CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
4 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Presiona Senado al IFE y al Trife
Llaman a consejeros y magistrados a conducirse con apego a la ley
Implican a Tornero en red de corrupción
Abiertas, seis pesquisas sobre La Palma
Refuerza Banxico la astringencia
monetaria
Vuelve a poner "piso" a las tasas del mercado secundario de dinero
Última oportunidad para reformar al IMSS
Ocho meses le quedan para resolver pensiones y pasivos laborales
Acepta el GDF el Seguro Popular
Reprueba ‘‘imposiciones’’ de Fox
Elba Esther está de regreso
En 15 días decidirá su futuro en el PRI
El GDF sí cobra consultas, análisis médicos y rayos X
Las boletas oficiales de pago contradicen a López y Asa Cristina
Ningún pacto para entregar el Edomex
al PAN
Distancia electoral, pide Peña Nieto a Fox y
“a la Señora”
Ex soldados de EU reactivan la guerra contra migrantes
Organización de Arizona convoca a ofensiva a partir de abril
Elogia ahora Tony Garza a México:
el mejor aliado
Resalta el embajador de EU la cooperación contra narcotráfico y terrorismo
Arde Frontera
Teme ciudadanía que la violencia desatada por bandas se generalice
Sector agrario
Niega SRA acuerdo para pagar a herederos del predio
de Ramos Millán. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.web).
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) rechazó las afirmaciones
de los defensores de la familia Ramos Millán de que hay un acuerdo
con la dependencia para pagar los mil 214 millones de pesos como indemnización
por el predio de Santa Úrsula Coapa.
La SRA argumentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que se vio obligada a realizar dos pagos anuales de 30 millones
pesos para evitar caer en desacato, pero que eso no significa que
esté conforme con el importe que en su momento avaló un juzgado de
distrito.
El pasado 27 de enero, cuando la SCJN iba a resolver la inejecución
de sentencia que presentaron los herederos de los Ramos Millán -quienes
se oponían a que la indemnización por la expropiación del predio de
Santa Úrsula Coapa fuera en anualidades
y no en una sola exhibición-, el presidente de la Corte, Mariano Azuela,
presentó un escrito en el que los demandantes dieron a conocer su
conformidad con la referida forma de pago, lo que dejaría "sin
materia el juicio".
El mismo día, la SRA presentó un oficio en el que no impugnaba
el monto, sino que ponía énfasis en que estaba en vía de cumplimiento
la orden judicial de indemnizar a los propietarios del terreno.
Sin embargo, como el pleno no resolvió el asunto, se abrió
la posibilidad de que las partes ratificaran el contenido de los escritos
y aportaran pruebas en su favor.
La opinión mayoritaria de los ministros fue que se tenía que
aplicar el criterio -aprobado días atrás- de que debía prevalecer
la "cosa juzgada" en procesos que tuvieran que ver con la
propiedad y que, en todo caso, los que se ostentaron como dueños del
citado predio tenían como último recurso acudir ante la justicia civil
para tratar de acreditar el derecho a la indemnización.
Es decir, había una tendencia en el sentido de que se debía
acatar la sentencia y ordenar el cumplimiento del pago de los mil
214 millones de pesos.
Sin embargo, el ministro instructor de la causa, Juan Díaz
Romero, aseveró que era "inaceptable" que la SCJN avalara
esa indemnización, porque dicha cantidad no era "adecuada ni
correcta", y convocó a sus compañeros a aceptar la modificación
del avalúo hecho por él, que, de acuerdo con el valor catastral vigente
al momento de la expropiación (1984), y ya actualizado, sumaba 199
millones 760 mil pesos.
Además, el ministro le propuso al pleno que esa cantidad se
pagara en las mismas anualidades de 30 millones pesos.
En aquella sesión se dijo que la SRA no había interpuesto ante
la Corte ningún documento en el que objetara el monto a pagar pero,
comentaron fuentes consultadas, con el oficio que entregó la dependencia
el pasado miércoles en el que pide a los ministros reconsiderar la
suma y justifica el pago de las dos anualidades con el argumento de
que lo hizo para cumplir con la ejecutoria, se habría fortalecido
la opinión de Díaz Romero para que el pleno reconsidere el monto a
pagar en casi 90 por ciento.
Tzeltales dejan “Montes Azules”. ( Diario de Chiapas, p. web)
Ocosingo.- Hoy viernes, 805 personas indígenas
tzeltales comenzaron a abandonar más de mil hectáreas que
ocupaban dentro de la Reserva de la Biósfera
de Montes Azules, con el traslado en más de 32 camiones y autobuses
hacia el nuevo centro de población Nuevo Montes Azules, ubicado en
Palenque.
Ayer jueves, con una misa de despedida, 160 familias
tzotziles y tzeltales,
divididos en 5 grupos entregaron un total de mil 259 hectáreas a las
autoridades federales y a los bienes comunales zona Lacandona, por
lo que en la madrugada de hoy viernes, los indígenas partieron en
caravana, rumbo al poblado Nuevo Montes Azules, municipio de Palenque.
La tarde de ayer festejaron en el centro del ejido
El Censo el viaje hacia su nuevo centro de población, donde incluso,
llegaron poblados vecinos y familiares de Perla de Acapulco, Taniperlas, Santa Elena, San Caralampio
y El Zapotal, para despedirlos.
