CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
LUNES
25
DE
JULIO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Queda ‘chimuela’ justicia electoral
Bloquean diputados
reforma
para
el
2006
y
dejan
sin
castigo
diversos
delitos
Amenaza al PAN gasto excesivo: Cárdenas
En riesgo la unidad por pugnas, advierte: no teme a la desventaja
que
dan
encuestas
Confía en la transición el capital extranjero
México, en su momento
clave
para
la
estabilidad
de
largo
plazo
Estabilidad económica, en su mejor época
El adecuado manejo
de
las
finanzas
se
reconoce
en
todos
los
niveles:
OCDE
Niegan amparos al IPB para ocultar informes
Tres tribunales
colegiados
desechan
recursos
contra
el
IFAI
El cardenal Rivera acusa de dogmático al gobierno de Fox
Píldora: cambian
la
constitución
pero
no
el
Diario
Oficial,
dice
Dona Marta Sahagún vestidos a AMANC
Donó 36 vestidos
y
trajes
de
su
vestuario,
equivalentes
a
317
mil
867
pesos
Posible pedido, el caso Romano
Bayardo ejecuta
encargos
de
mafias:
funcionarios
de
SIEDO
Estalla Fox contra críticos de Sahagún
Ataca el Presidente
a
las
legisladoras
que
cuestionaron
gasto
de
su
esposa
Gasto asqueroso
Propone Cárdenas
Jiménez
tregua
a
Creel
y
Calderón
para
cero
agresiones
entre
ellos
Sector agrario
Se pronuncian ejidatarios vs, el procurador agrario.
(La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Publicación: 23.07.2005
CUERNAVACA, MOR. Ejidatarios de la región oriente del estado
se
pronunciaron
en
contra
del
Procurador
Agrario
en
la
entidad,
al
considerar
que
su
actuar
no
ha
beneficiado
a
las
comunidades
de
Morelos.
En conferencia de prensa, Bulmaro Neri, presidente de la Asociación
de
Ejidatarios
de
la
zona
oriente
de
Morelos,
expresó
que
el
movimiento
se
da
para
que
respeten,
“nuestros
derechos
agrarios
y
atiendan
los
conflictos
en
los
ejidos,
porque
sólo
nos
entretienen
en
los
trámites,
sin
que
se
dé
una
resolución
a
nuestros
casos”.
Manifestó su inconformidad de que el funcionario federal siga
al
frente
de
la
Procuraduría
Agraria
en
Morelos,
porque
sólo
pretende
hacer
de
las
suyas,
“por
ello,
el
no
tomar
oficinas
centrales
en
la
ciudad
de
México
es
una
decisión
favorable
a
nuestras
peticiones,
realizaremos
más
movilizaciones,
incluida
la
toma
de
las
instalaciones
estatales”.
Bulmaro Neri, –en compañía en un grupo reducido de ejidatarios
que
en
anteriores
ocasiones
se
han
manifestado
de
la
misma
manera–,
sostuvo
la
necesidad
de
que
el
funcionario
sea
removido
de
su
cargo,
“y
que
metan
a
una
persona
con
capacidad
de
atender
las
demandas
de
los
ejidos,
sin
que
pretenda
beneficiar
sólo
a
unos
cuantos”,
y
que
le
dé
la
espalda
a
los
campesinos.
Al
cuestionarle,
el
por
qué
de
su
petición,
titubeando
respondió,
“en
el
caso
de
Tetela
del
Volcán,
se
ha
beneficiado
al
grupo
contrario,
y
no
se
vale
que
nos
nieguen
el
asesoramiento
para
evitar
los
conflictos
agrarios”.
Expresó por último que al desatender las autoridades federales
y
estatales
a
las
comunidades,
“ellas
mismas
están
provocando
esto,
que
la
gente
de
las
comunidades
que
se
sienten
desatendidas
se
movilicen
y
se
unan
contra
el
propio
gobierno”.
Iniciarán revisión de Procede en Jáltipan. (Diario del Istmo, Mirna Hernández, p.web).
Ante anomalías detectadas
23 de Julio del 2005
El delegado de la Procuraduría
Agraria en Veracruz, Fernando Santamaría Prieto, anunció que
se
iniciará
una
revisión
del
programa
Procede en este
municipio
de
Jáltipan
ante
las
inconformidades
surgidas
entre
un
grupo
de
ejidatarios
quienes
señalan
presuntas
anomalías
en
los
trabajos
de
delimitación
de
los
terrenos
El anuncio fue hecho por el funcionario estatal durante
la
reciente
reunión
sostenida
con
integrantes
del
grupo
de
ejidatarios
que
encabeza
Aristeo
Acevedo
Quintana,
quienes
desde
hace
años
iniciaron
un
pleito
ante
las
autoridades
agrarias
como
parte
de
la
disputa
de
las
más
de
mil
050
hectáreas
de
uso
común,
luego
de
que
fueran
excluidos
del
proceso
de
distribución
de
esas
tierras
por
parte
del
grupo
de
ejidatarios
que
encabeza
el
actual
dirigente
Jerónimo
Ortiz
de
la
Cruz.
El grupo de ejidatarios acusaron ante el Delegado de
la
Procuraduría
Agraria,
que
se
están
dando
una
serie
de
anomalías
en
el
programa
Procede
pues
aún
cuando
se
les
había
dicho
que
por
el
conflicto
que
existen
entre
ambas
partes
derivado
de
los
juicios
interpuestos
por
las
tierras
comunales
estas
no
serían
incluidas
en
el
mencionado
programa,
en
tanto
se
daba
un
resolutivo
definitivo.
Santamaría Prieto indicó que no hay marcha atrás en los
acuerdos
pactados
por
lo
que
las
tierras
de
uso
común
no
deberán
tocarse,
por
lo
que
se
iniciará
una
revisión
de
los
trabajos
aquí
iniciados
por
lo
que
de
resultar
lo
anterior
se
frenará
totalmente
el
programa.
“Por
eso
he
venido
a
escucharlos,
primero
a
ustedes
y
luego
a
ellos
en
los
3
días
que
estaré
en
la
zona,
con
el
objetivo
de
buscar
acuerdos
que
satisfagan
a
ambas
partes,
si
no
se
da
esto
se
buscará
que
se
cumplan
los
lineamientos
y
acuerdos
del
programa
Procede.
Y es que de acuerdo al titular de la Procuraduría Agraria,
hay
un
total
de
3
mil
611
ejidos
en
el
Estado,
de
los
cuales
alrededor
de
200
núcleos
se
encuentran
sin
certificar,
unos
porque
así
lo
decidieron
los
ejidatarios
y
otros
por
conflictos
internos
que
existen
entre
los
mismos
ejidatarios
como
es
el
caso
de
Jáltipan,
por
lo
que
es
ante
tal
situación
que
se
están
dejando
pendientes,
en
la
búsqueda
de
acuerdos.
