VIERNES
11 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Invade droga a secundarias
Consumen 62 mil alumnos
estupefacientes, alcohol y tabaco en DF, según SEP
Fox rectifica sobre narco en Los Pinos; 'se exagera'
Sorprende que oponentes
se preocupen tanto por mi seguridad, dice
Extranjeros perciben bajo riesgo en México
Inversionistas foráneos
confían en el "blindaje macroeconómico".
Reprochan al PAN su falta de compromiso
Sus diputados no apuestan
por las reformas, se quejan empresarios
Andanada de acciones en EU contra migrantes
Se ampliará el muro fronterizo
Te vamos a chingar, me decía el Estado Mayor:
Nahúm Acosta
“Estoy pensando en el
suicidio”
Osiel dobla a Benjamín Arellano
y va por Tijuana
Ordenó a custodios de
La Palma darle una golpiza porque se echó para atrás
Senado: no a la reelección de legisladores
Rechazada la iniciativa
en votación: 51-51
Aprueba Cámara de EU construir barda de 4.8 kms.
en su frontera sur
Prohíben que indocumentados
tengan licencia de conducir
Fox: exagerado decir que
el narco llegó a Los Pinos
Se desdice en España;
el lunes reconoció que "llegó al nivel de Presidencia"
Narcodinero a campañas
Dan por hecho que recursos
ilícitos se infiltrarán en procesos electorales
Sector agrario
Aceptan ejidatarios vender sus predios de la Zona
Diamante a la empresa Tres Vidas. (El sur, Karina Contreras,
p.web).
Ejidatarios de Plan de los Amates
acordaron que venderán en 80 millones de pesos las 49 hectáreas
de la Zona Diamante a la empresa regiomontana Tres Vidas,
con la cual mantienen un litigio desde hace 12 años.
La tarde ayer, en una asamblea
en la comisaría, la mayoría de los ejidatarios acordaron que
retirarán la demanda de restitución de los predios que se
lleva en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, a cambio
del pago de 80 millones que propuso la empresa, los cuales
podrían entregarse en aproximadamente un mes.
Esta es la parte que en los términos
agrarios le llaman conciliación para retirar la denuncia del
tribunal y así cerrar el caso o seguir con la demanda.
En la fase de votación de los 85
ejidatarios que asistieron, de 113 que conforman el grupo
agrario, 59 estuvieron de acuerdo con ceder los predios que
se encuentran a orillas de la carretera a Barra Vieja y que
tomaron en 2002.
Pero algunos campesinos no estuvieron
de acuerdo en vender su parte y acusaron a la mesa directiva,
que encabeza Martín Campos Aparicio, de haber recibido dinero
de los empresarios para otorgar los predios, lo cual negaron
los aludidos.
Durante sus intervenciones, los
inconformes exigieron que el caso se agotara en el tribunal
agrario, pues aunque era una oferta tentadora los empresarios
entonces no estaban tan seguros de ganar algo que reclaman
como suyo, algo de lo que ellos sí estaban seguros.
Otros dijeron que estaban de acuerdo
en vender, pero que se respetara la parte proporcional del
predio de los que no coincidían con esa venta, porque no estaban
conformes que la asamblea decidiera por su parte.
Además acusaron a la mesa directiva
de haber efectuado reuniones “a escondidas” con el gobierno
y los empresarios sin haber convocado a los ejidatarios.
Como los ánimos se calentaban intervino
el subsecreario de Asuntos Agrarios,
Esaú Tapia Abarca, quien informó que con esa reunión eran
ya más de 25 para destrabar el problema.
Luego dijo que la decisión de la
mayoría debería ser respetada porque así lo marca la Ley Agraria,
y precisó que era una asamblea debidamente constituida.
Señaló que la vía de la conciliación
era la mejor forma de destrabar el problema, “pues el juicio
es una moneda en el aire” que podría llevar varios años más,
pues en estos momentos está en la etapa de desahogo.
En entrevista, el funcionario no
quiso abundar sobre el tema porque señaló que la propuesta
había sido de los empresarios y el gobierno estaba como invitado
del comisariado. Aunque se supo
que en la oferta van incluidos varios millones que aportará
el gobierno estatal.
Ante la insistencia, Esaú Tapia señaló que el gobierno lo que busca es que los
conflictos agrarios se resuelvan con base a la conciliación.
Los ejidatarios que se opusieron
a la venta abandonaron la asamblea y advirtieron que harán
movilizaciones e impugnarán el acta.
Mientras los campesinos ponían
su firma en el acta donde aceptaban vender por 80 millones,
los representantes legales, encabezados por Eric Meller,
informaban del desarrollo de la reunión y luego el acuerdo.
El litigio es con el ejido, no
con particulares
En entrevista con El Sur, al finalizar
la asamblea, Eric Meller dijo que
los empresarios ofrecieron 80 millones de pesos a cambio del
finiquito total del juicio y que los terrenos pasen a manos
de la empresa regiomontana, de la cual uno de los socios principales
es Alberto Santos.
Explicó que en la etapa procesal
no hay una sentencia que acredite que los terrenos que les
reclaman son ejidales, pero que siempre la composición amigable
es la mejor vía para resolver los problemas y más cuando,
como Plan de los Amates, son vecinos.
Sobre los opositores, dijo que
pueden inconformarse sobre la decisión de la asamblea, pero
finalmente la asamblea es el órgano máximo de representación
de un ejido.
Precisó: “Nosotros no estamos peleando
de ninguna manera en lo personal con ninguno de sus integrantes,
no obstante el estado de derecho obliga a que las decisiones
que sean tomadas por mayoría, en asambleas legalmente instaladas,
sean para todos obligatorias en forma definitiva”.
Sobre cuándo podría ser entregado
el dinero a los ejidatarios, el abogado indicó que se está
hablando de formalidades legales que incluyen acudir con las
autoridades agrarias para acreditar que la asamblea se llevó
a cabo conforme a derecho, por lo que el tiempo que se podría
tomar es de tres semanas.
Cuando se le preguntó si una vez
cumplidas las formalidades ellos desalojarán a los ejidatarios
que ocupan el predio, respondió: “Eso no nos corresponde a
nosotros, es de las autoridades. La voluntad del ejido se
ha expresado en esta asamblea y es la voluntad del ejido la
que debe respetarse para que cumplan con los acuerdos que
se están plasmando. No nos toca a nosotros desalojarlos, tampoco
a los ejidatarios, lo que es cierto es que el proceso legal
es entre Tres Vida y el núcleo ejidal, no entre Tres Vidas
y personas en lo individual”.
