CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
1 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Truena el IFE al Verde
Rechazan nuevos estatutos
del PVEM por segunda vez; anuncia el partido su retiro del instituto
SRE: se llamó a Tony Garza a rendir cuentas
Explicó juicios vertidos
en su carta pública
Rigidez monetaria, ancla macroeconómica
Las elecciones de 2006
podrían causar volatilidad financiera: Ortiz
Peligra la economía por la inseguridad
El Estado de Derecho, fundamental para los inversionistas: Guillermo Ortiz
En Tláhuac la PFP dejó a su suerte a los agentes
Revelaciones de un suboficial
Barrio “en rebeldía” contra Fox
Harto de la línea presidencial
GDF prepara defensa por desacato en El Escorpión
La consejera jurídica reconoce que pueden enfrentar otro Encino; López
acusa a Crónica de preparar el terreno para otro litigio similar
Madrazo, inalcanzable y será candidato: Ulises
No restamos méritos a los otros aspirantes
Peligra inversión por inseguridad en México, queja de 47 embajadas
Representantes diplomáticos se reúnen con la cúpula priista
Critica Fox la alerta escandalosa de EU
"Se terminó" el diferendo y se reunirá con Bush;
la frontera es punto seguro, insiste
“Muerte” a narcos
Impulsan diputados mexiquenses aplicar la “pena máxima” a narcotraficantes,
secuestradores y violadores de menores
Sector agrario
Congeladas, pesquisas sobre fraude a ejidatarios
de Chihuahua. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.44).
Productores de El Largo, el ejido forestal más grande del país,
localizado en Chihuahua, advirtieron que la Procuraduría Agraria (PA)
detuvo el proceso legal de la auditoría que reveló
desfalco a los ejidatarios, situación que ha propiciado un clima de linchamiento
contra los promotores de la investigación.
En una carta enviada a la Comisión de Derechos Humanos del
estado por los integrantes de la comisión revisora designada por los propios
ejidatarios, señalaron que el desfalco de 258 millones de pesos fue provocado
por ex comisariados ejidales y que la dependencia
detuvo el proceso con lo que incumplió con acuerdos verbales a que llegó
con ellos.
El ejido tiene una superficie de 261 mil hectáreas y se localiza
en el municipio Madera, donde los ejidatarios enfrentan, desde su origen,
divisiones por la explotación de madera. Lo más reciente fue que se encontraron
irregularidades en el manejo de recursos, ya que en 2002 los ejidatarios
no obtuvieron utilidades por la venta de madera, por lo que en enero de
2003 decidieron pedir una auditoría a los responsables
del manejo forestal.
La auditoría fue realizada por la
PA y en julio de 2004 dio a conocer los resultados, que arrojaron un fraude
de 258 millones de pesos y la desaparición de documentación contable de
enero de 2000 y de febrero a septiembre de 2002.
En la asamblea ejidal de diciembre, en la que habría de divulgarse
la auditoría, se presentaron irregularidades,
como el hecho de que llegaran alrededor de 800 personas cuando normalmente
son 350 ejidatarios los que participan y "esto se hizo con el propósito
de boicotear el informe de la comisión revisora" que daría cuenta de
las irregularidades del comisariado ejidal.
Piden Jalisco y Nayarit que adopten medidas preventivas
para evitar violencia. (La Jornada,
Jesús Narváez, p.web).
Tepic, Nay., 31 de enero. La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de esta entidad
que adopte "medidas precautorias ante el riesgo de una confrontación
violenta" entre ejidatarios y ganaderos del municipio serrano de La
Yesca e indígenas de Jalisco, quienes están confrontados por la posesión
de tierras.
Lo anterior fue informado por la propia CNDH, luego de que
algunos indígenas de la localidad Puente de Camotlán,
Jalisco, denunciaron que han sido amenazados de muerte por los ganaderos
nayaritas.
En un comunicado, el organismo señala que solicitó "a
los gobiernos de Jalisco y Nayarit la aplicación de medidas precautorias
para evitar que se consumen actos que atenten contra la vida, integridad
física y bienes de los integrantes de la comunidad huichol
de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio jalisciense
de Mezquitic, y de los posesionarios
y ejidatarios nayaritas de Puente de Camotlán".
Sin embargo, el gobierno del estado aseguró hoy que ese conflicto
"está casi resuelto", al haberse realizado pagos parciales a algunos
de los ganaderos que se hallan en posesión y que han aceptado entregar la
tierra a los indígenas del estado vecino.
Mientras tanto, "se mantiene constante vigilancia para
evitar enfrentamientos en la zona", informó en un comunicado.
Indicó que el gobernador Antonio Echevarría
Domínguez suscribió un convenio de colaboración con el Registro Agrario
Nacional (RAN), "para destrabar y dar solución definitiva a este
conflicto que enfrentan mestizos e indígenas, quienes se disputan la posesión
de una amplia superficie de tierra, sustentados en resoluciones presidenciales
que datan de 1962".
El secretario general de Gobierno, Adán Meza Barajas, recordó
que el problema se complicó más en septiembre pasado, cuando ganaderos del
municipio de La Yesca interpusieron ante el Ministerio Público una denuncia
por abigeato contra los indígenas, ya que, dijeron, los huicholes
empezaron a sacar el ganado que estaba en una superficie de 4 mil 600 hectáreas.
Tras indicar que este conflicto es uno de los focos rojos que existen en la entidad por el riesgo
de que se produzcan enfrentamientos, señaló que el gobernador Echevarría Díaz acordó realizar un esfuerzo conjunto con la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), comprometiéndose a solucionar
este conflicto antes de que termine su administración, en septiembre próximo,
y que para su solución "ya se tiene un avance de 50 por ciento".
Señaló que la SRA ofreció para este año canalizar recursos
por el orden de los 400 millones de pesos, con el propósito de solucionar
ése y otros conflictos agrarios.
La CNDH advierte riesgo de violencia. (Milenio (Guadalajara), Nota Informativa, p. web).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó
a los gobiernos de Jalisco y Nayarit que adopten medidas precautorias, para
evitar el riesgo de una confrontación violenta entre pobladores de dos localidades
por la tenencia de tierras.
La aplicación de medidas precautorias en este caso, señala
la CNDH en un comunicado, tiene como propósito evitar que se consumen actos
que atenten contra la vida, la integridad física y los bienes de los integrantes
de la comunidad indígena huichol de San Sebastián
Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic,
Jalisco, y de los posesionarios y ejidatarios
de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca,
Nayarit.
La solicitud fue enviada a los secretarios generales de Gobierno
de Jalisco y Nayarit, Héctor Pérez Plazola y Adán
Meza Barajas, respectivamente, en tanto que la CNDH también solicitó al
subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la SRA, su
intervención coordinada con la de autoridades de ambos estados.
La solicitud hecha por la CNDH se da a raíz de la denuncia
interpuesta por pobladores de Puente de Camotlán,
quienes señalan que han recibido amenazas en contra de su vida y su integridad.
