CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
31 DE ENERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Votaron 72% de iraquíes para recuperar su país
Boicot sunita; hubo récord
de atentados: 50 muertos
AN teme voto de castigo en el 2006
Bravo Mena: urge controlar
gastos electorales
Detecta
El consejo mexicano del
sector no utilizó los recursos que le fueron asignados para apoyar a los fabricantes
Electrocutan costos a CFE
Gasta la compañía tres
veces más que hace dos años en poder producir un kilowatt / hora
Bajo la metralla de EU, las elecciones en Irak
Sangrienta jornada electoral:
36 muertos
Insuficientes los castigos a partidos: IFE
No cesan las violaciones
a topes de gastos de campaña, reconoce Luís Carlos Ugalde
Vive en la pobreza uno de cada tres hogares de la zona metropolitana DF
Diagnósticos de Sedesol
revelan alto contraste en delegaciones
Los grandes capitales se quedan en el país
Es un mito que se refugien
en el exterior: Eduardo Cepeda (AIFI).
Nuevo desacato del GDF al excavar en El Escorpión
Sin importarle la prohibición
de una jueza, Servimet instaló un campamento en predio ajeno donado a
Autoridad rebasada
Delincuencia puso en evidencia
incapacidad de instituciones de seguridad para reestructurar aparato policiaco,
afirmó Aguilar Zinser
Provocaría el populismo una crisis sexenal
Hay cantos de sirena que
creen que con subsidios se reparte la riqueza: Barraza
Sector agrario
Confronta el gobierno a comuneros, acusan. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca Ángel Mendoza, p. web).
Comuneros de Santa Cruz Tagolaba responsabilizan a la Procuraduría
Agraria (PA), el gobierno del estado y el municipio local, de crear un
estado de zozobra en la comunidad, al no encontrar las vías legales que conlleven
a una solución al conflicto interno que enfrentan por más de año y medio al
brindar protección a Juventino Sánchez Santos, quien usurpa la función de
presidente de Bienes Comunales.
En un acto de desconocimiento de Juventino Sánchez, comuneros,
representados por Andrés de la Cruz Castillo, quien se hizo acompañar por
miembros del Frente Común Tehuantepecano (FCT) y de la Comisión representativa
de Santa Cruz Tagolaba, tomaron el control de la casa comunal que estaba en
poder de Sánchez Santos desde el pasado 28 de julio del 2003.
De la Cruz Castillo, una vez que tomó control de la casa comunal
luego de año y medio de ausencia, aseguró que Juventino Sánchez siendo su
suplente “mañosamente, Tacho Canasta, sin ostentar cargo alguno, lo nombró
presidente de Bienes Comunales, al manipular la asamblea” en la que supuestamente
lo nombró la comuna de Santa Cruz.
No obstante a ello, aseguró De la Cruz Castillo que la responsabilidad
mayor recaé en las diversas instancias de gobierno que no han sabido conducir
a una solución el conflicto que vive Santa Cruz Tagolaba, al solapar a Juventino
Sánchez durante mucho tiempo.
En este sentido, Andrés de la Cruz, exhortó a la Procuraduría
Agraria y las propias autoridades del estado como del municipio para que encuentren
las vías legales y de ser preciso, convoquen a una asamblea de comuneros bajo
la representatividad de la PA y determinen de esta manera el fallo a favor
de quien ha de administrar los recursos de los comuneros.
Antonio Ríos González, comunero y miembro del FCT, aseguró
que “cansados de tanta injusticia de quienes se dicen comuneros, estábamos
por ir a presionar a las autoridades judiciales para que dejen en libertad
al compañero Esteban Gallegos, quien fuera detenido por agentes de la policía
ministerial acusado por el delito de despojo, pero los ánimos cambiaron al
saber que había recobrado su libertad una hora antes de concluir la reunión
de comuneros y avecindados”.
Fue entonces que decidimos, “recuperar lo que por derecho nos
corresponde” y fue así que salimos
de la casa del compañero para abrir la casa comunal; afortunadamente sólo
estaba el guardia que nos abrió la puerta, “no había otra gente”. Todo fue
pacífico, nada de violencia ni confrontación y ante la presencia de un notario
público.
Por su parte, Juan García López, comunero avecindado, como
el propio Andrés de la Cruz y el resto de los comuneros que se mantenían en
guardia permanente, responsabilizaron a las instancias de gobierno si hay
confrontación entre los grupos ya que han hecho caso omiso a los problemas
de Santa Cruz.
