CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
VIERNES
3
DE
MAYO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Temen Segob parcial
Dudan PRI, PRD y evangélicos de imparcialidad de Carlos Abascal
como
Secretario
PGR sugiere liga del juez de 'Chapito' con cártel
Ordenó liberar al hijo del capo, que se prevé deje hoy La Palma
Aún hay tiempo para impulsar el desarrollo
La lucha política rumbo a 2006 no debe frenar al país: CCE
Toca fondo la confianza en la economía
Pesimismo a futuro en analistas privados y consumidores
Bancomer debe pedir perdón: Saramago
Ofende su sospecha de que se envía dinero sucio a zapatistas
El Chapito derrota a la PGR
El juez José Luis Gómez determinó que al no haber elementos
suficientes
para
procesarlo
por
lavado
de
dinero
De 2001 a 2004 en el DF asesinaron a 415 mujeres
En Cd. Juárez, de 1993 a 2003 mataron a 363
Abascal, a SG; no a la ultraderecha: oposición
Rechazan radicalismos y fanatismos
Capos limpian Nuevo Laredo
Acribillan a un comandante y dejan herido a otro
Abascal a Gobernación
Le instruye Fox "mantener abiertas
las
puertas
al
diálogo";
prepara
entrega
de
la
administración
Sector agrario
Será largo el proceso de expropiación de tierras
para
el
Puerto
Interior. (El Correo de Guanajuato,
Alfonso
Ochoa
p.
web).
Declara el delegado de la Procuraduría Agraria que la burocracia retrasa el procedimiento.
GUANAJUATO/SILAO
Son cerca de 160 los
ejidatarios
afectados
con
procesos
de
expropiación
de
600
hectáreas
por
la
creación
del
Puerto
Interior
de
aduana,
a
quienes
no
se
les
ha
liquidado
el
costo
de
las
tierras
porque
el
proceso
de
integración
de
expedientes
es
muy
lento.
Así lo declaró en entrevista
el
de-legado
de
la
Procuraduría
Agraria
en
el
estado,
Juan
Antonio
de
León
Torres
al
explicar
que
la
dependencia
que
preside
únicamente
actúa
como
facilitadora
de
los
trabajos
que
hacen
los
gobiernos
federal
y
estatal.
"De
oficio,
trabajamos
como
garantes
de
que
no
se
les
vaya
a
violentar
los
derechos
de
los
ejidatarios",
señaló
el
funcionario.
"Es
muy
lento
el
proceso,
realmente
es
muy
burocrático
el
proceso
de
integración
de
un
expediente
para
llegar
hasta
la
expropiación;
en
estos
caso
cuando
ya
salieron
de
firma
se
les
hace
un
primer
pago
por
ocupación
previa.
El
pago
definitivo
se
hace
hasta
que
sale
publicado
el
decreto
expropiatorio", comentó.
Al referirse a los
37
ejidatarios
del
municipio
de
Silao
que
demandan
el
pago
completo
por
la
venta
de
tierras
al
gobierno
del
estado,
de
León
Torres
comentó
que
"lo
que
ha
sucedido
en
este
caso
es
que
se
ha
retrasado
la
integración
de
los
expedientes
y,
desde
luego,
el
decreto
expropiatorio".
A la pregunta de quién
retrasa
la
integración
de
los
expedientes
dijo
que
la
burocracia.
"El
primero
que
firma
soy
yo,
luego
se
va
a
la
Reforma
Agraria
(Secretaría
de
la
Reforma
Agraria),
luego
al
Registro
Agrario,
regresa
al
gobierno
del
estado,
luego
interviene
Sedesol
(Secretaría
de
Desarrollo
Social),
Ecología,
etcétera,
es
un
proceso
realmente
muy
largo".
De 80 mil a 250 mil
por
ha.
"El trabajo de
la
Procuraduría
es
que
se
cumpla
con
los
pagos
que
fija
el
organismos
evaluador,
para
este
caso
la
hectárea
de
agostadero
se
tiene
que
pagar
cuando
menos
a
80
mil
pesos;
la
de
temporal
a
120
mil
pesos
y
la
de
riego
a
250
mil
pesos",
especificó
de
León
Torres.
"Son cerca de
160
ejidatarios
los
afectados,
de
siete
ejidos:
El
Refugio,
Salitrillo,
Nápoles,
Mezquite,
San
Miguel,
Colonias
Nuevo
México
y
Emiliano
Zapata
y
son
600
hectáreas
las
que
están
en
proceso
de
expropiación",
apuntó.
Hasta ayer, explicó,
ningún
ejidatario
se
ha
quejado,
lo
único
que
han
hecho
es
pedir
aclaraciones
en
cuanto
a
la
fecha
de
pago.
campesinos, "ese dato sí no lo tengo".
El problema es complejo,
sobre
todo
por
la
falta
de
información,
por
lo
que
se
buscará
tener
nuevas
reuniones
con
los
ejidatarios
y
funcionarios
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico,
concluyó
de
León
Torres.
