CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
16 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Lanza AMLO ofensiva
Arman escudo político...
¡con recursos del DF!
Van 127 muertos por narco; ayer, 17
Ola de ejecuciones en
el Norte
"Plan B" de la IP ante el atorón de
reformas
Acelerar el crecimiento
económico y la competitividad, la meta: CCE.
Celebra Fox "destapes" prematuros
Hay quienes están en campaña
"todo el día"; el proceso electoral está en
marcha, reconoce
Priístas: sólo sin AMLO volveremos a Los Pinos
Quedó cocinado el desafuero
Nahúm, diez años ligado al
narco: PGR
Recibió cinco mil dólares,
dice Vasconcelos
Vuelcan recursos de todo el GDF a campaña de López
En horarios de trabajo
llevó a su mitin a 4 mil empleados del gobierno capitalino
Ejecutan los narcos
a 20 personas
En Sinaloa 12 y 8 en Sonora
y Tamaulipas
“No” al desafuero: diputados del PRI; no quieren hacer de AMLO un mártir
GDF moviliza empleados
en campaña en pro del tabasqueño
Acribillan a 13 narcos en Sinaloa
Tres "ajustes de
cuentas" en la carretera Mazatlán-Culiacán; atrae
PGR el caso
Narcomasacre
En avionazo
muere hermano de Rafael Caro Quintero y tres personas
más
Sector agrario
Programas sociales ajenos a proceso electorales,
aclara el director del Registro Agrario Nacional. (La Crónica de Hoy, Nota Informativa, p. 13. /información también
publicada en El Sol de México, p.6).
En el Registro Agrario Nacional seguiremos cuidando
que los programas sociales se apliquen en estricto apego
a la ley y a als necesidades de los mexicanos y bajo ninguna circunstancia
obedeciendo a intereses de calendarios electorales,
partidos o candidatos, aseguró su titular, Abelardo
Escobar Prieto, durante la entrega de títulos y certificados
agrarios a beneficiarios del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos
(Procede) en Baja California Sur.
En el acto de entrega de los 2,456 títulos a ejidatarios de
“El Pescador”, en la Paz y de los 265 certificados de
tierra de uso común a beneficiarios de San José del
Cabo, el director del RAN explicó que el gobierno del
presidente Vicente Fox a cumplido
su compromiso de no interferir en los procesos electorales
de los estados a través de programas sociales.
Lacandones exigen que se les restituyan 112 mil
hectáreas. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p. web.).
Tuxtla Gutierrez, Chis., 15 de febrero. Indígenas lacandones demandaron a la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la restitución
de más de 112 mil hectáreas de selva que teóricamente
les pertenecen, según una resolución presidencial que
data de 1961. Al menos una docena de poblados y pequeñas
propiedades se encuentran ubicadas en dicha superficie,
por lo que indemnizar a ese grupo implicaría derogar
más de 667 mil millones de pesos.
En el marco de la regularización o reubicación de los núcleos
poblacionales que se encuentran dentro de la selva lacandona,
los indígenas lacandones demandaron la validación de
la resolución presidencial de 1961, mediante la cual
de forma virtual se les entregaron 614 mil hectáreas.
La demanda se suscitó debido a que la SRA reconoce en su favor
únicamente 501 mil 106 hectáreas de selva, de acuerdo
con el plano definitivo que se levantó directamente
en 1988, más de 25 años después de la resolución presidencial.
La diferencia de 112 mil 894 hectáreas de tierra significa,
más allá de la posesión real de la misma por los lacandones,
el reconocimiento legal de la posesión de dicho terreno
en favor de más de una docena de núcleos poblacionales
que se ubican ahí incluso desde 30 años atrás.
Póker Político. (Unomásuno, Matías Pascal p. 6).
Florencio Salazar Adame, secretario
de la Reforma Agraria, inauguró la comunidad
Nuevo Montes Azules colonia "11 de Julio",
donde ya habitan 173 familias en mil 240 hectáreas con
servicios de agua potable a través de una planta potabilizadora,
energía eléctrica, drenaje, servicio médico, escuela,
áreas recreativas y apoyo para proyectos productivos.
Este grupo, que integró por 20 años las comunidades de El Suspiro,
Ocotal, Sol Paraíso las Ruinas, Nuevo Petalcingo,
Nuevo Tumbalá, en la Reserva
de la Biosfera de Montes Azules, aceptó voluntariamente
reubicarse después de una serie de negociaciones en
las cuales también tomaron parte el gobierno de Chiapas
y la Semarnat, entre otras instituciones.
Florencio Salazar Adame dijo que
el diálogo permanente ha permitido solucionar paulatinamente
los conflictos agrarios en la Reserva de la Biosfera
de Montes Azules.
Obligará la nueva ley agraria a proteger tierras
indígenas e integridad de ejidos. (La Jornada,
Roberto Garduño, p. web)
La nueva ley federal agraria, que será sometida a votación
en la Cámara de Diputados en el actual periodo ordinario
de sesiones, incluye artículos referentes a la protección
de las tierras indígenas, obligará al Ejecutivo federal
a mantener la integridad de los ejidos y comunidades,
y por vez primera reconocerá la Unidad Agrícola e Industrial
de la Mujer, dotándola de personalidad jurídica.
El dictamen, redactado en la Comisión de la Reforma Agraria,
que encabeza el diputado Manuel García Corpus, introduce
disposiciones para homogeneizar la legislación en el
ámbito agrario y permitirá mejor coordinación de los
apoyos para proyectos productivos. También incluye medidas
encaminadas a proteger a las familias de los ejidatarios
y a comuneros mediante la definición y reglamentación
de un patrimonio de familia.
El documento -copia del cual se encuentra en este diario-,
que fue consensuado entre las fracciones de PRI, PRD,
PT y Convergencia, centra su atención en un cambio al
artículo séptimo, en el que se establece la obligación
del Ejecutivo federal de promover acciones para proteger
la vida en comunidad, propiciar el libre desarrollo
de ésta y mejorar sus posibilidades de atender y satisfacer
las demandas de sus integrantes.
"Tomará las medidas necesarias para mantener la integridad
de las tierras, de los ejidos y comunidades. El Ejecutivo
federal, a través de la comisión intersecretarial para
el desarrollo rural sustentable, vigilará que en las
asignaciones anuales para el programa especial concurrente
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideren
las partidas destinadas al desarrollo comunitario y
al fortalecimiento de la seguridad en la tenencia y
disposición de la tierra".
