CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
22 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Polariza AMLO.- Fox
Califica Presidencia de
prepotencia la estrategia contra el desafuero
Plantean alternativa al presidencialismo
Agotado, el modelo actual;
proponen gobierno de gabinete
Insostenible crisis financiera en Pemex
Su infraestructura, rumbo
a la inutilidad, advierte Ramírez Corzo
En riesgo, la estabilidad política en el 2006
Fox ha sido un fracaso como Presidente:
The Economist Intelligence
Unit
Los Pinos: AMLO, un "prepotente del poder"
Le reclama difamación
y presiones
Promueve AMLO la polarización social, afirma Presidencia
El vocero presidencial
Rubén Aguilar señala que el jefe de Gobierno del
Distrito Federal pretende utilizar “la presión política”.
Presidencia acusa a López de polarizar a la sociedad
Da respuesta a los juicios
del jefe de GDF
“Por fin” se reactiva la economía nacional
Se estimulan los créditos
a empresas: Gil Díaz
Obstaculizan la transparencia en el gobierno: IFAI
Marván señala resistencia de funcionarios
a rendir cuentas
Condena Presidencia prepotencia de AMLO
Usa recursos públicos
en su defensa y pretende presionar políticamente
Sector agrario
Cinco comunidades poblanas se resisten a construcción
de gasoducto de 265 km. (La Jornada, Nota Informativa, p.web)
Puebla, Pue., 21 de febrero. Pobladores
de las comunidades de La Magdalena Axocopan,
San Jerónimo Coyula, San
Francisco Huilango, San Juan Tejupa y San
Juan Amecac, cercanas
al volcán Popocatépetl,
crearon un frente común contra la decisión de la
empresa Transportadora de Gas Zapata (TGZ) de construir
un gasoducto de 265 kilómetros que atravesará los
estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Tomás Pérez Morelos, dirigente del frente, y la diputada federal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Rosa María Avilés Nájera, denunciaron que "gestores" de TGZ y funcionarios
de la Secretaría de Gobernación estatal continúan
las presiones y hostigamiento contra los campesinos
para que permitan el paso del gasoducto por sus
terrenos.
Mediante engaños, refirió la legisladora, la compañía gasera, subsidiaria de la trasnacional alemana Oiltanking, obliga a los pobladores firmar documentos de aprobación
del proyecto, pues aseguran que son cartas para
darlos de alta en Procampo.
La perredista señaló que representantes
de TGZ se dedican a descalificar a opositores del
proyecto y los amenazan con expropiar sus tierras,
y agregó que las violaciones en contra de los pobladores
se extienden a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat),
que aprobó el estudio de impacto ambiental para
la construcción del gasoducto sin haber informado
y consultado a las comunidades afectadas, pese a
estar obligada a hacerlo.
Este lunes, los dirigentes del frente acompañaron a una centena
de campesinos de 15 localidades de la región de
Atlixco en una protesta
frente a la delegación de la Procuraduría Agraria
en Puebla, donde manifestaron su rechazo a la obra,
al tiempo que denunciaron una serie de irregularidades
cometidas por la dependencia en su afán por obligar
a los labriegos a aceptar el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
Pérez Morelos relató que hace unos días la delegada de la Secretaría
de Gobernación estatal en Atlixco,
Hortensia Parra Aguirre, fue a su casa -ubicada
en la comunidad de la Magdalena Axocopan-
para advertir que "el gobierno del estado había
sido muy tolerante" con él y que no tenía más
opción que aceptar el paso del gasoducto.
El campesino informó que el frente contra el gasoducto trabajará
en dos lí-neas para detener
la construcción de la obra. La primera será ante
instancias jurídicas, con la ayuda de varios abogados
ambientalistas, quienes ya presentaron escritos
de protesta por la falta de información y consulta
de la Semarnat a las comunidades.
La otra estrategia será recorrer cada comunidad
afectada, incluyendo las de Tlaxcala y Morelos,
para que se sumen al rechazo.
"Ya les dijimos que no vamos a permitir el gasoducto.
Tenemos estudios científicos de la Universidad Autónoma
de Puebla que advierten sobre los riesgos de impulsar
el desarrollo en la zona del volcán. Un gasoducto
en la región es como una bomba de tiempo y no lo
queremos", advirtió Pérez Morelos.
Avilés Nájera informó además que
solicitarán una reunión urgente con el gobernador
de Puebla, Mario Marín Torres, a fin de encontrar
una solución al conflicto y, en caso de que siga
el hostigamiento contra los campesinos, presentará
un punto de acuerdo al pleno de la 59 Legislatura
federal para detener la obra.
Campesinos protestan contra instalación de gas
en Puebla. (CNI, p.web)
LOS INCONFORMES
EXIGEN QUE NO SE COLOQUE UNA LÍNEA DE GAS, LA CUAL
ESTARÍA DESTINADA A ABASTECER EMPRESAS DE PUEBLA,
TLAXCALA Y MORELOS
Aproximadamente 100 campesinos
de la zona de Atlixco
se manifestaron en las oficinas de la Procuraduría
Agraria contra la instalación de líneas de gas
natural de la empresa Zapata, que atravesarán Puebla,
Tlaxcala y Morelos.
Los trabajadores de la tierra,
encabezados la diputada federal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Rosa María Avilés Nájera,
indicaron que la instalación de 146 kilómetros de
tubería, para trasladar 300 millones de metros cúbicos
de gas, les restará a cada productor 50 metros de
suelo.
Declararon que los campesinos son
obligados por autoridades, de más de 10 localidades
afectadas, a firmar los permisos de instalación
y no les pagan el predio que pierden con la promesa
de sembrar arriba de la tubería sin problemas.
Avilés Nájera
sostuvo que los campesinos ya no están dispuestos
a dejarse aplastar por autoridades que apoyan a
empresarios y corren el riesgo de perder esas zonas
de cultivo.
La legisladora dijo que no se desea
prohibir la instalación de empresas extranjeras
en territorio poblano, pues la gasera
Zapata opera con una inversión europea de 75 mdd,
sin embargo, tampoco permitirá daños a los agricultores.
Afirmó que en todo el estado se
presentan conflictos en el campo, los cuales de
no ser atendidos serán los que hagan explotar movimiento
social en la entidad con movilizaciones y marchas
que afectarían a terceros.