Denuncia
El grupo de ejidatarios encabezados por Aristeo Acevedo
denunciaron
que
en
varios
predios
como
lo
es
el
Petapa,
Apompal,
Galerías,
incluidos
en
esa
superficie
de
uso
común,
se
iniciaron
trabajos
de
delimitación
con
miras
a
su
asignación,
lo
que
violenta
todo
tipo
de
acuerdo
pero
sobre
todo
los
derechos
de
quienes
son
verdaderamente
los
dueños
originales
de
tales
tierras
al
pretender
dárselas
a
quienes
se
las
vendió
mañosamente
la
gente
de
Ortiz
de
la
Cruz.
Teodoro Trinidad Santos en tanto manifestó que la Procuraduría
debe
intervenir,
pues
aún
están
pendiente
los
resolutivos
por
los
juicios
de
inconformidad
presentados
por
el
grupo
que
representa
y
que
son:
el
1223/2002
en
el
que
piden
la
nulidad
de
la
asamblea
celebrada
que
establecía
el
reparto
de
las
tierras
de
uso
común
entre
165
ejidatarios,
dejándolos
fuera
de
este
beneficio
a
ellos;
además
el
juicio
276/2002
mediante
el
cual
se
pide
el
reparte
de
tierras
de
uso
común
en
partes
iguales
basándose
en
el
padrón
dado
por
el
Registro
Agrario
Nacional
(RAN)
en
el
que
se
contempla
la
ampliación
del
ejido
Jáltipan
(Kilómetro
50)
además
de
que
se
les
entrega
su
aportación
correspondiente
por
el
pago
de
más
de
un
millón
500
mil
pesos
que
hizo
la
empresa
Unimisur
al
comisariado
ejidal.
Los ejidatarios expusieron su total inconformidad por
la
residente
de
la
Procuraduría
Agraria
en
Acayucan,
Mónica
Sandoval
Barojas,
quien
en
una
actitud
que
deja
mucho
que
desear
ha
mostrado
parcialidad
hacia
el
grupo
de
Jerónimo
Ortiz
que
incluso
en
un
acta
que
levantó
dejó
asentado
que
no
hay
tierras
de
uso
común,
agravando
el
conflicto
que
por
años
han
enfrentado
ambas
partes.
Justicia Agraria. (Ecos de la Costa, Odilisa Gutiérrez, p.web).
La reforma al Artículo
27
Constitucional,
dio
inicio
a
la
promulgación
de
un
conjunto
de
ordenamientos
legales
que
directa
o
indirectamente
actualizan
la
relación
entre
los
núcleos
agrarios
y
el
Estado.
Además de la Ley Agraria
y
la
Ley
Orgánica
de
los
Tribunales
Agrarios
se
publicaron
la
Ley
de
Aguas
Nacional,
la
Ley
General
de
Asentamientos
Humanos
y
la
Ley
Forestal.
En
su
conjunto,
estas
leyes
y
reglamentos
que
se
complementan
y
hacen
aplicables,
fortalecen
y
hacen
aplicable
el
marco
jurídico
que
reafirma
las
tres
formas
de
tenencia
de
la
tierra
establecidas
y
sancionadas
por
la
Constitución.
Asimismo, dan pie a
la
impartición
de
una
justicia
agraria
expedita;
a
la
promoción
de
asociaciones
de
los
campesinos
entre
sí
con
el
estado
y
con
empresarios;
a
la
culminación
del
reparto
agrario;
a
la
protección,
conservación
y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales
en
especial
los
forestales
y
el
agua.
Las modificaciones
legislativas
tienen
gran
importancia,
pues
a
partir
del
inicio
de
las
funciones
de
los
Tribunales
Agrarios,
la
justicia
en
esta
materia
dejó
de
ser
una
atribución
del
Poder
Ejecutivo.
Es
pertinente
recordar
que
la
reforma
agraria,
cuyo
inicio
jurídico
data
de
la
ley
del
06
de
enero
de
1915,
fue
tenazmente
combatida
por
los
hacendados
y
terratenientes
mediante
la
interposición
de
juicios
de
amparo,
además
de
la
oposición
violenta
que
en
muchos
casos
se
hicieron
con
auxilio
de
guardias
blancas.
Para superar el escollo
jurídico
que
impedía
el
cumplimiento
de
uno
de
los
principales
postulados
de
la
revolución,
en
diciembre
de
1931
se
efectuó
una
reforma
Constitucional
que
impidió
que
los
afectados
por
Resoluciones
Presidenciales
que
dotaban
tierras
a
ejidos
o
reconocían
la
propiedad
comunal
interpusieran
recursos
jurídicos,
incluso
el
amparo.
La medida se basaba,
además,
en
el
reconocimiento
de
que
los
hacendados
y
terratenientes
sí
podían
cubrir
los
honorarios
de
los
abogados
encargados
de
defender
sus
derechos,
mientras
una
inmensa
cantidad
de
campesinos
perdían
un
juicio
tras
otro
por
la
imposibilidad
de
pagar
abogados
que
los
representaran
con
eficiencia.
En 1947 se reformó
nuevamente
la
constitución
para
dar
cabida
al
amparo
en
materia
agraria,
en
especial
contra
resoluciones
rotatorias
de
tierras;
el
reparto
agrario
Cardenista
había
roto
la
espina
dorsal
del
latifundio
y
los
empresarios
se
vieron
precisados
a
imaginar
nuevas
formas
de
acaparamiento
de
la
tierra,
en
especial
de
las
zonas
de
riego.
Por otro lado, la modificación
constitucional
de
1931,
fue
sustento
adicional
para
justificar
el
intervencionismo
del
estado
en
la
vida
de
los
núcleos
agrarios.
Sin duda las decisiones
de
aquellos
años
fueron,
de
alguna
forma,
adecuados,
logrando
en
parte
transformar
al
campo.
Si
en
los
años
30
fue
necesario
que
el
estado
protegiera
ejidatarios
y
comuneros
con
una
supervisión
permanente
de
sus
actividades
y
decisiones,
en
los
años
80
el
paternalismo
ya
era
innecesario,
injusto
y
además
fuente
de
corruptelas
de
diversos
tipos
y
magnitudes.
Ahora con las reformas
de
1992,
el
Estado
brinda
lo
necesario
para
una
expedita
y
honesta
impartición
de
justicia
en
materia
agraria,
ello
con
la
asesoría
de
la
Procuraduría
Agraria
y
la
función
garante
de
legalidad
de
los
Tribunales
Agrarios,
instituciones
que
han
demostrado
su
autonomía
e
independencia
de
cualquier
instancia
de
gobierno,
otorgando
la
tan
prometida
paz
en
el
campo.
Conflicto por terrenos en Nayarit. (La Jornada, Correo Ilustrado, p.web)
Señora directora: Con apoyo de policías judiciales, encapuchados y armados con
rifles
y
metralletas,
de
la
cabecera
municipal
de
Bahía
de
Banderas,
el
subprocurador
de
Justicia
de
Nayarit,
señor
Arvizu,
ordenó
desalojar
a
los
campesinos
asentados
en
los
predios
conocidos
como
La
Concha,
fracciones
I
y
II;
La
Fortuna,
Palmarita
y
Tecomate,
pertenecientes
al
Nuevo
Centro
de
Población
Ejidal
denominado
Los
Llanitos,
jurisdicción
del
mismo
municipio
de
Bahía
de
Banderas,
que
ocupaban
pacífica
y
permanentemente
desde
hace
más
de
un
año.