En el poblado de El Censo, el punto de partida
que acordaron las autoridades del gobierno, ya se encontraban los
camiones y autobuses que trasladan las pertenencias y a las personas,
tomando la ruta de Monte Líbano, El Jardín, Najá,
Santo Domingo, para luego enfilar hacia la carretera fronteriza, según
la ruta trazada para el día de hoy.
Se espera que por la tarde de hoy, la caravana
de vehículos arribe a Nuevo Montes Azules, un asentamiento de 34 hectáreas
donde tendrán servicios básicos, infraestructura, tierras, vivienda
y salud.
En el lugar del nuevo centro se han desplegado
brigadas de protección civil, salud y emergencia ante cualquier contingencia
durante el trayecto de las personas, puesto que serán probablemente
cinco horas de camino en terracería.
Los grupos El Ocotal, El Suspiro, Paraíso Las Ruinas,
Nuevo Petalcingo y Nuevo Tumbalá
entregaron las tierras que ocuparon de forma irregular al firmar un
acta de entrega recepción con el líder de los Bienes Comunales Zona
Lacandona, David González Sansores.
Sobre esto, autoridades de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) afirmaron que más de mil hectáreas
rescatadas pertenecen a la REBIMA, mismas que serán reforestadas a
fin de lograr la recuperación de la flora y la fauna, mientras que
otra parte pertenece a los Lacandones.
El representante nacional de la CONANP, Carlos
Enrique Alcarás dijo que "es una de
las áreas protegidas más importantes, es la más importante del país,
la que brinda más beneficios, no sólo a esta región sino a toda la
región sureste de México y en el mundo".
Por su lado el líder de la comunidad El Suspiro,
Nicolás Gómez Hernández, explicó que accedieron a la reubicación hace
meses, puesto que las autoridades gubernamentales, federal y estatal,
se comprometieron a otorgarles viviendas, agua, luz eléctrica, escuelas,
clínica y otros beneficios que no tenían.
Ante ello el secretario de la ARIC independiente
y democrática, agrupación a la que pertenecen los reubicados, dejó
en claro que no desean ningún problema con las bases de apoyo zapatista,
puesto que se rumoran desalojos.
"Nosotros respetamos a los zapatistas, porque ellos son nuestros hermanos y como hermanos
también esperamos que respeten nuestra decisión de salir de Montes
Azules, porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos, pero
también no queremos que nuestras tierras sean puestas al libre mercado,
por eso nos sumamos en contra de la privatización, la explotación
de los recursos energéticos y madereros" dijo el indígena.
Con esto, la Asociación Rural de Interés Colectivo
Democrática e Independiente (ARIC) se comprometió a hacer buen uso
de los recursos naturales, cuidar las hectáreas otorgadas, por lo
que la Representante Especial de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo, reconoció la voluntad de
avance que mostraron los campesinos.
"En este proceso de negociación, que ha sido
más de un año, lo más difícil ha sido la desconfianza y creo que no
ha sido en vano, ellos nos dijeron que por qué tienen que creernos
y les dijimos: porque ahora los compromisos los hacemos juntos"
señaló la funcionaria.
Díaz Gordillo aclaró que los 805 reubicados, agrupados
en 160 familias no tendrán que pagar ningún recurso económico para
contar con un patrimonio para sus hijos, que son las viviendas y tierras.
Cabe destacar que los indígenas tzeltales y tzoziles mostraron un
rostro de tristeza, ya que abandonaron sus hogares, que los vieron
nacer a ellos y a sus hijos, sin embargo también reflejaron el entusiasmo
porque finalmente contarán con los servicios, por los que carecieron
desde hace 20 años.
Por lo pronto, en la mañana de hoy viernes, los
cinco grupos partieron en caravana de la zona selvática de Ocosingo,
rumbo al poblado Nuevo Montes Azules, a donde llegan en autobuses,
coordinados por Protección Civil.
Desalojan a invasores en los Chimalapas
(El Imparcial (Oaxaca), Humberto Torres, p. web)
En una acción enérgica pero pacífica,
elementos de la Policía Preventiva desalojaron a habitantes de Cintalapa, Chiapas, que se habían apoderado de manera ilegal
y en franco agravio a la soberanía del Estado del predio La Gringa,
en territorio de Santa María Chimalapa.
La desocupación la realizó un grupo
de 100 elementos al mando del director general de Seguridad Pública,
José Manuel Vera Salinas, con el apoyo y respaldo de la Unidad Policial
de Operaciones Especiales plaza Istmo, y de la partida de Juchitán
y Palomares, a bordo de 12 patrullas.
Resaltó que con esta acción, el
gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cumple una vez más su compromiso de
hacer valer la ley y el Estado de Derecho en la entidad, así como
defender la soberanía estatal, sin menoscabo de las armas del diálogo
y la negociación, premisas que ha establecido desde el inicio de su
administración para resolver cualquier conflicto.
Los representantes de la ley arribaron
a la congregación de San Francisco La Paz, luego de tres horas de
recorrido, donde constataron que más de 120 personas efectuaban labores
de roce en una superficie de aproximadamente 70 hectáreas y gran parte
de ellas portaban armas de fuego, quienes al notar la presencia de
los elementos de seguridad pública, se dieron a la fuga.
Algunas personas que estaban en
el lugar accedieron a dialogar con el titular de Seguridad Pública
y llegaron al acuerdo de retirarse en forma pacífica y esperar a las
autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria para aclarar
la situación del predio La Gringa.
Vera Salinas informó que acudieron
al lugar en atención a la denuncia formulada por las autoridades de
bienes comunales de Santa María Chimalapa
y que los elementos de la Policía Preventiva resguardarán los linderos
de Oaxaca para preservar la soberanía estatal.
