CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

Desilusiona venta de las aerolíneas

Cae 5% el precio de las acciones de Cintra

 

 

Enfrentaré con fuerza retos del último año: Fox

Su objetivo, entregar economía sólida

 

Crecimiento, el gran pendiente de Fox

Estoy “satisfecho”, hay que dar continuidad al cambio, afirma el Presidente

 

Onerosa acumulación de reservas: E. Sojo

Advierte que es necesario reducir el saldo, actualmente de 65 mil mdd

 

Ríos de dinero para los partidos rumbo al 2006

Recibirán del erario 4 mil 268 millones de pesos. Podrán alcanzar $8.5 mil millones en gastos ordinarios y de campaña.

 

Hay 70 extraditables

Osiel Cárdenas Guillén y Francisco Arellano Félix, así como Jesús Héctor Palma Salazar, son algunos de ellos.

 

Acarreo, pase de lista y fichas en mitin de Ebrard

Llevaron a los más pobres. Codazos para alcanzar playeras, gorras, Cd piratas, flores y bolsas del mandado. Si no venimos, nos multan, afirmaron chóferes Pantera.

 

Expulsados por Bush, 4.5 millones

Mexicanos 85 por ciento de ellos. Repudia Tlatelolco sellado fronterizo.

 

Faltan reformas para crecer al 7%: Fox

Estoy entero y con mucha energía, dice el Presidente. Sin crecimiento económico no se puede generar empleo. 

 

Temen terrorismo de narcos extraditables

Osiel Cárdenas, El Güero Palma, Caro Quintero, Mario Villanueva y El Chapo están en la lista. El Estado debe estar preparado para una reacción sangrienta de las mafias: especialistas.

 

Sector agrario

 

Ejidatarios y PA obligan a CFE a consultarlos sobre la instalación de torres para Cruz Azul. (La Jornada de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).

Ejidatarios de Tecamachalco, la Delegación de la Procuraduría Agraria en Puebla (PA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron someter al análisis y aprobación de la asamblea ejidal de ese lugar la instalación de torres de alta tensión que permitirán abastecer a la Cementera Cruz Azul que se construye en Palmar de Bravo. El núcleo ejidal será convocado en dos ocasiones a reuniones de información, y allí decidirán si apoyan o no el proyecto.

Sin embargo, ejidatarios denunciaron que, tal como esta planteada, la instalación de dichas torres no traerá ningún tipo de beneficio hacia el núcleo agrario o las comunidades cercanas, pues ni siquiera podrán gozar de la cercanía de las líneas eléctricas por ser de un voltaje incompatible con el uso habitacional o agrícola.

Por si fuera poco, explicaron los campesinos, luego de reunirse por más de dos horas en las oficinas de la Procuraduría Agraria en Puebla, la CFE pretende pagar una indemnización de 2.5 pesos por metro cuadrado (m2) por instalar sus torres, las cuales afectarán 15 hectáreas de terrenos comunales, propiedad de 633 ejidatarios de Tecamachalco.

La liquidación, explicó Magali Pengil Martínez, encargada del Departamento de Indemnización de la zona Puebla-Tlaxcala de la Comisión Federal de Electricidad, está justificada con el avalúo realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios en la zona, por lo que la paraestatal no tiene ninguna otra propuesta de pago, de ahí que la petición de un nuevo estudio catastral sólo procedería en caso de que exista un juicio agrario.

Ayer, 13 ejidatarios de Tecamachalco, entre los que se encontraba el comisario Pedro Torres Rodríguez, se reunieron con funcionarios de la CFE y la jefa del Departamento de Desarrollo Agrario de la Procuraduría Agraria en Puebla, Silvia Vázquez Sierra, a fin de conocer las características del proyecto de instalación de torres de alta tensión. Antes del encuentro, integrantes del núcleo denunciaron que las autoridades ejidales habían signado, sin ninguna autorización de la asamblea, un “convenio discrecional” para permitir el paso de las líneas de alto voltaje.

En la reunión, Magali Pengil y José Julián Ordaz Cortés, auxiliar de actividades previas de la residencia zona Puebla-Tlaxcala, aclararon que no existe ningún “acuerdo discrecional” o autorización del comisario Pedro Torres para instalar las torres, pero reconocieron que la obra beneficiaría directamente a la planta Cruz Azul, y posteriormente podría dar abasto a los diferentes proyectos que el gobierno del estado pretende detonar en las comunidades de Santiago Alseseca y Tecamachalco.

Ordaz Cortés reconoció que la empresa Cementos y Construcciones Nacionales de Oriente (Cycna), responsable de construir la planta de Cruz Azul en Palmar de Bravo, propuso a la CFE llevar a cabo la instalación de las torres de alta tensión, pero la paraestatal tomó la decisión de llevar a cabo el proyecto. Justificó que los estudios técnicos demuestran que con el pago que realizarán la cementera y otros “clientes” que posteriormente se conecten a la red se cubrirá el costo de la infraestructura, el cual nunca dio a conocer.

Allí mismo, el auxiliar de la CFE explicó a los ejidatarios la imposibilidad de que la línea de alta tensión pueda servir para dotar de electricidad al ejido o comunidades cercanas debido a que se trata de torres de alto voltaje, así como tampoco es posible proveerles una conexión para la explotación de una pequeña mina que existe en la región.

Por su parte, Silvia Vázquez propuso a los ejidatarios y a los representantes de la CFE llevar a cabo una asamblea ejidal el próximo 8 de diciembre a fin de que los integrantes del núcleo sean informados con exactitud sobre el proyecto que pretende realizar el organismo federal, el monto de las indemnizaciones, el trazo y afectaciones, entre otros. Si existe quórum legal, explicó, se realizará la votación, pues de lo contrario se convocará a una nueva concentración para el 18 de diciembre.

 

Buscan destrabar los conflictos por la tenencia de la tierra en la Tarahumara. (La Jornada, Blanche Petrich, p.web).

Las comunidades indígenas han perdido hasta tres cuartas partes de sus territorios

Chihuahua, Chih., 30 de diciembre. En un esfuerzo por desbloquear viejos y nuevos conflictos de tenencia de la tierra de pueblos rarámuri y ódame en la sierra Tarahumara, representantes indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y autoridades firmaron aquí un compromiso para incluir estas querellas agrarias que llevan décadas -algunas hasta 70 años- atoradas en los tribunales en la agenda del Acuerdo Nacional para el Campo.

Como resultado del foro Problemas agrarios en territorios indígenas, que concluyó hoy, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria estatal acordaron que el gobernador José Reyes Baeza gestione directamente con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, la atención y solución de los cinco casos de afectación de territorios indígenas más urgentes: Pino Gordo, Wawatzérare, Bakeachi, Huicórachi y Mala Noche. En cada uno de estos expedientes, las comunidades indias han perdido hasta tres cuartas partes de sus respectivos territorios por historias de despojo de caciques mestizos, con frecuencia ligados a la narcosiembra y favorecidos por los tribunales agrarios y las acciones de autoridades. Otra veintena de casos también serán objeto de seguimiento prioritario.

En los resolutivos firmados por todas las partes, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la SRA figuran como "garantes" para asegurar que todas las instancias involucradas en los conflictos cumplan los fallos legales que otorguen a los pueblos de la sierra derechos sobre sus territorios.

Bordando sobre asuntos muy críticos de pugnas por las tierras que en el pasado cobraron cuotas de sangre y que amenazan constantemente con desbordar los cauces legales, el foro pretendió, precisamente, "evitar que estos conflictos lleguen a encender focos rojos" en el estado, señaló en la clausura la abogada Estela Mondragón, veterana defensora de asuntos agrarios, de la organización Bowerasa, que significa en rarámuri "haciendo camino". Lo que no queremos, dijo, "es que tenga que correr sangre ódame o rarámuri para que finalmente impere el derecho en esas tierras".

"No vamos a poner los muertos"

La frase de la abogada sobre los focos rojos vino a colación por la respuesta que hace no mucho les dio un funcionario de la SRA cuando, después de interminables trámites que tomaron años, devolvió el expediente a los indígenas de Wawatzérare, que reclaman el reconocimiento de su propiedad sobre una dotación original de 42 mil hectáreas, de las cuales sólo les reconocen una cuarta parte, ya que el resto ha sido invadido, talado y escriturado por inmigrantes mestizos; chabochis, como les llaman en la sierra.

"¡Uy! - dijo el funcionario de la ventanilla de la SRA cuando Patrocinio, gobernador de la comunidad, reclamó porque la devolución del expediente hacía retroceder el proceso a su punto de partida-, este caso no tiene para cuándo. Ni siquiera está en focos amarillos. Y aquí sólo atendemos cuando hay focos rojos".

"¿Focos rojos? ¿Cuáles?", preguntó el indio. "Muertos, al menos un muerto para encender los focos rojos".

Indignado, Patrocinio, que llegó a dominar el castellano gracias a sus lides con leyes y autoridades, le contestó: "Pues si quieren un muerto, pónganlo ustedes".

Wawatzérare es un caso emblemático de la arbitrariedad. Data de 1955, cuando por resolución presidencial se dotó de 42 mil hectáreas a los pobladores originarios, que son nómadas. En verano siembran y cosechan en lo alto de las barrancas y en los crudos inviernos se refugian en las partes bajas.

La resolución no se ejecutó hasta 1972, pero cuando los pobladores recibieron sus actas de propiedad contenían escrituras por 22 mil hectáreas, apenas la mitad, porque ganaderos invasores habían escriturado a sus espaldas los predios restantes. Treinta años de trámites infructuosos culminaron con una demanda del pueblo contra la SRA en 2004. Entre tanto, esta misma comunidad perdió otra mitad de su territorio fragmentado cuando otro tribunal concedió a un ejido vecino, Pahuichique, otras 10 mil hectáreas en una "sobreposición de acciones agrarias".

En enero de este año el Tribunal Unitario Agrario falló en favor de los indígenas; la SRA impugnó y seis meses después la sentencia fue revocada por un tribunal superior. De modo que las resoluciones que "beneficiaron" a los indios terminaron por despojarlos de tres cuartas partes de su territorio. La situación se ha agravado con las amenazas del visitador de la Procuraduría Agraria con sede en Cuauhtémoc, quien les advirtió que si no desocupan las tierras que han habitado desde tiempos inmemoriales serán desalojados por el Ejército.

Cuando se habla de violencia en los pueblos tarahumaras, la gente se lo toma en serio, aunque en Reforma Agraria y en el gobierno estatal no tengan encendidos los focos rojos. Ahí está el caso reciente de la gente de Bakeachi. Los ganaderos que pretenden quedarse con sus tierras por la vía de fallos agrarios sesgados envenenaron en marzo los pastizales. Pudo ser una catástrofe, ya que un día de fiesta la comunidad mató una vaca. Algunos perros se adelantaron al banquete y devoraron las vísceras. Seis canes murieron en el acto.