Respecto a las medidas encaminadas a proteger a las familias
de los ejidatarios con una reglamentación sobre el patrimonio
de la familia, el dictamen de los legisladores federales
advierte que éstos tienen el derecho de uso y disfrute
sobre sus parcelas, y podrán acudir a los tribunales
agrarios para que esos derechos se declaren patrimonio
de la familia, designando con toda precisión y de manera
que puedan ser inscritos en el Registro Agrario Nacional
los bienes que quedarán afectados, por lo cual deberán
comprobar la propiedad con los siguientes requisitos:
Ser mayor de edad, la asistencia de la familia a cuyo favor
se va a constituir en patrimonio y que los bienes no
reporten gravámenes fuera de las servidumbres. Cumplidos
tales requisitos, el tribunal agrario aprobará la constitución
del patrimonio de la familia y ordenará que se hagan
las inscripciones en el Registro Agrario Nacional. Los
bienes afectos al patrimonio de la familia son considerados
en el documento como inalienables y no estarán sujetos
a embargo ni gravamen.
El capítulo segundo, referente a las tierras ejidales, establece
que éstas podrán ser objeto de cualquier contrato de
asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo
de población ejidal o por los campesinos titulares,
según se trate de tierras de uso común o parceladas,
respectivamente. Los contratos que impliquen el uso
de tierras ejidales por terceros tendrán una duración
acorde con el proyecto productivo correspondiente, no
mayor a 30 años y prorrogables por una sola vez.
El texto, que a decir del diputado García Corpus se presentará
en breve ante el pleno camaral,
contempla en esencia la prohibición de establecer asentamientos
humanos irregulares en las tierras de los núcleos agrarios,
la eliminación del mecanismo para la anulación de las
divisiones o repartos que se hubieran realizado con
errores o vicios, la creación de medios de acceso a
los predios para la población rural carente de ella,
la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria
o de una dependencia u organismo similar, la actualización
de los criterios para la determinación de los límites
de la pequeña propiedad de madera, la protección a la
pequeña propiedad minifundista y la ya citada constitución
de un patrimonio agrario.
En la sección octava, referente a las tierras indígenas, en
15 artículos se contempla la inclusión de éstas; destaca
el 94, en el que se establece que "Las tierras
indígenas son inembargables, imprescriptibles e inalienables".
En el artículo 97 se considera que el aprovechamiento de las
tierras indígenas y los recursos naturales existentes
en ellas sólo podrá hacerse por los integrantes de los
pueblos y comunidades, o por terceros, cuando exista
consentimiento para ello, otorgado mediante asambleas.
En el 99 se impide la migración de los propietarios: "Queda
prohibido el desplazamiento de los pueblos y comunidades
indígenas de sus tierras. Cuando por causas excepcionales
se tenga que hacer, deberá abstenerse previamente su
consentimiento, procurando reubicarlos en tierras de
igual calidad material y jurídica, tomando en cuenta
la cosmovisión y los sistemas normativos del pueblo
desplazado, conservando el derecho de regresar si desaparece
la causa que motiva el desplazamiento".
En tal caso, las medidas de protección de las tierras indígenas
serán dictadas por los ejidos o comunidades interesados,
de acuerdo con sus propios sistemas normativos y en
concordancia con el orden jurídico mexicano. En el artículo
103 también se contempla que los que asuman la modalidad
de tierras indígenas podrán revertirlo en los casos
siguientes: cuando se demuestre la necesidad o notoria
utilidad para el ejido de que las tierras indígenas
se extingan, cuando por causa de utilidad pública se
expropien los bienes que las constituyen y cuando así
lo solicite la asamblea.
Destaca la vigencia del movimiento zapatista. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
¿El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional quedó en el pasado? La respuesta de Pablo González
Casanova fue clara: "Es un grave error pensar que
ya se acabó la historia y que no hay alternativas".
Luis Villoro reforzó: los
caracoles zapatistas
son un microcosmos, pero también una esperanza de proyectos
de transformación de la sociedad. Son muestra de un
proyecto de nación construido desde la sociedad, abundó
Gilberto López y Rivas.
Durante el seminario México y el mundo actual, organizado
por La Jornada y la Casa Lamm,
González Casanova invitó al público a reflexionar sobre
el legado de los movimientos revolucionarios, que forman
parte de la memoria colectiva, pero también en las nuevas
formas de lucha que algunos piensan que son regresiones
al pasado.
El movimiento zapatista, asentó,
pretende el poder del pueblo, "es una alternativa
extraordinariamente originaria pero no única".
La cubana, acotó, marcó el nuevo tipo de revolución
en el continente americano y sigue siendo un ejemplo
en la historia de la humanidad porque busca resolver
los problemas con la sociedad.
Dijo que en América se están construyendo las bases del poder
social, y a manera de ejemplo mencionó los gobiernos
de Brasil, Argentina y Venezuela, y el movimiento zapatista
está haciendo eso, agregó.
Afirmó que se debe actuar contra la recolonización que los
grandes capitales financieros están haciendo en los
pueblos indios, y acabar con "la democracia de
los mercaderes que ya no encuentran qué vender".
Antes, Villoro habló de la esperanza
que ha renacido con los autogobiernos zapatistas
que "nacen del México profundo", del lado
del México sano, real y no corrompido. "Los caracoles
zapatistas son un indicio
pequeño de que es posible transformar esta nación, porque
provienen del pueblo y son una democracia comunitaria.
Son un proyecto que produce delirio porque escapa al
poder, y el microcosmos de las juntas de buen gobierno
puede reflejarse en el macrocosmos nacional", asentó.
Los caracoles, agregó, son lo más cercano a la
democracia participativa, y rompen con los intereses
de la democracia representativa, pero no pueden construirse
sin resistencia, advirtió.
López y Rivas recordó que el gobierno
incumplió sus compromisos con los pueblos indios al
dejar congelados los acuerdos de San Andrés, y ahora
pretende reducir el impacto de la permanencia del zapatismo
en el tema indígena. No quiere asumir que ese movimiento
constituye una nueva visión del mundo, de la política
y de la transformación social.
Su exigencia de dignidad y búsqueda de un Estado y nación diferentes
basada en el diálogo, que no descansa en los políticos
sino en la sociedad, no fue entendida por el gobierno
y por quienes les es imposible imaginar un gobierno
diferente al actual.
La permanencia del movimiento zapatista
descansa en la integridad moral de sus integrantes,
su consistencia en sus posturas y en sus decisiones
que no están basadas en intereses de grupo o de un sector
de la sociedad. "El zapatismo
está presente en la conciencia popular de los mexicanos."
Persiste la guerra de baja intensidad contra el
EZLN, según especialistas. (La Jornada, Angélica Enciso,
p. web).
A nueve años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre
derechos y cultura indígenas, en Chiapas se mantiene
la resistencia mediante las juntas de buen gobierno
y, al mismo tiempo, continúa la guerra de baja intensidad
del gobierno federal, señalaron especialistas.
