CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
28 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Exige IP pacto a los partidos
Demanda acuerdos para
hacer un País competitivo ante el resto del
mundo
Busca el PRD frente amplio para 2006
Godoy: se aliará a partidos
y grupos sociales
Profunda revisión de la regulación financiera
Se analiza la continuidad
de las autoridades supervisoras: Davis.
México, reprobado en competitividad
Estado de Derecho y ausencia
de reformas, materias sin acreditar: Imco
Fox y Macedo
desacatan tres órdenes judiciales
Incumplen sentencias de
amparo; los casos, en la SCJN
El 68, la guerra sucia y el EZLN, a los libros de texto
Capítulo especial para
educación, plantea la SEP
López admitió 4 veces que violó amparo: PGR
Aceptó que no ordenó suspender
obras en El Encino, revela Marisela Morales,
coordinadora general de Investigaciones de
la Procuraduría
Protege a SCJN la impunidad de Echeverría
Critica C. Valenzuela
que declare la prescripción del Gobierno
Crece tasa de suicidio en el país
Ocupa cuarto lugar en
Latinoamérica
Robles: no temo a López Obrador
Si el jefe de Gobierno
gana las presidenciales de 2006 no tiene por
qué pasarme nada, dice Rosario
Calderón, rodeado de corruptos
Selección del candidato
del PAN, en cuenta regresiva
Sector agrario
Se concretó la venta de 1,506 hectáreas de tierras
ejidales. (Por Esto!, Ramón Reyna Fernández, p. web).
Impiden el acceso al representante de POR ESTO!/ $150 por firma para validar la asamblea/ El pago a los beneficiados
en casas particulares
HUNUCMA, Yucatán, 27 de febrero.- Un total de 1,506 hectáreas de tierras de
uso común, de los grupos ejidales 3, 7 y 11,
adquirirán el título de propiedad, al ser
compradas por un particular que pagó $7 mil
por hectárea; tal como quedó validado en la
asamblea celebrada hoy domingo.
Además de los casi $36,000.00 que recibirá cada ejidatario de dichos grupos
-unos 300 en total-; los asistentes a la asamblea
que validó la operación y que se celebró a
puerta cerrada, recibieron a $150 cada uno
por estampar su firma o huella.
Aunque hay un marcado hermetismo acerca de la compra-venta de estas tierras,
ya que muchos ignoran ó prefieren no revelar
el nombre del comprador, ni el total de las
hectáreas y mucho menos cuanto se pagó, se
pudo averiguar lo referente al caso.
Se sabe que la superficie adquirida a ejidatarios de los grupos 3, 7 y 11,
es de 1.506 hectáreas, ubicadas en las carreteras
a Texán Palomeque
y San Antonio Chel
fueron comparadas por una persona identificada
como Antonino Almazán Arteaga. Se ignora si
en esta operación está contemplado también
el antiguo paraje de "Chucuachén,
por cuyas tierras están peleando ejidatarios
de Texán.
También se averiguó que allí se construirá un enorme complejo de recreación
deportiva, que constaría con campo de golf,
club privados, zonas
de descanso para la práctica de diversas actividades,
etc.
La consigna del "ejército" de personas que efectuaron el proceso
de la asamblea, el pago a los ejidatarios
que participaron, así como la indemnización
a los beneficiados, establecieron la restricción
a reporteros de prensa.
En complicidad con corruptos ejidatarios, que colocaron a la entrada de la
puerta que da a la terraza del Comisariado
Ejidal, donde se llevó al cabo la asamblea,
entre ellos un bailarín de jarana apodado
"Sol", negó de manera rotunda y
amenazadora la entrada del reportero de POR
ESTO!.
Antes un individuo de acento fuereño, que hizo las veces de mandadero, para
llevar dentro de una caja de cartón los billetes
de $50 pesos para "gratificar" a
ejidatarios; interrogó a nuestro representante
desde el pasillo que conduce a la terraza.
"Dime quien eres, donde vas, esa cámara para qué, identifícate y de antemano
advirtiendo no vas a entrar¡,
recibió al que esto escribe el mismo individuo,
mientras alertaba a los corruptos ejidatarios
que se prestaron a la maniobra, para evitar
el acceso del Corresponsal".
"Ya te dijeron que no vas a entrar, escuchaste claro", dijo "Sol";
al mismo tiempo que ordenó a otros de sus
compañeros a ir por la fuerza pública para
desalojar al reportero. Mas tarde el comandante
de la policía municipal dijo que una persona
de nombre Javier Hernández Cruz, los fue a
buscar para que desalojaran a la "20"
(clave con que identifican a representantes
de prensa).
Casi enseguida de retirarse el representante del Diario de la Dignidad, Identidad
y Soberanía; al reportero de otro medio sì
se le permitió la entrada, aunque los mismos
individuos encabezados por "Sol",
fueron a buscar a los uniformados de la DPV
para que lo sacaran a la fuerza.
Los policías no aceptaron ninguna orden al respecto e incluso les señalaron
a los ejidatarios que no pusieran trabas a
los comunicadores que sólo cumplen con su
labor.
El saldo de la asamblea y el proceso de pago fue el de una persona ingresada
en un hospital de Mérida; un anciano que sé
desmayó mientras esperaba su pago de $150
por estampar su huella digital y otro ejidatario
al que le robaron su triciclo mientras cobrada
la misma suma.
En la terraza donde se celebró la asamblea, se encontraba Miguel Pérez Jiménez,
de la Procuraduría Agraria, quien comentó
que los ejidatarios ya habían acordado vender
sus tierras.
Los vehículos particulares en los que se hallaban las cajas donde guardaban
el dinero; una fuerte suma, tomando en cuenta
el monto de lo que debía cubrirse, se retiraron
a domicilios particulares estratégicos, para
pagar a los beneficiados.
Polémica venta de terrenos. (Diario de Yucatán, p. web)
El padrón pasó de
1,600 ejidatarios a 600 en Hunucmá
HUNUCMÁ.— En una polémica asamblea
ejidal, en la que el padrón de miembros pasó
de 1,600 a sólo 600 campesinos, 1,526 hectáreas
de tierras dejaron ayer de ser ejidales para
ser propiedad de un grupo de empresarios encabezados
por el ex delegado del RAN Antonino Almazar Arteaga.
Durante la sesión, que fue prácticamente dirigida por la representante
legal de los compradores y no por los funcionarios
de la Procuraduría Agraria, se registraron
tales anomalías que muchos campesinos quedaron
inconformes y advirtieron que no firmarían
el acto.
Incluso se intentó sacar de la reunión al reportero del Diario.
Al término de la asamblea, los ejidatarios fueron obsequiados
con cochinita y jugo.—
José Cob
Gritos y policías en la asamblea ejidal. (Diario de Yucatán, p. web)
El comisario ejidal presenta un escueto informe: aprobado
VALLADOLID.— Con 109 votos a favor
y 65 en contra, los ejidatarios aprobaron
un escueto informe del comisario ejidal José
Isabel Canché Uh,
quien durante más de tres horas se enfrentó
a la inconformidad de ejidatarios que lo acusaron
de ratero y bandido.
El informe, de rentas más que de ingresos, se hizo ante Martín
Alvarado Celis,
de la Procuraduría Agraria.
Antimotines fuertemente armados al final se pusieron entre
los ejidatarios y los integrantes de la mesa
de debates para evitar enfrentamientos.
Tensa asamblea de ejidatarios. (Por Esto!, Manuel Vázquez, p. web)
Asisten sólo 291
de 705 que hay en el padrón y aprueban informe
del comisario
VALLADOLID, Yucatán, 27 de febrero.- Ante la presencia de los antimotines
y elementos de la Policía Municipal se llevó
a efecto la segunda asamblea de ejidatarios
convocada por la Procuraduría Agraria.
Cabe mencionar que la primera asamblea no se realizó por falta de quórum y
porque algunos ejidatarios se encontraban
en completado estado de ebriedad.
Este domingo, la Procuraduría Agraria dispuso realizar la reunión, que subió
de tono al término del informe que rindió
el comisario ejidal José Isabel Canché Uh.
Uno de los bandos, que encabeza Manuel Gómez Valdez, no estuvo de acuerdo
con el informe del comisario, ya que, según
los inconformes, éste incurre en muchas anomalías,
lo cual hizo más tardada la asamblea.
Este punto fue definido por medio de una votación, cuyo resultado fue que
109 ejidatarios estuvieron de acuerdo con
el informe y 69 no lo aprobaron.
Por último, Canché Uh convocó a realizar nuevamente
una asamblea. Señaló que la primera convocatoria
sería el 31 de marzo del presente año y la
segunda el 10 de abril.