Los inconformes pidieron a las
autoridades a evitar la instalación de la línea
de gas en la región de Atlixco y que busquen otra zona por la que puedan transportar
el combustible, destinado a abastecer empresas de
Puebla, Tlaxcala y Morelos.
GCA / Con información de Notimex
Templo Mayor. (Reforma,
F. Bartolomé, p.web)
Bien dicen que la avaricia rompe el saco.
Y si no que le pregunten a los herederos de Gabriel Ramos Millán
y a sus abogados, que por andar chicaneándole a
la Secretaría de la Reforma Agraria se les fue la
fabulosa cantidad de ¡mil millones de pesos!.
Hace año y medio habían ganado un juicio a la SRA por un monto
de mil 214 millones de pesos, pero se negaron a
aceptar las 40 cómodas anualidades que les ofrecieron.
Llevaron el asunto a la Corte pero la jugada no les alió y
ayer el máximo tribunal ordenó que sólo les entreguen
199 millones de pesos…y a plazos.
La
Crème de la Crème. (El Financiero, Eva Makivar,
p.web)
No more carreteras
Ésta es la historia de ambición y codicia que les costará más
de mil millones de pesos a los clientes el Jefe
Diego Fernández de Cevallos.
Sucede que la SCJN ordenó ayer reducir a sólo (¿sólo?) 199
millones de pesos la indemnización que se le debe
pagar a la familia Ramos Millán por la expropiación
de un predio en Santa Úrsula que, si no es, parece
ilegal.
Por cinco votos contra cuatro, el pleno de la Corte resolvió
que el avalúo del terreno de 33 hectáreas estuvo
mal hecho, y que al no existir un convenio entre
la Secretaría de la Reforma Agraria y las familias
que ganaron el amparo, el monto de mil 214 millones
de pesos –planeado por Diego
y del que se llevaría su moche- se reduce
a la cifra mencionada.
¡Oh no!, dicen, la justicia, cuando
es verdadera, hasta a Diego le pega…Le redujeron
hasta quedar en algo así como el 10 por ciento de
su negocito…Así, ya no
habrá más carreteras del amor…
Café Político. (Ovaciones,
José Fonseca, p.web)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la
indemnización por el predio de los Ramos Millán
sea sólo de 189 millones de pesos…
Póker Político. (Unomásuno, Matías Pascal, p.web)
CISMA
EN LA BANCADA PANISTA
La fractura que ocasionó la pugna por la futura candidatura
presidencial en el blanquiazul se refleja con intensidad
en la bancada del Senado de la República donde una
tercera parte de los legisladores de Acción Nacional
se niegan a ocupar sus respectivos despachos en
la llamada Torre Azul que les "consiguió"
Diego Fernández de Cevallos. A ello habría que agregarle
el frentazo que le dio al "ex jefe" panista
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir
la indemnización de mil 214 millones de pesos a
199 millones de pesos que debería pagar la Secretaría
de la Reforma Agraria a la familia Ramos Millán
por el predio que les fue expropiado en 1984 en
la colonia Santa Úrsula. Ni modo senador, no siempre
se puede tener todo en la vida.
Observatorio Político. (Excélsior, Antonio Garza Morales,
p.web)
Duro revés al Jefe Diego
En última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó disminuir el pago por indemnización de
una expropiación ilegal de un predio de 30 hectáreas
en Santa Úrsula, por 1,214 millones de pesos, a
sólo 1900 millones de pesos. El litigio lo llevó
a cabo el despacho del senador Diego Fernández de
Cevallos, y la disminución fue de 1,015 millones
de pesos.
Los beneficiarios eran las familias Ramos Millán y Bernal,
que no aceptaron que les pagaran 30 millones cada
año durante 30 años.
Ahora perdieron la mayor parte. Los abogados cobraban 30 por
ciento y también se quedaron sin jugosos honorarios.
Dinero. (La Jornada,
Enrique Galván Ochoa, p.web)
Contigo PAN y cebolla
La Coyota -así le dicen sus ex condiscípulos-
Fernández de Cevallos podrá medir qué tan grande
es el amor que le profesa la chavita que lo trae de cabeza. Resulta que la Suprema Corte
(sana) de Justicia le dio terrible garrotazo: redujo
a sólo 199 millones de pesos la indemnización que
recibirá en el caso del predio Santa Ursula. Patrióticamente
había demandado por mil 214 millones a la Secretaría
de la Reforma Agraria. Si hubiera ganado la habría
dejado sin presupuesto todo un año. A ver si es
cierto aquello de que contigo PAN y cebolla, aunque
La Coyota, inclusive perdiendo este asunto, sigue siendo
de los políticos más ricos del país.
Clase Política. (La Jornada,
Miguel Ángel Rivera, p.web)
La cosecha
Otro caso del vaso medio lleno o medio vacío: la Suprema Corte
redujo la indemnización a los descendientes de Gabriel
Ramos Millán a casi 200 millones de pesos y esto
de inmediato se consideró un revés para su abogado
defensor, el senador panista
Diego Fernández de Cevallos, pero como se aprecia
es una cifra nada despreciable aunque inferior a
los más de mil millones concedidos inicialmente...
Astillero. (La Jornada,
Julio Hernández López ,
p.web).
AL ESCENARIO DOMINADO por los dos grandes competidores se han
subido otros intérpretes deseosos de ser tomados
en cuenta en producciones posteriores. El expansivo
José Luis Soberanes se
ha echado a cuestas un sarape de presunto charro
bravío y justiciero para apostar electoralmente
por la opción AMLO, tratando de dejar a un lado
su sostenido perfil carpicista
(como ha hecho otro nuevo mártir de la democracia,
Diego Valadez, quien también
explora posibilidades de redención en el PRD). Valientísimo
héroe cívico sería ahora el mediatizador
de la figura del ombudsman,
gracias a la leva lopezobradorista
que transforma en pocos minutos en bueno a cualquier
malvado siempre y cuando se convierta a tiempo a
la nueva fe. Gritos de mal mariachi habrá de soltar
el Charro del Amor, don Friego Desdeendenantes
en los Callos, al enterarse de que los cantos gregorianos
de la Suprema Corte le echaron abajo unos mil millones
de pesos a sus clientes en el negocito
ése de las familias Ramos Millán y Bernal a quienes
la generosa Secretaría de la Reforma Agraria ya
no hallaba cómo pagarles los mil 214 millones de
pesos originales que finalmente quedaron tan sólo
en ¡snif! 199, de los
cuales la solícita SRA ya había erogado 60, ¡oh,
Los Pinos espera la comprensión de Míster
Punta Diamante, no vaya a ser que, despechado, comience
a soltar melcocha de confabulaciones ahumadas y
salinas armadas con el mal pagador Fox!