En la mesa Los acuerdos de San Andrés, entre la memoria
y el olvido, Carlos Fazio,
colaborador de La Jornada, dijo que sobre Chiapas
hay dos posiciones: la gubernamental, que sostiene la
política de que en esa entidad "no pasa nada y
todo está solucionado", y la que remite a una fase
de militarización y paramilitarización del conflicto como parte de una guerra
de baja intensidad, "estrategia prolongada de desgaste
contra el 'enemigo interno', identificado en el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN)".
Agregó que si bien los enfrentamientos en la zona de conflicto
han sido menos frecuentes y de menor gravedad, el cerco
de hostigamiento y aniquilamiento militar montado por
el Ejército sigue vigente en los Altos, la Selva y la
Zona Norte del estado, donde "las fuerzas federales
actúan como un ejército de ocupación en todo el territorio
indígena".
Ante decenas de personas, gran parte de ellas indígenas, que
se reunieron en el Club de
Periodistas, Fazio destacó que el Plan Chiapas 94, estrategia de
la Secretaría de la Defensa Nacional cuyo objetivo clave
era romper la "relación de apoyo que existe entre
la población indígena y la guerrilla zapatista", se utilizó en la entidad durante la gestión
del ex presidente Ernesto Zedillo
y aún sigue vigente.
Consideró que los señalamientos de funcionarios del gobierno
federal de que el conflicto armado ha sido superado
son una falacia: "la ausencia de tiros no se muestra
como lo que en verdad es: una tregua armada".
Aseveró que si no ha habido escalamiento de las hostilidades
en la zona ha sido, tomando las palabras del presidente
Vicente Fox, porque el zapatismo rebelde
ha estado por "las armas de la política".
Sin embargo, los obispos Samuel Ruiz y Felipe Arizmendi
han advertido que en Chiapas existen en este momento
condiciones similares para otro Acteal, hecho que ocurrió en 1997, cuando fueron asesinados
49 indígenas tzotziles. Sostuvo
que en la zona, "tanto en el contexto de las escaramuzas
como en la paz armada que se ha prolongado durante diez
años, la guerra continúa por otros medios, buscando
invadir el cuerpo y la cabeza del enemigo y la población
en general". Precisó que las dos principales herramientas
complementarias a la propaganda utilizada en la guerra
sicológica son la acción cívica, que tiene como propósito
llevar adelante proyectos útiles a la población y atender
sus necesidades básicas, y el control de comunidades,
que opera sobre la base del desplazamiento de los habitantes
desarraigados.
A su vez, la antropóloga Consuelo Sánchez, quien fue asesora
del EZLN, aseguró que la iniciativa de poner en marcha
las juntas de buen gobierno ha puesto en evidencia la
realidad de los pueblos indígenas, los cuales han hecho
de la resistencia su principal medio de lucha.
Xóchitl Gálvez, por reabrir el
debate sobre la reforma india. (La Jornada, Elio Henríquez,
p. web).
San Cristóbal de las Casas, Chis.,
15 de febrero. En víspera de que se cumplan nueve años
de la firma de los acuerdos de San Andrés, la titular
de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Xóchitl Gálvez, afirmó que
el cumplimiento de dichos tratados es una demanda pendiente
no sólo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sino de las etnias
mexicanas. Sobre los acuerdos de San Andrés -signados
por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de
1996-, dijo haber propuesto al Congreso de la Unión
que se reabra el debate al respecto, pues la comisión
que ella preside tiene una propuesta "de lo que
pudieran ser las modificaciones para dar cumplimiento
a los acuerdos de San Andrés". Destacó que el debate
se podrá reiniciar durante el actual sexenio, "siempre
y cuando el Congreso tenga la voluntad, porque es un
tema de la Cámara de Diputados".
Sector agropecuario
Aprueba la Ley de Bioseguridad. (El Universal, Lilia Saúl Rodríguez, p. web).
El Senado de la República aprobó
ayer la nueva Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados, la cual tiene
por objeto regular las actividades de utilización, liberación,
comercialización, importación y exportación de transgénicos.
Además, se crea la Comisión Intersecretarial
de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados (Cibiogem)
y se establecen instrumentos de fomento a la investigación
científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología.
Aprobada por 87 votos a favor,
16 en contra (del PVEM y del PRD) y seis abstenciones,
la discusión entre senadores se prolongó ayer por casi
cuatro horas, causando polémica en particular el artículo
101, que debería obligar a las empresas a explicar en
el etiquetado de los productos alimenticios que éstos
contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Entre los principales objetivos
de la ley se encuentran los siguientes puntos: Garantizar
un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud
humana, del medio ambiente y la diversidad biológica
y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, respecto
de los efectos adversos que pudiera causarles la realización
de actividades con transgénicos.
Definir los principios y la política
nacional en materia de bioseguridad
de los OGM y los instrumentos para su aplicación.
Crear y desarrollar el Sistema
Nacional de Información sobre Bioseguridad
y el Registro Nacional de Bioseguridad
de los OGM.
Establecer mecanismos para la participación
pública en aspectos de bioseguridad
materia de esta ley, incluyendo el acceso a la información,
la participación de los sectores privado, social y productivo
a través del Consejo Consultivo Mixto de la Cibiogem,
y la consulta pública sobre solicitudes de liberación
de OGM al ambiente.
Los senadores Verónica Velasco,
del PVEM, y Armando Chavaría,
del PRD, insistieron en la necesidad de incluir algunas
modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de
Diputados, como el obligar a las empresas que en el
etiquetado de los alimentos se especifique que contienen
transgénicos.
La senadora del Verde Ecologista
se quejó incluso de que el dictamen que contenía la
minuta hubiera sido elaborado en fast-track.
Mientras, científicos de la Academia
Mexicana de las Ciencias, así como del Instituto de
Biotecnología de la UNAM, presenciaban la discusión
y aprobación de la minuta enviada por los diputados.
Aprueba el Senado la Ley de Bioseguridad,
pese a deficiencias. (La Jornada, Víctor Ballinas, p.41)
Pese a que reconoció que se trata de una legislación deficiente,
que no protege la salud de los mexicanos y beneficia
a las trasnacionales, el Senado de la República aprobó
ayer la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados,
luego de una larga discusión en la que legisladores
del Verde Ecologista, del PRD e inclusive del PRI intentaron
modificar los artículos más controvertidos, sobre todo
el 101 y el 121.
La intervención del panista Javier
Corral Jurado fue fundamental, ya que advirtió sobre
los intereses económicos que están en el fondo de la
discusión sobre el impacto de los transgénicos en la salud, pero finalmente se impuso el criterio
de la mayoría PRI-PAN, en el sentido de que sólo podían
aprobar o rechazar las modificaciones hechas por la
Cámara de Diputados.
"No podemos modificar lo que ellos modificaron, pues iríamos
más allá de lo que la Constitución nos permite y podíamos
dar pie a un juicio de controversia o de acción de inconstitucionalidad
o a uno de amparo por violación al procedimiento",
advirtió el vicepresidente de la mesa directiva, Carlos
Chaurand, luego de dos horas
de debate, en momentos en que la mayoría de los senadores
habían tomado consciencia de las deficiencias de la nueva ley.