Como se recordará, un grupo de ejidatarios encabezados por Manuel Gómez Valdez
ha denunciado públicamente las anomalías en
que ha incurrido el comisario ejidal José
Isabel Canché Uh,
por lo que en la reunión los grupos que pretenden
controlar la comisaría llegaron a los insultos.
Esta asamblea fue expedida a solicitud de más de 20 ejidatarios y de la Procuraduría
Agraria, y fue encabezada por Martín Alvarado,
Martín Pavón y el abogado Víctor Sosa Poot,
representantes de la misma, para dar el informe
de las actividades del Comisariado
Ejidal y el Consejo de Vigilancia.
Esta asamblea se instaló legalmente con 291 ejidatarios, de los 705 que hay
en el padrón, y en ella se tomaron resoluciones
por mayoría de votos.
Dos amparos de comuneros bloquean servicios a 100
mil personas en Coyoacán. (La Jornada, Raúl Llanos, p.44)
Reclaman a la Reforma Agraria indemnizaciones por terrenos
expropiados
Dos amparos judiciales han impedido que cerca de 100 mil habitantes
de la delegación Coyoacán
tengan acceso a servicios e infraestructura.
De acuerdo con el director general Jurídico y de Gobierno de
esa demarcación, Enrique Sánchez Aguilar,
ejidatarios y comuneros reclaman indemnizaciones
por la expropiación de los terrenos que hoy
ocupan una decena de colonias, algunas de
las cuales enfrentan situaciones de marginación.
El asunto medular, asegura el funcionario, es que los amparos
prohíben a las autoridades delegacionales
construir escuelas, hospitales, centros comunitarios,
deportivos, parques, o bien la introducción
de redes hidráulica o de drenaje; tampoco
se pueden otorgar licencias de construcción,
declaración de apertura de negocios o número
de alineamiento oficial.
La situación más drástica, precisa Sánchez Aguilar, es un amparo
tramitado por los ejidatarios de San Francisco
Culhuacán en 1994,
quienes exigen a la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) que se les indemnice por
los terrenos expropiados por un decreto presidencial
de 1962, y donde hoy se localizan las colonias
San Francisco Culhuacán
y Presidentes, Ejidales Primera y Segunda
Sección.
Debido a la calidad jurídica de esos terrenos, desde hace 10
años no hay obras, ni servicios ni infraestructura
nueva en estos puntos.
Otro amparo que está afectando a los coyoacanenses
es el 55/2001, interpuesto por un grupo de
comuneros quienes reclaman a la misma SRA
la indemnización por otra expropiación presidencial;
los afectados reclaman los terrenos que ocupan
actualmente las colonias Ajusco,
Pedregal de Montserrat, Huayamilpas,
Rinconada Infonavit y Los Reyes.
En ambos casos, menciona Enrique Aguilar, se ha dejado de invertir
en obra pública, en mejoras para la población,
pues con los amparos la situación aún no está
resuelta. "Así no se puede hacer nada",
alega, y comenta que incluso en los casos
de gente que ha logrado obtener un crédito
del Instituto de Vivienda del DF, no lo puede
aplicar por esa misma situación, "y eso
ya nos está causando problemas".
Carlos Núñez, director jurídico, y José Luis Solís, jefe de
lo Contencioso y Amparos, de la delegación
Coyoacán, precisan
que el amparo 963/2004, de Los Culhuacanes
se ventila en el juzgado décimo de distrito
en materia administrativa, donde se sobreseyó
en 2003, pero los afectados se fueron a revisión
y las cosas siguen como al principio.
Los funcionarios comentaron que hay pruebas de que los ejidatarios
violaron el amparo al vender lotes de los
mismos terrenos que están hoy peleando por
la vía judicial.
Por lo que hace al recurso 55/2001, dijeron que los comuneros
de La Candelaria alegan que desde los tiempos
de la Colonia les entregaron las tierras en
disputa, e incluso presentaron la documentación
complementaria para reforzar ese dicho, que
es un documento escrito en náhuatl, que al
ser sometido a un peritaje de un traductor
del Instituto Nacional de Antropología e Historia
refiere una propiedad de terrenos pero sin
especificar que sean donde hoy se localizan
las colonias Huayamilpas,
Pedregal de Montserrat y Ajusco,
que es la tercera con mayor población y extensión
de Coyoacán, con
30 mil habitantes, pero todos ellos sufren
hoy en día carencia de servicios e infraestructura.
Enrique Sánchez Aguilar complementó al respecto que hay zonas
con problemáticas fuertes, como la violencia
intrafamiliar en la colonia Huayamilpas, por lo que tuvieron que interceder ante el juez
de la causa para poder construir un centro
contra la violencia intrafamiliar. A final
de cuentas se autorizó, "pero haberlo
hecho por nuestra cuenta hubiera implicado
incurrir en un delito", arguye el funcionario.
Por último, hizo énfasis en que si bien la delegación Coyoacán no tiene injerencia ni está señalada en esos dos
amparos, la gente acude ante ellos a exigirles
servicios e infraestructura, pero no se les
puede dotar de nada hasta que se resuelve
el asunto.
Asegura la SRA que ha intervenido para resolver
conflicto entre comuneros de Ocuapa
y Tlacoapa. (El Sur (Guerrero), Jesús
Trigo, p.web).
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) aseguró que en todo momento
la dependencia ha llevado a cabo acciones
para la solución del conflicto entre Ocuapa
y Tlacoapa, contestando
así al delegado de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Evencio
Romero Sotelo, quien
demandó en conferencia de prensa el viernes
en Chilpancingo la intervención del secretario
Florencio Salazar Adame.
Romero Sotelo
manifestó que por el conflicto agrario que
se vive entre las comunidades hay el riesgo
de un enfrentamiento, “es una bomba de tiempo
que puede estallar en cualquier momento y
existe el riesgo de muertos”, por eso responsabilizó
a Salazar Adame
de los hechos que puedan ocurrir.
En un boletín de prensa, la SRA
dice que las declaraciones de quien se refirió
como el dirigente de la disidencia de la CNC,
Romero Sotelo, son
infundadas “en virtud de que en todo momento
la Secretaría ha llevado acciones para la
solución del conflicto”.
De manera retadora, Romero Sotelo adelantó que analizan una estrategia entre los comuneros
de Malinaltepec
y Tlacuapa para
poder actuar por sus propias manos en caso
de que la Reforma Agraria no destrabe el conflicto
o de alguna respuesta.
Argumentó que los campesinos de
las comunidades de El Capulín y La Sabana,
municipio de Tlacoapa,
que él representa cuentan con una resolución
presidencial donde dice que son legítimos
dueños de las 415 hectáreas de tierras.
Exigió que se respete esa resolución
presidencial y que se nombre una mesa de trabajo,
a fin de que se logre que las dos partes en
conflicto lleguen a un acuerdo y se evite
un derramamiento de sangre.
En el boletín, la SRA reitera su
compromiso de continuar impulsando el diálogo
hasta alcanzar la solución definitiva entre
ambas comunidades guerrerenses.
Expone que el conflicto por la
tenencia de la tierra data desde 1883, fecha
en que las comunidades de Ocuapa y Tlacoapa celebraron un
convenio para identificar los linderos de
cada una de ellas. No obstante, Tlacoapa reclamó que Ocuapa poseía
mayor superficie a la pactada, por eso promovió
un juicio de amparo que concluyó con una resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que ordenó que se respetara el convenio establecido
en 1883.
Con el fin de dar cumplimiento
a la ejecutoria, la SRA hizo los trabajos
técnicos que determinaron que Tlacoapa es la que se atribuye terrenos de Ocuapa.
Agrega que para evitar enfrentamientos
entre campesinos y resolver en definitiva
este añejo problema, Salazar Adame
ordenó en junio de 2003, que un grupo especializado
de la dependencia, por medio del diálogo y
la conciliación, atendiera el conflicto hasta
lograr una solución concertada.
Detalla que después de innumerables
reuniones de trabajo, la SRA logró que la
comunidad de Ocuapa
aceptara ceder cerca de mil hectáreas a favor
de Tlacoapa y así
finiquitar el conflicto.
Explica que los trabajos técnicos
fueron aceptados por Ocuapa,
sin embargo, Tlacoapa no está conforme, por eso solicitó que de nueva cuenta
se llevarán a cabo dichos trabajos técnicos.
El 23 de febrero, como resultado
de las diferencias entre ambas poblaciones,
un grupo de comuneros de Tlacoapa fueron detenidos por campesinos de Ocuapa. Por eso, asegura, intervino de inmediato la SRA con
el Fiscal para la Atención de Asuntos Indígenas
de la Procuraduría del estado, para evitar
represalias contra los detenidos y que éstos
fueran puestos a disposición del Ministerio
Público, que después de rendir su declaración
fueron puestos en libertad el viernes.