Convencidos de la legitimidad de su lucha agraria y en función
de
su
probado
derecho
a
ser
propietarios
de
las
273
hectáreas
que
les
fueron
dotadas
por
el
Tribunal
Superior
Agrario,
y
con
base
en
la
reciente
suspensión
de
plano,
otorgada
por
el
juez
segundo
de
distrito
en
el
estado,
como
respuesta
a
su
demanda
de
amparo
y
en
reacción
a
las
amenazas
de
desalojo,
el
domingo
10
de
los
corrientes,
a
las
seis
de
la
mañana,
decidieron
instalarse
todos
juntos
en
un
solo
predio
a
la
orilla
de
la
carretera
para
dar
a
conocer
a
la
opinión
pública
el
motivo
de
su
lucha,
así
como
presión
para
el
Tribunal
Superior
Agrario
para
su
definitiva
ejecución.
Tenían la esperanza de mantenerse protegidos de agresiones
y
de
que
fuera
cumplida
la
amenaza
de
desalojo.
Sin embargo la estrategia fue infructuosa, ya que al amparo
de
la
oscuridad
de
la
noche
los
presuntos
policías
judiciales,
encapuchados
y
cortando
cartucho
de
armas
largas,
golpearon
a
hombres
y
mujeres
para
desalojarlos.
Destrozaron
los
endebles
refugios
de
lona
y
arrancaron
las
mantas
con
leyendas
de
sus
demandas
para
llevárselas,
con
los
gritos
de
"nos
vale
madre
su
pinche
lucha
campesina.
Nosotros
sólo
cumplimos
órdenes
de
los
dueños,
que
son
quienes
nos
pagan".
Cuando el profesor Humberto Serrano Pérez, secretario general
de
la
Confederación
Agrarista
Mexicana,
y
asesor
de
estos
compañeros
productores
del
campo,
se
comunicó
telefónicamente
con
el
subprocurador
de
Justicia
de
Nayarit,
señor
Arvizu,
para
informarle
de
los
hechos
y
pedirle
que
no
incurriera
en
actos
de
violación
al
amparo,
éste
amenazó:
"usted
pisa
mi
estado
y
yo
lo
meto
a
la
cárcel".
Además se le pidió que esperara la reunión en Tepic con representantes
del
gobierno
estatal,
delegados
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
del
Tribunal
Superior
Agrario
y
del
juzgado
segundo
del
distrito.
Por fortuna uno de los campesinos desalojados tomó la iniciativa
de
informar
al
jefe
de
la
Zona
Militar
correspondiente
y
de
inmediato
se
presentó
un
destacamento
de
soldados,
encabezado
por
un
capitán,
para
investigar
los
hechos,
así
como
la
identidad
de
los
agresores.
Elías Aguilar
Considera Xóchitl Gálvez que el EZLN sigue siendo
un
“foco
rojo”. Excélsior, p.web)
México, 23 de julio.- La directora
general
de
la
Comisión
Nacional
para
el
Desarrollo
de
los
Pueblos
Indígenas
(CDI),
Xóchitl
Gálvez
Ruiz,
consideró
que
el
Ejército
Zapatista
de
Liberación
Nacional
(EZLN)
continúa
siendo
un
"foco
rojo"
porque
no
se
ha
podido
concluir
un
proceso
de
negociación.
En entrevista, la funcionaria dijo
que
aunque
dicho
grupo
no
ha
depuesto
las
armas,
ha
manifestado
que
no
busca
la
violencia
sino
una
vía
política,
por
lo
que
el
tema
es
"muy
importante
para
el
gobierno".
Al término de la firma de un convenio
de
colaboración
con
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR)
en
materia
de
delitos
electorales,
Gálvez
Ruiz
destacó
que
temas
como
los
"acuerdos
de
San
Andrés",
se
deben
retomar
en
esta
legislatura
y
la
subsecuente,
pues
está
pendiente
el
debate
sobre
los
derechos
de
los
pueblos
indígenas.
Recordó que en Chiapas no se había
permitido
que
se
instalaran
casillas
en
la
zona
de
influencia
de
este
grupo
armado,
pero
en
las
elecciones
anteriores
eso
ya
no
ocurrió.
Destacó que muchos de los descontentos
que
prevalecían
en
algunas
comunidades
se
han
ido
conciliando
a
través
de
mesas
de
negociación,
sin
embargo
no
se
han
librado
de
obstáculos
para
que
los
actores
acudan
a
ellas
para
dirimir
sus
diferencias.
La Secretaría de la Reforma
Agraria
ha
hecho
un
trabajo
de
negociación
política
para
ubicar
los
"focos
rojos"
más
importantes,
que
en
su
mayoría
tienen
que
ver
con
conflictos
por
la
tenencia
de
la
tierra,
puntualizó.
(Notimex)
Sigue sitiada SRA. (Tribuna (Sonora), Héctor Froylán, p.web).
Negarán organizaciones acceso a funcionarios de no respetar
a
los
primeros
solicitantes
HERMOSILLO.- Solicitantes de créditos de organizaciones sociales
independientes
amenazaron
con
negar
el
acceso
de
funcionarios
a
las
oficinas
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
a
menos
que
el
delegado
Erick
Martínez
se
comprometa
a
respetar
el
lugar
de
quienes
“madrugaron”
desde
hace
tres
días
por
los
recursos.
A unas horas de que se abra la ventanilla para la entrega de
folios
a
peticionarios
de
los
fondos
de
Apoyo
a
Proyectos
Productivos
y
Agrario
(FAPPA)
y
el
Programa
de
la
Mujer
en
el
Sector
Agrario
(PROMUSAG)
que
en
esta
ocasión
suman
en
total
aproximadamente
nueve
millones
de
pesos,
la
tensión
crece
en
la
sitiada
delegación
de
la
SRA.
Una de las lideresas del movimiento, Perla Benítez Audeves,
dijo
que
el
titular
de
la
dependencia
federal
había
interrumpido
sus
vacaciones
para
atender
un
eventual
conflicto,
toda
vez
que
integrantes
de
las
agrupaciones
OPAGAN
y
la
Fundación
Méndez,
ambas
con
patrocinio
de
los
diputados
panistas
Javier
Castelo
Parada
y
Fructuoso
Méndez
Valenzuela,
también
están
apersonados
a
la
entrada
del
inmueble.
“Queremos que los funcionarios atiendan a la gente como fueron
llegando.
Nosotros
madrugamos
desde
el
viernes
así
que
tenemos
derecho
a
ser
los
primeros
en
la
entrega
de
los
folios”,
expresó
la
dirigente
de
la
Unión
Agrícola
Industrial
de
la
Mujer
de
Sonora.
El riesgo de que la situación se salga de control es latente
entre
los
más
de
200
solicitantes
que
arribaron
desde
distintos
municipios
de
la
Entidad.
Quienes
atendieron
con
premura
la
convocatoria
emitida
por
el
Gobierno
Federal,
dijeron
no
estar
dispuestos
a
permitir
el
“agandalle”
de
los
dineros
públicos,
ni
“favoritismos”
hacia
las
organizaciones
del
Partido
Acción
Nacional.
