CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
21 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Atropellan ley microbuseros
Violan en una hora hasta
38 veces el reglamento, y ni un policía los infracciona
'Gobiernos anteriores solaparon al narco'
Fox: con ellos creció su poder. Los 'cañonazos'
de dinero, a la orden del día, insiste el Presidente
México, vacunado ante riesgos de volatilidad
Control inflacionario
y disciplina fiscal, el mejor blindaje: Yacamán
Al IMSS, propineros y comisionistas
Preparan esquemas para
aumentar en 20% los derechohabientes, revela el
Instituto
Rivera: legítimas, las movilizaciones contra el desafuero
López Obrador: arriesgaremos
todo por defender la dignidad
Acusa Fox: los gobiernos del PRI solaparon el
narco
El presidente Fox también destacó su confianza en la consolidación de la
tendencia favorable que ha mostrado la economía
nacional
López aplica plan chavista que dividió a Venezuela
Aquí, promotores sociales
contra el desafuero; allá, maisantas
antirreferéndum
Arrasa el priísta Osorio en Hidalgo
Ventaja de 58%; “intervino”
el gobierno: PRD
No alcanzarán los votos para desaforar a AMLO
Le faltan cien sufragios
al PAN en la Cámara de Diputados para lograr su
objetivo
Hidalgo para el PRI
Miguel Osorio Chong obtuvo 52% de los votos y el PRD logró el 28%
Vicente Fox: solaparon a los narcos
Regímenes anteriores menospreciaron
el combate al tráfico de drogas
Sector agrario
Menos del 10% de conflictos agrarios, se han resuelto.
(Mi Morelia. Com, América
Juárez Navarro, p.web).
Morelia, Mich.,
20 de febrero.- El Secretario de gobierno, Enrique
Bautista reconoció que de los 50 problemas agrarios
que persisten en la entidad, sólo se han resuelto
cuatro, sin embargo, señaló que esto obedece a la
falta de voluntad de las partes en conflicto.
Manifestó que el compromiso del gobierno estatal,
es el de resolver la problemática en la Meseta Purépecha
en donde los conflictos son más preocupantes y agudos.
No obstante serán finalmente las propias partes
las que puedan poner fin a las rencillas que persisten,
por lo que el funcionario estatal consideró fundamental
que los involucrados contribuyan de manera más activa
en la resolución de estos conflictos que aún se
viven en el campo michoacano.
Destacó que por el momento el gobierno
del estado trabaja en coordinación con los tres
niveles de gobierno y para ello se creó una comisión
encargada de resolver la problemática que se mantiene
en el agro.
Indicó que esta comisión ya ha
dado sus primeros frutos, ya que actualmente se
han resuelto al menos dos de los conflictos más
fuertes en donde incluso ya se habían dado enfrentamientos
y actos de violencia.
Pese a ello apuntó que aún falta
por hacer, e insistió que el gobierno del estado
hará su parte en la resolución de estos conflictos,
ya las condiciones que actualmente se viven en la
entidad favorece la resolución de estos conflictos.
Asimismo insistió que el campo
de la entidad arrastra estos problemas desde hace
300 años, por lo que el proceso para poder llegar
a un acuerdo suele ser largo, ya que no solo se
habla de peleas por las tierras si no por los propios
conflictos que se viven entre las familias.
Cabe recordar que al cierre del
2004, la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA)
delegación Michoacán a través de su titular Francisco
Javier Cañada Melesio
informó que solo se han resuelto cuatro de los 60
conflictos agrarios que son considerados como de
mayor tensión o “focos rojos”.
Con esto coincidió el Secretario
de gobierno al señalar que no ha sido fácil encontrar
un punto de acuerdo entre los campesinos y autoridades
de ahí que estos conflictos aún persistan.
Asimismo, subrayó que ya han sido
resueltos los conflictos en las localidades de Caracha,
Nuevo San Juan Parangaricutirimicuaro, San Francisco Jicalán
y Santa Ana Sirostos,
que son los que mayor riesgo y tensión representaban.
Por último indicó que las causas
de estos problemas se vienen arrastran de tiempo
atrás, por lo que su solución dependerá en gran
medida de la voluntad de las partes.
Conflicto por lío de tierras. (Por Esto!, Ramón Reyna Fernández, p. web)
HUNUCMA, Yucatán, 20 de
febrero.- Cerca de las 10 horas, ejidatarios de
la comisaría de Texán Palomeque se posesionaron
del casco de la antigua hacienda Chucuachén
y de las tierras, que reclaman como suyas y cuyo
derecho, aseguran, les asiste desde 1920; aunque
la Carpeta Básica del Decreto de 1937, del ex presidente
Gral. Lázaro Cárdenas del Río, las contempla en
propiedad al grupo ejidal No. 3 de la cabecera municipal.
Con coas,
machetes, sogas y otras herramientas, los ejidatarios,
entre ellos numerosos jóvenes, se trasladaron a
Chucuachén, a unos cuatro
kilómetros al norte de Texán
Palomeque y anunciaron
que a partir de ahora se posesionarán de ese antiguo
casco, que, según ellos, fundaron sus antepasados.
Enseguida se dedicaron
a limpiar el área. Retiraron maleza, arbustos y
algunos árboles que mantenían invadidas las arquerías
y el corredor de la vieja y derruida casa principal.
Más tarde limpiaron un
estanque, los accesos, escalinatas y quemaron la
basura; en tanto otros se dedicaron, entre ellos,
a la recolección de firmas para presentar a las
autoridades.
El comisario municipal
de Texán, José Gilberto
Ek Canché, dijo que "este
es un serio problema", en virtud de que los
ejidatarios de la cabecera municipal, específicamente
del Grupo No. 3, reclaman como suyas esas tierras
y que, incluso, la mensura se localiza en la última
calle del poblado.
"Por decenas de años,
los ejidatarios de esta comunidad se han dedicado
a trabajar la tierra; en el área mantienen sus milpas,
apiarios y otras actividades y ahora los ejidatarios
de Hunucmá las reclaman
como suyas para poderlas vender a particulares y
eso no lo van a permitir los lugareños", dijo
Ek Canché.
Mientras tanto, en Hunucmá, un grupo de ejidatarios se reunió en la Casa Ejidal,
donde plantearon enviar su inconformidad a la Secretaría
de la Reforma Agraria y hacer valer la Carpeta
Básica de sus tierras, que incluyen Chucuachén,
que ahora reclaman sus vecinos de Texán.