Acuerdo
CNC-SRA sobre problemas del estado: DRB. (Diario
de Colima, Irma Aguirre, p.web).
El dirigente de la CNC en el estado, David
Rodríguez Brizuela, informó
que se reunió con funcionarios de la
Secretaría de la Reforma Agraria en
la ciudad de México, a fin de exponerles
los principales problemas que existen en la
entidad para que se les busque solución
inmediata.
Dijo que lo anterior ocurrió en una
reunión nacional que presidió
el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame,
así como el líder nacional de
la CNC, Heladio Ramírez López,
misma que fue con el fin de firmar convenios
de colaboración para la atención
a dichos asuntos.
Rodríguez Brizuela comentó que
entre los temas prioritarios en el ámbito
agrario de Colima y que allí se trataron,
se refieren a los problemas que existen en
los ejidos Juluapan, en Villa de Alvarez;
Las Guásimas, en Colima; El Campanario,
de Armería y Caleras, de Tecomán.
Dijo que en el caso del ejido El Campanario
hace falta una superficie de 509 hectáreas;
de Las Guásimas, que se les apoye con
proyectos productivos en virtud de una resolución
que se dictó en la ampliación
del ejido. Asimismo, en Caleras hace falta
que sea certifica la ampliación del
ejido y que se mida la superficie del mismo;
en Juluapan existe una superficie de once
hectáreas que hace falta sean entregadas
a los ejidatarios.
También se expuso el problema que tienen
aproximadamente 20 ejidos del estado en cuanto
a "achuramiento", es decir que no
se les midió el total del terreno que
tiene cada ejidatario en posesión,
por lo que existen problemas de propiedad
"y los campesinos quedaron sin tener
un certificado de la superficie de la cual
son dueños".
Abundó que los problemas de esos 20
ejidos se manejarán en la Procuraduría
Agraria para que sin que paguen los ejidatarios
el costo de la medición, se lleve a
cabo con apoyo del gobierno estatal o del
federal.
Por último, David Rodríguez
señaló que a los demás
conflictos agrarios expuestos ante la SRA
se le dará resolución a la brevedad
posible, de acuerdo a lo convenido
Exige IP esclarecer masacre. (El Siglo de Durango, Ricardo Bonilla, p.web).
La Asociación de Industriales Forestales de Durango exige al
Gobierno del Estado y autoridades agrarias
el esclarecimiento de los hechos violentos
suscitados en el ejido Pinaloza,
Tamazula, donde murieron seis trabajadores forestales por
presuntos conflictos de tierras.
El presidente de la Asociación, Adolfo Fernández de Castro
Pages, señaló que los hechos registrados resultan preocupantes
para los industriales forestales, por lo que
si no se pone remedio a la inseguridad puede
afectar a la iniciativa privada.
Señaló la necesidad de que las autoridades competentes tomen
medidas preventivas, así como la regularización
de posibles conflictos entre ejidatarios y
pequeños propietarios, ya que son situaciones
que podrían estar generando hechos violentos
como los registrados en Pinaloza.
El industrial forestal consideró que son conflictos internos
entre los ejidos, por lo que si no se solucionan
podrían generar repercusiones como represalias
contra trabajadores de las empresas miembros
de la Asociación de Industriales Forestales
de Durango.
Reconoció que la situación de conflictos de tierras entre pequeños
propietarios, ejidos y comuneros existe desde
hace años, por linderos; sin embargo, aseguró
que no se habían registrado actos de esta
naturaleza derivados de las disputas.
Ante esta situación, Fernández de Castro Pages
exigió a las autoridades competentes la regularización
a las posibles disputas por tierras para evitar
enfrentamientos que por consecuencia afecten
a los industriales del sector forestal.
Adicionalmente, señaló que al existir conflictos por la tenencia
de la tierra Semarnat
no les otorga los permisos de aprovechamiento
forestal, circunstancia que afecta al sector.
Por su parte, el delegado en el estado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Noel Pérez Saláis, descartó que los hechos
violentos de Tamazula
hayan sido originados por conflictos en la
tenencia de tierras, ya que no tienen detectada
la existencia de posibles problemas de esa
naturaleza en esa zona.
Esperan forestales mayor producción
Durante el 2005 los industriales forestales del estado esperan
que se registre un crecimiento en el sector,
a pesar de que últimamente ha ido a la baja,
señaló el presidente de la Asociación de Industriales
Forestales de Durango, Adolfo Fernández de
Castro Pages.
Señalo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) para
el presente año autorizó para el sector el
aprovechamiento forestal de alrededor de un
volumen de dos millones de metros cúbicos.
Por ello, los industriales esperan incrementar el crecimiento
en la producción del 20 por ciento registrado
durante el 2004, o por lo menos mantenerlo
y mejorarlo.
Pese a gestiones de la SRA, sigue el conflicto
en dos poblados guerrerenses. (La Jornada, p.web).
27 de Febrero, 2005
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) aseguró que
en el conflicto entre las comunidades de Ocuapa
y Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero, ha realizado las
gestiones necesarias para darlo por concluido.
Sin embargo, dice, en la zona han imperado diferencias entre
los pobladores, lo que ocasionó la retención
de 11 personas el pasado 23 de febrero, mismas
que fueron liberadas el viernes pasado.
La dependencia explicó que el conflicto por la tenencia de
la tierra data desde el año 1883. En esa fecha
los pobladores de ambas comunidades acordaron
identificar los linderos de cada una de ellas.
No obstante, Tlacoapa
reclamó que Ocuapa
poseía mayor superficie a la pactada y promovió
un juicio de amparo. La resolución final la
dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordenando que se respetara el convenio de
1883.
La SRA procedió, entonces, a realizar los trabajos técnicos
que determinaron que Tlacoapa
es la que detenta terrenos pertenecientes
a Ocuapa. Con el
propósito de evitar enfrentamientos entre
los campesinos y resolver en definitiva el
conflicto, se integró un grupo especializado
de la dependencia para obtener una solución
concertada.
Resultado de este trabajo, se logró un convenio en el que Ocuapa aceptó ceder unas mil hectáreas en favor de Tlacoapa. Aún así, los habitantes de esta última población
siguen inconformes y solicitaron la realización
de nuevos trabajos técnicos.
En este contexto, explicó la dependencia, campesinos de Ocuapa decidieron retener a 11 comuneros de Tlacoapa el pasado 23 de febrero. La dependencia federal intervino
nuevamente y logró que los detenidos fueran
puestos a disposición del Ministerio Público.
Después de rendir su declaración quedaron
en libertad.
Reconoce Espinosa Torres que hay rezagos en la
atención a la mujer. (Notimex,
p.5)
27 de febrero de 2005, 01:48 PM
La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa, reconoció que a 10 años de
la Conferencia Mundial sobre la Mujer que
se efectuó en Beijing, China, hay avances
notables en la atención a este sector, pero
también rezagos.
La funcionaria, que encabeza la delegación mexicana de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
de la ONU, destacó entre los avances la puesta
en marcha del Inmujeres
y la creación de instancias para la mujer
en los 31 estados, el Distrito Federal y en
más de 400 municipios.
Dicha comisión examinará en Nueva York,
del 28 de febrero al 11 de marzo, la situación
de la población femenina después de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada
en 1995 en la capital asiática.
Espinosa Torres citó entre los logros la operación de la línea
telefónica "Vida sin violencia"
01800 911 25 11, el Seguro Popular, los programas
de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
para becarias y el programa de ayuda a las
jefas de hogar de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol).
También se refirió a los programas de apoyo a campesinas e
indígenas, de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) y la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Reconoció que a México le hace falta actualizar las leyes laborales,
unificar los códigos civiles y penales, elevar
la participación política de las mujeres,
eliminar la discriminación y mejorar las oportunidades
de empleo para este sector.
En este sentido, comentó que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) brindará a los encargados de
formular las políticas y a los expertos gubernamentales
la oportunidad de hacer un balance del progreso
alcanzado en el fomento de la igualdad entre
los género.
La reunión conocida como "Examen y evaluación decenal",
que además permitirá conocer los avances en
la potenciación del papel de la mujer y la
niña, así como de recomendar medidas concretas,
forma parte del 59 período de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de Naciones Unidas.
Durante su período de sesiones, dicha comisión centrará su
atención en dos temas principales: un examen
del progreso alcanzado en la aplicación de
la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos
finales del período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General, celebrado hace cinco
años.
Asimismo, abordará los desafíos y las estrategias actuales
y examinarán las medidas adoptadas a nivel
nacional, además de que se facilitará el intercambio
de experiencias y prácticas aconsejables para
superar los obstáculos que aún quedan.