También está entre los participantes Isidoro Valdenegro, de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. El padre de Isidoro, Julio Valdenegro, organizó una de las primeras huelgas contra la tala ilegal de su ejido. Fue asesinado en 1986. El hijo siguió sus pasos. En marzo de 2003 fue víctima de un cuatro de la judicial estatal, que le sembró droga y armas. Pasó casi un año en la cárcel. La familia del cacique local, Artemio Fontes, conocido narcotraficante de la región, lo tiene amenazado de muerte. Valdenegro recibió este año el premio Goldman por su defensa de los bosques; el mismo que años antes fue entregado a Teodoro Cabrera, Rodolfo Montiel y Felipe Arriaga, campesinos ecologistas de Petatlán, Guerrero.

Fontes también hace otro tipo de amenazas. Es Adelina, una mujer de la comunidad que participó en el foro, la que explica: "Don Artemio, el señor cacique, nos dijo: no vayan a Chihuahua, no se muevan. De todos modos no va a servir de nada. Y si van los van a encerrar, les van a quitar sus credenciales".

De todos modos vinieron 150 representantes de más de 20 pueblos con graves problemas de tierras. Expusieron sus casos en el palacio de gobierno, asombrados de ser los murales que en ese recinto ilustran la cruenta colonización del tarahumara en manos de los españoles. Y negociaron en corto, caso por caso y con las ONG como testigos y asesores, el curso de sus querellas legales. Al final lograron que el gobierno estatal les ofrezca ser "garante" de que la ley se va a cumplir. "Aunque lo malo -comenta el gobernador de Bakeáchic, Patricio Chávez- es que es ley chabochi. Mejor sería si fuera nuestra ley."

El foro fue organizado por activistas de derechos indígenas, Consultoría Técnica Comunitaria, el grupo de defensa legal Bowerasa, ANIPA y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), con la asistencia de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la diócesis de la región.

 

Le deben 15 mil hectáreas a Ayotitlán, Jalisco, desde 1963. (El Diario (La Jornada, Rosa Rojas, p.web)

No ha cejado la comunidad en su lucha judicial

Ayotitlán, Jalisco. En 1963 a esta comunidad nahua la dotaron de 50 mil hectáreas, pero sólo les entregaron 35 mil. "Eso fue muy amañado porque en las 15 mil hectáreas que faltaban está ubicada la empresa minera Peña Colorada", señalan los indígenas. En 1971, después de un largo pleito judicial, lograron que la Suprema Corte de Justicia confirmara un amparo que habían ganado para que se ejecutara en sus términos la resolución presidencial. Treinta y cuatro años después sigue sin ejecutarse ese amparo.

"El expediente lo congelaron los jueces por un problema de quién tenía la competencia, pero ahora, el pasado 14 de noviembre, el juez quinto de distrito sale con que ya caducó el procedimiento, es decir que esa ejecutoria, que debería haber significado la cárcel para los funcionarios que no la cumplieron, la quieren archivar", informó Jaime Hernández, jefe de justicia de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.

Entre tanto, luego de una semana de que los ejidatarios de Ayotitlán detuvieran los trabajos de apertura del camino que está construyendo la minera Peña Colorada para acceder al yacimiento de mineral ferroso localizado en el paraje Piedra Imán y realizar las pruebas que determinen si es o no rentable su explotación -para lo cual sostiene que debe extraer 50 mil toneladas-, la empresa invitó al consejo de mayores y a las autoridades del comisariado ejidal, encabezado por Jesús Michel, empleado de la minera -cuya elección está siendo impugnada por una buena parte de los ejidatarios-, a una negociación en la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán.

Al respecto Rogelia Justo, una de las personas comisionadas por la asamblea del consejo para llevar a cabo los trámites de impugnación de la citada elección, informó en entrevista telefónica que "la gente no está dispuesta a negociar hasta no ver la legalidad de los actos de la minera", porque hasta donde se sabe "ni el ayuntamiento de Cuautitlán había dado el permiso de construcción del camino (que ya llevaba casi cuatro kilómetros construidos), ni Semarnat ha autorizado el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. Vamos a revisar el estudio que presentaron y ver cómo lo impugnamos para que no se autorice", indicó.

Hay confusión entre los propios indígenas de Ayotitlán sobre las acciones de la minera Peña Colorada. Hay quienes afirman -como el representante legal del consejo, Gaudencio Mancilla Roblada- que no hubo autorización de la asamblea de ejidatarios para que la empresa realice los trabajos de exploración, pero otros aseveran que sí se habría autorizado. Rogelia Justo comentó que hace unos cuatro o cinco meses, en la anterior administración del comisariado de bienes ejidales, se realizó una asamblea extraordinaria a la que acudió muy poca gente, en la cual se habría dado permiso a la minera de hacer los trabajos de exploración, y que "se está buscando cómo impugnar también" dicha asamblea.

Mancilla Roblada señaló que la prioridad del consejo de mayores es lograr la ejecución completa de la resolución dotatoria del ejido, luego de que por maniobras relacionadas con la creación de la minera, los funcionarios del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) les dotaron la tierra como ejido. "Tenemos un amparo que lo ganaron los comisariados y hasta la fecha no se ha ejecutado y tenemos orden de la Corte y todo. El consejo propone que primero se ejecute; ya hay una sentencia y eso está pisoteado.

-¿Eso tiene que ver con la empresa?

-Tiene que ver con la empresa porque son ellos a los que no les conviene que se ejecute la comunidad.

-¿La empresa está en las tierras que no se le han ejecutado a la comunidad?

-Así es, pero ya ahora con la medición del Procede ya quedó totalmente adentro...

Jaime Hernández, por su parte, explicó en entrevista que cuando se creó el ejido Ayotitlán lo dotaron de 50 mil 332 hectáreas y solamente les entregaron 35 mil. Ayotitlán era comunidad indígena, era la cabecera y los dividen en tres: crean la comunidad indígena de Cuzalapa, la comunidad indígena de Chacala y a Ayotitlán no le reconocen sus títulos primordiales y lo dotan como ejido el 28 agosto de 1963. Pero en Ayotitlán sigue habiendo comuneros que no tienen el reconocimiento de sus tierras, aunque sí la posesión, y hay más comuneros que ejidatarios, que son mil 434. No se sabe cúantos comuneros hay ni cuánta tierra tienen, apuntó.

Cuando se hizo la ejecución, agregó Hernández, "les hicieron la entrega muy amañada, principalmente del lado de Colima, donde está la mina... En el 68 se interpuso el amparo 935/69 contra los actos del presidente de la República, del jefe del DAAC y de otras autoridades más, contra la negativa de ejecutar la resolucion presidencial. Ese juicio está vigente. Se dictó sentencia, el juzgado tercero de distrito el 15 de octubre de 1969, concediendo el amparo para que se ejecute en sus términos la resolución presidencial; el jefe del DAAC interpuso revisión y la segunda sala de la Suprema Corte, en sesión del 9 de julio de 1971, confirma este amparo para que se ejecute la resolución. Fue hasta el 18 de marzo de 1977 cuando el juez tercero de distrito requirió a la responsable para el cumplimiento del fallo protector, se tardó seis años para requerirla, y la SRA ha dicho que hay imposibilidad jurídica y material, que no se localizan las tierras".

Mencionó que en un momento dado, "el expediente lo congelaron dos jueces porque no decidían quién tenía la competencia en el asunto... Lo llevaba el juez primero de distrito en materia civil; sin embargo, recientemente se crearon los juzgados en materia administrativa en Jalisco, no existían, y por cuestión de competencia le toca a los juzgados administrativos conocer este tipo de asuntos, por ser un amparo en contra de autoridades administrativas; entonces el juzgado primero en materia civil lo remitió al juzgado quinto de distrito en materia administrativa y éste rechazó la competencia, se creó un conflicto competencial que terminó resolviendo el tercer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, determinando que le correspondía al juez quinto de distrito llevar el juicio".

El amparo quedó radicado ante este juzgado con el número 1271/2004, que antes era 935/68, y el 8 de julio de 2005, el juez quinto de distrito, Miguel Lobato Martínez, "determinó que había caducado el procedimiento tendiente a dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, señalando que durante 300 días había estado inactivo el expediente y no había existido promoción de parte de los quejosos; sin embargo el juicio estaba parado porque existía el conflicto competencial, y antes una queja en contra de la SRA por no dar cumplimiento a la ejecutoria; entonces determina la caducidad y el archivo del expediente".

Se interpuso una queja en contra de este auto, la queja se gana y le dicen al juez que cuando decretó la caducidad no le notificó a la comunidad para que ofreciera pruebas, que reponga el procedimiento para determinar la caducidad y le permita al ejido presentar pruebas, y aun así el 14 de noviembre de 2005 el juez vuelve a resolver que ha caducado el procedimiento y que debe archivarse. Ahora sigue otra queja en contra de esa resolución ante los tribunales colegiados en materia administrativa para efecto de que el tribunal diga que no ha caducado el procedimiento. Hasta ahí va la no ejecucion de la resolución.

Pero, además, agregó, los ejidatarios tienen posesión de sólo unas 5 mil hectáreas de las 15 mil que no les han entregado, y las otras "es lo que hay que acreditar, por eso se aceptó que midieran el polígono del ejido para el Procede, porque no tenían el plano definitivo". Ahora están analizando los planos que entregaron los del Procede.

Otra cuestión es que la SRA le entregó a Ayotitlán, en 1974, una ampliación de 10 mil hectáreas, pero éstas quedaron en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Manantlán cuando se creó en 1974. Los indígenas las usaban sólo para sacar tejamanil, así que se acabó el tejamanil. "Pero el problema con las instancias federales es que les quieren contar las 10 mil hectáreas que les dieron de la ampliación como si fuera lo que les deben de la dotación, y con los planos que presentaron quieren hacer cuentas alegres de que ya nomás les deberían 5 mil hectáreas y aquí en la asamblea acordaron que solamente les recibirían los planos si hacen la división de la parte que se supone que es de la ampliación y la parte que es de la dotación", explicó Hernández.

 

Los programas para el campo no llegan a los más pobres: labriegos. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Se compromete secretaría a revisar 150 proyectos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ) afirmó ante integrantes del Frente Campesino de la Promoción por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo que revisará nuevamente los 150 proyectos presentados desde hace dos años y cuyos recursos se les han negado.

Campesinos procedentes de comunidades marginadas de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y el estado de México exigieron la entrega de apoyos para vivienda, adultos mayores y fertilizantes. "Tenemos necesidad de fertilizante y vivienda", explicó Juventino Patricio Hernández, de Santa Cruz Tezonapa, Guerrero.

