales
(vivienda,
salud,
trabajo,
información,
medio
ambiente,
etc.).
Prueba de lo dicho anteriormente
es
que
en
el
caso
del
Proyecto
Hidroeléctrico
de
La
Parota,
aún
cuando
todavía
no
se
inicia
su
construcción,
los
derechos
de
las
personas
ya
han
comenzado
a
ser
violados:
–Muchos de los comuneros y campesinos
que
han
decidido
iniciar
una
defensa
legal
de
sus
tierras,
han
sufrido
amenazas
e
incluso
encarcelamiento
por
delitos
no
cometidos.
–Las comunidades y los ejidos que
serán
afectados
no
han
sido
debidamente
informados
respecto
de
las
consecuencias
ambientales,
sociales
y
culturales
que
producirá
la
construcción
del
proyecto
hidroeléctrico.
Tampoco
han
sido
consultados
adecuadamente
frente
a
las
acciones
de
prospección
de
la
zona
llevadas
a
cabo
en
los
últimos
meses
por
el
gobierno
federal
con
el
apoyo
local.
Todo
ello
se
traduce
en
la
violación
del
derecho
a
la
información
(artículo
7
Constitucional),
de
los
derechos
a
la
libre
determinación
(artículo
1,
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales
–PIDESC–
ratificado
por
México
el
23
de
junio
de
1981)
y
a
la
participación
de
la
ciudadanía
sobre
las
decisiones
que
la
afectan
(artículo
6
Carta
Democrática
Interamericana).
–En caso de que el gobierno insista
en
impulsar
el
proyecto
y
se
inunden
las
17
mil
300
hectáreas
previstas,
se
produciría
el
desalojo
forzoso
de
todas
aquellas
personas
que
se
oponen
al
proyecto
violándose
en
consecuencia
el
artículo
11.1
del
PIDESC
y
la
Observación
General
no.
7
al
PIDESC
en
materia
de
desalojos
forzosos.
Frente a todas estas circunstancias
el
Espacio
DESC
urge
al
gobierno
del
estado:
1) El respeto de las obligaciones
que
se
desprenden
de
la
Constitución
mexicana,
del
PIDESC
y
de
los
otros
convenios
internacionales
en
materia
de
derechos
humanos
suscritos
por
México.
2) La revisión del proyecto de
La
Parota
con
base
en
estas
obligaciones.
3) Llevar a cabo procesos adecuados
de
consulta
a
los
posibles
afectados
según
lo
establecen
el
derecho
interno
e
internacional;
y
en
tanto
no
lo
haga
no
permita
el
ingreso
de
maquinaria
y
equipo
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
al
lugar
donde
se
tiene
proyectado
realizar
la
presa.
4) La evaluación, a través de expertos
independientes
aceptados
por
las
comunidades,
del
impacto
social,
cultural
y
ambiental
del
proyecto,
privilegiando
los
derechos
ambientales,
a
la
vivienda,
alimentación,
salud,
trabajo
y
educación
de
los
afectados.
El espacio DESC
rechaza
cualquier
acto
de
intimidación,
persecución
y
criminalización
en
contra
de
las
personas
que
han
emprendido
la
defensa
legal
de
sus
tierras
y
de
sus
derechos
fundamentales
y
estará
dando
seguimiento
a
la
evolución
de
los
acontecimientos.
Esperando recibir información acerca
de
las
medidas
que
su
gobierno
tomará
para
resolver
esta
preocupante
situación,
aprovechamos
la
ocasión
para
saludarle.
Espacio DESC
conformado
por
las
siguientes
organizaciones:
Casa y Ciudad, AC, Coalición Hábitat
México,
Cátedra
UNESCO
de
Derechos
Humanos
de
la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM),
Centro
de
Estudios
Sociales
y
Culturales
Antonio
De
Montesinos
(CAM),
Centro
de
Derechos
Humanos
Económicos,
Sociales
y
Culturales
(Cedhescu),
Centro
de
Derechos
Humanos
Miguel
Agustín
Pro
Juárez,
AC
(Prodh),
Centro
de
Reflexión
y
Acción
Laboral
de
Fomento
Cultural
y
Educativo,
AC
(Cereal),
Comisión
Mexicana
De
Defensa
y
Promoción
de
los
Derechos
Humanos,
AC
(CMDPDH),
Deca
Equipo
Pueblo,
AC,
Defensoría
del
Derecho
a
la
Salud,
Fian-Sección
México,
Liga
Mexicana
de
Defensa
de
los
Derechos
Humanos
(Limeddh),
Oficina
Regional
para
América
Latina
de
la
Coalición
Internacional
para
El
Hábitat
(Hic-Al).
Opositores a La Parota reiteran demanda contra
CFE.
(La Jornada, Misael Habana, p.web).
Acapulco, Gro., 16 de junio. Los
comuneros
que
se
oponen
a
la
construcción
de
la
presa
hidroeléctrica
La
Parota
rechazaron
las
declaraciones
que
hizo
a
La
Jornada
el
director
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE),
Alfredo
Elías
Ayub,
en
el
sentido
de
que
no
se
ha
"talado
ningún
árbol"
en
la
zona
de
bienes
comunales
de
Cacahuatepec,
y
reiteraron
su
demanda
contra
la
paraestatal
por
daños
ecológicos.
El
comunero
Mauro
Gallegos
dijo
que
sería
correcto
realizar
una
consulta
pública
sobre
la
viabilidad
del
proyecto,
como
propone
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
Galindo,
"porque
ganaría
la
democracia".
El
líder
de
los
inconformes,
Marco
Antonio
Suástegui
Muñoz,
rechazó
que
15
comunidades
de
la
región
hayan
dado
su
anuencia
al
proyecto,
como
aseguró
el
director
de
la
paraestatal.