Juventino Sánchez, quien desempeña las funciones de presidente
de Bienes Comunales al obtener el aval de “Tacho Canasta” y reconocimiento
que ostenta desde el pasado 23 de noviembre del 2003, acompañado en su mayoría
por unos 20 comuneras y unos siete comuneros, al ser despojado de la casa
comunal se concentraron en un domicilio particular, pero sin haber intervenido
hasta entonces.
Al recuperar el inmueble, comuneros estaban por nombrar una
comisión para que hiciera entrega de los bienes y evalúe lo que hay en el
interior del auditorio de la casa comunal y sea la misma autoridad del estado
quien determine a quien ha de reconocer como presidente de Bienes Comunales
a fin de volver a caer en confrontaciones.
Lo anterior, en virtud de que quedó sin efecto la convocatoria
del 16 de noviembre del 2003, en donde comuneros desconocen
en asamblea a De la Cruz Castillo y nombran en su lugar a Sánchez quien fuera
su suplente.
Asimismo, porque a pesar de que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA),
distrito 22, José Martín López Zamora, ratificó a Andrés de la Cruz Castillo
como presidente de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, no ha sido validado.
En manos del titular de SRA, el pago a los Ramos
Millán. (El Universal, Carlos Áviles,
p. A20. /Información también publicada en El Gráfico, p.16)
Del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, depende exclusivamente que se paguen
o no, de manera indebida, a la familia Ramos Millán mil 214 millones de pesos
por un predio que se les expropió en 1984 y cuyo valor catastral real es de
199 millones de pesos, de acuerdo con fuentes de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
La única forma de evitar que este
pago injusto se concrete y afecte las arcas del país durante 40 años, se asegura,
es que el secretario de la Reforma Agraria le notifique de manera clara y
contundente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no está
dispuesta a pagar la cantidad que originalmente fijó un juez federal, por
estimar que el avalúo que sustenta la determinación no se realizó de manera
correcta.
Si Salazar Adame no hace nada por
evitar el pago, la Corte no tendrá más remedio que cerrar el juicio y aceptar
el pago indebido, porque el máximo tribunal no tiene atribuciones para revisar
el caso de oficio, sino sólo a petición expresa de alguna de las partes en
conflicto.
Hasta el momento, explican las
fuentes consultadas, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha usado un
doble lenguaje, porque mientras ha difundido públicamente que no acepta el
monto a pagar a los clientes del senador Diego Fernández de Cevallos, en la
práctica no ha entregado ningún documento en el que fije de manera clara y
contundente esta postura.
Al contrario, en la Corte se considera
que los documentos que le ha enviado la SRA muestran un acuerdo tácito entre
la dependencia y la familia Ramos Millán para concretar el pago total de los
mil 214 millones de pesos, en anualidades de 30 millones.
El ejemplo más claro, aseguran,
fue la carta de último momento que envió Florencio Salazar a la Corte, el
27 de enero pasado, media hora antes de que se realizara la sesión en la que
la mayoría de ministros preveía disminuir a 199 millones de pesos el monto
a pagar de la indemnización a los Ramos Millán.
En esa carta el titular de la SRA
le reiteró a los ministros de la SCJN que el pago de la indemnización ya está
en curso y que incluso ya giró instrucciones para hacer el pago correspondiente
al año 2005 de 30 millones de pesos.
Advierten de disputa en Jalisco y Nayarit. (El DiarioDF, Ana Cecilia García, p.3D).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitó a
los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit adoptar medidas precautorias
para evitar el riesgo de una confrontación violenta entre los pobladores de
la comunidad indígena huichol de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de
Mezquitic, Jalisco y de los posesionarios y ejidatarios de Puente de Camotlán,
municipio de la Yesca, Nayarit, por tenencia de tierra.
El organismo pide a los secretarios generales de Gobierno de
Nayarit y de Jalisco, Adán Meza Barajas y Héctor Pérez Plazota, respectivamente,
como al subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría
de la Reforma Agraria su intervención coordinada con la de autoridades
de ambos estados.
Espera la SRA que en 2006 se resuelvan los conflictos
en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. (El Sur (Guerrero), Karina Contreras, p.web).
El subsecretario de política sectorial
de la Secretaría de la Reforma Agrario (SRA), Armando Ríos Piter, dijo
que con los programas aplicados por esta dependencia esperan que para 2006
se resuelvan los conflictos agrarios y así terminar con los “focos rojos”
en este sector, sobre todo, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, los
cuales concentran algunos problemas “más complejos”.