Francisco Jiménez Pablo, originario de Chiapas, explicó que los proyectos de ganadería, agricultura y pesca son para los más pobres del país y quizá por eso los delegados de la Sagarpa en los estados "nos tratan con menosprecio y no atienden nuestras demandas. Son insensibles y se apegan a los lineamientos de los gobernadores".

Al término de la reunión, en la que estuvieron los delegados de Sagarpa de dichas entidades y los coordinadores de Procampo, Alberto Riveroll, y general de Política Sectorial, Felipe Zavala, Jiménez Pablo comentó que una de las demandas fue que Sagarpa "juegue un papel más normativo y no deje las decisiones a los municipios ni a los gobiernos de los estados, ya que los beneficios de los programas se quedan entre los productores de medianos y altos ingresos".

Los representantes del Bloque de Fuerzas Proletarias, Izquierda Democrática Popular, Frente Popular Revolucionario, Mocri-CNPA también pidieron que los integrantes de las organizaciones sean incluidos en el padrón alterno de Procampo sin que se les exija aceptar el Programa de Certificación y Titulación de Ejidos y Solares Urbanos para obtener los subsidios agrícolas. Los dirigentes aceptaron la propuesta de Sagarpa de "reunirse la próxima semana para dar seguimiento a las solicitudes de proyectos productivos".

Sagarpa, en un comunicado, afirmó que seguirá apoyando a las organizaciones del sector rural y muestra de ello es la disposición a fomentar el fortalecimiento de sus agrupaciones y gestionar proyectos productivos viables para fomentar estrategias para el desarrollo rural sustentable.

Al concluir las negociaciones, después de cinco horas de plantón en Sagarpa, los campesinos se dirigieron a las oficinas de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, donde exigieron a Xóchilt Gálvez cumpla con el compromiso adquirido de promover caminos, introducción de agua potable y energía eléctrica a sus comunidades.

Las organizaciones iniciaron desde el pasado lunes la llamada Jornada Nacional Campesina contra el Neoliberalismo y hoy estarán en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para pedir su intervención en defensa de los luchadores sociales, y en la Comisión Nacional del Agua.

 

El gobierno y la letra chiquita. (Diario de Yucatán, Manuel Tryan, p.web).

Dice un amigo mío, sin duda alguna gran periodista y estudioso de las ciencias políticas, que no votamos por los panistas porque esperábamos de ellos la construcción de las mejores avenidas o carreteras, sino porque pensamos que eran los idóneos para establecer un gobierno justo.

No se trata, dice, de buscar la letra chiquita para darle forma legaloide a las cosas, como lo hacía el PRI, sino de ser justos.

Le sobra razón. Las autoridades que de una u otra manera interviniveron en la venta de tierras ejidales en Hunucmá podrán hallar mecanismos que legalicen su proceder, pero siempre quedará una interrogante: ¿Fue justo? ¿La remuneración que recibieron los ejidatarios fue la adecuada? En días pasados, bajo el título “A ver si sacan la cartera”, publicamos parte de una denuncia que ejidatarios de Hunucmá interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario, porque consideran afectados sus intereses con la venta de tierras que finalmente ya están en manos del gobierno.

Se quejan, entre otras cosas, porque la Procuraduría Agraria no acreditó su presencia en la asamblea ejidal que cedió las tierras a un grupo de particulares que nada tenía que ver con el ejido.

Dicen además, en la citada denuncia y así lo publicamos, que el Registro Agrario Nacional violó el principio de prelación que le impone el artículo 55 de su Reglamento Interior, por la forma apresurada en que calificó, inscribió y expidió documentos.

Al respecto, el delegado local del Registro Agrario Nacional, Luis Felipe Mena Salas, en una carta que envió al Diario dice, entre otras cosas, que “si hubiera investigado a fondo (supongo que yo) habría constatado que en dicha asamblea estuvieron presentes dos representantes de la Procuraduría Agraria...”.

No sólo no investigamos a fondo, no investigamos ni superficialmente porque no nos compete. La investigación corresponde al Tribunal Agrario, nosotros sólo informamos de la denuncia.

Será el mismo tribunal el que diga si tiene razón Mena Salas o la tienen los ejidatarios demandantes, que por cierto no niegan la presencia de empleados de la Procuraduría Agraria en la asamblea de marras, afirman que no acreditaron su presencia, que es muy distinto. Acreditar significa “dar testimonio en documento fehaciente de que alguien lleva facultades para desempeñar comisión o encargo”.

En cuanto al principio de prelación que supuestamente violó el RAN por la rapidez con que realizó los trámites de las tierras, los afectados dicen que sí y Mena Salas dice que no.

Habrá que esperar la decisión del propio Tribunal Unitario Agrario al respecto, que seguramente dará la razón a quien la tenga.

 

Garantizada libertad, paz social y gobernabilidad: Martínez Torres. (En Línea Directa Info, p.web)

“Los principios de respeto a la libertad y la garantía del Estado de Derecho son norma en nuestra forma de vida cotidiana”, dice ante Congreso del Estado.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “En nuestro Estado los distintos actores políticos y sociales se desarrollan en un ambiente de libertad, paz social y gobernabilidad”, dijo el Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez Torres, al comparecer ante los integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del Estado en la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

Reiteró que los principios de respeto a la libertad y la garantía del Estado de Derecho son norma en nuestra forma de vida cotidiana “porque el Gobernador Eugenio Hernández Flores nos ha instruido para que la armonía sea el valor que presida la vida pública”.

Martínez Torres explicó que a la consideración del Poder Legislativo se han enviado 14 iniciativas que han merecido la aprobación de este cuerpo colegiado, como son la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad y las iniciativas de decreto para la adicción y reformas a la Constitución Política Local para designar Procurador de Justicia.

También las relativas a la autorización de créditos a organismos operadores de servicios de agua potable y drenaje y Ayuntamientos, así como la reforma al decreto de creación del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología.

Ante la presidenta de la mesa directiva, Guadalupe Flores Valdez y diputados integrantes del Congreso del Estado, dijo que con la anuencia y participación de este órgano legislativo y del Poder Judicial, se inició la consulta pública para la Reforma Integral en Materia de Seguridad y Justicia, donde más de 800 ponencias plantean innovaciones, reformas o nuevas modalidades jurídicas.

Como parte de la política de fortalecimiento que práctica el Gobernador Eugenio Hernández Flores con los municipios de Tamaulipas, Antonio Martínez Torres destacó el acuerdo entre el Estado y la autoridad municipal de Reynosa para transferir el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.

Destacó también la relación respetuosa y cordial, así como de trabajo y colaboración, que se sostiene con el gobierno federal, con quien se han suscrito 37 convenios y acuerdos en casi la totalidad de las responsabilidades públicas.

En lo que respecta a relaciones laborales, el Secretario General de Gobierno indicó que en lo que va de esta administración se recibieron en las diferentes Juntas de Conciliación y Arbitraje 4 mil 658 demandas laborales, se emitieron mil 323 laudos y se firmaron más de 8 mil convenios fuera de juicio.

En lo referente al tema del transporte público de pasajeros que está conformado por un parque vehicular concesionado de 11 mil 70 unidades, indicó que se logró llegar al 70 por ciento de su modernización cuando al inicio de esta gestión se contaba apenas con el 62 por ciento.

En materia de servicios jurídicos de carácter público, señaló que de manera conjunta con la Federación se participó en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), mediante el cual se logró una meta superior al 92 por ciento.

Informó que en lo que va de esta administración, en Tamaulipas los defensores de oficio brindaron orientación y asesoría a más de 7 mil 700 personas, en tanto que el Registro Civil realizó durante los últimos 11 meses más de un millón de actas registrales operando con 67 Oficialías en la entidad.

En lo que respecta al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, donde se registran más de mil operaciones diarias, casi 40 mil más que el año pasado, Martínez Torres indicó que se trabaja decididamente en responder a tres demandas ciudadanas, que son: Impulsar la desconcentración de sus servicios, fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayor celeridad en los trámites.

En materia de notariado, explicó que el servicio de notarías se presta en Tamaulipas a través de 310 fedatarios públicos.

En Protección Civil, dijo que de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y grupos voluntarios de la sociedad civil, se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, contándose en los municipios con un consejo de esta materia para activarse con oportunidad cuando se requiera.

Añadió que la Secretaría de Gobernación aprobó el proyecto denominado Revisión y Actualización del Atlas de Riesgo del Estado de Tamaulipas, que con una aportación compartida de cinco millones de pesos se concluirá en el 2006.

Finalmente habló del programa de inversión conjunta del FONDEN para atender los daños del huracán Emily por un monto de 329 millones 440 mil pesos, mismos que se destinarán para la reconstrucción de viviendas, caminos, infraestructura portuaria, hidráulica, educativa y de salud.

 

Mil 364 millones de pesos en beneficio de 77 mil 300 productores: Gobernador. (El Mañana de Matamoros, p.web)

Cd. Victoria, Tam.- Hacer del campo tamaulipeco un campo productivo que eleve la calidad de vida en las zonas rurales, es otro de los grandes compromisos que asumió Eugenio Hernández Flores al protestar como gobernador del Estado.

En el cumplimiento de este compromiso, el mandatario estatal dijo que ha realizado el mejor de sus esfuerzos generando nuevos escenarios de progreso y desarrollo en este sector de nuestra población. "El campo es tan importante para Tamaulipas que para afrontar sus retos fundamentales y dar respuesta a las legítimas aspiraciones de sus hombres y mujeres, creamos la Secretaría Estatal de Desarrollo Rural", explicó en su Primer Informe de Gobierno.

Para que los agricultores tamaulipecos reciban más beneficios, desarrollen mejor su potencial productivo y puedan salir adelante con sus proyectos de vida, el Gobierno del Estado estrechó lazos de cooperación y colaboración con el gobierno federal para que los apoyos directos al campo se incrementen y sean oportunos.

"Así, a través de PROCAMPO, logramos para Tamaulipas más de mil 364 millones de pesos en beneficio de 77 mil 300 productores y autorizamos un incremento del 38 por ciento de la aportación estatal destinada a la Alianza para el Campo, con una inversión convenida con la Federación y los productores de casi 500 millones de pesos", indicó el gobernador.

"Este incremento da cuenta de nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo rural en Tamaulipas y como un acto de justicia social y para desarrollar el espíritu emprendedor de los grupos más desprotegidos del sector agropecuario, financiamos y pusimos en marcha 360 proyectos productivos", añadió el mandatario estatal.

"Y para que los productos del campo tengan mejores alternativas de acceso a los mercados y eleven su rentabilidad, en una acción conjunta de gobierno y productores, logramos ante la SAGARPA casi 500 millones de pesos para apoyar la comercialización de más de dos millones 800 mil toneladas de granos en beneficio de once mil 300 productores", precisó.

Otros logros del gobernador Eugenio Hernández Flores a once de meses de iniciar su gestión administrativa, son:

* Para garantizar la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, se apoyó con firmeza las acciones del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) del gobierno federal.