SRA niega acuerdos con los Ramos Milán. (El Universal, Carlos Velasco, p.8).
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) rechazó de manera contundente que exista algún acuerdo
firmado por esta dependencia con los abogados de los Ramos Millán para aceptar
el pago del monto de indemnización de mil 214 millones de pesos por un predio
de 236 hectáreas expropiado en Santa Ursula Coapa,
Coyoacán en 1984.
Por el contrario, la SRA aseguró
que desde el 2003 le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que revisara el caso porque estima que es "exorbitante"
la cantidad de mil 214 millones de pesos que un juez fijó como indemnización
para la familia Ramos Millán, que defiende el senador panista
Diego Fernández de Cevallos.
La dependencia federal destacó
que desde hace varios años ha denunciado la existencia de una serie de irregularidades
procesales como el hecho de que el valor del predio se fijó tomando como
base una Guía Roji y no se hizo el levantamiento
topográfico para determinar la ubicación exacta del predio.
Además de que la personalidad de
quienes se han ostentado como representantes autorizados de la familia Ramos
Millán Fernández, no ha sido debidamente acreditada.
La institución también negó que
dependa de la SRA si se pagan o no los mil 214 millones de pesos, pues asegura
que la SCJN es la que tendrá la última palabra al respecto.
En respuesta a las afirmaciones
de la SRA, fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explican
que si bien no existe un acuerdo firmado entre la Secretaría y los clientes
del senador panista, la institución ha aceptado
en todo momento pagar la cantidad.
Si bien la institución, afirman,
ha manifestado públicamente su inconformidad con el pago de la indemnización,
hasta el momento no ha presentado ante la Corte documentos en los que plasme
esta postura. Y, le recuerdan, que lo que no está en los expedientes legalmente
no existe.
Los ministros de la Corte estiman
que la muestra más clara de que hay un acuerdo tácito, que no firmado, entre
la SRA y la familia Ramos Millán son los dos pagos, de 30 millones de pesos
cada uno, que ha realizado la SRA para cubrir la indeminización.
Así como la notificación de última
hora que le envió el secretario Florencio Salazar Adame
a la Corte para notificarle que la sentencia ya estaba en vías de cumplimiento
y que incluso había ordenado que se depositara el pago correspondiente al
2005.
En la Corte consideran que la única
forma de que el máximo tribunal del país pueda intervenir en este asunto
es que la SRA manifeste por escrito que no está
dispuesta a pagar el monto total porque no corresponde al valor real del
terreno expropiado a los Ramos Millán.
En un escenario de este tipo, precisan,
el secretario Florencio Salazar no sería sancionado ni castigado por desacato,
pues existe una excusa justificada para no cumplir la sentencia.
Trasciende que la Corte fallará contra el GDF en
el caso Paraje San Juan. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.14)
Una vez que seis de los 11 ministros determinaron que ya no
es aplicable la tesis jurisprudencial 41/98, al considerar que es improcedente
que terceros interesados que no fueron emplazados en un juicio de amparo
interpongan recurso de revisión contra una sentencia ejecutoriada, se prevé
que la Corte mantenga el mismo criterio en el caso del Paraje San Juan,
en el que el Gobierno del Distrito Federal se negó a pagar mil 800 millones
de pesos de indemnización bajo el argumento de que el proceso judicial estuvo
viciado de origen, por lo que inclusive no acepta la personalidad de quien
se ostenta como dueño del predio.
Trascendió que el criterio adoptado la semana pasada en el
asunto del predio de Santa Ursula Coapa, en el
que se cerró la posibilidad de impugnar vía amparo asuntos ejecutoriados
que tengan que ver con la propiedad de inmuebles, será tomado en cuenta
en fecha próxima, cuando el pleno conozca del incidente de inejecución de
sentencia 76/2000, en el que Enrique Arcipreste del Ábrego exige al gobierno
capitalino el pago por el terreno correspondiente al Paraje San Juan.
Es decir, aunque la tesis jurisprudencial 41/98 no fue modificada
-porque se requieren ocho votos para modificar una tesis-, los seis ministros
mantendrían la postura de que no ha lugar a que ninguno de los que aseguran
ser terceros interesados en el caso del paraje, como la SRA, que sostiene
que dicho terreno fue vendido ilegalmente a Arcipreste porque es propiedad
de la nación, o los tres presuntos propietarios del terreno tengan la posibilidad
de hacer valer sus argumentos.
Es decir, al sostener la Corte -en el caso Ramos Millán- que
no debe mantenerse la tesis referida y dejar como única opción a los quejosos
que acudan ante un juez civil del fuero común para intentar demostrar sus
derechos sobre el predio, los ministros prácticamente cierran la posibilidad,
al menos ante el máximo tribunal, de que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador evite el pago de la indemnización que exige Arcipreste, quien por
cierto está preso en el Reclusorio Norte acusado de fraude procesal en perjuicio
del Distrito Federal.
Incluso, según trascendió en el máximo tribunal, en el entendido
de que los terceros perjudicados acudieran a un juez civil para alegar sus
derechos de propiedad, esta situación no tendría por qué modificar la decisión
de la Corte de que se realice un nuevo avalúo de los predios de Santa Ursula
Coapa y del Paraje San Juan para pagar lo que
conforme a derecho corresponda, es decir, de acuerdo con el valor catastral
en 1989.
En todo caso, dicha cantidad se repartiría entre el o los dueños
del terreno. En caso de que se tratara de la Reforma Agraria -la cual aseguró
meses atrás que el predio es propiedad federal y que por tanto no procede
indemnización alguna-, tendría que buscarse otra salida, pero, según la
opinión de ministros consultados, "¡de que se tiene que indemnizar
al dueño se tiene que hacer!" Lo único que variaría es que el litigio
para determinar a los legítimos propietarios del predio se alargaría por
lo menos cuatro años, tiempo que aproximadamente tardan en resolverse los
juicios civiles.
En el caso concreto del Paraje San Juan, los ministros fundamentarán
su criterio en la tesis 18/2004, la cual determina si la autoridad que no
ha cumplido sentencia tuvo razones "excusables o no" para incumplir
el mandato judicial.
Si los ministros determinan que debe realizarse el pago del
predio (en caso de expropiaciones) en lugar de la restitución del bien,
entonces el cálculo del avalúo debe ser conforme a la fecha en que se expropió
el terreno.
Según la tesis 20/2002, dicho cálculo debe tomar en cuenta
el valor que dicho bien tenía en la época en que se violaron las garantías
constitucionales del quejoso, valor que una vez actualizado debe modificarse.
Pero con la salvedad de que, si el avalúo del inmueble expropiado
considera edificaciones y obras de infraestructura posteriores a la fecha
en que ocurrieron los hechos, deberá ordenarse la reposición del procedimiento,
porque "el inmueble tiene valor como terreno solo y uno más alto cuando
se encuentra construido y urbanizado, con lo cual la quejosa se beneficiaría
retroactivamente de edificaciones inexistentes, tanto en la condición originaria
del terreno como al momento en que se determina la indemnización",
como prevé la tesis 21/2004.