Sobre el conflicto que se vive
en Acapulco por la posible construcción de la presa La Parota por parte de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el funcionario no quiso abundar
y sólo manifestó que se resolverá con el diálogo y la concertación.
A pregunta de uno de los asistentes
acerca de hidroeléctrica, dijo que “independientemente de los beneficios que
pudiera tener el proyecto, el aspecto social es la parte más importante que
se debe poner atención. Se tienen que sentar a negociar con cada uno de los
actores”.
En entrevista, Ríos Piter explicó
que al menos esos conceptos son los que ha utilizado esa dependencia para
resolver conflictos, uno de ellos fue el proceso de reubicación de familias
que se habían asentado en la selva Montes Azules, en Chiapas, aunque, agregó,
que eso significa un compromiso por parte del gobierno, profundo en todo lo
que se vaya a plantear, pero primero se tiene que ver el bien social.
Nosotros –manifestó– buscamos la
conciliación, la negociación y la búsqueda de diálogo en cualquier proyecto,
pues es indispensable para llegar a un buen fin.
Detalló que esa dependencia no
está directamente involucrada en el conflicto de La Parota, pero que es parte
del trabajo institucional que se lleva a cabo para el proyecto.
El funcionario federal participó
este viernes en Acapulco en el foro estatal Desarrollo Rural Sustentable para
Guerrero, problemas, perspectivas, retos y oportunidades con su ponencia Avances
del Acuerdo Nacional para en Campo en Materia Agraria, en donde habló acerca
de los conflictos agrarios, de reordenamiento de la propiedad en materia de
desarrollo agrario.
Durante su intervención, Ríos Piter
informó que en los dos años que ha estado al frente de la SRA, Florencio Salazar
Adame se han resuelto casi los 90 conflictos agrarios. Según esto, se resolvieron
58 conflictos en su totalidad, pues se han pagado las tierras a los campesinos;
25 están en proceso de escrituración y siete están siendo negociados. “La
oferta es casi aceptada”, dijo.
Confió que la aplicación de diferentes
programas como el Procede, los apoyos al campo para mujeres, adultos
mayores y jóvenes ayudarán para que “se libren de conflictos agrarios” y añadió
que en 13 estados ya se terminó la aplicación del programa Procede.
Expresó que para llegar a estos
resultados, primero se hizo un diagnóstico de la situación nacional en el
sector, y se ubicaron los “focos rojos y amarillos”, y a partir de ahí se
designó un grupo especializado para atenderlos de manera personalizada.
Ese diagnóstico, dijo, les reveló
que había una relación entre la institución y las comunidades muy deterioradas.
La crisis en el campo se ha profundizado. (El Sur (Guerrero), Karina Contreras, p.web).
En las mesas de trabajo del foro
estatal Desarrollo Rural Sustentable para Guerrero, problemas, perspectivas,
retos y oportunidades se concluyó que
la crisis de producción en el campo ha profundizado la pobreza y marginación.
Finalizaron también que el campo
guerrerense, que por su historia y tradición sus campesinos habían sido fieles
a la tierra, ahora se ha convertido en exportadores de mano de obra barata
nacional e internacional.
Manifestaron que las instituciones
públicas, las leyes y los recursos económicos son insuficientes, y no desempeñan
la función determinante o de liderazgo en los procesos rurales, aunque se
reconocen que se hacen esfuerzos. “Las necesidades y las exigencias están
rebasando las capacidades públicas”, dijo uno de los ponentes.
Luego de dos días de analizar la
situación del campo en sus aspectos económicos, productivos, ambiental, social
y político, este viernes se dieron a conocer las conclusiones de las mesas
de trabajo donde participaron campesinos, investigadores y funcionarios de
las dependencias agrarias.
Uno de los organizadores del foro,
Tomás Bustamante leyó las conclusiones, de un documento de una cuartilla y
media, que “un panorama paradójico, es lo que caracteriza al campo guerrerense,
pues hay recursos productivos potenciales no aprovechados o mal aprovechados;
al mismo tiempo hay una población que se debate en una problemática de carencia
de opciones que mejoren sus condiciones de vida”.
El texto dice que el campo vive
una crisis de producción que profundiza la pobreza y la migración, y además
exporta una mano de obra barata a los mercados. Otra de las causas de esta
situación en el campo, según el foro, es la crisis ambiental, es decir por
el aprovechamiento incorrecto de los recursos.
Indica que en el campo guerrerense
inciden diversos factores y niveles de acción política,
económica y culturales mundial, nacional y local, es decir el campo
guerrerense está inmerso en los procesos de mundialización.
