CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 3 DE FEBRERO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Peligra megaobra de Pemex

Reconoce director de la paraestatal que carecen de los recursos para la inversión

Impondrá Fox Seguro Popular en la capital

Analiza opciones, pese a oposición de GDF

Supera expectativas el crédito bancario

Ascendió a 176 mil 800 mdp el financiamiento al sector privado

Sólo la sucesión interesa a los legisladores

Con esto, se sepulta la posibilidad de lograr reformas, coinciden IP y analistas

Llama López Obrador a una marcha contra su desafuero

“Actúan PRI y PAN bajo consigna”

Reforma migratoria o caos, advierte Bush

Muro contra narcos y terroristas, plantea

Los hospitales del GDF, ni 100% gratis ni de calidad

Los pacientes compran sus medicinas

La candidatura soy yo: Cuauhtémoc

Confrontación abierta con López Obrador

Intimida a jueces la asociación de narcoabogados; sólo litigamos, refutan

Funcionarios judiciales denuncian “amenazas veladas”

La Corte no admite amenazas: Castro

Le exige a la Cámara no contaminar las resoluciones ni emprender enfrentamientos

Narcomatanza

En Sinaloa, crece la violencia; ya son 53 ejecutados en lo que va del año

Sector agrario

Michoacán: exigen comuneros la destitución de jefes policiacos. (El Universal, Jaime Márquez, p.web)

Morelia, Mich. Cerca de 200 comuneros de Uruapilla acompañados de niños y mujeres amarrados de las manos con lazos y la boca cerrada con cinta, protestaron frente al palacio de gobierno en Morelia para exigir la destitución de Gabriel Mendoza, subsecretario de Seguridad Pública, y Rogelio Zarazúa, director de Seguridad Pública en Michoacán.

Exigen además la libertad de Iván Reyes Montoya, comunero preso en el Cereso Morelia, así como la libertad de Héctor y Antonio Cerezo Contreras, presos en cárceles de máxima de seguridad de Tamaulipas y Puente Grande, Jalisco, acusados de actos terroristas y pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Leonel Calderón Villegas, vocero de la Organización Campesina Indígena Popular "Ricardo Flores Magón", explicó que esta exigencia es por "la brutalidad y exceso" con el cual actuaron el domingo pasado estos jefes policiacos, al ordenar el desalojo de una manifestación, cuando protestaban fuera del Cereso Morelia, para exigir la liberación de 13 comuneros, 12 de los cuales ya fueron puestos en libertad.

A esta lista de exigencias se suma la libertad de Pablo Alvarado, a quien consideran preso político del foxismo.

Origen del conflicto

Leonel Calderón Villegas señaló: "En Michoacán no hay oficio político, sino golpes y represión".

Informó que elementos ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, el 27 de enero pasado detuvieron a 18 comuneros acusados del despojo de 92 hectáreas, cuando fueron citados a una audiencia en el Tribunal Agrario Número 36, con sede en la capital michoacana.

El mismo 27 de enero fueron liberados 5 de los 18 detenidos, pero el 28 de enero durante una manifestación para exigir la libertad de sus compañeros frente a palacio de gobierno, fueron detenidos por unas horas otros ocho comuneros.

El domingo pasado, cerca de las 18:30 horas, protestaron frente al Cereso de Morelia unas 50 personas entre adultos, mujeres y niños, pero fueron desalojados de manera violenta del frente de la prisión mediante un operativo coordinado por Rogelio Zarazúa, director de Seguridad Pública.

Afirmó que los comuneros de Uruapilla, localidad vecina a Morelia, tienen la posesión de 92 hectáreas desde hace muchos años y que autoridades del vecino ejido de Santiago Undameo, inducidas por la Procuraduría Agraria, lo fraccionaron mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y ahora invitan a los propietarios a que vendan.

Desactivan conflicto en San Juan Zitácuaro entre propietarios y comuneros. (Cambio de Michoacán, René Serrano, p.web).

En San Juan Zitácuaro, comuneros y pequeños propietarios signaron un documento para convivir pacíficamente, luego de tensiones y conatos de enfrentamientos, derivados de un escrito presuntamente emitido por los primeros que amenazaban a los segundos con quitarles sus tierras.

El documento, que fue firmado ante autoridades agrarias, se originó porque en los últimos meses del año pasado, a la puerta de la casa de Jorge Arredondo, pequeño propietario, llegó un escrito en el que se aseguraba que a los pequeños propietarios les quitarían sus tierras y que tendrían problemas.

El escrito supuestamente estaba firmado por el Comisariado de Bienes Comunales, Delfino Carrillo Guzmán, entre otros. Sin embargo, la misma autoridad comunal desmintió la autoría del documento. Por ello, antes de firmar el acuerdo de convivencia pacífica, había tensión y conatos de enfrentamiento entre comuneros y pequeños propietarios.