Tanto para el caso del terreno de los Ramos Millán como para
el del Paraje San Juan -que involucra directamente al jefe de Gobierno capitalino-,
la tesis 22/2004 establece que "si ya se corrigió el avalúo viciado
y la autoridad responsable insiste en desacato al pago sustituto del inmueble,
deben imponérsele las medidas contempladas en la fracción XVI del artículo
107 constitucional", el cual precisa que el incumplimiento de la decisión
del juez -a instancia de la Suprema Corte- tendría las siguientes consecuencias
para el funcionario que desacate la sentencia:
Separación del cargo y consignación ante un juez de distrito
para que se sancione penalmente la desobediencia cometida, privación de
la libertad hasta por nueve años de prisión y multa hasta de 400 días de
salario que percibía el funcionario al momento de cometer el ilícito, tomando
en cuenta todos sus ingresos, e inhabilitación hasta por nueve años para
desempeñar otro empleo de carácter público.
Es decir, en caso de que el jefe de Gobierno capitalino se
negara a pagar la indemnización que en su momento fijara la Suprema Corte,
el máximo tribunal estaría en condiciones de consignar al funcionario ante
un juez federal de inmediato, sin importar si goza de fuero constitucional,
por desacato.
Los hechos que dieron origen al litigio
El 24 de julio de 1989 el Gobierno del Distrito Federal expropió
las 309 hectáreas del predio paraje San Juan, 298 de las cuales supuestamente
fueron adquiridas en 1947 por Arturo Arcipreste Nouvel, padre de Enrique.
Ante el decreto expropiatorio, el
entonces dueño (quien ya falleció) acudió ante las autoridades capitalinas
para gestionar el pago correspondiente. Tres jefes del Departamento del
Distrito Federal (Manuel Camacho Solís, Manuel Aguilera Gómez y Oscar Espinosa
Villarreal) reconocieron que Arcipreste era el único propietario
del inmueble, pero no procedieron a cubrir la indemnización.
Fue en 1998, ya cuando el gobierno capitalino era administrado
por el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
cuando la defensa de la familia Arcipreste presentó una demanda de amparo
contra la abstención de las autoridades capitalinas para indemnizarlos por
la expropiación.
Tanto una juez federal como un tribunal colegiado dieron la
razón a Arcipreste, y en octubre de 2003 se ordenó al gobierno capitalino,
que para entonces ya encabezaba Andrés Manuel López Obrador, indemnizar
"de inmediato" a Enrique Arcipreste con la cantidad de 1,810 millones
de pesos o de lo contrario incurriría en desacato judicial.
Como López Obrador no acató la decisión del Poder Judicial
Federal, los abogados de Arcipreste recurrieron a la Corte mediante un incidente
de inejecución de sentencia, el cual está por resolverse.
El asalto a la razón. (Milenio Diario, Carlos Marín, p.8).
Expropición por hectáreas pedregosas
En el caso del predio Santa Úrsula, el ministro Díaz Romero
no sugiere que la SRA no pague “ni un centavo”, sino que la indemnización
se base en el precio del terreno pedregoso que era cuando no tenía la infraestructura
urbana que ahora tiene, lo cual reduciría en 85% lo que deberá pagarse a
los Ramos Millán.
Plaza Pública. (Reforma,
Miguel Ángel Granados Chapa, p.11).
Cajón de Sastre
Menos de un mes permaneció en su cargo, la cuarta visitaduría de la Comisión nacional de Derechos Humanos, el
doctor Máximo Carvajal. Designado el 1 de enero, renunció el viernes 28.
Organismos civiles de derechos humanos
reprocharon que se confiara esa responsabilidad (concerniente a los pueblos
indígenas y los migrantes) a quien carecía de
experiencia en el tema, pues sus encomiendas recientes fueron la dirección
de la Facultad de Derechos de la UNMA y la oficialía mayor de la SRA
y la Subprocuraduría Federal de Medio Ambiente. Renunció por considerar
que “ninguno de tales cuestionamientos, `por infundados que sean, deben
afectar “ a la CNDH.
Sector agropecuario
La intervención de Sagarpa
en el sector cafetalero agravó la crisis: productores. (La Jornada, Angélica Enciso, p.web).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) admitió que intervino
el Consejo Mexicano del Café (CMC) porque los programas no estaban funcionando,
aunque se trata de una decisión tardía porque desde 2003 los productores
demandaron la restructuración del organismo, señaló
la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).
Ante la situación del sector, los cafeticultores
pidieron que el CMC tuviera personal suficiente y con experiencia en el
manejo de los programas, pero "no se avanzó en todo 2004, al contrario,
los problemas se agudizaron", señaló la organización.
Puntualizó que durante una reunión de la Sagarpa
con las organizaciones nacionales de productores de café, la dependencia
"reconoció los problemas que había y se comprometió a sostener un diálogo
con el sector productor para revisar las políticas y programas que se instrumentarían
este año".
La organización demandó transparencia en el manejo financiero
y operativo del Fondo de Estabilización de Precios y que se investiguen
irregularidades de compañías y productores. También pidió que se dé información
sobre la forma en que se manejaron y a quiénes se otorgaron recursos de
los programas de beneficiado húmedo y seco, y de acopio y comercialización
de 2004. Además pidió que la Sagarpa se comprometa
a una revisión de la operación de los programas con las organizaciones y
como ejemplo se refirió al de fomento productivo, que cuenta con 625 mil
pesos para 2005, pero se debe desarrollar en los meses que se necesitan
los recursos, que son entre abril y junio.
La CNOC consideró necesaria la restructuración
del Fondo de Estabilización de Precios y que en su comité técnico participen
las organizaciones más representativas. En relación con el sistema productivo
de café, consideró que se trata de un esquema débil legalmente, ya que no
compromete realmente a los industrializadores
y comercializadores para que adopten medidas que son importantes para los
productores.
La agrupación estimó que es importante "contar con un
nuevo organismo público para la cafeticultura,
el cual debe ser acordado principalmente entre el gobierno federal y el
sector productor, en consenso con los gobiernos de los estados y la Cámara
de Diputados".
Consideró necesario definir "cómo va a quedar el CMC,
ahora que probablemente la Cámara de Diputados acuerde una ley para la cafeticultura, que incluye la formación de un nuevo organismo
público, con nuevas características legales".
En tanto, el aún director del CMC, Roberto Giesemann, habría anunciado su salida del organismo en la
reunión de la Organización Internacional del Café que se realizó la semana
pasada en Londres.