Ratifican denuncia por fraude de 12 mdp mixtecos. (Novedades de Acapulco, p.web).
El abogado Jesús Rabadán Salgado
indicó
ayer
que
los
agraviados
son
106
ejidatarios
y
más
de
200
posesionarios,
porque
ese
dinero
lo
entregó
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
como
contraprestación
a
El
Capulín
a
cambio
de
ceder
derechos
de
propiedad
y
posesión
a
366
campesinos
de
Chimalapa
y
Tehuixtepec,
de
los
municipios
de
Igualapa
y
Tlacoachistlahuaca,
con
quienes
tenían
conflicto
agrario
respecto
de
dos
mil
hectáreas.
La SRA expidió el cheque número
0001690
de
Bancomer
el
31
de
diciembre
del
2004,
a
nombre
del
entonces
presidente
del
Comisariado
Ejidal
Rubén
Santiago
Quirino,
"para
que
mediante
la
celebración
de
una
asamblea
ejidal
debidamente
convocada
sus
integrantes
decidieran
la
forma,
condiciones
y
destino
del
mencionado
dinero".
Pero el ahora indiciado concluyó
su
periodo
de
autoridad
ejidal
el
13
de
febrero
de
este
año
sin
convocar
a
la
asamblea
general
ni
informar
del
dinero,
sino
que
abrió
una
cuenta
personal
en
la
sucursal
Santander
de
Ometepec.
Hasta después de que sus conciudadanos
indagaban
sobre
el
caso,
se
confabuló
con
los
nuevos
integrantes
del
Comisariado
Ejidal
de
El
Capulín,
y
simularon
la
realización
de
una
convocatoria
y
una
asamblea
en
la
que
no
asistió
la
mayor
parte
de
los
ejidatarios,
abundó.
Denunciaron estos hechos ante la
delegación
estatal
de
la
Procuraduría
General
de
la
República
en
Chilpancingo
porque
el
recurso
provino
del
gobierno
federal,
pero
averiguación
se
turnó
a
la
oficina
en
Acapulco,
misma
que
se
declaró
incompetente
y
la
remitió
a
la
Agencia
del
Ministerio
Público
del
Fuero
Común
de
Ometepec
el
seis
de
mayo
pasado,
donde
se
ventila
a
través
de
la
averiguación
previa
ABAS/AM/119/2005.
Más de 60 de ellos han ratificado
esta
denuncia,
concluyó
el
abogado
Rabadán
Salgado
Piden mujeres microcréditos. (El Imparcial (Sonora), Luz B. Arredondo, p.web).
En Reforma Agraria
Desde el jueves, jardines
y
banquetas
de
la
colonia
Modelo,
son
el
hogar
de
estas
damas
que
esperan
les
autoricen
préstamos
para
poner
sus
negocios
Son sonorenses puras,
sencillas,
trabajadoras
y
esforzadas,
que
por
no
encontrar
más
opciones
laborales
en
el
campo
del
Sur
de
Sonora
se
apostaron
en
el
exterior
de
las
oficinas
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
para
solicitar
microcréditos.
Decenas de personas,
especialmente
mujeres,
están
desde
el
jueves
en
las
banquetas,
en
los
jardines,
en
el
parque
del
inmueble
ubicado
en
la
colonia
Modelo
en
las
calles
Juárez
y
Santos
Degollado.
Han estado cuatro días
completos
bajo
el
Sol
y
cuatro
noches
cuidando
su
lugar
en
la
fila
ya
que,
según
dicen,
el
programa
está
limitado
y
no
alcanzará
para
todas.
Hoy lunes, a partir
de
las
9:00
horas
las
oficinas
de
la
delegación
estatal
se
abrirán
para
que
las
señoras
soliciten
un
monto
promedio
de
20
mil
pesos
para
desarrollar
microempresas
en
sus
comunidades.
No hay de otra, sostuvo
Luz
Elena
León
Félix,
originaria
de
Jecopaco,
colonia
del
Municipio
de
Benito
Juárez.
Ya no encontró un lugar
en
el
campo,
solía
laborar
en
los
cultivos,
pero
ya
no
hay
trabajo.
Igual que Luz María
Barrera
Martínez,
originaria
de
Villa
Juárez,
tiene
como
proyecto
abrir
un
café
Internet.
Las dos mujeres se
conocieron
mientras
cuidaban
su
lugar
en
la
fila
de
solicitantes;
ayer
ya
platicaban
sentadas
en
una
banqueta,
debajo
de
la
sombra
de
un
árbol.
Junto a ellas se encontraba
Alma
Delia
Hernández
Cruz,
ella
también
llegó
desde
Villa
Juárez
con
la
esperanza
que
su
sueño
de
tener
una
panadería
se
haga
realidad.
Requiere más dinero el RAN para proyectos productivos. (Imagen de Zacatecas), Saúl
Ortega,
p.web).
Los 14 millones de pesos que destinó
la
Federación
al
FAPPA
y
Promusag
serán
insuficientes
para
atender
alrededor
de
160
solicitudes
recibidas,
afirmó
el
representante
del
Registro
Agrario
Nacional
(RAN),
Manuel
Solís
Villa.
El funcionario federal explicó
que
en
el
Fondo
de
Apoyo
a
Proyectos
Productivos
(FAPA)
se
estima
que
recibirán
hasta
60
solicitudes
y
se
pueden
entregar
500
mil
pesos
a
una
sociedad
de
17
personas.
En el caso del Programa para la
Mujer
en
Sector
Agrario
(Promusag)
es
posible
entregar
hasta
180
mil
pesos
a
grupos
de
mínimo
siete
mujeres
que
tengan
un
proyecto
de
inversión
productiva.
En ambos casos los recursos que
distribuye
la
Federación
son
a
fondo
perdido,
“es
por
esto
que
genera
gran
interés
entre
la
gente
del
campo,
porque
el
único
compromiso
es
que
apliquen
el
recurso
en
el
proyecto
programado”.
Aceptó Solís Villa que hasta el
momento
no
es
posible
precisar
el
número
de
propuestas
que
serán
apoyadas
con
los
14
millones
de
pesos.
Sin embargo, advirtió que la falta
de
recursos
“causará
el
malestar
de
aquellos
que
no
sean
beneficiados”,
por
lo
que
no
descartó
la
posibilidad
de
que
los
inconformes
realicen
movimientos
de
protesta.
Recuento de una gestión. (El Informador (Jalisco), p.web. /Información también publicada
en
El
Universal).
López Obrador vivió en la polémica al frente del Gobierno del
DF
En su paso por el Gobierno del Distrito Federal,
Andrés
Manuel
López
Obrador
fue
acusado
de
mantener
un
desprecio
permanente
hacia
la
legalidad,
por
parte
de
los
partidos
Revolucionario
Institucional
(PRI),
Acción
Nacional
(PAN)
y
autoridades
federales.