Al preguntarles sobre la
versión de que no se presentaron a ese antiguo casco
para llegar a un acuerdo como estaba anunciado,
dijeron que fue preferible no asistir, debido a
que se encuentran muy caldeados los ánimos y es
mejor arreglar el caso ante las autoridades para
que no trasciendan a más los hechos.
Avisos de que esas tierras
son propiedad de Texán
y otros, aparecieron pintados en paredes de las
derruidas construcciones en Chucuachén.
Se teme que el asunto se agrave sin continúan las
partes en conflicto por el lío de tierras.
Entrevistado al respecto,
el alcalde hunucmense
Delio Pérez Quintal dijo que para mayor seguridad
de la gente, comunicó el caso al director de la
DPV, Federico Cuesy Adrián,
para que se mantenga al tanto del problema. Consideró
que el caso debe resolverse con apego a la ley para
evitar que alguien pueda salir lastimado.
Sobre los comisarios ejidales
de ambos poblados, el de Hunucmá,
Pedro Puc Canul, no pudo ser localizado
y el de Texán, Santiago
Ek Chuc, se encuentra enfermo.
Más tierras, exigencia de lacandones a SRA. (Proceso, Nota Informativa, p. web)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de febrero (apro).- Integrantes
de la comunidad lacandona exigieron la semana pasada
a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
la restitución de 112 mil hectáreas de selva en
poder de varios poblados, o bien que el gobierno
federal los indemnice con más de 672 millones de
pesos.
En el marco del programa integral
de solución al problema de las invasiones en Montes
Azules, los miembros de esta etnia maya reclamaron
a la SRA les entregue las tierras que originalmente
indica la resolución presidencial que data de 1971,
misma que no tomó en cuenta que dentro de esa porción
territorial ya se habían asentado una docena de
comunidades.
Génesis del conflicto
Tras la solicitud de tierras que
hicieran tan sólo 66 familias de indígenas lacandones
al gobierno de Luis Echeverría, éste finalmente
les otorgó en noviembre de 1971 al menos 614 mil
321 hectáreas, casi toda la extensión de la selva
Lacandona, incluyendo el área hoy conocida como
reserva de la biosfera Montes Azules.
Según organismos no gubernamentales
prozapatistas, el gobierno
le cambia el nombre de caribes por lacandones, e
intenta presentarlos como los descendientes directos
de los lacandones originarios, que en realidad desaparecieron
en 1695 y que defendieron con dignidad su territorio
y cultura.
Es decir, estos lacandones son
emigrados de la región maya yucateca que vinieron
a refugiarse a la selva chiapaneca tras un conflicto
en aquella región de la Península hace unos 200
años.
El trámite de los supuestos lacandones
duró tan sólo ocho meses, mientras que las peticiones
de muchos poblados, que llevaban más de 15 años
solicitando tierras, fueron ignoradas. Los caribes
reciben 604 mil hectáreas más de lo que habían solicitado.
Según un informe del Centro de
Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y
Económicas (Capise), aquel
decreto no tomó en cuenta que para cuando se publica
el mismo, en 1972, ya existían 17 comunidades con
derechos ejidales, otras 30 habían presentado solicitudes
de dotación y más de 20 reclamaban ampliación sobre
los terrenos de la zona lacandona.
Es decir, no se tomó en cuenta
que en esas tierras había más de 60 comunidades
con derechos y con solicitudes agrarias anteriores
al decreto y a la solicitud de los caribes.
El decreto dota a 66 familias caribes,
e ignora la presencia de más de mil 500 familias
tzeltales, choles,
tzotziles y tojolabales. Sin embargo, el decreto respeta a dos latifundios
privados.
Las comunidades afectadas por el
decreto empiezan a organizarse para la defensa de
sus territorios. Se forman varias organizaciones
independientes, como la Quiptic
ta Lecubtesel,
antecedente directo de lo que hoy es el Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
Tras la puesta en marcha del programa
de reubicación de poblados irregulares, los lacandones
ahora han empezado a exigir al gobierno federal
les restituya de 112 mil hectáreas que originalmente
marcan los planos, en tanto la SRA sólo les reconoce
501 mil hectáreas.
Esas 112 mil hectáreas que reclaman
los indígenas están en poder de más de una docena
de pueblos que llegaron a posesionarse antes que
el gobierno federal dotara de las 614 mil hectáreas
a los lacandones.
De no ser restituidas, los miembros
de la comunidad lacandona exigieron al gobierno
federal la entrega de 6 mil pesos por hectárea,
es decir, una suma de poco más de 672 mil pesos
en efectivo.
La entrega de 112 mil 894 hectáreas
de tierra significaría, más allá de la posesión
real de la misma por parte de los lacandones –la
etnia se compone de no más de 11 mil personas--,
que a cada una de ellas le correspondería casi 56
hectáreas de selva, frente al reconocimiento legal
de la posesión de dicho terreno a favor de más de
una docena de núcleos poblacionales que se ubican
ahí incluso desde 30 años atrás, y que de otra manera
tendrían que ser reubicados.
El planteamiento de los lacandones
se efectuó cuando se encuentra en proceso la reubicación
o reconocimiento legal de más de media centena de
poblados y pequeñas propiedades ubicadas en el corazón
de la selva Lacandona.
La postura de la SRA ante el planteamiento
fue que jurídicamente dicha dependencia no tiene
la obligación de entregarles dicha superficie, ya
que el plano definitivo levantado en campo les reconoce
sólo 501 mil 106 hectáreas de selva.
Los representantes lacandones acordaron
consultar a través de una asamblea la posibilidad
de que especialistas de la SRA y representantes
suyos realicen los trabajos técnicos para medir
de nuevo las tierras, labor que se llevaría más
de dos meses.
El marco legal agrario, a debate. (Diariomonitor, Norma Pensamiento,
p. 3)
Este año autoridades federales, legisladores y organizaciones
campesinas impulsarán reformas al marco legal agrario
en el país, pero mientras gobierno federal consensó
que no se tocará el Artículo 27, los diputados federales
sí pretenden reformarlo. Florencio Salazar Adame,
secretario de la Reforma Agraria, adelantó
que en este periodo de sesiones en la Cámara de
Diputados organizaciones campesinas y autoridades
federales presentarán las reformas al marco legal
agrario. Especificó que según el Acuerdo Nacional
para el Campo se convino con las organizaciones
campesinas no tocar el 27 Constitucional, pero sí
se avanzará en la reglamentación agraria secundaría,
que incluye Ley de Códigos de Procedimientos Agrarios
y la conformación del Consejo de la Judicatura del
Tribunal Superior Agrario, así como el fortalecimiento
de la Procuraduría Agraria.