Los resultados del examen y la evaluación decenal se presentarán
a la Asamblea General en su sexagésimo período
de sesiones, que se celebrará en septiembre
de 2005.
La Plataforma de Acción de Beijing ofreció un marco global
a los países para poner fin a la discriminación
contra la mujer y colmar las lagunas en 12
esferas de especial preocupación, entre ellas
la salud, la educación, el empleo, la participación
política y los derechos humanos.
Hasta el momento, 134 países han presentado información a las
Naciones Unidas acerca de lo que han hecho
para fomentar la igualdad entre los géneros
y aplicar las recomendaciones de la Plataforma
de Acción de Beijing.
Advierten enfrentamientos en El Zapote. (Tribuna de Campeche, p.
web)
Sábado 26 de Febrero
El dirigente del grupo campesino denominado Lucha y Esfuerzo,
del ejido El Zapote,
Serrano Hernández, demandó la intervención
de las autoridades de Gobierno para frenar
a otro grupo que intenta despojarlos de más
de un mil 500 hectáreas con el apoyo de algunas
autoridades del lugar, situación que causaría
fuerte enfrentamiento, advirtió.
Entrevistado en esta ciudad, a la que vino acompañado de Alberto
Mendoza, uno de los 30 integrantes de la agrupación
que representa, informó que quienes pretenden
despojarlos de los terrenos que aseguró que
por ley les corresponden, son encabezados
por los hermanos Esquivel
Rosado.
Explicó que su grupo es posesionario
legal de un predio ubicado a espaldas del
ejido El Zapote,
y que para tratar de despojarlos están siendo
objeto de una serie de actos intimidatorios
que van desde el rompimiento de sus cercas
hasta el robo de sus pertenencias.
Aseguró que esas personas utilizan también a un Ministerio
Público de Palizada, Jorge Luis Ehuán,
de quien aseguró se presta, aprovechándose
de su cargo, al juego sucio de esas personas
que se quieren apoderar de más de un mil 500
hectáreas que dan riquezas naturales y que
pertenecen a sus representados.
Coincidió con su acompañante al indicar que esas más de un
mil 500 hectáreas generan, entre otras riquezas
naturales, la planta taciste, cuya semilla se exporta al extranjero en grandes
cantidades, así como maderas preciosas como
xmaculí, caoba y
cedro.
Dijeron que no se rehusan a colaborar
con las autoridades, pero que es necesario
que todo se haga en términos legales. "Si
se tienen que hacer trámites y demás al respecto
no nos negamos a ello, pero deben ser realizados
en la cabecera municipal que es El Carmen,
ya que lo único que trata Jorge Luis Ehuán
es de aprovecharse de su cargo como Ministerio
Público para satisfacer a otras personas y
conseguir ganancias personales".
Exhortaron a que cualquier persona que se diga ser propietario
de esas tierras a que lo demuestre, que se
presente ante la Secretaría de la Reforma
Agraria para definir la situación legal.
"No nos negamos a ajustarnos a la ley;
por el contrario, queremos hacerlo para acabar
de una vez por todas con tanto conflicto,
aseguraron.
Denunciaron que quienes intentan apoderarse de la tierra son
Felipe, Carmen y Claudio Esquivel
Rosado, a quienes solapan distintas autoridades.
Añadieron que "son gente que no benefician
en nada a la región y que si algo han hecho
fue hace 20 a 22 años, cuando llegaron a estas
tierras carmelitas con tractores y grandes
maquinarias a depredar los bosques, de donde
se llevaron toda la madera preciosa".
Riesgo de más violencia en Guerrero: Indígenas. (La Jornada, Misael Habana de los
Santos, p. web).
Sábado 26 de febrero de 2005
Etnias mixteca y tlapaneca
exigen presencia de Xóchitl
Gálvez en sus comunidades
No se ha hecho justicia a nativos esterilizados
ni a mujeres violadas por militares, denuncian
Connato de violencia en el Tribunal Agrario
Unitario de Guerrero entre defensores y opositores
al proyecto hidroeléctrico de la CFE FOTO
Javier Verdin
Acapulco, Gro., 25 de febrero. Comisarios
y representantes de las etnias mixteca
y tlapaneca de Guerrero solicitaron a las autoridades federales
y estatales solución a sus demandas, entre
ellas investigar el caso de la esterilización
forzada de 18 nativos, la presunta violación
de mujeres por soldados del Ejército Mexicano,
alto a la acción de los grupos paramilitares
contra los luchadores sociales, atención médica
gratuita y salida al conflicto agrario en
algunas comunidades que pueden desembocar
en hechos violentos.
Lo anterior fue planteado por cerca de 200 representantes de
mixtecos (ñu
savi) y tlapanecos (me´phaa) al subdirector de Concertación Social y Atención
Ciudadana de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Jaime Riva Palacio, en una reunión celebrada en
las oficinas de la Organización Independiente
del Pueblo Mixteco,
que dirige Arturo Campos Herrera.
Los indígenas exigieron también la presencia de Xóchitl Gálvez, titular de la Conadepi,
en algunas de las comunidades de esa zona.
En el encuentro, convocado por la dependencia del gobierno
federal, también estuvieron el presidente
de la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa,
Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, y Otilia Eugenio
Manuel, integrante de esta etnia, quien denunció
amenazas y hostigamiento de presuntos paramilitares
para que desista de sus denuncias contra soldados
que violaron a Valentina Rosendo Cantú y a
Inés Fernández Ortega, a quienes no se les
ha hecho justicia.
En la reunión, que duró más de tres horas y a la que asistió
un representante de la organización de derechos
humanos de La Montaña, Claudia Víquez, las autoridades indígenas y representantes dieron
a conocer el incumplimiento de las autoridades
a sus demandas de caminos, como el que va
de Ayutla al Camalote,
en la zona tlapaneca, o el de Ayutla hasta
Aguacachahue, en la zona mixteca.
Además de solicitar proyectos productivos, denunciaron la inoperancia
del Hospital General de Ayutla,
ya que carece de medicamentos e inclusive,
dijeron, la ambulancia les cobra por los traslados,
con el argumento de que no tienen para gasolina.
Rodrigo Silverio Guadalupe, mixteco
de Ahuacachahue,
denunció la inoperancia del hospital regional
(donde esterilizaron, contra su voluntad,
a 18 mixtecos de
la comunidad de El Camalote), que según dijo
les cobra como si fuera particular, por lo
que exigieron la construcción de un nosocomio
exclusivamente para los indígenas.
Otra denuncia fue el conflicto agrario entre comunidades de
los municipios de Ayutla
y San Luis Acatlán, que amenaza con desbordarse y provocar hechos violentos,
según afirmó el dirigente de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos,
Arturo Campos Herrera, quien responsabilizó
a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
de buscar soluciones parciales "comprando
conciencias" mediante la entrega de 4
millones de pesos.
El comisariado de bienes comunales
de La Concordia, Marcos Francisco Camilo,
denunció que desde 1998 se inició el problema
con la intervención del Tribunal Unitario
Agrario (TUA), que determinó en favor de la
comunidad de Tlaxcalistlahuaca,
municipio de San Luis Acatlán,
por lo que la SRA le otorgó los terrenos en
disputa.
"Ha habido problemas fuertes en estas comunidades que
han desembocado en hechos violentos en los
que han intervenido la Procuraduría Agraria y la SRA, como en
el municipio de Acatepec,
en Zapotitlán Tablas,
donde estas autoridades negociaron los conflictos,
compraron a la gente y se hicieron minutas
de acuerdo que al final no se respetaron y
la gente terminó matándose entre sí. Creemos
que el caso de La Concordia y Tlaxcalistlahuaca va por ahí, y puede haber sangre",
advirtió Campos Herrera al subdirector de
Concertación Social y Atención Ciudadana de
la Conadepi, Jaime
Riva Palacio.
Carlos Ramón, nuevo líder. (El Debate (Sinaloa), p. web)
ASAMBLEA EJIDAL. TRANQUILA JORNADA ELECTIVA EN EL EJIDO
GUASAVE
26/02/2005 06:01:00 a.m.
Sancionaron la elección la Procuraduría Agraria.
A las 10:30 horas inició la jornada electiva para concluir
el conteo de votos poco antes de las 20:00
horas.
En una jornada tranquila, contrario a lo que se esperaba, la
planilla ganadeora
obtuvo 510 votos contra 310 del grupo perdedor
que encabezaba en la planilla Ocatvio
López Sepúlveda.
Con holgada diferencia, Carlos Ramón Castro ganó elección para
presidente del comisariado
del ejido Guasave.
