CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
2 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Truena el IFE al Verde
Rechazan nuevos estatutos
del PVEM por segunda vez; anuncia el partido su retiro del instituto
Dice líder del PVEM que
los consejeros violan la ley por desconocer estatutos del partido
Renuncia titular de La Palma
Deja Josefina Jaime el
cargo, a 27 días de haberlo asumido
Transición del "corto" a tasa de referencia
Fijar un piso a los réditos
es un primer paso, dicen especialistas
"Minisesión" legislativa en un periodo crucial
Última llamada para las
reformas: IP; legisladores lo toman con calma
Fox ofrece a EU una frontera segura y moderna
Vía telefónica, felicita
a Bush ‘‘por su nuevo mandato’’
Cayó el titular del Consejo del Café
La Sagarpa toma el control
Aclaman a Jackson como su candidato 42 senadores
Cada uno coordinará en
sus estados la campaña del senador; acuerdan no pelearse con otros aspirantes
y unificar al PRI
Linchamiento en Tláhuac, porque investigaban al PRD
Querían “golpear al GDF”:
perredistas
Pemex congela un año su plan para instalar controles en las gasolinerías
Falta de recursos y vacío
impiden aplicar el proyecto
Promete Fox a Bush una frontera segura
Informa por teléfono al
presidente de EU sobre avances en la región
“Secuestro”
DF y Edomex encabezan
índice de plagios
Sector agrario
Saldrán de Montes Azules 800 indígenas. (Diario de Chiapas, Miriam
Martínez, p.web)
El próximo jueves, autoridades federales y estatales llevarán
a cabo la reubicación de más de 800 indígenas tzeltales y tzotziles, quienes
desocuparán la Reserva de la Biósfera de Montes Azules (REBIMA) y la comunidad
Lacandona, con destino al poblado Nuevo Montes Azules en el municipio
de Palenque.
En entrevista el Director de la REBIMA, José Zúñiga informó
que la Comisión Interinstitucional para la Atención a Montes Azules (CIAMA)
prepara el traslado de 160 familias indígenas, asentadas en cinco poblados
irregulares.
"Dentro de Montes Azules están tres asentamientos: El
Ocotal, El Suspiro y Paraíso las Ruinas y aparte la comunidad Nuevo Petalcingo
y nuevo Tumbalá que no están dentro de la Reserva pero sí ocupan parte
de los Bienes comunales", detalló el funcionario.
El en caso de los tres poblados que ocupan la REBIMA, éstos
dejarán alrededor de 300 hectáreas, por lo que José Zúñiga puntualizó
que en total son 805 personas que decidieron abandonar los puntos antes
citados.
El director de esa área Natural Protegida (ANP) recordó que
el asentamiento El Suspiro habita la reserva en fechas entre 1968 y 1984,
mientras que Paraíso Las Ruinas se asentó desde 1992, sobre la rivera
del Río Lacantún, de donde saldrán ocho familias, es decir, 52 indígenas.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Comisión
Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Gobierno
y otras autoridades trasladarán a las 160 familias desde el próximo jueves,
hacia el Poblado Nuevo Montes Azules.
José Zúñiga, recordó que les otorgarán alrededor de 20 hectáreas
por familia, además de una vivienda con servicios sanitarios, luz eléctrica,
agua potable, escuelas, una clínica y otros beneficios.
"La reubicación inicia desde el tres de febrero por que
nosotros también vamos a tener un evento ambiental, donde proyectarémos
películas, exposiciones de lo que es Montes Azules, además ellos desean
hacer un festejo por el cambio de vida que tendrán", dijo el funcionario.
El director de Montes Azules confirmó que desde el pasado mes
de noviembre, se inició el proceso de recuperación de las partes habitadas
por los indígenas, por lo que recordó que se cuenta con una primera inversión
de 200 mil pesos, a fin de sembrar árboles frutales y maderables
Prevalece tranquilidad en el Estado. (El Heraldo de San Luis, Nota Informativa, p.web).
Tras décadas de conflictos e invasiones de predios, actualmente en el estado
se vive un clima de tranquilidad, y aunque persisten algunos problemas,
están en vías de solución a través del diálogo y del compromiso del Gobierno
por atender las demandas sociales, señaló el Director de Gobernación,
Víctor Manuel Pérez, quien dijo que no hay en este momento «focos rojos»
en territorio potosino, solamente inquietudes que están siendo atendidas
oportunamente.
Indicó que justamente para dar
una atención adecuada a las demandas y prevenir el surgimiento de problemas,
se ha procedido a la elaboración de una agenda de riesgos y prioridades.
«Es precisamente para prevenir
que pudieran presentarse conflictos y atender de la manera más eficiente
posible las demandas; tratar de adelantarse a los hechos», manifestó.
El Director de Gobernación dio
a conocer que personal de la Secretaría de la Reforma Agraria y del
Registro Agrario Nacional, en forma conjunta con el Gobierno del Estado,
se encuentran trabajando justamente con el fin de dar una solución definitiva
a los conflictos agrarios que aún persiten en territorio potosino.
Sin embargo, dijo que la situación
es muy diferente a la que había anteriormente, cuando eran casi permanentes
las invasiones de predios. Afirmó que en estos momentos, de acuerdo con
los reportes que ha recibido la dependencia, en todos los municipios del
estado hay paz social y gobernabilidad, resultado del trabajo conjunto
que están realizando el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, al margen
de cuestiones partidistas. Sobre la situación en los municipios de la
Zona Huasteca donde se han presentado conflictos, el funcionario dijo
que en Xilitla, Tampacán, Tamazunchale y Matlapa, reconoció que hay cierta
intranquilidad, pero en los últimos días ha prevalecido la tranquilidad
y continúa el diálogo para evitar que vuelvan a presentarse situaciones
de tensión.
AMLO, un loco que no respeta instituciones: Fernández
de Cevallos. (Unomásuno, Nota Informativa,
p.4).
Diego Fernández de Cevallos calificó
de "locos" a quienes, sin respeto alguno a las instituciones
y basándose sólo en su ambición de poder, atacan a los ministros de la
Corte, en clara referencia al jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel
López Obrador. Y es que no obstante negarse a dar nombres de los "enfermos
mentales" a los que se refería, jocoso el "Jefe" Diego
comentó: "No pongo nombre porque luego piden paz y amor".