Organizaciones Campesinas
Fracaso de política agraria. (Cuarto Poder, Rafael Victorio, p. web)
El fracaso de la política agraria en el país ha propiciado
el abandono del campo, las migraciones de los labriegos a Estados Unidos,
la falta de inversiones y en el caso de la frontera sur, un contrabando
de gran magnitud de productos agropecuarios derivado de la falta de vigilancia
de las autoridades estatales y federales, afirmó el dirigente estatal de
la Central Campesina Cardenista (CCC), René González Pérez.
Lamentó la falta de capacidad de las instituciones del
ramo estatal para impulsar programas y proyectos de desarrollo en la agricultura
y ganadería, lo que propició que en 2004 fueran regresados a la Federación
400 millones de pesos, los cuales ya no vendrán y mientras el sector permanece
cada día más rezagado.
Al anunciar la Jornada nacional por la justicia, la soberanía
y el rescate del campo, del 5 al 8 de febrero, con una concentración masiva
en la Ciudad de México, González Pérez afirmó que el campo se encuentra
en una situación de suma gravedad al no cumplirse con los acuerdos firmados
por las organizaciones campesinas con el gobierno de Vicente Fox.
Indicó que se busca establecer una política social del
campo diferente a la asistencialista que promueven
las instancias gubernamentales, reconstruyendo el tejido social y comunitario
en el campo, sumado a la instrumentación de programas de salud, rescate
de la cultura tradicional, educación tecnológica, vivienda rural y de adultos
mayores, junto con la creación de empleos.
Las organizaciones participantes de esta movilización
-CIOAC, Unorca, CCI, CCC, CNPA, Coduc,
Unta y El Barzón- demandan la instrumentación de un programa emergente para
la reactivación del campo, que garantice la rentabilidad de la actividad
rural, evite y reduzca la creciente migración, a la vez que proteja la producción
nacional y la capitalización del sector.
Durante estas acciones también se demandará un modelo
alternativo agropecuario y forestal para el medio rural, el cumplimiento
del Acuerdo Nacional para el Campo, la revisión y renegociación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) y eficientar el manejo
del presupuesto para el sector rural, que se ejerza en forma inmediata el
presupuesto del 2004 y castigo a quienes no aplicaron el relacionado al
2003. Por otra parte sostuvo que la falta de vigilancia en la frontera sur
propicia que se incremente el contrabando de productos básicos hacia nuestro
país, procedentes de Centroamérica.
En ese sentido, mencionó que como consecuencia de un
repunte en el precio del café, se ha detectado el ingreso de unas cien toneladas
de café, a diario, por caminos de extravío y cuyo grano se hace pasar como
nacional.
Aparte de ello también entran al territorio nacional
frutas, verduras, legumbres, carne en canal y en pie, lo cual pone en riesgo
al sector agropecuario nacional por la posible llegada de plagas y enfermedades.
Por esa situación demandó que se fortalezcan los programas
de seguridad.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Repudio al rezago en el campo chiapaneco. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p. web)
En pie se mantiene
el acuerdo de las movilizaciones nacionales y estatales contra el incumplimiento
del Acuerdo Nacional para el Campo y la falta de respuesta de las autoridades
estatales y federales en la entidad chiapaneca, de acuerdo con los dirigentes
de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Al acercarse este 4, 5, 6 y 7 de febrero, las
fechas programadas de las movilizaciones de contingentes de campesinos por
parte de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Chiapas (UNTA),
Francisco Mariano López precisó que el punto de concentración a partir de
este viernes 4 será en San Martín Texmelucan,
del estado de Puebla, y en las primeras horas del lunes 7 realizarán una
mega marcha en las calles de la Ciudad de México, en repudio al olvido en
el campo por parte del Gobierno Federal.
"Viajaremos una comitiva de las seis regiones
de UNTA, quienes reclamarán la falta de atención en los diferentes rubros
por parte del gabinete federal hacia entidades como Chiapas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla y el centro del país, principalmente",
refirió.
Finalmente el dirigente estatal de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Luis Hernández
Cruz, confió que a partir de este martes tomará forma su plan de acciones
en la entidad chiapaneca. Aunque también después de sus movilizaciones del
5, 6 y 7, enviarán una comitiva a la mega marcha a la Ciudad de México,
junto a otras organizaciones.
DISTRITO FEDERAL
GDF: amparo atrasará campus
UAM-Santa Fé. (El Universal, Fabiola Cancino, p.C3)
Andrés Manuel López Obrador, jefe
de Gobierno capitalino, no descartó que el fallo en el juicio de amparo
por el predio El Escorpión se retrase hasta un año.
La tardanza, explicó, complicaría
la construcción del nuevo campus de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) Santa Fe, al haber una suspensión definitiva
para evitar la donación del terreno por parte de la administración local.
Ante este panorama, el Gobierno
del DF y la UAM analizan diversas alternativas, como el intercambio del
predio por otro de características similares.
En este contexto, el supuesto propietario
de varios predios en Santa Fe, Mayolo Soto, aseguró
estar dispuesto a negociar con la institución académica y el GDF el terreno
El Escorpión.
Dijo que él está a favor de que
se construya la sede universitaria en Santa Fe, pero las autoridades deberían
considerar antes de hacer cualquier trato que él cuenta con escrituras que
lo hacen propietario del predio.
Incluso, señaló que su caso es
jurídico y no político, por lo que rechazó que detrás de su reclamo de que
le paguen una indemnización por su terreno esté el afán de perjudicar al
jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, fuentes de la administración
local señalaron que entre las propuestas de la institución académica está
el intercambio del predio, que podría ser en la zona de Santa Fe, donde
el gobierno local tiene dos o tres terrenos parecidos, uno de ellos ubicado
en Javier Barros Sierra s/n, de 23 mil 796 metros cuadrados.
Sin embargo, tampoco se descarta
que pueda ubicarse en otra parte de la ciudad.
Esta semana, autoridades de la
Oficialía Mayor y de la UAM tendrán una segunda reunión para analizar la
situación. En la junta del jueves pasado, la casa de estudios habría manifestado
su preocupación por el ejercicio presupuestal.
De acuerdo con el convenio firmado
el 5 de noviembre, la institución registró ante la Unidad de Inversiones
de la Secretaría de Hacienda un proyecto multianual
de ampliación de servicios educativos a nivel superior, calculado hasta
2008, y para este año estarían programados 43 millones de pesos, que deberán
ejercer a partir de febrero.
Por su parte, López Obrador, en
su conferencia diaria, reconoció que la UAM no puede ejercer esa cantidad
por el recurso que interpuso Soto, quien tiene la suspensión definitiva.
El procedimiento en el recurso
de amparo es, al inicio, la suspensión provisional que ordena el juez contra
el acto impugnado; después se da una suspensión definitiva y, por último,
se desahoga el juicio.
El GDF es el legítimo dueño del predio El Escorpión,
asegura López Obrador. (La Jornada, Bertha
Teresa Ramírez, p. 39)
El titular del Ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador,
señaló que el Gobierno del Distrito Federal es el legítimo propietario del
predio localizado en Santa Fe que fue donado a la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), por lo que, señaló, es una injusticia que debido a un amparo otorgado
de manera irregular a un particular, ahora esa casa de estudios no pueda
ejercer el presupuesto que tiene autorizado para ampliar sus instalaciones.