El veto a 12 legislaciones, cuando menos, entre
ellas
la
Ley
de
Transparencia
y
30
artículos
del
Código
Financiero
de
2000;
la
creación
de
23
bandos
informativos,
las
ocho
controversias
que
presentó
ante
la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
(SCJN)
y
las
14
que
interpusieron
en
su
contra
con
acusaciones
de
no
respetar
diversas
disposiciones
legales,
son
algunas
de
las
acciones
que
merecieron
diversas
críticas
contra
el
político
tabasqueño.
Sin embargo, los casos más cuestionados fueron
su
negativa
a
acatar
las
resoluciones
judiciales
en
los
casos
Paraje
San
Juan,
en
Iztapalapa,
y
El
Encino,
en
Santa
Fe.
Los
dos
se
resolvieron
de
manera
parcial
a
favor
del
jefe
de
Gobierno
del
Distrito
Federal.
El Encino
En noviembre de 2000, en la gestión de Rosario
Robles,
el
Gobierno
del
Distrito
Federal
expropió
varios
terrenos
en
Santa
Fe.
Federico
Escobedo,
propietario
del
predio
El
Encino,
obtuvo
un
amparo
en
el
que
le
ordenaban
a
la
administración
local
detener
la
construcción
de
una
calle
de
acceso
al
Hospital
ABC.
Después de diversas diligencias, la Procuraduría
General
de
la
República
(PGR)
solicitó
el
17
de
mayo
de
2004
a
la
Cámara
de
Diputados
el
desafuero
de
López
Obrador,
para
que
enfrentara
una
acusación
por
desobediencia
judicial.
A principios de 2005, inició la etapa crítica del
desafuero,
que
culminó
el
7
de
abril,
cuando
los
diputados
votaron
en
su
contra.
El 23 de abril, un juez le regresó el expediente
a
la
PGR
por
considerar
que
hubo
irregularidades
y
el
martes
26,
el
presidente
Vicente
Fox
anunció
que
la
dependencia
realizaría
una
revisión
exhaustiva
del
caso.
Después,
el
vocero
de
la
presidencia,
Rubén
Aguilar,
señaló
que
podría
declararse
nulo
el
caso.
Paraje San Juan
En el caso Paraje San Juan, el debate inició el
25
de
septiembre
de
2003,
cuando
la
SCJN
fijó
una
indemnización
por
mil
810
millones
de
pesos
a
favor
de
Enrique
Arcipreste
por
el
terreno
de
298
hectáreas,
en
el
que
actualmente
hay
12
colonias
con
más
de
50
mil
familias.
El juicio inició en 1998, en la gestión de Cuauhtémoc
Cárdenas,
pero
hasta
2002
el
Gobierno
capitalino
pidió
que
se
fijara
el
monto
del
avalúo,
que
después
se
negó
a
pagar.
En diciembre de 2003, la Procuraduría General de
Justicia
del
Distrito
Federal
(PGJDF)
solicitó
una
orden
de
aprehensión
contra
Arcipreste,
acusado
de
fraude
procesal,
y
en
mayo
de
2004
fue
deportado
de
Cuba,
junto
con
el
empresario
de
origen
argentino
Carlos
Ahumada.
A finales de ese mes, la Secretaría de la Reforma
Agraria
(SRA)
aseguró
que
el
Paraje
San
Juan
era
propiedad
de
la
nación
y
no
de
particulares,
con
lo
que
dejó
de
ser
un
conflicto
para
el
Gobierno
del
Distrito
Federal.
La SCJN todavía no dicta sentencia definitiva en
el
caso.
Sector agropecuario
Riesgo de retroceso en la actividad cañera. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Prevén
expertos
descenso
en
la
producción
por
el
veto
a
la
ley
en
la
materia
Para
el
gobierno,
hace
tiempo
que
esa
agroindustria
dejó
de
ser
de
interés
público,
lamentan
La agroindustria azucarera requiere de una política de Estado
que
permita
la
integración
del
mercado
de
endulzantes.
Si
el
gobierno
continúa
''montado
en
su
caballo''
de
vetar
la
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
para
la
Caña
de
Azúcar
podría
provocar
que
la
producción
se
reduzca
a
4
millones
de
toneladas
-volumen
que
se
tenía
antes
de
la
firma
del
Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte-
y
el
déficit
se
cubra
con
jarabe
de
maíz
de
alta
fructosa,
advirtió
José
Cruz
Romero,
especialista
en
el
tema.
El veto presidencial a la Ley de Desarrollo Sustentable para
la
Caña
de
Azúcar
lleva
consigo
ese
riesgo,
con
altos
costos
sociales
y
económicos.
''Habría
desinversión,
desempleo,
migración,
crecimiento
de
los
problemas
de
seguridad
nacional
y
falta
de
desarrollo
en
227
municipios
de
15
estados
donde
se
lleva
a
cabo
la
actividad.
El
problema
suscitado
por
el
veto
presidencial
es
muy
serio
y
así
debe
entenderse",
asentó.
La inconformidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa)
es
por
la
participación
de
57
por
ciento
del
productor
cañero
en
el
precio
de
referencia.
Pero
no
menciona
que
una
de
las
propuestas
de
la
dependencia
fue
otorgar
subsidios
por
6
mil
millones
de
pesos
para
hacer
competitivo
al
sector,
particularmente
a
los
industriales,
a
los
que
iba
dirigido
ese
apoyo;
retiró
la
sugerencia
porque
la
Secretaría
de
Hacienda
se
negó
a
entregar
dicho
subsidio.
Sagarpa cambió el planteamiento y, sustentando su propuesta
en
la
reducción
del
precio
de
la
caña
de
azúcar,
diseñó
su
estrategia
de
"hacer
más
eficiente
al
sector"
y,
por
ello,
empezó
a
promover
la
firma
de
convenios
entre
particulares,
en
los
cuales
se
establece
que
el
pago
por
la
fibra
de
la
caña
se
hará
promediando
las
tres
últimas
zafras,
mientras
en
la
ley
vetada
se
establece
que
el
precio
se
fijará
de
acuerdo
con
la
fórmula
de
la
zafra
en
turno.
De esa forma, Sagarpa reduce el precio de la caña, pero no
cambia
el
parámetro
de
eficiencia
de
fábrica,
ni
promueve
la
calidad
ni
la
competitividad;
lo
que
hace,
abundó
el
especialista,
es
"crear
condiciones
para
que
México
sea
menos
competitivo".
Consideró que la ley aprobada el 21 de junio por la legislatura
actual,
después
de
consultar
a
los
sectores
involucrados,
resuelve
el
ordenamiento
jurídico
entre
abastecedores
e
industriales,
ya
que
estipula
y
promueve
acciones
de
fomento
para
el
desarrollo
de
una
política
estructural
sustentada
en
la
diversificación
productiva.
Pero,
acotó,
"si
no
hay
voluntad
y
disposición
del
Ejecutivo
Federal
para
hacerlo,
la
ley
podría
ser
letra
muerta".
Con la derogación del decreto, la caña de azúcar dejó de ser
considerada
por
el
gobierno
un
producto
de
interés
público
y
con
la
ley
cañera
pasó
al
estrato
de
básico
y
estratégico.