Bajo reserva. (El Universal,
p. web)
Le suenan conocidas
frases como la "sentencia es indebida",
"notoriamente viciada", "ilegal"
o que significaba un "desvío de recursos"
o que se necesita "hacer coincidir la verdad
real con la verdad legal". Pues no, no son
de López Obrador, sino de la mayoría de ministros
de la Suprema Corte que ayer decidieron modificar
la sentencia que condenaba a la Secretaría de la
Reforma Agraria a un pago de mil 214 millones de
pesos a favor de la familia Ramos Millán,
clientes del senador Diego Fernández de Cevallos,
por uno de sólo a 199 millones de pesos, basados
en criterios y tesis, surgidos de esos litigios,
que ahora le permiten a la Corte revisar y modificar
ese tipo de sentencias.
Revés de la SCJN a clientes de Diego. (El Financiero, Fernando Ramírez, p.5)
Con la ausencia de dos ministros,
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) modificó una sentencia de amparo a los herederos
de Gabriel Ramos Millán y Armando Bernal Estrada.
Ellos reclamaban la indemnización de 33 hectáreas
expropiadas en Santa Úrsula Coapa,
y los ministros determinaron que se les pagaran
casi 200 millones de pesos.
Los herederos de Ramos Millán,
cuya defensa está a cargo del despacho de abogados
del que forma parte el senador panista
Diego Fernández de Cevallos, reclamaban mil 214
millones de pesos que la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) les pagaría a plazos durante 40 años.
Sin embargo, la ponencia del ministro
decano Juan Díaz Romero determinó que las partes
no firmaron ningún convenio para la indemnización,
ni tampoco le dieron vista al juez que otorgó el
amparo. Por eso, previo estudio, se determinó que
el pago de los terrenos debía ser a precios de diciembre
de 1984, cuando ocurrió la expropiación, más actualizaciones.
Con esta resolución inatacable,
los ministros le ahorraron a la Federación mil 15
millones de pesos, pues sólo se pagarán 199 millones
760 mil 839 pesos. De esta cifra, ya fueron entregados
60 millones.
El resto se pagará en anualidades
por 30 millones de pesos, que terminarán de liquidarse
en el año 2009.
Con cinco votos a favor y cuatro
en contra, los ministros aprobaron el proyecto de
su homólogo Juan Díaz Romero, con el que se resolvió
el incidente de inejecución de sentencia del amparo
46/87. Uno de sus considerandos
explica que no se debe aplicar al secretario de
la Reforma Agraria la separación de su cargo ni
su consignación penal, porque hasta ahora ha destinado
60 millones de pesos de indemnización.
Los herederos de Ramos Millán sostenían
que habían llegado a un acuerdo verbal con la SRA
y que ésta les pagaría mil 214 millones de pesos,
en partidas de 30 millones de pesos durante 40 años;
sin embargo, ese acuerdo nunca fue avalado por un
juez, ni tampoco se tomó en cuenta el peritaje que
hizo en su momento la Comisión Nacional de Avalúos
de Bienes Nacionales.
Por tanto, quedó a cargo de la
SCJN fijar el monto de la indemnización.
Al inicio de este litigio, el representante
legal de los Ramos Millán era Fernández de Cevallos.
En la discusión del asunto, durante
más de dos horas, el ministro Juan Silva Meza consideró
que uno de los hechos más trascendentes de esta
resolución es que la SCJN, con las reformas constitucionales
de 1994, en materia de amparo puede incursionar
en temas de cosa juzgada, pero sólo en los casos
de los incidentes de inejecución de sentencias.
Cosa juzgada
En ese sentido, el ministro ponente
Juan Díaz Romero expuso que la principal facultad
de la Suprema Corte es verificar si lo realizado
por otras instancias inferiores del Poder Judicial
de la Federación perjudican
o no a la sociedad, y por ello se pueda entrar a
la revisión de cosa juzgada.
Tal criterio prevalecerá cuando
los ministros aborden el caso del Paraje San Juan
de Iztapalapa, por el
cual un particular exige una indemnización de mil
810 millones de pesos y el gobierno capitalino se
niega a pagarla, pues considera que el demandante
incurrió en fraude en el proceso judicial.
Rebaja SCJN indemnización de SRA a familia Ramos
Millán. (El Sol de México, Rafael
Romero, p.web)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer
indemnizar a la familia Ramos Millán con 199 millones
de pesos, y no con mil 214 millones de pesos, por
la expropiación de un predio en Santa Ursula, en
la ciudad de México.
En la sesión pública se consideró el pago de 199 millones de
pesos, porque en el momento de la expropiación -en
1984- de 236 hectáreas ese era su valor monetario,
por lo que la Secretaría de la Reforma Agraria tendrá
que liquidar esa compensación. Y, al mismo tiempo,
la decisión de la SCJN representa un revés para
el senador Diego Fernández de Cevallos, quien es
el abogado, en este caso, de la citada familia.
Cabe recordar que en el periodo presidencial de Miguel de la
Madrid Hurtado fue expropiado el predio de 236 hectáreas,
ubicado en Santa Ursula Coapa,
por lo que los afectados demandaron la indemnización
correspondiente.
Ante esta situación, y a través del Juzgado Décimo de Distrito
en materia administrativa, les dio la razón a los
quejosos y ordenó en el año de 1992 que las autoridades
tendrían que desembolsar la suma de mil 214 millones
de pesos.
Sin embargo, los ministros del máximo tribunal del país decidieron
ayer disminuir la indemnización y sólo se pagará
la cantidad de 199 millones de pesos a la familia
Ramos Millán.
En la sesión de la SCJN, el ministro Juan Díaz Romero, quien
generó el proyecto resolutivo, consideró que era
inadecuado que se le diera a los afectados por la
expropiación la cantidad de mil 214 millones, por
lo que su proposición fue que las autoridades correspondientes
tendrían que sufragar un monto de 199 millones de
pesos, que serán liquidados en anualidades de 30
millones de pesos.