Comentó que los planes para esa
área son de inversiones muy importantes que se ha retrasado
por muchos años y que le ha hecho perder alrededor de 50 millones
de pesos.
Para dar validez a la asamblea
acudió el notario público Arturo Rosarí
Morlett, así como representantes de la Procuraduría Agraria.
Debe la SRA asumir su responsabilidad en hechos
en Hidalgo. (La Jornada Angélica Enciso,
p.web).
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) pidió a
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que asuma
su responsabilidad por los sucesos ocurridos en el poblado
Santiago Acayutlán, Hidalgo, donde
murieron cinco campesinos tras un enfrentamiento a balazos
entre dos grupos del ejido.
El dirigente de la UNTA, Alvaro López,
sostuvo que el hecho violento no ocurrió por una pugna entre
dos grupos de la organización, sino que fue consecuencia de
un conflicto en el ejido.
"Se trata de una agresión en la que nos mataron a cuatro
personas, y la gente que agredió, en el fuego cruzado mató
a uno de su grupo. Es un conflicto agrario pendiente de resolver,
y el detonante fue que la SRA se presentara a medir tierras",
agregó.
El ejido tiene una superficie de 175 hectáreas, de las cuales
53 están en disputa. Según la SRA, en la comunidad existen
enfrentamientos y divisionismo, lo cual ha dificultado la
solución del problema.
El líder campesino explicó que la lenta actuación de la dependencia
generó la agresión en la que hubo muertos.
Hay dos varas ante los problemas del agro: organismos
campesinos.
(La Jornada, Angélica Enciso, p. web)
Las organizaciones campesinas que se movilizaron en la Jornada
nacional por el rescate del campo se mantienen en espera de
que el secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda, las reciba para avanzar en la solución a sus demandas,
pero el funcionario mantiene una "actitud dilatoria".
Los dirigentes de las agrupaciones se reunieron ayer con funcionarios
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para abordar
los problemas que existen en el avance de programas, informó
Alvaro López, de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas.
Señaló que además se mantienen los conflictos por el rezago
agrario, ya que en estos casos existen diferencias de criterio
y hay una actitud discriminatoria.
Explicó que ese tipo de conflictos se resuelven a partir de
lo que se denomina avalúos referenciados, lo cual significa
que la dependencia paga a precios altos a los dueños de la
tierra para resolver rápidamente los conflictos. Pero en el
caso de los asuntos incluidos en el número 262 del Acuerdo
Nacional para el Campo, que tiene que ver con las organizaciones
campesinas, la dependencia remite los casos a la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales, donde el proceso es más lento
y los pagos son inferiores, lo que hace que los conflictos
se alarguen. López señaló que la discusión es porque "se
mide con dos varas distintas casos que llegan a ser iguales".
Abrirán las mesas de negociaciones. (Cuarto Poder, Sergio
Granda, p.web)
Tras lamentar que el rezago agrario en Chiapas y estados
como Hidalgo provoque crímenes entre indígenas y campesinos
por un pedazo de tierra, el vocero autorizado de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Carlos Humberto
Luna López, afirmó que del 15 al 19 instalarán las mesas de
negociaciones con el Gobierno Federal en la Ciudad de México.
Después de sus movilizaciones y la negociación en oficinas
centrales de Bucareli (Segob),
Luna López lamentó que cuatro compañeros de la UNTA Hidalgo
hayan sido emboscados y asesinados de regreso a sus casas,
después de haber estado concentrados en el plantón nacional.
"Vamos a regresar al Distrito Federal para sentarnos
con funcionarios de Sagarpa, Sedesol, la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de
Electricidad, Comunicaciones y Transportes y el Fonaes;
es el resultado del acuerdo obtenido por los 35 representantes
de la UNTA, la CIOAC, la UCD, la CCC y el CODUC, principalmente",
sostuvo.
Citó que entre
las demandas de la UNTA Chiapas sobresalen el pago de 700
pesos mensuales para unos 20 mil militantes. "Nos sentimos
engañados porque sólo pagaron dos o tres meses y en cantidades
diferentes en el 2003 y 2004; fuimos segregados del padrón
nacional".
En Vivienda Rural, precisó que tienen un paquete de cuatro
mil compañeros en 24 municipios, quienes aguardan tales recursos,
mismos que no se encuentra definidos actualmente.
Luna López sostuvo que sus demandas agrarias son las
contenidas en 12 expedientes agrarios del numeral 262 del
Acuerdo Nacional para el Campo.
Finalmente refirió: "Exigimos se paguen las más
de mil hectáreas ocupadas desde 1949 por la UNTA Chiapas a
los grupos Las Flores y Morelia, en Chicomuselo;
Lázaro Cárdenas, en Villacorzo,
o Rincón del Huano y El Pital,
en Palenque, donde la Reforma Agraria ha venido poniendo
trabas".
Aún “desde la cárcel”, López Obrador competirá
por la canddiatura del PRD. (La Jornada, Renato Dávila, p. web)
Aún "desde la cárcel, si fuera el caso", el jefe
de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López
Obrador, se inscribirá en la elección interna del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), y si es postulado candidato
a la Presidencia para 2006, "irá a esa contienda con
la debida protección legal", estableció el comité promotor
de las redes ciudadanas que apoyan el proyecto político del
funcionario capitalino. El proceso no implica la vulneración
automática de sus derechos políticos, pues eso ocurrirá hasta
que sea "cosa juzgada", argumentaron.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, Manuel Camacho,
Socorro Díaz, Raúl Ojeda y José Agustín Ortiz Pinchetti
dieron a conocer la postura de las redes ciudadanas ante el
eventual desafuero contra López Obrador, que podría consumarse
en las próximas semanas. "Las redes lo asumirán como
su candidato en cualquier circunstancia", señala el documento
leído ayer por Monreal.
Recurriremos a las instancias nacionales e internacionales
necesarias para denunciar este "atropello e infamia",
señaló el ex gobernador de Zacatecas. Por el momento no pensaremos
en un plan B y la atención se concentrará en el A; no hablamos
de suplentes ni de sustitutos. "No caeremos en provocaciones
ni nos radicalizaremos. Tampoco victimizaremos a nadie", asentó.