La promesa
Este miércoles un representante
de
la
Procuraduría
Agraria,
identificado
como
Osvaldo,
fue
a
dialogar
con
los
ejidatarios
y
les
dijo
que
en
año
y
medio
los
36
campesinos
de
la
comunidad
de
Mezquite
de
Sotelo
recibirán
el
pago
total
de
los
terrenos
que
vendieron
al
gobierno
del
estado
en
el
2003.
Así lo dio a conocer
Martín
Murillo
Sánchez,
comisariado
de
la
comunidad
al
señalar
que
"nunca
se
pararon,
hasta
que
vieron
el
periodicazo"
y
"me
dijo
(Osvaldo)
que
por
qué
nos
andábamos
metiendo
con
la
prensa,
que
no
diéramos
a
conocer
la
situación
que
porque
la
prensa
exageraba
las
noticias",
comentó
el
campesino.
Explicó que no están
dispuestos
a
esperar
más
tiempo
y
que
la
siguiente
semana
empezarán
a
barbechar
para
cultivar
porque
el
tiempo
de
lluvias
ya
está
cerca.
Destacó que mientras
nos
les
paguen
los
terrenos
siguen
siendo
de
su
propiedad
y
que
no
permitirán
que
hagan
obras
en
sus
tierras.
El
comisariado
señaló
que
Osvaldo
les
aseguró
que
será
el
gobierno
federal
quien
les
pagaría
el
faltante,
pero
que
tenían
que
esperase
un
año
y
medio
para
que
el
Presidente
de
la
República
emita
un
decreto
presidencial.
Los ejidatarios sostienen
que
desde
el
2003
el
gobierno
del
estado
acordó
con
ellos
que
les
pagaría
a
590
mil
pesos
la
hectárea,
sin
embargo
sólo
les
dio
un
adelanto
de
200
mil
pesos,
en
total
vendieron
96
hectáreas
y
desde
esa
fecha
ya
no
han
sembrado
porque
cedieron
sus
títulos
de
propiedad.
Murillo Sánchez declaró
que
ayer
hicieron
llegar
a
la
Procuraduría
Agraria
un
oficio
con
29
firmas,
en
el
que
piden
una
copia
del
convenio
de
compra
venta
de
los
terrenos
pues
nunca
les
entregaron
dicho
documento.
El oficio manifiesta
que
necesitan
el
convenio
para
realizar
los
trámites
necesarios
referentes
al
predio
y
piden
que
se
les
liquide
los
37
millones
830
mil
pesos
que
les
adeudan.
Si
15
días
no
obtienen
una
respuesta
favorable
los
campesinos
se
ampararan
jurídicamente
contra
el
convenio,
concluyó
Murillo
Sánchez.
Sin engaños
"En este caso
sería
necesario
hablar
con
los
afectados
para
que
queden
bien
claros
los
tiempos
de
pagos,
pues
lo
que
es
cierto
es
que
no
se
está
engañando
a
nadie,
si
fuera
así
seríamos
los
primeros
en
actuar",
aseguró.
Juan Antonio de León
Torres
Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado
La región en corto. (Diario de Yucatán, p. web)
Peto.- Asistencia a mujeres Personal de la Procuraduría
Agraria
impartió
pláticas
en
días
pasados
a
representantes
de
grupos
de
trabajo
para
que
se
registren
como
figuras
legales
en
grupos
de
trabajo,
con
mayor
asistencia
de
trabajadores,
entre
ellos
mujeres
que
desean
organizarse
para
trabajar.
Destinan 158 MDP para atender 28 “focos rojos”
en
el
campo
michoacano. (La Región, p.7A).
OCAMPO, MICH. En esta cabecera
municipal,
el
gobernador,
Lázaro
Cárdenas
Batel
y
el
Secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame,
firmaron
convenios,
para
la
solución
de
conflictos
agrarios,
considerados
focos
rojos
y
amarillos,
acto
en
el
que
también
se
entregaron
escrituras
y
resoluciones
definitivas
a
representantes
de
municipios
y
ejidos.
El gobernador de los michoacanos
felicitó
a
quienes
este
día
recibieron
los
documentos
que
les
dan
certeza
jurídica
y
seguridad
en
beneficio
de
sus
familias.
Hizo
notar
que
recibió
una
serie
de
de
solicitudes,
tanto
escritos,
como
verbales
y
en
carteles,
de
las
cuáles
había
tomado
nota.
La bienvenida estuvo a cargo de
Roberto
Arriaga
Colín,
presidente
municipal,
que
hizo
notar
la
importancia
que
la
mariposa
monarca
tiene
para
este
municipio
y
los
de
la
región
y
solicitó
la
creación
de
un
colegio
de
bachilleres
que
dé
educación
a
jóvenes
en
el
nivel
medio
superior.
Aprovechó para que el gobernador
escuchara
su
mensaje,
en
el
que
pidió
apoyo
para
la
creación
del
museo
regional
de
la
mariposa
monarca
y
para
la
conclusión
de
la
unidad
deportiva,
Cuauhtemoc.
Florencio Salazar Adame, aseguró que se está terminando el programa de certificación
de
ejidos
y
solares
rurales.