Organizaciones y autoridades trabajaron por más de un año en
la iniciativa de Ley en el Consejo Nacional Consultivo
del Sector Agrario (Conacosa) y se incluyeron las propuestas de diversas organizaciones.
Para el integrante del Consejo Agrario Permanente
José Durán Vera, el país no está listo para que
se reforme el 27 Constitucional, con un gobierno
de derecha no está preparado para una nueva reforma
constitucional en materia agraria.
Se avanzará, dijo, en crear los lineamientos de la Ley de la
Reforma Agraria, que necesita ser modernizada, lo
que se espera se aborde en el próximo periodo legislativo
y el que cabildearan con los grupos parlamentarios
tanto organizaciones como autoridades de la Reforma
Agraria. Pero los legisladores tienen otra intención.
El presidente de la Comisión de la Reforma Agraria,
Manuel García Corpus, aseguró que los disputados
federales han creado una iniciativa pero para modernizar
el 27 Constitucional en lo referente los ejidos
y terrenos comunales.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, se
necesita corregir varios aspectos de los cambios
constitucionales de 1992. Si bien en ese año se
sentaron las bases para limitar la concentración
de la tierra; restituir a los campesinos, a las
comunidades indígenas y a los pueblos las tierras
que les despojaron, y repartir tierras entre la
población rural que carecía de ellas y dar por concluido
el reparto, se han generado problemas.
Y es que no habían pasado más de dos años cuando en el estado
de Chiapas se levantaron miles de indígenas reclamando,
entre otras cosas, el acceso a la tierra. A nivel
local se llevó a cabo, por la vía de los hechos,
un reparto agrario y hasta hoy se mantienen situaciones
de litigio y alta tensión social en ese estado.
Además, en 2003, tras movilizaciones campesinas
que pedían entre otros puntos atención a los diversos
problemas agrarios, se
acordó con autoridades y legisladores lograr
una auténtica justicia agraria para el campesino,
para la solución la viejas demandas de dotación
de tierras, que hasta la fecha no han sido atendidas
a plenitud y la creación de mejores oportunidades
de ingreso a través del trabajo productivo en el
campo.
Artículo 27
Y es que una revisión real no sólo implica el marco secundario
sino que debe modernizarse el artículo que en la
Constitución, tutela los derechos agrarios. “No
tomar en cuenta la revisión del Artículo 27 Constitucional
en este proceso es no atender a cabalidad la exigencia
del movimiento campesino organizado”.
De los puntos que se pretende abordar en las reformas constitucionales
—que se impulsarán en el próximo periodo ordinario
de sesiones— es dar respuesta a lo que ha denominado
como “Focos rojos” y “Focos amarillos”, el minifundismo
y la concentración de tierra — prohibiendo el fraccionamiento
de la tierra— reglamentar a la
sociedades mercantiles. También se impulsar
la relevó generacional entre los ejidatarios y comuneros,
alentar la organización de los campesinos y, sobre
todo, establece que debe existir una dependencia
del Estado tenga la obligación de “conocer, sistematizar
información, llevar a cabo seguimientos y solución
para todo lo relacionado con los asuntos agrarios,
este último punto para frenar la intención del gobierno
actual para desaparecer a la Secretaría de la Reforma
Agraria.
Otro de los considerandos es el de
dar acceso a la tierra a la población rural carente
de ella. Si bien es cierto que hace tiempo que ya
no existe tierra entre 4 y 6 millones de personas
se quedaron sin dotación, por eso se tiene que crear
un fondo de tierras que permita atender estos requerimientos
de tierra, así como para la incorporación de los
jóvenes a las actividades productivas relacionadas
con la misma.
Caótica herencia de CSG. (Diariomonitor, Norma Pensamiento,
p. 3)
Las autoridades de la Reforma Agraria hicieron una auditoria
a la propiedad social del país, a fin de conocer
cuanta tierra ejidal y comunal se ha privatizado
irregularmente desde la reforma del 27 Constitucional
en 1992. Ante las denuncias de organizaciones campesinas
que afirman que se están privatizando los ejidos
en el país, el titular de la SRA, Florencio Salazar
Adame aseguró que se haría
un análisis exhaustivo de ese tema. Organizaciones
como la Unión Campesina Democrática, en voz de José
Durán Vera, han denunciado que ejidos y tierra comunal
sufre un nuevo proceso de reconcentración en manos
de grandes empresarios. Detalló que luego de que
el ex presidente Carlos Salinas de Gortari impuso
la reforma al 27 Constitucional, los grandes empresarios
engañan a los ejidatarios y comuneros para que cedan
sus derechos parcelarios para quedarse con la propiedad.
“Aunque las autoridades aseguran que sólo 3 por
ciento de los terrenos certificados en el Programa
de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos (Procede)
se han privatizado, se ha manipulado la sucesión
de derechos y se está reconcentrado la tierra entre
los más poderosos”, dijo Durán Vera.
Tal es el caso de ejidatarios en la Comarca Lagunera, donde
empresas lecheras están engañando a los comuneros
para que los incluyan como ejidatarios en la asamblea
ejidales y puedan quedarse con las mejores tierras.
Además, se está manipulado a los propietarios de
terrenos sociales para que vendan las mejores tierras
que pertenecen a un ejido. La organización campesina
ha pedido a las autoridades de la SRA que haga una
revisión a fondo de las consecuencias que ha acarreado
la reforma salinista en
materia agraria, porque la estructura se está trastocando,
así como los derechos parcelarios. En su oportunidad,
el titular de la SRA aseveró que la dependencia
está en toda la disposición de hacer una “auditoria”
a la propiedad social, a fin de verificar el proceso
de venta de terrenos.