Explicó que existen 3 mil expedientes de desacato similares
al que utilizan para acusar a López Obrador. En la mayoría
no se determinó el ejercicio de la acción penal, aunque sí
se hizo una excepción en contra del jefe del GDF. Inclusive,
el Ejecutivo federal tiene resoluciones de desacato en su
contra en materia agraria, pero aquí estamos "frente
a una canallada, un golpe de Estado al derecho mexicano",
agregó.
Ellos saben que López Obrador "no violó la ley",
indicó. La decisión de iniciar el proceso de desafuero fue
una determinación política. Se le acusa por un delito para
el que no hay sanción, y la Procuraduría General de la República,
con un doble rasero, ha declarado improcedentes todos los
casos semejantes.
Además, continuó Monreal, la acusación está llena de "errores
técnicos y fallas de procedimiento". Contra el principio
de presunción de inocencia, sin sentencia de por medio se
le pretende quitar sus derechos políticos por el mero hecho
de ser acusado.
Afirmó que el plan del gobierno es desgastarnos, y piensan
que en dos meses la gente se olvidará del caso. Nosotros actuaremos
con "firmeza, de manera pacífica y dentro de la ley.
Si el desafuero va adelante, no terminará en el olvido, sino
en una victoria electoral a favor de un proyecto alternativo
de nación". Tampoco confrontaremos al Ejecutivo ni al
Legislativo. Desde la cárcel, López Obrador defenderá sus
derechos con la resistencia ante la arbitrariedad, pues no
se amparará ni solicitará fianza".
Hemos platicado con él, pero estamos frente a una decisión
del comité promotor, respondió Monreal acerca de si el pronunciamiento
había sido consultado previamente con el jefe de Gobierno
capitalino.
Respetamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pero
estamos en un comité de redes de apoyo a López Obrador y buscaremos
que él sea el ganador de la contienda interna y después el
candidato perredista para 2006,
respondió a la pregunta sobre la posición del otro aspirante
presidencial del partido en este asunto.
-¿Estas acciones generarán incertidumbre en el país? -se preguntó
a Monreal.
-Es una decisión política de defensa frente a una ofensiva
y una decisión política. No queremos victimizar
a nadie.
Acerca de las movilizaciones, refirió que "quizá vayamos;
sabemos que las habrá". Pero estamos conscientes de que
"las provocaciones no nos van a radicalizar".
En relación con la acusación que pesa sobre Manuel Camacho
y Socorro Díaz de que son salinistas,
Monreal dijo: tienen "toda la calidad moral". Ahí
está su trabajo de años. "Militar en un partido no nos
hace delincuentes ni personas non gratas".
Por su parte, Ortiz Pinchetti dijo
que hay una resolución reciente del Instituto Federal Electoral
acerca de que los derechos políticos de López Obrador no se
anularían en el momento en el que la Cámara de Diputados decidiera
desaforarlo. "Tiene que ser cosa juzgada", refrendó
el diputado federal.
Crece ocupación castrense y despojos con el foxismo. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.web).
Lejos de reducirse, la ocupación militar en la zona de conflicto
en Chiapas se ha incrementado en el periodo presidencial de
Vicente Fox. Ahí se desarrolla un despliegue estratégico de tropas
"bajo una lógica de guerra regular e irregular",
que despojó de tierras a poblaciones indígenas vía adquisiciones
y decretos expropiatorios -plagados de violaciones a la Constitución
y al derecho internacional- para entregarlos al Ejército Mexicano.
Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con 114 posiciones militares permanentes en
esa entidad -sin contar los campamentos castrenses de la 36
Zona Militar con sede en Tapachula-, 91 en territorio indígena,
de las cuales 40 son predios "ocupados y no expropiados".
En total el Ejército dispone de 4 mil 976 hectáreas, aunque
en respuesta a una solicitud presentada ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información, la Sedena
reportó sólo la adquisición de 4 mil 443 hectáreas, es decir,
532 hectáreas menos de las que realmente ocupa.
De 41 terrenos que son propiedad de la Sedena,
27 fueron adquiridos después del surgimiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), sólo tres en el periodo de Carlos Salinas, 10 en el
de Ernesto Zedillo y 14 en sólo
cuatro años de Fox, además de cuatro predios ejidales en proceso de expropiación.
En una investigación realizada por el Centro de Análisis Político
e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise),
denominada Derechos colectivos de pueblos indígenas. El
territorio ocupado, se documenta lo anterior y se subraya
que la cifra de 41 predios adquiridos por el gobierno federal
para uso exclusivo de las fuerzas armadas representa una disparidad
"cuantitativa y cualitativa" respecto a cualquier
otro estado.
Por ejemplo, añade el documento fechado en San Cristóbal de
las Casas, en febrero de 2005 otros estados con expropiaciones
en favor de las fuerzas armadas son Veracruz (vecino a Chiapas)
y Chihuahua (el más grande del país) con 17 predios, es decir,
menos de la mitad que la entidad en estudio.
Tan sólo en el municipio de Ocosingo, la Sedena
adquirió en 10 años siete predios: en San Quintín, ejido Taniperla,
ejido Benemérito de las Américas,
Flor de Cacao, Amador Hernández González, ejido Nueva Orizaba
y Las Peñas.
El informe, que se concentra en el estudio de las afectaciones
al derecho al territorio de las comunidades indígenas a partir
de la ocupación militar, enfatiza que esta agresión "va
acompañada de una sistemática violación a derechos humanos",
como son la integridad física y las garantías políticas, económicas
y sociales.
Por otra parte, destaca que la suma total de hectáreas adquiridas
y expropiadas no toma en cuenta los ejidos de Guadalupe Tepeyac, San Cristóbal Buenos Aires y Guadalupe de los Altos
(Río Euseba), los cuales fueron
transferidos "ilegalmente" a la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) el 26 de marzo de 2001.
Tampoco considera dos "acuerdos de destino", publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre
de 1996, mediante los cuales se asignaron a la Sedena
terrenos en Rancho Nuevo: uno de mil 974 hectáreas, para la
construcción de la 31 Zona Militar, y 389 hectáreas para la
instalación del Centro de Adiestramiento Regional.
Entre las violaciones más frecuentes a la legislación mexicana
y al derecho internacional al entregarse terrenos a la Sedena -de acuerdo con un estudio- destaca que en la mayoría
de los casos el Ejército primero ocupa los predios y después
se inicia el procedimiento de expropiación.