De entrada, el perredista Armando
Chavarría, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
-quien no tuvo a su cargo el dictamen de la iniciativa,
pues acaba de asumir el cargo- pidió una moción suspensiva.
Argumentó que no se respetó el procedimiento legislativo.
"Esto es un tráfico, un proceso ilícito y antitético",
dijo al señalar "que más bien es un albazo",
pues nadie sabe quién elaboró el dictamen y hubo
dolo en su presentación. "Hubo un golpe de mano,
hubo triquiñuelas". Agregó que el procedimiento
fue tan desaseado que coloca en la línea de sospecha
a quienes lo elaboraron. Su propuesta fue rechazada.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Verónica Velasco,
lamentó la falta de sensibilidad de los senadores. "Este
es un país de maravillas políticas", porque "nos
encontramos ante la presencia de un dictamen producto
de la generación espontánea, elaborado sin que intervinieran
los presidentes ni las secretarías técnicas de las comisiones
responsables. Estoy convencida de que tiene serias deficiencias".
La ley se aprobó en lo general con 87 votos en favor, 16 en
contra y seis abstenciones, pero se reservaron para
discutir varios artículos, entre ellos los controvertidos
101 y 121.
Tanto Verónica Velasco como Chavarría
propusieron modificaciones a los mismos, ya que tal
como están redactados contienen varias inconsistencias
jurídicas.
Sobre el artículo 101, Velasco destacó que la modificación
que hicieron los diputados va en contra del sentido
general de esa ley, la que en su artículo primero establece
que la legislación tiene por objeto prevenir, evitar,
y reducir los posibles riesgos que los transgénicos
puedan ocasionar a la salud humana, al medio ambiente
y a la diversidad biológica.
Los diputados consideraron que la obligación de etiquetar aquellos
productos para consumo humano que contengan organismo
genéticamente modificados (OMG) sólo será en
los casos en que "estas características sean significativamente
distintas respecto de los productos convencionales".
Es evidente, dijo, que al transgredir el principio precautorio
se incumple con el objeto de la ley.
Mercados mundiales de alimentos perjudican a países
pobres: FAO. (La Jornada, Reuters, p. 24)
Roma, 15 de febrero. Los mercados mundiales de alimentos están
sesgados en contra de los países más pobres del mundo,
que se han visto obligados a depender de un pequeño
número de productos básicos cuyo valor ha caído en los
últimos años, informó este martes un reporte de Naciones
Unidas.
''Muchos agricultores y países exportadores todavía se encuentran
atrapados por su dependencia (de ciertos productos básicos),
produciendo y exportando más, pero ganando menos de
lo que ganaban en el pasado'', indicó la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
En este nuevo informe, titulado El estado de los mercados
de productos agrícolas básicos, el organismo señaló
que los precios para los productos agrícolas han bajado
cerca de 2 por ciento por año en las últimas cuatro
décadas, un duro golpe para los países que tienen fuerte
dependencia de las exportaciones agrícolas.
Aunque los precios más bajos significan menores gastos en alimentos
para los países pobres que son importadores netos, eso
no compensa la pérdida de ingresos y el desempleo que
generan las caídas de los precios entre los millones
de pobres que viven en las áreas rurales, indicó.
Los subsidios a los agricultores de los países ricos exacerban
los problemas, así como los aranceles que disuaden a
los productores de vender productos procesados de mayor
valor y la falta de capacitación y financiamiento que
ayudarían a los agricultores pobres a diversificar,
indicó el informe.
Unos 43 países en vías de desarrollo en África, América Latina
y el Caribe dependen de un solo producto agrícola para
obtener por lo menos 20 por ciento de sus ganancias
por exportaciones.
Además de la caída de los precios, los países en vías de desarrollo
tienen que enfrentar la competencia injusta de naciones
más ricas que pagan más de 230 mil millones de dólares
al año en subsidios agrícolas, lo que significa que
pueden vender productos como el azúcar a un precio que
está por debajo del costo de producción.
La FAO quiere que la actual ronda de conversaciones de la Organización
Mundial de Comercio aborde este tema, así como la llamada
''escalada en los aranceles'', que establece
impuestos de importación más altos a bienes procesados
que a materias primas.
Eso evita que los países en desarrollo se animen a procesar
sus propios productos alimenticios para convertirlos
en productos de mayor valor. Diez países producen 85
por ciento de los granos de cacao del mundo, pero sólo
2 por ciento del chocolate mundial, que está sujeto
a aranceles mucho más altos, indicó la FAO.
Vulnerable, 96% del territorio nacional. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web)
Alrededor de 96 por ciento del territorio nacional está considerado
como altamente vulnerable a los efectos negativos del
cambio climático. Se prevé un aumento en la desertificación
en el norte y centro del país, reducción del potencial
agrícola, pérdida acelerada de la biodiversidad, escasez
de agua e inundaciones en áreas costeras. Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco y Campeche son estados considerados
como inundables, aunque las
áreas más sensibles a ese fenómeno son las áridas, semiáridas
y subhúmedas secas, así como en los lugares donde se concentra
la población y las actividades económicas, como el centro
del país, indica un reporte del Instituto Nacional de
Ecología, organismo desconcentrado de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Precisa que en las entidades del sur la fragilidad estaría
ligada con la extracción de los recursos forestales
y el manejo inadecuado de suelos destinados a la agricultura
y la ganadería. El documento considera a Baja California,
Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Querétaro, Guanajuato,
Michoacán, Sonora e Hidalgo como estados que tendrían
alrededor de 70 por ciento de su superficie con un alto
grado de vulnerabilidad a la desertificación. Mientras
que las entidades donde habría sequía sería el norte
de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
En marcha operativo de la Profepa
para proteger reserva de la Biósfera. (El Sol de México, Jorge
Olmedo, p. 10)
A partir de este fin de semana, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente pondrá en marcha un dispositivo
especial de vigilancia en la Reserva de la Biósfera
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con
el propósito de garantizar la reproducción de la curvina golfina, especie catalogada
como endémica porque sólo existe en nuestro país.
Este operativo concluirá el próximo 30 de abril, cuyo objetivo
es impedir las actividades de captura en la zona núcleo
de la región y vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables en materia ambiental y pesquera.
El procurador federal del Medio Ambiente, José Luis Luege Tamargo, en conferencia de
prensa explicó que en las acciones participarán la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las secretarías
de Marina y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, así como los gobiernos de los
estados de Baja California y Sonora.