Durante una larga presentación y después de que al arribar
felicitara a los campesinos por reunirse en lugares
tan lujosos como el Camino Real Zumilla,
el funcionario expuso que las organizaciones cambien
su concepto de lucha agraria. En este momento, cuando
el reparto agrario culminó, se debe impulsar la
capacitación del sector, para que logren una mejor
calidad de vida. Sugirió abocarse a ver qué conviene
más a los ejidatarios, y si eso es vender los terrenos
o participar como socios con grandes corporaciones,
eso es lo que se debe hacer. No se quiere que la
tierra entre al mercado, pero cuando se vive en
zonas cercanas a ciudades, ¿qué es mejor?, que el
ejidatario piense en vender a un precio óptimo esa
extensión o perderla por invasiones, en donde únicamente
se benefician líderes corruptos, planteó.
Crean latifundios y acaparan subsidios. (Diariomonitor, Norma Pensamiento,
p. 3)
Las autoridades federales están creando nuevos latifundios
y destinando recursos a los agentes financieros,
manejados por los empresarios agrícolas, pero no
para que se beneficie a pequeños productores, sino
para acaparar los recursos federales destinados
al campo, denunció Margarito Montes Parra, coordinador del Congreso Agrario Permanente.
En entrevista, el dirigente campesino mostró, con
documentos de una financiera rural, que sociedades
mercantiles han creado figuras financieras que usufructúan
los subsidios a los productores, tal es el caso
de Munsa Molinos, en Sonora, donde se entregan más de 120 millones
de pesos en créditos, que la empresa les cobra a
los ejidatarios a través del subsidio de Procampo
o Alianza para el Campo.
La forma de operar, detalló, es que esas sociedades mercantiles
rentan los terrenos a los ejidatarios pero incluyendo
su Procampo, con la finalidad
de presentar un proyecto ante FIRA (Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura), a fin
de que les otorgue recursos federales para llevarlo
a cabo. Lo raro del asunto, explicó el también dirigente
de la Unión General Obrero Campesina y Popular,
es que mientras los ejidatarios arriendan sus terrenos
a esas sociedades mercantiles adquieren recursos
federales millonarios y no reciben beneficio de
ellos.Un ejemplo es Munsa
Molinos, empresa que rentó un total de 10 mil hectáreas
y sólo del Procampo recibiría
un millón de pesos, pero como además FIRA le otorgó
16 millones de pesos para fondos de garantía y como
es una empresa que se acreditó para servir también
como intermediaria de la Financiera Rural recibirá
10 millones de pesos para crédito.
En total, incluyendo otros subsidios, la empresa recibe 120
millones de pesos de los programas que otorgan las
autoridades y de ese recurso los productores no
tienen nada, además que se les pide que no acudan
a su plantación porque la propiedad está arrendada.
Pero esa situación no sólo se da en Sonora, casos
similares se perciben en Veracruz, Guanajuato e
Hidalgo, denunció Montes Parra. A decir del presidente
de la comisión de Reforma Agraria en la Cámara
de Diputados, Manuel García Corpus, se han recibido
denuncias de las organizaciones campesinas respecto
a que ese modo de acaparar la tierra se repite en
diversos estados del país. Uno de los casos más
reportados es el de Perote,
Veracruz, dijo el legislador, donde se menciona
que prestanombres del secretario Javier Usabiaga crearon una sociedad mercantil que renta los terrenos
a familiares del funcionario. En la exposición de
motivos de la iniciativa se especifica que “se detectan
procesos de concentración de tierra dentro de los
mismos núcleos ejidales sin que se les dé un seguimiento
en términos de la ley. Además, existe
indicios de concentración de tierras en manos de
particulares, por las vías que establece la propia
Constitución y la Ley Agraria o de forma fraudulenta,
que dan lugar a la formación de nuevos latifundios.
Ley laxa
Esto es posibilitado por las contradicciones y la permisibilidad en los términos de la propia ley, así como
por la falta de disposición de las autoridades para
evitarlo”. Y es que las reformas al 27 Constitucional
de 1992 introdujo cambios
para permitir la asociación de los pequeños propietarios,
con la intención de que obtuvieran mejor escala
de producción y propiciaran la inversión en el campo,
para lograr su capitalización. Para ello, establece que las sociedades mercantiles
por acciones podrán tener en propiedad tierras dedicadas
a actividades agrícolas, ganaderas
o forestal, en extensiones máximas equivalentes
a 25 veces los límites señalados en la fracción
XV. Con esto se abre la posibilidad de conformar
nuevos latifundios que, por otra parte, la Constitución
del país prohíbe, pues una sociedad
puede ser propietaria sin ningún problema
de 20 mil hectáreas de bosque y en una entidad con
índices de agostadero de diez hectáreas por cabeza
de ganado, podría ser propietaria de 125 mil hectáreas.
Estas consideraciones han llevado a algunas organizaciones
campesinas a proponer que se vuelva a prohibir que
estas sociedades sean dueñas de tierras dedicadas
a actividades agropecuarias.
No obstante, dicha propuesta se considera innecesaria, si se
limita la superficie de tierra de la que pueden
ser propietaria esas sociedades; en tal sentido,
se pide que se establezca como limite máximo el
del cultivo de especies perennes, las que precisamente
ésta disposición tiene como propósito incentivar.
También se analizarán las denuncias sobre el caso en Michoacán,
donde se ha denunciado que prestanombres del presidente
Vicente Fox Quesada han adquirido una playa que es terreno del ejido
Tamarindillo.
“Se tiene que reglamentar la creación de sociedades mercantiles
para que se determine los alcances de éstas y se
proteja a los productores de los abusos que pueden
generarse en su contra”.El legislador especificó
que será en el próximo periodo ordinario cuando
se impulsen la propuesta de reglamentar las leyes
y citar al titular de la reforma agraria para que
informe sobre la renta irregular de ejidos a empresas
mercantiles.
Fox posterga la defunción
de SRA. (Diariomonitor,
Norma Pensamiento, p. 1-4)
Las autoridades federales se arrepintieron de promover la desaparición
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
para este sexenio, ahora pretenden heredar esa responsabilidad
a las autoridades que lleguen en 2006.En entrevista
con DIARIO MONITOR, Florencio Salazar Adame, titular de la Reforma Agraria, especificó que conservar
a la dependencia (que en 2005 le fue asignado un
presupuesto de 4 mil 907 millones de pesos) “es
lo que nos aconsejan los tiempos que estamos viviendo,
no le encuentro mucho sentido que hacia el final
del gobierno cambie la estructura y los mandamientos
de una secretaría que tiene el papel de atender
los asuntos del Presidente de la República”.Fue
en entrevista con este medio, en mayo de 2004, cuando
el funcionario declaró que una vez concluido el
Programa de Certificación de Ejidos y solares Urbanos,
así como los conflictos agrarios “debe cerrarse
la secretaría” para ser sustituida por una agencia
o una institución.