Lo anterior al ser entrevistado
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre los fallos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente a diversos casos sobre
propiedades, que atiene su bufete privado de abogados. En su calidad de
presidente de la Mesa Directiva del Senado, refirió casos relacionados
con este órgano legislativo, como cuando falló contra de éste el ministro
Genaro Góngora Pimentel; "nos dolió y nos pareció contraria a derecho".
Recordó también la resolución del
magistrado respecto al presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo
García Villalobos, "la consideramos improcedente, ilegal e injusta,
pero todo el Senado la respetó y acató porque nos tenemos que acostumbrar
a respetar al Poder Judicial". Por ello, refirió sea cual sea la
resolución de la SCJN respecto al predio de la familia Ramos Millán, caso
en el que litiga de manera personal a favor de la misma, "la habré
de acatar y respetar plenamente, porque soy un hombre de leyes e instituciones".
Fue en este contexto que sostuvo que sólo los enfermos mentales puedan
atacar como se ha venido haciendo a la Corte. "Sólo los locos, los
que no tienen escrúpulos, los que tienen ambición de poder y ningún respeto
por las instituciones pueden hacer esto".
”Enfermo mental”. (Diariomonitor, Ricardo Goméz, p.8A).
En alusión a Andrés Manuel López Obrador, el senador Diego
Fernández de Cevallos consideró que “sólo los locos, los enfermos mentales
y los que tienen ambición de poder” no acatan los fallos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Al pedírsele nombres de quienes asumen esa actitud, el senador
panista se negó, porque -dijo- luego piden “amor y paz”, como suele decir
el jefe de gobierno capitalino.
Al ser interrogado sobre el litigio en torno al predio expropiado
por la SRA en Santa Úrsula a sus clientes, los Ramos Millán, quienes
buscan que la dependencia federal les pague una indemnización de poco
más de mil 200 millones de pesos, con los servicios del senador panista
y abogado, sólo apuntó que no litiga a través de los medios de comunicación,
pero adelantó que acatará a la Corte.
“Porque soy hombre de instituciones, sólo los enfermos mentales,
pueden atacar como se ha venido haciendo a la SCJN, sólo los locos, los
enfermos mentales, los que no tienen escrúpulos, los que tienen sólo ambición
de poder y ningún respeto por las instituciones”.
Desecha tribunal juicio de amparo promovido por
comuneros de Xalatlaco. (La Jornada, Alfredo Méndez,
p. web)
Un tribunal federal desechó en definitiva el juicio de amparo
que comuneros mexiquenses de Xalatlaco promovieron en octubre de 2002
con la finalidad de que se respetara su garantía de audiencia y se repusiera
el procedimiento del juicio de "dotación de tierras" (mil 509
hectáreas en litigio) que ordenó abrir la Suprema Corte en 1974, y que
el Tribunal Unitario Agrario (TUA) concluyó en 1999 con una resolución
mediante la cual reconoció a los pobladores del ejido capitalino de San
Miguel Ajusco la pertenencia de una superficie de tierra de mil 340 hectáreas
por sólo 169 para Xalatlaco.
De acuerdo con fuentes judiciales, tras la decisión del tribunal
federal, ahora es obligatorio que la resolución emitida en 1999 por el
TUA "se cumpla de inmediato", por lo que los habitantes de Xalatlaco
están obligados a abandonar las tierras que ocupan desde hace años en
el predio Agua Grande. Sin embargo, precisaron las mismas fuentes, los
representantes legales de los quejosos podrían interponer una herramienta
jurídica para buscar que otra vez sea suspendida temporalmente la ejecutoria
(el cumplimiento) del fallo en materia agraria.
A su vez, Rafael Ruanova Zárate, abogado de los quejosos, consideró
que el fallo de los tres magistrados que integran el tribunal federal
"está basado en consideraciones absurdas, carentes de justicia real".
Vaticinó que los comuneros de Xalatlaco no aceptarán la resolución, ya
que "eso implicaría entregar las tierras en las que han habitado
por varias generaciones", por lo que exhortó a las autoridades federales
y del Distrito Federal a formar una "mesa de diálogo" entre
las partes en litigio "para evitar enfrentamientos violentos que
pueden causar la muerte de comuneros, porque las van a defender (las tierras)
hasta con su vida si es necesario".
Según consta en la resolución del segundo tribunal colegiado
en materia administrativa, a la que tuvo acceso La Jornada, los
magistrados Carlos Amado Yáñez, Arturo Iturbe Rivas y María Antonieta
Azuela determinaron sobreseer (desechar) el amparo en revisión 692/2003.
Básicamente fueron dos los argumentos del órgano jurisdiccional
para desechar el juicio. El primero fue que los quejosos carecen de "interés
jurídico" para recurrir al juicio de garantías, porque el "conflicto
de límites entre comunidades agrarias (...) en nada afecta de manera individual
a personas físicas como las que acuden a la instancia constitucional".
El segundo argumento se sustenta en el supuesto de que no existe un "nexo
causal" entre los actos que reclamaron los comuneros de Xalatlaco
y las presuntas omisiones en que incurrieron las autoridades señaladas
como responsables (Secretaría de la Reforma Agraria y Tribunal Unitario
Agrario), debido a que estas autoridades no se encuentran obligadas, por
virtud de algún mandato legal o jurisdiccional, a "realizar las omisiones
que se les imputan".
El representante legal de los xalatlalquenses aseveró en entrevista
que "no es casual que mientras estuvimos exigiendo que Xalatlaco
contara con un comisariado de bienes comunales", en todo momento
"las autoridades cerraron las puertas", y "ahora que ya
se sobreseyó el juicio de amparo, a los comuneros les permiten la creación
del comisariado (...) Estoy convencido de que hubo parcialidad en la actuación
de algunas autoridades, sobre todo las que resolvieron desechar el amparo".
Detrás de los enfrentamientos entre las comunidades de San
Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, y de Xalatlaco, estado
de México, existe un añejo conflicto agrario por la posesión de más de
mil hectáreas. El conflicto se inició el 9 de mayo de 1941. Siete años
después, en agosto de 1948, el presidente Miguel Alemán tituló mil 410
hectáreas en favor de San Miguel Ajusco y 680 para Xalatlaco. Esta comunidad
se inconformó ante la Suprema Corte en 1949, y en 1974 el máximo tribunal
del país ordenó revocar el acuerdo presidencial y reponer el procedimiento
de dotación de tierras. El 19 de abril de 1999 el Tribunal Unitario Agrario
emitió una nueva resolución reconociendo a San Miguel Ajusco una superficie
de mil 340 hectáreas y sólo 169 para Xalatlaco.