También llama la atención la violación a la Ley Agraria
en los 40 casos en que los militares mantienen en su poder
terrenos que no fueron expropiados; la creación de campamentos
en parcelas e instalaciones escolares -sobre todo en la zona
de la selva-; la adquisición de predios sin haber consultado
al comisariado ejidal, y el establecimiento
de grupos castrenses en parcelas y planteles escolares.
Otra irregularidad ocurrió el 26 de marzo de 2001, cuando por
decreto presidencial se transfirieron predios de la Sedena
a la Sedeso correspondientes a Guadalupe
Tepeyac, San Cristóbal Buenos Aires y Guadalupe de los Altos,
pese a que el artículo 97 de la Ley Agraria precisa que cuando
un bien expropiado se destine a un fin distinto al señalado
en el decreto, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento
Ejidal reclamará la reversión parcial o total de los bienes
expropiados, requisito que no se cumplió.
El documento subraya que "la batalla por el reconocimiento
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas pretende
resguardar su identidad colectiva y el respeto a su diferencia
como pueblos minoritarios que les permita disfrutar el pleno
goce de sus derechos", por lo que, "como es evidente,
la ocupación militar no solamente inhibe estos derechos, sino
que sistemáticamente los lacera".
El estudio resalta por otra parte el caso del ejido Amador
Hernández, donde, pese a que el juez primero de distrito en
Chiapas, Roberto Obando Pérez, concedió la razón a los ejidatarios (amparo
942/2004) contra el decreto expropiatorio
de un predio en favor de la Sedena,
el gobierno federal interpuso un recurso de reclamación, por
lo que el asunto sigue en juicio. El juez consideró que se
violó la Ley de Expropiación, ya que el decreto fue para una
ocupación "transitoria", y en realidad fue "permanente".
Además se documenta que la ocupación, "por su magnitud,
características y lógica operativa en determinadas áreas,
representa una violación a los compromisos asumidos por México
ante la comunidad internacional en materia de protección de
sus pueblos indígenas".
Entre los acuerdos y convenciones que no han respetado los
gobiernos mexicanos de 1994 a la fecha destacan: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
En términos generales, señala la investigación, la presencia
militar ha derivado en la apropiación de terrenos cultivables
y comunitarios, lo que rompió la ancestral relación que existe
entre el territorio y la preservación de las culturas indígenas;
el desplazamiento de indios a otras comunidades genera incertidumbre
en la propiedad de sus tierras, y la falta de reparación en
caso de que se pierdan sus bienes deja a los afectados desprotegidos
frente a intereses gubernamentales o privados.
Por otra parte, el Capise desestima
los argumentos de que la ocupación "es necesaria por
razones de seguridad nacional", porque cae en la paradoja
de "justificar la presencia del Ejército Mexicano invocando
un estado de conflicto que nunca ha sido declarado y que,
por tanto, no puede ser alegado".
Prensa Estatal
AGUASCALIENTES
Organizaciones avalan 10 líneas estratégicas de
este gobierno con respecto al medio rural. (El Hidrocálido, Nota Informativa,
p. web)
Los integrantes del Consejo para
el Desarrollo Rural Sustentable en el que participan dependencias
relacionadas con el sector campesino, organizaciones de productores
y organizaciones sociales campesinas, avalaron las diez líneas
estratégicas de trabajo de la actual administración en el
sector agropecuario. Durante la primera reunión de ese organismo
en el presente año, se informó que los programas de este 2005
se desarrollarán con las reglas de operación del año pasado
y se incluirán las propuestas de los productores en los programas
de apoyo que tiene el gobierno del estado y las dependencias
federales que inciden en el sector para fortalecer el desarrollo
agropecuario. Luis Arteaga Niepmann,
presidente de la Codagea, destacó
que se trabajará en las líneas estratégicas para el campo,
como lo son la Organización y Modernización; Educación y Formación,
Casos de Éxito y Mejores Prácticas, Apoyos a la Productividad,
Promover la mejora continua integral, promover la normalización
y certificación de habilidades y tecnologías del sector agropecuario.
Arteaga Niepmann señaló que otras líneas estratégicas consisten en
direccionar la producción con base a la demanda; apoyar la
integración y consolidación de la agroempresa
local, precios justos para el campo sustentable, así como
identidad y calidad de Aguascalientes. La activa participación
de los miembros de este Consejo dio como resultado el compromiso
de que los productores harán llegar las propuestas que consideran
necesarias para integrarlas en el plan de trabajo. El presidente
de Codagea dijo que dentro de los programas que iniciarán en
los próximos días se encuentran la producción agrícola bajo
ambiente controlado en invernaderos; la reconversión de zonas
temporaleras de bajo potencial a
pastos, y los huertos de nopal forrajero y verdura, entre
otros. Asimismo, informó sobre los servicios que prestan los
Centros de Atención a productores ubicados en los municipios
de Aguascalientes y Rincón de Romos, así como en las oficinas
de la Codagea y el Distrito de Desarrollo
Rural.
CHIAPAS
Chiapas: exigen se aclare crimen de líder indígena.
(El Universal, Nota Informativa, p.web)
Venustiano Carranza,
Chis. Señalado como uno de los dirigentes
del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Manuel Hidalgo
Espinosa, cuyo cadáver fue encontrado la madrugada del miércoles
en este municipio, fue sepultado ayer jueves aquí entre protestas
de los pobladores que exigieron se aclarara su muerte.
El dirigente fue velado en la Casa
del Pueblo, que agrupa a indígenas tzotziles
que desde hace 40 años han mantenido una constante lucha
por la tierra y en donde Manuel Calvo, uno de los integrantes
de esa organización campesina, responsabilizó al gobierno
del estado de la muerte de Hidalgo Espinosa, de 52 años de
edad.
Antes de sepultar el cuerpo del
dirigente, los indígenas tzotziles
de la Casa del Pueblo se manifestaron por las calles de la
cabecera municipal y quemaron un féretro de cartón frente
al palacio municipal en protesta por la "injusticia"
que, aseguraron, impera en Venustiano
Carranza.
Calvo dijo que el homicidio de
Hidalgo Espinosa "es parte de una persecución que hemos
sufrido por parte del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía,
desde julio del 2001; demostrando con ello su política represiva
con la intención de acabar, acallar las voces y las luchas
de nuestra comunidad".