Después del acuerdo, en entrevista, el comisariado Delfino Carrillo manifestó que ha quedado atrás la desconfianza, y que "hay diálogo y vamos a trabajar unidos, porque ellos viven aquí y nosotros también; somos amigos, somos compañeros".

Por su parte, Jorge Arredondo, de los pequeños propietarios, dice que se comprometieron a reparar caminos, participar en el arreglo de escuelas, electrificación, agua potable y alcantarillado: «Todo lo queremos hacer en conjunto con ellos».

Dijo que llegaron a un acuerdo con los comuneros para tener una nueva convivencia y que se detengan las cuestiones que había de «que me vas a quitar, que si no». Indicó Jorge Arredondo: «Deseamos establecer una buena relación, que nos vean como gente de la comunidad a los pequeños propietarios, eso es lo que dialogamos».

Asimismo, Delfino Carrillo reconoció que los pequeños propierios generan empleos en su comunidad, "pero hubo alguien que nos quiso echar a pelear, alguien que sacó un documento que decía que yo lo había firmado con otros compañeros y causó alarma. Por supuesto, lo desmentimos y comparamos otros documentos personales míos, con el mentado anónimo, pero ellos deben sentirse seguros porque los respetamos como compañeros y vecinos".

Niega SRA haber tenido negociado pago del predio Santa Úrsula en anualidades. (Notimex, p.web).

México, 2 Feb (Notimex).- El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alberto Pérez Gasca, entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento en el que manifiesta que no se negoció arreglo alguno para pagar en partes el predio de Santa Úrsula a la familia Ramos Millán.

En un comunicado, la SRA informó que el pasado 27 de enero la SCJN celebró una sesión para resolver el incidente de inejecución de sentencia instaurado por Armando Bernal Estrada y por la sucesión de Gabriel Ramos Millán.

Durante esa sesión se presentó un escrito por Armando y Guillermo Justiniano Bernal García Rojas y por Gabriel Ramos Millán Fernández, donde manifestaron su conformidad con la propuesta de la Secretaría de Hacienda, donde según ellos se les pagarían mil 214 millones de pesos en anualidades de 30 millones.

Debido a este escrito los ministros suspendieron la sesión y ordenaron que los firmantes ratificaran el documento para después hacerlo de conocimiento de la SRA, a fin de que la dependencia hiciera valer sus derechos.

En este caso la SRA destacó que en ningún momento consintió en la instauración del incidente de pago ni el monto de la condena; "no existe ni ha existido acuerdo, convenio o algún tipo de arreglo entre la SRA u otra dependencia para negociar en parcialidades anuales el pago de la condena".

En ese sentido se destacó que los depósitos realizados a la fecha con un monto de 60 millones de pesos se llevaron a cabo para no incurrir en desacato o contumacia y se pusieron a disposición del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal.

La dependencia aseveró que confía en la decisión que emita el máximo tribunal con respecto a este tema ya que en la sentencia de amparo que se le concedió a los quejosos se incurrió en varias irregularidades.

La SRA recordó que Gabriel Ramos Millán interpuso una denuncia civil en contra de su titular, Florencio Salazar Adame, por 140 millones de pesos, misma que también debería concluir en el supuesto de que se hubiera llegado a un arreglo con los demandantes.

Niega SRA negociación con SHCP sobre predio Santa Úrsula. (e-Once noticias, Georgina Montalvo p.web).

La Secretaría de la Reforma Agraria negó que haya negociado con la Secretaría de Hacienda para liquidar, en anualidades de 30 millones de pesos, los mil 214 millones por la indemnización del predio Santa Úrsula.

No se negoció pago de predio Santa Úrsula: SRA. (Hechos TV Azteca, p.web)

No existe ni ha existido acuerdo

México, DF, 2 de febrero de 2005 (FIA).- El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alberto Pérez Gasca, entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento en el que especifica que no hay arreglo alguno para pagar en partes el predio de Santa Úrsula a la familia Ramos Millán.

La dependencia informó que el pasado 27 de enero la SCJN celebró una sesión para resolver el incidente de inejecución de sentencia instaurado por Armando Bernal Estrada y por la sucesión de Gabriel Ramos Millán.

Revira la SRA disputa con los Ramos Millán. (El Universal, Carlos Velasco, p.web).

La Secretaría de la Reforma Agraria comunicó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en ningún momento estuvo de acuerdo con el monto de la condena por la expropiación de un predio en la capital del país, ni existe un convenio para cubrir la cantidad en parcialidades anuales.

Por lo anterior, pidió a la Corte que "analice y resuelva de fondo dicho incidente y en especial la serie de irregularidades procesales".

La familia Ramos Millán demandó a la SRA el pago por la expropiación de un predio de 236 hectáreas. Un juez ordenó que se cubriera una indemnización por mil 214 millones de pesos.

En el desahogo de pruebas realizado ayer en la SCJN, la dependencia aclaró y reiteró a la Corte que los depósitos 60 millones de pesos, que ha hecho para pagar la indemnización, se llevaron a cabo únicamente para no incurrir en un desacato a la orden del juez.