La
producción
de
caña
representa
13.5
por
ciento
de
la
producción
agrícola;
el
azúcar,
3.5
por
ciento
de
la
rama
de
alimentos,
bebidas
y
tabaco,
y
0.5
por
ciento
del
PIB.
Además, el azúcar está entre los cuatro productos más importantes
de
la
dieta
de
la
población,
ya
que
se
tiene
un
consumo
anual
per
cápita
de
50
kilogramos;
la
agroindustria
azucarera
genera
440
mil
empleos
y
de
ella
viven
directa
e
indirectamente
12
millones
de
personas.
Gisela Espinosa Damián, docente en la maestría en Desarrollo
Rural
de
la
UAM,
observó
que
ni
con
el
decreto
ni
ahora
con
la
ley
cañera
''hay
garantía
de
que
los
ingenios
sobrevivan",
y
se
pregunta
si
la
expropiación
de
27
ingenios,
en
2001,
"fue
sólo
un
tentempié
que
pospuso
el
temido
ajuste",
pues
ahora
la
agroindustria
cañera
ya
no
es
de
interés
público.
No descartó que el futuro de esa actividad esté en riesgo,
ya
que
aunque
el
gobierno
"salve
recurrentemente
al
empresario
azucarero,
sus
alianzas
estratégicas
parecen
más
cerca
de
las
multinacionales
fructoseras
y,
por
tanto,
se
lleve
una
tajada
del
mercado
del
azúcar".
Agregó que desde hace 25 años la explotación comercial del
jarabe
de
maíz
de
alta
fructosa
se
ha
expandido
vigorosamente
en
Estados
Unidos
y
ahora
los
productores
de
maíz
están
muy
interesados
en
derribar
las
barreras
comerciales
de
jarabes.
En
ese
país
hay
12
compañías
productoras,
las
más
grandes
son
ADM
Corn
Processing,
Cargill,
A.E.
Stanley
y
CPC;
mientras
en
México
hay
dos:
Arancia
y
Almidones
Mexicanos.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
La innovación marcará el nuevo campus de la UAM
en
Cuajimalpa. (La Jornada, Laura Poy,
p.web).
Tendrá
cupo
para
casi
ocho
mil
alumnos
en
áreas
emergentes
para
el
desarrollo
del
país
Tiene
pendiente
el
cambio
de
uso
de
suelo
en
una
zona
de
contrastes
sociales
Impulsará
educación
a
distancia
aun
en
posgrado
Preservación
ecológica,
en
el
centro
del
proyecto
Pasados más de 30 años de que concluyeron los proyectos para
incrementar
los
espacios
académicos
en
instituciones
públicas
de
educación
superior
en
el
Distrito
Federal,
la
creación
de
una
nueva
unidad
de
la
Universidad
Autónoma
Metropolitana
(UAM)
en
el
poniente
de
la
ciudad
permitirá
que
hasta
8
mil
jóvenes
accedan
a
una
formación
profesional
orientada
a
la
atención
de
"campos
emergentes"
para
el
desarrollo
del
país.
Considerado uno de los proyectos más ambiciosos para consolidar
el
desarrollo
de
la
UAM
como
institución
académica
de
alta
calidad,
la
construcción
de
la
unidad
Cuajimalpa
fue
concebida
como
un
modelo
"innovador"
en
el
diseño
de
espacios
educativos.
La conservación del entorno ecológico, adaptando los espacios
destinados
a
la
comunidad
escolar
y
académica
a
la
preservación
de
los
recursos
naturales
de
la
zona,
permitirá
aprovechar
la
energía
solar,
las
precipitaciones
pluviales
y
el
tratamiento
de
aguas
residuales
para
una
población
escolar
que
se
incrementará
paulatinamente
en
los
próximos
años.
Sin embargo, funcionarios y directivos de la UAM reconocen
que
aún
existen
obstáculos
por
superar,
pues
cuando
faltan
casi
dos
meses
para
que
se
inicien
actividades
académicas
los
200
alumnos
de
nuevo
ingreso
aún
no
se
autoriza
el
cambio
oficial
en
el
uso
de
suelo,
sin
el
cual
no
podrán
empezar
las
labores
de
construcción
de
la
nueva
unidad.
Considerado parte de una reserva ecológica y ubicado en una
zona
privilegiada
en
el
poniente
de
la
ciudad,
en
la
que
se
construyeron
exclusivos
fraccionamientos,
casas
de
descanso
y
un
club
hípico,
el
predio
denominado
El
Encinal,
con
extensión
de
12.5
hectáreas,
perteneció
hasta
junio
pasado
a
la
empresa
envasadora
de
champiñones
Monte
Blanco
-que
construyó
una
fábrica
en
poco
más
de
siete
hectáreas-,
las
cuales
se
destinarán
para
la
construcción
de
aulas,
áreas
administrativas,
laboratorios
y
biblioteca,
mientras
el
resto
del
terreno
se
destinará
a
la
preservación
de
la
flora
y
fauna
mediante
el
desarrollo
de
un
programa
universitario
de
conservación
ambiental,
así
como
una
serie
de
campañas
de
reforestación
y
limpieza
de
la
zona
boscosa.
Oferta educativa
Magdalena Fresán Orozco, rectora de la Unidad Cuajimalpa, destacó
como
"un
hecho"
el
inicio
de
actividades
académicas
programado
para
el
próximo
19
de
septiembre,
aunque
reconoció
que
de
no
contar
con
las
condiciones
adecuadas
para
los
alumnos,
"buscaremos
sedes
alternas
para
ubicarlos
y
garantizar
que
tengan
las
mejores
condiciones".
En su primera etapa de actividades académicas, la UAM-Cuajimalpa
ofrecerá
cinco
carreras:
ingeniería
en
computación,
matemáticas
aplicadas,
diseño,
derecho
y
administración.
Con
una
planta
académica
de
32
profesores
y
200
alumnos,
la
nueva
unidad
contará
con
una
estructura
orgánica
que
incluye
tres
divisiones
centrales
en
ciencias
de
la
comunicación
y
diseño;
ciencias
naturales
e
ingeniería,
y
ciencias
sociales
y
humanidades.
La UAM, afirmó Fresán Orozco, es una institución "comprometida
con
la
formación
integral
de
sus
estudiantes,
en
un
marco
de
respeto
e
institucionalidad,
por
lo
que
no
violentaremos
ninguna
normatividad
que
obstaculice
la
construcción
de
un
espacio
educativo
digno
y
de
alta
calidad
acorde
con
las
metas
y
objetivos
impulsados
por
esta
casa
de
estudios".
Reconoció que la construcción de una cuarta unidad es un reto
que
"deberemos
afrontar
durante
los
próximos
años,
que
requerirá
del
esfuerzo
de
toda
la
comunidad
académica
y
escolar,
pues
estimamos
que
el
crecimiento
de
la
matrícula
será
paulatino,
de
acuerdo
con
los
recursos
que
se
destinen,
ya
que
la
obra
completa
requerirá
de
una
inversión
cercana
a
mil
millones
de
pesos".
