CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Sabotea la Policía narcoguerra.- DEA

Acusan de complicidad a corporaciones en México

Raúl: abusé, pero no soy un criminal

Rechaza ánimo de revancha contra el ex presidente y Lozano Gracia

Vital, reformar la Ley del Mercado de Valores

Especialistas aseguran que es la vía para promover el desarrollo

Frenan violencia inversiones y empleos

Estiman industriales en US 1,760 millones las pérdidas por la inseguridad fronteriza

Argentina: anulan la ley del perdón para represores

Decenas de juicios a militares podrán ser reabiertos

Los Zetas ya operan en EU: FBI

Según el vocero del FBI de Texas, René Salinas, las ejecuciones en Nuevo Laredo también han cobrado víctimas en el lado estadunidense

Echeverría y Moya pueden ser procesados por genocidio

Así lo establece el proyecto del ministro José Ramón Cossío que hoy discute la Corte

AMLO, tumba del PRD en 2006

Causará daños “irreparables” a la izquierda

Purga total en Tamaulipas

Anuncia el gobernador desaparición de cuerpos policiacos

Frena México la lucha antidrogas, acusa DEA

Advierte ineficiencia y corrupción dentro del Gobierno

Sector agrario

Pide López Sollano a Salazar Adame intervenir en la colonia Nuevo Amanecer de Ometepec. (El Sur (Guerrero), p.web).

El senador perredista Saúl López Sollano pidió al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, que intervenga en el conflicto de la colonia Nuevo Amanecer de municipio de Ometepec, porque se han suscitado hechos de violencia que han cobrado la vida del dirigente del Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA), Marino Rentería Marín.

En un boletín de prensa, López Sollano informó que se reunió con Florencio Salazar en la ciudad de México ayer y le pidió que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) forme una Comisión para dar seguimiento a los conflictos agrarios en Guerrero, y que dé a conocer los procedimientos y métodos a seguir para la solución de los problemas ejidales.

Sobre el conflicto en la colonia Nuevo Amanecer de Ometepec, según el boletín se comentó que ahí dos grupos de indígenas amuzgos y mixtecos se disputan la posesión de un predio de 10 hectáreas, que reclama el priísta Mateo Aguirre, pero que según constancias de la Procuraduría Agraria es propiedad del ejido de Ometepec.

López Sollano informó que también trataron el conflicto agrario entre el ejido de El Macahuite, ubicado en el municipio de Azoyú y ejidos colindantes, que fue beneficiado con una superficie de aproximadamente 700 hectáreas por el programa de Compra de Tierras de la SRA y que a la fecha no se le ha dado posesión formal ni deslindado la superficie, motivo de la donación.

Nuevo acuerdo de comuneros tras del nuevo conflicto del lunes en Jaleaca. (El Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p. web)

La representante de los comuneros de Santa Bárbara, Catalina Arcos, denunció que el grupo adversario, armado, suspendió trabajos de medición y se llevó retenida a una funcionaria de la Procuraduría Agraria.

Zacarías Cervantes Chilpancingo

El conflicto por la representación de los Bienes Comunales de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, que se disputan dos grupos de esa localidad, resurgió el lunes cuando comuneros retuvieron a una funcionaria de la Procuraduría Agraria (PA), aunque ayer firmaron una nueva minuta de acuerdos.

Esto ocurrió cuando los comuneros de Jaleaca que encabeza Catalina Arcos Catalán, quien se dice representante de los Bienes Comunales, con comuneros de la localidad de Santa Bárbara, también de Chilpancingo, efectuaban trabajos de ratificación de los linderos entre ambas comunidades.

Arcos Catalán denunció que cerca de 20 comuneros armados que encabezan Roberto Fuentes y Mario Hernández Nava, suspendieron al mediodía del lunes esos trabajos y se llevaron retenida a Jaleaca a la representante de la PA, Andrea Vélez.

En Jaleaca, dos grupos de comuneros se disputan desde hace tres años la representación de los Bienes Comunales; por un lado se encuentran los que encabeza Arcos Catalán y por el otro, Roberto Fuentes y Mario Hernández.