Al témino del foro acudió el subsecretario
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Armando Ríos Piter, y el asesor
de los diputados federales del PRD en cuestiones ambientales, Octavio Klimerk
Alcáraz.
Sector agropecuario
Demanda la CNC a Usabiaga poner orden en el sector
cafetalero nacional. (La Jornada, Nota Informativa,
p.43).
La Confederación Nacional Campesina (CNC) demandó al secretario
de Agricultura, Javier Usabiaga, poner orden ante el "caos y confusión"
que vive el sector cafetalero nacional, y le pidió informar sobre la intención
de desaparecer el Consejo Mexicano del Café (CMC).
En una carta firmada por el líder cenecista, Heladio Ramírez
López, refiere que "se especula" que las funciones del CMC pasarán
a una subsecretaría, sin que se haya dado una "mínima explicación"
a los consejeros y los productores que "se encuentran en total confusión
sobre el futuro de los apoyos económicos aprobados por el Congreso de la Unión".
Agregó que esa decisión pone en riesgo la existencia de al
menos 490 mil caficultores que se encuentran en 12 entidades, los cuales "se
hunden cada vez más en la pobreza por falta de un proyecto cafetalero integral
de largo plazo. Los productores enfrentan una profunda crisis recurrente de
bajos precios internacionales desde hace más de 16 años, en que se liberó
el mercado cafetalero".
Destacó que en los cuatro años de este gobierno la producción
de café cayó 32 por ciento, ya que se pasó de una producción de 6.1 millones
de sacos de 60 kilogramos a 4.2 millones, además de que el volumen de exportaciones
bajó 62 por ciento, al pasar de 5.1 millones de sacos a 1.9 millones.
Recordó que la CNC pidió que en el seno del CMC se convocara
a los miembros para que fueran informados del futuro del organismo, así como
de "la urgente necesidad de acordar el mecanismo de aplicación del Programa
de Fomento para 2005".
Agregó que se desconoce el avance del censo nacional cafetalero
y que "lo que existe es mucha inconformidad de los productores por las
mediciones de las superficies", además de que la entrega de los apoyos
del ciclo pasado aún no concluye.
Organizaciones campesinas
Crean partido socialdemócrata y campesino. (La Jornada, Elizabeth Velasco,
p.10)
En la asamblea nacional constitutiva del nuevo partido político
denominado Alternativa Socialdemócrata y Campesina, intelectuales, líderes
de agrupaciones campesinas, feministas, ambientalistas, defensores de los
derechos civiles y otros dieron la bienvenida a la creación de ese nuevo instituto.
Según sus militantes, el partido está compuesto por dos columnas
principales: la socialdemócrata y la campesina y popular, "ubicadas en
el campo de las izquierdas". Decidieron unirse para, entre otros objetivos,
"reducir las enormes desigualdades sociales, económicas y regionales"
que afectan el país.
Los dirigentes del nuevo instituto político son Patricia Mercado
Castro e Ignacio Irys Salomón. Mercado fue también presidenta del partido
México Posible, que desapareció a raíz de que en 2002 no pudo obtener el uno
por ciento de votos que exige la ley electoral para mantener el registro.
Cuauhtémoc Cárdenas, precandidato del PRD a la Presidencia
de la República y uno de los invitados distinguidos, declaró que Alternativa
Socialdemócrata "viene a enriquecer la vida democrática del país",
además de ser "un esfuerzo con cuya ideología coincido mucho".
Olac Fuentes Molinar, ex subsecretario de Educación Pública,
comentó que ese partido aparece en momentos en que jóvenes y ciudadanos buscan
un lugar en una nación divida por la marginación, pues cuatro de cada cinco
mexicanos permanecen en los márgenes de la vida nacional.
Alvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), lo calificó de opción de lucha frente al incumplimiento
del gobierno federal con el Acuerdo Nacional para el Campo y a las políticas
neoliberales que han empobrecido el agro mexicano.
Por su parte, Martha Lamas sostuvo que la organización es una
nueva opción para feministas, gays, lesbianas y mujeres ciudadanas que se
encuentran subrepresentadas políticamente, con empleos precarios y bajos salarios,
en condiciones desiguales y de marginación.