Entre los alegatos presentados, la Reforma Agraria dijo: "El perito ubicó la superficie en un plano, cuando debió realizar un levantamiento topográfico; la cuantificó en base a `referencias` y sin ningún soporte; lo hizo en metros cuadrados, cuando debió hacerlo en hectáreas".

Además, "invirtió las superficies y valores de las delegaciones de Tlalpan y Coyoacán; también valuó la superficie incluyendo las obras de infraestructura y mejoras, al haber fijado los precios de los predios a indemnizar a valores actuales y sin tomar en cuenta el que tenían en 1984, cuando se expropiaron", argumentó.

Niega SRA pacto con familia Ramos Milán. (El Universal, Carlos Velasco, p.web. /Información también publicada en Diariomonitor, p. 9A, Milenio Diario, p.17 El DiarioDF, p.2B, La Prensa, p.31, Excélsior, p.5, Ovaciones, p.5, El Economista, p.43, El Día, p.3, Unomásuno, p.9)

Florencio Salazar Adame ratificó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Secretaría de la Reforma Agraria, a su cargo, en ningún momento consintió la instauración del pago sustituto, como tampoco el monto de la condena de mil 214 millones de pesos, por la expropiación de un predio de 236 hectáreas en Santa Úrsula Coapa.

Por lo tanto, aseguró el titular de la Reforma Agraria, "no existe ni ha existido acuerdo, convenio o algún tipo de arreglo entre la dependencia a su cargo u otra institución del Ejecutivo Federal para negociar en parcialidades anuales el pago de la condena".

Por ello, le solicitó a la Corte que "analice y resuelva de fondo dicho incidente y en especial la serie de irregularidades procesales cometidas durante la substanciación del incidente de Pago Sustituto".

En opinión de Salazar Adame, la SCJN sí tiene facultades para revisar este caso. Sobre todo porque en la sentencia que se le pretende hacer cumplir hay irregularidades tales como: "Por ejemplo, que el perito ubicó la superficie en la Guía Roji, cuando debió realizar un levantamiento topográfico; la cuantificó con base en `referencias` y sin ningún soporte; lo hizo en metros cuadrados, cuando debió hacerlo en hectáreas; invirtió las superficies y valores de las delegaciones Tlalpan y Coyoacán; también valuó la superficie incluyendo las obras de infraestructura y mejoras, al haber fijado los precios de los predios a indemnizar a valores actuales y sin tomar en cuenta el que tenían en 1984, cuando se expropiaron".

Salazar Adame reiteró su compromiso indeclinable de resguardar el patrimonio de la Federación, a pesar de que, dijo, esto implicará no acabar con el juicio que interpusieron en su contra los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos, Armando y Guillermo Justiniano Bernal García Rojas y Gabriel Ramos Millán Fernández.

La familia Ramos Millán demandó a Salazar Adame con el objetivo de que les pague 140 millones de pesos y los intereses a razón de 140 mil pesos diarios, por el daño que presuntamente les causó al negarse a cumplir la sentencia del juez que le ordenó a la Secretaría pagar la indemnización por mil 214 millones de pesos.

Los alegatos de Salazar Adame fueron presentados por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, Alberto Pérez Gasca, quien compareció ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el desahogo de pruebas.

La SRA le aclaró y le reiteró a la Corte que los depósitos que ha hecho para pagar la indemnización, los cuales ascienden a 60 millones de pesos, se llevaron a cabo únicamente para no incurrir en un desacato, a pesar de estar en desacuerdo con la sentencia.

En el oficio de desahogo, la Secretaría de la Reforma Agraria le reiteró a la Corte que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no implicaba la obligación de restituirles la superficie amparada. Que la persona que instauró el Incidente de Pago Sustituto nunca acreditó personalidad ni legitimación para reclamar el pago. Y que la condena carece de los debidos soportes técnicos y documentales.

Pide anular proceso por disputa de predios ejidales de La Joya. (Noticias de La Laguna, Nota Informativa, p. web)

Caso La Joya

Que no procede según afirma Eduardo de la Peña Gaytán

Además de entregar las documentales exigidas dentro del proceso de amparo que se promovió en contra del municipio por la compra-venta de terrenos del ejido La Joya, según dijo el apoderado jurídico del ayuntamiento Eduardo de la Peña Gaytán, se planteó a la autoridad judicial la nulidad del procedimiento como consecuencia de que ya hubo una anterior resolución al respecto.

Fue el pasado jueves cuando agregaron toda la documentación con la que se dio cumplimiento al requerimiento que les había hecho el Juzgado Segundo B de Distrito en La Laguna luego de las diligencias practicadas a las áreas de tesorería y el Consejo Promotor de Desarrollo de las Reservas Territoriales, que no habían podido dar los elementos exigidos por la autoridad porque estos se encontraban integrados en otro expediente procesal.