Los segundos se inconformaron el lunes porque las autoridades de la PA y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reconocieron y notificaron al grupo de Arcos Catalán, para que junto con una representación de comuneros de Santa Bárbara efectuaran la medición y definir los linderos de ambas comunidades con el fin de comenzar los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede).

Arcos Catalán denunció que el grupo adversario armado intentaron también traerse detenidos a la comisión de comuneros que ella representa, Mario Guzmán, Vicente Almazán, Félix Arcos, Francisco Julián y José Barragán, sin embargo, al final sólo retuvieron a la funcionaria, a quien se llevaron a Jaleaca y liberaron después de la medianoche del mismo lunes.

Los dos grupos en conflicto se reunieron ayer en las instalaciones de la PA, en donde firmaron una minuta de acuerdos que establece el compromiso de ambos para elaborar un nuevo listado de comuneros, en una asamblea que será convocada por el comisariado de Bienes de Santiago Tlacotepec, de donde depende Jaleaca de Catalán.

Asimismo, los dos grupos en pugna nombrarán a cuatro de sus representantes para vigilar y apoyar los trabajos del Procede que lleva a cabo el INEGI.

Por su parte, el delegado de la PA, Fernando Jaimes, dijo que la dependencia federal no reconoce formalmente a ninguno de los dos grupos y que la representación se nombrará hasta después de que el comisariado de Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec convoque a la asamblea, se elabore una nueva lista de comuneros y se convoque a una elección.

Denuncian comuneros hostigamiento y presiones del líder político del PT. (El Sol de Zacatecas, p. web)

Los Fresnos; Tlaltenango, Zac.- El pasado viernes 27 de mayo, en la Comunidad de los Frenos que pertenece a este municipio, se celebró una reunión entre ejidatarios y el Dirigente del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes.

En la cuál según refieren los ejidatarios, estratégicamente este líder político, les menciono que a raíz de que en su momento la Procuraduría de la Reforma Agraria, cedió equivocadamente tierras a pequeños propietarios y que después fueron reclamadas por los comuneros, quienes a su vez demostraron su legitima pertenencia, entonces por parte de estos pequeños propietarios, se interpusieron denuncias ante el Ministerio Publico por invasión a la propiedad ajena.

Situación que según los comuneros, quedo en su momento debidamente aclarada a su favor por que ellos tienen en su poder, los documentos que avalan la pertenencia de su tierras y la resolución de dicha dependencia, en la cual resultaron beneficiados.

Entonces denunciaron los comuneros; a este medio informativo, que aprovechando el caso del conflicto, Narro Céspedes, les aseguro que por esta situación existen actualmente 1120 ordenes de aprensión en contra de los Comuneros que pertenecen a la Zona de Cicacalco, la cual abarca los ranchos de los Fresnos, Agua Gorda, Las Mesitas Aguacates, Azucenas San Antonio, Los Sauces y la Ceja, etcétera

Por lo tanto, Narro Céspedes y su Abogado, se ofrecieron de “buena voluntad” a integrar a estas tierras en Conflicto a un Programa de Gobierno denominado PROCEDE, el cual consiste en adquirir tierras ejidales, para después rematarlas a particulares.

Y así, según la versión de este dirigente, Petista; el se encargaría junto con su abogado de negociar que se retiraran estas ordenes de aprensión, sólo si se integran a este programa.

Situación que ha desconcertado a los comuneros, quienes aseguran que esto es una maniobra de Narro Céspedes para sacar ventaja.

Ya que al integrar sus tierras al programa de PROCEDE, automáticamente pierden sus derechos y bienes comunales y se beneficiarían solo a los pequeños propietarios, que ambicionan estas tierras.

Y reprochan de alguna forma la manera de conducirse de este Líder Político, quien al principio, parecía estar con ellos y ayudarlos pero ahora, deja ver claro según los ejidatarios su intención de beneficiarse de forma particular el, presionándolos con estos ordenamientos judiciales en contra de ellos.

Yaquis emplazan a Tours a sacar equipo de predio en disputa. (La Jornada, Cristóbal García, p. web).

Critican discurso de la SRA

Hermosillo, Son., 14 de junio. La comunidad indígena yaqui dio al gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, 72 horas para ordenar el retiro de la maquinaria y equipo que trabaja en las granjas acuícolas privadas establecidas en los predios en disputa La Cuchilla e Isleta I. Asimismo declaró roto el diálogo con el gobierno federal, el cual considera que el caso está resuelto jurídicamente.