Asistieron además la escritora Guadalupe Loaeza; Héctor Vasconcelos,
ex embajador de México en Dinamarca; Alberto Begné, ex director de Capacitación
Electoral del IFE, y el dirigente campesino Max Correa, entre otros luchadores
sociales y civiles.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Exigen chimas desalojar a chiapanecos. (El Imparcial (Oaxaca), Indra Altair Bernal, p.web. )
Salina Cruz, Oax.- “Si los gobiernos
federal y estatal no responden a nuestro llamado para defender el predio de
San Isidro La Gringa, nosotros actuaremos por la fuerza”, advierte el presidente
de Bienes Comunales, Reynaldo Cruz Pérez, quien además informó que preparan
el envío de un documento al presidente Fox firmado por los comuneros para
que actúe lo antes posible y desaloje a 150 familias chiapanecas que invadieron
ese predio.
Con documentos en la mano, confirmó
que en 1994, el Gobierno Federal indemnizó a las familias chiapanecas con
una cantidad de 640 mil pesos para abandonar el predio de San Isidro La Gringa,
sin embargo el representante de las familias chiapanecas, Hilario Torres a
pesar de haber recibido la cantidad de 185 mil pesos, nuevamente regresa al
lugar con un grupo de invasores.
Reynaldo Cruz lamentó la falta
de interés del Gobierno de Oaxaca, para defender las tierras invadidas por
los chiapanecos y acusó que en la población de Rafael Cal y Mayor perteneciente
a Oaxaca, existen oficinas de Registro Civil, Seguridad Pública y agentes
Ministeriales de ese estado.
“El pueblo está esperando la respuesta
del gobierno, no queremos llegar a los extremos, pero queremos que actúen
ya, porque si no lo hacen actuaremos a nuestra manera”, advierte el dirigente
comunero.
Reveló que por la pasividad del
Gobierno del Estado, recurrirán al presidente Vicente Fox, y mediante un documento
le informaran que existe desinterés para defender las tierras del poblado
de La Gringa, debido a que ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito
22 ya no existe el conflicto, porque se resolvió mediante una indemnización
en 1994.
Y advirtió que si el Gobierno Federal
tampoco hace caso al llamado, actuarán por su propia cuenta.
“No queremos llegar a los extremos,
un enfrentamiento sería lamentable, queremos hacer las cosas mediante la intervención
de las autoridades, pero deben actuar lo antes posible”.
Dijo que el gobernador de Chiapas,
Pablo Salazar, argumenta que las 180 mil hectáreas son de ese estado, pero
existe un convenio firmado entre los ex gobernadores Diódoro Carrasco y Javier
López para recuperar las 45 mil 945 hectáreas que actualmente pertenecen a
los Chimalapas.
En la comunidad existe aparente
calma, esperando la respuesta de los dos niveles de gobierno, pero comentan
que si no hay respuesta, tomarán otras decisiones.
COAHUILA
Construyen centro de atención al campo en Ramos
Arizpe. (Vanguardia (Coahuila),
Jesús Jiménez, p.web)
RAMOS ARIZPE, COAH. ENERO 29, 2005 (VANGUARDIA).- Ayer fue
colocada la primera piedra del Centro de Atención para el Desarrollo Rural,
que será construido en un terreno ubicado en la Calle Mariano Escobedo, en
el primer cuadro de la ciudad.
La obra se realizará con mezcla de recursos municipales, estatales
y federales y tendrá un costo superior a los 500 mil pesos. Contará con áreas
suficientes para la atención de campesinos y productores rurales.
Al acto asistieron el alcalde Ernesto
Saro Boardman, el delegado de Sagarpa en Coahuila, Eduardo Villarreal Dávila;
José Manuel Gil de la Peña, representante de Fomento Agropecuario; y Alberto
Fuentes Dávila, responsable del Cader-Ramos Arizpe.
Al dirigirse a los asistentes, Saro Boardman explicó que con
la construcción del edificio “queremos que se acabe el peregrinar de ejidatarios
y productores del municipio, quienes en un solo lugar encontrarán todas las
áreas y dependencias para realizar trámites y solicitar los apoyos pertinentes.
“En Ramos Arizpe no cerramos los ojos a nuestros orígenes y
sabemos que antes de que la ciudad se industrializara toda la gente vivía
de la agricultura y la ganadería, como lo hacen todavía los habitantes de
más de 50 ejidos y comunidades, a quienes debemos brindar todo nuestro apoyo
y respaldo”, expresó.
El alcalde hizo alusión a los premios que acaba de obtener
el Ayuntamiento en distintos certámenes nacionales por sus programas ‘Medicamentos
para Todos” y “Central de Maquilas para el Campo”. Dijo que se debe seguir
trabajando para el beneficio de todos los ramosarizpenses.