López Obrador dijo que la situación que se está presentando
con el terreno denominado El Escorpión sirve para entender también cómo
está el asunto del predio El Encino y cómo está "la impartición
de justicia".
Indicó que la administración de la ciudad de México cuenta
con terrenos totalmente escriturados en Santa Fe y una de estas porciones
fue donada a esa casa de estudios; sin embargo, de repente es reclamada
por un particular que sin ninguna escritura se presenta ante un juez y éste
le concede un amparo.
Entre tanto, reiteró que a la par de su trabajo al frente de
la administración local, los fines de semana continuará con la presentación
de su libro Un proyecto alternativo de nación, por lo que el sábado
4 de febrero viajará a Torreón para presentar en La Laguna el texto y el
sábado 12 lo hará en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Interrogado sobre la postura del Instituto Federal Electoral
en contra de los excesos y la utilización de dinero mal habido en las campañas,
dijo que la regulación de éstas corresponde a los diputados, quienes tienen
que reformar la ley electoral y vigilar que no haya recursos de procedencia
ilegal y que no sea el dinero el que decida un proceso electoral, sino las
propuestas de los candidatos.
Recetas médicas
En otro tema, López Obrador criticó a los servidores públicos
que perciben altos salarios, así como a los diputados que se asignan partidas
para gastos médicos "especiales", pues esto no corresponde con
la realidad de pobreza que se vive en el país. Mencionó que en México se
paga mucho a los altos funcionarios, incluso más que los que ganan sus homólogos
en países como Estados Unidos, Francia, Chile, Brasil o Argentina.
Dijo que si bien el seguimiento que realizan los medios de
comunicación sobre esta situación es más frecuente en el caso de los altos
funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, poco se conoce sobre
los salarios de quienes laboran en el Poder Judicial, como el caso de "un
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que gana 350 mil
pesos mensuales".
Sobre los gastos que realizan diputados para servicios médicos
especiales, recordó que hay legisladores que se van a Houston a atenderse
a "costillas" del erario. Sin embrago, dijo, estos excesos no
deberían existir.
En ese sentido, cuestionó: ¿para qué está el ISSSTE?, y tras
mencionar que la mayoría de los trabajadores recurre a este servicio en
caso de enfermedad, criticó que los altos funcionarios cuenten con servicios
médicos especiales. En tono irónico preguntó: ¿De qué privilegios gozan?
¿Acaso se creen otro tipo de seres? ¿Les duele menos a los trabajadores
de base cuando los intervienen en el ISSSTE?, remató el mandatario.
En otro tema, al ser interrogado sobre el apoyo que Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano externó en su favor en torno
al proceso de desafuero que enfrenta en la Cámara de Diputados, López Obrador
dio la bienvenida a "la adhesión" del político michoacano.
Durante su habitual conferencia de prensa, destacó que mantiene
una buena relación con el ex jefe de Gobierno, "siempre lo he respetado
y lo voy a seguir respetando", y señaló que está a la espera de que
esta semana la sección instructora de la Cámara de Diputados decida los
tiempos, el ritmo, la profundidad y sobre todo la decisión que tome acerca
del proceso que se le sigue.
Al insistir en que lo del desafuero es un asunto político,
indicó que los mexicanos que luchan por la justicia y la legalidad no van
a estar de acuerdo con el desafuero, mencionó que con éste están inconformes
militantes de PRI y PAN, "este es un asunto de las cúpulas, de los
de arriba", señaló.
Mencionó que incluso en algunas encuestas más de 70 por ciento
de la gente en el país no quiere que se cometa una injusticia, y aunque
militantes de esos partidos no votarán en su favor en una elección, "no
están de acuerdo en que se nos descalifique, en que se nos haga a un lado,
en que se nos quiera ganar a la mala retorciendo la ley".
Para la mayoría de los mexicanos, abundó, lo mejor es que esto
se resuelva en las urnas, que sea el pueblo el que decida, "lo más
correcto es que no proceda el juicio y que las diferencias que tenemos sobre
proyectos de nación se diriman con los votos".
GDF prepara defensa por desacato en El Escorpión. (La Crónica de Hoy, Raymundo
Sánchez, p.web)
La consejera jurídica del Gobierno capitalino, María Estela
Ríos, sostuvo que el litigio por El Escorpión sí podría derivar en un caso
similar al de El Encino, toda vez que la defensa de Mayolo
Soto —quien se ostenta como propietario del predio—, recurrió a un incidente
de violación a un amparo.
En entrevista con Crónica, la funcionaria dijo que ya prepara
la defensa en ese sentido y manifestó su esperanza de que los jueces no
fallen en contra del GDF.
“Ya sería demasiado exceso de las autoridades judiciales que
pretendieran colocar a las autoridades (gubernamentales) en una situación
de desobediencia de un asunto en el que está en litigio una propiedad y
no hay ninguna violación a las garantías individuales”, dijo.
Al delinear la defensa que ostentará en el caso de El Escorpión,
la consejera jurídica expuso los argumentos del GDF para tratar de ganar
el juicio.
Según ella, lo que hizo la administración de Andrés Manuel
López Obrador al donar el predio a la UAM, pese a que el supuesto propietario
ganó una suspensión provisional días antes, “no es un acto de autoridad
que pueda ser combatido por la vía del amparo”.
Dijo que en su lugar, la defensa de Mayolo
Soto debió recurrir a la vía civil, toda vez que el conflicto se dio por
la posesión del terreno.
Al otorgar el amparo a Soto, la Juez 10 de Distrito en Materia
Administrativa le está dando una “protección indebida a un particular en
un conflicto sobre la propiedad, no sobre una garantía individual que se
le hubiere violado”, dijo.
En ese tenor, María Estela Ríos refirió que “estamos haciendo
valer los medios de defensa que estimamos oportunos, pero finalmente queda
en manos de los jueces el que ellos determinen si proceden o no nuestras
defensas”.
—Para aclarar: ¿dependiendo de los jueces, se estarían enfrentando
a un caso similar al de El Encino?
—No creo que se dé.
—Pero ¿sí están preparando una defensa en ese sentido?
—Claro. Ahí el jefe de Gobierno no está involucrado, están
involucradas otras autoridades, entonces estamos también cuidando este asunto.
López considera que Crónica prepara otro caso de desacato
El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, acusó ayer
a Crónica de estar “preparando el terreno” para que el litigio del predio
El Escorpión, derive en otro desacato a un amparo.
“Yo recuerdo que cuando venía lo del Encino, en ese periódico
se empezó a manejar lo de la supuesta violación al amparo en El Encino y
cuando nos acusó la procuraduría presentó un cerro de periódicos mostrando
como prueba que se había dado la violación. Entonces, pues ya ¿no? Ya chole”,
alegó.