Pero un año después, el concepto es diferente. “Nosotros en
estos momentos no estamos planteando una nueva Secretaría
de la Reforma Agraria. En todo caso, sí existe una
visión de que esta institución debiera tener mayor
fortalecimiento y atribuciones. Creó que la prudencia
y la mesura política no son indicativas (para desaparecerla)
que se hagan las propuestas y que el nuevo gobierno
pueda tomar la decisión que corresponda”.En sus
oficinas de la SRA, dijo: “Nosotros señalamos que
si la secretaría tuviera que desaparecer, como se
hicieron algunos planteamientos hace un año, tendría
que pensarse entonces en una institución que se
hiciera cargo del desarrollo rural, es decir lo
que no pudiera ocurrir es que quedara la atención
a los campesinos en nuestro país en el vacío”.
Recta final
Incluso, aseguró, en el año y diez meses que le quedan de este
sexenio, se integrarán dos nuevas estrategias, a
primera es Fondo de Tierra, concepto que se echó
a andar en 2004. Tiene el objetivo de financiar
con gobierno federal créditos para los campesinos
jóvenes, para que compren tierras a aquellos ejidatarios
con edad avanzada. La segunda estrategia es impulsar
el programa “Forma”, que se creó en agosto del año
pasado, el cual consiste en capacitar a la población
rural en los esquemas de producción y comercialización
de sus cosechas.Explicó
que una vez que haya concluido el reparto de tierra,
lo que importa es la organización de los sujetos
agrarios para la producción y la comercialización,
para lo que se necesita introducir —en los diferentes
núcleos agrarios— la capacidad para que su producto
pueda tener el mejor precio en el mercado.
A ese programa, agregó, también se retomará un concepto que
ha planteado la Confederación Nacional Campesina,
el de otorgar una capacitación empresarial a los
ejidatarios, a fin de que siembren aquello que tenga
realmente demanda en el mercado, para que con su
trabajo obtengan los beneficios que reclaman sus
familias y eleven sus condiciones de vida.
Salazar Adame explicó que este tipo
de estrategia pretende coordinar acciones del gobierno
federal, donde la Secretaría de Agricultura, Economía,
Desarrollo Social, Reforma Agraria, brinden herramientas
para capacitación productiva.En
2005, detalló el funcionario, la dependencia que
coordina resolverá en su totalidad los “focos rojos”
y “amarillos” por conflicto de tierras y se impulsará
la renovación de la legislación secundaria de la
Reforma Agraria.Florencio Salazar Adame
manifiesta que en su papel como titular de la SRA
es “razonablemente satisfactorio”, ya que se han
logrado atender problemas agrarios que tenían más
de 100 años. “Pero un político nunca debe sentirse
satisfecho, porque en el momento que lo haga se
le cae el ánimo y en la política es un dinamo que
no permite pérdida de energía”.
La SRA convoca al certamen de ensayo agrario. (DiarioDF, p. 6B. /Inserción también
publicada en La Jornada, p.15)
La Secretaría de la Reforma Agraria y la Universidad
Autónoma de Chapingo,
convocan al Concurso Internacional de Ensayo “El
Hombre y la Tierra”, con el propósito de incentivar
la investigación, el análisis y la reflexión sobre
la problemática que enfrenta el campo y la sociedad
rural mexicana, así como la búsqueda de soluciones
que revaloricen al sector y den cauce a sus potencialidades.
Pulso Político. (El Universal,
Francisco Cárdenas Cruz, p. 12)
Acusación del diputado perredista
Víctor Suárez Carrera a los secretarios de Desarrollo
Social, Josefina Vázquez Mota, y de Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame,
de asignar recursos en forma de cuotas a ciertas
organizaciones campesinas... Ante eso, el legislador,
quien ha sido blanco de críticas y acusaciones de
los diputados del PAN, solicitó que la Auditoria
Superior de la Federación revise los presuntos desvíos
de recursos públicos al campo que se hacen aquellas
dependencias para que haya transparencia y cesen
los favoritismos.
Diario Oficial. (El Financiero,
p. 10A)
SRA.- La Secretaría de la Reforma Agraria, informa por
el que se modifican las Reglas de Operación del
Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven
Emprendedor Rural, publicadas el 30 de septiembre
de 2004 y su modificación del 30 de noviembre de
2004.
Sector agropecuario
Minimizan PMA y EU riesgos potenciales de los trangénicos. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.43).
La alianza formada por organizaciones ambientalistas, de agricultores,
de consumidores, de derechos humanos y sindicatos
de Centroamérica señalaron que el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)
menosprecian las preocupaciones sobre los riesgos
potenciales de los transgénicos, luego de que dieron a conocer resultados de
laboratorio que demuestran la presencia del maíz
StarLink en ayuda alimentaria
a la región.
Esa variedad de maíz modificado genéticamente está prohibida
para consumo humano en Estados Unidos, por lo que
las organizaciones expresaron su indignación por
la falta de seriedad del PMA y USDA en su actitud
frente a los preocupantes hechos presentados el
16 de febrero por la alianza de la sociedad civil
centroamericana, informaron en un comunicado.
Frente a la denuncia que presentaron las agrupaciones, la respuesta
de los representantes del PMA ha sido que la introducción
de transgénicos es un problema viejo que no merece ser discutido,
señalaron.
"El PMA debe tomarse seriamente nuestras preocupaciones
y asumir sus responsabilidades. Asimismo debe comprar
localmente nuestros alimentos y no usar la ayuda
alimentaria para la introducción
de transgénicos",
sostuvo Julio Sánchez, de Centro Humboldt/Amigos
de la Tierra en Nicaragua.
Las agrupaciones presentaron y divulgaron por Internet las
pruebas del laboratorio independiente Genetic
Id, las cuales certifican la presencia de StarLink en ayuda alimentaria. Representantes
de USDA y del PMA habían declarado previamente que
en Estados Unidos se verificaba toda la ayuda alimentaria
con el fin de garantizar que no hay StarLink,
y negaron la distribución de este maíz transgénico
en la región, según informaron las mismas organizaciones.