En una reunión entre el subsecretario de Gobierno Daniel Ibarra Guerra y el gobernador tradicional del pueblo de Tórim, Octaviano Jécari Espinosa, los indígenas señalaron que el emplazamiento obedece al doble discurso de Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria (SRA).

El 12 de mayo, durante una gira de trabajo por Ciudad Obregón, el titular de la SRA declaró a la prensa que el conflicto por la tenencia de la tierra entre los yaquis y particulares era un caso "firme e inamovible jurídicamente", lo que provocó molestia entre las autoridades tradicionales de la etnia sonorense.

"El gobierno yaqui ha acordado solicitar que en un término de 72 horas se suspendan los trabajos y se retire la maquinaria de las granjas acuícolas posesionadas en nuestro territorio, como Ejido Liliba, Alamo Hueco y Carmen Vázquez, entre otros", establece el escrito de los yaquis dirigido al gobernador. En caso de que no se atienda la petición a las 15 horas del viernes, la etnia procederá a retirar la maquinaria y equipo.

Colonos uruapenses bloquean avenida y la sede de la Corett. (Cambio de Michoacán, Grecia Ponce, p. web)

Exigen escrituración

Bloqueando la avenida 5 de Febrero y tomando la delegación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), habitantes de la colonia La Guadalupana se manifestaron para dar a conocer su inconformidad con el retraso en este trámite.

Dijeron que en la Secretaría de la Reforma Agraria les aseguraron que no tenían su expediente, mientras que el delegado desconcentrado de Corett, Filemón Ramírez, aseguró que ya entregó los oficios correspondientes y que el retraso se ha generado en dicha secretaría.

También acusaron que para lograr la escrituración le dieron al anterior director de Desarrollo Urbano, Alejandro Contreras, diez terrenos y 683 mil pesos.

Mientras tanto, la citada avenida y la dependencia permanecieron bloqueadas desde las 10:00 hasta las 14.00 horas.

En su turno, Filemón Ramírez Barragán, subdelegado desconcentrado de la Corett ofreció su versión, al igual que los colonos. Explicó que la colonia La Guadalupana lleva ya dos años y medio con los trámites para su regularización. Indicó que lo común es "que se haga un decreto expropiatorio en un año y medio. Esto ha tardado por detalles del personal que había en Reforma Agraria, el cual, fue dado de baja; lo anterior ha retrasado todos los trámites ta que no se puede llevar un seguimiento eficaz".

Añadió que "esto nos ha ocasionado el retraso. Estas personas están inconformes con justa razón, pero deben entender que -por nuestra parte- hemos completado su expediente y ya lo tenemos en Reforma Agraria".

Concordó con los colonos en que "ellos están molestos, porque fueron a dicha secretaría en México y allá les dijeron que aún no hemos tramitado nada; por eso vienen aquí a reclamar".

También dijo que la "regularización de la tenencia de la tierra es problemática, porque regularizamos asentamientos que tienen mucho tiempo, que no están bien ordenados y que se ubican -sobre todo- en ejidos y comunidades".

Dio ejemplos de lo anterior y dijo que en el caso de la colonia La Guadalupana, "ya está la anuencia del ejido (Toreo El bajo), ya logramos renovar la cédulas de Sedeso, todo como nos pedía México para sacar el proyecto de decreto, pero no nos lo ha movido Reforma Agraria". Reconoció que falta también una anuencia del nuevo gobierno Municipal.

La contraparte

En su oportunidad, el representante de los colonos que pidieron la intervención del gobernador Lázaro Cárdenas, Arturo Marín, dijo: "Tenemos cuatro años que nos escrituraron una parte de la colonia. Nos escrituraron 160 terrenos, pero faltan como 170 -de escriturar-.

"Aquí (en Corett) nos han venido diciendo -desde hace dos años- que ya estaba nuestro expediente en la Reforma Agraria, pero al ver que esta secretaría no nos daba respuesta tuvimos que ir a México para hablar en dicha dependencia, hace 22 días".