La Reserva de la Biósfera del Alto
Golfo de California es una de las reservas más ricas
del mundo y de las más importantes de nuestro país,
al explicar que la extensión de la zona es de casi 935
mil hectáreas; su zona núcleo mide cerca de 65 mil hectáreas
y abarca un municipio de cada una de las entidades arriba
mencionadas. Se trata, dijo, de un área fundamentalmente
marina y su preservación fue ordenada en un decreto
presidencial emitido en 1993.
Es una reserva extraordinariamente rica en variedades y especies
endémicas, algunas de las cuales se encuentran en elevado
peligro de extinción, como es el caso de la vaquita
marina.
Por ese motivo, en los periodos de desove de la curvina golfina el gobierno mexicano,
a través de la Profepa, realiza
operativos coordinados con las fuerzas estatales y federales,
a fin de garantizar la protección de la Reserva de la
Biósfera.
Prensa Estatal
CHIAPAS
La venta de Seminis abre
las puertas de la selva lacandona a Monsanto. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web)
La Trinitaria, Chis. 15 de febrero.
El gigante de la biotecnología Monsanto
toca a las puertas de la selva lacandona de manera directa.
Al adquirir la empresa mexicana Seminis
este mes de enero, la compañía con base en San Luis
Missouri y presencia en casi todo México (por no decir
el mundo) queda en posición privilegiada en el momento
del arranque -literalmente- de los mejores postores
sobre Montes Azules. El centro de producción y los invernaderos
que poseía Seminis en Yax Nah, sobre la ruta fronteriza
hacia Montebello y el sur
de Montes Azules, están por convertirse en propiedad
de la trasnacional.
En tanto, los gobiernos federal y estatal siguen adelante en
su misión de vaciar de indios Montes Azules. Apenas
ayer, al celebrar la reubicación de unas 170 familias
indígenas en la aldea Nuevo Montes Azules (sic), en
tierras palencanas que vendió
al gobierno el nuevo secretario de Economía local, los
funcionarios federales hablaron alegremente de millones
de pesos para esta región de Chiapas. El titular de
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Alberto Cárdenas Jiménez, anunció la inversión de 400
millones de pesos para acciones de vigilancia de las
áreas naturales protegidas y "apoyos productivos".
Allí mismo, al entregar un millón 500 mil pesos para otros
proyectos productivos, la comisionada nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl
Gálvez, informó que la Federación entregará a Chiapas
otros 27 millones de pesos, "con el objetivo de
invertirlos en otros programas que beneficien a mujeres,
niños y demás habitantes indígenas de la entidad".
Esto, más los 200 millones de pesos para turismo "sustentable",
la evidente inversión en carreteras y puentes, y el
espectacular despliegue militar en este mismo sur de
la selva, revela que llegó la hora para la verdadera
danza de los millones. Es precisamente ahora que Monsanto Company adquiere, con todo
y sus grandes deudas, la empresa Seminis,
propiedad del regiomontano Alfonso Romo Garza, por un
millón 400 mil dólares "en efectivo", según
el anuncio oficial.
"La incorporación de Seminis
es un complemento ideal para nuestra compañía como productora
global de productos hortícolas,
además la tendencia hacia dietas más sanas ha estado
creciendo regularmente durante los últimos años",
dijo Hugh Grant,
presidente de la trasnacional. "Seminis
ocupa una posición única en este segmento creciente
de la agricultura, y la adquisición amplía del mismo
modo la capacidad de crecimiento de Monsanto. Tenemos ganas de fomentar el crecimiento y la posición
de liderazgo establecida por Alfonso Romo y su equipo,
siendo el negocio de Seminis
una extensión importante para nuestra plataforma de
semillas".
Seminis suministra más de 3 mil 500 variedades
de semillas de productos hortícolas
en más de 150 países.
Campesinos de Chiapas denuncian “abandono”. (La Jornada, Rodolfo Villalba,
p. web)
Tapachula, Chis., 15 de febrero.
Militantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) marcharon
por las calles de Tapachula en demanda de atención a
las colonias populares afiliadas a esa organización,
las cuales "han sido abandonadas por los anteriores
gobiernos priístas", aseguraron.
En un mitin realizado en la explanada del parque central de
esta ciudad, el cual fue encabezado por el dirigente
estatal de la agrupación, Donnis Verdugo Aguilar, denunciaron el grave rezago ancestral
que padecen las 15 comunidades a las que pertenecen,
por lo que buscan que este nuevo gobierno, emanado de
una coalición de partidos y encabezado por el alcalde
Ángel Barrios Zea, los apoye
para salir del abandono.
Verdugo Aguilar recordó que desde hace años han tratado de
superar los atrasos en lo que se refiere a servicios
públicos, como pavimentación y alumbrado público, entre
otros, y sin embargo, sus peticiones nunca han sido
atendidas por las autoridades municipales.
Señaló que en la colonia El Paraíso los ucedistas
enfrentan una demanda penal interpuesta por el ex concejo
municipal, el cual, en contubernio con una empresa constructora,
los defraudó entregándoles viviendas en pésimas condiciones
y se les acusó de habitar un predio irregular.
El líder campesino pidió a la administración municipal que
se desista de la demanda, porque son colonos de escasos
recursos y no tienen culpa de las arbitrariedades de
que fueron objeto por parte de las autoridades pasadas.
Desconocen en Chiapas el proyecto alimentario. (Diariomonitor, Norma Pensamiento,
p.7).
En Chiapas, los mexicanos más marginados del país no conocen
y no les ha llegado el Programa de Apoyo Alimentario
(PAL) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-sol),
declaró Julián Nazar Morales,
diputado federal por esa entidad.
En entrevista, el legislador manifestó que sólo se conoce de
la existencia de esa estrategia, pero en los hechos
los apoyos no están bajando a la población más necesitada
de la región, que en Chiapas es numerosa.
“En el sureste no ha llegado como tal. Algunas dependencias
han manejado proyectos que no son continuos, por lo
que me he enterado por los viejitos que buscan despensas,
es que les llega una vez y no vuelve”, manifestó.
Dicho programa consiste en entregar cada mes una despensa a
la población en pobreza alimentaria
que no es atendida por el programa Oportunidades, y
para mitigar la falta de ingresos para la compra de
víveres.
Según la información de Diconsa,
en Chiapas se atiende a 20 mil 513 hogares, pero a decir
del diputa-do federal Nazar Morales, no cono-ce si en verdad esos apoyos llegan
a las familias que registra el padrón de Diconsa.
“Nos gustaría conocer la regiones y las gentes, porque se desconoce
en Chiapas”, dijo el también dirigente de la Confederación
Nacional Campesina en Chiapas. Consideró que ese apoyo
se maneja de acuerdo a los criterios de los de-legados
de Sedesol, “hemos tenido
conocimiento de que hay un apoyo de despensas, pero
que no ha bajado hacia la gente más humilde y mucho
menos a los más vulnerables”.