Se
han
entregado
en
el
país
cuatro
millones
de
documentos
que
amparan
82
millones
de
hectáreas,
esta
tarea
de
que
la
tierra
sea
de
los
campesinos
la
terminarán,
indicó,
en
próximo
año,
para
que
la
tierra
sea
una
fuente
de
riqueza
y
no
de
pobreza,
que
el
trabajo
de
los
campesinos
tenga
un
rendimiento
que
les
permita
mejorar
sus
condiciones
de
vida,
ese
es
el
compromiso
del
gobernador,
Lázaro
Cárdenas
Batel,
y
del
sector
agrario
del
gobierno
federal.
Manifiesto mi satisfacción por
el
objetivo
del
evento:
la
firma
de
los
convenios
para
la
solución
de
conflictos
agrarios
que
se
encuentran
en
el
programa
de
focos
rojos
y
amarillos,
dijo
el
mandatario
michoacano
ante
cientos
de
sus
paisanos,
así
con
la
entrega
de
sentencias
de
conflictos
agrarios
solucionados
y
documentos
de
Procede,
con
la
cual
se
avanza
en
la
solución
de
la
compleja
problemática
que
Michoacán
a
padecido.
Hizo el anuncio que en este año,
se
ha
acordado
destinar
158
millones
de
pesos,
para
atender
29
casos
considerados
como
focos
rojos
y
amarillos.
En
cuanto
a
los
primeros,
añadió,
se
trabaja
para
dar
continuidad
a
los
avances
logrados
y
se
han
puesto
en
marcha
los
grupos
de
trabajo
en
cada
caso
detectado
para
buscar
que
las
partes
involucradas
lleguen
a
acuerdos
firmes.
Representantes de los municipios
y
ejidos
de
Epitafio
Huerta,
Tuzantla,
Acuitzio del Canje, Zamora, Ziracuaretiro,
San
Juan
Parangaricutiro
y
Queréndaro,
recibieron
escrituras
y
resoluciones
definitivas.
Como resultado del programa de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares,
se
entregaron
certificados
y
titulos
a
beneficiados
de
los
municipios
de
Juárez,
Contepec,
Senguio,
Jungapeo,
Tuxpan,
Tlalpujahua,(las comunidades de Enandio, San
Isidro
Zaragoza,
Chincua,
Casa
Blanca,
San
Vicente
Uripitio, San Lucas, Pucuato, El
Ventero,
Morelos,
El
Rosario,
Laguna
Verde,
La
Florida,
Las
Joyitas,
San
Pedro
Tarímbaro)
La solución a los conflictos agrarios
se
ha
dado
con
el
esfuerzo
conjunto
del
sector
agrario
federal,
el
gobierno
del
estado
y
la
colaboración
de
los
núcleos
agrarios.
Estuvieron presentes los alcaldes
de
los
municipios
de
Hidalgo,
Angangueo,
Juárez
y
Senguio
Sector agropecuario
La deforestación rebasa el millón de hectáreas:
UAch. (La Jornada. Matilde Pérez
U,.
p.
web).
Los
cálculos
oficiales
son
inexactos;
se
hicieron
en
gabinete,
denuncia
experto
La tasa de deforestación en el país podría rebasar el millón
de
hectáreas,
ya
que
el
último
inventario
se
realizó
en
gabinete
y
no
se
hizo
la
verificación
en
campo,
aseveró
Marcelo
Zepeda,
investigador
de
la
Universidad
Autónoma
de
Chapingo
(UACh), y advirtió que el gobierno continúa con su tendencia
de
privatización,
ahora
con
los
viveros.
''No tenemos la certeza del índice de deforestación real en
el
territorio
nacional,
pues
en
las
imágenes
de
satélite
aparecen
superficies
forestales
aparentemente
conservadas,
pero
no
corresponden
a
la
situación
real;
por
eso
hay
que
realizar
un
cotejo
en
campo.
El
actual
gobierno
no
ha
hecho
lo
necesario
para
atender
el
problema
y
los
bosques
se
han
vuelto
"terrenos
de
nadie",
insistió
el
especialista
de
la
División
de
Ciencias
Forestales
de
la
UACh.
En 2001 la Secretaría de Medio Ambiente informó que la tasa
de
deforestación
ascendía
a
1.2
millones
de
hectáreas,
incluyendo
bosques,
selvas,
matorrales
y
arbustos.
El actual titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez,
mencionó
que
el
volumen
de
pérdidas
es
de
''sólo''
300
mil
hectáreas,
mientras
la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Agricultura
y
la
Alimentación
menciona
600
mil.
El proceso de deforestación hormiga es un factor que
no
se
mide
y
pone
en
riesgo
a
las
selvas
más
conservadas
del
país:
la
Lacandona,
Chimalapas
y
Manatlán,
pero
es
evidente
que
la
parte
más
dañada
por
la
pérdida
de
la
vegetación
está
en
los
estados
de
la
región
del
Golfo
y
Chiapas,
y
lo
más
lamentable
es
que
el
gobierno
no
ha
hecho
los
esfuerzos
suficientes
para
afrontar
la
magnitud
del
problema.
''Ha pensado en forma simplista y ha ido al extremo de pedirle
mucho
a
los
20
millones
de
personas
que
habitan
en
las
zonas
forestales,
que
son
las
más
pobres,
para
poder
acceder
a
los
pocos
programas
para
ese
sector
productivo.''