Los comuneros mexiquenses interpusieron una solicitud de amparo
el 16 de octubre de 2002. El juicio fue sobreseído en primera instancia
el 4 de noviembre de 2003. Los quejosos interpusieron el recurso de revisión
y luego pidieron a la Corte que atrajera el caso, pero el máximo tribunal
rechazó esa petición el 13 de agosto del año pasado. Finalmente regresó
el expediente de la Corte al segundo tribunal colegiado y éste determinó
confirmar la resolución del juzgado tercero, por lo que desechó el juicio
de garantías.
La SRA finiquito acuerdos agrarios con organizaciones
campesinas. (Ovaciones, Nota Informativa,
p.7).
Con la firma reciente de convenios de finiquito agrario con
tres organizaciones campesinas, el Gobierno del Presidente Vicente Fox
avanzó en la solución de conflictos en el medio rural, como parte de sus
compromisos de paz social y certeza jurídica en el campo mexicano.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Reforma
Agraria, cuyo titular es Florencio Salazar Adame, firmó un convenio
finiquito de acuerdos agrarios con la Unión Campesina Democrática (UCD),
que dirige José Durán Vera, durante un acto realizado en el municipio
de Jiutepec, Morelos, el 15 de enero pasado.
Sector agropecuario
Confirma Sagarpa la desaparición del Consejo Mexicano
del Café. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.web).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) confirmó la desaparición del Consejo Mexicano
del Café (CMC) y anunció que será sustituido con la integración del Sistema
Producto Café que se instaló el pasado 15 de diciembre. Así dio respuesta
a las inquietudes de organizaciones de productores por la incertidumbre
que existe en el sector.
La dependencia puntualizó en un comunicado que el presidente
del CMC, Roberto Giesseman, presentó su renuncia y que "se ha hecho
efectiva a partir del primero de febrero". Informó que el funcionario
pidió su dimisión a finales del año pasado, "para aprovechar nuevas
oportunidades en el sector privado".
El CMC desaparecerá en cumplimiento a lo que establece la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, y los industriales, productores y representantes
del gobierno, que integran el organismo, definirán "los ajustes a
su visión, dirección y políticas de representación del sector cafetalero
en su próxima asamblea general, lo cual permitirá asegurar una participación
efectiva e integral del propio sistema producto".
En días pasados la Confederación Nacional Campesina y la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Cafetaleras pidieron a la Sagarpa información
sobre la situación del CMC y le demandaron la aplicación de los programas
del sector.
En respuesta, la Sagarpa dio a conocer que mientras se formaliza
el Sistema Producto Café, Lorena Zapién se hará cargo del despacho y Alfredo
Fernández será el representante gubernamental. Puntualizó que los programas
del sector cafetalero correspondientes al ejercicio 2004 no tendrán cambios
en su aplicación por parte del consejo como agente técnico, y se llevarán
hasta su cierre en las condiciones ya establecidas previamente.
Destacó que los consejos estatales de café elevarán su representatividad
en los comités estatales del sistema producto, con lo que se garantiza
su independencia de decisión. Además, en el contexto del sistema producto
los programas serán operados directamente por la Sagarpa, con lo que se
oficializa la cancelación del CMC.
Aseguró que serán los sectores que intervienen en el proceso
de producción del aromático los que determinen "el derrotero a seguir
por la cadena en su conjunto", y ello les permitirá lograr mejores
condiciones de eficiencia.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Aún no indemnizan afectados del EZLN. (Diario de Chiapas, Fernando
Culebro, p.web)
Aún esta pendiente el pago de 14 mil hectáreas de tierra a
pequeños propietarios que resultaron afectados con el levantamiento armado
de 1994, y que hasta fecha no hay avance para que se lleve a cabo esta
indemnización, señaló Jorge Constantino Kanter, alcalde de Comitán y representante
de estos propietarios
"Con el hecho de ser presidente municipal, no dejo de
ser productor, ni dejo de ser propietario privado, ahí se está trabajando
en eso hay una oferta, una propuesta de solucionar a quienes no recibieron
nada, que son más de 13 mil casi 14 mil hectáreas, se supone que hay un
planteamiento para este año, pero hasta ahora yo se que no hay mucho avance".
Y es que el planteamiento del Gobierno Federal es de indemnizar,
pues a decir de Constantino Kanter, no hay otra alternativa, otra opción.
Ya que para él, como para los demás pequeños propietarios el
pensar en retornar es imposible "las condiciones no están dadas y
yo siempre he dicho que el propietario cada día es menos propietario y
el que está mocionado de la tierra cada día adquiere más derechos".
Apuntó que cuando menos en la zona no hay respeto a la propiedad
privada, "no ha cambiado nada desde 1994 a la fecha en la zona".
Precisó que este problema afecta a cerca de 500 familias, aunque
dijo desconocer a cuánto ascendería el monto total de lo que tendría el
Gobierno Federal que pagar de indemnización, ya que no se ha establecido
cuánto sería por hectárea.
En cuanto al ganado que existía en esas tierras, dijo que desafortunadamente
nunca lo quisieron aceptar "aun cuando se hicieron los convenios
de parcería, jamás se tomó en cuenta ni infraestructura, ni nada, sólo
la tierra".
Nadie nos detendrá: CIOAC. (Cuarto Poder, Sergio Granda,
p.web)
Tras calificar de "histórica" la movilización
estatal y nacional del próximo fin de semana -con miles de indígenas y
campesinos-, dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC) advierten que "cuatro años ya es mucha oportunidad
para el Gobierno del Estado y el Federal, pero no tuvimos avances a nuestras
demandas y ahora vendremos a plantarnos".
A decir del líder tojolabal "avanzamos en los trabajos
previos a nuestras marchas; visitamos las regiones de la CIOAC; hay inquietud
y calor de la gente que está dispuesta a movilizarse a partir del próximo
sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de febrero".