En este contexto, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
en tiempo y forma ya desembolsó la cantidad de 60
millones de pesos, por lo que ya sólo le resta pagar
139 millones de pesos en los próximos años.
Y es que el mandato del Pleno de la SCJN en esta ocasión estuvo
dividido, por lo que el proyecto del ministro Díaz
Romero recibió cinco votos a favor y cuatro en contra,
lo que motivó que se redujera el pago de la citada
compensación a 199 millones 760 mil 839 pesos.
El fallo de los integrantes del Poder Judicial tuvo uno de
sus sustentos en lo que consideraron que hubo irregularidades:
la valuación del terreno, ubicado al sur de la ciudad
de México, que estuvo calculado el monto de la indemnización
cuando ya contaba con todos los servicios urbanos,
en la década de los 90.
A la sesión pública no acudieron los ministros Margarita Luna
ni Sergio Aguirre, por lo que sólo estuvieron presentes
nueve de los 11 integrantes del Pleno de la SCJN.
La polémica que generó este asunto en la opinión pública fue
controvertida, porque la demanda de la citada familia
estaba basada en las argumentaciones de su litigante
Diego Fernández de Cevallos, presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la República, quien a través
de su bufete jurídico se hizo cargo de este caso.
Además, los afectados en un principio estuvieron de acuerdo
con el monto original de la indemnización: mil 214
millones de pesos; sin embargo, su molestia fue
que la SRA les liquidaría esa cantidad con 30 millones
cada año hasta saldar esa compensación, lo cual
no fue satisfactorio para los expropietarios, quienes exigieron que se les pagara todo el
dinero en una sola exhibición, por lo que iniciaron
su queja ante la SCJN.
De esta manera, los ministros decidieron ayer que únicamente
se les pagara a las familias afectadas la cantidad
de 199 millones de pesos, lo que redujo la compensación
en más de mil millones de pesos.
Con el fallo de este cuerpo deliberativo, el Gobierno del Distrito
Federal tendrá que desembolsar recursos monetarios
por 30 millones de pesos anualmente hasta finalizar
con el adeudo contraído como consecuencia de la
expropiación efectuada en 1984, durante la administración
del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988).
Pagarán sólo 199 mdp
de indemnización a la familia Ramos Millán. (Once TV,
p.web)
lunes 21 de
febrero, 11:08 PM
La Suprema Corte de Justicia dio
un revés a la familia Ramos Millán y a su abogado
defensor, Diego Fernández de Cevallos, por concepto
de la indemnización por el predio Santa Úrsula Coapa.
Con cinco votos a favor y cuatro
en contra, el pleno determinó que la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) deberá pagar una indemnización
de 199 millones de pesos, modificando así la sentencia
de un juez y un tribunal federales que determinaba
que el pago debería de ser por más de mil 214 millones
de pesos.
"Es y estamos en presencia
de una sentencia absurda que está suponiendo que
se paguen miles de millones de pesos que no son
de la bolsa del funcionario; sino recursos públicos",
comentó Mariano Azuela, presidente de la SCJN.
El proyecto de resolución presentado
por el ministro Juan Díaz Romero, tomó en cuenta
el valor que el predio tenía en 1984, cuando fue
expropiado. El máximo tribunal del país consideró
además inválido el supuesto convenio entre la familia
Ramos Millán y la Secretaría de la Reforma Agraria,
mediante el cual la dependencia pagaría 30 millones
de pesos anuales por más de 4 décadas, hasta completar
el adeudo original de mil 214 millones.
"En ningún momento se suscribió
el convenio, que es bien importante, por que no
basta simplemente aceptar 30 millones de pesos anuales
durante cuarenta años", concluyó Juan Díaz
Romero, ministro de la SCJN.
El pago de 199 millones no será
en una sola exhibición, sino que también será a
razón de 30 millones anuales que serán actualizados
según la inflación.
Disminuyen indemnización por predio Santa Úrsula. (Hechos Tv (TV Azteca), p.web)
México, DF, 21 de febrero de 2005
(FIA).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) dictaminó que la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) sólo pague 199 millones 760 mil 839
pesos y no mil 214 millones a los herederos de Gabriel
Ramos Millán por las 33 hectáreas expropiadas en
Santa Ursula Coapa, al
sur de la Ciudad de México.
La Corte aceptó que este monto
lo pague la SRA a los clientes del presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República, Diego
Fernández de Cevallos, en pagos de 30 millones de
pesos al año, como lo había propuesto en días pasados
la Secretaría de Hacienda.
Así, la SCJN dio un revés a los
Flores Millán, quienes habían aceptado que los mil
214 millones les fueran abonados anualmente, pero
este día se determinó que sólo se les pagaran los
casi 200 millones, como estimó Díaz Romero desde
enero de este año.
A los Ramos Millán ya les pagaron
las dos primeras anualidades de 30 millones de pesos
cada una, las de 2003 y 2004, pero con esta resolución
deberán aceptar el siguiente pago estipulado para
este año hasta saldar los 199 millones 760 mil 839
pesos.
Determina SCJN que sólo se pague 199 mdp a herederos de Ramos Millán. (Todito. com, p.5)
02/21/05, 15:49 (Hora
de México DF)
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación, determinó que la Secretaría de la Reforma
Agraria, tendrá que pagar a los herederos de la
familia de Gabriel Ramos Millán, los terrenos expropiados
en 1984 en la zona de Santa Ursula Coapa,
pero no mil 214 millones de pesos como lo había
estipulado un juez, sino solamente tendrá que pagar
199 millones de pesos.
SCJN falló en contra de los Ramos Millán. (Imagen Informativa, p.web)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de
los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos
y con ello, impidió que la Secretaría de la Reforma
Agraria pagara más de mil 200 millones de pesos
a los herederos de Gabriel Ramos Millán.
En una votación dividida de seis votos contra tres y donde
convenció el proyecto de sentencia del ministro
Juan Díaz Romero, se estableció que el monto, por
concepto de la indemnización de unos terrenos expropiados
en Santa Ursula Coapa,
no era correcto. Esto, porque se calculó su valor,
no al momento de la expropiación en 1984, sino quince
años más tarde, en 1999 cuando el predio contaba
ya con todos los servicios de agua, luz y drenaje.
Por ello, resultaba injusto que un juez y un tribunal federal
hayan obligado a pagar a la Reforma Agraria mil
214 millones de pesos a los defendidos del senador
panista, cuando en realidad
la suma que debían cubrir era la de 199 millones
de pesos.