Además, este gobierno se desentiende de su responsabilidad
en
la
preservación
y
conservación
de
los
bosques,
agregó.
Este año, por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal dejó de
producir
plántulas
para
la
reforestación
y
su
intención
es
licitar
la
producción
de
los
viveros
a
los
privados
o
bien
a
algunas
organizaciones,
lo
que
revela
la
intención
de
seguir
renunciando
a
sus
obligaciones,
sin
considerar
que
los
productores
no
tienen
los
recursos
suficientes
para
cubrir
el
reto.
Los programas de Desarrollo Forestal, Apoyo a Plantaciones
Comerciales
y
Certificación
no
tienen
vínculo
y
las
repercusiones
son
mínimas.
El año pasado se asignaron a Prodefor
recursos
extraordinarios
para
la
elaboración
de
programas
de
manejo.
Los
campesinos
cumplieron
con
los
procedimientos,
pero
al
llegar
a
la
ventanilla
para
que
les
asignaran
los
permisos
y
recursos
para
el
aprovechamiento,
sus
proyectos
fueron
rechazados
y
los
resultados
ya
no
llegaron
al
campo
Greenpeace acusa al gobierno de apoyar
el
uso
de
transgénicos. (LA Jornada, Angélica Enciso, p. web).
Protocolo
de
Cartagena
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no sólo rehusó informar a las organizaciones ecologistas
la
posición
del
gobierno
mexicano
en
la
conferencia
de
las
partes
del
Protocolo
de
Cartagena,
donde
se
definirán
aspectos
básicos
del
comercio
internacional
de
transgénicos,
sino
también
incluyó
como
parte
de
la
delegación
al
representante
en
México
de
las
transnacionales
biotecnológicas,
Carlos
Camacho
Caos.
Greenpeace señaló que México busca que en el
contexto
del
protocolo
se
establezca
un
"programa
piloto"
de
documentación
de
importaciones
laxo,
ya
que
la
delegación
mexicana
está
formada
por
empresarios
y
por
Víctor
Manuel
Villalobos,
''operador
de
la
Secretaría
de
Agricultura
en
favor
de
los
transgénicos''.
La organización señaló que desde hace por lo menos mes y medio
pidió
una
reunión
pública
para
conocer
la
postura
de
México
en
la
reunión
de
Montreal,
pero
nunca
atendió
la
solicitud.
El 25 de mayo, cuatro días antes de que comenzara la reunión,
la
Semarnat
emitió
un
comunicado
en
el
que
precisó
que
la
posición
del
gobierno
mexicano
en
la
reunión
del
convenio
de
biodiversidad
sería
de
apoyo
a
las
iniciativas
del
Protocolo
de
Cartagena.
Señaló que se pondría "especial énfasis en los mecanismos
que
permitan
el
establecimiento
de
sistemas
eficaces
de
control
y
prevención
de
daños
como
son
el
Centro
de
Intercambio
de
Información,
la
creación
de
capacidades
técnicas
y
humanas
que
permitan
un
eficiente
monitoreo
y
detección
de
los
organismos
vivos
modificados,
y
un
adecuado
análisis
y
gestión
de
riesgos".
Greenpeace recordó que durante la primera reunión
del
protocolo,
Villalobos
boicoteó
de
último
momento
los
acuerdos
en
torno
a
la
obligatoriedad
de
identificar
los
organismos
genéticamente
modificados,
y
lo
hizo
con
el
fin
de
salvaguardar
los
intereses
de
Estados
Unidos
y
Canadá,
países
que
no
ratificaron
el
convenio
ambiental,
pero
buscan
incidir
en
las
negociaciones.
Promotores de intereses trasnacionales
La organización destacó que la Semarnat
y
la
Secretaría
de
Agricultura
se
han
dedicado
a
promover
los
intereses
de
las
corporaciones
agrobiotecnológicas,
como
ocurrió
al
no
acatar
las
recomendaciones
del
estudio
de
la
Comisión
de
Cooperación
Ambiental
Maíz
y
Biodiversidad,
cuyo
fin
era
detener
la
contaminación
genética
del
maíz
mexicano.
También está el caso de la aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificado, y la firma,
en
2003,
del
acuerdo
sobre
Requisitos
para
la
documentación
de
organismos
vivos
modificados
para
alimento
humano
o
animal
o
para
procesamiento
con
Canadá
y
Estados
Unidos,
con
el
que
se
buscó
eludir
compromisos
contraídos
previamente
ante
el
Protocolo
de
Cartagena,
al
bloquear
el
etiquetado
en
la
pasada
reunión
de
Codex
Alimentarius
de
la
Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Agricultura
y
la
Alimentación.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Propietarios de El Encino presentan recurso de
inconformidad
contra
PGR. (La Jornada, Alfredo Méndez,
p.
web)
La
dependencia
no
podrá
decretar
el
no
ejercicio
de
la
acción
penal
para
AMLO
El
caso
seguramente
terminará
ante
la
autoridad
judicial,
señala
el
abogado
Espejel
El litigio por el predio El Encino "no es un caso cerrado"
y
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR)
está
imposibilitada
para
enviar
hoy
al
archivo
el
expediente
en
el
cual
se
propuso,
hace
un
mes,
el
no
ejercicio
de
la
acción
penal
contra
Andrés
Manuel
López
Obrador,
porque
antes
deberá
desahogar
el
recurso
de
inconformidad
que
se
interpuso
ayer
en
la
Subprocuraduría
de
Delitos
Federales
contra
esa
determinación,
indicó
el
abogado
Fernando
Espejel, representante legal de la empresa Promotora Internacional
Santa
Fe
SA
de
CV,
propietaria
del
terreno
citado.