El cadáver de Hidalgo Espinosa
fue encontrado por policías municipales la mañana del miércoles
pasado en una calle del barrio de San Pedro, municipio de
Venustiano Carranza, en la región
centro de Chiapas. Según la Fiscalía General del Estado, el
cuerpo presentaba un impacto de bala calibre .22 en el pómulo
izquierdo, además de que en el lugar se localizaron dos casquillos
percutidos y un cartucho útil del mismo calibre.
Un informe de la FGE indicó que
Hidalgo Espinosa, que había participado disfrazado en las
fiestas del carnaval e ingerido bebidas alcohólicas con vecinos
del barrio, tenía en su contra una orden de aprehensión por
la muerte de ocho personas en abril de 2001, en Multajiltic, en este mismo municipio.
"Para el gobierno nosotros
somos delincuentes, somos desestabilizadores, pero en realidad
somos personas que luchamos por defender nuestros derechos",
añadió Calvo.
Flor de María Vázquez Jiménez,
la esposa, negó que Hidalgo Espinosa haya estado ingiriendo
bebidas embriagantes y aseguró que lo mataron a traición.
"Exijo justicia, que caiga todo el peso de la ley contra
quien sea el responsable", dijo la mujer tras asegurar
que la muerte de su marido fue por motivos políticos.
Según Calvo, en julio de 2001 fueron
detenidas tres personas, que aún no han sido sentenciadas,
acusadas de intervenir en la muerte de ocho personas en la
comunidad de Multajiltic, y en febrero
de 2003 también fue detenido por el mismo caso Ángel Hidalgo
Espinosa, dirigente de la Casa del Pueblo y hermano de Manuel.
La detención originó que la Casa
del Pueblo, integrante de la Organización Campesina Emiliano
Zapata, organizara un bloqueo en la carretera entre Tuxtla
y Venustiano Carranza, que llevó
a la detención de 48 indígenas, así como del comisariado ejidal, José Arnulfo Díaz Vázquez, quien representaba
a los indígenas en diálogo con el gobierno estatal.
La lucha por la tierra aún genera muertes en Chiapas,
dicen tzotziles. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p. web)
Venustiano Carranza, Chis.,
10 de febrero. La lucha por la tierra sigue dejando en Chiapas
una secuela de muertes, violencia e injusticias, consideraron
miles de indígenas tzotziles durante la ceremonia de entierro de su compañero
Manuel Hidalgo Espinoza, uno de
los máximos dirigentes de la organización campesina Casa del
Pueblo.
El líder campesino, ultimado la mañana del miércoles, mantuvo
durante décadas una lucha activa en favor de los comuneros
de su región, lo que le valió diversas amenazas de muerte.
"Manuel fue hijo de un peón acasillado,
su papá fue prácticamente esclavo de los caciques de Carranza,
y murió tan pobre como nació. El campesino decidió entonces
luchar por un futuro mejor para él y su descendencia; se enfrentó
a cuantos quisieron quitarle el pedazo de tierra comunal que,
luego de décadas de querellas, logró defender en favor de
su pueblo", señalan quienes lo conocieron.
"En al menos dos ocasiones pisó la cárcel, acusado de
delitos derivados de su lucha por la tierra. En 1984 Amnistía
Internacional lo declaró preso político. Hoy, ya muerto, las
autoridades siguen ensañándose con él, diciendo que era prófugo
de la justicia, un delincuente", remembraron ante su
cuerpo tendido en la sala principal de la llamada Casa del
Pueblo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) lo señala
como presunto responsable de los homicidios de ocho personas,
ocurridos en abril de 2001 en el predio Multajiltic.
Rosa, su mujer, y sus seis hijos lloran sin tapujos su muerte.
Son personas sencillas, vestidas de forma humilde. Nada que
indique que las décadas de lucha hayan mejorado su presente.
Alrededor de Manuel Hidalgo Espinoza
se encuentran cientos de indígenas dedicados a la siembra
de caña. Atrás las fotos de otros como ellos. Unas 50 imágenes
a las que hoy se les unió la de Manuel. Son los rostros de
los caídos en la lucha, los que murieron asesinados, los que
aún se encuentran desaparecidos.
Al cabo de un rato sacaron el féretro del campesino, lo llevaron
por el pueblo entre lamentos y consignas contra el gobierno
y los caciques, ra quienes consideran
culpables de la muerte de su compañero.
Denunciaron que la ejecución de Hidalgo Espinoza "no es un hecho aislado", como intenta
dar a conocer el gobierno estatal por medio de la procuraduría,
"pretendiendo ridiculizar su muerte con el argumento
de que falleció debido los influjos del alcohol y disfrazado
porque andaba de fiesta en el carnaval".
Dijeron que al gobierno estatal no le basta con tener presos
a los hermanos Mario, Enrique y Alberto de Jesús Coutiño
Morales, y a otro de los líderes de la Organización Campesina
Emiliano Zapata (OCEZ), Angel Hidalgo
Espinoza, sino que ha emprendido
una campaña de acoso, hostigamiento y persecución contra sus
dirigentes en los pasados cuatro años.
Los comuneros trasladaron el cuerpo de Hidalgo Espinoza a la iglesia, para después llevarlo al panteón municipal,
donde descansan sus otros casi 50 compañeros de la OCEZ que
han muerto en los pasados 35 años.
El cuerpo de Manuel Hidalgo Espinoza,
de 42 años de edad, presentaba un impacto de proyectil de
arma de fuego, calibre 22, en el pómulo izquierdo, y en la
escena del crimen se encontraron dos casquillos percutidos
y un cartucho útil del mismo calibre.
Zozobra tras el desalojo. (Cuarto Poder, Enrique Romero,
p. web)
Tras el sorpresivo desalojo que
diferentes corporaciones policiacas
efectuaron este miércoles de varias familias asentadas irregularmente
en el "Paraje Paraíso" de la reserva de Montes Azules,
desconocen qué pasará con ellas luego de haber perdido sus
pertenencias.
Como se recordará, ayer se informó también de
la detención de cuatro personas, durante el desalojo y de
que ocho niños y dos mujeres habían sido trasladados al CRED
de Palenque.
Los desalojados viven la incertidumbre
de no saber qué pasó con sus pertenencias, dónde está el resto
de las aproximadamente ocho familias (más de 40 personas)
que eran sus familiares y vecinos, qué sucede con los detenidos
y qué pasará con ellos.