Luego de dar cumplimiento a esta exigencia esperan que se desahogue la audiencia constitucional y que no se vuelva a diferir y se lleve a cabo como está programada, para el día 9 de febrero y proceda el tiempo pertinente que igualmente prevé la ley dentro de los pendientes que atiende la autoridad federal, para que finalmente se emita una sentencia.

Debe ser en este mismo mes cuando se lleve a cabo dicha acción dentro de la cual está invocándose en la respuesta al Juzgado de Distrito en La Laguna una improcedencia en virtud de que en el año 2004 se emitió una jurisprudencia que resalta que todo este tipo de controversias deben ventilarse ante el Tribunal Agrario, sobre todo porque ante esta instancia ya sucedió una resolución en torno al expediente del ejido La Joya.

En consecuencia, añadió De la Peña Gaytán es un causal de improcedencia para que el juez de distrito deje firme el amparo, porque, reiteró esto ya se ventiló desde el año pasado y por tanto debe dejarse como estaba puesto que ya fue sujeto a un análisis judicial concluido.

Se tiene confianza en que así se resuelva, puesto que después del referido proceso el único trato que se ha tenido con los campesinos de La Joya ha sido a través de los requerimientos judiciales y sólo le falta al juez terminar y dirimir esa controversia.

Se trata de un juicio promovido por un solo campesino, Jesús Gurrola, a nombre de los más de doscientos sesenta y tantos (afectados) apoyado en la figura de representación sustituta del comisariado ejidal donde piden se les vuelva a pagar lo que ya fue cubierto con más 11 millones de pesos.

Vanguardia Política. (El Sol de México, Aurora Berdejo, p.14A)

La sección de Adriana

*** En el asunto del predio de Santa Úrsula, la Secretaría de la Reforma Agraria no ha negociado arreglo alguno para liquidar en parcialidades dicho predio, ello porque la dependencia que encabeza Florencio Salazar Adame no está de acuerdo en el monto de la condena que asciende a mil 214 millones de pesos.

Asimismo, Salazar Adame reiteró que la SRA mantiene respeto irrestricto al Estado de Derecho y su convicción de hacer valer todos los medios legales a su alcance para defender los intereses de la Federación.

Observatorio Político. (Excélsior, Antonio Garza Morales, p. 20).

-Alberto Pérez Gasca, de la SRA, aseveró que no hay ningún acuerdo con la familia de Gabriel Ramos Millán para pagarle 30 millones de pesos anuales hasta cumplir con 1,214 millones de pesos por un predio en Santa Ùrsula Coapa.

Organizaciones campesinas

Organizaciones campesinas realizarán jornada nacional para rescatar el agro. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)

En ocasión del 148 aniversario de la Constitución, campesinos de ocho organizaciones iniciarán el próximo sábado la jornada nacional por la justicia, la soberanía y el rescate del campo. No es la agonía de la resistencia campesina sino la continuidad de un largo historial que data de finales de la década de los 70 del siglo pasado, dijo Emilio López Gámez, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Los organizadores estimaron que 40 mil labriegos arribarán al Distrito Federal la tarde del próximo domingo, la mañana del lunes se movilizarán desde diferentes zonas hacia la Secretaría de Gobernación, en donde exigirán que dicha instancia federal sea la responsable del seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la ejecución y operación del presupuesto para el agro; la evaluación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; la definición de una agenda legislativa que implique la revisión, modificación y elaboración de leyes en favor de los agricultores.

"Ya nos cansamos de tener sólo las migajas del presupuesto, que lo grueso de éste sea para los productores capitalizados. Es evidente que el gobierno se ha deslindado de sus compromisos con la sociedad rural", apuntó Rafael Galindo, dirigente de la Central Campesina Independiente.

Esta movilización no será un ejercicio de catarsis sino una protesta fuerte, porque la burocracia y la dispersión han paralizado al campo, asentó Max Correa, integrante de la Central Campesina Cardenista.

Los campesinos están seguros de que en esta nueva movilización para rescatar su actividad, similar a la que se realizó hace dos años y que posteriormente derivó en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, tendrán el respaldo de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano.

Cada uno de los dirigentes de las ocho organizaciones destacaron que la actividad agrícola y pecuaria vale "más de lo que el gobierno destina a los programas del sector". Pero además, subrayó Alvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, "los ejidatarios y pequeños propietarios ya nos cansamos de ser los excluidos y que el gobierno del cambio -al igual que en su momento lo hizo el Partido Revolucionario Institucional- use los recursos federales con fines electorales y para favorecer a ciertos grupos".

Por eso, abundó, los campesinos acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que exija al presidente Vicente Fox Quesada, respete las decisiones de la Cámara de Diputados y a los campesinos.