Caso Paraje San Juan; descarta GDF indemnizar a
Arcipreste. (La Jornada, ángel Bolaños,
p. web)
Sábado 26 de febrero de 2005
Sería "un acto de injusticia y un atropello a la
ley" que la Corte resolviera que se deben
pagar mil 810 millones de pesos al supuesto
dueño del predio expropiado, asevera López
Obrador
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, rechazó que el amparo que obtuvo
Enrique Arcipreste del Abrego para obtener su libertad, implique un revés en el caso
del Paraje San Juan, que obligue a su administración
a pagar los mil 810 millones de pesos que
Arcipreste reclamaba de indemnización por
la expropiación de dicho predio.
El amparo que le concedió el segundo tribunal colegiado, explicó
el gobernante capitalino, considera que el
delito de fraude procesal por el que fue detenido
Enrique Arcipreste ya había prescrito, pero
de ninguna manera implica que el ilícito sea
inexistente. "Una cosa es que haya prescrito
el delito y otra muy distinta que no haya
habido fraude", apuntó.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) explicó que el amparo a Enrique
Arcipreste lo único que establece es que ya
no es posible que un juez penal del orden
local lo juzgue por el delito por el que la
dependencia lo consignó.
López Obrador señaló que, de cualquier manera, se insistirá
en que los terrenos reclamados por Arcipreste
son propiedad de la nación, como lo comprobó
la Secretaría de la Reforma Agraria, además
de que el gobierno de la ciudad no podría
pagar mil 810 millones de pesos.
En este caso, el mandatario capitalino dijo que se analizará
si las autoridades judiciales actuaron correctamente
al conceder el amparo, pero consideró que
los ciudadanos deben conocer los argumentos
jurídicos mediante los que se concedió la
suspensión del auto de formal prisión.
Por lo que hace al delito de fraude, López Obrador recordó
que hay suficientes elementos que lo acreditan;
"lo que argumentaron los magistrados
es que el delito ya había prescrito, no que
no había habido fraude", insistió.
Reiteró que tampoco significa que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación resuelva por este hecho que el
Gobierno del Distrito Federal deba pagar la
indemnización mencionada, pues sería "un
acto de injusticia y un atropello a la ley",
ya que significaría convalidar que se utilice
dinero "de todos" para cometer un
fraude.
Advirtió que tampoco se aceptaría pagar si ocurriera lo mismo
que en el caso de la familia Ramos Millán,
donde la Corte disminuyó el monto de la indemnización,
porque "no puede haber fraude grande
y fraude pequeño, fraude es fraude",
e ironizó: "ahora sí que ya estoy como
aquellos que dicen la ley es la ley".
Respecto de la determinación de las instancias judiciales de
conceder el amparo a Enrique Arcipreste, quien
hasta el jueves pasado se encontraba en el
Reclusorio Norte, la Procuraduría General
de Justicia del DF advirtió, por medio de
un boletín de prensa, que el amparo otorgado
no obliga al gobierno capitalino a pagar los
mil 810 millones de pesos que exigía el comerciante,
que fue detenido el año pasado en la ciudad
de la Habana, Cuba, ya que "la sentencia
dictada en suplencia de la queja" no
establece que no haya cometido el delito,
"sino que tan solo ya no es posible sancionarlo".
Enrique Arcipreste fue detenido en la capital de Cuba el 20
de abril de 2004 por agentes del Departamento
de Seguridad del Estado, en el contexto de
las investigaciones que siguieron a la detención
del presunto defraudador Carlos Ahumada Kurtz,
presidente del Grupo Quart.
Antes, la PGJDF había obtenido una orden de aprehensión en
contra de Enrique Arcipreste por fraude procesal,
luego de que se detectó que en su reclamación
del pago de la indemnización por las 298 hectáreas
de Paraje San Juan, había falsificado documentos,
como un acta de nacimiento, e inclusive mostró
un contrato de compraventa de 1947 escrito
en máquina eléctrica, que en esa época aún
no existía. El hecho que vinculó a Arcipreste
con Ahumada fue que sus abogados, Amado Anaya
y Cristina Padilla, utilizaron en una ocasión
el avión del empresario, un jet Star
matrícula XA-TVK, para viajar a la ciudad
de León, Guanajuato.
Liberan a comuneros; los apresa la Ministerial. (Novedades Acapulco, p.web).
26 de Febrero, 2005
La madrugada de este viernes liberaron
a los once campesinos de Tlacoapa
que fueron secuestrados por comuneros de Moyotepec;
sin embargo al llegar a Tlapa de Comonfort,
fueron encerrados en los separos
de la Policía Ministerial por los delitos
de robo y ambientales.
El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
Evencio Romero Sotelo ,y el asesor
legal de comuneros, Bernardo Mayo Mendoza,
señalaron que el conflicto agrario que se
registra entre las comunidades de Tlacoapa
y Ocuapa por la
disputa de cuatro mil hectáreas de tierra
podría desencadenar un enfrentamiento, puesto
que los campesinos de Malinaltepec y Tlacoapa se están
uniendo para hacer justicia por propia mano
a fin de que se respete un decreto virreinal
que data de 1883, el cual señala que estas
tierras forestales pertenecen a Tlacoapa.
En ese sentido, hicieron un llamado al secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
para que se traslade hasta esa comunidad y
resuelva el “foco rojo” ubicado en esa zona
de La Montaña alta.
Romero Sotelo indicó que los comuneros
Miguel Hernández Bonilla, Donato Espinoza
González, Benito Colón Espinoza,
Fidel Bello, José Bello, Celedonio
Espinoza, Erasmo
Espinoza, Eduardo
Colón y Juan Bisoyo Colón, una vez que fueron secuestrados al igual que
un agente del Ministerio Público, un delegado
y un representante de la Secretaria de la
Reforma Agraria, quedaron libres a la una
de la mañana de este viernes, luego de la
intervención de autoridades estatales.
Los comuneros de Ocuapa se dicen
dueños de estas tierras de labor porque tienen
un convenio que se firmó apenas en 1963, pero
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
desechó porque ya existe un decreto virreinal
que data de 1883Ó, dijo el asesor de los comuneros
de Tlacoapa, Bernardo
Mayo Mendoza.
Temen que se enfrenten Copanatoyac
y Tlacoapa. (Diario de
Méxco, p. web)
sábado 26 de
febrero de 2005
Copanatoyac, Gro.– Surge un posible enfrentamiento entre dos comunidades
del municipio de Tlacoapa
y una de Copanatoyac, debido a la disputa de tierras, luego de que
comuneros de La Sabana y El Capulín (localidades
de Tlacoapa) fueron
aprehendidos por sus vecinos de Ocuapa
(perteneciente a Copanatoyac)
para acusarlos ante las autoridades de delitos
ambientales y robo.
El conflicto se agudizó luego de
que el martes -de acuerdo con información
proporcionada por el Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan-,
comuneros de las localidades de El Capulín
y La Sabana (de Tlacoapa)
trabajaban en las tierras que dicen que les
pertenecen, cuando al filo del mediodía 12
de ellos fueron aprehendidos por sus vecinos
de Ocuapa, que reclaman
la posesión de los predios.
A fin de solucionar el conflicto,
una comisión de autoridades estatales y federales,
conformada por representantes de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) de Gobernación
del estado y de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, se trasladaron a Ocuapa para negociar la liberación de los comuneros de La
Sabana y el Capulín; sin embargo, éstos fueron
retenidos en el lugar.
En el lío agrario entre los tres
pueblos tuvo que ver la demarcación de tierras
hecha por la SRA, la cual “acotó” los terrenos
que presuntamente pertenecían a Ocuapa
y cedió algunos espacios más a El Capulín
y La Sabana.
Los de Ocuapa,
explicó la fuente, detuvieron a los 12 comuneros
de las dos localidades desde el martes y fue
hasta ayer por la noche, reveló Tlachinollan,
que tomaron la decisión de ponerlos a disposición
del Ministerio Público acusándolos de “delitos
ambientales, en su modalidad de tala de árboles
y de robo”.
Mientras que a los funcionarios
que acudieron a dialogar, los liberaron ayer
en la noche.
La palabra andante. (Cambio de Michoacán, Leopoldo Chassin,
p. web)
Los indigenistas y su incongruencia
Lunes 28 de Febrero de 2005
Podemos decirles a nuestros muertos que sí tenían
razón, que un día va a amanecer de por sí.
Que no habrá rostros ocultos, que un día un rostro
no se ocultará detrás de una máscara. Y ese
día vivirán nuestros muertos, y ese día va
a amanecer gracias a los niños y a los jóvenes.