Para aumentar su angustia, sólo
uno de los menores habla español y los demás son monolingües.
Los detenidos
Durante el operativo de las corporaciones
que arribaron en helicóptero, fueron detenidos los indígenas
Lorenzo Sánchez Gómez, de 14 años de edad; Victorio Núñez
Jiménez, 37 años de edad; Armando Sánchez Gómez, 17 años y
Faustino Sánchez Hernández, de 40 años de edad, quienes fueron
trasladados este miércoles a la Subprocuraduría
de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, según
se informó.
Sin embargo, sus familiares en
Palenque desconocen qué fue de ellos, y aunque reconocen que
en el CRED de Palenque, en el que están albergados y donde
se les están proporcionando comida, ropa y atención médica,
los están atendiendo bien, impera la angustia de no saber
muy bien lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar
en lo futuro.
Las mujeres lloran, los niños pequeños
observan callados y con los ojos muy abiertos, ninguno juega
o ríe, en tanto que uno de los muchachos pregunta por su padre
el cual fue detenido por ecocidio.
Se informó que a los detenidos
se les decomisó herramientas, las cuales eran utilizadas para
talar los árboles de la Reserva Federal de Montes Azules.
Testimonio
El muchacho -de unos 14 años de
edad- Lorenzo Núñez, hijo del indígena detenido, Victorio
Núñez Jiménez, dice que sí cortaban madera pero sólo postes
para hacer una cerca, pues tenían algo de ganado, que no venden
madera, sólo usan la que necesitan, como todos los campesinos.
Asegura que llegaron a "Paraje
Paraíso" porque no tenían tierras, que su familia no
tienen mucho tiempo ahí, pues son originarios de Chabojahual, municipio de El Bosque, pero que otros de los
que fueron desalojados llevan ya muchos años en Montes Azules.
Solamente sabe que los otros fueron
llevados a Comitán y como es el único que habla español, traduce
la angustia de las mujeres por saber sobre sus familiares
y vecinos, y de sus pertenencias.
Miguel Ángel García Aguirre, dirigente
de "Maderas del Pueblo del Sureste" (una organización
conservacionista), al conocer del desalojo policiaco,
externó: "¿No qué ya no iba
haber desalojos violentos? Estas familias son las que no aceptaron
reubicación y se decían zapatistas; con ellas estuvimos Iván Azuara
y yo en el año 2002. Se trata a toda costa de despejar la
zona y entregar el control del territorio a las ONG conservacionistas
(Conservación Internacional, The Nature
Conservancy, WWF, Espacios Naturales
y Desarrollo Sustentable) vinculadas directa o indirectamente
(fondos-financiamiento) con las grandes corporaciones como
Ford Motors Co.,
Monsanto, Pulsar Seminis,
Enron, Mobil, entre otras".
DURANGO
Aportará Durango $32 millones para la presa El
Tigre. (El Sol de La Laguna, Irma
Duéñez, p.web).
CD. LERDO, Dgo. (OEM).- Es un hecho
que se apoyará el proyecto de construcción de la Presa El
Tigre, proyecto para el cual el Gobierno del Estado aportará
32 millones de pesos, del total del presupuesto que será de
110 millones de pesos, señaló ayer el Secretario de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, del Gobierno de Durango, doctor
José de Jesús Muñoz Ramos, en reunión con los medios de comunicación
y agregó que este es un proyecto importante que beneficia
a más duranguenses que los "supuestos" perjudicados,
consideró que es una obra muy importante para el Estado y
además viable, que permitirá optimizar el agua y su uso. Indicó
que este proyecto debe estar iniciando en el mes de marzo
próximo.
Respecto a los programas de que el Gobierno de Durango llevará
a cabo en conjunto con la CNA, dijo que en general hay dos
grandes líneas, lo que es uso eficiente del agua y energía
eléctrica, además de los proyectos de rehabilitación de Distritos
de Riego, principalmente hacía allá están encaminados los
recursos y quizá otro más que serían obras más grandes como
viene siendo la presa de, El Tigre.
Dejó en claro que es interés del Gobierno del Estado de Durango
el que se siga avanzando con el proyecto de esta presa, tan
es así que dijo que ya está autorizado el monto por parte
del Estado para la ejecución de esta presa El Tigre, y corresponden
a 32 millones de pesos.
Al referirse a la controversia creada por algunos pequeños
propietarios que dicen serán afectados por esta obra, el funcionario
estatal dijo, siempre habrá personas que estén a favor y personas
que estén en contra, y agregó que el Gobierno Estatal siempre
tiene que velar por los intereses del mayor número de productores,
por encima de los intereses particulares minoritarios y lógicamente
este tipo de obras son de largo alcance y de largo plazo.
No es el primer caso en el que haya opositores a este tipo
de grandes obras, pero que si se ven de momento, están de
moda las inconformidades, situación que pasa y al cabo del
tiempo las obras por sí mismas dan su resultado.
Para el gobierno del Estado la obra de construcción de la presa
de El Tigre, la considera benéfica y dejó en claro que el
agua que ya se tiene concesionada a los productores del entorno
a esta presa, seguirán siendo los mismos volúmenes.
Esta presa jugará un papel muy importante no sólo como almacenadora del agua, sino como reguladora del cauce para
evitar inundaciones, que es otro de los objetivos al igual
que optimizar el recurso. Agregó que hay que tomar en cuenta
que cada año se observa que los picos máximos de avenida se
rompen, porque las avenidas se salen fuera de su cauce, consecuencia
de que hay menor cobertura de vegetal en el suelo, aumenta
el escurrimiento superficial y se reduce el tiempo de concentración
de las tormentas, esto ocasiona que las avenidas sean más
fuertes y en el menor tiempo posible.
Sin duda esto ocasiona inundaciones, afectando a poblaciones
a cultivos, por lo que esta presa jugará un papel muy importante
para que sirvan de reguladoras de estos gastos. Respecto al
inicio de la construcción de la presa El Tigre, dijo que no
será más allá de marzo.
En torno a las amenazas de suspender el inicio de obras y de
recurrir al amparo, dijo el funcionario que la actitud del
gobierno del Estado, será conciliatoria, siempre exhortándolos
a alguna negociación; sin embargo al final de cuentas lo que
tiene que predominar, es el sentir y el beneficio a futuro.