Además, declaró, no es el único caso de estrategias antipobreza que llegan a los beneficiarios. Otro de ellos,
agregó, es el de apoyos a personas de la tercera edad,
el cual pese a ser uno de los programas establecidos
en el Acuerdo Nacional para el Campo, a casi dos años
que se firmó el compromiso, no ha beneficiado a ningún
chiapaneco.
Al contestar el cuestionamiento de si se percibe algún manejo
electoral en los programas de Sedesol,
declaró que en Chiapas existe un fenómeno especial.
Allá el gobernador es el que impone los criterios del
trabajo y no se toma en cuenta
ni a los diputados federales ni con los
locales, y mucho menos las organizaciones, crearon un
instrumento que se llama cerezo.
Cualquier programa que baje lo maneja la secretaria de Desarrollo
Social del estado, María Cruz Hernández, “y lo manejan
para condIcionar los votos, pero no es ni para el PAN, el gobernador
allá es del PRD, así lo están haciendo para ese fin”.
Aseguró que actualmente se están entregando despensas a personas
que votaron a favor de esa organización política en
las pasadas elecciones para renovar el congreso local.
Pero todos los programas federales, los opera la Sedesol
local y es en favor del PRD.
Dijo que más que poner en marcha programas que entregan despensas
a la gente marginada, lo que tienen que hacer las autoridades
federales es crear empleos en el campo, es-quema que
permitan una eficiente producción al café o cualquiera
de las ramas de producción, pero yo no veo que ese tipo
de acciones se impulsen, manifestó.
DISTRITO FEDERAL
Amparo, sólo para poder ser candidato. (La Jornada, Laura Gómez, p.web).
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, dijo que buscará un amparo, no para obtener
su libertad si es desaforado, sino para no perder sus
derechos políticos en caso de que se le niegue el registro
como candidato del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) a la Presidencia de la República.
En este último escenario, no descartó recurrir a instancias
internacionales apelando a los convenios que el país
ha suscrito en materia de derechos humanos, porque consideró
vergonzoso que en México se suspendan los derechos políticos
de un ciudadano en cuanto se inicia un proceso penal
en su contra, y no como en casi todas las naciones,
hasta que se dicta sentencia.
La dirigencia del PRD-DF anunció por su parte que movilizará
toda su estructura para impulsar un plan de 10 puntos,
que se iniciará en la ciudad y se extenderá por todo
el país para defender al jefe de Gobierno, y que va
desde la distribución de volantes, pinta de bardas,
colocación de mantas y carteles, hasta mensajes telefónicos
y vía Internet contra el desafuero, así como mítines
relámpago, asambleas ciudadanas y la entrega del expediente
del caso en las embajadas y representaciones de organizaciones
internacionales de derechos humanos.
El Movimiento Agrarista de Izquierda Zapatista,
que integra a 2 mil campesinos en 40 comités de base
en igual número de pueblos, anunció la conformación
de la Red Campesina del Distrito Federal, que ayer realizó
su primer mitin en Santa Cruz Xochitepec,
Xochimilco, con un llamado
a comuneros, ejidatarios y trabajadores del campo a
unirse a la resistencia civil pacífica convocada por
el jefe de Gobierno.
Delegado asegura desconocer conflicto entre vecinos
y el Tec. (La Crónica
de Hoy, Miriam Castillo, p.36).
El jefe delegacional en Tlalpan, Eliseo Moyao, dijo no estar
enterado de las irregularidades en la ampliación de
las instalaciones del Tec
de Monterrey en la colonia Ejidos de Huipulco.
De acuerdo con el titular de la demarcación, los vecinos únicamente
demandaban que uno de los predios que pertenece al Tecnológico
se convirtiera en un parque recreativo, pero nada acerca
de las construcciones irregulares dentro de las instalaciones
de esa casa de estudios.
“El único problema que se tenía eran los usos de suelo en terrenos
aledaños, pero es un asunto añejo, ningún otro se ha
registrado. No tengo conocimiento de nada más”, aseguró
antes de su comparecencia ante la Comisión de Administración
Pública local de la Asamblea Legislativa.
A pesar de que los vecinos presentaron varias quejas ante la
delegación, Moyao reiteró
que no había ninguna otra inconformidad con la institución
por parte de los vecinos.
Crónica publicó ayer que vecinos de la zona se quejaron en
reiteradas ocasiones por las obras de ampliación de
la escuela, que en un principio carecía de licencia
de construcción.
Señalaron además que de no ser por el aviso que dieron a las
autoridades, “no se hubieran dado cuenta de las ampliaciones
irregulares”.
La clausura temporal de la obra fue cinco meses después de
que vecinos pidieran que se verificara, lo que permitió
a los trabajadores de la construcción dejar al cien
por ciento la obra negra.
En otro tema, el jefe delegacional
aseguró que se mantienen programas de protección a las
áreas de conservación para evitar invasiones en los
predios.
Indicó que el 95 por ciento de los asentamientos irregulares
son realizados por personas de escasos recursos y rechazó
que en su demarcación se permitan las invasiones sólo
a las personas que tienen recursos económicos altos.
“Es falso que sólo se desaloje a la gente que vive en casas
de lámina; si están fuera de la ley se sanciona a todos
por igual”, expresó.
GUERRERO
Respetar a la asamblea, pide el comisario a los
ejidatarios que se oponen a vender. (El Sur,
Karina Contreras, p.
web).
El comisariado
ejidal de Plan de los Amates, Martín Campos Aparicio,
afirmó que los ejidatarios que se oponen a vender las
49 hectáreas a la empresa Tres Vidas “tendrán que respetar
la decisión que tomó la mayoría”, y aseguró que él no
recibió ningún dinero para que lo difamen y lo llamen
corrupto.
Dijo que entiende la posición de
los inconformes, pero que la mayoría quiere vender sus
predios porque saben que están en litigio “y no son
de nosotros completamente”.
En declaraciones por teléfono,
Campos Aparicio dijo que “no hay bronca” sobre las últimas
protestas de los ejidatarios que se niegan a vender
porque fue una decisión de asamblea “y se tienen que
respetar todas las decisiones”.
Insistió que el terreno está en
litigio y por lo tanto no es pertenece por completo
a los ejidatarios, por lo que la mayoría prefirió vender
a que se dé el resultado del Tribunal Unitario Agrario
(TUA) número 41, “pero era de esperarse que gente que
ya está adentro del predio quiera quedárselo”.
Al preguntarle si llamará al diálogo
a los ejidatarios para convencerlos, respondió: “yo
no tengo que llamarlos y además lo rechazarían. Yo ando
trabajando”.
Sobre cuándo acudirán al TUA para
desistirse de la solicitud de restitución de la tierra
que interpusieron hace 12 años y que está bajo el expediente
243, Campos Aparicio dijo que “eso le corresponde a
la empresa para cerrar la operación”.