Y tomando en consideración que entre ambas partes no existió
nunca como tal un acuerdo, para que se pagara la
suma millonaria y que al día de hoy se ha cubierto
el pago de 60 millones de pesos, los ministros dijeron
que la Secretaría de la Reforma Agraria tiene un
plazo de hasta 5 años para que durante ese periodo,
anualmente deposite la cantidad de 30 millones de
pesos a los beneficiados por Ramos Millán y se considerará
acatada la sentencia.
Evidentemente con la reducción de la indemnización, quienes
salen ganando son los ciudadanos, porque ya no se
pagará la millonaria suma de mil 214 millones de
pesos a clientes del senador Fernández de Cevallos,
quienes pensaban recibir todo el dinero en una sola
exhibición.
Libran a la SRA de millonario pago a clientes de
Jefe Diego. (Reporte 98.5 (Notimex), p.5)
Ciudad de México, 21 de febrero.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
dictaminó que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) sólo pague casi 200 millones de pesos a los
herederos de Gabriel Ramos Millán por las 33 hectáreas
expropiadas en Santa Ursula Coapa.
En sesión nueve ministros votaron,
con cinco votos a favor y ciuatro
en contra, el proyecto de Juan Díaz Romero que estipulaba
que por el terreno expropiado en 1984 debían pagarse
199 millones 760 mil 839 pesos y no mil 214 millones
como exigía la familia Ramos Millán.
La Corte aceptó que este monto
lo pague la SRA a los clientes del presidente de
la Mesa Directiva del Senado de la República, Diego
Fernández de Cevallos, en pagos de 30 millones de
pesos al año, como lo había propuesto en días pasados
la Secretaría de Hacienda.
A la sesión pública de este lunes
no acudieron los ministros Sergio Aguirre Anguiano
y Margarita Luna Ramos, en la que se resolvió el
monto de la indemnización que se pagará por el predio
ubicado en el pueblo de Santa Ursula Coapa,
al sur de la ciudad de México.
Así, la SCJN dio un revés a los
Flores Millán, quienes habían aceptado que los mil
214 millones les fueran abonados anualmente, pero
este día se determinó que sólo se les pagaran los
casi 200 millones, como estimó Díaz Romero desde
enero de este año.
A los Ramos Millán ya les pagaron
las dos primeras anualidades de 30 millones de pesos
cada una, las de 2003 y 2004, pero con esta resolución
deberán aceptar el siguiente pago estipulado para
este año hasta saldar los 199 millones 760 mil 839
pesos.
Revés de la Corte a defendidos de Diego Fernández
en el litigio contra la SRA. (La Jornada,
Jesús Aranda, p.web)
Por un voto de diferencia (cinco sufragios contra cuatro),
el pleno de la Suprema Corte redujo ayer de un mil
214 millones 174 mil pesos a tan sólo 199 millones
760 mil pesos -más de 80 por ciento- el monto que
debe pagar la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
a los deudos de la familia Ramos Millán -representados
legalmente por Diego Fernández de Cevallos-, por
la indemnización del predio de 33 hectáreas ubicado
en Santa Ursula Coapa en el DF.
La decisión representó un "tiro por la culata" para
los defendidos por el senador-litigante en razón
de que la intervención de la Corte fue a solicitud
de ellos, cuando la dependencia se vio impedida
de pagar en una sola exhibición la cantidad requerida.
En el marco de este juicio, el ministro instructor
Juan Díaz Romero consideró que el avalúo estaba
viciado de origen, porque se había establecido con
base en el valor comercial vigente en 2003 y no
cuando los terrenos fueron expropiados, en 1984.
Pero al conocer el fallo, los demandantes entregaron a la Corte
un documento en el que aceptaban el pago propuesto
por la SRA (anualidades de 30 millones de pesos
por 40 años); por su parte, la dependencia alegó
que no estaba conforme con la cantidad establecida
y que su propuesta de dar anualidades fue para no
incurrir en desacato, lo que hubiera significado
la destitución de Florencio Salazar, titular de
la dependencia, y su consignación penal.
De esta manera, el pago acordado pasó -por la intervención
de los ministros- de un mil 214 millones 174 mil
pesos a 199 millones 760 mil pesos, pero como la
SRA ya abonó en 2003 y 2004 dos anualidades de 30
millones de pesos cada una, resulta que el adeudo
pendiente es de 139 millones de pesos, el cual se
cubrirá en anualidades de 30 millones de pesos a
pagarse a más tardar en el ejercicio fiscal 2009.
Hubo tres ministros (Guillermo Ortiz Mayagoitia,
Sergio Valls y José de
Jesús Gudiño Pelayo) que
consideraron que al momento de que los quejosos
aceptaron el pago en anualidades, el incidente quedaba
"sin materia", es decir, que seguía vigente
el pago de un mil 214 millones de pesos.
Sin embargo, al final, el ministro José Ramón Cossío se sumó a la minoría -pese a que había argumentado
durante la sesión en sentido contrario-, cuando
el pleno descartó su propuesta de tomar en cuenta
el índice de precios de inmuebles que elabora el
Banco de México para hacer la evaluación final de
la indemnización, en lugar del índice de precios
al consumidor considerado por el ministro Díaz Romero
al hacer el avalúo.
Esto motivó que votara en contra del proyecto, lo que fue calificado
como "un berrinche indigno del máximo tribunal".
El primer punto a discutir fue el de determinar si el asunto
quedaba "sin materia" o no: la votación
fue de seis votos contra tres (Cossío
en favor) de que debía continuar el trámite del
caso. Esto, bajo el argumento de que en ninguna
parte del expediente constaba la existencia de un
convenio firmado entre la SRA y los deudos de los
Ramos Millán es decir, los ministros consideraron
que si bien hubo la entrega de dos parcialidades
por un total de 60 millones, éstas se hicieron para
cumplir con la sentencia emitida por el juzgado
decimosexto de distrito en materia administrativa.
También subrayaron que los quejosos desde el principio se negaron
a aceptar las anualidades por 40 años y que, precisamente,
su inconformidad había dado lugar al juicio que
revisaban.