En esta nueva etapa de la resistencia campesina, los contingentes fueron denominados de acuerdo con la zona de salida: el de Pachuca es conocido como José María Morelos; Puebla, Ignacio Zaragoza; Querétaro, Pancho Villa; Morelos, Emiliano Zapata. "Todos vienen por el establecimiento de una política social de Estado y para fortalecer la unidad campesina con otros sectores de la sociedad", explicó López Gámez.

Prensa Estatal

DURANGO

Tras recorrer dos mil metros de rodillas obtiene audiencia. (El Siglo de Torrreón, Rafael Ibarra, p.web).

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Don Gustavo Guerrero Rodríguez, campesino de 70 años de edad y originario del ejido Santa Cruz Luján, de este municipio, recorrió de rodillas aproximadamente dos mil metros para conseguir una audiencia con el subsecretario de Desarrollo Rural, José Ignacio Aguado Esquivel. A las 11:00 horas de ayer dio por terminada su marcha hacía Durango.

El funcionario estatal se comprometió a gestionar una audiencia con el gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras y a instalar una mesa de trabajo el próximo martes ocho de febrero para atender las peticiones del ejidatario.

Como se informó oportunamente, don Gustavo inició su marcha el día de ayer desde la explanada de la Presidencia Municipal, y se había propuesto llegar hasta la capital del Estado de rodillas para que el gobernador lo recibiera y lo apoyara a gestionar programas de apoyo para el campo.

El ejidatario marchó de rodillas por toda la calle Independencia, desde la avenida Francisco I. Madero hasta la avenida Aldama, hasta entonces había recorrido alrededor de 700 metros, después recorrió otros mil 300 metros por la calzada Agustín Castro hasta llegar al Centro de Apoyo de Desarrollo Rural (Cader), en este lugar improvisó un campamento para pasar la noche.

El día de ayer por la mañana se entrevistó con el subsecretario de Desarrollo Rural, quien lo convenció de dar por terminada su manifestación, tras comprometerse a organizar la mesa de trabajo para estudiar todas sus peticiones.

Aguado Esquivel dijo estar consciente de que muchas de las peticiones de don Gustavo se pueden atender de inmediato, y aseguró que el gobernador, Ismael Hernández Deras, le dio instrucciones de atender a este ejidatario.

El funcionario estatal dijo que la mesa de trabajo se instalará el próximo martes ocho de febrero a las 11:00 horas en las oficinas de la Sagarpa en Ciudad Lerdo, participará la Comisión Nacional del Agua, el Distrito de Desarrollo Rural y funcionarios de la Sagarpa.

“Estamos a muy buen tiempo de estudiar sus peticiones, podemos respaldarlo en sus propuestas, pero debemos recordarle a los ejidatarios que es necesario presentar proyectos productivos para que reciban apoyo en los diferentes programas”, dijo.

El subsecretario de Desarrollo Rural reconoció que todas las peticiones del ejidatario son congruentes y se pueden abordar en la mesa de trabajo, además se comprometió a concertar la audiencia de don Gustavo con el gobernador en la próxima visita que Ismael Hernández realice a la Comarca Lagunera.

Pliego petitorio

A continuación se mencionan las peticiones que presentó el ejidatario:

· La revisión de la infraestructura de los canales de riego, para evitar la pérdida de agua en su conducción.

· Ampliación de la superficie autorizada para el próximo ciclo agrícola.

· Otro punto es el incremento del fondo de garantía, porque considera que el actual es obsoleto.

· Incrementar el crédito del fondo al crédito a la palabra, para evitar el rentismo de las tierras.

· Que el Gobierno del Estado adquiera los derechos de dos pozos de irrigación para regar más superficie.

· Incrementar los fideicomisos necesarios para la redistribución de otorgamientos de créditos.

· Instalación de al menos una planta despepitadora de algodón en este municipio.

ESTADO DE MÉXICO

Existe voluntad de diálogo con mazahuas: Semarnat. (El Sol de México, Jorge Olmedo, p. web).

El Gobierno Federal, por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reiteró ayer una vez más que existe voluntad y disposición al diálogo abierto con el Frente Mazahua, ya que se han otorgado apoyos y pagos de indemnizaciones a las familias afectadas por inundaciones, además de que se han realizado inversiones superiores a los 30 millones de pesos en la región del municipio de Valle de Allende, en el Estado de México.

La Semarnat dio a conocer ayer que en los últimos 90 días del año 2004, además de las inversiones realizadas en la región Mazahua, en los primeros cuatro meses de este año se realizan obras con una inversión adicional de 10 millones de pesos en las comunidades de Los Berros, Salitre del Cerro, El Jacal, Soledad del Salitre, San Isidro, Mesa de San Martín, Tres Puentes, San Benito y San Felipe.

Por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y con la presencia de los representantes del Frente Mazahua, se realizan obras de desarrollo sustentable. La totalidad de los compromisos, tal como se acordó en octubre pasado, quedarán concluidos el próximo mes de abril.