 

Piden a CFE dejar de utilizar tierras de cultivo para redes. (El Imparcial, Humberto Torres, p.web).

Provoca que muchos campesinos de región de la Sierra Norte de Oaxaca pierdan su siembra.

Comisariados ejidales y comunales de la Sierra Norte de Oaxaca solicitaron al diputado federal, Manuel García Corpus, su intervención para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deje de invadir las tierras de cultivo con el pretexto de instalar redes de conducción de energía eléctrica.

Durante la puesta en marcha del programa de Capacitación y Fomento de la Organización Agraria en la región de la Sierra Norte, las autoridades agrarias explicaron que la paraestatal ha dañado decenas de hectáreas de cultivo con el pretexto de instalar torres de conducción, lo que provoca que muchos campesinos de esta zona de Oaxaca pierdan su siembra.

En presencia del diputado local por el distrito de Ixtlán, Heriberto Ambrosio Cipriano, afirmaron que la CFE pocas veces toma en cuenta el punto de vista de los propietarios de las tierras y de una manera arbitraria se posesiona de predio para instalar las redes de conducción de energía sin que los comisariados ejidales o comunales puedan hacer algo al respecto.

Ante este panorama, los representantes de más de 23 comunidades de la Sierra Norte, pidieron el apoyo del presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso de la Unión, intervenga para frenar este tipo de irregularidades cometidas por la Comisión Federal de Electricidad.

Reunidos en el auditorio del Ayuntamiento de Guelatao de Juárez, los vecinos advirtieron a la CFE que llevarán a cabo un movimiento de “resistencia civil” para evitar que se siga atentando contra sus parcels y predios de cultivo.

Consideraron que por ser pueblos “indígenas y pobres” las autoridades no hacen caso de sus demandas.

Los indígenas aclararon que no están en contra de la instalación de redes eléctricas sino por el contrario que la CFE informe en tiempo y forma los mecanismos que realizará para la instalación de los “tendidos” y no los lleve a cabo de manera arbitraria.

 

Quitarán comuneros de Huamuxtitlán los cercos que puso gente de Puebla, avisan. (El Sur (Guerrero), Carmen González, p.web).

 La falta de atención de las autoridades provoca que los conflictios agrarios en La Montaña se vuelvan radicales y violentos, dice el director de Tlachinollan.

Tlapa

Comuneros de Jilotepec, del municipio de Huamuxtitlán en la parte alta de la Montaña del estado, anunciaron que el próximo 6 de diciembre acudirán a quitar los cercos que campesinos de Acaxtlahuacán, del estado de Puebla, pusieron en terrenos que tienen en conflicto desde 1934 porque las autoridades agrarias se han visto lentas en la solución.

Los comuneros pidieron la intervención del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan para hacer un llamado a las autoridades de Guerrero y que tengan respuesta sobre este conflicto porque, por la misma situación, hace años hubo varios muertos y heridos.

Los comuneros explicaron que desde 1934 tienen en disputa 400 hectáreas de tierra con Acaxtlahuacan que pertenece al estado de Puebla y que el Tribunal Agrario había determinado que nadie debía hacer uso de estos terrenos mientras estaba en litigio.

Denunciaron que Acaxtlahuacan no acató esa determinación y hace un año, unas 100 personas cercaron el terreno y, presuntamente, con apoyo de las autoridades del estado de Puebla.

Ante esto los comuneros de Jilotepec exigen que se quite el cerco para evitar que los de Acaxtlahuacan adquieran derechos con el paso del tiempo, pues, argumentaron que ellos tienen los documentos en regla.

Anunciaron que el próximo 6 de diciembre la gente de Jilotepec irá a retirar la cerca porque han llegado al límite y las autoridades no han hecho nada.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que los conflictos agrarios en La Montaña son un problema latente porque las autoridades no prestan atención a la gente, lo cual provoca que tomen acciones radicales, unilaterales y violando el marco jurídico.

Barrera Hernández dijo que es un asunto grave porque se está anunciando, y las partes del conflicto van a estar preparadas. Aclaró: “desde el punto de vista de la fuerza, lo que puede traer son hechos lamentables”.

Agregó que existe negligencia de las autoridades competentes porque se “está dejando a las partes en conflicto que ellas resuelvan”, lo que demuestra falta de interés e involucramiento de las autoridades.

“La gente –abundó– empieza a tener una actitud de desesperación, de desgaste, de falta de certeza jurídica y ven la solución de los conflictos agrarios cada vez más lejos”, entonces buscan la salida más inmediata y toman acciones no jurídicas, por la fuerza.

Agregó que la estrategia de las autoridades es inapropiada dado que las mesas de diálogo no han tenido resultados concretos.

Barrera Hernández aseguró que hay una atención desfasada que no va al fondo del asunto y que no toma en cuenta el sentir de la población.

“No hay un política de Estado sobre el tema del territorio de los indígenas en Guerrero y se quiere impulsar un modelo de desarrollo que no sopesa las decisiones colectivas”, indicó.

Llamó a las autoridades para que atiendan este conflicto porque resulta preocupante que los comuneros de Jilotepec hayan decidido tomar esta “decisión extrema” por no tener apoyo en este conflicto.

Lo que lleva a tomar determinaciones por la fuerza como los comuneros de Jilotepec que se “están organizando para actuar de manera directa, más allá del acuerdo negociado, lo que es peligroso” dijo Barrera Hernández.

El director de la ONG agregó que de julio a noviembre han documentado alrededor de seis conflictos territoriales en la Montaña, entre ellos Alacatlatzala-Cuatzoquitengo; Jilotepec-Acaxtlahuacán; El Capulín-Moyotepec; Tilapa-Arroyo San Pedro y Rancho Huehuecatzingo-Totolapa.

 

El presidente de la Cocopa desconoce al subcomandante como interlocutor. (Milenio Diario, Diego Osorno, p.web)

Juan Antonio Gordillo, presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, desconoció al subcomandante Marcos como interlocutor, “porque no le interesa el problema agrario a él”.

El titular de la instancia legislativa encargada de procurar “la paz y el diálogo” entre el gobierno federal y el movimiento zapatista que irrumpió en Chiapas en 1994, criticó la creación de municipios autónomos y juntas de buen gobierno por parte del grupo guerrillero.

“Lo nuestro ya no lo vamos a tratar con Marcos. A Marcos no le interesa el problema agrario que se vive en Chiapas”, aseveró en entrevista con MILENIO, para luego enumerar: “Ya tenemos municipios autónomos, juntas de buen gobierno que nos vienen a perjudicar a los chiapanecos con problemas agrarios. Los que sufren ahora son los campesinos, los indígenas”, declaró el diputado federal del PRI, quien reemplazó hace una semana en el cargo al diputado de Convergencia, Jesús González Schmal.

Los señalamientos fueron realizados ayer luego de haber presidido una reunión de trabajo de la comisión en la cual se abordó “la problemática agraria de la zona gris” que según Gordillo, comprende los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano.

“Nosotros ahí, la Cocopa está como gestor, (sic) para que se les pague esas tierras a los que las tenían antes”, explicó el legislador, quien aseguró que la Secretaría de la Reforma Agraria se comprometió a pagarles seis mil pesos por cada hectárea a los dueños de las tierras que ahora ocupan los zapatistas.

Gordillo, quien es diputado por Chiapas, calificó como “falso” el hecho de que el EZLN hubiera invadido solamente tierras propiedad de los latifundistas que predominaban en la entidad gobernada ahora por Pablo Salazar Mendiguchía. “Agarraron parejo, hasta ejidatarios a los que les quitaron su derecho de parcela”, señaló.

De acuerdo con la versión del legislador priista, el gobierno federal entregará los apoyos económicos referentes a siete mil hectáreas en Ocosingo, otras siete mil en Las Margaritas y 18 en Altamirano.

Para afianzar el reparto de las indemnizaciones, Gordillo adelantó que sostendrán en los próximos días una reunión con Florencio Salazar, titular de la SRA, así como también otra cita con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal.

Con éste último, el tema principal será el de “La Otra Campaña” convocada por el EZLN y un millar de organizaciones para el próximo año. “Pues el zapatismo ya agarró otro giro y como Cocopa (sic) seremos coadyuvantes y le pediremos al EZLN que asuma su papel y al gobierno federal también”, manifestó.

Adelantó que buscará un acuerdo al interior de la comisión para trasladarse a las comunidades zapatistas. “Hay que reactivar a la Cocopa, la Cocopa debe estar allá, no debe ser nada más una oficina en la ciudad de México”, señaló.

Excarcelan a zapatista

Después de cinco años preso en el Cereso de San José El Alto, Querétaro, el tercero de los zapatistas de quienes EZLN exigía su liberación, obtuvo su libertad preparatoria al lograr un amparo por uno de los delitos por los cuales se le procesó. Los tres zapatistas estuvieron involucrados en las agresiones al gabinete presidencial de Ernesto Zedillo.

De esta forma, Anselmo Robles Sánchez, obtuvo su libertad al igual que hace un año la lograron Jerónimo Sánchez Sáenz y Pascual Lucas Julián, quienes encabezaban las agrupaciones Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas y agrupación Ñha-Ñhu,de indígenas otomíes, respectivamente. La noche del martes pasado, Anselmo Robles Sánchez, obtuvo su preliberación luego de haber ingresado al penal el 7 de febrero de 1998.

 

Le tupe la oposición al secretario de gobierno. (Milenio Diario, Mario Alberto Rodríguez, p.web).

Ciudad Victoria

Los partidos de oposición exigieron mayor eficacia al Secretario General de Gobierno, Antonio Martínez Torres, luego de su comparecencia efectuada ayer ante el Pleno de la LIX Legislatura en el Congreso del Estado.

Y es que ayer Martínez Torres, responsable de la política interna de Tamaulipas, rindió un informe de la labor que ha desempeñado al frente, durante estos once meses de la Administración de Eugenio Hernández Flores.

En los primeros minutos de su comparecencia, el secretario se refirió a algunas de las Iniciativas enviadas por el primer mandatario ante el Pleno y que fueron aprobadas, destacando la Ley de Equidad de Género así como la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad, pero también se ocupó de hablar de los avances en la modernización del transporte, la situación de los 37 defensores de oficio y la modernización del Registro Público de la Propiedad que ya presenta grandes avances en su digitalización.

En todo momento se refirió también al estado respetuoso de las relaciones que ha ejercido el gobernador Eugenio Hernández, con los poderes Legislativo y Judicial.

Su discurso fue duramente criticado por los diputados de oposición, que al utilizar la Tribuna, le señalaron poner atención en los actos de represión, para que en su lugar se aplique una mejor voluntad y sensibilidad política.