Desde que inició la conferencia, parecía traer algo atorado.
Apenas empezó a hablar el reportero de este medio en la conferencia matutina,
el jefe de Gobierno lo interrumpió abruptamente y le espetó su coraje.
—Señor, nada más una petición: la semana pasada, hablando sobre
la UAM con el Oficial Mayor... —dijo el reportero.
—Ya vi que viene ahí en La Crónica,
viene en La Crónica ¿Saben qué está diciendo La Crónica? Que con lo del
terreno que cedimos a la Universidad Metropolitana, y que hubo un amparo,
ya violamos de nuevo el amparo y que ya estamos otra vez en situación de
desacato.
“Ya están preparando el terreno, o pensando que les puede funcionar
para otro desacato. Entonces no le respondo a eso”, agregó en tono molesto.
—No era pregunta, es una petición del archivo histórico, que
nos dijo el Oficial Mayor que lo tenían y en donde supuestamente se demuestra
que el GDF es el legítimo propietario —reviró el reportero.
—Sí, nosotros somos los legítimos propietarios.
López Obrador reconoció que el litigio con Mayolo Soto Segura, quien se ostenta como dueño de El Escorpión,
puede durar hasta un año, lo que equivale a que los 43 millones de pesos
que la UAM consiguió para construir un nuevo campus
en Santa Fe, no se ejerzan y regresen a las arcas de la Secretaría de Hacienda.
En ese tenor, volvió a arremeter contra el Poder Judicial,
ante el que interpuso una queja contra la juez que otorgó el amparo a Soto
Segura.
“La justicia no se caracteriza por ser pronta y expedita, es
pronto y expedito el cobro de sueldos altos, eso sí es pronto, el cobrar
bien, pero un amparo de éstos se puede llevar hasta un año. Por eso hablamos
de la necesidad de reformar el Poder Judicial”, consideró.
—En tanto ¿qué le va a decir a la UAM, que en febrero tenía
que empezar a ejercer ese presupuesto?
—No, lo va a ejercer, porque tiene que resolver. Ni modo que
el Consejo de la Judicatura se va a llevar tanto tiempo.
—Pero usted dice que va a tardar un año (el litigio).
—No, pero por eso estamos hablando, para ver si no se lleva
un año y lo resuelven pronto.
Aunque el jefe de Gobierno se comprometió a entregar copia
del archivo histórico de El Escorpión, la oficina de Comunicación Social,
a cargo de César Yáñez, no dio a conocer el documento.
Tiene Soto fallos de otros jueces sobre El Escorpión. (La Crónica de Hoy, José
Alejandro, p. 32).
Para otorgar a Mayolo Soto la suspensión
definitiva (amparo) en el caso del predio El Escorpión —que actualmente
disputa con el Gobierno del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana—,
la Juez 10 de Distrito en Materia Administrativa, Mónica Alejandra Soto
Bueno, tomó en cuenta resoluciones de otros jueces y no solamente “un papel
de herencia”, como ha señalado el gobierno capitalino.
Dicho documento es una sentencia de adjudicación de bienes
emitida por el juez Noveno de lo Familiar del DF, con fecha 11 de septiembre
del año 2003, con la cual el reclamante de El Escorpión, busca probar que
es dueño legítimo del terreno.
EL PROCESO. El proceso que siguió el quejoso para obtener el
amparo —cuya presunta violación por parte del GDF ahora se investiga— comenzó
cuando presentó ante el juzgado 10 de Distrito en materia Administrativa,
la copia del referido fallo del juez Noveno de lo Familiar, además de una
copia de la escritura pública número 17 de fecha 11 de julio del año 1895.
A ambos documentos, la juzgadora les dio entrada y “el carácter
de simple indicio de la existencia del documento que reproduce”, con base
en lo establecido en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Sin embargo, según se aclara en la suspensión definitiva concedida
a Mayolo Soto el 10 de noviembre de 2004, la jueza
y la Secretaria del Juzgado tuvieron a la vista, al momento de resolver,
copias certificadas de las referidas constancias.
Es por ello que se determina en la resolución lo siguiente:
“Al adminicular el anterior elemento de convicción, opera la
presuncional a favor de la parte quejosa, en razón
de que de ellos se deduce que el quejoso tiene la calidad de propietario
de los predios que defiende en esta vía constitucional y es suficiente para
tener por justificado el interés jurídico que le asiste para solicitar la
suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables”.
Lo anterior contradice lo dicho por el jefe de Gobierno del
DF, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que Soto Segura sólo había
entregado al juzgado “un papel de herencia” para obtener su amparo.
Y refuta las descalificaciones hechas por el mandatario local
contra el Poder Judicial y particularmente contra la juez Mónica Alejandra
Soto, de quien se quejó ante el Consejo de la Judicatura el pasado miércoles
26 de enero, pues no ha sido sólo ella la que ha valorado sobre la propiedad
del predio.
LOS LOTES. En entrevista, Mayolo Soto
Segura quien asegura ser propietario de El Escorpión y otros predios en
Santa Fe argumentó que en este caso no se ha dado la información completa.
Lo anterior, porque el GDF nunca ha precisado, dijo, que de
los 195 lotes en que se fraccionó el llamado Rancho Memetla,
propiedad de su abuelo, Pedro Segura Galicia, sólo 95 fueron vendidos.
Aclaró que entre los que no fueron enajenados se encuentra
precisamente El Escorpión, cedido el pasado 5 de noviembre a la UAM por
el GDF.
Soto señaló que la compra hecha por Servimet
a Javier Ruiz Gutiérrez y a María Dolores Zepeda
de Ruiz en 1981 —dato que aparece en el archivo histórico sobre el predio
en oficinas del gobierno local— se realizó pasando por alto la propiedad
de Soto Segura, ya que en aquel entonces todavía no contaba con la sentencia
de adjudicación.
Darían otro predio a la Universidad, el Manzana E
Aunque el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, negó
que se planee ofrecer a la Universidad Autónoma Metropolitana un predio
alterno a El Escorpión por el litigio en el que éste se encuentra, fuentes
del GDF informaron que el jueves se propondrá a esa institución otro terreno,
pero de dimensiones más pequeñas.
Se trata del predio denominado Manzana E, ubicado en avenida
Justo Sierra, sin número, colonia La Fe, con una extensión de 23 mil 796.37
metros cuadrados. Está valuado en 235 millones de pesos, por la Dirección
de Inventario Inmobiliario y Sistemas de Información de la Oficialía Mayor
del GDF
En tanto, El Escorpión consta de 35 mil 253 metros cuadrados.
Es decir, con la permuta, se le restarían once mil 457 metros cuadrados
a la UAM para construir el nuevo campus universitario.
Ayer por la mañana, López Obrador rechazó que se haya elegido
ya algún predio en específico para ofrecerlo a la institución académica
a cambio del que le donó en noviembre pasado, pese a que está en litigio.