"Ahí nos informaron que no les había llegado absolutamente ningún documento de la colonia Guadalupana, que allá denominan Toreo 7. Nosotros venimos con el ingeniero Filemón y le pedimos un documento que compruebe que el expediente ya fue recibido en Reforma Agraria; obviamente: no nos comprobó nada".

Evocó que esto sucede tras cuatro años de gestiones y los requisitos que les impuso Alejandro Contreras, quien hizo que pusieran a su nombre diez terrenos y que le pagaran 683 mil pesos.

"Cumplimos con esos requisitos para que nos firmaran la famosa cédula y ahora nos dicen que no sirve, que hay que conseguir otra con el nuevo presidente. No nos han dicho que tengamos que pagar otra vez, pero no lo dudamos".

Entregan en Chiapas mil 200 hectáreas a 200 familias. (Proceso, Isaín Mandujano, p.web).

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 14 de junio (apro).- Alrededor de 200 familias indígenas de la etnia chol que hace 10 años invadieron una finca cafetalera bajo el argumento de que perteneció a sus antepasados, recibieron las escrituras que las acreditan como propietarios de las más mil 200 hectáreas de tierras.

Los 200 jefes de familia del ejido Revolución, encabezados por Rafael Vázquez Gómez, tuvieron que recorrer durante 10 años diversas oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para poseer legalmente las tierras donde sus padres y sus abuelos trabajaron como peones durante décadas.

El diputado federal perredista Emilio Zebadúa fue el encargado de hacer la entrega de las escrituras a los representantes de las familias beneficiadas de esta comunidad enclavada en la zona Norte de Chiapas.

Zebadúa contrató, para agilizar los trámites jurídicos, al abogado y defensor de los derechos humanos, Federico Anaya Gallardo.

Con esta entrega, los descendientes de peones encasillados de la finca Morelia pasaron a ser propietarios de la "última de las fincas del siglo XIX".

Las actuales tierras que conforman la comunidad Revolución, conocida durante décadas como finca Morelia, tienen un carácter histórico, pues simbolizan para Chiapas la época de peones encasillados, es decir, cuando los habitantes originales fueron despojados --junto con sus familias--, transformándose de dueños a empleados y peones, viviendo sojuzgados durante muchas generaciones, dijo Zebadúa al hacer entrega de las tierras.

Agregó que las poco más de mil 200 hectáreas de la finca Morelia, tienen un relieve particular en la problemática agraria de Chiapas y de México. “Sus tierras forman parte --aún después de que las autoridades habían dado por terminado el proceso de reparto agrario-- de la última finca que fue repartida a los sucesores de los dueños originales de estas tierras.”

Recordó el exsecretario de Gobierno que como parte de un largo movimiento agrario, las tierras de la finca Morelia, que años atrás habían sido abandonadas por las familias finqueras, los sucesores que se consideraron con derecho a recuperar sus tierras regresaron para ocuparlas de manera pacífica y, después de un largo juicio ante las autoridades y tribunales agrarios, finalmente les fue reconocida su calidad como dueños de estas tierras.

Por su parte, Federico Anaya --promotor y gestor jurídico de los trámites agrarios-- recordó la historia de los últimos diez años, y aún antes cuando el administrador utilizó la fuerza pública para intentar desalojar a los campesinos, trabajadores de la finca.

Serpientes y Escaleras. (El Universal, Salvador García Soto, p.web).

El gabinetazo juega al 2006

Con un jefe cada vez más ausente y desfasado de la realidad, los secretarios del gabinete foxista han decidido aprovechar su libertad y jugar sus apuestas personales en la sucesión presidencial y buscarán influir, cada uno con su peso y con su puesto, en la elección del candidato presidencial del PAN.

Y en ese juego de apuestas, la semana pasada hubo una cena en la que al menos cinco secretarios de Estado abrieron sus cartas y apostaron por Felipe Calderón Hinojosa . La cena, realizada el pasado miércoles 8, fue convocada conjuntamente por la titular de Sedesol, Josefina Vázquez Mota y por el canciller Luis Ernesto Derbez , y se realizó en la residencia de Josefina en Lomas de la Herradura, por los rumbos de Tecachamalco.