Subcomandante Marcos al regreso de la
Marcha del Color de la Tierra en el ejido
Morelia, Chiapas
Nuevamente los pueblos indígenas están en la mira
de los indigenistas, estos son aquellos que
hablan y escriben a favor de los habitantes
primeros, pero que sin embargo anteponen sus
intereses personales ante asuntos que pudieran
trastocarlos.
Se habla y se escribe acerca de reimpulsar nuevamente
la aprobación de la Ley Indígena Estatal,
en nuestro diario, Cambio de Michoacán, Samuel
Ponce hace referencia a las tristezas que
está pasando uno de los impulsores de dicha
ley, también describe las recomendaciones
que hace un dirigente de una organización
indígena para lograr consensos en su aprobación.
Los zapatistas han sido
claros al respecto, lo mismo el Congreso Nacional
Indígena; hubo un tiempo en el que se pedía
el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés
-que fueron plasmados parcialmente en la llamada
Ley Cocopa- desde
la firma de aquellos, el 16 de febrero de
1996 hasta el 23 de febrero de 2001; luego
vino el tiempo de exigir su reconocimiento,
desde el inicio de la Marcha del Color de
la Tierra, el 24 de febrero de 2001 hasta
la intervención de la comandanta Esther en
el Congreso de la Unión el 28 de marzo de
2001. A partir del 9 de agosto de 2003, llegó
el tiempo de dar por hechos los Acuerdos de
San Andrés con la creación de los Caracoles
en territorio zapatista, en el país, existen comunidades que han hecho lo
propio al margen de las leyes indígenas estatales,
la opinión de los indigenistas, la traición
de los legisladores del PRD, PAN y PRI en
el Congreso de la Unión y del dictamen de
la Suprema Corte de injusticia de la Nación.
Una prueba más de la incongruencia de los indigenistas
aquí en Michoacán es que en lugar de buscar
que se resuelvan los problemas como el de
K´umbutsin de Katsontsi que data desde 1976, sigan impulsando leyes, remunicipalización y otras artimañas que no resuelven los
males de los pueblos indígenas y sí le sigan
dando largas, es por eso que se hace un:
Llamamiento a los pueblos indígenas de México para
acabar con la ilegalidad
Ya se ha informado a las autoridades civiles y
militares y a la opinión pública del Estado
de Michoacán, mediante los manifiestos Primero
y Segundo, en el sentido de que el gobierno
Federal y Estatal de 1943, establecieron por
vía legal a los damnificados del pueblo de
Paricutín, hoy K’umbutsin de Katsontsi,
Municipio de Uruapan, Michoacán, señalándole
una extensión territorial de 946 hs. De tierra para vivir y trabajar; pero en el año de 1977,
los gobiernos Federal y Estatal de aquél entonces,
establecieron un centro de Rehabilitación
Social y tomaron, sin nuestro consentimiento
expreso, 17 hs.
De tierra comunal de las 946 que se nos dotó,
motivo por el cual se promovió amparo y protección
de la Justicia Federal, ante el Sr. Juez Primero
de Distrito en el Estado de Michoacán; y previo
trámite del amparo No. O-321/77 ante dicha
autoridad federal, se obtuvo la protección
y amparo de la Justicia Federal en el año
de 1980.
El pueblo indio quejoso se amparo en contra de
actos del Sr. Presidente de la República por
haber decretado la expropiación de 14 Hs.
De tierra comunal que se nos había dado con
anterioridad, con fecha 10 de febrero de 1976
sin habernos oído y vencido en juicio o en
algún procedimiento administrativo, motivo
por el cual la Justicia de La unión concedido
el amparo y protección de la Justicia Federal;
se amparó también en contra de actos del Sr.
Presidente Municipal de la Ciudad de Uruapan,
Sr. Gobernador del Estado de Michoacán, Secretario
de la Reforma Agraria y otras autoridades.
Las autoridades responsables se informaron e interpusieron
recurso de revisión ante la H. Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Según Toca No. 1644/80, recurso que fue desechado
por extemporáneo y se devolvieron los autos
al Juez Primero de Distrito del Estado de
Michoacán para su cumplimiento. Las autoridades
responsables no cumplieron con la Ejecutoria
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por lo que se promovió el Incidente de incumplimiento
de Ejecutoria, según Exp. No. 34/83 que se
tramita ante la H. Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Por otra parte informamos al publico que el Sr.
Presidente de la República, por conducto de
la Secretaría de la Reforma Agraria ya cumplió
parcialmente con la Ejecutoria mencionada
al declarar, con fecha 23 de Mayo de 1996
insubsistente el decreto presidencial de fecha
10 de febrero de 1976, publicado en el D.O.
de la F. el 19 del mismo mes y año y en el
3º. Punto Resolutivo ordena informar del presente
acuerdo al gobernador del estado de michoacán
para su conocimiento.
Sin embargo, a la fecha, ninguno de los gobernadores
del Estado de Michoacán que han gobernado
a nuestro Estado a partir de 1977 a la fecha,
han querido cumplir con la Ejecutoria de la
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
motivo por el cual sostenemos que existe ilegalidad
en la administración de Justicia en el Estado
de Michoacán.
Informamos también que el Señor Gobernador del
Estado de Michoacán negó los actos reclamados,
como consta en el contenido del oficio No.
VIII-2505 de fecha 11 de Abril de 1977, suscrito
por el señor Lic. Ausencio Chávez Hernández, Secretario de Gobierno de aquella
época.
Por otra parte el señor Francisco Barragán vivas
Presidente Municipal de la ciudad de Uruapan,
Michoacán negó los actos reclamados, según
costa en el contenido del oficio número 1207
de fecha 6 de abril de 1977.
Esos informes fueron falsos, pues negaron, ya que
la verdad fue que sí estaban fabricando el
edificio den centro de Rehabilitación Social
de Uruapan, por lo que infringieron el artículo
204 de la Ley de Amparo. Esa falsedad se manifiesta
con toda claridad ya que ahora no quieren
cumplir con la Ejecutoria de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, alegando que
es imposible la realidad es que los reos fueron
trasladados en dicho lugar en forma subrepticia
en el año de 1980, sin haber ninguna inauguración
oficial.
Es por ello que denunciamos estas arbitrariedades
cometidas por el gobierno del Estado de Michoacán
y pedimos auxilio a los pueblo indios de México
a fin de obligar al señor Gobernador de Michoacán
para que cumpla con la Ejecutoria de la H.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, devolviendo
inmediatamente el terreno, materia del amparo
con el fin de poder tener un arreglo amistoso
con dicho Gobierno y celebrar un contrato
de arrendamiento mediante el pago de una renta
justa, equitativa y por un tiempo corto; pues
manifestamos que el pueblo quejoso no fue
el que creo el problema, sino que el autor
del problema fue el mismo gobierno Federal,
Estatal y municipal, al invadir el terreno
comunal propiedad del pueblo quejoso.
Atentamente,
K’umbutsio de Kaltsontsi,
Municipio de Uruapan, Michoacán a 23 de febrero
de 2005 años.
El asesor jurídico del mencionado pueblo, Lic.
Felipe Chávez Cervantes.
Resucitan Tizayuca. (El Universal, p. web)
Domingo 27 de febrero de 2005
En este espacio, la semana anterior
abordamos la lista de las 100 empresas de
tecnología que han logrado superar límites
científicos y teóricos, y que también han
sido capaces de generar modelos.
Por ahí andan reviviendo el proyecto
de aeropuerto de Tizayuca.
Un grupo de inversioniostas privados cabildea, ve gente, hace consensos
y pisa muy discretamente redacciones de periódicos
para presentar el gigante aeroportuario de
200 millones de dólares, que con dos pistas
para recibir aviones de los más grandes a
nivel internacional (A380 y B777), plantea
hacer por su cuenta lo que el gobierno federal
no pudo, al llevarse el proyecto de terminal
alterna a Atenco,
con los resultados que ya todo conocemos.
El director del proyecto, que no
necesariamente el dueño, es nada más y nada
menos que Eduardo Robledo Rincón, aquel
que fuera secretario de la Reforma Agraria
con Ernesto Zedillo y efímero gobernador electo de Chiapas. Se pretende
usar el mismo lugar del proyecto original,
donde se asegura no hay ni asomo de que suceda
lo que en el estado de México, ya que los
terrenos son federales y algunos espacios
privados ya fueron indemnizados y arreglados
por el gobierno de Hidalgo sin problema.
La idea es hacer una terminal de
carácter mundial, con capacidad de carga y
pasajeros, que sirva como base alterna al
aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México
o como terminal de tránsito, donde los pasajeros
no tengan que salir y tomen otros vuelos que
los conecten al resto del país en vuelos regionales
o hacia Centro o Sudamérica.