En entrevista con La Jornada, el litigante indicó que
el
recurso
se
presentó
a
unas
horas
de
que
venciera
el
plazo
para
impugnar
la
propuesta
de
no
solicitar
la
orden
de
aprehensión
contra
el
jefe
de
Gobierno
del
Distrito
Federal,
bajo
el
supuesto
de
que
no
existe
pena
para
el
delito
de
violación
a
una
suspensión
de
amparo,
equiparado
al
de
abuso
de
autoridad.
Precisó que el asunto que empezó en el Poder Judicial Federal,
luego
de
que
en
2000
se
inició
un
juicio
de
amparo
contra
el
decreto
gubernamental
por
el
cual
se
ordenó
la
expropiación
de
El
Encino
por
causas
de
utilidad
pública,
"seguramente
va
a
terminar
ante
las
autoridades
judiciales,
porque
agotaremos
todas
las
instancias
de
defensa
con
que
contamos,
incluida
una
demanda
de
amparo"
contra
la
PGR.
El abogado explicó: "interpusimos la inconformidad, nos
dieron
el
acuse
de
recibo
y
debe
pasar
al
subprocurador
de
Delitos
Federales
(Carlos
Aguilar
Suárez)
para
que
lo
resuelva
tomando
en
cuenta
lo
que
estamos
diciendo
nosotros
y
lo
que
argumentó
el
Ministerio
Público
con
su
acuerdo
de
propuesta".
Refirió que nuestro alegato "es que el objetivo y la función
de
la
PGR
es
la
persecución
e
investigación
de
los
delitos,
de
acuerdo
con
el
artículo
21
constitucional,
y
con
eso
tiene
todos
los
elementos
que
se
puede
allegar,
así
lo
marca
la
ley,
para
poder
ejecutar
la
acción
penal".
En el caso de López Obrador "lo que la PGR está haciendo
es
no
tomar
una
decisión
de
la
Suprema
Corte,
en
la
que
se
definió
la
cuestión
de
violaciones
a
una
suspensión
de
amparo,
manifestando
que
no
hay
una
obligación,
cuando
la
propia
ley
no
lo
limita
a
que
tenga
que
ser
de
una
forma
obligada,
sino
le
está
dando
los
elementos
necesarios
para
que
lo
haga".
-¿Confían en la PGR, a pesar de que todo indica que se tomaron
acuerdos
políticos,
o
en
realidad
se
trata
de
mantener
vivo
el
asunto
como
una
espada
de
Damocles
contra
López
Obrador?
-se
le
preguntó.
-El asunto es que el acuerdo político viene a solucionarle
el
problema
precisamente
a
la
gente
inmiscuida
en
ello,
pero
se
olvida
al
particular
(Federico
Escobedo,
accionista
de
la
empresa
quejosa).
Nosotros
estamos
igual
que
al
principio,
de
nada
nos
han
servido
las
resoluciones.
Esto
seguramente
va
a
tener
que
solucionarse
por
conducto
de
los
órganos
judiciales,
y
no
en
la
PGR.
Impugnan a la PGR decisión sobre El Encino. (El Universal, Francisco
Gómez,
p.web)
Defensa del dueño
del
predio
acusa
a
la
dependencia
de
caer
en
incongruencias
La defensa del propietario del
predio
El
Encino
impugnó
oficialmente
la
resolución
de
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR),
con
la
cual
se
determinó
no
ejercitar
acción
penal
contra
el
jefe
de
Gobierno,
Andrés
Manuel
López
Obrador.
El abogado Fernando Espejel presentó ante la PGR el citado recurso, luego de que
ni
se
les
ha
indemnizado
ni
se
ha
devuelto
a
Promotora
Santa
Fe
el
terreno
afectado
por
las
obras
del
GDF.
A unas horas de que venciera el
plazo
fijado
por
la
PGR
para
resolver
en
definitiva
la
situación
legal
de
López
Obrador,
luego
de
que
presuntamente
violó
una
suspensión
definitiva
de
amparo
y
que
lo
llevó
a
ser
desaforado
el
pasado
7
de
abril,
la
defensa
del
dueño
del
predio
El
Encino
decidió
inconformarse
porque
no
se
ejercitó
acción
penal
contra
el
jefe
de
Gobierno.
El abogado Espejel
indicó
que
debido
a
la
serie
de
incongruencias
en
que
ha
incurrido
la
PGR
en
el
caso
de
López
Obrador,
se
determinó
impugnar
el
acuerdo
de
la
PGR
por
medio
del
cual
se
dijo
que
si
bien
el
jefe
de
Gobierno
era
culpable
de
violar
una
suspensión
definitiva
de
amparo,
no
se
ejercitaría
la
acción
penal
en
su
contra.