El jueves 10 de febrero, en una
asamblea –máximo
órgano de un ejido–, la mayoría de ejidatarios acordaron
que venderían el predio de 49 hectáreas a los representantes
de Tres Vidas y al gobierno del estado, por la cantidad
de 80 millones de pesos.
Esta medida no fue aceptada por
49 campesinos porque quieren establecer restaurantes
como herencia para sus hijos, por lo cual han señalado
que están de acuerdo en que los demás vendan, pero que
respeten la parte proporcional que les corresponde.
Será La Parota la más grande hidroeléctrica. (El Universal, Noé Cruz Serrano, p. 24).
Alfredo Elías Ayub, director de Comisión Federal de Electricidad (CFE),
anunció que en los próximos días se publicará la convocatoria
para licitar la construcción de una nueva hidroeléctrica,
de similar o mayor magnitud que la del Cajón.
Al participar en un evento organizado
por el Colegio de Ingenieros Civiles, el titular de
CFE indicó que el costo de la nueva obra será de entre
800 y 900 millones de dólares, y espera que sea una
"empresa mexicana" la que se haga cargo del
proyecto.
La obra sería construida en el
río Papagayo o Santiago, en lo que se conoce como el
sistema hidrológico Santiago, en Nayarit, que comprende
27 proyectos con un potencial de producción de 4 mil
300 megawatts (MW).
Tentativamente la hidroeléctrica
en cuestión es La Parota, contemplada dentro de los
nuevos proyectos de obra de inversión financiada (Pidiregas)
y cuya capacidad sería de 900 MW 150 MW más que El Cajón,
equivalente a casi 1.7 veces el consumo anual de una
entidad como Nayarit.
Según la información financiera
emitida por CFE para esta nueva hidroeléctrica, su costo
total sería de 11 mil 866 millones de pesos, inversión
que realizaría la iniciativa privada a pagar en 30 años.
Asimismo, señaló que la fecha de inicio de construcción
estaría programada para el 3 de julio de 2006. Se espera
que la magna obra empiece su operación comercial en
enero de 2011.
El Cajón, dijo, lleva un avance
de 40 por ciento y el nuevo proyecto "abrirá nuevos
espacios para la industria de la construcción mexicana".
Ante miembros del Colegio de Ingenieros
Civiles de México, el funcionario propuso que el gremio
elabore un catálogo de las 100 obras más importantes
que requiere el país para que sea presentado a la administración
que llegue en 2006.
Por otro lado, negó que CFE haya
cancelado las pruebas para transmitir voz y datos a
través del cableado eléctrico en la ciudad de Monterrey.
OAXACA
Ejidatarios de San Martín exigen indemnización. (Noticias, Voz e Imagen de
de Oaxaca, Francisco Ramírez, p.web).
Desde siempre el gobierno ha subestimado a los ejidatarios
de la Agencia de Policía Municipal de San Martín Mexicapan;
hoy exigen con justa razón se les indemnice.
El gobierno del estado, sin tomar en cuenta al núcleo ejidal
ha tomado sus tierras; lo hizo para ubicar y construir
la Central de Abasto y la Central Camionera; también
ocupó sus terrenos para trazar la carretera a Monte
Albán y que hoy se conoce como “Ignacio Bernal”; lo
mismo sucedió con la Avenida Montoya y nadie les ha
restituido nada.
Blandina Teresa Santiago Luis, presidenta del
Comisariado Ejidal de la Agencia
de Policía de San Martín Mexicapan,
afirmó que desde hace nueve años el reclamo ha sido
en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
quien con toda impunidad ocupó sus terrenos ejidales
para plantar torres de alta tensión.
Asimismo, indicó que se entabló un juicio en el Tribunal Agrario
contra la CFE por la instalación de unas torres de alta
tensión que de manera arbitraria atravesaron en terrenos
propiedad del ejido.
Indicó que a partir del año de 1992 comenzamos a buscar un
arreglo amistoso y la CFE nunca ha querido aceptar esta
situación, dando para todo negativas.
“Vamos para nueve años que estamos tratando de que esto se
solucione pero no ponen nada de su parte, y cada que
va terminando el periodo del Comisariado
dicen que aún no cuentan con el avalúo, por lo que al
siguiente trienio se tiene que comenzar de cero”, admitió.
La comisariada explicó que se han
interpuesto diversas quejas ante las instancias correspondientes,
entre ellas, a Jesús Eliseo Ramos, gerente divisional
sureste de la CFE; José Luis Soberanes Fernández de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y otros.
Asimismo, consideró que esta situación ha sido una burla para
los 42 ejidatarios, la mayoría mujeres de la tercera
edad, por lo que solicitan a la CFE les indemnice dé
acuerdo con la ley, o simplemente pague la renta del
tiempo que tienen ocupando sus terrenos.
Mencionó que la afectación que causa la instalación de estas
antenas de alta tensión corresponde a 27 mil 600 metros
del paraje conocido como “Tierra Negra” y que se ubica
en inmediaciones de la colonia “Estado de Oaxaca”.
“Con arbitrariedad, la CFE actuó al destruir terrenos de sembradío
sin existir de por medio convenio o arreglo, como tampoco
tomó en cuenta a los ejidatarios, por lo que nuestro
disgusto y queja ante la opinión pública es para que
se enteren de que no sólo ha sido la negativa de indemnizar
a los afectados, sino también han existido amenazas
de por medio cuando se les ha pedido sacar sus torres”,
apuntó.
Santiago Luis refirió que en la entidad no han querido pedir
la intervención de otras instancias como el gobierno
del estado, porque su intención es encontrar una respuesta,
aunque consideró que tal parece “ya nos tomaron la medida”
y es por ello que levantan su voz, toda vez que “estamos
cansados de esta situación”.
Respecto a la denuncia interpuesta ante el Tribunal Agrario,
refirió que en breve se dará salida a la sentencia,
pero a pesar de ello y de saber que les favorecerá,
quieren llegar a una negociación de manera educada,
porque lo único que se va a lograr con la resolución
es que retiren sus torres, “pero al cumplirse deberán
de indemnizarnos por los años que estuvieron en nuestros
terrenos”, asentó.
Por su parte, y en calidad de ejidataria, Anita Pablo Jacinto reconoció que todos quienes tienen un
terreno son afectados, y hoy no pueden hacer nada porque
esperan la respuesta del tribunal.
“Ya es mucho el tiempo que se ha esperado; por lo que a nombre
de los demás ejidatarios exijo llegar a un acuerdo amistoso
sin tener que tomar otras medidas”, replicó.
De igual manera, Rosario Valencia Hernández, tesorera del Comisariado, expresó que su intención de recurrir a los medios
de comunicación es que la ciudadanía esté enterada de
los problemas que se tienen en el ejido, y lo que llegue
a suceder -de no cumplir con una indemnización justa-
será responsabilidad de la CFE.