Rezago en infraestructura
La UAM-Cuajimalpa se ubicará en una de las demarcaciones con
mayor
rezago
en
infraestructura
pública
destinada
a
la
formación
universitaria,
en
la
que
existen
fuertes
contrastes
entre
un
sector
minoritario
y
privilegiado
de
la
población
con
acceso
a
centros
educativos
particulares,
en
tanto
el
ingreso
promedio
de
la
mayoría
de
los
habitantes
de
esa
delegación
es
entre
uno
y
dos
salarios
mínimos,
sin
acceso
a
instituciones
públicas
de
educación
superior.
Actualmente la delegación sólo cuenta con tres instalaciones
públicas
de
educación
media
superior:
un
plantel
del
Colegio
Nacional
de
Educación
Profesional
Técnica
(Conalep),
un
Centro
de
Estudios
Tecnológicos
Industrial
y
de
Servicios
(Cetis)
y
uno
del
Colegio
de
Bachilleres,
ya
que
los
alumnos
que
cursan
su
educación
media
superior
en
la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
deben
trasladarse
a
un
plantel
fuera
de
su
demarcación.
Fresán Orozco señaló en entrevista con La Jornada que
la
creación
de
una
nueva
unidad
académica
en
el
sur
de
la
ciudad
no
es
una
decisión
"coyuntural",
sino
parte
de
un
proyecto
de
largo
aliento
para
fortalecer
la
oferta
educativa
de
la
UAM
y
atender
a
un
importante
sector
de
jóvenes
que
no
cuenta
con
opciones
educativas
en
la
zona,
ya
que
sólo
existen
dos
universidades
privadas,
y
el
Centro
de
Investigación
y
Docencia
Económicas.
Destacó que la compra del predio El Encinal, con inversión
de
187
millones
de
pesos
otorgada
por
el
gobierno
federal,
fue
una
de
las
opciones
más
"viables",
tras
el
amparo
interpuesto
por
Mayolo
Soto
Segura,
quien
reclamó
la
propiedad
del
primer
predio
donado
por
el
Gobierno
del
Distrito
Federal
a
la
UAM,
denominado
El
Escorpión,
ubicado
a
sólo
800
metros
de
la
actual
sede
de
la
UAM-Cuajimalpa,
en
Santa
Fe.
Proyectada como plantel universitario integrado a modelos de
conservación
ambiental
y
recuperación
ecológica,
la
UAM-Cuajimalpa
diseñará
dos
espacios
académicos,
el
primero
en
El
Encinal,
donde
acudirá
un
número
"limitado"
de
alumnos,
pues
se
prevé
una
segunda
etapa
de
construcción
en
el
primer
predio
donado
por
el
Gobierno
capitalino,
tras
concluir
el
proceso
jurídico
sobre
la
propiedad
del
terreno
con
3.5
hectáreas
de
extensión.
Fresán Orozco afirmó que si bien el promedio de estudiantes
en
cada
unidad
académica
de
la
UAM
es
de
15
mil
alumnos,
el
nuevo
plantel
no
matriculará
tal
número,
pues
"utilizaremos
el
terreno
conocido
como
El
Escorpión,
ubicado
en
una
zona
urbana
de
Santa
Fe,
para
tener
más
espacio
e
ir
ampliando
la
cobertura,
lo
cual
dependerá
de
las
decisiones
que
determine
el
consejo
académico,
pues
prevemos
que
la
población
máxima
en
El
Encinal
no
superará
los
4
mil
estudiantes".
Aseguró que uno de los proyectos académicos más importantes
de
la
UAM-Cuajimalpa
es
el
impulso
a
la
educación
a
distancia,
a
fin
de
ampliar
sustancialmente
la
matrícula
sin
que
el
alumno
acuda
diariamente
a
las
instalaciones,
combinando
programas
presenciales
y
semipresenciales,
así
como
incrementar
la
oferta
de
programas
de
posgrado
a
distancia
en
áreas
que
no
requieren
instalaciones
de
laboratorios.
Compromiso con el ambiente
Entre las acciones que la UAM desarrollará para preservar el
entorno
ecológico
está
la
construcción
de
estacionamientos
remotos,
con
lo
que
se
impulsará
el
traslado
de
alumnos
y
profesores
en
un
sistema
que
permita
utilizar
"pocos
vehículos
e
incentive
el
uso
de
bicicletas
para
ingresar
a
la
zona
donde
se
ubica
el
campus".
Rogelio Zambrano Peralta, jefe de la sección de administración
de
obras
de
la
UAM,
indicó
que
debido
a
las
condiciones
en
que
se
encuentra
el
terreno
"se
prevé
la
construcción
de
diversas
instalaciones
académicas
en
la
explanada
donde
se
ubicaba
la
fábrica
Monte
Blanco,
sin
afectar
la
zona
boscosa
localizada
en
las
barrancas,
la
cual
se
conservará
como
parte
de
diversos
proyectos
ambientales
que
desarrolla
la
UAM".
Indicó que otra "innovación técnica" será la construcción
de
un
puente
elevado
que
comunique
a
los
peatones
que
utilicen
el
transporte
público
para
llegar
a
la
zona
con
el
nuevo
campus
"sin
dañar
el
entorno,
pues
este
tipo
de
proyectos
constructivos
garantiza
la
minimización
del
impacto
ambiental".
En un recorrido por el predio El Encinal, destacó que el reto
más
importante
para
la
UAM
es
la
construcción
de
un
campus
"acorde
con
el
entorno
ambiental,
con
el
potencial
de
crear
uno
de
las
primeras
instalaciones
públicas
de
educación
superior
más
avanzadas
en
la
conservación
del
ambiente,
pues
además
de
incluir
el
uso
de
plantas
de
tratamiento
de
aguas
residuales,
separación
de
desechos
sólidos
y
aprovechamiento
de
aguas
pluviales,
estos
beneficios
se
podrán
extender
a
la
comunidad
y
generar
no
sólo
instalaciones
con
bajo
impacto
ambiental,
sino
con
un
alto
compromiso
de
recuperación
ecológica".
Agregó que también se impulsará un proyecto arquitectónico
que
haga
más
eficientes
los
recursos
materiales
y
disminuya
la
demanda
de
agua
potable
y
electricidad,
privilegiando
el
uso
de
agua
pluvial
y
energía
solar
en
aulas,
laboratorios
y
áreas
administrativas.
Destacó
que
un
equipo
de
especialistas
de
la
UAM
trabaja
en
diversas
propuestas
arquitectónicas
que
garanticen
el
equilibrio
visual
y
ambiental
de
la
zona.
GUERRERO
Ejidatarios y colonos de 12 asentamientos apoyan
a
los
desalojados
de
Granjas
del
Márques. (El Sur,
Luluani
Vega,
p.web).
Se reunieron
el
sábado
en
el
bulevar
de
las
Naciones
porque
no
han
recibido
soluciones
de
las
autoridades
municipales
y
estatales,
explica
el
dirigente
del
Partido
del
Trabajo,
Leopoldo
Calderón
Ejidatarios
y
colonos
de
Llano
Largo,
Ex
Campo
de
Tiro,
Boca
Mar,
Caballerangos,
Dragos,
Puerto
Marqués,
Asociación
de
Campesinos
de
la
Palma,
Cayaco,
Boca
Mar,
Tianguis
Chilapeño,
Progreso
y
13
de
Diciembre,
se
reunieron
el
sábado
en
el
bulevar
de
las
Naciones
en
solidaridad
con
los
vecinos
desalojados
de
Granjas
del
Marqués
y
con
el
objetivo
de
analizar
las
fechas
de
las
reuniones
que
tendrán
con
autoridades
municipales
y
estatales
para
que
la
calle
Bugambilia
sea
abierta
y
evitar
que
continúe
bloqueada.