Se acompañaría de un centro comercial
de clase mundial, acaso el mayor duty
free de América Latina, y de todos los servicios
de pasajeros en tránsito y los contenedores
y bodegas más grandes para repartir carga
destinada al DF o a ciudades ubicadas en un
radio similar a Tizayuca.
A ver si es cierto que solitos pueden.
Organizaciones campesinas
Propone la UNTA calentar el ambiente con protestas
ante torpeza oficial en el agro. (La Jornada, Ángeles Cruz,
p. web)
Sábado 26 de febrero de 2005
Dirigentes campesinos integrantes de la Jornada por la justicia,
la soberanía y el rescate del campo se reunirán
el próximo lunes para replantear el quehacer
de sus organizaciones y métodos de acción
frente a la "actitud torpe e indolente"
de la burocracia gubernamental, informó Alvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA).
De entrada, López Ríos propuso "calentar el ambiente rural"
con actos de desobediencia civil, manifestaciones
y bloqueos. "Las autoridades entenderán
sólo hasta que vean la irritación que han
generado sus políticas de exclusión hacia
los productores del sector rural", indicó.
Los agricultores deberán pasar a una segunda etapa de lucha
y generalizar un movimiento de protesta frente
al fracaso de los acuerdos con el gobierno,
el cual carece de operadores y sensibilidad
para dar salida a las demandas campesinas.
Detalló que las movilizaciones podrían ser regionales y estatales
en las oficinas y delegaciones de las dependencias
federales, así como acciones coyunturales
cuando los funcionarios, empezando por el
presidente de la República, Vicente Fox,
visiten los estados. "Ahí les reclamaremos,
sobre todo si pretenden manipular a la gente
con entrega de recursos o haciendo cuentas
alegres".
Además, todavía queda la alternativa de "tapizar el país
con consignas en bardas" y bloqueos de
carreteras y vialidades principales.
Reiteró la decisión de las siete organizaciones campesinas
integrantes de la jornada de lucha de no regresar
a la mesa de diálogo con el gobierno si antes
la Secretaría de Gobernación no acepta emitir
un pronunciamiento público que sirva de marco
de referencia a las mesas de trabajo.
"No tiene caso que nos reunamos con funcionarios que carecen
de atribuciones necesarias para tomar decisiones",
dijo.
La declaración del secretario Santiago Creel
tendría que incluir el reconocimiento del
gobierno federal de los pendientes que existen
en el sector rural, así como de la necesidad
de relanzar el Acuerdo Nacional para el Campo,
subrayó López Ríos.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Analizan otros predios para la UAM Santa Fé. (El Universal, Johann Robles,
p. web)
La delegación Cuajimalpa ya estudia la posibilidad de buscar otros predios,
además de los que integran el Plan Parcial
de Santa Fe administrados por Servicios Metropolitanos
(Servimet), para
que se construya el plantel de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) en la zona.
Ignacio Ruiz López, titular de
la demarcación, indicó que se analizan otros
terrenos, pero antes de presentar y concretar
alguna propuesta esperará a la que efectúe
la dirección general de Patrimonio e Inmobiliario
Urbano del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Aclaró que para analizar realmente
otro terreno como alternativa para edificar
el nuevo campus
de la UAM, el predio debe cumplir con las
condiciones que solicitó la institución educativa,
como lo es la extensión del lugar y que éste
sea donado porque no hay recursos para adquirirlo.
"Tal vez, buscaríamos que
haya otro predio y que el gobierno capitalino
lo compre para la UAM", detalló Ruiz.
El delegado de Cuajimalpa espera que en los próximos 15 días se tenga una
decisión tomada para que la UAM inicie la
construcción de sus nuevas instalaciones en
la zona pues, reiteró, beneficiará a un gran
número de estudiantes que habitan en esta
demarcasión, Magdalena
Contreras y Álvaro Obregón, principalmente.
Luego de que el Gobierno del Distrito
Federal donara el predio El Escorpión
a la institución educativa para que ésta tuviera
un cuarto plantel en la ciudad, se conoció
que dicho terreno estaba en litigio.
Esta situación ha complicado el
escenario porque, además, la UAM tiene como
plazo el mes de marzo para ejercer los recursos
federales que se le asignaron para este propósito.
El titular de Cuajimalpa informó que este jueves sostendrá una reunión con
Alberto Pérez, director general de Patrimonio
Inmobiliario del DF, para conocer la propuesta
del gobierno capitalino.
No obstante la situación, Ignacio
Ruiz López aseguró que el cuarto plantel de
la UAM se construirá en la delegación Cuajimalpa,
por ello analizan alternativas de terrenos.
GUERRERO
Matan a golpes y pedradas a un campesino antorchista en Zapotitlán. (El Sur, Zacarías Cervantes, p. web)
Un miembro de Antorcha Campesina
(AC) fue asesinado a golpes y a pedradas la
madrugada del sábado en Tamaloya, municipio de Zapotitlán
Tablas por tres miembros de la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ),
quienes fueron detenidos y se encuentran presos
en el penal de Tlapa.
El subprocurador
de Procedimientos Penales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio
Nogueda Carvajal,
informó que el asesinato de Marcelo Rivera
Crisóstomo “tiene que ver” con la serie de
crímenes que se han dado en el municipio de
Zapotitlán Tablas
entre integrantes de las dos organizaciones.
Rivera Crisóstomo, originario de
Escalerilla Laguna, fue muerto
a golpes y a pedradas en la localidad de Tamaloya
a manos de sus adversarios Rutilo Pacheco
Díaz, Raúl Alejandro García y Agripino
Díaz García, los tres miembros de la LARSEZ
y quienes ya se encuentran detenidos.
Según la madre de la víctima, Margarita
Crisóstomo, su hijo salió la tarde del viernes
de su casa a una fiesta en la casa de José
Aguilar ubicada en Escalerilla Laguna. Al
día siguiente le avisaron que su hijo fue
muerto en Tamaloya,
comunidad vecina.
Rivera Crisóstomo primero fue agredido a golpes por sus victimarios y al final le dejaron
caer una piedra que le destrozó parte del
cráneo.
El dirigente estatal de Antorcha
Campesina, Júpiter Tapia Cazales,
dijo que la muerte de su correligionario evidencia
que no son los militantes de su organización
los que promueven la violencia en esa zona,
si no que son víctimas de las agresiones de
los militantes de la LARSEZ.
Explicó que Rivera Crisóstomo apenas
hace dos meses había ingresado a Antorcha
Campesina debido a que resultó beneficiado
con las obras que esa organización gestiona
en esas comunidades.
Por eso, “estos asesinatos son
una forma de intimidar a los compañeros para
que no se sigan incorporando a Antorcha”,
dijo Tapia Cazales.
Sin embargo el dirigente de la
LARSEZ, Marcial Dircio
Ortega, quien se encuentra preso en el penal
de Chilpancingo, ha denunciado que son los
integrantes de su organización los que han
sido víctimas de los antorchistas.
Limita el Ejército el derecho de reunión de los
ecologistas de Petatlán,
denuncian. (El Sur, De la Redacción, p. web)
El presidente de la Organización,
Marcial Bautista Valle, informa que desde
hace dos meses las tropas están cerca de las
comunidades de la sierra donde habitan los
ambientalistas que son perseguidos. En la
asamblea del 9 de febrero hubo poca asistencia
porque un día antes los soldados llegaron
al área de Canalejas, señala
Acosados por la presencia cercana
de tropas del Ejército, miembros de la Organización
Ecologista de la Sierra de Petatlán
y Coyuca de Catalán
hicieron una asamblea el sábado 19 de febrero
en la comunidad de Canalejas, en la que acordaron
hacer una caravana el 2 de abril para observar
la situación de los bosques de la región y
se formaron grupos para reforestar con apoyo
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
“Nos andan pastoreando, no tenemos
libertad para reunirnos”, denunció el presidente
de la Organización, Marcial Bautista Valle.
Explicó que actualmente unos 30
soldados del 19 Batallón de Infantería se
encuentran en El Zapotillal,
cerca de donde viven los ecologistas Servando
y Jesús Bautista, y en La Pasión, cerca de
El Rincón del Refugio donde viven los Cabrera,
también ecologistas. “Los soldados tienen
dos meses alrededor de nosotos”,
precisó el dirigente.
El presidente de la organización,
Marcial Bautista Valle, informó que algunos
de los fundadores y de los principales activistas
del movimiento ecologista no pudieron asistir
a la asamblea, como Jesús Bautista Fuerte,
Servando Bautista Fuerte y Roberto Cabrera,
porque días antes se corrió la información
de que el Ejército iba a llegar para detenerlos.