Los ministros Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, Juan
N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y el presidente
de la Corte, Mariano Azuela, coincidieron en que
la Suprema Corte tenía que ejercer su facultad de
revisar un procedimiento de avalúo "notoriamente
ilegal", porque además, el máximo tribunal
no podía consentir un pago que afectara "gravemente
a la sociedad" en mayor proporción que los
beneficios económicos que obtendría el quejoso con
el cumplimiento de la sentencia.
Silva Meza convocó a sus compañeros a dejar de lado "la
rigidez en algunos procedimientos en materia de
derecho civil, que nos lleva muchas veces a conclusiones
judiciales injustas", y no permitir una decisión
de ese tipo por un pago a un particular "que
no está ni legal ni correctamente hecha".
Es más, el ministro Azuela dejó entrever que el pago establecido
por el pleno era hasta generoso, pues cuando el
predio fue expropiado en 1984 estaba ocupado por
precaristas, lo que disminuía en mucho el valor
comercial de la propiedad en ese entonces.
Apenas el pasado viernes, el jefe de Gobierno del DF, Andrés
Manuel López Obrador, comentó su beneplácito con
la propuesta del ministro Díaz Romero de reducir
a casi 199 millones el monto de la indemnización
a la familia Ramos Millán.
El mandatario consideró que esa última cifra es coherente con
una opinión de la Corte que establece que cuando
se trata de una indemnización se debe pagar el valor
que tenía el terreno en el momento de la expropiación,
más la actualización por inflación. Y cuestionó
"¿al final quiénes son los que pagan? Quiero
ver cuántas agarraderas tienen los abogados de la
familia Ramos Millán...; quiero ver hasta dónde
llegamos en este asunto".
Confirman revés a Diego. (El Universal, Carlos Avilés, p.web)
El pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) evitó que el gobierno
federal le pagara de manera "ilegal" más
de mil millones de pesos a los clientes del abogado
y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Diego
Fernández de Cevallos, por concepto de la indemnización
de un predio que les expropiaron al sur de la ciudad.
En una votación dividida, la mayoría
de ministros de la Corte modificó la sentencia de
un juez y de un tribunal federal que obligaba a
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagarle
a la familia Ramos Millán mil 214 millones de pesos
por un terreno que les fue expropiado en 1984.
Los ministros redujeron la indemnización
que se les pagará a los Ramos a la cantidad de 199
millones de pesos, por estimar que este es el precio
real y justo del predio.
El golpe para los clientes del
senador panista fue doble
porque la Corte estableció que como la SRA ya les
pagó 60 millones de pesos, los restantes 139 millones
de pesos se deberán cubrir en anualidades de 30
millones de pesos, es decir que no recibirán el
dinero en un solo pago.
El pleno de la Corte revisó de
oficio este caso porque el ministro Juan Díaz Romero
demostró, entre otras cosas, que la sentencia tomó
en cuenta el valor que tenía el predio en 1999,
cuando ya contaba con toda una serie de servicios
como luz, agua, drenaje, y no el valor que tenía
en 1984, cuando carecía de todos los servicios.
Para resolver este juicio, la Corte
sustentó su decisión en diversas tesis que emitió
hace un año al resolver un caso en el que concluyó
que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, actuó de manera correcta al
negarse a cumplir la sentencia de un juez que le
obligaba a pagar una cantidad indebida por concepto
de la indemnización de otro predio.
Los distintos
votos
Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño
Pelayo y Sergio Valls
Hernández se manifestaron en contra del fallo y
propusieron cerrar el juicio, porque, en su opinión,
existía un convenio entre las autoridades federales
y los Ramos Millán para que se les pagaran los mil
214 millones de pesos. Pero su propuesta no tuvo
éxito.
La mayoría de ministros encabezados
por Juan Díaz Romero y apoyada por Genaro Góngora
Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza
y Mariano Azuela Güitrón
se impuso, concluyó que nunca había existido un
convenio entre las partes para concretar el pago
y que, por tanto, la Corte podía revisar de oficio
el monto de la sentencia. El ministro José Ramón
Cossío también apoyó la
decisión de la mayoría, pero por otros motivos.
Según José Ramón Cossío, la Corte tiene las facultades necesarias para revisar
de oficio el cumplimiento sustituto de este tipo
de sentencias, en las que se vislumbran irregularidades,
sin importar si existe o no un convenio entre las
autoridades y los dueños del predio o si los quejosos
se desisten del juicio.
Cossío también
se pronunció a favor de reducir el pago de la indemnización,
pero votó en contra del mecanismo conforme al cual
se actualizó la suma final del pago a los Ramos
Millán.
Ordena la SCJN reducir la indemnización. (Terra (Infosel),
p.web)
Infosel Financiero.-
México.- La ambición les costará más de mil millones de
pesos a los clientes de Diego Fernández de Cevallos,
luego de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) ordenó este lunes reducir a 199 millones
de pesos la indemnización que se les debe pagar
por la expropiación ilegal de un predio en Santa
Úrsula.
Por 5 votos contra 4 el pleno de
la Corte resolvió que el avalúo del terreno de 33
hectáreas estuvo mal hecho, y que al no existir
un convenio entre la Secretaría de la Reforma Agraria
y las dos familias que ganaron el amparo, el monto
de mil 214 millones de pesos se reducirá a la cifra
mencionada.
Durante más de año y medio las
familias Ramos Millán y Bernal rechazaron tajantemente
la propuesta del gobierno de pagarles en 40 anualidades
de 30 millones de pesos y a cambio exigieron en
todo momento que se les pagara en una sola entrega.
Fue hasta el 27 de enero cuando
aceptaron la oferta, pero para entonces la Corte
ya tenía un proyecto de sentencia que reducía el
monto y que hoy fue aprobado luego de una intensa
discusión.
Herederos del predio Santa Úrsula recibirán $200
millones. (La Crónica de Hoy, Francisco
Sandoval, p.web)
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determinaron ayer que los herederos de Gabriel
Ramos Millán, dueño del predio de Santa Ursula Coapa,
recibirán alrededor de 200 millones de pesos por
la expropiación del terreno y no los mil 214 millones
de pesos que pretendían embolsarse por el embargo.
En una sesión dividida, los ministros del Máximo Tribunal del
país acordaron que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) tendrá que pagar al año 30 millones de pesos
a los defendidos del Senador Panista, Diego Fernández de Cevallos, quienes ya recibieron
un pago de 60 millones de pesos como anticipo.