El dirigente
del
Partido
del
Trabajo,
Leopoldo
Calderón,
explicó
que
debido
a
que
no
han
recibido
alternativas
de
solución
por
parte
de
las
autoridades
municipales
y
estatales,
decidieron
llevar
a
cabo
reuniones
de
trabajo
a
las
que
también
asistió
el
regidor
del
PRD,
José
Luis
Morales.
Leopoldo
Calderón
destacó
que
por
el
momento,
los
acuerdos
prioritarios
a
los
que
llegaron
fueron
buscar
soluciones
para
los
desalojados
de
Granjas
de
Marqués
y
reunirse
con
el
presidente
municipal,
Alberto
López
Rosas,
el
martes
26
para
continuar
analizando
la
apertura
de
la
calle
Bugambilia.
Agregó que
el
jueves
esperan
reunirse
con
el
secretario
general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría
Barrera,
y
que
la
siguiente
reunión
de
colonos
será
en
agosto.
El primero
de
julio,
cerca
de
50
familias
fueron
desalojadas
por
policías
estatales
y
municipales,
de
un
predio
de
cinco
hectáreas
y
media
que
habían
ocupado
durante
16
años.
El terreno
donde
fue
asentada
la
colonia
les
fue
entregado
por
el
extinto
gobernador
José
Francisco
Ruiz
Massieu,
para
reubicarlos
ahí
después
de
ser
desalojados
del
entonces
fraccionamiento
Copacabana,
como
parte
de
las
expropiaciones
para
dar
paso
al
desarrollo
de
Acapulco
Diamante.
Desde que
fueron
desalojados
de
la
colonia
Granjas
del
Marqués,
los
afectados
se instalaron sobre la acera del bulevar de las
Naciones,
y
anunciaron
que
ahí
vivirían
hasta
que
les
garantizaran
otro
lugar
donde
asentarse.
No es la
intención
afectar
a
los
visitantes,
pero
en
caso
de
no
obtener
respuestas
a
sus
inquietudes,
llevarán
a
cabo
manifestaciones,
advirtió
Leopoldo
Calderón.
“No queremos
afectar,
no
queremos
hacer
nada,
por
eso
estamos
anunciando
los
problemas,
pero
depende
de
lo
que
consigamos
con
las
reuniones”.
Sobre
la
apertura
de
la
calle
Bugambilia,
dijo
que
es
necesario
que
se
abra.
La reunión
fue
convocada
por
los
colonos
que
fueron
desalojados
y,
en
un
acto
de
solidaridad,
asistieron
representantes
de
las
colonias
mencionadas
que
tampoco
han
tenido
soluciones
a
problemas
similares
que
enfrentan
los
de
Granjas
de
Marqués.
La presencia
en
la
reunión
del
regidor
del
PRD,
José
Luis
Morales,
se
debió
a
que
fue
el
gestor
de
la
calle
Bugambilia,
misma
que
fue
pavimentada
por
las
autoridades
municipales
con
una
inversión
de
400
mil
pesos,
pero
que
está
bloqueada
desde
que
los
colonos
fueron
desalojados.
El regidor
dijo
no
estar
de
acuerdo
en
que
se
lleven
a
cabo
manifestaciones
durante
la
temporada
de
vacaciones
de
verano,
“el
presidente
está
como
intermediario
y
no
es
conveniente
cuando
hay
dialogo”.
VERACRUZ
Un juez decidirá que hacer con Herrerías. (El Dictamen (Veracruz), Isaúl Zúñiga, p.web)
Fidel Herrera Beltrán no exonerará
a
Rafael
Herrerías,
será
un
juez
el
que
decida
esto,
dijo
el
subsecretario
de
Gobierno
Héctor
Yunes
Landa,
quien
informó
serán
30
las
jornadas
de
Gobierno
Itinerante
que se celebrarán este año, y ya
se
han
realizado
16
en
la
que
se
han
atendido
a
58
mil
ciudadanos
veracruzanos.
El titular de la Subsecretaría
de
Gobierno
indicó
que
el
próximo
domingo,
con
la
asistencia
del
Gobernador
Fidel
Herrera
Beltrán,
se
realizará
la
jornada
de
Gobierno
Itinerante
17
en
Jáltipan,
y
el
día
31
de
este
mes
la
18
jornada
será
en
Tierra
Blanca.
Señaló que las instrucciones del
mandatario
veracruzanos
es
que
a
fin
de
año
se
habrá
recorrido
todo
el
Estado
y
la
mayoría
de
los
ciudadanos
tendrán
respuestas
a
sus
planteamientos,
y
quejas
que
hayan
hecho
en
las
jornadas
respectivas
a
las
que
acudieron.
En la conferencia mañanera Yunes
Landa,
estuvo
acompañado
por
el
Coordinador
General
de
Comunicación
Social
Alfredo
Gándara
Andrade
y
todos
los
titulares
de
las
diversas
áreas
que
integran
la
estructura
orgánica
de
la
Subsecretaría
de
Gobierno,
donde
expresó
que
Fidel
Herrera
Beltrán
no
exonera
a
Rafael
Herrerías,
ya
que
de
lo
que
hizo
o
no,
es
un
juez
el
que
decidirá
si
tiene
responsabilidad.
"Hasta ahora se ha cumplido
con
la
instrucción
del
Ejecutivo
estatal
de
preservar
la
gobernabilidad,
la
tranquilidad
y
la
paz
social
en
todo
el
estado
a
través
del
diálogo,
la
negociación
y
la
concertación,
dentro
de
un
marco
de
respeto
se
les
ha
atendido
a
todos
los
que
se
han
manifestado",
señaló.
En la conferencia instruyó a que
sus
colaboradores
informaran
de
lo
realizado,
José
Luis
Salas
Torres
director
general
de
Gobernación,
habló
de
las
165
reuniones
de
trabajo
de
concertación
con
organizaciones
y
grupos
ciudadanos.
Dijo que se han dado 130 audiencias
y
firmado
3
convenios
de
finiquito
de
conflictos
agrarios,
así
como
24
minutas
de
acuerdos
con
organizaciones,
poniendo
fin
a
igual
número
de
conflictos.
Por su parte Carlos Rodríguez Velasco,
director
de
Política
Regional,
expresó
que
con
14
delegaciones
y
5
subdelegaciones
distribuidas
en
el
Estado,
atiende
la
problemática
social
y
política
procurando
la
solución
en
cada
asunto
en
el
mismo
lugar
de
los
hechos,
con
lo
que
se
mantiene
la
estabilidad
social
y
gobernabilidad
al
atender
demandas
y
manifestaciones,
convirtiéndose
las
delegaciones
en
gestoras.
Cartones
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