Hernández Cruz reconoció que desde hace cuatro años no
se movilizaban con estas dimensiones; ahora la militancia caminará de
zonas como Huitiupán, Simojovel, Jitotol y Bochil; saldrán de sus comunidades
el próximo sábado y pernotarán en Soyaló horas más tarde frente a la Presidencia
Municipal. "Nos den o no cobijo, allí nos vamos a quedar".
Del contingente que bajará de la Costa, Sierra y Fronteriza
expuso que esa misma noche dormirán en San Cristóbal de Las Casas, frente
a la Secretaría de Pueblos Indios (SEAPI). "Vamos a tomar simbólicamente
las oficinas de la SEAPI; allí tenemos un secretario de Pueblos Indios
que no hace caso a los indígenas, ya que está más pegado al gobierno que
a su pueblo", estimó.
De "los compas" de Venustiano Carranza, Socoltenango,
La Concordia y otros municipios de la región Centro, este primer día de
movilizaciones dormirán en Acala, dijo.
Hernández Cruz adelantó que el próximo domingo 6 -esperan-
el contingente de las zonas Norte, Costa, Sierra, Fronteriza y Centro
arribará -por separado- a la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, donde
se quedarán la noche.
Un solo bloque
Finalmente expuso que en un solo bloque los 10 mil indígenas
y campesinos de la CIOAC, partirán este lunes 7 de febrero en las primeras
horas de la madrugada de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo a la
capital chiapaneca.
"Estamos calculando arribar a las 10 ó 11 horas
frente a Palacio de Gobierno del Estado, para exigir al gabinete así como
otras instancias federales nos reciban en una mesa de trabajo con capacidad
resolutiva para nuestras demandas", dijo.
Campesinos anuncian escalada de movilizaciones. (El Orbe Chiapas, Alberto
De la Cruz, p.web)
“En reunión regional de representantes de la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Soconusco-Costa, acordamos por
unanimidad participar en las movilizaciones del día 5 al 7 de febrero,
a nivel local, estatal y nacional”, expresó ayer Juan Pérez Pérez, secretario
general del Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas de la CIOAC
Es necesario a nivel estatal y regional, la lucha a partir
del reparto de tierras que anteriormente la organización logró y que ahora
el gobierno proporcione los apoyos para producir y establecer nuestra
propia empresa campesina y que los sueldos resuelvan el problema de la
pobreza en cada una de las organizaciones, señaló.
El Presidente Vicente Fox ha informado a la nación que los
programas ya están en marcha y que benefician a gran número de personas,
los cuales no llegan totalmente a la población más necesitada, así como
se acordó el pasado 7 y 19 de enero, que una vez analizadas las demandas
y que no tienen respuesta, por eso se decidió la movilización como mecanismos
para resolver solicitudes, indicó.
Asimismo, dijo: El pasado noviembre del 2004, se hicieron reuniones
con diferentes secretarios y el Gobierno del Estado y se tomaron algunos
acuerdos para dar respuesta a las peticiones, pero se ha incumplido.
En la última reunión se solicitó la presencia de los titulares
de las secretarías y no se han presentado, sólo han enviado a funcionarios
de segundo nivel, los cuales no tienen poder de decisión, por lo que nos
retiramos de las pláticas con el gobierno y se rompió el diálogo, por
eso ahora vamos a exigir una respuesta inmediata.
En la movilización del día 5, nuestra gente de la Costa y Sierra
como de Las Margaritas, se juntarán en San Cristóbal de las Casas y el
día 6 saldrán para Tuxtla Gutiérrez. La región norte sale el 5 y se concentra
en Chiapa de Corzo. Los de la región Fraylesca y Centro, se reúnen en
el municipio de Acala y el día 6 se concentran
en Chiapas de Corzo, para asi todos juntos marchar a Tuxtla Gutiérrez,
dijo.
También 5 compañeros de cada región se trasladarán el día 6
a la ciudad de México, D.F., y para que el día 7 participar en la megamarcha,
así como se integrará otra comisión amplia para que participe en las comisiones
en las diferentes dependencias federales, expresó.
Por su parte, el secretario de asuntos agrarios de la CIOAC,
Pascual López Gómez, dijo, existen 59 expedientes agrarios a nivel estatal,
de los cuales se demandará respuestas al gobierno en la ciudad de México,
así como se sabe que hay un presupuesto a nivel nacional de 158 millones
de pesos para todas las organizaciones y para la CIOAC verán que les toque
siquiera un poquito.
En su intervención, Marco Antonio Suárez Vargas dijo: ya se
han tomado acuerdos sobre la movilización en la región, a Tuxtla Gutiérrez
y la comisión que irá a la Ciudad de México.
Abundó, el acuerdo en la región es que los compañeros de la
tercera edad, no pueden marchar por su situación; sin embargo, para el
día 7 de febrero, tomarán las instituciones de la región como la SEDESOL
Federal y que una comisión se fuera a Tuxtla Gutiérrez. Aquçi los compañeros
se reunirán en las instalaciones de PEMEX y los demás en la gasolinera
Macal, para marchar por la ciudad e incorporarse en la SEDESOL para lograr
los objetivos planteados, dijo.
DISTRITO FEDERAL
Diputados rechazan tercer peritaje al Encino. (Diariomonitor, José Gerardo Mejía, p.8A)
Tres golpes recibió ayer el jefe de gobierno, Andrés Manuel
López Obrador, pues la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó
la realización de un tercer peritaje, además de que consideró que no era
importante determinar las medidas del predio El Encino y desechó recortes
periodísticos del tabasqueño como pruebas.
Durante la reunión de la Sección Instructora, por tres votos
en contra y uno a favor se determinó que lo importante es saber si se
violentó o no una disposición judicial.
“En este procedimiento, se rechazó la solicitud del jefe de
gobierno, donde solicitaba una junta de peritos para tratar el tema de
las contradicciones de los peritos en materia topográfica que fueron ofrecidas
en este procedimiento.
“También el día de hoy el jefe de gobierno había solicitado
la revocación de un acuerdo de la Sección Instructora que desechó las
pruebas presentadas hace un par de semanas, las que tenían que ver con
estos documentales de medios de comunicación, pruebas documentales de
diversos medios escritos, sobre todo, y en ese sentido la Sección Instructora
por mayoría rechazó este proyecto”, explicó en conferencia de prensa el
presidente de esa instancia legislativa, Horacio Duarte.