Al hacer uso de la palabra, el diputado panista Alejandro Sáenz Garza, señaló que en estos tiempos donde no tienen cabida las conductas autoritarias y excluyentes, todavía prevalece la cultura de la guerra.

Pero llamó a tomar la palabra del mandatario estatal, para construir entre ambos poderes una agenda legislativa de legítima creación y demandó que en el ámbito del poder Judicial, no se dé más la intromisión del Ejecutivo en las decisiones que no son de su competencia, porque sólo de esa manera los jueces y magistrados podrán ejercer su función de manera independiente, garantizando un equilibrio entre poderes.

Por su parte, Armando Martínez Manríquez, diputado del PRI, hizo mención a que las políticas aplicadas por orden del gobernador, han logrado el objetivo de tener en Tamaulipas ciudades de calidad, además de mencionar la cordialidad que rige a las relaciones del gobierno estatal con la federación.

En representación del PT, Alejandro Ceniceros Martínez, se dirigió directamente a Antonio Martínez Torres y le pidió privilegiar el diálogo, suprimiendo la represión como la que fue cometida contra dos profesores que se manifestaron en la plaza y después fueron enviados a la cárcel, de donde salieron sólo con la orden de un juez federal.

Con el diputado Héctor Garza González, el cuestionamiento hacia el secretario General de Gobierno no bajó de tono, ya que el legislador consideró como poco profesional y una total falta de ética que mientras el funcionario estatal percibe aproximadamente unos 150 mil pesos mensuales, un defensor de oficio gane 5 mil pesos como sueldo por defender a quienes no pueden pagar un abogado, recordando además que sólo hay 37 profesionistas dedicados a esta labor.

En su derecho de réplica, Martínez Torres se dijo con toda la disponibilidad (previa autorización del gobernador Eugenio Hernández) a sostener un diálogo con todas las fuerzas políticas.

Reiteró que se ha trabajado de manera incluyente con el poder Legislativo y también habló de los proyectos importantes a los cuales se les está dando solución, como la digitalización del Registro Público de la Propiedad, un proyecto que costaría entre 80 y 100 millones de pesos concluirlo.

Igualmente habló de la labor conciliatoria en las demandas laborales que en este año superaron las 4 mil, pero ninguna desencadenó en huelga.

Al término de su comparecencia, el funcionario estatal se comprometió a dar solución a los asuntos de su competencia, en un trabajo conjunto con los otros dos órdenes de gobierno.

Gamundi Rosas, punto y aparte

Dentro de los puntos expuestos al secretario general de gobierno, el legislador Everardo Quiroz Torres, hizo mención de un noticiero donde ayer por la mañana la delegada en Tamaulipas de la Secretaría de la Reforma Agraria, Elba Lidia Valles Olvera, culpó directamente al subsecretario general de gobierno, Ricardo Gamundi Rosas como responsable de un malentendido con la funcionaria, argumentando tener testigos.

Y recordó que no es la primera ocasión en que Gamundi se ha visto involucrado en este tipo de actitudes porriles, contraviniendo así la política del gobernador.

 

Acusan a subsecretario de presionar a delegada de SRA. (El Universal On Line, Roberto Aguilar, p.web).

Afirma Elva Lidia Valles que Ricardo Gamundi Rosas está involucrándose en su contra sin conocer las razones de ello.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Miércoles 30 de noviembre de 2005

21:49 La delegada estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Elva Lidia Valles Olvera, acusó públicamente al subsecretario general de Gobierno, Ricardo Gamundi Rosas, de orquestar manifestaciones en su contra y de no dejarla trabajar.

“Que respete al Gobierno Federal, que me deje trabajar. Desde que llegué no me deja en paz, yo estoy en lo mío. El señor Gamundi que se dedique –a su trabajo-, ya quisiera terminar y abocarse a los conflictos que le atañen directamente al estado”, señaló Valles Olvera.

La molestia de la delegada federal surgió a raíz de que, a bordo de varios autobuses, nuevamente llegaron cientos de campesinos a manifestarse en las oficinas de la SRA.

Los líderes del movimiento de campesinos argumentaron que han sido engañados por la delegada estatal de la SRA, en sus solicitudes para ser beneficiarios de diferentes programas de apoyo.

Sin embargo, Elva Lidia Valles aseguró que el subsecretario general de Gobierno está involucrándose en su contra sin conocer cuáles sean las razones de ello.

“Él lo declaró con testigos, dijo que estaba todo listo para sustituirme a mí. Tengo testigos. Y como dice el dicho, Dios no cumple antojos”, agregó.

Ricardo Gamundi afirmó que en muchos problemas han trabajado en conjunto con la delegación de la SRA.

“Son malas apreciaciones nada más, hemos estado trabajando de la mano con la delegada como coadyuvantes. Si dice que yo estoy moviendo las cosas, pues que lo pruebe”, señaló.

Al preguntarle sobre este y otros señalamientos en su contra, el funcionario estatal respondió: “a lo mejor soy el negro de la película”.

 

Se Manifiestan Indígenas Frente Secretaria Agraria. (Onmia, Carmen Miguel, p.web).

Miércoles 30 de Noviembre del 2005

Sin emitir declaración alguna, a paso apresurado un grupo de indígenas se plantaron frente a la Secretaria de la Reforma Agraria, en sus mantas de protesta piden pare el despojo de sus tierras.

Cerca de las nueve de la mañana el grupo de caminantes se encontraba en la calle División del Norte frente a la estatua de Pancho Villa, tomaron rumbo a la dependencia federal.

Mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, a paso apresurado y perfectamente alineados en filas protestaron por las calles de la ciudad.

El contingente se estima en unas 80 personas, pero ninguna de ellas quiso dar declaración (hablaban poco o casi nada de español), sólo apuntaron a decir que provenían de “Colorada”.

Luego de estar unos minutos frente a la Secretaria, el grupo caminó por la avenida Tecnológico rumbo al sur, de momento no se sabe cual es su punto final.

Cabe hacer mención que al frente de la marcha dos indígenas varones en traje típico tarahumara encabezaban la marcha.

 

La señorita Acuña II/Armando Castillo. (En Línea Directa Info, p.web).

Columna

Tamaulipas

PICADILLO

EL SECRETARIO GENERAL de Gobierno ANTONIO MARTINEZ TORRES cumplió con cabalidad ante el Congreso del estado.

Quien es el encargado de la política domestica en Tamaulipas, defendió a su equipo de colaboradores, léase al Negro de RICARDO GAMUNDI ROSAS de los ataques que le han lanzado, más recientemente desde la Secretaria de la Reforma Agraria.

Aunque también dejo en claro que no meterá las manos al fuego en favor de ninguno de sus colaboradores. Ante la leve y casi conformista intervención de la fracción panista, y la amenaza incendiaria de HECTOR LOPEZ GONZALEZ por parte del PRD, la prestancia y la atingencia, sirvieron a MARTINEZ TORRES para apagar cualquier intento de asonada y finalmente salir bien librado de la comparecencia ante el Pleno Legislativo.

 

“Gamundi no me deja en paz”: delegada de SRA. (En Línea Directa Info, Roberto Aguilar, p.web).

Ciudad Victoria.- La delegada estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Elva Lidia Valles Olvera, acusó públicamente al subsecretario general de Gobierno, Ricardo Gamundi Rosas, de estar detrás de las manifestaciones en su contra, así como de irresponsable y de no dejarla trabajar.

En un tono visiblemente de molestia contra el funcionario estatal, la delegada concedió una entrevista al noticiero de Multimedios Ciudad Victoria, que conduce Francisco Juárez García.

“Que respete al Gobierno Federal, que me deje trabajar. Desde que llegué no me deja en paz, yo estoy en lo mío”, dijo la también hermana de la dirigente sindical Blanca Valles, e insistió: “el señor Gamundi que se dedique –a su trabajo-, ya quisiera terminar y abocarse a los conflictos que le atañen directamente al estado”.

-¿Quiere a alguien el Señor Gamundi allí o cuál es la intención?, le preguntó Francisco Juárez.

-No se, eso se tendría que cuestionar a él. Pero él ayer lo declaró, con testigos, en donde dijo que estaba todo listo para sustituirme a mí. Tengo testigos. Y como dice el dicho, Dios no cumple antojos.

Reiteró que Ricardo Gamundi se debe de poner a trabajar en lo de él, ya que tiene mucho que hacer para ayudarle al señor Gobernador.

“El señor Gobernador tiene sensibilidad política y en lo personal, él ha tratado de que se lleve una buena coordinación, entre el estado y el Gobierno federal para poder sacar adelante los asuntos importantes”.

No obstante, añadió:

“Pero también hay gente tan irresponsable como el señor Gamundi, yo accedí, ayer, a petición de él (no se especifica a qué), sin saber que tenía todo planeado”.

 

Martínez Torres, no mete las manos al fuego por Gamundi Rosas. (WEl Universal On Line, María Jaramillo, p.web).

Ciudad Victoria.- Antonio Martínez Torres Secretario General de Gobierno dijo que no metía las manos al fuego por Ricardo Gamundi Rosas, luego que el subsecretario fuese acusado de azuzar protestas contra la delegada federal de la Secretaria de la Reforma Agraria.

 “No me gusta el fuego a mi” respondió Martínez Torres cuando se le preguntó sí él metería las manos al fuego por Ricardo Gamundi, quien fue acusado en entrevista televisiva por Elba Lidia Valles Olvera de montarle manifestaciones y que incluso le amenazó con quitarla de su puesto.

Entrevistado luego de comparecer ante el Pleno del Congreso, Martínez Torres dijo además que los conflictos agrarios se están atendiendo a través de una mesa permanente, subrayando que en un 90 por ciento la problemática agraria se ha resuelto en conjunto con la Reforma Agraria.

Añadió el responsable de la política interna del gobierno estatal que a la fecha hay cuatro conflictos agrarios pero que en ningún caso llegan al desbordamiento social, puntualizó que siendo temas de carácter federal, el estado ha permanecido abierto para resolver conflictos derivados de la tenencia y posesión de la tierra.

Respecto a la denuncia de Valles Olvera contra el subsecretario general de gobierno, Martínez Torres, rechazó que fuese verdad, “lo que sí hay es un par de exabruptos”, y añadió por eso todos los órdenes de gobierno deben de tener la madurez para servir con paciencia y dedicación.

Explicó el funcionario que previendo la llegada del año electoral se echará a andar la mesa de negociación en la que se podrán dirimir cualquier diferencia y exponer los problemas de todas las organizaciones políticas del estado.

Ante el protagonismo del subsecretario y la serie de denuncias en su contra se le preguntó a Martínez Torres ¿Quién manda en la General de Gobierno? Sin pensarlo siquiera respondió “Eugenio Hernández Flores”

El secretario General de Gobierno precisó que se les hará un llamado a todos aquellos funcionarios que no cumplan con su deber.