"La presencia de StarLink ya
fue verificada en ayuda alimentaria
en el año 2002 en Bolivia y ahora nuevamente en
Guatemala dos años después. El USDA y el PMA no
tienen ninguna excusa para ignorar nuestras demandas
o bien nos están engañando deliberadamente, o sus
mecanismos para evitar que el StarLink
entre en ayuda alimentaria
no están funcionando en absoluto", dijo a su
vez Mariano Godínez, de
Ceiba/Amigos de la Tierra Guatemala.
Organizaciones campesinas
Pondrán en marcha plan de emergencia para el campo. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p.10)
El gobierno federal se comprometió con los dirigentes de las
siete organizaciones que participaron en la jornada
nacional por el rescate del campo a elaborar conjuntamente
un programa de emergencia para responder a las demandas
y propuestas campesinas.
Mañana, los dirigentes de la Central Campesina Independiente
(CCI), Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC), Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas (Coduc),
Central Campesina Cardenista (CCC), Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA) y El Barzón se reunirán
con los secretarios del gabinete agropecuario. La
mesa estará presidida por el secretario de Gobernación,
Santiago Creel.
"Es un principio de acuerdo; se trata de avanzar en el
flujo de los recursos federales hacia el campo y
también de comprometer a los gobernadores en la
aplicación de los mismos para que los campesinos
sigan sembrando y comercializando sus productos",
dijo Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón.
Agregó que la pretensión de los dirigentes campesinos es evitar
que la crisis social se profundice y se desborden
las protestas; pero, advirtió, si los campesinos
no ven voluntad política y siguen perdiendo la esperanza
de avanzar en su economía, las expresiones espontáneas
de rechazo a la política agropecuaria, como las
que ha encontrado en sus giras el presidente Vicente
Fox en los últimos días,
se multiplicarán.
Urge que el gobierno federal cumpla con los puntos más sensibles
del Acuerdo Nacional para el Campo y atienda las
propuestas campesinas en torno a los cambios en
las leyes y ajustes en las diferentes instancias
de gobierno, subrayó el dirigente agrario.
"No estamos confiados, pero el diálogo con el gobierno
federal debe continuar hasta lograr que las decisiones
presidenciales favorezcan a la mayoría de los campesinos
y no sólo a un pequeño grupo", abundó.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Exigen partida para desplazados. (El Universal, Jorge Teherán, p.13)
El diputado Bernardino Ramos Iturbide (PRD), integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación
del Congreso, denunció que a casi dos meses de aprobado
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005
aún no se ha destinado nada de los 159 millones
de pesos que fueron asignados para apoyar a los
13 mil desplazados indígenas en Chiapas.
Estos recursos, explicó, fueron
aprobados para programas de compra de tierra, salud,
educación y proyectos productivos, pero hasta la
fecha se desconoce cómo se aplicarán, ello a pesar
de las urgentes necesidades de esta población.
Ramos destacó la importancia de
estos recursos a favor de los desplazados en Chiapas
a raíz del conflicto armado de 1994, pero también
por causas religiosas, por disputas por la tierra
y agua, así como por la presencia de guardias
blancas al servicio de caciques; comentó que
se espera que los programas permitan mitigar en
parte el rezago y la pobreza de esta población que
es la desprotegida del país.
Expuso que el pleno de la Cámara
de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2005 una partida de 128.7 millones
de pesos para los migrantes
y desplazados que se destinará principalmente a
Chiapas y en menor medida al estado de Guerrero.
El también integrante de la Comisión
de Asuntos Indígenas dijo que se aprobaron 30.4
millones de pesos adicionales para el Fondo de Tierras
para Desplazados Internos en Chiapas, el cual permitirá
el retorno de un número importante de población
que ha tenido que salir de sus comunidades por diversas
causas.
"Sabemos que los recursos
aún serán insuficientes para resolver este fenómeno
originado por los cacicazgos y la intolerancia religiosa,
así como por la presencia de guardias blancas
, pero es el primer presupuesto
federal que incluye una partida para esta población,
por lo cual sería muy grave impugnarlo o tratar
de eliminarlo", expuso Ramos Iturbide.
Refirió que para la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi)
se aprobaron recursos del orden de 4 mil 212.9 millones
de pesos, los cuales se espera que se ejerzan cabalmente
en apoyo de los más de 12 millones de indígenas
que hay en el país, incluida la población de desplazados.
"Sin embargo, desconocemos
la forma en que la titular de la Conadepi
está operando estos recursos", por lo que Bernardino
Ramos Iturbide adelantó
que se presentará un punto de acuerdo para citar
a la titular de la Conadepi ante comisiones para conocer los avances de su trabajo,
el ejercicio del presupuesto y la forma en que se
está apoyando a los desplazados en Chiapas, sobre
todo ante las recientes denuncias de la operación
de grupos paramilitares y guardias blancas.
ESTADO DE MÉXICO
Ejidatarios mexiquenses han esperado más de 60
años indemnización de CFE. (La Jornada, Víctor Ballinas, p. 11).
Campesinos y ejidatarios de más de 30 pueblos de diversos municipios
del estado de México, entre ellos de San Mateo Oxtotitlán,
Zinacantepec, Santa María
del Monte, San Nicolás Amealco y San Bartolo Amealco, que no han sido indemnizados por el decreto presidencial
del 5 de noviembre de 1943, mediante el cual se
les expropió una longitud de 117 kilómetros de largo
por 140 metros de ancho, exigen que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) les pague la indemnización
correspondiente o, de lo contrario, advirtieron
se movilizarán hacia la ciudad de México.
Esa superficie de tierra ejidal que les fue expropiada se utilizó
para erigir las torres de transmisión de energía
eléctrica producida por el proyecto hidroeléctrico
Ixtapantongo, mismas que
se ubican desde el poblado de ese nombre, en el
estado de México y llegan hasta la zona de El Olivar,
en el Distrito Federal.
Dicho decreto expropiatorio "por
causas de utilidad pública" fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 7 de
diciembre de 1943 y a partir de ese momento tiene
vigencia. Lo firmaron el entonces presidente de
la República, Manuel Avila
Camacho; el secretario de Economía Nacional, Javier
Gaxiola, y el secretario
de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien más
tarde llegaría a Los Pinos.