Los ministros de la Corte redujeron en más de mil millones
de pesos el monto de la indemnización que había
fijado un juez, pues consideraron que el evalúo
que realizó el representante del Poder Judicial
de la Federación fue calculado de acuerdo con el
vigente en la época de la expropiación, es decir,
con el valor que tenía el terreno en 1984.
Por lo anterior, quedan por liquidar alrededor de 139 millones
pesos, cantidad que podría ser modificada de acuerdo
al ajuste que se haga año cada año, ya que el predio
será liquidado hasta el 2009, informaron los ministros.
Más tierras, exigencia de lacandones a SRA. (Proceso, p.web)
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Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de febrero
(apro).- Integrantes de
la comunidad lacandona exigieron la semana pasada
a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la restitución
de 112 mil hectáreas de selva en poder de varios
poblados, o bien que el gobierno federal los indemnice
con más de 672 millones de pesos.
En el marco del programa integral de solución al problema de
las invasiones en Montes Azules, los miembros de
esta etnia maya reclamaron a la SRA les entregue
las tierras que originalmente indica la resolución
presidencial que data de 1971, misma que no tomó
en cuenta que dentro de esa porción territorial
ya se habían asentado una docena de comunidades.
Génesis del conflicto
Tras la solicitud de tierras que hicieran tan sólo 66 familias
de indígenas lacandones al gobierno de Luis Echeverría,
éste finalmente les otorgó en noviembre de 1971
al menos 614 mil 321 hectáreas, casi toda la extensión
de la selva Lacandona, incluyendo el área hoy conocida
como reserva de la biosfera Montes Azules.
Según organismos no gubernamentales prozapatistas,
el gobierno le cambia el nombre de caribes por lacandones,
e intenta presentarlos como los descendientes directos
de los lacandones originarios, que en realidad desaparecieron
en 1695 y que defendieron con dignidad su territorio
y cultura.
Es decir, estos lacandones son emigrados de la región maya
yucateca que vinieron a refugiarse a la selva chiapaneca
tras un conflicto en aquella región de la Península
hace unos 200 años.
El trámite de los supuestos lacandones duró tan sólo ocho meses,
mientras que las peticiones de muchos poblados,
que llevaban más de 15 años solicitando tierras,
fueron ignoradas. Los caribes reciben 604 mil hectáreas
más de lo que habían solicitado.
Según un informe del Centro de Análisis Políticos e Investigaciones
Sociales y Económicas (Capise),
aquel decreto no tomó en cuenta que para cuando
se publica el mismo, en 1972, ya existían 17 comunidades
con derechos ejidales, otras 30 habían presentado
solicitudes de dotación y más de 20 reclamaban ampliación
sobre los terrenos de la zona lacandona.
Es decir, no se tomó en cuenta que en esas tierras había más
de 60 comunidades con derechos y con solicitudes
agrarias anteriores al decreto y a la solicitud
de los caribes.
El decreto dota a 66 familias caribes, e ignora la presencia
de más de mil 500 familias tzeltales,
choles, tzotziles y tojolabales. Sin embargo, el decreto respeta a dos latifundios
privados.
Las comunidades afectadas por el decreto empiezan a organizarse
para la defensa de sus territorios. Se forman varias
organizaciones independientes, como la Quiptic
ta Lecubtesel, antecedente directo
de lo que hoy es el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN).
Tras la puesta en marcha del programa de reubicación de poblados
irregulares, los lacandones ahora han empezado a
exigir al gobierno federal les restituya de 112
mil hectáreas que originalmente marcan los planos,
en tanto la SRA sólo les reconoce 501 mil hectáreas.
Esas 112 mil hectáreas que reclaman los indígenas están en
poder de más de una docena de pueblos que llegaron
a posesionarse antes que el gobierno federal dotara
de las 614 mil hectáreas a los lacandones.
De no ser restituidas, los miembros de la comunidad lacandona
exigieron al gobierno federal la entrega de 6 mil
pesos por hectárea, es decir, una suma de poco más
de 672 mil pesos en efectivo.
La entrega de 112 mil 894 hectáreas de tierra significaría,
más allá de la posesión real de la misma por parte
de los lacandones –la etnia se compone de no más
de 11 mil personas--, que a cada una de ellas le
correspondería casi 56 hectáreas de selva, frente
al reconocimiento legal de la posesión de dicho
terreno a favor de más de una docena de núcleos
poblacionales que se ubican ahí incluso desde 30
años atrás, y que de otra manera tendrían que ser
reubicados.
El planteamiento de los lacandones se efectuó cuando se encuentra
en proceso la reubicación o reconocimiento legal
de más de media centena de poblados y pequeñas propiedades
ubicadas en el corazón de la selva Lacandona.
La postura de la SRA ante el planteamiento fue que jurídicamente
dicha dependencia no tiene la obligación de entregarles
dicha superficie, ya que el plano definitivo levantado
en campo les reconoce sólo 501 mil 106 hectáreas
de selva.
Los representantes lacandones acordaron consultar a través
de una asamblea la posibilidad de que especialistas
de la SRA y representantes suyos realicen los trabajos
técnicos para medir de nuevo las tierras, labor
que se llevaría más de dos meses.
Instalan jurado para Premio Nacional de Trabajo
2005. (Notimex, p. web)
sábado 19 de febrero, 01:55 PM
México, 19 Feb (Notimex).- La Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que
ya fue instalado el jurado que elegirá a los galardonados
con el Premio Nacional de Trabajo 2005.
Ese reconocimiento se entrega a nivel nacional a las personas
que a través de su capacidad organizadora o su labor
mejoran la productividad del área en la que están
adscritas.
En un comunicado, la dependencia indicó que el jurado es plural
ya que está integrado por representantes de organismos
empresariales, centrales obreras, académicos e instituciones
gubernamentales.
Entre ellos se encuentran nueve personas de la Confederación
Nacional de Cámaras Industriales (Concamin),
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la
Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).
Por parte del sector laboral hay también nueve representantes
del Congreso del Trabajo (CT), de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) y de la Unión Nacional
de Trabajadores (UNT).
La Confederación Nacional Campesina (CNC) tiene dos integrantes
en el jurado, las organizaciones de académicos tienen
tres, e igual número por cada una de ellas la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Secretaría de
Gobernación (Segob) y
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
La STPS indicó que a la fecha se han recibido 58 trabajos,
de los que 40 corresponden a empresas de 13 entidades,
y superan a los 55 que concursaron en el año 2004.