Por su parte Ricardo Gamundi Rosas, subsecretario general de Gobierno afirmó en un tono entre jocoso y molesto, “Soy el negro de la película” al negar ser el responsable de las manifestaciones contra la reforma Agraria, de hecho dijo, el gobierno estatal esta ayudando a la dependencia federal a resolver los conflictos, “lo otro son malas apreciaciones, nada más”

Gamundi Rosas, rechazó también estar mal informando al gobernador como denunció la delegada de la Reforma Agraria Elba Lidia Valles Olvera, “ no voy a caer en el terreno de las especulaciones puesto que en los hechos se esta coadyuvando con la delegada no en este problema nada más, sino con los distintos problemas que se han dado desde que empezó el año, y que quede claro, no son problemas del estado sino de orden federal, aquí simplemente estamos como intermediarios, y éste grupo que esta ahora no ha sido el único que se ha manifestado”

Aclaro Gamundi Rosas que al arribo de los manifestantes que aún permanecen en la Reforma Agraria, la Secretaría General de Gobierno esta colaborando n la solución del conflicto “Ella pidió que las reuniones fuesen en la delegación y con la comisión que ella pidió”

Aseguró el subsecretario que él ha estado coadyuvando para resolver los problemas que se han generado en el estado.

"A lo mejor soy el negro de la película", responde Gamundi

Dice Gamundi: “a lo mejor soy el negro de la película”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los diferentes señalamientos que han surgido en su contra, el subsecretario general de Gobierno, Ricardo Gamundi Rosas, resumió su defensa en una sola frase: “A lo mejor soy el negro de la película”.

Esta mañana, en el marco de la comparecencia del secretario general de Gobierno, Antonio Martínez Torres, Gamundi fue el centro de atención.

Estrategia o casualidad pero se robó el show ante las cámaras.

Y desde muy temprano ya era el centro de los comentarios, debido a una entrevista que concedió la delegada estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Elva Lidia Valles Olvera, en la que lo acusó directamente de estar detrás de las manifestaciones en su contra.

Al respecto, Ricardo Gamundi fue entrevistado hoy en el Congreso del Estado, en donde al principio estaba renuente, pero bajo la presión de varios reporteros habló más abiertamente del tema.

“Yo no voy a entrar a ese tipo de especulaciones, lo que si son los hechos es que nosotros hemos estado coadyuvando con la delegada no en este problema, sino en diferentes tipos de problemas desde que empezó el año”, afirmó.

Reiteró que en muchos problemas ha trabajado en conjunto con la delegación de la SRA, “y que quede claro, no son problemas del estado, son problemas de la federación y nosotros solo hemos estado de intermediarios con los diferentes grupos”.

Y agregó:

“Son malas apreciaciones nada más, hemos estado trabajando de la mano con la delegada como coadyuvantes. Si dice que yo estoy moviendo las cosas, pues que lo pruebe”, señaló.

-Sin embargo, no es la primera acusación contra usted, antes ya se dijo que hizo mal las cosas en Comapa de Reynosa, contra el PAN, o con otras organizaciones políticas.

“Se pueden decir muchas cosas no, en la política interna he estado trabajando, coadyuvando y ahorita ustedes lo van a ver en la comparecencia”.

-En Xicoténcatl se quejan de que usted quiere imponer los programas sociales con ayuda de Homar Zamorano, ¿también allí son especulaciones o malas apreciaciones?.

-No siempre todas las partes pueden quedar contentas, pero nuestro trabajo es coadyuvar para que las cosas se lleven bien.

Los reporteros le mencionaron otros señalamientos como la de los transportistas del sur de la entidad, a lo que Ricardo Gamundi respondió entre risas: “pues a lo mejor soy el negro de la película”.

 

Sector agropecuario

 

Campesino intentó suicidarse ante la Sagarpa en respaldo a sus demandas. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)

Acudió a la dependencia a gestionar derechos de agua para proyecto pecuario

Alterado, sosteniendo en la mano derecha un cuchillo que pegó a su vientre, el cual hundiría, afirmó, si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no daba respuesta inmediata a su demanda de agua para un proyecto pecuario en beneficio de los campesinos de Tlahualilo, Durango, Gustavo Guerrero Rodríguez, de 70 años de edad, originario del ejido El Renegado, intentó ayer suicidarse luego de que autoridades lo remitieron a la delegación de la institución en su estado natal para tramitar allí los derechos para dos pozos de agua.

Integrante de Convergencia del Nuevo Campo a la Ciudad, Guerrero García llegó temprano a la entrada principal de la Sagarpa y volvió a reclamar respuesta a la petición que un día antes había presentado. "Llevo dos semanas en la ciudad de México en busca de respuesta, acudí a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y allá me dijeron que en la Sagarpa me darían los apoyos para comprar la concesión para los pozos. Ya no tengo dinero ni para comer. Aquí me dicen que posiblemente me darán 600 mil pesos, pero no comprenden nuestras necesidades ni que los grandes agricultores están terminando con el poco líquido del subsuelo."

Agitado, a punto del llanto y gritando su tragedia ante las cámaras de televisión y las grabadoras, Gustavo Guerrero exigía: "Quiero que me resuelvan aquí, ya le pedí al subsecretario de Agricultura (Francisco López Tostado) un escrito. Si no me resuelven antes de las 3 de la tarde, me suicidaré".

Integrantes del Frente Campesino de la Promoción por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo que también llegaron a protestar ante la Sagarpa miraban con azoro a Guerrero Rodríguez y escuchaban atentos su historia. Faltaban pocos minutos para el mediodía y para el inicio, en el interior de la institución, de la entrega de reconocimientos por los secretarios de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y de Agricultura, Francisco López Tostado, a funcionarios que participaron en procesos de innovación, certificación y suscripción de cartas compromiso para una administración más eficiente.

Cerca de las 14:30 horas, Juan Manuel Rodríguez, director de Atención Ciudadana, le entregó el documento en el que se confirmaba que Sagarpa y Conagua operan conjuntamente el programa de adquisición de derechos de uso del agua (Padua), cuyo objetivo es contribuir a la sustentabilidad del agua en cuencas y acuíferos sobreconcesionados. Aclaraban que los titulares de los derechos de los pozos que pretendían adquirir fueran incluidos en un proyecto integral y que se presentaran en la delegación de Sagarpa en Ciudad Lerdo.

El hombre de 70 años firmó bajo protesta el documento y se acercó a Juan Manuel Rodríguez, a quien gritó: "Tú serás el responsable de mi muerte" y trató de pegar su cuerpo, sosteniendo el cuchillo contra su vientre, al del funcionario de Sagarpa. Tres elementos de seguridad pública trataban de controlar la situación y ante la determinación del campesino, uno de ellos tomó con la mano la hoja del arma punzocortante y la retiró del cuerpo del hombre. ¡Una ambulancia!, gritaron, mientras el agricultor, quien tenía algunas manchas de sangre en la camisa, fue prácticamente llevado en vilo hacia la ambulancia estacionada sobre avenida Cuauhtémoc y Municipio Libre.

Gustavo Guerrero Rodríguez, al igual que otros campesinos integrantes de organizaciones locales pequeñas, se presentó a las negociaciones del Acuerdo Nacional para el Campo, donde reclamó una actitud diferente del gobierno ante la situación de miseria y crisis en el campo norteño. En marzo de 2001 ya había llamado la atención sobre esa situación, para ser escuchado se amarró a una cruz de madera frente a la entrada principal de la Cámara de Diputados; en marzo de 2003 levantó la voz en la sexta Conferencia Nacional de Gobernadores que se realizó en Morelia, Michoacán. El 14 de julio de ese mismo año, en el Zócalo capitalino pretendió inmolarse si no le permitían vender sus melones en ese lugar.

En un comunicado, Sagarpa asentó: "La atención que la institución brinda y ha otorgado al señor Guerrero ha sido siempre en un marco de respeto y dignidad, con base en el estado de derecho que nos rige (...) Se ha puesto a su disposición personal especializado para elaborar proyectos productivos que ha demandado, sólo que esta no es la primera vez que recurre a medidas extremas para llamar la atención y presionar a la autoridad para recibir respuestas a sus peticiones, aun a costa de violar la ley".

Agregó que en 2003 se le autorizó un financiamiento por 375 mil pesos dentro del programa de apoyo a organizaciones sociales agropecuarias y pesqueras para la adquisición de semilla de melón, cuyo ejercicio no comprobó hasta finales de 2004.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Ven riesgo de más violencia en Chiapas. (La Jornada, Elío Henríquez, p.web).

San Cristóbal de las Casas, Chis., 30 de noviembre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas pidió la urgente intervención del gobierno de Chiapas para resolver los conflictos agrarios, pues existe el riesgo de nuevos hechos violentos como el ocurrido la semana pasada en la comunidad Lucha Campesina, municipio de Las Margaritas, donde fueron asesinados seis indígenas en una disputa por dos predios.

En un comunicado de prensa, el organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, afirmó: ''Estos penosos acontecimientos pudieron ser evitados mediante la intervención oportuna de las autoridades estatales para lograr la distensión entre las partes involucradas''.

Asimismo, exigió a las autoridades ''investigar y hacer justicia en el caso, ajustándose estrictamente a las normas legales con pleno respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos de todas las personas involucradas''.

Luego de lamentar la muerte de los seis indígenas miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el centro Fray Bartolomé de las Casas manifestó su preocupación por que pugnas como la anterior ''no sean atendidas por el gobierno del estado con prontitud y eficacia, y que con dicha omisión favorezca que se desencadene la violencia''.

Citó el caso de la comunidad El Suspiro, ubicada también en Las Margaritas, donde ''recientemente se han agravado'' las disputas agrarias entre dos grupos, y ''hasta ahora la intervención del gobierno del estado ha sido inadecuada, pues en lugar de propiciar el diálogo entre las partes implementó un operativo policiaco el 17 de noviembre y, según testimonios de habitantes de la comunidad, los elementos de la policía sectorial actuaron con violencia vulnerando derechos humanos de los pobladores''.

 

Desmiente junta de buen gobierno a líderes de la CIOAC; tienen intereses ocultos, dice. (La Jornada, Hermann Bellingahusen, p.web).

Niega que sean bases de apoyo del EZLN los autores de los asesinatos en La Realidad

San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de noviembre. En una carta divulgada anoche, la junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza rechaza "enérgicamente" las acusaciones de dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) sobre la violencia sucitada en Las Margaritas por un predio en disputa la semana pasada: "Que quede claro. No son compañeros zapatistas quienes hicieron esta cosa", reitera la junta de La Realidad. "Pueden llegar defensores de derechos humanos al lugar de los hechos para confirmar la verdad."