“Ese predio (El Escorpión) es de la Universidad Autónoma Metropolitana,
es una injusticia (el amparo otorgado al presunto dueño del terreno, Mayolo
Soto Segura), eso no se puede permitir”, dijo.
Horas después, un alto funcionario del GDF reveló que el jueves,
cuando se reúna el Oficial Mayor con autoridades de la UAM para tratar de
resolver el conflicto, se les pondrá a consideración construir en el predio
Manzana E, también en Santa Fe. (Raymundo Sánchez)
GUERRERO
Sin tregua, caciques madereros hostigan a ecologistas
en sierras guerrerenses. (La Jornada,
Rosa Rojas, p. web).
Como ocurre en otras regiones del país, aquí también los luchadores
sociales son acusados de homicidio, robo, narcotráfico o cualquier delito
grave para desactivar las movilizaciones sociales. Ahora 14 ecologistas
están acusados de haber emboscado y asesinado, el 30 de mayo de 1998, a
Abel Bautista Guillén, hijo de Bernardino Nino
Bautista Valle, cacique maderero de El Mameyal.
Por esa razón, Felipe Arreaga Sánchez está preso
desde el 3 de noviembre pasado en el penal de Zihuatanejo.
Arreaga Sánchez, la cara más visible de la
Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán
y Coyuca de Catalán (OESP), acusado también de asociación delictuosa,
presentó testigos de que el día y la hora de la emboscada él estaba en el
pueblo de Las Mesas, distante unas tres horas del lugar de los hechos, curándose
de una lesión en la columna vertebral que le impedía caminar. De nada valieron
los testimonios ante el juez José Jacobo Gorostieta
Pérez. Poco ha importado también que los denunciantes -el propio Bernardino
Bautista y su hijo Prisciliano- no se hayan presentado para sostener la
acusación.
La aprehensión de Felipe es el más reciente capítulo de la
desigual batalla -que se libra desde hace más de medio siglo- entre campesinos
defensores de sus bosques y talamontes después
que Rodolfo Montiel Flores, otro dirigente de
la OESP reconocido internacionalmente, y Teodoro Cabrera fueran "extirpados"
de la región luego de su detención ilegal y tortura por elementos del Ejército,
su reclusión durante 30 meses y su excarcelación, el 8 de noviembre de 2001,
por razones "humanitarias" -de salud-, según arguyó el presidente
Vicente Fox al liberarlos, sin que se reconociera
su inocencia ni se investigara y sancionara a los militares que los incomunicaron,
torturaron y les fabricaron delitos. Ahora Montiel
es coacusado en el homicidio de Abel Bautista y se le libró nueva orden
de aprehensión.
Arreaga y Digna Ochoa
La excarcelación de Montiel y Cabrera
se consiguió gracias a que numerosos grupos ecologistas nacionales y foráneos
la solicitaron, pero además porque tres semanas antes su abogada defensora,
Digna Ochoa, también reconocida internacionalmente, fue encontrada muerta
de dos balazos en su despacho en el Distrito Federal, hecho que motivó el
repudio de cerca de un centenar de organizaciones e instituciones defensoras
de los derechos humanos, así como innumerables personalidades de todo el
mundo, y que hasta el Departamento de Estado estadunidense
condenara su "asesinato brutal" (el cual, según la Procuraduría
de Justicia del Distrito Federal, fue "suicidio").
Digna Ochoa, quien durante el juicio a Rodolfo y Teodoro logró
demostrar las violaciones a los derechos humanos de éstos cometidas por
los militares que los detuvieron en 1999, había hecho un recorrido días
antes por diversos poblados donde han trabajado los ecologistas, entre ellos
El Zapotillal, Banco Nuevo y El Mameyal,
acompañada por un delegado de la organización Food
First Information Action Network, Harald Ihmig, "para comprobar
las denuncias de las presiones que ejercen sobre los campesinos ecologistas
y sus familias, caciques y militares". Fue Arreaga
Sánchez, en su cuatrimoto, quien trasladó a Digna
y a su acompañante por las accidentadas brechas serranas.
En este contexto de persecución sin tregua contra los campesinos
ecologistas, a la vista de las irregularidades en el proceso contra Arreaga Sánchez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan califica a Felipe de "preso
de conciencia".
Por su parte, Amnistía Internacional declaró el 12 de noviembre
su certeza de que "hay claros indicios de que los procesos contra Felipe
Arreaga tienen motivaciones políticas" y
llamó a las autoridades a asegurar que sus derechos sean respetados y reciba
trato justo.
Aunque Arreaga Sánchez explícitamente
ha deslindado al movimiento ecologista de cualquier partido político, muchos
piensan que su detención está relacionada en parte con las elecciones para
gobernador del estado, que tendrán lugar el próximo 6 de febrero.
"El PRI está reforzando el viejo sistema de cacicazgos
locales", comentó por su parte Silvestre Pacheco, integrante de la
organización ecologista SOS Bahía, de Zihuatanejo.
Pocos, sin embargo, se atreven a hablar abiertamente de estos
problemas. Hay indignación en la sierra "por lo que le están haciendo
a Felipe", pero también hay miedo, pues son numerosos los crímenes
que han quedado impunes en la región. Botones de muestra: Aniceto Martínez,
asesinado, de acuerdo con reportes del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, por pistoleros de Bernardino Bautista; Elena Barajas,
ultimada por un militar que acompañaba a Bautista; Romualdo
Gómez García, victimado por el propio Bernardino Bautista, y Salomé Sánchez
Ortiz, muerto por soldados del 40 batallón de Infantería cuando detuvieron
a Montiel y Cabrera. (La Jornada, 23 de octubre de 2001).
¿Un muerto matón?
En la averiguación previa AZUEII/039/98 se solicitó "acción
penal y de reparación del daño" contra Rodolfo Montiel Flores alias El Burro, Celso Figueroa Villa,
Abelardo Figueroa Villa, Juan Bautista Valle (ya fallecido, hermano de Nino y ex presidente de la OESP), Jesús Bautista Fuerte,
Albertano Peñaloza Domínguez,
Felipe Arriaga (sic) Sánchez, Crispín Sánchez
Santana o Crispín Cortés Santana, Delfino, Rodolfo,
Octavio, Félix Marcial y Jesús, todos de apellido Cortés Santana y Roberto
Cabrera Torres, como probables responsables del homicidio de Abel Bautista
Guillén.
Se dice en la misma que Abel Bautista iba en una camioneta
en compañía de su hermano Prisciliano Bautista Mederos
cuando fueron emboscados, a las 16 horas, a la orilla del río Coyuquilla, en el paraje Paso del Muerto, perteneciente al
ejido El Mameyal, municipio de Petatlán,
por varios hombres que se ocultaban entre la maleza y les dispararon.