Informó que la Sección Instructora acordó cerrar la instrucción
del procedimiento, lo que implica que entrarán a la siguiente etapa procesal,
que es poner a la vista el expediente de 10 mil hojas para que lo coteje
la Procuraduría General de la República.
Esto se llevará a cabo entre el 7 y 9 de febrero, y también
se pondrá a la vista, el expediente para el jefe de gobierno, entre el
día 10 y 12 de febrero y “también habría el periodo de alega-tos entre
el día 13 y 18, que será cuando se puedan presentar los alegatos”.
Por separado, la priista Rebeca Godínez subrayó que antes que
establecer las dimensiones del predio, se debe determinar si hubo o no
desobediencia a una orden dada por un juez de Distrito en un incidente
de suspensión en un juicio de amparo.
“Lo que está aquí por dilucidarse es si existió o no esa desobediencia.
Para esos efectos, nosotros consideramos que esta aparente contradicción
–que expone el jefe de gobierno– de que el perito de la Procuraduría,
en un evento anterior del juicio dijo otra cosa, esa es una contradicción
del propio perito en el que nosotros comentamos que estará en la valoración
de esas pruebas el ver si es creíble, si no es creíble”, expuso Godínez.
La diputada del PRI dijo que las dimensiones reales de El Encino
no son determinantes, sino los accesos, ya que uno de ellos podría estar
sobre otro predio y finalmente, puede ser la entrada que al final de cuentas
es la entrada lo que le da paso al predio en litigio.
“Consideramos que la esencia de lo que tenemos que dilucidar
no está en entredicho con esta prueba. Esta prueba no nos iba a dilucidar
al final de cuenta si obedeció o no obedeció el jefe de gobierno una orden
que esta dada por un juez”, insistió la legisladora.
DURANGO
Inicia campesino marcha de rodillas hasta Durango.
(El Siglo de Torreón, Rafael
Ibarra p.web)
GÓMEZ PALACIO, DGO.- A sus 70 años
de edad, don Gustavo Guerrero Rodríguez inició en la Presidencia Municipal
una marcha hasta la capital del estado. Afirmó que pretende realizar este
viaje de rodillas hasta que lo atienda el gobernador, Ismael Hernández
Deras.
Este ejidatario ha realizado diversas
manifestaciones en este municipio y en la capital del país, incluso ha
llegado a crucificarse y encadenarse en el asta bandera del Zócalo de
la ciudad de México.
Entrevistado en las afueras de
la parroquia de Guadalupe, Don Gustavo asegura que con esta manifestación
busca atraer la atención del Gobierno del Estado para recibir apoyo porque
el ciclo agrícola está muy próximo y no han recibido ayuda para preparar
las tierras.
GUERRERO
En la sierra de Petatlán defender los bosques es
un delito: ecologista preso. (La Jornada, Rosa Rojas,
p. web).
Zihuatanejo, Gro. "Nunca pensé que el enemigo fuera tan
gigantesco... la mera verdad es que afecté intereses del poder y el dinero;
todos los que están sacando madera clandestina están contra mí",
reflexiona Felipe Arreaga Sánchez, fundador de la Organización Ecologista
de la Sierra de Petatlán (OESP), preso en la cárcel de esta ciudad.
A tres horas de aquí, en plena sierra de Petatlán, en su casa
de Las Lajitas, don Jesús Mendoza, uno de los iniciadores de la lucha
ecologista y fundador del PRD en la región, se hace eco de la frase de
su amigo preso: "tocante a la madera y la ecología, el gobierno no
pone fuentes de trabajo para que uno no explote; los bosques se están
acabando, y quien protesta se echa enemigos encima. Yo le dije a Felipe
que dejara eso, porque no tenemos fuerza para pararlos..."
"Son una mafia, porque como que están aliados, porque
están los guachos (militares) en el campamento y siguen sacando
madera", responde Roberto Cabrera Torres, uno de los 14 dirigentes
de la OESP, que tiene orden de aprehensión en su contra por la misma acusación
-el homicidio de Abel Bautista, hijo del cacique maderero Bernardino Nino
Bautista- por la cual está preso desde noviembre pasado Arreaga Sánchez.
Cabrera Torres -con una gorra de la campaña de Zeferino Torreblanca,
candidato de oposición al gobierno estatal-, oriundo de Rincón del Refugio,
ejido de San José de los Olivos, fue entrevistado en El Zapotillal, poblado
donde vivía Felipe con su familia antes de caer preso. Roberto llegó por
casualidad a ese lugar cuando hicimos un alto para hablar con algunas
de las integrantes de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra
de Petatlán, fundada por Celsa Valdovinos, esposa de Felipe, a cuyo asesoramiento
él se había dedicado durante los pasados dos años. "Yo tengo como
tres órdenes de aprehensión; uno anda con miedillo, pero anda de arriba
para abajo. Últimamente se han calmado los militares", explica Roberto.
"Todos de acuerdo"
Con la camisa abierta, vehemente, Cabrera Torres dice que de
la orden de aprehensión se dieron cuenta él y los otros 12 compañeros
de la organización incluidos en ella porque agarraron a Arreaga. "Le
giraron esa orden a Felipe sin ningún citatorio; quiere decir que ellos
(el gobierno) están de acuerdo con la gente que se opone a la organización.
Felipe tiene testigos de que él estaba en Las Mesas (el día del homicidio
del que lo acusan); es una mafia, están de acuerdo todos".
Explica que la organización ecologista fue creada "por
gente sin preparación, sin conocimiento ni nada, porque se vio que el
agua se nos está acabando. En San José de los Olivos ya casi no hay madera,
no es muy maderable, los más maderables son los ejidos Durazno y Corrales.
La organización quiere que tomen cartas en el asunto las autoridades que
dan los permisos, porque siguen otorgándolos y no consideran que hay partes
donde hay bosque, pero todo lo demás está deforestado, y el delito es
proteger y cuidar. En la organización, desde Parasal, Zapotillal, Rincón
y Banco Nuevo, los perseguidos somos unos 20, pero la gente que simpatiza
son como mil. La gente tiene temor; llegan los guachos, y como
que la gente le saca a dar la cara".