En dos meses, el fallo del TUA sobre los solares
que pelea el ex ejido de Santa Cruz. (El Sur (Guerrero),
Karina Contreras, p. web)
A más tardar en dos meses, el magistrado del Tribunal Unitario
Agrario (TUA) número 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, dictará una sentencia
del conflicto que mantienen quienes se dicen ejidatarios de Santa
Cruz, dependencias federales y vecinos de ese lugar
por 18 solares.
Ayer se efectuó la última audiencia sobre el asunto y lo que
falta es que los representes de las dependencias demandadas, como
Fideicomiso Acapulco, el gobierno del estado y la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) respondan, con un oficio, las preguntas
que les formulará el tribunal.
Asimismo que se desahoguen las pruebas periciales topográficas
de los predios en disputa, y a más tardar en dos meses el magistrado
Lara Orozco dictará una sentencia.
En la audiencia ambas partes presentaron sus pruebas testimoniales.
El caso, que se ventila desde 2002 en el TUA, es por la restitución
o indemnización de 18 solares que reclaman personas que se dicen ejidatarias
de Santa Cruz, ejido que desapareció luego de que fue expropiado en
1949 para construir una zona habitacional.
Los testigos de los llamados ejidatarios se contradijeron en
el interrogatorio que les hicieron el actuario y abogados de los demandados,
pues desconocían de qué se trataba o qué reclamaban los supuestos
afectados.
Uno de los testigos, de nombre Nicolás Cortés Parra –quien
es el ex comisario del desaparecido ejido– al preguntarle si sabía
en qué consistía el problema respondió que “estaban peleando una superficie
de tres hectáreas del ejido de Santa Cruz”.
El representante del gobierno del estado, Guadalupe Bollas
Bernabé, pidió al testigo que dijera si el terreno en conflicto era
una fracción o varias, pero dijo que era “una sola fracción”, cuando
se sabe que los terrenos peleados están esparcidos.
Además el testigo tampoco supo dar exactamente la ubicación
de los terrenos en disputa, pues sólo dijo que en la Calle 14 de la
colonia Juan R. Escudero, en la parte alta, sin especificar los límites.
Mientras los testigos de los vecinos que ocupan los lotes en
disputa contestaron de manera parecida a los cuestionamientos del
actuario.
La audiencia comenzó a las 3:15 de la tarde y concluyó a las
6:45 y ahora a las partes sólo les resta esperar la resolución del
caso que dé el magistrado.
Se concreta la propuesta del Conacosa
para reformar el Marco Jurídico en Materia Agraria”. (Excélsior, Luis Navarro Pérez, p.
20. /Información también publicada en El Sol de México, p.6, La Prensa,
p.13.)
Después de 18 meses de discusión análisis, se concretó
la propuesta del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa) para reforma el marco jurídico secundario en materia
agraria, a fin de cumplir cabalmente
el Acuerdo Nacional para el Campo.
El trabajo del Conacosa
es un ejemplo de pluralidad, respecto a la diversidad de opiniones
y compromisos para establecer acuerdos en beneficio del país.
En la comisión que la integra se encuentra la Secretaría
de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria.
Sector agropecuario
Escamotea Fox recursos
a indígenas. (La Jornada, Enrique Méndez,
p.web).
Diputados del PRI y del PRD denunciaron que al presentar la
controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2005, el gobierno de Vicente Fox
bloqueó la aplicación de 2 mil 143 millones de pesos al "programa
emergente para las regiones indígenas". También, al conmemorar
el 88 aniversario de la Constitución -que se cumple mañana-, las bancadas
del PRD y de Convergencia denunciaron que el Ejecutivo involucró a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación "en la prestación de
un servicio político en favor del sectarismo" del gobierno federal.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, insistió
en que las decisiones asumidas por la Corte son ilegales, y llamó
al pleno de ministros a que ya entre en el análisis de fondo de la
controversia.
En tanto esto se resuelve, resaltó la diputada oaxaqueña Sofía
Castro Ríos, las comunidades no tienen recursos para impulsar proyectos
productivos o programas de empleo temporal, que les permitan contar
con ingresos para el sostenimiento de las familias. "Esto que
Fox y los ministros hicieron es una canallada. Las comunidades
indígenas sufren de pobreza extrema y aún así el Ejecutivo y la Corte,
de un plumazo, les borran cualquier posibilidad de desarrollo",
declaró.
Al respecto, el perredista Gerardo
Ulloa Pérez consideró que al impugnar el presupuesto destinado para
las regiones, el Presidente asumió "una posición de virrey, de
mantener sometidos económica y políticamente a los indígenas, continuar
con el yugo y mantenerlos aislados".
Mientras, durante una reunión con Beltrones,
representantes del Parlamento de Alemania se expresaron sorprendidos
de que el Ejecutivo mexicano haya presentado una controversia contra
el PEF. "Nosotros le podemos meter mano al presupuesto aunque
al gobernante no le guste", expresó Luthar
Mark, líder del Grupo de Amistad Alemania-México.
Beltrones explicó que aun cuando en la Cámara
de Diputados reside "la representación natural del pueblo y éste
es el que define el gasto" gubernamental, el presidente Fox
presentó la controversia "pensando que tiene algún espacio constitucional
para hacer observaciones contra la decisión soberana" de los
legisladores.