“Sabemos que ya hay recursos para cumplir con los pendientes
de la CFE y a la fecha no se ve voluntad, por lo que
creemos que todo este proceso ha sido una burla”, concluyó.
Los integrantes del Comisariado Ejidal
de San Martín Mexicapan presentaron
y entregaron a NOTICIAS las copias de los documentos
remitidos por ellos en la Gerencia Regional de la División
Sureste de la CFE, en la Comisión Nacional de Los Derechos
Humanos, en la subdirección de distribución de la CFE
y en la oficina del Director General de la CFE.
Acusan de nepotismo a Ayuntamiento de Santiago
Chazumba. (Noticias, Voz e Imagen
de de Oaxaca,
Gabriela Ramos, p.web).
Un problema agrario añejo aqueja a los habitantes de Santiago
Chazumba y es que los miembros
de la Sociedad Agrícola de este municipio, encabezados
por su presidente Manuel Buenabad Torres, acusan al Ayuntamiento que está a cargo de
Francisco Gómez Gallardo, de quererlos desconocer como
asociación para lucrar con las tierras y obtener beneficios
para su grupo político.
Buenabad Torres, en entrevista, comentó que
este es un problema de años que se originó desde 1973,
cuando un grupo de personas entre las que se encontraba
Emigdio Valdez Pérez, se autonombraron
según en una mesa directiva que presidía el difunto
Francisco Castro Pimentel; inclusive quisieron dividir
a la sociedad de Santiago Chazumba,
comprometiéndose a darle a Olleras de Bustamante un terreno de lo que era de unidad.
Actualmente esta comunidad está conviviendo bien con nosotros
(Sociedad Agrícola), esta mesa directiva jamás funcionó,
pues las gentes de la localidad
nunca los reconocieron, dijo.
Asimismo, acusó al Ayuntamiento a cargo de Francisco Gómez
Gallardo, de estar siendo manipulado y de responder
a presiones de otras gentes, como Emigdio
Valdez Pérez, pues es papá de “la Alcaldesa constitucional”
y tío del Síndico Municipal Ramón Acosta Valdez, habiendo
un claro nepotismo por parte de las autoridades, queriendo
destituirlos, para así ellos extender su dominio y sacar
provecho de estas tierras, buscando una confrontación
entre vecinos de la población, afirmó.
Mencionó que fueron ellos quienes iniciaron el conflicto a
través de un oficio en donde los quieren desconocer,
según el documento de la Reforma Agraria, que jamás
dice eso, tomándolo sólo como argumento.
Explicó que precisamente el 18 de enero pasado, llegó este
escrito firmado por el Presidente y el Sindico Municipal
de Santiago Chazumba, en donde según una sentencia resolutoria dictada
por el Tribunal Unitario Agrario, que consta en el expediente
22/94 y publicado el sábado 30 de diciembre de 1995
en el Diario Oficial de la Federación, se le da autoridad
al Alcalde para observar los funcionamientos de esta
Sociedad, el cual inhabilitó sus funciones basándose
en denuncias del pueblo, a lo cual, aseveró, son mentiras
de parte del mandatario.
Dijo que ahora es Emigdio Valdez
quien sigue ostentándose como representante de esta
mesa directiva, la cual no cuenta con documentos que
la avalen, por el contrario, siendo ellos los que sí
cuentan con los papeles que legitimizan
su Sociedad Agrícola.
Por otra parte, se queja de la campaña difamatoria que las
autoridades han iniciado en su contra, pues lo acusan
de ratero, de quitarles a la gente sus terrenos, de
lucrar con ellos y de ser autoritario en su cargo dando
terrenos a quien él quiera, además, han girado volantes
en donde con mentiras se pretende ponerlos en contra
de ellos (Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba),
a lo que se defendió diciendo que no hay socio que no
diga que tiene un lote que se le donó, porque ahí los
terrenos se donan, comentó.
Puntualizó que la autoridad está funcionando mal en todos los
niveles, pues cuenta con personal de dudosa reputación,
ya que se han visto involucrados en hechos delictivos
en la población; además, expresó que hace unos días
se suscitaron unos problemas entre jóvenes de la secundaria
que se agarraron a golpes, a los cuales los castigó
dejándolos 24 horas presos y para pagar su culpa, los
puso a barrer 15 días el parque municipal; a la maquinaria le aumentó 50 pesos la renta, siendo
el costo anterior de 250 por hora, ahora 300, ya que
según la tesorera, no se cuenta con los recursos suficientes.
VERACRUZ
Bloquean campesinos el centro, exigen apoyos. (Diario de Xalapa, Raymundo León, p. web).
Campesinos de la Alianza de Organizaciones Sociales del Estado
de Veracruz bloquearon el centro de la ciudad para exigir
apoyos de los gobiernos estatal y federal y aseveraron
que de no ser escuchados bloquearán carreteras a todo
lo largo y ancho de la Entidad.
"Esto es un ultimátum a las autoridades, porque son ellas
las que no nos dejan otro camino, ya que por años hemos
estado pidiendo apoyos sin obtener resultados",
dijo Carlos León Martínez, quien estaba al frente de
los manifestantes.
Durante el plantón, el entrevistado aseveró que existe mucho
desorden político en municipios del Estado porque si
los campesinos están afiliados a un partido diferente
al de las autoridades municipales no se les apoya y
el gobernador debe poner orden a la situación.
El líder señaló que los problemas que padecen los integrantes
de la mencionada alianza datan de muchos años atrás
y aprovechó para preguntar a las autoridades estatales
a quién va a servir la Sedarpa.
"Nosotros queremos saber si Sedarpa
va a servir a los rancheros ricos como sucedió en el
sexenio de Miguel Alemán o si va a servir a los rancheros
pobres de las comunidades altamente marginadas",
dijo.
Durante su protesta, los campesinos, provenientes de municipios
serranos de la zona centro del Estado, pidieron al gobierno
caminos, clínicas, apoyo para proyectos productivos,
vivienda y becas para los jóvenes y niños.
"Luego nuestros niños y jóvenes van a la escuela sin desayunar
y después de estudiar tienen que ir a trabajar a las
labores del campo, eso no es posible que continúe así",
dijo el líder campesino.
Carlos León señaló que al plantón de ayer acudieron representantes
de 40 municipios de la zona centro del Estado y que
las políticas para el agro son equivocadas.
"El gobierno federal otorga apoyos a cuentagotas mientras
que a los que tienen todo se los da sin dudar, los campesinos,
los que en verdad necesitan, no son apoyados",
comentó.
El líder campesino aseguró que en la Entidad veracruzana sigue
habiendo caciquismo y a ello se suma el desorden político
al cual el gobernador tiene que poner fin.
"No sabemos de qué ha servido que a los ayuntamientos
llegara la democracia si los campesinos que militan
en un partido político no son apoyados si las autoridades
municipales son de otro", comentó
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