La CNA concluyó el pago de las indemnizaciones por concepto de inundaciones en terrenos agrícolas en el año 2003 con la entrega de 220 cheques por el importe de un millón 325 mil 500 pesos, en beneficio de 220 familias que resultaron afectadas.

En un trabajo conjunto con el Gobierno del Estado de México, la CNA inició la construcción de diversos sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable en beneficio de los pobladores de las comunidades de Mesa de San Martín, Los Berros, Salitre del Cerro, El Jacal, Soledad del Salitre, San Cayetano y San Isidro.

Se continúa con el suministro e instalación de 885 letrinas secas para beneficio de igual número de familias mazahuas. Ya se encuentran a disposición para ser instaladas 200 letrinas y en el transcurso de los próximos 60 días quedarán listas las restantes 685.

La CNA, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los habitantes de la zona, trabaja en la construcción de bordos de almacenamiento de agua y de 20 estanques, así como en el desazolve y ampliación del cauce del río Malacatepec y de 1.7 kilómetros de drenes secundarios. Estas obras quedarán concluidas a finales de marzo.

Como parte de la relación de compromisos de apoyo con las comunidades mazahuas, la CNA realiza desde diciembre la rehabilitación del camino denominado "La Herradura", que tiene una longitud de 5.3 kilómetros.

Asimismo, y con el propósito de dar seguridad a la tenencia de la tierra, en el transcurso de los próximos tres meses se culminará el proceso de restitución de superficies expropiadas de los ejidos San Cayetano, Dolores, Vaquerías y Mesa de San Martín.

Por su parte, la Conafor entregó desde noviembre, con la presencia de la mayoría de los líderes de la comunidad mazahua, el Módulo de Producción Forestal, que tiene una capacidad de 126 mil plantas. En esta obra la Conafor realizó una inversión de 700 mil pesos que incluye equipo y gastos de instalación.

Este módulo incluye 2 mil 156 charolas de 60 cavidades para la producción de 96 mil 126 plantas con tallas superiores a los 20 centímetros, de las especies pinus ayacahuite y michoacana, que son las más recomendables para los trabajos de reforestación de la región mazahua.

En octubre pasado la Conafor entregó 42 rollos de alambre de púas y 856 postes metálicos para proteger los trabajos de reforestación en una extensión de 50 hectáreas. Entregó también ocho paquetes de 20 herramientas cada uno para realizar trabajos de reforestación y prevención de incendios forestales. Adicionalmente, el 30 de noviembre se entregaron 83 herramientas, que incluyen sierras curvas para trabajo de poda de árboles.

Bajo la normatividad del Programa para el Desarrollo de las Plantaciones Comerciales se entregaron 7 mil 500 árboles de la especie pinus ayacahuite para establecer una plantación comercial de árboles de Navidad. Además, en los viveros de San Cayetano y Jilotepec la Conafor desarrolla cuatro mil plantas de sauce llorón para entregarlos a la comunidad mazahua cuando ya tengan una talla de un metro con 20 centímetros.

Con apoyos económicos del Programa de Empleo Temporal se integraron cinco comités de obra para la realización de 135 kilómetros de brechas corta-fuego. En estos trabajos se canalizó una inversión de 207 mil pesos.

En la última reunión con los representantes mazahuas, la Semarnat acordó diversos compromisos, entre los que sobresalen: establecer conjuntamente los términos que regirán la elaboración de un Programa de Desarrollo Sustentable, con la participación de los Gobiernos federal, del Estado de México, municipales y la comunidad mazahua.

Así como una reunión el próximo 22 de febrero con una agenda de tres puntos torales: revalorar los avances de las acciones pendientes a partir del estatus registrado hoy, trabajar sobre el Programa de Desarrollo Sustentable para la región mazahua y establecer las líneas de acción para el 2005.

Además, se acordó que cada 15 días se emitirá un comunicado oficial por parte de los tres órdenes de Gobierno reportando avances en cada acción, con objeto de que la propia comunidad tenga de primera mano los avances y acuerdos a los que se ha llegado en la solución de estos problemas.

Inician huelga de hambre 14 mazahuas en la Semarnat. (El Universal, Emilio Fernández, p. web).

Desde las 8:00 de la mañana de ayer, 14 integrantes del Frente para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo Mazahua iniciaron una huelga de hambre en el interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir al Gobierno Federal la aplicación de un programa de desarrollo sustentable en las comunidades afectadas por el sistema Cutzamala.

Porfirio Maldonado López, miembro del Frente Mazahua, explicó que determinaron ponerse en ayuno luego de que en la reunión que sostuvieron el martes pasado con el titular de la Semarnat, Alberto Cárdenas Jiménez, no se obtuvieron avances para su lucha.

De las 14 personas que están en huelga de hambre, cuatro son mujeres: las comandantas Griselda Crisóstomo, Catalina Contreras, Reina de la Luz y Rosalba Crisóstomo; el resto son hombres.