DISTRITO FEDERAL
Nuevo desacato del GDF al excavar en El Escorpión. (La Crónica de Hoy, Alejandra Sánchez, p.web. /Información
también publicada en El Universal, p.C3)
A pesar de que un amparo impedía tocar el predio El Escorpión,
donado por el gobierno del DF a la Universidad Autónoma Metropolitana, al
lugar ingresó maquinaria y en él se realizaron labores de aplanado de la superficie,
excavaciones presuntamente para cimientos y estudios topográficos.
Además, se introdujeron tubos de drenaje y Servicios Metropolitanos
(Servimet), la empresa inmobiliaria del gobierno capitalino, mantiene un campamento
con 25 trabajadores que construyen, según dijeron, un tanque de abastecimiento
de agua.
Aunado a ello, dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública
local vigilan las 24 horas la superficie de 3.5 hectáreas e impiden el acceso
a personas que consideran “extrañas”.
Principalmente a Mayolo Soto, el hombre que se ostenta como
el legítimo dueño del terreno, y que el pasado 10 de noviembre ganó una suspensión
definitiva (amparo) para “que el quejoso no sea despojado… de los predios
referidos que aún conserva en posesión”.
Por estos hechos, la defensa jurídica de Soto interpuso un
“incidente de violación a la suspensión definitiva” el pasado 6 de enero,
es decir, un recurso con el que se determinará si el gobierno del DF ignoró
el amparo otorgado por Mónica Alejandra Soto Bueno, juez 10 de Distrito en
materia Administrativa.
El nuevo procedimiento se encuentra dentro del oficio de amparo
1747/2004-VII-A, el cual comenzó a integrarse el 20 de octubre de 2004. Su
primera consecuencia fue la suspensión provisional otorgada a Mayolo Soto
el 29 de octubre, siete días antes de que el GDF donara el terreno a la UAM.
Luego vino la suspensión definitiva, el 10 de noviembre.
Ahora, los representantes legales de Soto esperan una resolución
favorable a su incidente, misma que de obtenerse sería turnada a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
“El quejoso presentó las pruebas necesarias que acreditan el
incidente, falta esperar la resolución”, afirmó el abogado.
Hasta ahora, en el proceso de desahogo de este incidente de
violación a la suspensión definitiva, dos inspecciones judiciales han sido
canceladas. Se prevé que el próximo 3 de febrero se lleve a cabo.
EL ESCORPION. De acuerdo con información recabada por Crónica
durante un recorrido en los alrededores del lugar, los trabajadores que se
encuentran en el predio laboran para la Constructora Mercedes, contratada
por Servimet.
Edgar Reyes, uno de los empleados, señaló que los estudios
topográficos para la construcción del nuevo edificio de la UAM y el aplanamiento
del terreno se hicieron en diciembre.
Afirmó que inmediatamente después de que la UAM pusiera letreros
de posesión en el predio comenzaron a hacerse los estudios de mecánica de
suelos para iniciar la edificación.
“Unas camionetas blancas vienen seguido para acá y le echan
un ojo al terreno, hicieron algunas excavaciones y varios estudios, ya iban
a empezar la construcción, pero en estos días ya no han venido”, indicó.
Mientras tanto, el movimiento dentro de El Escorpión continúa.
Desde afuera se observa maquinaria, material de construcción, herramienta
y casas provisionales que ocupan la propiedad en litigio.
También hay huellas de máquinas que pasaron por ahí y montículos
de tierra, madera y alambre, entre otros materiales.
HABLA MAYOLO. Crónica también buscó a Mayolo Soto para conocer
su opinión sobre el litigio. El “conocido de Cuajimalpa”, como alguna vez
lo llamó Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya se ha reunido con representantes
de la UAM.
Indicó que éstos le han dado información contradictoria y le
han dicho que desconocían la situación del predio al momento de la donación.
La UAM, por su parte, se mantiene en silencio y se niega a
dar su versión a los medios.
También pasaron por encima de la provisional.
Además de una posible violación a la suspensión definitiva,
el gobierno capitalino también desobedeció la suspensión provisional otorgada
el pasado 29 de octubre a Mayolo Soto Segura.
Lo anterior porque siete días después de haberse otorgado aquél
recurso, se realizó la donación del predio El Escorpión a la Universidad Autónoma
Metropolitana.
El propio Oficial Mayor, Octavio Romero, confirmó el pasado
jueves que el GDF sí fue notificado a tiempo de la resolución del Juzgado
Décimo de Distrito en Materia Administrativa a pesar de que el jefe de Gobierno,
Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se supo del recurso legal después
de la cesión.