La fecha de la premiación será el 1 de mayo próximo, cuando
se conmemora el Día Internacional del Trabajo.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Coca –Cola disfraza de altruismo su apropiación
del agua en Chiapas. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web)
Tuxtla Gutierrez, Chis. 21 de febrero. Cuando los recursos del agua escalan
en su cotización planetaria, al grado de que muchos
pronostican que será "el petróleo" del
siglo XXI, los avances de las trasnacionales en
el acaparamiento de los recursos hídricos deben
ser atentidos. No son
triviales. Y qué empresa necesita más agua que Coca-
Cola, esa presencia que abruma publicitariamente
el paisaje rural de Chiapas, la entidad de la República
que posee más y mejor agua.
Un efecto, a la vez central y colateral del expansionismo cocacolero (sin olvidar a su rival gemela, Pepsi-Cola), es que re-presenta la punta de lanza de la cultura
consumista. Se dirá que esto no es nuevo. Sucede
en China, en África, en los sitios más recónditos.
Aun para sus estándares, en el campo chiapaneco la empresa
pisa fuerte. En los medios urbanos, los productos
de la re-fresquera comparten el espacio visual y
mediático con muchos otros productos.
En las comunidades indígenas de los Altos es lo único que se
anuncia (además de los estacionales partidos políticos).
Y lo único que seguramente hay en existencia en
las tiendas y tendajones.
De hecho, la mera distribución de los productos
de la refresquera en Tenejapa,
Oxchuc, Chenalhó o Chamula ha cimentado
cacicazgos y luchas de poder.
En este contexto, la Fundación Coca- Cola Chiapas informa que
en cuatro años ha construido otras tantas escuelas
en los municipios de Pantelhó, Huixtán, Comitán y recientemente
en Pantepec, además de
haber rehabilitado dos albergues escolares indígenas
en los municipos de Tila
y El Porvenir con el apoyo del gubernamental Comité
de Construcción de Escuela del Estado (Cocoes).
Estas obras han beneficiado "a más de 850 niños tzeltales, tzotziles y zoques y
cientos de comunidades (sic por cuatro escuelas)
de donde provienen".
En una inserción pagada, de fondo ro-jo, publicada en los diarios de esta ciudad el 18 de febrero,
Coca-Cola Femsa, franquicia
mexicana de la poderosa empresa hiperglobal
(si alguna) de bebidas embotelladas, se prodigó
alabanzas a sí misma, pues ha logrado construir
29 escuelas y 51 albergues escolares indígenas en
los mismos años que, por cierto, lleva Vicente Fox
(ex gerente de Coca-Cola) a cargo del Ejecutivo
federal.
Eso no es todo. En el mismo lapso la refresquera
ha restaurado y pintado escuelas, bibliotecas y
canchas deportivas en comunidades de Chenalhó,
Chamula y otros municipios
de los Altos, donde hoy es más barato, e infinitamente
más fácil, comprar un litro de Coca-Cola que uno
de leche o de agua purificada.
Directamente proporcional a la expansión altruista ha sido
la invasión publicitaria y la inundación de productos
en los pueblos indígenas del estado. Por ejemplo,
cada vez que un niño tira la pelota para encestar,
su cerebro registra el mensaje "Toma Coca-Coca",
pintado en el tablero de baloncesto, el deporte
más difundido en las montañas de la entidad.
Pero eso no es todo. A partir del concepto "ser un ciudadano
corporativo", que debe poner alerta los huesos
de Max Weber, la refresquera
se esmera en cumplir con su "Responsabilidad
Social".
Prueba de ello es la campaña de limpieza que efectuó en las
contaminadísimas aguas del río Grijalva, en las
proximidades de Tuxtla Gutiérrez, en las que el
principal contaminante es, sí, los envases plásticos
de Coca-Cola.
Dejémoslo en sus propias palabras:
"Ser un ciudadano corporativo responsable implica también
la preservación, enriquecimiento y cuidado del entorno.
Des-de el año pasado, y con el objetivo de restablecer
y proteger la belleza y majestuosidad de uno de
los escenarios naturales de México, Coca-Cola en
conjunto con el gobierno del estado de Chiapas y
organismos como Ecoce
y la Asociación para Promover el Reciclaje de Pet,
puso en marcha el proyecto llamado Alianza para
la Salvación del Cañón del Sumidero (...) que pretendió
no sólo limpiar y recolectar miles de envases de
plástico que ensucian la zona, sino que también
se buscó encontrar y dar solución a las causas que
dieron origen al problema, concientizar
y promover la participación de la comunidad en esto
que nos atañe a todos."
Al inaugurar esta semana la Telesecundaria
764, en Pantepec, San
Isidro de las Banderas, Coca-Cola informa que esta
es-cuela cuenta con equipamiento adecuado "para
la enseñanza moderna" y un salón para cada
grado escolar, y promete que en el futuro también
contará (todavía no) "con un centro de cómputo,
una biblioteca, laboratorios, áreas recreativas,
así como baños dignos", ante lo cual cabe preguntarse
cuál es el "equipamiento adecuado para la enseñanza
moderna" que ya posee la afortunada escuela
para niños zoques.
Tan desinteresada actitud de la empresa no debe sorprender.
De hecho, se queda corta. Estudios formales e informales
en las comunidades indígenas han calculado cuánto
del dinero que reciben las familias por "programas"
del gobierno (típicamente Oportunidades) van a dar
a Coca-Cola, cuyo consumo en estas comunidades pobres
y hambrientas es extraordinario. En muchas ocasiones
el gasto en "represco"
consume más de 50 por ciento de los "dineros"
recibidos.
El acaparamiento progresivo de mantos acuáticos y manantiales
en San Cristóbal de las Casas, Huixtán
y Ocosingo por par-te de la empresa (sin mencionar
sus prebendas en cuanto a permisividad sanitaria),
así como su "éxito de mercado", llevan
a pensar que, en efecto, lo menos que podía hacer
Coca-Cola era limpiar su propia basura del Cañón
del Sumidero, que hoy busca tragar ecoturistas
como se tragó a los indómitos chiapanecos que, según
la leyenda, prefirieron morir a rendirse al invasor
español.
Cartones
Bonito país · Magú
Tras la cabeza de López · El Fisgón
Diferencias · Rocha
Ideas
fijas Naranjo
Tapete Helioflores
De
muy arriba Efrén