Porfirio Maldonado, aseguró que personal de la Semarnat amenazó con utilizar la fuerza para desalojarlos del segundo piso del edificio, donde permanecen desde el 26 de enero.

Ayer, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitó a los mazahuas que cumplieron ocho días en plantón en la Semarnat.

En tanto, la dependencia federal a través de un comunicado informó que en el 2004 se invirtieron 30 millones de pesos en la región de los mazahuas.

GUANAJUATO

Protestan 30 ejidatarios por aumento en tenencia de la tierra. (Correo, Diario de Guanajuato, Roberto C. López, p.web)

Unos 30 ejidatarios se entrevistaron con el alcalde Carlos Manuel Torres Quilpas para protestar por el aumento al cobro de impuesto por tenencia de la tierra; los quejosos afirman que estaban pagando 140 pesos aproximadamente y esta vez el recibo llegó por 10 mil. El munícipe sostuvo que el aumento se dio porque entró en vigor en 2002 la Ley de Hacienda a los municipios de Guanajuato aunque prometió que se actualizará el registro para evitar que se hagan cobros de más.

Lo que en un principio sería una audiencia privada, se convirtió en una protesta masiva. Los ejidatarios se aglutinaron en la sala de Cabildos donde fueron recibidos por el presidente municipal para pedir explicaciones por el cobro excesivo de catastro en sus tierras.

Al término de la reunión, el señor Juan Rodríguez Díaz, ejidatario de El Colorado indicó que su molestia gira en torno a que se les está cobrando un disparatado aumento.

“Por ejemplo, un recibo del año pasado venía por 140 pesos y ahora vienen por 10 mil pesos. Nosotros queremos que se nos explique cuál es la situación; no nos estamos negando a pagar, pero que sea la cantidad justa, porque de por sí es poca la tierra que se puede cultivar y los intermediarios quieren pagar el producto muy barato, no tenemos tanto dinero”.

Indicó que de los 34 ejidos que hay en el municipio, sólo faltó gente de cuatro de ellos a la reunión. “Es una molestia general, a todos nos llegó un pago excesivo y queremos que se revise bien para pagar lo justo”.

Destacó que ellos, por su lado, van a pedir asesoría si el municipio insiste en cobrar esas cantidades. “Estamos dispuestos a ir hasta Guanajuato al Congreso o hasta con el Presidente de la República”.

Confían en su palabra

El presidente municipal, Carlos Manuel Torres Quilpas explicó que no se puede hacer nada contra el aumento en el cobro de los impuestos a los ejidatarios porque se contempla en la Ley de Hacienda para los municipios de Estado de Guanajuato que entró en vigor en el 2002; donde se establece que todos los predios sin excepción tendrán que someterse al avalúo correspondiente cada dos años. Su molestia es en el sentido de que es la primera vez que lo hacemos”.

Torres Quilpas sostuvo que los campesinos pagaban entre 80 y 200 pesos cada año. “Eso desde 1980 y nunca varió ni un solo peso, pero al salir la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato se establece que es necesario hacer avalúos cada dos años y eso es lo que los afecta porque hace muchos años que no se hacen avalúos de los ejidos”.

Indicó que los ejidatarios están de acuerdo en pagar las contribuciones pero en menor cantidad. “Ese fue el acuerdo al que llegamos. Su molestia va en el sentido de por qué tienen que pagar ahora si siempre les habían cobrado una cuota fija y se quejan de que en el campo hay pocos recursos”.

Torres Quilpas reconoció que es posible que las cantidades se hayan disparatado porque en el registro que existe en el sistema de presidencia marca que ellos tienen determinados terrenos cuando en la realidad no las tienen. “Por ello les pedimos que vinieran a decirnos cuánto terreno tienen, nosotros vamos a confiar en su palabra y en base a ello haremos los ajustes en los registros y los cobros debidos”.

El alcalde pidió a los ejidatarios que no haya alarma porque no se les va a cobrar la cantidad que inicialmente se les iba a cobrar. “La presidencia municipal está conciente que es necesario actualizar los datos a lo real y les está dando la confianza a los ejidatarios para que ellos digan cuál es la situación real de sus tierras y vamos a confiar en su palabra para que el proceso sea más rápido”, concluyó

SAN LUIS POTOSÍ

Niega amparo a Minera San Xavier. (La Jornada, Angélica Enciso, p.web).

La minera San Xavier perdió otro proceso judicial para realizar trabajos en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, luego que el juzgado tercero de distrito del estado le negó el amparo en contra de la actuación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que pidió suspender las detonaciones de explosivos por dañar el patrimonio histórico.

La empresa de origen canadiense pretendía obtener un amparo para continuar con sus trabajos de explotación de la mina localizada en un área de monumentos históricos y donde también se encuentran especies de fauna y flora amenazadas o en riesgo de extinción.

El INAH en el oficio 401-8124-1155/04, en diciembre pasado, pidió a la empresa suspender las detonaciones de explosivos en un área de Cerro de San Pedro, donde se ubican edificios considerados patrimonio de la nación.