Más tarde, en entrevista, el legislador sonorense insistió
en que al declarar legal el acuerdo que dio facultades extraconstitucionales
a la comisión de receso, que a su vez admitió la controversia, la
Corte cometió una serie de "vicios a la luz del día: muy su responsabilidad
histórica".
Durante la sesión ordinaria, que se inició con la posición
de los partidos sobre la promulgación de la Constitución, el diputado
de Convergencia Jesús González Schmal consideró
que Fox debiera empeñarse en mejorar la operación del gobierno,
como evitar subejercicios, en lugar de confrontarse
con el Legislativo.
Afirmó que Fox interpuso la controversia
aun cuando constitucionalmente no tiene facultades para ello "y
no debió haber nunca involucrado a la Corte en la prestación de un
servicio público en favor del sectarismo del Ejecutivo, que la desnaturaliza
y atrapa en la necesidad de tapar con la usurpación de funciones legislativas,
hechas al vapor por burócratas judiciales de alto nivel, sin la firma
de los ministros, un acto soberano de la Cámara".
Daniel Ordóñez Hernández, del PRD, afirmó que no puede postularse
que existe un Estado de Derecho "cuando la Suprema Corte de Justicia
actúa como si fuera del Presidente en turno, interpretando a su modo"
tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan.
"¿Cómo puede esperar cualquier ciudadano la igualdad en
la aplicación de la ley, si el máximo tribunal de la nación comete
tales excesos, desconociendo el principio de división de poderes y
las facultades exclusivas de esta Cámara?"
Crean mesa para apoyar al agro. (El Universal, Carlos Velasco, p.web)
El secretario de Hacienda y Crédito
Público, Francisco Gil Díaz, y el denominado "G-8" integrado
por dirigentes de ocho organizaciones agrarias, acordaron establecer
una mesa de negociación para que fluya financiamiento a campesinos
y fijar una fecha de reunión con el presidente Vicente Fox,
para evaluar el Acuerdo Nacional para el Campo.
Todo ello, se da en la víspera
de que más de 20 mil campesinos marchen este 5, 6 y 7 de febrero hacia
el Distrito Federal. Provienen de Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Pachuca
y Toluca, para concentrarse en el Zócalo capitalino.
De acuerdo a versiones de Max Agustín Correa dirigente de la Central Campesina Cardenista
y Alvaro López Ríos, de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas, la reunión fue "tensa" por los
reclamos airados que hicieron los líderes campesinos al titular de
Hacienda por la falta de crédito y ejercicio de presupuesto para el
sector social.
Ante el argumento de los funcionarios
de Hacienda de que FIRA y Financiera Rural han canalizado 55 mil millones
y 13 mil millones de pesos, respectivamente a apoyos a productores,
los dirigentes recriminaron a Gil Díaz "ese recurso no llegó
a los ejidatarios, simplemente queda en manos de los grandes productores
y empresas agroalimentarias".
Tanto López Ríos como Correa Hernández,
informaron que este lunes se establecerá una mesa de díalogo y negociación en la Secretaría de Gobernación para
evaluar el Acuerdo Nacional para el Campo.
Por otra parte, acuerdan la Confederación
Nacional Campesina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
creación de un Fondo Nacional de Garantía, con el 30 por ciento de
los recursos que recupere la autoridad de cartera vencida de campesinos.
La Confederación Nacional Campesina
informó hoy de sustanciales avances en la eliminación de la cartera
vencida del sector agropecuario del país, la cual rebasa los 12,500
millones de pesos que adeudan alrededor de 400 mil productores.
Reprueban senadores la derogación del decreto cañero. (La Jornada, Andrea Becerril,
p.web)
Senadores de PRI y PRD exigieron ayer al presidente Fox rectificar la derogación del decreto cañero, toda vez
que con esa decisión ''traicionó de nuevo los intereses nacionales''
al poner en grave riesgo a la industria azucarera para favorecer abiertamente
al capital extranjero, además de violar leyes secundarias y la propia
Constitución.
Queda claro que el Ejecutivo ''sólo busca el beneficio de las
trasnacionales, principalmente de la Coca-Cola, que sigue siendo la
patrona incuestionable del Presidente de la República", advirtió
el senador priísta Oscar Cantón Zetina.
Destacó que de por sí la industria azucarera vive momentos
difíciles, luego de que Estados Unidos desacatara el Tratado de Libre
Comercio al negarse a comprar los excedentes del dulce, además de
que interpuso una controversia ante la Organización Mundial de Comercio
por la decisión del Congreso mexicano de gravar con un impuesto especial
las bebidas elaboradas con fructosa.
Para completar el cuadro, subrayó, hace dos años el Gobierno
Federal expropió 27 ingenios y se dio un plazo de 18 meses para venderlos,
medida que no prosperó porque el decreto cañero, vigente hasta enero,
calificaba al sector azucarero de interés público.
''Es decir, le estorbaba a Fox para
rematar el sector y por eso la urgencia de expedir un nuevo decreto
-el 14 de enero- por el que hace a un lado a los cañeros nacionales
para hacer atractiva la industria a los capitales extranjeros''.
Sobre el tema, el senador del PRD César Raúl Ojeda Zubieta recalcó que con la derogación del decreto cañero de
1991 más de 440 mil productores y sus familias, además de quienes
dependen de la agroindustria, deberán enfrentar la consecuencias de
un mercado desordenado, que con seguridad se traducirá en precios
cada vez más deprimidos del azúcar.
El perredista propuso citar a comparecer
al Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga,
a fin de que explique las razones que llevaron a derogar el decreto
y exponga la política de fomento a ese sector.