Abelardo Martín , por parte de Josefina , y Perla García , por el canciller Derbez , fueron los encargados de hacer las invitaciones a los miembros del gabinete. Cinco secretarios acudieron a la cena, además del precandidato Felipe y de los organizadores Vázquez Mota y Luis Ernesto , estuvieron presentes el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame , convencido calderonista, el titular de Economía, Fernando Canales , y el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo.

Programa para incorporar tierra ejidal y comunal. (Tribuna de San Luis, p. web).

Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal ingeniero José Inés Palafox colocaron una ofrenda floral en el monumento a los pioneros, con motivo del 66 aniversario de la fundación de San Luis Río Colorado como municipio libre que se cumplió ayer.

Por carecer los municipios de terrenos aptos para el desarrollo urbano y la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional la Procuraduría Agraria, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y el Fideicomiso Fondo Nacional Para el Fomento Ejidal, promueven un programa piloto a nivel nacional para la incorporación de tierras ejidales y comunales, en el cual se incluyen al municipio de San Luis Río Colorado.

Como ciudades definidas en programa piloto también se encuentran; Mexicali, Iguala, Toluca, Cuernavaca y Mérida, y para dar a conocer los detalles y alcances del proyecto, ayer en Hermosillo, funcionarios federales de las dependencias involucradas, encabezadas por el subdelegado de Ordenamiento del Territorio Urbano y Vivienda de la delegación de Sedesol, Enrique Torres Delgado, presentaron el programa a autoridades del municipio de San Luis Río

Colorado.

Durante la presentación Torres Delgado explicó que la falta de terrenos es un problema representativo de todos los municipios del país, ya que la mayoría de los espacios catalogados como aptos para la construcción de viviendas y el desarrollo urbano, se encuentran en manos de los ejidos y eso provoca una mala planeación y crecimiento desordenado de las ciudades, por eso dijo; con este programa se busca sentar las bases para que las autoridades municipales y los ejidatarios, encuentren mecanismos ágiles, expeditos y eficaces para la incorporación de suelo ejidal y comunal al desarrollo urbano de los núcleos agrarios que así lo determinen.

A partir de hoy las instancias involucradas específicamente de San Luis Río Colorado generarán un plan de trabajo sobre el núcleo agrario de la grullita, de tener éxito con la regularización de la propiedad social en este municipio y el resto de las ciudades definidas como prioritarias, el programa piloto se implementará en un futuro en otros municipios, tratando de beneficiar a la oblación en situación de pobreza establecidas en las ciudades, como a los propios sujetos agrarios.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Entregan títulos de propiedad a 200 familias choles. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p. web)

Dueños de la finca Morelia, en Chiapas, sus ancestros pasaron a ser peones acasillados

Tuxtla Gutierrez, Chis., 14 de junio. Aproximadamente 200 familias de choles recibieron los títulos de propiedad de la finca Morelia, ubicada en el municipio de Tila, donde sus antepasados trabajaron durante más de un siglo como peones acasillados.

Después de más de 10 años de haber empezado el trámite ante las autoridades federales para que se les diera la posesión de los terrenos, los campesinos del poblado Revolución recibieron títulos de propiedad de 974 hectáreas de lo que desde mediados del siglo XIX y hasta finales del XX fue una de las mayores fincas cafetaleras de la región.

En el acto, el abogado Federico Anaya -promotor y gestor jurídico de los trámites agrarios- y el diputado federal Emilio Zebadúa afirmaron que el caso de la finca Morelia tiene relieve particular en la problemática agraria de México, ya que sus tierras finalmente fueron devueltas a los descendientes de los dueños originales del lugar.

Señalaron que estas tierras simbolizan en Chiapas la época de peones acasillados, cuando los habitantes fueron despojados de sus posesiones y pasaron, junto con sus familias, de dueños a empleados y peones, viviendo sojuzgados durante muchas generaciones.

Cuando en 1994 los finqueros abandonaron Morelia, los campesinos que habían trabajado de peones acasillados regresaron para ocuparla de manera pacífica y, después de un largo juicio ante las autoridades agrarias, por fin les fue reconocida su calidad de dueños de las parcelas.

Federico Anaya recordó la historia de los pasados 10 años, periodo en el que un administrador que había quedado como encargado de la finca utilizó la fuerza pública para intentar desalojar a los labriegos que la ocuparon.