La acción legal emprendida busca
evitar
que
la
PGR
tome
una
decisión
que
sólo
corresponde
a
un
juez
decidir
y
que
es
determinar
si
existe
o
no
sanción
para
el
delito
de
abuso
de
autoridad
derivado
de
un
desacato
judicial,
señaló
el
abogado
tras
haber
entregado
el
escrito
en
la
PGR
en
el
cual
fundamentó
la
impugnación
que
se
hará
el
acuerdo
emitido
el
pasado
2
de
mayo
por
la
dependencia
federal.
El pasado 2 de mayo, la PGR publicó
que
el
Ministerio
Público
de
la
Federación
consideraba
probable
responsable
a
López
Obrador
en
el
caso
del
predio
"El
Encino",
aunque
debido
a
la
falta
de
claridad
en
la
sanción
no
ejercitaría
acción
penal
alguna
en
su
contra.
Según la PGR, después de una revisión
de
la
averiguación
previa
PGR/1339/FESPLE/01,
iniciada
en
contra
de
López
Obrador
por
violar
la
suspensión
de
amparo
concedida
por
un
juez
de
Distrito
en
el
caso
de
El
Encino,
se
acreditó
la
probable
responsabilidad
del
jefe
de
Gobierno
en
este
asunto
al
probarse
el
cuerpo
del
delito
de
desobediencia
a
un
auto
dictado
por
una
autoridad
jurisdiccional
GUERRERO
Sin explicación, cancelan la reunión en Protur sobre la presa La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p. web).
Estarían el secretario general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría,
y
los
alcaldes
de
los
municipios
afectados,
además
de
otros
funcionarios
estatales
La reunión programada en
la
Promotora
Turística
(Protur)
sobre
el
proyecto
hidroeléctrico
La
Parota
fue
cancelada
y
las
autoridades
presentes
no
quisieron
dar
a
conocer
el
motivo.
De las oficinas de Protur se vio salir al subsecretario de Asuntos Agrarios,
Esaú Tapia Abarca, y al preguntarle sobre la reunión sólo
comentó,
mientras
caminaba
hacia
su
vehículo,
que
fue
cancelada
porque
no
“había
quórum”.
Mientras que el secretario general
del
Ayuntamiento,
Francisco
Larequi
Radilla,
dijo
que
no
podía
dar
entrevistas
porque
él
era
sólo
un
invitado,
aunque
de
acuerdo
con
la
información
proporcionada
a
El
Sur
la
reunión
en
Acapulco
se
debía
a
que
son
de
este
municipio
las
comunidades
que
más
se
oponen
a
la
presa.
Para saber la versión sobre la
cancelación
de
la
reunión
donde
estarían
el
secretario
de
Gobierno,
Armando
Chavarría Barrera, y los alcalde
de
los
municipios
afectados
de
construirse
la
presa,
se
buscó
al
encargado
de
Asuntos
Sociales
del
proyecto,
Víctor
Hugo
Chávez,
pero
no
contestó
su
celular.
Aunque hay que aclarar que antes
sí
respondió
a
otro
reportero
y
le
dijo
que
no
tenía
conocimiento
de
la
reunión,
y
que
él
se
encontraba
comiendo
en
un
restaurán
ubicado
en
la
avenida
Costera.
En la reunión, que tenía el propósito
de
avanzar
en
los
acuerdos
sobre
la
construcción de la presa, estuvo también el director de Gobernación
municipal,
Federico
Miranda
Castañeda;
momentos
antes
–según
se
informó–
se
retiraron
los
funcionarios
de
la
CFE.
A las 6:10 de la tarde llegaron
el
director
de
Protección
Civil
estatal,
Sabás
de
la
Rosa
Camacho;
el
alcalde
de
San
Marcos,
Fernando
Sotelo
del
Carmen,
y
el
munícipe
de
Tecoanapa,
Ignacio
Luna,
a
quienes
les
sorprendió
la
cancelación.
HIDALGO
Despojan a ejidatarios. (Unomásuno, p. web).
Campesinos de Tlapacoya acusaron al presidente municipal de Pachuca, Alberto
Meléndez
Apodaca,
de
pretender
obligarlos
a
malbaratar sus terrenos para construir la segunda etapa de
Zona
Plateada,
denunció
a
unomásuno-Hidalgo,
Juan
Hernández
Rivera,
integrante
de
la
Comisión
de
Ejidatarios
de
dicha
comunidad.
Tras revelar que hace algunas semanas
Sergio
Baños,
director
de
Ecología
y
Desarrollo
Urbano
del
ayuntamiento
presentó
a
los
ejidatarios
un
anteproyecto
para
construir
la
segunda
etapa
de
la
Zona
Plateada
en
parte
del
territorio
de
Tlapacoya,
Hernández
calificó
de
fraude
la
pretensión
del
alcalde
de
llevar
al
cabo
la
realización
de
dicho
complejo
comercial.