La propuesta no pudo discutirse ayer, ya que se requería las
dos terceras partes de los votos, por lo que se turnó a comisiones.
De todas formas se dio el debate, ya que el priísta Esteban
Angeles Cerón subió a tribuna para
pedir que también se llame al Senado al Secretario de Economía, Fernando
Canales Clariond, y advertir que Fox
violó leyes secundarias e incluso la Constitución al derogar el decreto
cañero.
Transgredió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y los artículos
14, 16, 25, 26 y 27 contitucionales, "al
dejar en estado de indefensión a los productores de caña y trastocar
el principio de rectoría del Estado''.
Con ello, Fox "está invadiendo
la esfera del Poder Legislativo, al arrogarse facultades que solamente
le competen a éste, ya que por su interés público, en la siembra,
el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar
solamente puede intervenir legalmente el Congreso de la Unión para
modificarlos''.
A nombre de otros senadores del PRI, Ángeles Cerón dijo que esa lamentable decisión presidencial ''ha generado
un ambiente de desconfianza y desconcierto en el sector azucarero".
El panista Gerardo Buganza salió en defensa del Ejecutivo y sostuvo que el nuevo
decreto da libertad de asociación a los cañeros, que antes estaban
obligados a pertenecer a la CNC o la CNPR. Angeles
Cerón le aclaró que en ninguno de sus artículos hace mención
a ello.
Los senadores Héctor Michel Camarena
y Noemí Guzmán dejaron en claro que los priístas van a pugnar hasta
echar abajo el nuevo decreto de Fox.
Sembrada, sólo la tercera parte de la superficie
programada. (La Jornada, Redacción,
p. web)
De las 3.4 millones de hectáreas programadas para sembrarse
en el ciclo otoño- invierno 2004-2005, únicamente se trabajarán 1.2
millones con 30 cultivos, que representan el 85 por ciento de la producción
nacional, según estadísticas del Sistema Integral de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación. La producción programada es de 21.4 millones
de toneladas, pero la estimada es de 9.2 millones, mientras que por
las heladas y otros fenómenos climatológicos se han siniestrado 19
mil 476 hectáreas, principalmente de frijol,
sorgo y maíz. La producción de melón y lechuga tiene un lugar sobresaliente
en el reporte estadístico. La del primero se elevó en poco más de
5 mil toneladas, ya que en el ciclo homólogo anterior se obtuvieron
153. En el segundo cultivo, aunque la superficie sembrada fue menor
en 17 por ciento en relación con el ciclo 2003-2004, la superficie
cosechada se incrementó y la producción se elevó en 153 por ciento.
En el caso del chile verde, la producción creció en 51 por ciento;
jitomate, 63; tomate verde, 32; pepino, 10, y sandía, 11 por ciento.
El contraste lo representan la fresa, el brócoli y la calabacita,
en los cuales la producción obtenida cayó entre 68 y 94 por ciento
en comparación al ciclo del año pasado.
Organizaciones campesinas
Avanza la regularización de créditos en el campo. (La Jornada, Redacción,
p.web)
El secretario de Crédito y Aseguramiento de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Héctor Padilla, anunció que 400 mil productores
renegociaron carteras vencidas por un monto de 12 mil 500 millones
de pesos correspondientes a 140 mil créditos otorgados entre 1988
y 2004.
''Hay un avance significativo en la recuperación de los débitos,
pero es necesario mantener el esfuerzo durante los próximos tres años
para tener una repercusión importante en la reducción de las deudas'',
indicó.
Aseguró que los productores que aceptaron la renegociación
recuperaron "tractores, casas, terrenos de cultivo y minichangarros".
Explicó que en los dos últimos años se han realizado 500 reuniones
con casi 70 mil deudores para que salden sus deudas y, desde entonces,
se acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 30 por
ciento de los recursos se canalizarían al fondo nacional de garantía.
El fondo, abundó, servirá para sumarlo a recursos que se obtengan
en los gobiernos federal y estatales y tener un instrumento que permita
a los campesinos salvar el problema de las garantías.
''Lo que se busca es que, sin aniquilar el patrimonio familiar
y sin perder la capacidad productiva, los campesinos que tienen una
deuda vencida se esfuercen en saldarla. Lo importante es que el productor
define cuánto debe pagar. Además, con dicho programa no se pagan los
intereses normales ni moratorios, sólo parte o la totalidad de la
deuda", acotó.
Los campesinos que cubren sus débitos a través de este mecanismo
vuelven a ser sujetos de crédito y reciben un certificado de no adeudo.
Prensa Estatal
BAJA CALIFORNIA
Murió uno de los precursores del movimiento agrario
local. ( La Voz de la Frontera,
Jaime Delñgado, p. web)
Uno de los precursores del Movimiento Agrario en el Valle de
Mexicali, Liborio Pérez García, falleció en la madrugada del jueves
después de estar hospitalizado.
Don Liborio Pérez, es hijo de Petra Pérez viuda de Rentería, ya fallecida.
Este campesino, dueño de una parcela, murió a la edad de 87
años cuando estaba siendo atendido en el hospital de Issstecali.
Radicaba en el ejido Michoacán de Ocampo, donde recibió los
servicios funerarios.
La misa de cuerpo presente se realizará a las 14:30 horas en
la iglesia el ejido Michoacán de Ocampo y de ahí partirá al panteón
Jardín del Paraíso para recibir cristiana sepultura.