Sin embargo, ante dicha violación, los abogados de Soto Segura
no han interpuesto ningún recurso, sólo lo hicieron para la suspensión definitiva.
Documentos oficiales confirman la compra legal
de El Escorpión. (La Jornada, Àngel Bolaños, p. 38)
Un documento ubicado en el Registro Público de la Propiedad
y el Comercio del Distrito Federal (RPPC) prueba que los antecesores de Mayolo
Soto Segura -quien reclama la propiedad del predio El Escorpión, donado por
el gobierno de la ciudad a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)- fraccionaron
en 195 lotes y vendieron la extensión de terreno denominada Rancho Memetla.
Lo anterior consta en una relación notariada de contratos privados
de compraventa fechada el 31 de julio de 1897, en la que se señala que Pedro
Segura Galicia, abuelo de Mayolo Soto Segura, se quedó únicamente con un lote,
el número uno, mientras que el copropietario del predio, Lucio Cortés, conservó
también sólo uno, el número ocho.
Además, en los antecedentes registrales del citado predio se
asienta que en la escritura pública 3,683, del 18 de junio de 1981, ante el
notario 4 del estado de México, David Chapela Cota, Servicios Metropolitanos
SA de CV (Servimet) compró el predio El Escorpión a Javier Ruiz Gutiérrez
y María Dolores Sepeda (sic) de Ruiz, a un precio de 5 millones 400 mil pesos.
Sólo una pequeña porción.
Se trata, señala el informe, de uno de 16 predios en Santa
Fe que la empresa inmobiliaria del gobierno de la ciudad adquirió con el propósito
de realizar obras urbanas tendientes al mejoramiento de la zona y para dar
cumplimiento a distintos programas de mejoramiento, rescate y desarrollo.
Los 16 predios adquiridos por Servimet abarcan casi la mitad
de la extensión de tierra que reclama Soto Segura como de su propiedad, entre
los que El Escorpión es sólo una pequeña porción.
La otra parte de lo que dice es Rancho Memetla comprende una
zona urbanizada en la que se asientan unas 10 colonias de Cuajimalpa y algunos
predios rústicos, entre estos El Encino, cuya propiedad se adjudicó a Federico
Escobedo Garduño, quien entabló demandas de amparo contra la administración
de la ciudad para oponerse a la construcción de una vialidad, por la cual
el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, fue acusado de
desacato y sujeto a juicio de desafuero en la Cámara de Diputados.
Antes de que la juez décima de distrito en materia administrativa,
Mónica Alejandra Soto Bueno, concediera a Mayolo Soto un amparo contra la
donación del Escorpión a la UAM, personal de Servimet realizó una investigación
sobre el predio para conocer la historia del mismo.
El expediente 80320 que la Secretaría de la Reforma Agraria
remitió al GDF con motivo del caso El Encino, aportó más datos sobre el citado
predio. Así, se determinó que Rancho Memetla fue adquirido por Pedro Segura
y Lucio Cortés a los herederos de Mateo González. La inscripción en el tomo
25, volumen primero, sección primera, foja 180, bajo el número 675, no establece
medidas de la propiedad, solamente menciona como linderos norte, poniente
y sur a vecinos de Cuajimalpa, y al oriente con terrenos de Cirilo Soto y
del pueblo de Santa Fe, con barranca de por medio.
De igual manera, la relación de 195 lotes tampoco permite establecer
la dimensión real de Rancho Memetla, debido a que tampoco se especifican las
medidas, pero cada uno cuenta con un número de folio real, que ha permitido
rastrear por ventas a terceros varios de estos lotes para definir sus medidas
y colindancias actuales.
Sospechas fundadas
De aquí surge la sospecha de funcionarios del Gobierno del
Distrito Federal de que Soto Segura habría alterado el plano que exhibió ante
la juez para ubicar Rancho Memetla al solicitar el amparo, o incluso que todo
sea producto de una confusión y el predio en cuestión se encuentre más arriba
del sitio señalado.
El documento que exhibió Soto Segura refiere que el predio
que reclama se encuentra en los límites de la municipalidad de Cuajimalpa
con la municipalidad de Tacubaya, pertenecientes ambas a la prefectura de
Tacubaya, mientras que el plano de la presunta ubicación de Rancho Memetla
lo ubica en los límites de lo que hoy es la delegación Cuajimalpa con la de
Álvaro Obregón, cuya línea divisoria se encuentra mucho más abajo de lo que
fue la delimitación de las citadas municipalidades, como corresponde a la
fecha del documento, cuando lo que hoy es el Distrito Federal estaba dividido
en 22 municipalidades, 21 de las cuales comprendían los perímetros jurisdiccionales
de seis prefecturas.