Comentó que los proyectos de la Presa El Tigre y El Cañón de
la Cabeza en Coahuila son de ejecución nacional y para este
tipo de obras, sin duda que debe haber consenso entre los
gobiernos de Coahuila y de Durango, pero también es un acuerdo
nacional de apoyar este tipo de obras que tendrán gran alcance
y trascendencia, además de que los recursos para realizarlas
la mayor parte vienen de recursos federales, por lo que se
tiene que considerar, no solamente el Estado unilateral está
tomando esta decisión, es consensada y es en conjunto.
INFORMACION PROPORCIONADA POR CNA SOBRE EL PROYECTO DE LA PRESA
EL TIGRE
Con un costo estimado de 110 millones de pesos, el proyecto
de la presa El Tigre se ubica en San Juan de Guadalupe, la
superficie afectada es de 275 hectáreas.
Su almacenamiento será de 14 millones de metros cúbicos en
su capacidad de conservación, es una presa de almacenamiento
muy pequeña. Aclaró que el volumen que se utilizó este año
y que se usará el año entrante, es de 1,800 millones de metros
cúbicos son 1,000 millones del acuífero principal y 800 millones
de las presas, que comparado con los 14 millones de esta presa,
se puede dimencionar la afectación
que realmente es muy pequeña.
El baso o zona inundable, porque
recordó que ésta será una presa de almacenamiento e indicó
que no hay que olvidar que el arroyo de El Tigre, es un afluente
del Aguanaval y no está el proyecto
sobre la corriente principal, cuya capacidad como se indica
es de 14 millones de metros cúbicos, de los cuales 12 millones
de metros cúbicos son de capacidad útil y los otros 2 millones
de metros cúbicos corresponden a capacidad muerta o como capacidad
de azolves.
En este tipo de obra es necesario prever una obra de desvío,
que es la infraestructura que permite darle seguridad a la
presa y trabajar en época de la presencia de aguas.
Se tiene que hacer una estructura que les permita darle certidumbre
y continuidad a los trabajos que se lleguen a hacer.
La capacidad del vertedor sería de 1,114 metros cúbicos por
segundo y con esto se garantiza la estabilidad y seguridad
de la obra.
GUERRERO
Negocian ejidatarios de La Sabana vender sus productos
a empresas trasnacionales. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Con el objetivo de comercializar
los productos que se cultivan en el ejido de La Sabana, los
campesinos comenzaron pláticas con representantes de las empresas
nacionales e internacionales Comercial Mexicana, Wal
Mart y Sams Club,
informó el integrante del Frente de Defensa Campesina de ese
ejido, José Carlos Godoy Hernández.
Godoy Hernández indicó que a la
par de estas pláticas los campesinos del ejido más grande
de Acapulco conforman ya cooperativas rurales de limón, jamaica,
coco y mango, por lo que esperan tener el apoyo para estos
proyectos productivos del nuevo gobierno que encabezará Zeferino
Torreblanca Galindo.
Explicó que para estos planes cuentan
con el respaldo de la Delegación de Economía, que encabeza
Marcos Efrén Parra, y el responsable del Fonaes,
Oscar Hernández, quienes los asesoran sobre la comercialización
y técnicas para cosechar el producto para ser competitivos
pues ya tiene calidad.
Godoy Hernández dijo que los campesinos
se interesan mucho en la maracuyá
pues consideran que podría ser un producto importante para
el repunte, debido a que es una fruta que se da todo el año
y tiene buen mercado.
El dirigente de ejidos señaló que
son los primeros acercamientos con las empresas para que comercialicen
sus productos, y dijo que les interesa mucho porque así se
podría terminar con el “coyotaje”, pues éstos se quedan con
la mayor parte de las ganancias del producto que cosechan
los campesinos.
En otro tema, Godoy Hernández informó
que a pesar de que las autoridades ejidales encabezadas por
Víctor Olea Ozuna pretenden vender
el terrenos del rastro municipal,
los ejidatarios no van a permitir que lo comercialice sin
su autorización.
Explicó que hay desacuerdos porque
las autoridades a unos les quiere
dar más que a otros, y eso no lo van a permitir.
HIDALGO
Persiste clima tenso en Santiago Acayutlan. (El Universal, Dinorath Mota, p. web).
Pachuca Hgo.
Continúa la tensión en la comunidad de Santiago Acayutlan,
municipio de Tezontepec de Aldama,
donde familiares de los cuatro campesinos acribillados el
pasado martes, acompañados de pobladores de la comunidad,
realizaron saqueos y destrozos en al menos ocho viviendas
de los señalados como responsables de los crímenes, aseguró
Isidro Pedraza Chávez, líder estatal de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Sin embargo, el delegado de la
comunidad, Francisco Díaz Oropeza, negó que se hubiera cometido
algún ilícito en contra de los familiares de los inculpados.
Sin embargo, sentenció que el problema
aún no termina, toda vez que no han detenido a los responsables
de la muerte del comisariado ejidal
Roberto Díaz Cruz, así como de sus familiares Miguel Díaz
Cruz (hermano), Vicente Díaz Álvarez (primo) y Gabriel Cruz
Díaz (cuñado).
Díaz Oropeza alertó que el hecho
de que permanezcan libres los supuestos asesinos mantiene
inconforme a los pobladores, quienes exigen justicia. No obstante,
se negó a proporcionar más datos sobre las acciones que podrían
tomar en caso de que en el corto plazo las autoridades no
cumplan con la captura de Pedro Cruz Lorenzo y su grupo de
campesinos señalados como los autores del crimen.
Muchos policías
De esta manera, hizo un llamado
a las autoridades para que resguarden la zona puesto que la
amenaza para los familiares de los inculpados es grave.
Al respecto, el secretario de Gobierno,
Aurelio Marín Huazo, corroboró que
sí se intentó afectar una vivienda, pero se logró calmar los
ánimos. Confirmó luego que fue retirada la policía que estaba
en el lugar y sólo persiste la presencia de 80 oficiales;
"no creemos necesario tener mil policías para cuidar
a 200 personas", dijo.
MICHOACÁN
Resarcirá Hylsa daños
ecológicos en región nahua de Michoacán. (La Jornada,
Ernesto Martínez, p.web).