El movimiento agrarista del 27 de enero de 1937 contó con la
participación decidida de Hipólito Rentería,
quien estuvo casado con doña Petra Pérez viuda de Rentería,
madre de don Liborio Pérez.
Filemón Guillén, dijo que su cuñado don Liborio
Pérez, fue parte del movimiento conocido como el "Asalto a las
Tierras".
Además tuvo destacada participación en la Asociación Ganadera
y en las agrupaciones de campesinos como la CNC.
Don Liborio Pérez estuvo casado con María Guillén, quien le
sobrevive.
El ilustre agrarista del Valle de Mexicali deja una decencia
importante, la familia que formó al lado de la esposa María Guillén.
Los hijos que le sobreviven son: Héctor, Lilia, Gustavo, Jaime,
Javier, Laura, Maricela, Adriana, Sandra,
Irma y Guillermo.
GUERRERO
Comisario ejidal interino en Llano Largo (El Sur (Guerrero)), Karina Contreras, p. web)
Ejidatarios de Llano Largo nombraron por mayoría como su “comisario
interino” a Jesús Cruz Chupín, quien fungía
como secretario, luego de que destituyeron en asamblea a Mario Cortés
Godínez acusado de desviar recursos del ejido y falsificar
firmas, y a pesar de que cuenta con un amparo para que no lo separen
del cargo.
En días pasados los campesinos acudieron a declarar ante el
juzgado segundo federal –ubicado en Caleta– sobre “las falsificación
de la firma del secretario Jesús Cruz, en el amparo solicitado para
no separar del cargo a las autoridades ejidales”.
Cruz Chupín precisó que él mismo
se presentó a declarar que la firma que aparece en la solicitud de
amparo no es suya, por lo que espera que sea “tirado el amparo”.
Sobre las acusación que hizo Mario Cortés, en el sentido de
que su destitución tiene que ver con cuestiones políticas, Cruz Chupín respondió que “la mayoría de los ejidatarios no lo
quiere. Con él están unos seis ejidatarios y porque son de su familia”.
Informó que lo nombraron comisario interino –no es reconocido
por las autoridades agrarias, pues hay un amparo de por medio– porque
están cansados de que Cortés lucre con el ejido y ofrezca cartas de
posesión por 30 mil pesos, cuando no valen más de 600 pesos.
Cruz Chupín manifestó que a pesar
de que el ahora ex comisario es apoyado por el dirigente de la CNC,
Evencio Romero Sotelo, y el subsecretario
de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, confían
en que el juez se apegará a derecho.
El 23 de enero, 75 ejidatarios de 125 acordaron destituir a
Cortés, quien se amparó ante la medida.
NUEVO LEÓN
Proceso administrativo contra juez que autorizó
desalojo en NL. (La Jornada, David Carrizales,
p. web).
Monterrey, NL, 3 de febrero. El Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial de Nuevo León empezó un proceso de responsabilidad
administrativa contra el titular del juzgado tercero civil, Raúl Farfán
Bocanegra, y el actuario del mismo tribunal, Carlos Alberto
Palomo Herrera, quien encabezó las diligencias para el desalojo de
más de 300 familias de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata, ubicada
en el municipio de El Carmen.
El procedimiento -que suscribió el presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Genaro Muñoz
Muñoz- se inició por una queja de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), la cual consideró que ambos funcionarios violaron
los derechos fundamentales de los colonos desalojados y al ser requeridos
por la CEDH se negaron a colaborar, con el argumento de que el organismo
carece de atribuciones.
Según el oficio CJ-20/2005, en el expediente administrativo
2/2005 del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, la secretaría de
acuerdos del referido órgano jurisdiccional notificó al presidente
de la CEDH, Daniel Garza Garza, que con
base en el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del estado y municipios de Nuevo León, se inició el proceso
de responsabilidad administrativa contra Farfán Bocanegra
y Palomo Herrera.
En la contestación que presentaron por separado ante el Consejo
de la Judicatura, el juez y el actuario coincidieron en sus conceptos
y hasta en las faltas de ortografía. Argumentaron que la CEDH solicitó
"ilegalmente" al juzgado la suspensión de la diligencia
de lanzamiento, y que sus funcionarios "están interviniendo en
asuntos de carácter jurisdiccional, y su intervención va más halla
(sic) de las atribuciones que les fueron conferidas en los preceptos
constitucionales".
Farfán y Palomo negaron haber incurrido en alguna responsabilidad
administrativa o en violación de los derechos humanos. Por el contrario,
expusieron, "los que están incurriendo en responsabilidad son
los funcionarios de la CEDH de Nuevo León, al estar interviniendo
y conociendo en asuntos que no son de su competencia".
Reiteraron que el organismo defensor de los derechos humanos
pretendió invadir atribuciones que corresponden a los órganos jurisdiccionales
establecidos constitucionalmente, por lo que en su oportunidad "se
deberá proceder a presentar la queja o denuncia correspondiente"
en contra de la institución.
Mientras, un grupo de afectados por el desalojo cumplió este
jueves 18 días en huelga de hambre ante el palacio de gobierno. El
martes se les permitió instalar una carpa en una calle lateral de
la Gran Plaza, y desde entonces los guardias del inmueble oficial
les permiten utilizar los sanitarios públicos.
Esto último no fue inmediato para los ayunantes, pues en principio
los uniformados se negaron a permitirles el acceso al palacio municipal,
a pesar de que los manifestantes presentaron copia de una suspensión
provisional obtenida en vía de amparo, para que no se les negaran
los "baños".