"No es que nos opongamos a
la
construcción
del
proyecto,
sino
a
que
se
nos
vaya
a
despojar
de
nuestro
patrimonio
con
el
pretexto
de
que
vamos
a
ser
socios
del
mismo
tal
y
como
ocurrió
con
Zona
Plateada".
El principal temor de los ejidatarios
es,
según
Hernández,
el
que
se
les
obligue
a
vender
sus
terrenos
excesivamente
bajos.
"No vamos a permitir que se
nos
pretenda
pagar
15
pesos
el
metro
cuadrado
de
tierra,
tal
y
como
ocurrió
con
los
predios
que
el
gobierno
del
estado
adquirió
para
construir
el
aeropuerto
de
carga
de
Tizayuca".
Señaló que los ejidatarios de Tlapacoya están dispuestos a defender "a sangre y fuego"
sus
propiedades.
"De ser necesario vamos a
solicitar
el
apoyo
de
los
comuneros
de
San
Salvador
Atenco
y
del
Ejercito
Zapatista
de
Liberación
Nacional",
puntualizó.
Denunció que con el fin de obligarlos
a
malbaratar
sus
terrenos,
el
gobierno
municipal
no
ha
querido
otorgarles
los
permisos
necesarios
para
abrir
negocios
en
dicho
lugar.
"No nos quieren otorgar el
uso
de
suelo
a
pesar
de
que
el
alcalde
(Alberto
Meléndez)
se
comprometió
a
tratar
el
asunto
ante
el
Cabildo
de
Pachuca".
Señaló que sin embargo algunos
amigos
y
admiradores
de
Alberto
Melendez
si
han
sido
beneficiados
con
el
otorgamiento
del
uso
de
suelo
para
sus
negocios.
"Aunque se nos ha dicho que
a
nadie
se
le
ha
autorizado
el
uso
de
suelo,
la
presidencia
municipal
si
otorgó
dos
permisos
para
abrir
hoteles
de
paso
al
Coordinador
del
PRI
de
la
Zona
Sur,
Victor León, quien por cierto promovió la imagen de Alberto
Meléndez
cuando
era
candidato
a
la
alcaldía".
Funcionarios de la presidencia
municipal
negaron
los
señalamientos
del
representante
ejidal,
al
asegurar
que
el
verdadero
problema
consiste
en
la
negativa
de
los
ejidatarios
a
la
construcción
de
un
tramo
carretero
sobre
un
camino
ejidal.
OAXACA
Más apoyos a Oaxaca, sólo sí hay conciliación. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, Racial Martínez p. web).
“En donde se pongan de acuerdo yo le meto recursos ¡Esa es la
condición! Y segundo, que también el Gobierno
del
Estado
le
entre”Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de
los
Pueblos
Indígenas
ofreció
mayores
recursos
de
la
Federación
a
las
comunidades
oaxaqueñas,
“con
una
condición:
sentarse
a
conciliar
los
conflictos
agrarios...”
Remarcó:
“En donde se pongan de acuerdo yo le meto recursos ¡Esa es
la
condición!
Y
segundo,
que
también
el
Gobierno
del
Estado
le
entre”.
Gálvez Ruiz, quien arribó la tarde de ayer sostuvo un encuentro
con
la
Comisión
Interinstitucional
del
Gobierno
del
Estado,
abocada
a
los
problemas
agrarios.
Evocó que con el anterior gobierno (José Murat)
hubo
una
gran
confrontación
con
el
gobierno
federal
“y
el
único
que
perdía
con
la
actitud
de
confrontación
era
Oaxaca.
No
todos
los
funcionarios
federales
tenían
los...,
el
arrojo...
para
venir
y
dar
la
cara. Muchos dijeron: ‘¡que se chingue Oaxaca!’. Hoy
hay
un
cambio
de
actitud,
se
puede
dialogar,
disentir,
eso
lo
reconocemos
los
funcionarios
federales”.
El flujo de los recursos comprometidos, asentó, se está cumpliendo
y
en
el
caso
de
las
ocho
obras
inconclusas
del
2004, se culminarán:“conozco
cuáles
son.
No
son
sorpresa.
Tenemos
el
compromiso
del
Gobierno
del
Estado
para
corregir
las
que
están
mal”.
En esa vertiente convocó a las comunidades a estar exigentes,
“ellos
son
la
contraloría.
Ahora
estamos
impulsando
los
Comités
de
Obras
para
que
sean
quienes
vigilen
el
cumplimiento”.
Amable, acompañada del delegado de la CONADEPI en la entidad,
José
Armando
Guzmán
Alcántara,
la
mujer
sostuvo
que
el
respaldo
a
los
pueblos
indígenas
ya
no
se
detendrá.
Advirtió sobre la pavimentación de la carretera El Vado-Zenzontepec, distrito de Sola de Vega:
“Ya empezó, probablemente no me toque verla terminada, es una
obra
que
requiere
cerca
de
500
millones
de
pesos; pero lo que sí puedo asegurar es que no se va
a
detener.
¡La
voy
a
dejar
programada
para
el
siguiente
gobierno!”:
La madera, manzana de la discordia en la Sierra
Norte. (Gerardo Soriano, p. web).