Diez años que se multiplicaron
Aunque en el decreto se estableció que a los campesinos y ejidatarios
a quienes por "causas de utilidad pública se
les expropiaron 117 kilómetros lineales por 140
metros de ancho, la CFE sería la encargada de indemnizarlos
en un plazo que no excedería diez años".
En el mismo decreto presidencial -publicado el 7 de diciembre
de 1943- se establece que "los recursos para
pagar la indemnización los tomará la CFE de las
cantidades que al efecto se destinarán en sus presupuestos
correspondientes a los años de 1944 y siguientes".
Han transcurrido casi 62 años desde que la CFE ocupó dichos
predios, sin que a la fecha haya cumplido con la
indemnización a los ejidatarios afectados, pese
a que hace seis años se establecieron mesas de trabajo
con funcionarios de esa paraestatal, con el objeto
de cubrir los adeudos.
"Hoy la CFE trata de desconocer dichos acuerdos",
manifestaron a este diario los ejidatarios Martín
Carvajal, Antelmo Jiménez,
Alfredo Gómez, Alberto Esquivel,
Juan de la Cruz y Ernesto Palma, entre otros.
Ellos, abundaron, son parte de una comisión que se ha puesto
en contacto con varios poblados afectados por la
expropiación, a los cuales pese a la que la CFE
les reconoce dicho adeudo, ahora trata "no
sólo de desconocerlos, sino de darnos largas.
"Incluso ya no nos quieren dejar pasar a revisar los casos
en las mesas que constituyeron para ello."
Los ejidatarios señalan que los funcionarios con los que han
estado revisando los casos de incumplimiento por
el Estado para liquidarles la expropiación son Enrique
Rosas, de la Coordinación de Transmisión y Transformación
de la CFE; Noé Peña, gerente de Transmisión y Trasferencia, y Ezequiel Huerta del área de Transmisión y
Transformación central".
Este martes se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal
Unitario Agrario, con sede en Toluca, respecto a
los ejidatarios del ejido Agua Bendita, del municipio
de Becerra, cuya afectación fue de 76 hectáreas
entre tierras de riego y agostadero.
Los ejidatarios recordaron que desde hace seis años iniciaron
con los funcionarios Rosas, Peña y Huerta, de la
CFE, una negociación para que se les liquidara el
adeudo que esa paraestatal tiene con ellos. "Se
acordó que primero presentáramos nuestros juicios,
es decir, que para que nos pudieran cubrir lo que
nos deben entabláramos juicios para que la CFE pagara
en el Tribunal Agrario".
Sin embargo, subrayaron los ejidatarios, "ahora la CFE
pretende desconocer los acuerdos que ya teníamos,
y pese a que se comprometió a empezar a pagarnos
el año pasado, no lo ha hecho y quieren que esto
se siga retrasando, sin importarles que ya hace
más de 60 años que nos deben la indemnización correspondiente".
Ante ello, los ejidatarios manifestaron que "se evalúa
impedir el paso a los trabajadores de la comisión"
que dan mantenimiento a las torres de alta tensión;
hacer un llamado a los campesinos para que no paguen
sus recibos de luz, "igual que la CFE no quiere
cubrirnos lo que nos debe", y convocar a una
marcha hacia la oficinas de la empresa en la ciudad
de México "para que de una vez por todas nos
paguen el dinero que nos adeudan".
GUERRERO
No responderán a las provocaciones de comuneros,
dicen opositores a La Parota. (El Sur, Daniel Velázquez, p. web).
Los comuneros que se oponen a la construcción de la presa La
Parota acordaron que no responderán a los actos
de violencia que provoquen los comuneros que la
apoyan, pues temen que estos actos sean utilizados
como un instrumento para comenzar procesos judiciales
en su contra.
En la reunión de este domingo en la comunidad de Parotillas, los inconformes con el proyecto de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) informaron que efectuarán
dos plantones esta semana: uno en el reclusorio
de Las Cruces y otro frente al Tribunal Unitario
Agrario.
También decidieron que no retirarán el campamento que instalaron
en Parotillas y que comenzarán
recorridos en los seis campamentos instalados en
varias comunidades para motivar a los campesinos
a que continúen con la defensa de sus tierras.
En la misma reunión se les informó a los comuneros que aún
no hay fecha para entrevistarse con el gobernador
electo Zeferino Torreblanca
Galindo, y que Félix Salgado Macedonio acordó que
los llamaría cuando se concretara la cita.
A la reunión asistieron habitantes de Dos Arroyos, El Carrizo,
Agua Caliente, Cruces de Cacahuatepec,
La Concepción, Parotillas,
Los Guajes, Garrapatas, Arroyo Verde y Oaxaquillas.
Allí, donde hace ocho días se enfrentaron a pedradas los comuneros
inconformes con los que están a favor del proyecto,
Marco Antonio Suástegui Muñoz llamó a los campesinos a no responder a las
provocaciones “porque somos los mismos”.
Llama el alcalde de San Marcos a opositores a La
Parota a permitir los estudios de la CFE. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
El alcalde de San Marcos, Fernando Sotelo
del Carmen, llamó a los opositores al proyecto La
Parota a dar la oportunidad que la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) haga los estudios preliminares,
pues “eso no significa que la presa se vaya a construir”.
Informó que la paraestatal elabora estudios preliminares en
San Marcos –el más afectado con la presa después
de Acapulco–, donde no hay ningún problema con los
habitantes porque sólo se analiza qué tanta tierra
afectará y la viabilidad de la obra.
El alcalde fue entrevistado el sábado durante el recorrido
por las obras del puente de Lomas de Chapultepec,
y allí comentó que al menos en su municipio la CFE
ha hecho sus estudios sin tener ninguna inconformidad
de los sanmarqueños.
Opinó que el proyecto es aceptable y que por “información distinta
a la real” sobre los daños están los problemas,
por ello –dijo– pidió a la gente que permita hacer
los estudios preliminares y ver qué pasa.
Al preguntarle qué hizo para que este problema no se desbordara
como en Acapulco, donde incluso hubo enfrentamientos
violentos, explicó que como alcalde acude a las
comunidades que podrían ser afectadas y allí informa
a los vecinos y les pide permiso para los trabajos.
MICHOACÁN
Termina conflicto entre minera y habitantes del
municipio de Aquila. (Cambio de
Michoacán, Redacción, p. web).