Morelia, Mich., 10 de febrero. Los mineros de la región nahua de Aquila aceptaron el ofrecimiento de la empresa Hierros y Laminados Sociedad Anónima (Hylsa) de incremento de 50 por ciento correspondiente al arrendamiento del suelo, así como la creación de un fideicomiso para la realización de obras comunales, informó el secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola.
Las negociaciones se llevaron a cabo la noche del miércoles
en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, a la cual
llegaron tres autobuses de comuneros. Sólo entró una comisión
que negoció con los representantes de la compañía acerera
y como mediadores fungieron varios funcionarios de la administración
estatal.
Durante 10 días los indígenas de esta comunidad, colindante
con el estado de Colima, bloquearon los accesos de la mina
en protesta porque los concesionarios se negaban a pagar los
daños ambientales y a edificar infraestructura que permita
el desarrollo de la localidad, así como para exigir un incremento
en el pago de la prima anual por la explotación de la mina,
que asciende a mil 600 pesos por trabajador.
Los representantes de la empresa regiomontana estuvieron de
acuerdo en negociar una vez que los indígenas eligieran a
sus autoridades comunales, lo que ocurrió el 31 de enero pasado.
El asesor de los mineros, Carlos Ramos, confirmó que por concepto
de arrendamiento recibirán 3 millones de pesos anuales, y
se constituirá un fideicomiso con 16 millones de pesos en
efectivo y ocho millones de respaldo con el fin de impulsar
proyectos productivos.
Hylsa también se comprometió a revisar los
daños ecológicos bajo la supervisión de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente y de la instancia correspondiente
de la entidad, para realizar acciones de reforestación y tratamiento
de aguas y residuos en general, dijo.
El también dirigente estatal de El campo no aguanta más aseguró
que Hylsa generará una bolsa de
trabajo en la que se privilegiará a los habitantes de Aquila,
además de otorgarles las prestaciones que marca la ley.
SAN LUIS POTOSÍ
Estafa OCD a campesinos. (Pulso, Rosa María Morales, p.web).
Campesinos de La Maroma del municipio de Catorce y personas
de la tercera edad del municipio de Cedral
dijeron haber venido a la marcha a la que convocó la Organización
Campesina Democrática con las esperanzas de que les den lo
que les prometieron.
Los lugareños provenientes de La Maroma, La Alberca, Tahonas
del Jordán, Las Adjuntas dijeron que hace días asistieron
a una reunión en donde les prometieron una vivienda y con
ese anhelo vinieron medio centenar de hombres, con la esperanza
de que les dieran lo prometido.
Indicaron Julián Rocha Ramírez, Gabriel Zamora R. y Juan Alejandro
Zamora Rocha que llegaron a Matehuala desde temprana hora,
atendiendo además a la invitación del comisariado
ejidal Atanasio Zamora, quien les dijo no dejaran de venir,
ya que si no perderían la vivienda, que según les dijeron
les iban a dar.
Nos reunieron en las oficinas de la Organización, ya estando
ahí nos dijeron que saldríamos en una marcha para llegar a
la Presidencia Municipal”, expresaron.
Días antes Jorge Eduardo Martínez Rivera en una reunión nos
dijo que le entregáramos cada interesado la cantidad de 100
pesos para la papelería de la casa, y nosotros como pudimos
le conseguimos ese dinero, porque además de todo no contamos
con recursos, no tenemos empleo, en nuestra comunidad vivimos
de milagro porque ni siquiera contamos con energía eléctrica,
y eso que de La Maroma es el Presidente Municipal, Román Castillo
Alvarado”, mencionaron.
“Como vivimos en la
sierra, nos tienen abandonados, pero cuando nos ofrecieron
que nos darían una vivienda, dijimos que sí, pero nunca nos
han dicho para cuándo la vamos a tener”, agregaron los campesinos.
Dijeron que protestaron pues no están para andar caminando
mucho, y que si fueron a solicitar la tramitación de su tarjeta
de apoyo de 700 pesos, es para ayudarse, porque son de escasos
recursos económicos y con el frío tuvieron que caminar, pero
con la esperanza de que Jorge cumpla las promesas de ayuda.
VERACRUZ
Ultimátum a dueños de terrenos donde se construirá
una carretera. (El Diario de Xalapa, Reyna León, p.web).
BOCA DEL RIO, Ver. (OEM).- El gobernador Fidel Herrera Beltrán
dio un ultimátum a los propietarios de los terrenos que se
encuentran en el trazo donde pasará el tramo carretero que
comunicará el recinto portuario con Ciudad Industrial Bruno
Pagliai en la zona norte de la ciudad,
para que vendan antes del 15 de este mes, o de lo contrario
procederá a la expropiación de los mismos.
Consideró que la obra representa recursos federales por más
de 200 millones de pesos y, de no lanzarse la convocatoria
en este lapso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
puede desviar ese recurso hacia otros estados, por lo que
está dispuesto a establecer una negociación con los propietarios
de los terrenos que faltan para el pago de los derechos de
vía.
Explicó que el secretario de Comunicaciones le confirmó que
están listos los recursos y la convocatoria para echar a andar
el libramiento de Veracruz, la obra vial más importante de
salida al puerto y de conexión de la parte norte de la ciudad,
lo que llaman el kilómetro tres y medio, por lo que sólo le
corresponde a su gobierno pagar los derechos de vía, los cuales
tiene entendido que superan los 80 millones de pesos.
En este sentido dijo que se está analizando con mucho cuidado
si cubrir el pago de lo que están requiriendo los propietarios
o para facilitar la obra expropiar e indemnizar, cualquiera
que sea el camino mejor para el Estado se va a seguir ya que
de cualquier manera se logra el objetivo, por lo que exhortó
a todos los propietarios a llegar a un acuerdo y le ha pedido
al alcalde porteño Julen Rementería,
que los auxilie también en su dirección de obras para seguir
las negociaciones con los que faltan y se busquen convenios
y precios justos.
Dijo que se tiene de plazo 15 días para lanzar la convocatoria,
por lo que en ese lapso debe quedar finiquitada la compra-venta
de esos terrenos o en su defecto su expropiación, ya que no
hay que olvidar que es una obra vital de 270 millones de pesos.
El proyecto original era exclusivamente para servir al puerto
y las actividades portuarias. Ahora será la primera parte
de lo que será en su sexenio y en las dos administraciones
municipales de Veracruz, un gran periférico que rodee toda
la ciudad del norte al sur del puerto.
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