Subraya: "pensamos que cuidar el bosque es bueno. El agua
no se acaba, sigue la reforestación, y en lugar de darnos estímulos, nos
persiguen. Los que están en contra (de la OESP) son los madereros y quieren
eliminar a los que nos oponemos al corte, de a poquito van quitando uno
y otro. La organización es de mucha gente, pero los que hacen frente son
pocos".
En el Centro de Readapatación Social de Zihuatanejo le robamos
a Felipe Arreaga una hora de la visita familiar. Bajito, delgado, se quejó
de los dolores que sufre en la espalda a causa de la lesión que lo llevó
a Las Mesas a buscar al huesero, y de la mala atención médica en el penal,
porque los doctores "te dan una pastilla cada mes".
Apuntó que ha estado mejor desde que Celsa le llevó un colchón,
porque ya no podía dormir del dolor al tener que acostarse en el piso
de la celda, que compartía con otros 16 presos.
JALISCO
La SCJN, a punto de ceder a Jalisco territorio
colimense, advierten senadores. (La Jornada, verónica González,
p. web).
Colima, Col., 1º de febrero. Los senadores colimenses Héctor
Michel Camarena, del PRI, y Víctor Torres Herrera, del PAN, manifestaron
que según informes extraoficiales la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) elaboró un anteproyecto en el que despojaría a Colima de parte
de su territorio para dárselo a Jalisco, entidad que reclama tierras de
los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Minatitlán y Manzanillo.
Entrevistados por separado, los legisladores señalaron que
cabildearán con diputados federales para que ratifiquen las reformas a
los artículos 46 y 73 de la Constitución Política Mexicana que aprobó
el Senado de la República el año pasado.
En caso de que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos
estatales ratifiquen las citadas modificaciones, el conflicto limítrofe
entre ambos estados -que data de 1997- sería resuelto por el Congreso
de la Unión y no por la SCJN.
Michel Camarena explicó que desconoce el anteproyecto de la
SCJN por la controversia constitucional que interpuso el ex gobernador
de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez contra el gobierno colimense para
quitarle parte del territorio de los municipios citados -en los que se
encuentran uno de los yacimientos de hierro más importantes del país y
un exclusivo desarrollo turístico-, pero que fuentes confiables le revelaron
que el anteproyecto "perjudica" a Colima.
Como se recordará, el legislador priísta se adelantó a la resolución
de la SCJN y promovió en el Senado de la República la aprobación de reformas
a los artículos 46 y 73 de la Carta Magna para que sea el Congreso de
la Unión y no el máximo tribunal del país el que determine los límites
territoriales de las entidades mencionadas.
El artículo 46 constitucional estipula que "los estados
pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites;
pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso
de la Unión".
En el apartado cuarto del artículo 73 se establece que el Congreso
tiene facultad "para arreglar definitivamente los límites de los
estados, determinando las diferencias que entre ellos se susciten sobre
las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias
tengan un carácter contencioso".
De su lado, Torres Herrera mencionó que aunque Jalisco es un
estado gobernado por el PAN, los legisladores colimenses del blanquiazul
buscarán convencer a los diputados federales para que ratifiquen las reformas
constitucionales referidas.
"Colima debe conservar su territorio porque por muchos
años ha ejercido soberanía en las tierras que disputa Jalisco", señala.
MICHOACÁN
Alcalde de Áquila, contra proyectos que no toman
en cuenta a indígenas. (Cambio de Michoacán, Félix
Rivera, p. web).
Mientras a los indígenas se les quiera dar trato de esclavos
y no se les permita participar en los proyectos de desarrollo turístico
de la costa michoacana como dueños de las tierras que son, el gobierno
municipal de Áquila también se opondrá a que se ejecuten esos proyectos,
no obstante la gran necesidad que se tiene de que haya inversión en la
región para generar empleos y riqueza.
Lo anterior fue manifestado por el alcalde de ese lugar, Mario
Álvarez López, quien señaló que este municipio, aunque es el de mayor
extensión territorial en el estado, también es el más marginado en todos
sentidos; cuenta con unos 22 mil habitantes y el Ayuntamiento apenas tiene
un presupuesto de 50 millones de pesos, que no alcanza para poder satisfacer
las grandes carencias que hay en materia de caminos, electrificación,
agua potable, drenaje, escuelas y, desde luego, los proyectos productivos
para desarrollar el turismo en la costa nahua que tanta falta hacen.
Es importante recalcar -apuntó- que las cuatro comunidades
indígenas y los dos ejidos con que está conformado ese municipio van a
defender su patrimonio, que es la tierra, y en este caso la Presidencia
Municipal siempre estará con ellos, aunque también se está por el lado
de que se desarrolle el turismo, siempre y cuando a los indígenas se les
dé participación como dueños de la tierra y no como esclavos, porque de
eso ya están cansados, insistió el edil priísta.
Cuestionado respecto al conflicto entre comuneros de Áquila
y la empresa Hylsa, que está explotando una mina de hierro en ese lugar,
dijo que con la elección el pasado lunes de la nueva autoridad ejidal
que forma parte de los disidentes, la empresa ahora tendrá lo que estaba
exigiendo: una autoridad ejidal reconocida por la mayoría de la gente,
con quién negociar sus demandas, para que todo vuelva a la normalidad.
Dijo que lo primero que se está buscando es evitar que con
la extracción del mineral se contamine el río de Áquila, en vista de que
hay protestas en ese sentido de habitantes de La Placita y Maquilí; además,
se pretende que la empresa colabore con la comunidad en la satisfacción
de sus muchas necesidades, así como dar empleo a gente de la región, pues
aunque se tiene conocimiento de que ahí se emplea a unas 600 personas,
no se sabe cuántas son del municipio.
La Mintzita es zona protegida. (La Voz de Michoacán, Rosalinda Cabrera, p. web).
Fue declarada Zona Natural Protegida
el área conocida como Manantial de La Mintzita. El decreto fue publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el pasado 31 de enero,
con lo cual se contempla a la región con el carácter de Zona Sujeta a
Preservación Ecológica.
Mientras tanto, los ejidatarios
de los alrededores del venero están siendo presionados por lotificadores
y urbanizadores, quienes pretenden hacerse de esas tierras para la construcción
de viviendas.