Octavio Pérez, indígena de la etnia chol, quien desde su infancia y hasta 1994 trabajó en el lugar, consideró la entrega de las escrituras como el momento más importante de su vida, y dijo que "aun con pobreza, ya tengo algo que heredar a mis hijos y mis nietos".

CHIHUAHUA

Juárez declaran 12 labriego que protestaron contra CFE. (La Jornada, Rubén Villalpando, p. web)

Ciudad Juárez, Chih. Doce campesinos afiliados a la Organización Agrodinámica Nacional del Noroeste (OANN), acusados de motín, sabotaje, daños a la economía nacional, amenazas, daños a las vías generales de comunicación y obstrucción al trabajo público, en los que habrían incurrido al protestar contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comparecieron ante las agencias quinta y sexta del Ministerio Público Federal. Su abogado, Sergio Conde Varela, y el líder de la OANN, Armando Villarreal Marta -preso en Juárez dos años por los mismos delitos-, aseguraron que el gobierno federal pretende que asustar a los campesinos para que detengan sus movilizaciones.

GUERRERO

Ratifican opositores a la presa La Parota ante la PGR las demandas contra la CFE. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

La próxima semana peritos de la PGR harán una inspección ocular en la zona afectada por la paraestatal, informan los campesinos. La CFE no ha entrado a nuestras tierras ni entrará, aseguran.

Los comuneros que se oponen al proyecto de la presa La Parota ratificaron las dos demandas que interpusieron el 9 de junio ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por daño ambiental.

La demanda también va contra el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca; el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatpec, Crecencio Jerónimo Aparicio, y el notario público Robespierre Robles Catalán, por falsificación de firmas y “avalar la asamblea amañada del 25 de abril”.

A la Subdelegación de la PGR acudieron 40 habitantes de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que serían afectadas si se construye la presa.

De acuerdo con la información proporcionada por los opositores, será la próxima semana cuando la PGR hará una inspección ocular en la zona que –dicen los inconformes– fue afectada por la CFE.

Antes de entrar a las oficinas, Felipe Flores Hernández explicó que la presencia de los opositores era para ratificar la denuncia del jueves contra la paraestatal y otras personas, para que así el Ministerio Público federal le dé seguimiento y se avance más rápido, pues el gobierno está dando largas.

Indicó que quieren que se avance en la demanda de anulación que hay en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, de la asamblea del 25 de abril que autorizó a la CFE continuar con los estudios preliminares en la zona.

Felipe Flores señaló que esperan que la justicia federal “tome cartas en el asunto por los daños que causó al medio ambiente la CFE, pues se metió al lugar sin permiso. Estamos ratificando la denuncia para demostrar que ellos siempre abusaron de los campesinos pensando que son ignorantes, pero les vamos a demostrar que conocemos nuestros derechos”.

Agregó: “queremos que sean castigados como lo marca la ley, no queremos que aporten dinero, los queremos en la cárcel. Le vamos exigir al gobierno un castigo para toda esa gente que trató de engañar a los campesinos, de burlarse”.

Aseguró que la CFE no ha podido entrar a la zona en conflicto, “lo único que hacen Víctor Hugo Chávez y la UAG es mostrar maquetas a los estudiantes de secundaria de Chilpancingo, como si éstos fueran a decidir por los comuneros. La CFE no se ha metido a nuestras tierras y nunca lo va a hacer”.

Flores Hernández dijo que la mayoría de los comisarios electos están con ellos, con lo que se garantiza que la empresa no podrá concertar asambleas en los pueblos y “esperamos que se vayan definitivamente, pues desde que llegó sólo interrumpió la paz social”.

No se han iniciado obras de la presa La Parota, afirma Alfredo Elías Ayub. (La Jornada, Víctor Cardono, p. web).

Niega el director de CFE versiones de "tala inmoderada" en el área de afectación

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Comuneros del poblado La Parota opositores a la construcción de un complejo hidroeléctrico en esa comunidad del municipio de Acapulco se enfrentaron a golpes en el Tribunal Agrario con la policía y habitantes que simpatizan con el proyecto, el pasado 26 de febrero FOTO Javier Verdin

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, afirmó que la mayoría de las comunidades que resultarían afectadas por la construcción de la hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, ya otorgaron su aprobación a la paraestatal para llevar a cabo esa obra.