Cuando se trata de bases de apoyo del EZLN y miembros de la CIOAC "no hay muertos", expresan los zapatistas ante el asesinato de los campesinos Armando Jiménez Pérez, Margarito Jiménez Pérez, Santiago Rodríguez Velasco, Guillermo Jiménez López, Alberto Rodríguez Jiménez y Florentino Rodríguez Jiménez.

En vista de los hechos del 24 de noviembre en la comunidad Lucha Campesina, y debido a las acusaciones de los dirigentes estatal y regional de la CIOAC "oficial", Luis Hernández Cruz y Miguel Angel Vázquez Hernández, y el presidente municipal de Las Margaritas, José Antonio Vázquez Hernández, la JBG aclara y denuncia una serie de hechos.

"Nosotros no negamos, ni protegemos a nuestros compañeros cuando hacen cosas injustas. Sabemos reconocer cuando fallamos y lo hacemos públicamente". Y agrega: "No somos como ellos, que envían amenazas por escrito a personas que no coinciden con sus ideales, cambiando su forma de escritura para no ser reconocidos, como es el caso del señor Antonio Hernández Cruz."

La JBG desmiente versiones emitidas por la CIOAC sobre una toma de oficinas en la ciudad de Comitán. Aquélla "se dio a raíz de las diferencias entre los mismos dirigentes de su organización, divididos en dos grupos". Uno ("oficial") dirigido por José Antonio Vázquez Hernández, Luis Hernández Cruz y Miguel Angel Vázquez Hernández, y otro ("independiente"), por Línbano Vázquez Ruiz.

"No sabemos si alguien se hizo pasar por zapatista, como muchos así lo han hecho. Pero como investigar la verdad es más difícil que acusar, ahora dicen que son zapatistas. O quieren ocultar la verdad, y no como nosotros, que antes de hacer afirmaciones investigamos."

Sobre una toma de ciertas instalaciones de las uniones de ejidos y sus bienes, de la cual también acusa la CIOAC a los zapatistas, la junta indica: "En Las Margaritas existe una bodega propiedad de la Union de Ejidos de la Selva, en la cual compañeros nuestros bases de apoyo del EZLN en su mayoría son dueños, pero sobre esto no existe ningun problema."

La CIOAC ha acusado a los rebeldes por "detenciones" de miembros de su organización. "No sabemos de quiénes hablan", dice la JBG, y admite "la aplicación de la justicia al señor Armín Morales Jiménez por el robo de un vehículo, y si a eso le llaman injusticia, investiguen en los archivos, allí podrán ver y analizar si fue así.

"Lo único que sabemos de injusticia sobre ese caso es que hasta la fecha existen viudas, huérfanos e inválidos por la muerte de miembros de la CIOAC en un accidente automovilístico por ir a aplaudir el regreso de un ratero", expresa la JBG en referencia a un trágico accidente que sufrieron campesinos de la organización liderada por Hernández Cruz cuando eran trasladados (se dijo entonces que obligados por su dirigencia) para participar en una marcha antizapatista.

"¿Por qué hasta la fecha no se sabe públicamente los nombres de esos muertos e inválidos de la comunidad 20 de Noviembre? A los dirigentes no les interesan los huérfanos e inválidos, porque los inmediatos resposables son ellos. En esos tiempos no buscaron culpables porque no era tiempo de 'hueso'. Ahora es tiempo electoral, y la verdad de ese asunto afecta los intereses oscuros de los dirigentes."

Respecto a versiones cioaquistas de presuntos enjuciamientos a ex zapatistas, la JBG indica: "Pueden preguntar uno a uno, y pueden empezar por José Antonio Vázquez Hernández, hoy presidente municipal de Las Margaritas. Este señor fue miembro del EZLN y presidente del consejo municipal autónomo San Pedro de Michoacán, cargo que no cumplió como el pueblo se lo pidió porque no había salario y no había nada que robar."

La junta rebelde también cuestiona a Antonio Hernández Cruz, Luis Hernández Cruz y Tomás Cruz, de la comunidad Veracruz: "¿Cuáles fueron los enjuciamientos? ¿Cuáles las agresiones que han sufrido por buscar 'huesos' en el poder (y lo han logrado)?" Antes bien, advierte la junta, los mencionados líderes "han dividido organizaciones y pueblos".

"Nosotros no usamos las armas para arreglar nuestras diferencias con alguien. Un ejemplo puede ser la invasión del predio Tres Estrellas por parte de cioacistas de Leyva Velásquez. Allí viven desde 1994 compañeros bases de apoyo del EZLN. ¿Cuántos fueron los muertos por resolver ese problema? Como verdaderamente se trata de bases de apoyo del EZLN y ciocistas, no hay muertos".

El documento lo suscriben ocho miembros de la JBG de la región Selva Frontera: Doroteo, Fabián, Rolando, Nallely, Robin, Karina, Saúl y Abelardo.

 

ESTADO DE MÉXICO

 

Prometen que beneficiará a Neza proyecto en Xochiaca. (La Jornada, René Ramón, p.web).

Nezahualcóyotl. Méx. Los empresarios que compraron en más de 240 millones de pesos 100 hectáreas de la franja del bordo de Xochiaca aseguraron que el proyecto de desarrollo Ciudad Jardín Bicentenario beneficiará a los municipios de Texcoco, La Paz y Chimalhuacán, así como a esta localidad. Heberto Guzmán, director general de Corporación Inmobiliaria Integral (Gucahe), informó que se invertirán más de 150 millones de dólares en el proyecto, que incluirán un centro deportivo y ecológico, así como un área comercial y de servicios.

 

GUERRERO

 

Bloquean ejidatarios el acceso a Punta Diamante. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Acapulco, Gro. Seguidores del ex ejidatario de Puerto Marqués César Sabino Palma Salinas, quien se dice dueño legítimo de una amplia zona de Punta Diamante, bloquearon el acceso al lugar para exigir a la administración que encabeza el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que les entreguen las 70.5 hectáreas que reclaman. Palma Salinas se quejó de que el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez Ramos, no ha cumplido la instrucción del mandatario de dialogar para resolver el conflicto derivado de la creación de Punta Diamante en terrenos expropiados en 1987. El dirigente advirtió que permanecerán en el lugar hasta que les den una respuesta y responsabilizó a Zeferino Torreblanca y a Raúl Calvo Sánchez, presidente del Tribunal de Justicia del estado ''de lo que nos llegue a ocurrir'', advirtió.

 

Se deslindan voceros de la Cecop de la agresión a un simpatizante de La Parota. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

 Nada tuvimos que ver con el macheteado en Dos Arroyos, dicen Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores. Anuncian que sólo al precandidato del PRD, Pablo Avalos, le permitirán hacer campaña en la zona.

Los voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz y Felipe Flores Hernández, se deslindaron de los hechos del domingo en la comunidad de Dos Arroyos, donde después de la asamblea resultó herido a machetazos el ejidatario simpatizante del proyecto de hidroeléctrica Margarito Hernández Iturio.

En conferencia de prensa, en compañía del precandidato del PRD por el distrito 9, Pablo Ávalos Castro, los opositores informaron que este aspirante será al único al que le permitirán hacer campaña en la zona.

El lunes, los hermanos Hernández Iturio declararon en el hospital Donato G. Alarcón y ante un representante del MP de Renacimiento, que el responsable de la agresión fue el vocero de la Cecop, Marco Antonio Suástegui.

“Él fue a Dos Arroyos a azuzar a la gente”, relató en esa ocasión Aurelio Hernández Iturio.

Pero ayer, en conferencia de prensa, Suástegui y Flores subrayaron que el domingo Margarito Hernández “salió agresivo para golpear y nada tuvimos que ver donde lo machetearon, pues nosotros estábamos en Los Huajes a esas horas”.

Suástegui dijo que a los hermanos Hernández Iturio ya los habían denunciado porque fueron a quemar una cabaña al plantón que los opositores tienen en Dos Arroyos .

Adelantó que incluso se integrará una nueva averiguación previa contra los Hernández porque la información que dieron ante las autoridades “es falsa”, pues argumentó que ese día Margarito Castillo –el agresor– recibió varios golpes y le dijeron que “si no tomaba cerveza con ellos le iban a partir su madre”. Justificó que por ello el opositor agredió a machetazos al simpatizante de La Parota como una forma de defenderse.

Felipe Flores, por su parte, criticó al aspirante perredista Rómulo Reza, quien propuso una tregua y que se suspenda el proyecto en tanto se desenvuelven las elecciones por la Presidencia y el Congreso de la Unión. Según Flores, Reza “aseguró que en cuanto él gane La Parota se va a hacer ¿acaso son de él las tierras?”. Y sugirió a los presentes que piensen por cuál candidato van a votar.

También criticó al gobernador Zeferino Torreblanca, “pues ha dicho que va a ser garante de la indemnización por la tierra, pero no ha querido pagar la indemnización por las 9 hectáreas que les debe a ejidatarios en la zona de Punta Diamante”.

De la visita que esperan de la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchilt Gálvez, Flores Hernández explicó que apenas se va a consultar en asamblea si se reunirán con ella.

Por su parte, Suástegui informó que sí permitirán la instalación de casillas para el proceso interno del PRD, pero reiteró que el único precandidato que puede hacer campaña en la zona será Pablo Ávalos Castro.

Ante ello, el aspirante les refrendó su apoyo: “Si alguien es detenido o humillado yo voy a sacar la cara, y si también me llevan al bote me voy con ustedes”.

Suástegui indicó que los opositores apoyarán la candidatura de Pablo Ávalos “pero que se comprometa con la lucha de nosotros”, y aseguró que el apoyo se dará para que el movimiento contra la presa tenga un diálogo directo con las autoridades federales.

Suástegui Muñoz advirtió que en la zona de La Parota no entrarán los también aspirantes del PRD a diputados por el distrito 09 César Flores Maldonado, Rómulo Reza y Beatriz González Hurtado.

 

MICHOACÁN

 

Indígenas de Irícuaro denuncian amenazas para vender sus tierras. (La Jornada de Michoacán, Luz Idalia Servín, p.web).

Hay mas de 40 ordenes de aprehension en contra de comuneros.

Señalan a Guillermo Arreola, Mauricio Vega y José Luis Álvarez de encabezar el hostigamiento

A raíz del encarcelamiento de tres indígenas de Irícuaro y del hostigamiento del que están siendo objeto para obligarlos a vender sus tierras desde 2003, representantes de esta comunidad y de Zirahuén, aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender lo que ha sido de ellos por décadas y anunciaron que de no liberarlos, existe la posibilidad de realizar una marcha a nivel nacional; por lo que el domingo próximo se decidirá el plan de acción a seguir.

Leobardo Reyes Meza y Blanca Estela Oceguera Torres, miembros de la Organización Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón", indicaron que por la problemática de la tenencia de la tierra se han llegado a realizar atentados de muerte, el más reciente, el ocurrido en agravio de Moisés Pérez Casares que tiene su domicilio en Zirahuén; herido de gravedad a las afueras de su domicilio particular y quien señaló que fue víctima del atentado porque "al cacique le dio coraje de que no me pudo quitar nada".