El secretario de Urbanismo y Medio
Ambiente, Guillermo Vargas Uribe, señaló que mediante el nuevo programa
de Pago por Servicios Ambientales (del cual informó La Voz de Michoacán
el pasado lunes 30) para campesinos en esa zona, será posible el rescate
del manantial.
La única forma de contener la especulación
urbana es que se haga el pago de servicios ambientales y que los propietarios
de la tierra resistan la tentación de vender tanto a compradores legales
como ilegales.
Tras de puntualizar acerca de los
términos de la declaratoria de zona natural protegida, la cual tiene una
extensión de alrededor de 419 hectáreas, dijo que ahora se debe ver por
la zona de recarga y la micro cuenca de captación mínima a proteger, por
lo que se está en pláticas con los ejidatarios, quienes “dicen que le
entran al proyecto y que prefieren incorporarse al área natural protegida
a vender la tierra a los urbanizadores que ya están sobre de ellos, pero
advirtieron que no pueden sostener la oferta porque las cosas están difíciles
en el aspecto económico”.
Reconoció que los campesinos están
inmersos en mecanismos de mercado, donde los urbanizadores les están ofreciendo
fuertes cantidades por metro cuadrado “lo que es tentador; ahora se les
debe disuadir de la bondad del proyecto, pero necesitan de proyectos productivos
para que cuenten con empleo, no emigren y conserven el área, con un buen
desarrollo económico”.
Algunos de los posibles problemas
que enfrentarán, dijo, son los asentamientos irregulares ubicados en torno
al venero, por lo que “se buscaría con ellos la reubicación, para lo que
están abiertas las puertas del Instituto de Vivienda para buscarles un
lugar más digno, liberando con esto la zona federal de invasores”.
Importante, cultura del agua
El decreto
De acuerdo con los términos del
decreto de Área Natural Protegida, el que quedó asentado en el tomo CXXXV,
número 41, del Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán, “por los recursos
naturales que posee el sitio denominado “Manantial de la Mintzita” y su
zona de amortiguamiento del municipio de Morelia, con una superficie aproximada
de 419 hectáreas, es una zona que sirve de refugio y nidación de su fauna
silvestre, por lo que es necesario protegerlo y establecer las medidas
necesarias para asegurar los procesos evolutivos de la vida, evitando
el cambio del uso del suelo y la introducción de especies ajenas al ecosistema,
que pueden provocar el fenómeno de competencia ecológica, con el consecuente
desplazamiento de las especies nativas, modificando las relaciones tróficas
de las comunidades presentes”.
Queda precisado que se solicitó
el decreto por acuerdo de cabildo el 14 de marzo de 1997, pero a través
de un esquema que permita manejar de manera sustentable los recursos naturales
del área.
NAYARIT
Afectados por la construcción de la presa reclaman
indemnizaciones. (La Jornada, Jesús Nárvaez,
p. C5).
Tepic, Nay., 1º de febrero. Habitantes de El Ciruelo y La Playita,
ubicados en la zona colindante entre los municipios de Santa María del
Oro y La Yesca, cuyos poblados "desaparecerán" por el embalse
de la presa El Cajón una vez que ésta sea terminada, "no han recibido
un sólo peso por sus tierras y ni siquiera los toman en cuenta para las
negociaciones".
Lo anterior fue denunciado hoy por miembros del movimiento
civil de apoyo a los pueblos indígenas y mestizos afectados por la megaobra,
quienes indicaron que el abogado Jaime Bracamontes Arias, que el lunes
fue acribillado por desconocidos afuera de su domicilio en esta capital,
asesoraba legalmente el movimiento de resistencia de los pueblos afectados
por la construcción de la presa.
Susana Castañeda, quien encabeza al mencionado grupo civil,
explicó que en las comunidades de El Ciruelo y La Playita, que van a ser
desplazados debido al embalse (llenado de agua) de la presa, hay una mayoría
de personas que no quiere salirse en tanto no se resuelva su situación,
porque no tienen el reconocimiento como comuneros; todo lo están entregando
a la comunidad de San Jerónimo Jomulco, no a los posesionarios legítimos.
Este es un problema agrario que ya tiene mucho tiempo.
En El Ciruelo son 192 habitantes, pero hay más en Taguitalpa
y algunos lugares que también van a ser afectados, además de muchos caseríos
que se hallan dispersos, indicó.
"Los afectados lo que están pidiendo es que se les pague
lo justo y que se les construyan sus casas adecuadamente. Además -reiteró-,
a ellos no se les toma en cuenta, o sea que los acuerdos los toma el comisariado
de San Jerónimo, no los de El Ciruelo, que son propiamente los afectados."
Agregó que "la noche del lunes las máquinas que se utilizan
en la construcción de la presa (que según el gobernador Antonio Echevarría
es la máxima obra del presidente Vicente Fox) laboraban en forma incesante
haciendo algunos estudios; ya los topógrafos hicieron lo suyo, y creo
que el embalse iniciará en 2006".
Castañeda aclaró que "todo lo estamos haciendo por el
lado jurídico y con la documentación legal, desde la expropiación hasta
los estudios de impacto ambiental".
Hasta el momento, dijo, todo está en pláticas entre algunas
comunidades y pequeños propietarios, pero el pago (indemnización) no se
ha recibido. Vamos a agotar todas las instancias legales; no vamos a brincarnos
ninguna, pero si no tenemos respuesta seguiremos en manifestaciones y
otras medidas para informar a la gente de lo que está ocurriendo en esa
megaobra, donde no sólo ocurre lo que están informando las autoridades.
En cuanto al abogado Bracamontes Arias, de 42 años de edad,
quien según la Procuraduría General de Justicia del estado fue asesinado
de tres impactos de bala cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia
Indeco de esta ciudad, Castañeda informó que "daba asesoría a algunas
personas de este movimiento, en relación con el reclamo de los derechos
de los afectados por la presa El Cajón.
"Teníamos algunas entrevistas que no eran muy constantes,
se trataba nada más de estar revisando el avance de algunas cuestiones
legales, y aunque no me atrevo a precisar el móvil del asesinato, sí digo
que teníamos contacto con este abogado. Por ello, estamos en pláticas
en la asociación para ver si nosotros podemos intervenir en la petición
de una investigación al respecto", señaló.