Al mismo tiempo rechazó las versiones del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Construcción de la Presa La Parota (Cecop) de que se realice una "tala inmoderada" en terrenos de los bienes comunales de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco.

"No hemos talado un solo árbol. Es más, ni siquiera hemos empezado ningún trabajo", afirmó el funcionario, al preguntarle sobre una denuncia penal presentada por la Cecop ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero Elías Ayub refutó la versión y dijo que no se emitirá la convocatoria correspondiente para licitar la construcción de la presa hasta no contar con la aprobación de las 18 comunidades involucradas en el proyecto y, por tanto, antes no se ha hecho ni se iniciará ningún trabajo.

"Por ahora, estamos en el proceso de realización de trabajo social para convencer a las comunidades sobre la conveniencia del proyecto y contar con su anuencia. No es cierto que se hayan iniciado trabajos. Las versiones de la Cecop carecen de fundamento", afirmó el funcionario.

Al respecto agregó que los representantes de la CFE ya han logrado la anuencia de 15 comunidades para llevar a cabo el proyecto y únicamente resta convencer a tres más para estar en condiciones de emitir la convocatoria para licitar la construcción de la presa La Parota.

Después de la construcción de la hidroeléctrica El Cajón, en Nayarit, que actualmente se encuentra en proceso, el proyecto La Parota es el más grande en importancia impulsado por la CFE durante el actual gobierno. Se estima que requerirá de inversiones por alrededor de mil 200 millones de dólares y previsiblemente la licitación estaría asignada antes de concluir este año.

Según Elías Ayub, este proyecto representará una importante derrama económica para el estado de Guerrero, abre importantes posibilidades de desarrollo para las comunidades indígenas en la región y al mismo tiempo permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona sur del país.

NAYARIT

“Esclavitud”, condición de los campesinos en Nayarit. (La Jornada, Carlos Camacho, p.web).

Diputados y ombudsman de Hidalgo visitan a jornaleros

Plaguicida prohibido en EU, causa de muerte de dos menores

Pachuca, Hgo., 14 de junio. Alejandro Straffon Ortiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), y diputados locales informaron hoy que visitaron los campos agrícolas de Compostela, Nayarit, donde en marzo pasado murieron dos jornaleros hidalguenses menores de edad, y comprobaron las condiciones "de esclavitud" en que sobreviven quienes allí laboran.

Straffon Ortiz dijo que los enganchadores reclutan a la gente en Huejutla, corazón de la Huasteca hidalguense, y los llevan a los campos de Aguascalientes y Nayarit, principalmente, donde son sometidos a "explotación laboral. Trabajan en condiciones deplorables e infrahumanas".

Edmundo Ramírez Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, reveló que en los campos de cultivo de Nayarit todavía se utilizan plaguicidas a base de "ácidos fosforados", prohibidos en Estados Unidos desde la década de los 70 debido a su peligrosidad.

Recordó que a principios de febrero, cuando comenzó el reclutamiento, 120 huastecos fueron llevados a Nayarit, entre ellos Alberto Hernández Hernández, de 16 años, vecino de Amaxac II, y Jesús Azuara Hernández, originario de la localidad de Los Parajes, municipio de Huejutla.

Junto con nueve personas, ambos utilizaron el plaguicida que, por mal manejo, les provocó intoxicación, pero perdieron la vida porque "nadie les advirtió del peligro que representa".

Sus cuerpos fueron enviados a sus lugares de origen y los enganchadores gestionaron una indemnización para las familias.

Uno logró que la empresa que los contrató pagara 100 mil pesos, aunque de dicha cantidad restó el pago del traslado del cuerpo y "algunos gastos".

En cambio, Luis García Gómez, el otro enganchador, cobró los 100 mil pesos, pero a los familiares de "su trabajador" sólo les dio la mitad y se quedó con el resto.

Los decesos de Alberto Hernández y Jesús Azuara permitieron ver las condiciones en que sobreviven más de 5 mil hidalguenses que en febrero y junio son llevados desde Huejutla a los cultivos de los estados del Pacífico o la Comarca Lagunera.