Funcionarios de Servimet consideran que es posible ubicar Rancho
Memetla en lo que hoy son las colonias Lomas de Memetla, Ampliación Memetla,
Barrio El Molinito, El Yaqui, entre otras, fuera de El Escorpión.
GUERRERO
En cuatro meses, la convocatoria para licitar el
proyecto de La Parota. (El Sur (Guerrero), Nota
Informativa, p. web )
El residente de Asuntos Sociales
del proyecto de presa hidroeléctrica La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez,
adelantó que a más tardar en cuatro meses se emitirá la convocatoria pública
internacional para la licitación de la obra, y que a finales de diciembre
se pagarán las tierras a los campesinos.
El funcionario federal estuvo como
invitado en el foro estatal del Colegio de Profesionistas y Técnicos, el sábado,
ante quienes informó que ya cumplieron con los requisitos para construir la
presa y que espera que en enero del próximo año comience.
Explicó que sólo faltan las 19
asambleas de anuencia de los pueblos que serán afectados y que para ello ha
dialogado y negociado, pues los trabajos se hacen de acuerdo al México que
se vive y “la empresa no quiere hacer del proyecto cualquier cosa”.
Anunció que a más tardar en mayo
se hará la licitación del proyecto, en diciembre se dará a conocer a la empresa
ganadora y en enero del año próximo empezaría propiamente la obra.
Chávez Chávez precisó que al menos
por tres años los campesinos podrán ocupar las tierras que la CFE ya pagó,
con la condición de que las dejarán cuando se llene el vaso de la presa.
Sobre cuál ha sido la actitud de
las autoridades, respondió que han recibido mucho apoyo de los tres ámbitos
de gobierno, aunque reconoció que se han cometido muchos errores.
El funcionario explicó “que hay
un grupo opositor y algunos de los integrantes no son comuneros y tienen otro
interés, pues no están dentro del proyecto porque Agua Caliente se localiza
a 20 kilómetros de la cortina”.
Aclaró que la empresa no quiere
enfrentamientos y mucho menos entre comuneros, por lo que han buscado el diálogo.
Los profesionistas le dijeron sobre
la inquietud de que el proyecto se vaya, pues lo calificaron como “maravilloso
e importante para el estado”, a lo que Chávez Chávez respondió que no han
pensado en retirar el proyecto y que los estudios sociales y ambientales van
avanzados.
Al final, los presentes le pidieron
a Chávez Chávez que firme un convenio para que ellos puedan participar en
las diferentes áreas, mientras otros preguntaron con quién tienen que tratar las concesiones de los negocios que se podrían
instalar si la presa se construye.
SAN LUIS POTOSÍ
Pedirá el FSUC revisar las tierras ejidales. (El Pulso, Vicente Orta, p.web )
Organizaciones sociales de la Huasteca estarán solicitando
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es necesario, que se revise
la superficie de tierra en posesión de particulares, ya que hay la presunción
de que ostentan más de lo permitido.
El dirigente estatal del Frente Social Urbano y Campesino,
Hugo Sánchez Cervantes, explicó que se encuentra trabajando ya en la integración
de la documentación que soportará la demanda de revisión a las tierras de
particulares, porque se sabe que también ahí existen irregularidades.
“Lo que sucede es que el gobierno únicamente está investigando
aquellos predios que están en disputa, pero existen otros en los que es obvio
que las extensiones no son las que legalmente pueden comprobar, sino que son
realmente grandes latifundios conseguidos de manera ilegal”, expresó.
Sánchez anunció que una vez que se tenga integrada la propuesta,
que llevarán primero a las dependencias de gobierno, al Congreso de la Unión
y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán invitando a las
organizaciones sociales de la región a sumarse, para que haya mayor presión.
“Mira, en el Artículo 27 Constitucional se establece claramente
la superficie que pueden tener los pequeños propietarios de acuerdo al aprovechamiento,
pero podemos ver que en la región hay quienes tienen mucho más de lo permitido,
entonces también esa situación se debe regularizar”, destacó.
Desde su perspectiva, al realizar esa revisión se comprobaría
que hay tierras de más en manos de particulares, que las usufructúan ilegalmente,
con las mismas se podrían satisfacer las demandas de los grupos, y acabar
rezago.
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