Fue entonces cuando la minera solicitó un amparo en contra de la acción del INAH y la respuesta del juzgado otorgó la razón al instituto, ya que en el documento de referencia "precisó con suficiente claridad, la zona geográfica en la que debía suspenderse toda actividad relacionada con la detonación de explosivos, y expresamente señaló que en el poblado de Cerro de San Pedro y en las comunidades aledañas, existen diversos monumentos históricos protegidos".

En el dictamen judicial se puntualiza que el INAH en San Luis Potosí se refirió en todo momento a la necesidad de proteger los monumentos históricos de Cerro de San Pedro de las detonaciones, por lo que "resulta obvio que por virtud de la suspensión decretada por la referida autoridad administrativa, la parte agraviada se encuentra legalmente constreñida a interrumpir cualquier labor que implique la utilización de explosivos".

Opinión

Camiones (Astillero, Julio Hernández López, La Jornada. )

HAY TANTOS TEMAS en ruta de colisión, que a Los Pinos le parece el mejor momento para acelerar el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Según los cálculos que hacen los genios de las cabañas presidenciales (y las genias, diría un bigotito neohablante), el escándalo que provocara la ejecución política del perredista tabasqueño podría diluirse o cuando menos amortiguarse entre los múltiples estallidos previsibles que anuncia la agenda de la catástrofe colectiva en curso. Retrasar más la caída de la guillotina sólo permitiría que el jefe del gobierno capitalino continuará consolidando una organización nacional propia a cuenta de presentaciones literarias sabatinas y asentando una candidatura presidencial cuyo exterminio irá siendo más costoso en términos políticos y sociales en cuanto más se retrasen esas tareas de limpieza étni... perdón, electoral. Un personaje perteneciente a la élite foxista dijo en días pasados, entre camaraderías de sobremesa, que al gobierno federal y sus aliados dominantes no les queda más que la filosofía del camionero que, luego de haber atropellado a alguien en la carretera sin matarlo, debe dar reversa al vehículo para rematar al herido porque sale infinitamente más cara la atención médica y la convalecencia de una persona que sus gastos funerarios. Después de todo lo que se ha hecho, de todas las asociaciones y complicidades realizadas, lo peor que podría suceder a esos camioneros (más bien, unos perfectos camiones) sería dejar un peje vivo que además se volvería aún más imparable en términos electorales a pesar de y justamente a causa de la impresionante conspiración de poderes tejida en su contra, pero finalmente insuficiente.

Casi un hecho (Clase Política, Miguel Ángel Rivera, La Jornada.)

LA REFORMA ELECTORAL es un hecho. Faltan por conocerse algunos detalles, pero puede darse por seguro que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrán menor margen para interpretar las leyes en la materia.

EN ESTO SI hay consenso, pues todos los partidos tienen motivos de queja contra el IFE y el TEPJF, ya sea por acciones en su contra o por omisiones, cuando han promovido denuncias en contra de otras organizaciones.

UNO DE LOS CASOS más recientes es la protesta del PVEM por la decisión del Consejo General del IFE de rechazar las reformas a sus estatutos, las cuales a su vez fueron ordenadas por el TEPJF con motivo de conflictos internos, los cuales, en opinión de sus dirigentes, debieron dirimirse en forma doméstica.

EL REPRESENTANTE DE Convergencia ante el IFE, Luis Maldonado Venegas, admitió que, efectivamente, hay preocupación en los partidos políticos por la "invasión a ciertos ámbitos de autonomía", debido a que las resoluciones del TEPJF y del IFE interpretan las normas del código electoral.

Desafo (Rafael Loret de Mola, Cuarto Poder)

Los priístas tienen la remota ilusión de recuperar para su causa Baja California Sur y conservar Guerrero y Quintana Roo; los perredistas, sin contenerse, insisten en retener la gubernatura sudcaliforniana y conquistar las otras dos en disputa el próximo domingo 6 de febrero. ¿Y el PAN? Muy atrás, sin repuntar, a pesar del evidente manoseo oficioso de los gobernadores-caciques que se extienden, por igual, a la huasteca hidalguense en donde habrá comicios el 20 de este mismo mes. En el sur de la península de Baja California, conquistada por el PRD a partir de un cisma priísta con ribetes personales con Leonel Cota Montaño, hoy gobernador, como protagonista, las viejas fórmulas se repiten: el mandatario estatal, Cota, de largo trayecto entre los priístas hasta 1998 cuando optó por la "rebeldía", metió las manos en el proceso selectivo para garantizarse una herencia afín. Así llegó a la candidatura perredista Narciso Hundes. Y ahora el PRI busca resarcirse con Rodimiro Anaya quien fue miembro del PRD hasta que decidió buscar la nominación perredista perdiéndola con la intervención del gobernador, o controlador mejor dicho. Las historias se repiten desde perspectivas diferentes.

Cartones

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