Edmundo Ramírez, representante del valle del Mezquital, zona expulsora de mano de obra a Estados Unidos, comenta que "sólo en el predio de Zacualpan, municipio de Compostela, Nayarit, encontramos 700 jornaleros agrícolas hidalguenses en condiciones casi de esclavitud".

Por eso, en la sesión del Congreso local de este martes propuso y logró que se aprobara un punto de acuerdo para reforzar las medidas de supervisión sobre las condiciones en que son contratados los jornaleros, pues se les promete una paga y luego no les cumplen, les ofrecen comida, hospedaje y lo que encuentran es miseria y maltrato.

El gobierno federal, dijo, ha puesto "ojos ciegos" a la vida que llevan los más de 40 mil campesinos que viajan de una entidad a otra en busca de empleo, de manera temporal. Hidalgo no escapa a esa doble condición de "estado intermedio", que expulsa pero también recibe jornaleros agrícolas de Oaxaca, Morelos y Guerrero.

Más de dos mil denuncias al año

Un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo revela que 40 mil jornaleros agrícolas del estado, a quienes consideran "un sector desprotegido", trabajan 10 horas diarias y hasta los siete días de la semana, sin prestaciones y sin servicios básicos, además de que en los campos labora toda la familia, incluso niños. Agrega que los trabajadores interponen más de 2 mil denuncias al año, de las cuales, mil 575 son por salarios no pagados y descuentos injustificados, 420 por campesinos desaparecidos y 105 por fallecidos, maltrato físico y verbal, problemas de salud y violaciones de niñas y niños.

Por eso, en el sexenio pasado se creó el Centro de Atención a Jornaleros Agrícolas Hidalguenses, con el que se pretendía "dignificar y regular una actividad económica que genera a los campesinos ingresos por más de 160 millones de pesos al año".

Según el programa de acciones, se prometía que "los jornaleros y sus familiares gozarán los beneficios de las políticas estatales de desarrollo social y humanitario cuando estén en su estado o cuando salgan a ganarse el sustento de su familia".

El proyecto consideraba la creación de un centro de colocación e impulso a la productividad y bienestar de los jornaleros agrícolas, que contaría con una coordinación general en Amaxac, municipio de Huejutla, y tres centros más, uno en Tlanchinol, otro en Yahualica y uno más en Huejutla.

Las dos muertes de los menores de edad evidencian que las acciones institucionales no han surtido efecto, pues hoy mismo los diputados locales aprobaron el punto de acuerdo que realice precisamente las acciones anunciadas en el gobierno pasado, en favor de los jornaleros agrícolas.

OAXACA

Piden frenar construcción de un Wal-Mart en Tuxtepec. (La Jornada, RenéVíctor Arrazola, p.web).

Oaxaca, Oax. Delegados de diversos sectores de la sociedad de Tuxtepec, municipio limítrofe con Veracruz, solicitaron intervención de autoridades estatales y federales para suspender los trabajos de construcción de un centro comercial de la cadena Wal- Mart, ya que para edificar el inmueble el edil Salvador Santos Sierra autorizó la tala de unos 200 árboles de mango que tienen más de 50 años de haber sido sembrados en una superficie de diez hectáreas, lo que afectará el entorno ecológico de esta ciudad, por donde atraviesa el río Papaloapan. Según el acta de cabildo 11/05 del pasado 28 de febrero, se aprueba el cambio de uso de suelo debido a que la mancha urbana ha estrangulado el predio.

TABASCO

Pemex acepta pagar $620 millones a 125 tabasqueños. (La Jornada, René Alberto López, p.web).

Villahermosa, Tab. Los plantones frente a las instalaciones de Pemex concluyeron en la entidad, luego que las partes en conflicto llegaron a un acuerdo ayer en la ciudad de México, donde la paraestatal aceptó pagar 620 millones de pesos a 124 mil afectados por la actividad petrolera, informó aquí el diputado local perredista Jesús Selván. Según el legislador la paraestatal indemnizará primero con 200 millones de pesos a 40 mil productores (5 mil pesos cada uno), y pidió dos meses para realizar otro pago de 410 millones a 84 mil campesinos que no fueron incluidos en una primera lista de afectados.

Cartones