Prisciliano pudo bajar del vehiculo,
se escondió bajo una roca y "logró ver" que los que dispararon
fueron, precisamente, las personas arriba mencionadas. Corroboró ese dicho
Feliciano Santana Madero, quien, se afirma, "se encontraba cortando
leña cerca del lugar". Otro acusador es el propio Bernardino Bautista
Valle, quien no presenció los hechos.
Durante un recorrido realizado en compañía de Celsa Valdovinos, esposa de Felipe,
por la sierra de Petatlán, se pudo verificar que
Crispín Cortés Santana o Sánchez Santana no pudo haber participado en esa
emboscada, por más que Prisciliano Bautista diga que lo vio el 30 de mayo
de 1998 empuñando un arma de grueso calibre. A un lado de la brecha que
va de El Mameyal a Banco Nuevo, en el paraje de Río Frío, junto a un
tanque de agua, una cruz de madera ubicada entre una parota y un roble marca
el lugar donde Crispín fue asesinado impunemente.
En la cruz se consigna: "El día 31 de marzo de /96 falleció
el Sr. Crespín Cortez Santana a la edad D. 26
años". Este acusado yacía en el panteón de El Mameyal
dos años antes de que Abel Bautista fuera asesinado.
En Las Mesas, donde Arreaga Sánchez
afirma que se encontraba el día del asesinato de Abel Bautista, Catalina
Valdovinos Ochoa, tía materna de Celsa, confirmó: "Felipe llegó acá el 28 de mayo hace
seis años, en 1998, a que lo curaran porque venía descompuesto de la cadera.
Acá se quedó y venía el huesero a sobarlo, el
señor Gil Jaimes García. El estuvo hasta el 31,
se fue el domingo en la tarde. Hubo una boda acá el 30 de mayo... andamos
buscando la película (de la boda) para ver si salió Felipe... El señor Gil
vino a sobar a Felipe el jueves y vino también el señor Zeferino
Sánchez el viernes, y el sábado lo volvió a sobar el señor Gil Jaimes, pero ya en su casa porque ya pudo caminar Felipe.
El 31, de mediodía para abajo, se fueron".
Durante la conversación con Catalina Valdovinos
llegó Daniel Sánchez Salto, compadre de Felipe. "Yo venía a platicar
con Felipe; él estaba descompuesto de la cintura y exactamente el día de
la fiesta estaban preparando enfrente al novio para la misa de la boda...
El aquí estuvo como cuatro días y me acuerdo que se fue un domingo, al otro
día después de la fiesta", comentó.
Frente al hogar de Catalina Valdovinos,
donde vivía el novio de aquella boda, Humberto Camacho Ibarra relató: "Llegué
de Querétaro un día antes de la boda, un viernes; fui el sábado a la boda
y a Felipe aquí lo vi el sábado, ahí estaba sentado
(señala el corredor de Catalina Valdovinos); estaba
derrengado (descompuesto de la cintura), con trabajos caminando. Lo vi el sábado acá como al mediodía y a Armando (el novio) acá
lo vestimos entre las 4 y las 4:45 porque la boda fue a las 5 de la tarde.
Y Felipe estaba sentado enfrente. Lo vi el viernes
y el sábado sentado enfrente, y al hijo de Nino
lo mataron el sábado a las 4 de la tarde", a tres horas de aquí.
Ordena el tribunal suspender trabajos de la CFE
en La Parota. (El Sur, Karina Contreras,
p. web).
El magistrado del Tribunal Unitario
Agrario (TUA) número 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, decretó una medida cautelar
para suspender cualquier tipo de actividad de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en el área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
donde la empresa pretende construir la presa hidroeléctrica La Parota.
La resolución se dio a conocer
durante la audiencia del 19 de enero para desahogar las pruebas de la solicitud
de anulación que hicieron los opositores a La Parota de la asamblea del
25 de abril que dio anuencia para que la CFE continuara con los estudios
preliminares del proyecto.
En esa audiencia además de diferirla,
porque los opositores cambiaron de testigos, Lara Orozco decretó esta medida
cautelar que obliga a la CFE a suspender los estudios que esté efectuando
en el área.
La medida preventiva –explicó el
19 de enero el magistrado a las partes involucradas– fue para que las cosas
no se alteraran y provocaran enfrentamientos entre los comuneros, pues ya
tenía conocimiento de las amenazas que había de ambos lados y busca que
durante el juicio de anulación de la asamblea haya paz y tranquilidad.
Sobre esa medida cautelar de la
autoridad agraria fue entrevistado el sábado pasado el residente de Asuntos
Sociales del proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez,
quien dijo que desconocía la decisión de Lara Orozco para suspender cualquier
tipo de trabajo, pero si así fuera ellos respetarían la medida.
–¿No les
ha informado el TUA?
–No, no sabemos nada. No hay una
comunicación oficial, lo que sabemos es por medio de la prensa donde han
dicho que hay un grupo de personas que está inconforme con la asamblea de
abril.
Precisó que si el TUA dictaminara
que se tiene que ratificar la asamblea, se pediría a la autoridad convocar
a una nueva asamblea.
Fuentes del tribunal informaron
a este medio que efectivamente no se ha notificado la resolución del magistrado
a la CFE porque ésta no forma parte del juicio que se desahoga ahí, pero
sí se notificó a las autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
que encabeza Crecencio Jerónimo Aparicio.
De 7 mil 500 hectáreas que tiene Dos Arroyos, perdería
4 mil con la presa. (El Sur, Karina Contreras,
p. web).
El poblado de Dos Arroyos, municipio
de Acapulco, donde a partir de ayer comenzó un plantón permanente en contra
de que se construya la presa La Parota, cuenta –según datos de la autoridad
ejidal– con una población de más de 5 mil habitantes.
En la parte alta de un cerro, este
pueblo se encuentra a más de una hora del puerto de Acapulco, y sus habitantes
se dedican al campo como su principal actividad en donde siembran maíz,
frijol, jitomate, chiles y en temporada cosechan
limón, mango y ciruela para el autoconsumo y la venta en baja proporción
a los mercados del puerto.
Como muchas comunidades rurales
de Acapulco, y sobre todo como las que desaparecían si se hace la presa,
Dos Arroyos carece de agua potable, la cual extraen de pozos, no tiene drenaje
y sólo cuenta con energía eléctrica.
Su calle principal es la única
pavimentada, y esto porque viene desde la carretera que lleva al poblado,
aunque esta se encuentra con muchos hoyos. La mayoría de las casas son de
material de la región como abobe y teja, aunque hay algunas de material
más sólido.
La autoridad ejidal, Juan Zapata
Jiménez, informó que las hectáreas de las que son dueños los pobladores
de Dos Arroyos son aproximadamente 7 mil 500 y según información que ha
recibido se podrían perder unas 4 mil si se construye la presa La Parota
como lo pretende la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dijo que precisamente por eso es
el rechazo de la mayoría de los habitantes a la posible construcción de
la presa. (Karina Contreras).
Cartones
Magú · Nacionalistas de petatiux
Fiesta
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Farsa
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