SAN LUIS POTOSÍ
Pretenden despojar de terrenos a ex empleados municipales. (El Heraldo de San Luis,
Nota Informativa, p. web).
Jorge Terán Juárez a través del director de atención ha colonias y presidentes de comités comunitarios,
pretende despojar de sus terrenos ha ex empleados municipales que se les
dono en las colonias Pacifico, Fincas y Granjas.
Inés Velásquez, se manifestó ayer
en la plaza principal para denunciar las intenciones del alcalde Jorge
Terán Juárez de intentar despojar de sus terrenos ha familias de trabajadores
y extrabajadores del ayuntamiento que en 1994 fueron beneficiados con
una donación hecha por el cabildo de terrenos que al lotificarlos se beneficio
ha 230 personas.
Para lograr sus objetivos se apoyo
en el director de atención ha colonias, Ángel Hernández Cruz, de los presidentes
de comités comunitarios Onoria Ramírez, Pablo Ramírez e Ignacia Pérez,
quienes luego de recibir la autorización del alcalde, metieron ha gentes
a los terrenos antes donados y que ya tienen propiedad, lo que motivo
denuncias por despojo.
Esta situación provoco que el alcalde
se reuniera con Inés Velásquez para buscar una solución enviando un oficio
para que los invasores se salieran, ha cambio pedían que se retiraran
las denuncias hechas por los verdaderos dueños, pero Jorge Terán no cumplió
su palabra y por el contrario se le dio continuidad ha las demandas de
los invasores.
Por ello este lunes 31 de enero,
decidí manifestarme en la plaza principal, señaló Inés Velásquez, en donde
el director de la Policía, el mayor Miguel Ángel Fuentes Rosales, llego
ha “intimidarme” que me retirara del lugar.
Opinión
Convincentes camaleones (Astillero Julio Hernández López, La Jornada.)
EL LITIGANTE QUE más se ha beneficiado del tráfico de influencias
en tribunales por su condición de legislador quiere convencer a los mexicanos
de que sólo un enfermo mental podría criticar las decisiones de los órganos
judiciales conformados a partir de trafiques e intercambios de favores.
Caciquillo de la Suprema Corte, promotor siempre ventajoso de candidatos
a jueces y ministros, el teatral jefe Diezmo Fernández de Cevallos casi
se convulsiona al defender al Poder Judicial en su pureza (es decir, en
la condición derivada del humo del puro del senador siempre en conflicto
de intereses).
Cambio en el Legislativo. (Clase Política, Miguel Ángel Rivera, La Jornada,)
POR PRIMERA OCASION, el Congreso de la Unión inició un periodo
ordinario de sesiones en una fecha tan temprana como el 1º de febrero.
ASI EL CAMBIO ALCANZA a senadores y diputados que con frecuencia
son objeto de la crítica general, ya sea porque en un tiempo se limitaban
a levantar la mano para aprobar iniciativas enviadas por el Ejecutivo
y ahora con harta frecuencia porque cambian o rechazan las iniciativas
presidenciales.
TODO PARECE positivo en un país involucrado en la idea del
cambio. Lo malo es que algunos diputados y senadores echaron a perder
la fiesta con su ausencia. Pero ya se sabe -y en esto no hay cambio-:
este es un año decisivo para la próxima lucha presidencial y muchos están
más preocupados por el futuro.
El país del “no pasa nada”. (Ciudad Perdida, Miguel Ángel Velásquez, La Jornada,)
RESULTA, CUANDO menos, vergonzoso y humillante ver y escuchar
las patrañas televisivas que hace transmitir el gobierno del fracaso,
en donde se hace suponer a la gente que en este país "no pasa nada".
LO GRAVE es que en verdad -por eso uno se siente humillado
y ofendido- "no pasa nada". Por ejemplo, ya sabemos que los
espías que buscaban a personas ligadas a actividades supuestamente subversivas
en Tláhuac era personal sembrado que trabajaba sin la protección
de la PFP, y "no pasa nada".
SABEMOS QUE el jefe de la policía de la capital fue destituido
de su cargo por negligencia al no prestar ayuda oportuna a esos espías
federales; pero también sabemos que los mandos superiores de la policía
federal nunca los habrían rescatado porque la orden era impedir, a toda
costa, que se supiera la verdad de sus actividades, y "no pasa nada".
ES DECIR, no pasa nada cuando de reconocer errores, como éstos,
se trata y no pasa nada porque siempre para el gobierno del fracaso existe
un culpable, que no es precisamente su manifiesta incapacidad.
PERO A final de cuentas uno termina humillado frente al televisor
o la radio cuando se da cuenta de que el mensaje a la población tiene
dedicatoria y significa que al jefe de los policías federales, Ramón Martín
Huerta, pase lo que pase, no le pasará nada. ¡Viva el gobierno del cambio!
Nueva Secretaría ( Estrictamente Personal, Raymundo Riva Palacio,
Vanguardia (Coahuila).)
Detrás de la crisis carcelaria y de seguridad pública, en la
Cámara de Diputados recibieron señales que les provocan escozor. Se debe
a que el presidente Fox está preparando una iniciativa para crear una
Secretaría del Interior que absorbería la Secretaría de Seguridad Pública
y a la PGR, convirtiéndola en un superministerio policial.
Esta nueva secretaría
redefiniría varias funciones. A la Secretaría de Gobernación le quitarían
las responsabilidades del ámbito de la seguridad pública, donde se encontraba
sin brazos, pues aunque esa área se encontraba dentro de sus obligaciones,
no tenía en sus manos el mando de las policías. Incluiría la reubicación
del Procurador General de la República, quien pasaría a cumplir una función
como nuevo fiscal general, dependiente del Secretario del Interior, y
se integraría una Coordinación General de Seguridad Pública, que supervisaría
a las policías y el sistema penitenciario.
Una Secretaría del Interior es una propuesta lógica. En muchos
países existe y es la responsable de las policías y la seguridad de los
ciudadanos. En México, esa tarea recaé en Gobernación, que duplicaba sus
funciones de gobernabilidad con las de seguridad interna.
Cartones
Rocha
· San Lázaro
Magú
· El candidato de fox
El
Fisgón · La democrácia electoral en Irak (con perdón de delacroix)
Helguera
· Falta de equidad
Preparativos Naranjo
La guerra de los bolillos Helioflores