OAXACA
Detienen a cuatro líderes de grupos sociales en
Oaxaca. (La Jornada, Víctor Ruiz
Arrazola, p. web).
Entre miércoles y jueves, elementos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a cuatro dirigentes sociales
en la ciudad de Oaxaca. Juan Alavez Méndez,
indígena defensor de los bosques de San Isidro Aloapam,
fue detenido por seis agentes "sin presentar orden de aprehensión",
mientras que Alejandro Eleazar Cruz López, de la Coordinadora Oaxaqueña
Magonista Popular Antineoliberal
(COMPA), y Jaqueline López Almazán y Samuel
Hernández, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), fueron internados en el penal de Santa María
Ixcotel.
Raúl Gatica, dirigente del CIPO-RFM,
aseveró que "estas detenciones tienen que ver con el clima de
hostigamiento contra luchadores sociales e indígenas del estado".
La PGJE explicó que Cruz López fue detenido este jueves en
las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, luego de que llegó
de la ciudad de México -donde participó en diversas movilizaciones
con los pobladores de Santiago Xanica, de
donde es originario-, en cumplimiento de la orden de aprehensión 107/98
que libró en su contra el juez primero de lo penal, con sede en Tuxtepec,
por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de
plagio o secuestro.
Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 1998, cuando Cruz López
"tomó por asalto las oficinas del juzgado segundo de lo penal,
en Tuxtepec, para exigir la liberación de Catarino
Torres Pereda, quien estaba preso por el delito de despojo y daño
en propiedad ajena por incendio", señaló.
Según la procuraduría estatal, mientras mantuvo bajo su control
el juzgado, Cruz López revisó archivos, expedientes y legajos oficiales,
varios de los cuales desaparecieron. Los funcionarios del juzgado
presentaron la denuncia correspondiente, que originó la orden de aprehensión
contra el dirigente.
Por su parte, Jaqueline López y Samuel
Hernández fueron capturados este jueves cuando caminaban por calles
de la ciudad de Oaxaca por el delito de privación ilegal de la libertad
de funcionarios de la Secretaría de Transporte del estado. Los hechos
ocurrieron en febrero de 2001, cuando encabezaron la toma de
las instalaciones de la dependencia para exigir 150 concesiones de
taxis.
Respecto a la detención de Alavez
Méndez, de 54 años, Raúl Gatica detalló
que el miércoles pasado, en la Central de Abastos de Oaxaca, dos policías
ministeriales y cuatro agentes de Tránsito "subieron al autobús
de la comunidad y sin presentar orden de aprehensión se llevaron al
compañero, quien se ha distinguido en la lucha por la defensa de los
bosques contra los paramilitares de San Miguel Aloapam,
integrantes de Antorcha Campesina".
Los agentes trasladaron al detenido al penal de Etla, donde se supo que en el expediente 127/2004 Alavez Méndez está acusado de daños en propiedad ajena. "Esto
tiene que ver con la lucha para defender el bosque, porque en 2000
los comuneros de San Isidro Aloapam impidieron
que los talamontes de San Miguel sacaran
en camiones la madera que habían cortado; los acusaron de daños en
propiedad ajena porque se sentaron en la carretera y bloquearon el
camino."
Gatica aseguró que la detención de Alavez Méndez "es una irregularidad, porque el 17 de
mayo de 2002 se le dictó sentencia de dos años y cinco meses de prisión
por esa acusación, y según la ley, la prescripción empieza a funcionar
a partir de la fecha en que se dicta sentencia, por lo que el delito
prescribió en octubre de 2004, además de que lo detuvieron sin orden
de aprehensión".
Por su parte, Cruz López culpó al gobernador Ulises Ruiz Ortiz
de ser responsable del conflicto poselectoral
del municipio de Santiago Xanica, que el
pasado 15 de enero provocó un enfrentamiento entre miembros de la
Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal
y policías preventivos con resultado de un efectivo muerto, ocho lesionados
y tres detenidos.
Gatica informó también que el gobierno estatal
rechazó poner en práctica las medidas cautelares que solicitó el pasado
27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
para garantizar su vida e integridad, pues en una reunión efectuada
ayer el secretario de Gobierno estatal, Jorge Franco Vargas, argumentó
que "no hay necesidad de aplicar nada, porque por ley en Oaxaca
está suficientemente garantizada su seguridad y la de cualquier persona".
Opinión
Cargada de Madrazo (Clase Política, Miguel Ángel Rivera,
La Jornada)
EL PAN SERA únicamente observador, y -en caso de conflicto-
tal vez sea el encargado de inclinar la balanza en favor de uno de
sus enconados rivales: el PRD o el PRI.
ESTA ES UNA de las formas en que se puede describir la jornada
electoral del domingo venidero, en la cual estarán en disputa tres
gobiernos estatales: Baja California Sur, en poder del PRD; Guerrero
y Quintana Roo, gobernados por el PRI.
LOS SIMPATIZANTES DEL partido del sol azteca afirman que va
a ser el "superdomingo", porque
van a ganar en las tres plazas. En las filas del tricolor hay
optimismo también, pero más mesurado, pues se admite que sus posibilidades
son escasas en Baja California Sur, aunque no se descarta una sorpresa
en ese estado, donde el ex priísta Leonel
Cota Montaño se juega además su futuro como dirigente nacional del
PRD.
DONDE SI hay unanimidad es respecto a Guerrero. En ambos bandos
se anticipa una lucha muy cerrada entre el perredista
Zeferino Torreblanca y el priísta Héctor
Astudillo.