Tampoco acudieron otros miembros
de la Organización, inhibidos por la presencia
de las tropas que un día antes de la asamblea
llegaron al área donde se reunirían los ecologistas.
El día de la asamblea los soldados
del 19 Batallón de Infantería, que tienen
su cuartel en Petatlán, pasaron cerca de Canalejas donde se hizo la reunión
de los ecologistas, y se estacionaron en Parotitas,
a un kilómetro, y después se fueron a El Zapotillal,
como a 3 kilómetros de distancia, donde permanecieron
toda la semana, informó Marcial Bautista.
Preocupado, el presidente de la
Organización manifestó: “Siempre que hacemos
reuniones se aparecen los soldados, andan
amenazando que quieren agarrar a Servando
y a Jesús Bautista y a Roberto Cabrera”.
La presencia intimidatoria
del Ejército se ha dado en las tres últimas
reuniones de los ecologistas en este año,
y en anteriores, como ocurrió el 9 de agosto
de 2003 en El Rincón del Refugio, cuando se
eligió la nueva mesa directiva de la organización
tras la muerte del presidente Juan Bautista
Valle, en junio de ese año.
Según la información publicada,
la comunidad El Rincón del Refugio, en la
sierra de Petatlán,
fue sitiada por efectivos militares, que presuntamente
buscaban a miembros de la organización que
en los últimos años han sido perseguidos por
el Ejército, y acusados de diversos delitos,
con motivo de su participación en el movimiento
en defensa del bosque.
Ese día, las tropas del 19 Batallón
de Infantería llegaron al lugar a las 8 de
la noche, cuando ya la asamblea había terminado,
y sitiaron el poblado y otras comunidades
cercanas, donde preguntaron por los Cabrera,
pero ellos ya no estaban en el pueblo.
En 2005, los ecologistas convocaron
a la primera reunión del año el 8 de enero,
en Canalejas, pero los soldados llegaron a
esa comunidad el 7 de enero. Los soldados
andaban patrullando, como buscando algo, y
por temor a que detuvieran a alguien se suspendió
la asamblea, y sólo se hizo una pequeña reunión.
La segunda fue el 16 de enero,
cuando la asamblea se convocó en Las Gordureras,
con la asistencia del diputado federal perredista
Francisco Saucedo.
Los soldados estaban en El Banco Nuevo, a
pocos metros de la casa de Marcial Bautista.
La tercera vez fue el 19 de febrero,
cuando se pretendía hacer una asamblea amplia
de toda la organización, pero sólo acudieron
70 personas de 10 comunidades como Canalejas,
El Banco Nuevo, El Rincón, El Zapotillal,
La Botella, El Cuajinicuilar, Zapotillo, entre otras.
Marcial Bsutista
manifestó que también preocupa a la Organización
Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán las
órdenes de aprehensión que hay en contra de
13 de sus integrantes, acusados de homicidio
del joven Abel Bautista Guillén, hijo de Berbardino
Bautista, considerado como cacique en esta
región. Por el mismo homicidio está en la
cárcel el ex secretario de la Organización,
Felipe Arriaga Sánchez.
Marcial Bautista informó que en
estos casos se está buscando la defensa jurídica,
y explicó: “El gobierno agarra cualquier cosa
para hacer acusaciones falsas. De todos los
que están en esa acusación (de homicidio)
ninguno debe nada. No es cosa del homicidio,
sino del bosque, nos quieren perseguir para
meterse a explotar el bosque”.
Exponen ejidatarios de Plan de Los Amates ante
Félix Salgado. (El Sur, De la Redacción,
p. web)
Ejidatarios del poblado Plan de
los Amates convocaron al excoordinador
en Acapulco de la campaña de la coalición
Guerrero Será Mejor, Félix Salgado Macedonio,
con el fin de encontrar la forma de conservar
sus ejidos, una vez que 77 de ellos vendieron
sus propiedades en 500 mil pesos.
A pregunta de uno de los asistentes
a la reunión sobre si será candidato a la
Presidencia Municipal de Acapulco para el
siguiente periodo, Salgado Macedonio dijo
que prefería “guardar los tiempos” que dé
el Partido de la Revolución Democrática a
la convocatoria para los posibles candidatos.
“No quiero mezclar una cosa con
la otra, ahorita
vengo a platicar sobre sus terrenos y luego
ya los vendré a ver en otro plan”, sugirió.
A pesar de que la mayoría de los
121 ejidatarios del comisariado
del ejido del Potrero o Plan de los Amates
vendieron sus ejidos, de una extensión de
4 mil 500 metros cuadrados, en 500 mil pesos,
lo que significa un precio por metro cuadrado
de 111 pesos, Salgado Macedonio les propuso
que no se amedrenten porque “les asiste la
razón”.
“A ustedes les asiste la razón
y lo digo con todo conocimiento de causa,
como hijo de ejidatario, como ingeniero agrónomo,
como legislador que fui, lo que les hacen
aquí es un atropello, es una canallada, producto
de los viejos vicios de los gobiernos anteriores
del PRI”, dictaminó.
Dijo que los gobiernos anteriores
“desmantelaron el ejido” para obtener beneficios
económicos, lo que ha causado inestabilidad
en este sector del municipio.
Dichos predios fueron expropiados
por el ex gobernador y fallecido José Francisco
Ruiz Massieu para que fueran utilizados para inversión pública,
como dicta la ley, pero desde entonces los
terrenos han estado sin uso, por lo que –según
les explicó Félix Salgado– debe regresar a
sus tenientes originales.
“Ustedes tienen sus derechos y
si la expropiación fue en 1989 han transcurrido
15 años y la tierra está sin utilizarse, el
decreto expropiatorio
bien lo dice que es para utilidad pública
y la ley establece que si han pasado cinco
años y no se ha cumplido el objetivo, automáticamente,
sin juicio ni nada, regresa a sus dueños originales”,
precisó.
Sugirió que consigan un abogado
agrarista para que los asesore y que comiencen
un juicio de reversión de la tierra. “Yo siento
que no hay vuelta de hoja, ya tienen ganado
esto”.
Salgado Macedonio
indicó que la alternativa de aceptar la expropiación
si se consideran sus terrenos para un proyecto
a favor del desarrollo turístico, que genere
hoteles y empleos, como lo dicta el uso de
suelo “y no que continúe con la política de
hacer departamentos o residencias privados
para beneficio de pocos privilegiados”.
MICHOACÁN
Reclaman campesinos falta de atención de las autoridades. (Cambio de Michoacán, Héctor
Meza, p. web).
Domingo 27 de Febrero de 2005
José Luis Rivera, promotor de la Central Campesina Cardenista
y líder agrícola, considera que es una necedad
de las autoridades no atender el reclamo de
campesinos de los valles de Penjamillo
y Numarán para dar
terminación al dren
de alivio.
José Luis González Rivera comentó que las obras las dejó inconclusas
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
hoy Comisión Nacional del Agua (CNA), así
como el uso inadecuado de los recursos públicos
por parte de algunos funcionarios.
Señaló que ese mal uso de recursos tiene hoy a la región al
filo de la navaja. "Cuando se proyectó
el Distrito de Riego 087, Rosario-Mezquite,
se dijo que se construía la presa El Rosario
(Melchor Ocampo) para irrigar los valles de
Angamacutiro y La
Piedad, y que se construía la presa El Mezquite,
para regar los valles de Yurécuaro, Vista Hermosa y La Barca", recordó.
Sin embargo, aclaró, la presa El Mezquite nunca se construyó
y ahora se tiene que guardar el agua para
riego a esos módulos en la presa El Rosario,
oficialmente conocida como Melchor Ocampo,
con riesgos para Angamacutiro y esta región.
Por otra parte, luego de múltiples gestiones y después de haber
sido dañados por varias inundaciones, se logró
la construcción del dren de alivio, pero este quedó inconcluso, en comparación
con el que los agricultores y algunos ciudadanos
habían solicitado.
El dren de alivio ha servido, reconoció,
pero su terminación favorecería a la mayor
velocidad del flujo del agua y por lo tanto
el río se vería más desahogado, sobre todo
en el tramo de La Piedad.
Agregó que, por otro lado, ante la insistencia de los agricultores
y de otros ciudadanos para que las obras antes
citadas sean terminadas, las autoridades dan
como respuesta que no hay recursos para ello.
No obstante, estimó se puede mencionar que en los últimos años
se han reportado inversiones multimillonarias
en la construcción de varias plantas de tratamiento
de aguas residuales, a lo largo de la cuenca
Lerma-Chapala, la mayoría de las cuales están
abandonadas por su inoperatividad.
"Lo referido es con la intención de que las autoridades
asuman su responsabilidad y dejen de negarse
a atender las peticiones de innumerables voces
de campesinos".
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