Según información del Comisión
Nacional
Forestal
(Conafor)
a
la
que
EL
IMPARCIAL
tuvo
acceso,
la
manzana
de
la
discordia
que
podría
originar
el
conflicto
que
actualmente
se
vive
en
la
Sierra
Norte,
está
en
la
disputa
de
3
mil
635.857
hectáreas
de
bosque,
lo
que
representa
un
volumen
maderable
plagado
del
gusano
descortezador
de
95
mil
500
metros
cúbicos,
mismos
que
tendrían
un
valor
en
el
mercado
de
12
millones
de
pesos.
Estas maderas y su comercialización
son
disputadas
entre
el
municipio
de
Santa
María
Yavesía y los municipios y agencias que conforman las poblaciones
de
los
llamados
Pueblos
Mancomunados.
Lo anterior es parte de las diferencias
que
estarían
surgieron
entre
los
municipios
que
integran
dichos
Pueblos
Mancomunados,
mismos
que
son
San
Miguel
Amatlán,
Santa
Catarina
Lachatao,
la
misma
Santa
María
Yavesía y las agencias de Benito Juárez, Latuvi, La Nevería, Llano Grande
y
Cuajimoloyas.
La madera afectada, misma que no
ha
podido
ser
comercializada,
debido
al
conflicto
agrario
se
encuentra
ubicada
en
más
del
50
por
ciento
en
tierras
de
Yavesía,
mientras
que
poco
menos
de
la
mitad
se
encuentran
en
los
terrenos
que
pertenecen
a
los
Pueblos
Mancomunados.
Cabe señalar que según estimaciones
hechas
por
la
misma
Conafor,
la
madera
tendría
un
precio
en
el
mercado
de
cerca
de
12
millones
de
pesos.
Además
de
conformar
un
problema
de
diversas
directrices,
en
los
que
intervienen
aspectos
ecológicos,
culturales,
de
organización
política
y
social,
el
aprovechamiento
de
estas
maderas
podría
ser
la
causa
del
actual
conflicto
que
se
vive
en
la
Sierra
Norte,
donde
las
poblaciones
afectadas
estarían
pidiendo
la
intervención
de
la
misma
Conafor
y
de
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
(Semarnat).
Los Pueblos Mancomunados están
integrados
por
ocho
poblaciones
serranas
enclavadas
en
un
territorio
comunal
de
29,000
hectáreas
de
bosques
y
montañas,
los
que
se
encuentran
respaldados
por
la
resolución
presidencial
de
1961.
La organización de los Pueblos
Mancomunados
está
conformada
por
mil
232
comuneros,
90
miembros
de
la
asamblea
de
caracterizados,
8
presidentes
municipales,
el
comisariado
de
bienes
comunales
y
el
consejo
de
vigilancia.
En el siguiente escalafón se hayan
los
encargados
de
cada
una
de
las
ramas
que
conforman
la
economía
de
la
Sierra
Norte:
el
sector
minero,
forestal,
no
maderable,
ecoturismo
y
agroindustrial.
Hoy en día, los comuneros sólo
explotan
el
50
por
ciento
de
los
recursos
maderables
que
tienen
autorizados.
Aún
así,
el
70
por
ciento
de
su
producción
maderera
se
comercializa
en
México
y
el
30
restante
en
los
mercados
de
Estados
Unidos
y
Europa.
Según el documento, “Oaxaca es
Forestal,
Desarrollo
en
la
Diversidad”,
el
Estado
de
Oaxaca
ocupa
el
primer
lugar
en
diversidad
biológica
y
es
el
cuarto
lugar
en
superficie
forestal.
En
la
entidad,
existen
5.1
millones
de
hectáreas
de
bosque;
de
los
cuales
2.7
millones
son
de
bosque
templado
de
coníferas
y
encinos.
A decir de la Conafor, uno de los motivos por los cuales no se puede explotar
los
bosques
existentes
en
la
entidad,
es
que
el
90
por
ciento
de
la
superficie
forestal
es
de
propiedad
colectiva
y
se
encuentra
en
manos
de
comunidades
y
ejidos
comunales.
Además, existen 650 mil hectáreas
de
aprovechamiento
maderable
administrados
por
comunidades
y
ejidos
forestales;
mientras
que
solamente
50
mil
hectáreas
son
explotadas
por
pequeños
propietarios.
En el origen del conflicto que
actualmente
se
vive
en
la
Sierra
Norte,
estarían
las
diferencias
que
estarían
surgiendo
entre
los
Pueblos
Mancomunados,
mismos
que
han
logrado
crear
empresas
que
exportan
tanto
productos
maderables
y
no
maderables
a
Estados
Unidos
y
Europa,
lo
que
ha
llevado
desarrollo
a
esa
región
del
Estado.
Estas diferencias sería por la
comercialización
de
3
mil
635.857
hectáreas
de
bosque,
lo
que
representa
un
volumen
maderable
plagado
del
gusano
descortezador
de
95
mil
500
metros,
cuyo
precio
en
el
mercado
podría
alcanzar
los
12
millones
de
pesos.
Las poblaciones que se estarían
disputando
la
comercialización
de
estas
maderas
plagadas,
serían
Yavesía y el resto de los Pueblos Mancomunados.
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