Tierra Caliente (Estrictamente Personal, Raymundo
Riva Palacio, El Universal)
Guerrero es un estado con estatura
mediana dentro del promedio electoral nacional. Por su número de votos,
no es imprescindible para ganar una elección presidencial como lo
pueden ser el estado de México o el Distrito Federal, ni es uno de
los fieles de la balanza como pudiera ser Veracruz. Sin embargo, Guerrero
es un estado simbólicamente estratégico para el PRI, cuyo candidato
a gobernador, Héctor Astudillo, se juega la silla este domingo ante
el candidato del PRD, Zeferino Torreblanca, en una elección que será un laboratorio
de prueba para 2006 y un examen riguroso para el líder nacional priísta,
Roberto Madrazo.
Si el PRI pierde Guerrero, el siguiente
bastión que quiere consolidar Madrazo en el sureste con miras a conquistar
la nominación presidencial se verá fracturado y sus aspiraciones minadas.
Para el PRI, si Astudillo pierde, será una derrota muy dolorosa, pues
habrá perdido una plaza que el PRD no ha logrado arrebatarle y subrayará
el avance de ese partido en una región que fue granero electoral priísta,
sin contar con los intangibles de la pérdida de futuros apoyos financieros
para la campaña presidencial, toda vez que Acapulco y Zihuatanejo
son destinos de descanso muy frecuentados por aquellos empresarios
que pueden financiar una campaña presidencial.
Seis de Febrero (Jaque Mate, Sergio Sarmiento, Reforma)
En Guerrero, sin embargo, la moneda está en el aire. Este estado
siempre ha sido gobernado por el PRI, pero ya en las elecciones de
1999 -cuando se enfrentaron René Juárez y Félix Salgado Macedonio-
el candidato priísta apenas rebasó a su rival perredista.
El PRI puede ser el partido de Gobierno en el Estado, y el gobernador
René Juárez puede haber utilizado todas sus influencias para apoyar
a su candidato, pero Zeferino Torreblanca fue un exitoso presidente municipal de
Acapulco, la ciudad que concentra el mayor número de votantes del
Estado. El momento definitorio de la carrera de Astudillo tuvo lugar
cuando fue secretario particular del entonces gobernador José Francisco
Ruiz Massieu a principios de los años noventa.
Su base política es Chilpancingo, la capital y centro burocrático
del estado, de la cual fue presidente municipal. Pero es un político
que ha hecho diligentemente su tarea en las zonas rurales del Estado.
Zeferino tiene su mayor fuerza política
en Acapulco. En ese puerto se desarrolló como empresario hasta que
entró a la política -en sus propias palabras- por estar «cansado de
los políticos». Sorprendentemente para un empresario lo hizo en el
PRD y no en el PAN porque, según dice, al PAN de aquel entonces lo
controlaba Ruiz Massieu. Torreblanca logró
ser presidente municipal de su ciudad y llevó a cabo una excelente
gestión, esta es ahora su principal carta de presentación. Astudillo
ha venido de atrás en este proceso electoral. Esto lo coloca en una
posición de fuerza de cara a los comicios del 6 de febrero. La clave
del resultado electoral, sin embargo, está en la afluencia de votantes
a las urnas, especialmente en Acapulco, el bastión de Zeferino.
La experiencia señala que el PRI tiene mejores desempeños en aquellas
elecciones en que hay altos niveles de abstencionismo, porque debido
a sus estructuras corporativistas tiene una mayor capacidad para sacar
a votar a sus militantes y simpatizantes. El gran reto del PRD en
este 6 de febrero será, pues, convencer a los electores de que su
sufragio vale y de que es importante, por lo tanto, salir a votar.
Indicador Político (Carlos Ramírez, Cuarto Poder)
Justo cuando necesitaba dar una prueba de voluntad para
consolidar la transición y consolidación democrática de las instituciones,
la oposición se ha dedicado a dinamitar las estructuras políticas:
López Obrador prepara una megamacha para
anular al Congreso, el Partido Verde quiere liquidar al Instituto
Federal Electoral, la Cámara de Diputados busca reventar a la Suprema
Corte a través de desprestigiarla y el narcotráfico sale a la calle
para derrotar a la política de seguridad pública.
Lo malo, sin embargo,
es que la guerra de posiciones de corto plazo pudiera dañar severamente
la fortaleza política de las instituciones democráticas. Por ejemplo,
el jefe de Gobierno del DF ha comenzado una campaña mediática para
desvirtuar el proceso legal de su desafuero -la violación de un amparo
según pruebas contundentes- y convertirlo en un asunto de victimización
política. La megamarcha para el día de la
votación en el pleno de la Cámara se convertirá en un factor de presión
para intimidar a la institución legislativa.
La Cámara, por
su parte, se ha metido en un proceso de confrontación contra el Presidente
de la República y contra la Suprema Corte. Pero no lo ha hecho dentro
de las prácticas democráticas. Por ejemplo, el legislativo desempolvó
videos de Fox y de Santiago Creel cuando eran
diputados y defendían al Legislativo, pero con el propósito de desprestigiarlos
ahora en su función de gobierno. Lo malo del asunto es que todo se
agotó en el mero hecho de la confrontación.
Cartones
El
Fisgón · Bipartidismo totalitario
Rocha
· Medio cuerpo en los pinos
Magú · Cuentos de terror
Helguera · Su segundo piso
Día de la Candelaria Omar
Seguro
popularísimo Helioflores
El
viejo o Esther