OAXACA
“Insuficientes los programas contra la pobreza
en
la
Mixteca:
Cactus. (Noticias,
Voz
de
Oaxaca,
Magdalena
Ávila,
p.web).
HUAJUAPAN DE LEÓN
Desde hace varios años, tanto el gobierno federal
como
el
estatal,
no
han
aterrizado
en
la
región
suficientes
programas
que
combatan
la
marginación
en
las
comunidades
alejadas
de
la
Mixteca, donde aún predomina la pobreza que provoca el aumento
de
los
índices
de
la
emigración,
ya
que
los
proyectos
de
desarrollo
han
resultado
un
paliativo
para
acabar
con
los
problemas
económicos
que
enfrentan
miles
de
familias
de
esta
zona
de
la
entidad,
comentó
en
entrevista
con
NOTICIAS,
el
responsable
del
área
de
Derechos
Humanos
y
Desarrollo
Municipal
del
Centro
de
Apoyo
Comunitario
Trabajando
Unidos
(CACTUS),
Omar
Esparza
Zárate.
Abundó que en la región Mixteca
existen
numerosas
obras
abandonadas,
las
que
han
bautizado
con
el
nombre
de
“elefantes
blancos”,
un
asunto
de
alta
corrupción
municipal
como
es
el
caso
de
la
Central
Camionera,
misma
que
construyó
durante
el
gobierno
panista de Luis de Guadalupe Martínez, a sabiendas que de
nada
serviría,
ya
que
quienes
podrían
ser
los
potenciales
usuarios
de
esa
Central
fueron
muy
claros
con
la
autoridad
municipal
de
esos
años
al
decir
que
ellos
mismos
construirían
sus
propias
centrales
de
acuerdo
a
sus
necesidades.
Por ello, aseguró Esparza Zárate, es necesario
que
los
recursos
se
dirijan
hacia
los
sectores
más
vulnerables,
enfocados
a
proyectos
sustentables
que
den
verdadero
arraigo
a
los
campesinos
principalmente,
quienes
ante
la
falta
de
apoyo
y
la
improductividad
de
sus
campos,
ven
la
necesidad
de
migrar
a
los
estados
fronterizos
y
al
extranjero,
donde
la
mayoría
son
explotados
sufriendo
violaciones
graves
en
sus
derechos
humanos.
El defensor de los derechos humanos, apuntó que
ante
esta
situación,
el
Centro
de
Apoyo
Comunitario
Trabajando
Unidos
no
sólo
critica
al
gobierno
sobre
los
proyectos
que
implementa
desde
un
escritorio
o
que
muchas
veces
son
improvisados,
dando
como
resultado
malas
inversiones
y
mal
gasto
del
recurso
público,
sino
que
trabaja
arduamente
con
productores
de
la
región
en
diferentes
áreas
de
desarrollo
social.
Y como prueba de los beneficios que acarrea el
manejo
efectivo
de
los
recursos,
ejemplificó
el
proyecto
de
la
producción
y
comercialización
del
amaranto
que
ha
dado
buenos
resultados
en
la
región
Mixteca, sin embargo, aceptó que en muchas ocasiones sufren
el
abandono
de
algunos
jóvenes
que
prefieren
irse
al
extranjero
en
busca
de
mejores
condiciones
de
vida.
SONORA
Salen ejidatarios decepcionados y advertidos de
Palacio
Municipal. (Cambio de Sonora, carmen
Chávez,
p.web).
Ejidatarios y colonos
de
El
Zanjón,
acudieron
hoy
a
Palacio
Municipal
para
tratar
de
llegar
a
un
acuerdo
respecto
a
la
construcción
del
acueducto
que
construye
el
Municipio,
el
resultado
de
la
audiencia
no
fue
precisamente
lo
que
esperaban
HERMOSILLO, Son. (Cambio Sonora).- Decepcionados
y
hasta
advertidos
de
que
corren
riesgos
al
paralizar
de
nueva
cuenta
las
obras,
salieron
los
ejidatarios
que
se
oponen
al
acueducto
de
Las
Malvinas,
de
la
entrevista
con
la
Alcaldesa
de
Hermosillo,
por
lo
que
aseguran
no
se
reunirán
más
con
las
autoridades
municipales,
quienes
se
han
portado
muy
prepotentes
con
ellos.
Un grupo de 30 ejidatarios, provenientes
de
diferentes
comunidades
rurales
ubicadas
al
oriente
del
Hermosillo,
acudieron
ayer
en
la
mañana
a
Palacio
Municipal
para
reunirse
con
la
alcaldesa
María
Dolores
del
Río
Sánchez
para
solicitarle
que
suspendiera
las
obras
del
acueducto,
que
realiza
la
empresa
La
Labor
S.A.
de
C.V. a fin de extraer agua a la ciudad.
Molestos, enojados e inconformes dejaron
la
oficinas
de
la
Presidenta
Municipal
porque
les
dijo
que
no
podía
hacer
nada,
además
la
obra
estaba
muy
adelantada.
“Dicen que está muy adelantada, pero
en
sus
manos
está,
sabemos
que
en
sus
manos
está
parar
la
obra
y
nosotros
no
estamos
dispuestos
a
que
se
traiga
el
agua”,
señaló
sumamente
molesta
la
señora
Felicitas
Brito
Gómez,
residente
de
Estación
Zamora
Cartones
Fuego amigo · Magú
Hagan sus apuestas · El Fisgón
Hombrecito tramposista · Helguera
Una vez más · Rocha
Nos colombianizamos · Ahumada
¡Hombrecito al agua! Carreño
Halcones Boligán
Maestro
limpio
Omar