Autoridades estatales, habitantes de la comunidad de San Miguel,
del municipio de Aquila,
así como de la empresa Hylsa,
operadora de la mina de hierro Las Encinas, suscribieron
un acuerdo para poner fin al conflicto suscitado
entre empresarios y comuneros desde enero, que provocó
la toma de la mina.
En la reunión estuvieron presentes autoridades estatales, así
como el presidente municipal de Aquila,
Mario Álvarez López, mientras que por parte de Hylsa
participaron Antonio Ramírez y Jorge Maciel,
al igual que el nuevo administrador de la mina,
Fernando Flores. Por parte de la mesa directiva
de la comunidad, José Sánchez, presidente; Salvador
Alcalá Montejano, secretario, y Guadalupe Macías Analco, tesorero.
Ante el conflicto generado en esta población de vocación minera,
se realizaron dos reuniones de trabajo previas a
la firma del acuerdo, donde en esta última se acordó
la constitución de un fideicomiso cuyos fondos se
destinarán a las obras sociales y proyectos productivos
de la comunidad, de acuerdo con sus necesidades.
Durante la reunión, Jesús Ramírez Verduzco, comunero de San
Miguel, reconoció que existía escepticismo respecto
a una real solución del problema, al mismo tiempo
que destacó la seriedad con la que actuó la autoridad
para formalizar un acuerdo con la empresa minera.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía (Sedeco), Eloy Vargas Arreola, exhortó
a los comuneros a utilizar a la comunidad.
Cabe señalar que con el acuerdo suscrito se contribuirá a reanudar
la operación normal de la mina de hierro y una adecuada
relación laboral, lo que redundará en beneficio
de los 476 comuneros de San Miguel de Aquila
YUCATÁN
Tensa y cerrada contienda electoral. (Por Esto!, Joaquín Zarza, p. web).
TEKIT, Yucatán, 20 de febrero.-
Después de una larga jornada dominical, en las elecciones
para comisariado ejidal, favoreció el triunfo a la planilla roja,
encabezada por Lorenzo Martínez Canul,
con 524 votos. Fueron dos las planilas
que compitieron en el apretado proceso.
Por parte del perdedor
de la planilla azul, Gerónimo
Cetina Novelo, obtuvo 519 sufragios; el resultado
se dio a las 9:30 de la noche.
Las elecciones del comisariado ejidal se realizaron ayer en un ambiente de tensión;
inició el proceso poco después de las 8 de la mañana
y terminó a las seis de la tarde, para luego llevar
a cabo el conteo de las boletas.
Cabe mencionar que bajo
una "estrecha" vigilancia por parte de
dos camionetas de antimotines de la SPV a la zona
cercana en donde se celebraron las votaciones ejidales,
los elementos policiacos
de la corporación resguardaron el lugar.
En cuanto a los resultados
obtenidos, a pesar de la intromisión de las autoridades
municipales, que al final de cuentas la planilla
roja fue la ganadora y la que obtuvo la mayoría
de los votos en comicios que se realizaron en el
edificio del Comisariado Ejidal.
Fueron dos planillas, roja
y azul
La planilla "azul",
identificada con el PAN, el candidato perdedor del
proceso fue Gerónimo Cetina
Novelo, la cual estuvieron propuestos como parte
de dicho grupo para secretario, Máximo González
Pinzón, como tesorero, Rodrigo Chan
Cobá y para presidente
del Consejo de Vigilancia, Cornelio Pacheco Poot.
Por parte de la planilla
triunfadora la "roja", el otro aspirante
ganador fue Lorenzo Martínez Canul,
para secretario, Pedro T. Domínguez Urtecho, tesorero, Antonio Dzib
Chan, Consejo de Vigilancia, Bernardino Gómez Carballo, quienes
a través de vítores y porras, festejaron en un ambiente
de fiesta el triunfo de la planilla ganadora.
Durante la jornada dominical
todo fue sumamente tranquilo a pesar del fuerte
calor que prevaleció en el día; los funcionarios
de la Procuraduría Agraria que precidieron
dicho proceso de elección ejidal, Ing. Jesús Can
Can y el visitador agrario,
Juan Castillo Blanco, en la que desde el inicio
instalaron la mesa para entegar
las boletas a los socios ejidatarios, una urna y
mampara para que cada persona emitiera su sufragio.
Así como también, estuvieron
como escrutadores cuatro personas por cada planilla
y también representantes de ambos grupos.
Después de 19 meses de
haberse anulado el proceso
Según el número que conforma
el Padrón Ejidal, es de 1,845 socios, pues datos
obtenidos durante la jornada dominical, después
de haberse anulado las elecciones el pasado 13 de
julio del 2003, por lo que dicho proceso en ese
año estaba amañado, ante la inminente "mano
negra" de las autoridades locales que figuraban
como alcaldes del albiazul,
ya que de esta manera mantuvieron el férreo control,
por lo que al final de cuentas, se procedió a la
anulación de dicho proceso ejidal ese año del 2003.
Como fue un padrón "rasurado" en la que
se eliminaron 403 socios.
Hoy domingo, 20 de febrero
del 2005, 19 meses después de una elección anulada,
según datos recabados en el lugar y de varias denuncias
emitidas por los ejidatarios, señalaron públicamente
de nueva cuenta, otra vez estuvo presente la "mano
negra" del alcalde en turno en el proceso ejidal.
Ante esto, entre los señalamientos
emitidos y que la Comuna volvió a la cargada para
tratar de retener a como diera lugar para mantener
de esta manera el control de ese grupo de productores.
Funcionarios locales "activos"
Como son la presencia del
tesorero municipal, Víctor Montejo
Chin en el proceso del día de ayer, otros de los funcionarios
de la Comuna que estuvo "activo" fue el
juez de paz, Rodrigo Chan
Cobá, así como también
de varias personas que estaban verificando listados
de manera descarada a las puertas del Comisariado
Ejidal, afirmaron los quejosos.
Otras de las anomalías
denunciadas fue la entrega de llantas de bicicletas,
compra del voto y acarreo de personas con vehículos
oficiales.
Cartones
Secretario de desgobierno · Magú
Jurisimprudencia · Helguera
Me voy a extrañar · Rocha
Ganones Naranjo
Dos
países dos Helioflores
Rumbo
a 2006 Efrén