Acompañados por indígenas de ambas comunidades, aseguraron que debido a que en las noches, "anda la gente de los caciques rondando por nuestras casas y echando balazos para intimidarnos, y de que ya ha habido ahorcamientos de nuestra gente, no vamos a dar ni un paso atrás, si hay necesidad de enfrentarnos a machetazos, con piedras y palos con las armas de las autoridades, vamos a hacerlo, no daremos ni un paso atrás en nuestra lucha y responsabilizamos al gobierno del estado de lo que suceda, sabe como están las cosas y no hace nada por solucionarlas".

Añadieron que existen más 40 órdenes de aprehensión en contra de indígenas de Iricuaro y todas son por problemas comunales, al menos hay 30 procesos en vías legales, "y mientras a nosotros que somos los más pobres no nos están ayudando en nada y sí nos están fregando, los narcos se pasean por las calles como sin nada".

Reyes Meza y Oceguera Torres afirmaron que las mismas autoridades, en complicidad con algunos particulares, a los que los indígenas llaman caciques, han fabricado delitos para presionar a los dueños de las tierras.

Como confirmación de lo anterior, el pasado 25 de noviembre Sabino Torres Trejo, Esperanza Cruz Ornelas y Eustrebertha Trejo Camargo, ésta última de 84 años de edad, fueron detenidos con el argumento de que estaban cometiendo el delito de "ataque a las vías de comunicación". Delito por el que ya habían sido juzgados con anterioridad y liberados bajo caución; sin embargo, "al momento de que fueron a firmar, los detuvieron nuevamente cuando por ley a nadie se le puede juzgar dos veces por la misma acusación y ahora nos piden 38 mil 853 pesos para liberarlos", aseveraron.

Familiares de los detenidos indicaron que debido a que ellos también tienen órdenes de aprehensión no han podido visitarlos, "pero sabemos que los tienen incomunicados, en condiciones infrahumanas. A mí me soltaron pero las agresiones de las que somos objeto no se comparan con nada, las autoridades nos maltratan verbal y físicamente y hasta han querido intimidarnos aventando balazos a nuestras casas por las noches y hostigándonos por el día. A mi abuela la tiraron al piso y no más viera".

Añadieron que desde el 7 de octubre de 2003 las cosas han ido empeorando y con ello "las posibilidades de que nos enfrentemos hasta las últimas consecuencias, clamamos justicia porque ya nos cansamos y nos están obligando a hacerla por nuestras propias manos y como sea".

La prefabricación de delitos, dijeron los integrantes de la Organización "Flores Magón", es como operan los caciques José Luis Álvarez en Irícuaro, dueño de un hotel, y Guillermo Arreola y Mauricio Vega en Zirahuén, de entre muchos que se han dedicado a la explotación de los recursos naturales. Precisaron que en Zirahuén se disputan más de 2 mil hectáreas y por las que se han efectuado ahorcamientos, pero "no vamos a doblegarnos ante nadie ni nada, no estamos dispuestos a vender, por mucha presión que nos hagan, de lo único que ha sido de nosotros por décadas y menos personas que nunca han vivido en la comunidad".

Ejemplo de esta lucha es Moisés Pérez Casares, quien reseñó que se amparó debido a una acusación falsa en su contra por autoridades de Iricuaro, "me culparon del corte de una cerca y como no me pudieron hacer nada el domingo llegando a la casa ya me estaban esperando y me dispararon, me alcanzaron a volar una parte del brazo y otra de la espalda pero me alcancé a meter y por eso no me acabaron".

El domingo próximo en Salvador Escalante se llevará a cabo una reunión entre los indígenas de la región, en la que se decidirá el plan de acción a seguir y cómo se distribuirán las obligaciones y responsabilidades para lograr detener el hostigamiento del que son objeto.

 

OAXACA

 

Matan en Oaxaca a líder de grupo campesino y a otras dos personas. (La Jornada, Víctor Ruiz Arrazola, p.web. /Información también publicad en El Imparcial, y Noticias de Oaxaca).

César Toimil Robert tenía investigaciones pendientes por despojo, violación y robo

Se le acusaba de encabezar organización armada opositora a la UGOCP y de traficar con protestas de los labriegos para beneficiar a ganaderos y productores

Hay dos desaparecidos.

Oaxaca, Oax., 30 de noviembre. César Toimil Robert, dirigente del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec (Crocut), fue asesinado en una emboscada en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en la cuenca del Papaloapan, región colindante con Veracruz, cuando viajaba a bordo de una lancha en la presa Miguel Alemán, informó Patricia Villanueva Abrajan, procuradora de Justicia de Oaxaca.

Toimil Robert iba acompañado de cuatro personas, dos de las cuales perdieron la vida y otras tantas desaparecieron, por lo que agentes de la policía ministerial del estado iniciaron su búsqueda en coordinación con corporaciones veracruzanas.

El dirigente y sus acompañantes procedían de Las Cuatas, localidad perteneciente al ejido Las Palmas, municipio de Acatlán, cuando fueron atacados por individuos armados con rifles AK-47.

La agresión ocurrió en los últimos minutos del martes y los cadáveres fueron encontrados la madrugada de hoy por pobladores y agentes de las policías preventiva y ministerial del estado.

El cuerpo de Toimil Robert fue localizado en la lancha; presentaba dos impactos de bala, uno en la cabeza, mientras que sus colaboradores Melquiades Rosas y Mauro Díaz González estaban sumergidos. Uno de los desaparecidos fue identificado como Adán Rosas García.

Villanueva Abrajan dijo que el dirigente ''fue baleado en el hombro izquierdo y en la frente cuando pasaba por la presa Miguel Alemán'', en la jurisdicción mazateca de San Miguel Soyaltepec.

Agregó que se inició la averiguación previa y que policías ministeriales buscan a los presuntos responsables.

En conferencia de prensa, la procuradora Villanueva Abrajan sostuvo que la lancha presentaba 35 impactos. Mencionó que a unos 40 metros de donde quedó el bote se encontraron unos pedazos de madera donde los agresores apoyaron sus armas.

Comentó que se puso en marcha una operación especial en toda la cuenca, que abarca territorios de Oaxaca y Veracruz, con base en los convenios de colaboración entre las procuradurías de Justicia de ambas entidades.

La tarde de este miércoles empezaron a reunirse decenas de campesinos en las oficinas municipales del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec en Acatlán de Pérez Figueroa, San Miguel Soyaltepec, Tuxtepec y Valle Nacional, entre otros municipios de la región, para exigir que se aclare el homicidio de su dirigente y se castigue a los responsables.

En la Procuraduría de Justicia de Oaxaca se informó que César Toimil contaba con dos órdenes de aprehensión, una por robo y despojo y otra por violación tumultuaria. Se dijo que en Veracruz también tenía pendientes órdenes de detención por despojo, robo, abigeato y ataques a las vías generales de comunicación.

No obstante, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, comentó que con el Crocut su gobierno tuvo una actitud de respeto, ya que siempre ajustó su trabajo a la ley, y lamentó que se diriman con violencia disputas de cualquier naturaleza.

A mediados de abril Toimil Robert resultó herido de dos balazos luego de que agentes ministeriales del estado intentaron capturarlo en Acatlán de Pérez Figueroa, de donde era originario.

Por aquellos días, miembros de Crocut evacuaron y quemaron viviendas de seguidores del ex diputado local Zenón Bravo Arellano en la comunidad de Nuevo Rancho Faisán, Jacatepec, predio que había sido invadido por el ex legislador.

Toimil Robert también fue encarcelado en 2001 por la invasión al rancho El Orozco, propiedad del dirigente nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra. En 2003, a la salida de la cárcel, retomó sus acciones armadas y de gestoría.

En febrero de 2002, entrevistado en el penal de Santa María Ixcotel, Toimil Robert comentó que decidió conformar el Crocut para hacerse justicia por propia mano, ya que los gobiernos federal y estatal protegían las acciones ilegales de la UGOCP en perjuicio de ganaderos y agricultores de la cuenca del Papaloapan.

De hecho, la Crocut se convirtió en la contraparte armada de la UGOCP. Desalojaba ranchos y predios y se los devolvía a sus propietarios, ganaderos y terratenientes de la zona, además de ocupar otros para negociar tierras o beneficios para sus seguidores.

 

Justicia por propia mano, única opción del Crocut: Toimil Robert . (Olor a Mi Tierra (Oaxaca), Olga Rosario Avendaño, p.web)

01/12/2005 01:29:16 AM

**Esta entrevista fue realizada por la periodista Olga Rosario Avendaño en el mes de febrero del año 2002 en el Penal de Santa María Ixcotel.

Mi encarcelamiento es una "venganza política" asegura, el líder del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec (Crocut), César Toimil Roberts, preso desde hace dos meses y medio en la Penitenciaria de Santa María Ixcotel, en la ciudad de Oaxaca. También manifiesta que en esta venganza participa uno de sus principales adversarios, Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrero, Campesino y Popular (Ugocp).

A lo largo de esta entrevista, al interior de la cárcel, Toimil Roberts, exige que en su caso la justicia sea pronta y expedita, porque ésta sí se da, pero para la gente que esta cerca del poder en la región de la Cuenca del Papaloapan.

También habla de los rumores que le han llegado, en cuanto a su seguridad, uno de ellos es que ofrecen 500 mil pesos para que no salga vivo de la cárcel y el otro es la amenaza de secuestrar a sus hijos.

César Toimil Roberts, durante la entrevista que se realizó en uno de los cubiculos de visita de la Penitenciaria de Santa María Ixcotel, empieza a relatar su historia a lo largo de 12 años, que tiene el CROCUT, pero que empezó primeramente con el nombre de Confederación Mexicana de Auténticos Trabajadores.

Cuenta que, "es una historia de 12 años de mi vida, que le he dedicado a la labor social, de la cual yo provengo en la región de la Cuenca, esta historia, empieza allá a finales de los ochenta”.

El CROCUT inicia "precisamente a raíz de la proliferación de muchas organizaciones" no solamente UGOCP, sino la Central Campesina Cardenista (CCC) de Miguel Herrera Lara, que ahora ya es la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad, el Consejo Regional Chinanteco, Mazateco y Cuicateco (Corechimac) de Juan Rojas, el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) de Catarino Torres Pereda y la misma Confederación Nacional Campesina (CNC), que tuvieron su auge en la época del gobernador Heladio Ramírez López y cuando era presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a partir de esto nace César Toimil como representante de pequeños propietarios en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Recuerda que una de sus primeras acciones, fue por una invasión masiva que hace Montes Parra y la UGOCP a 28 propiedades de diferentes familias de la región de la Cuenca del Papaloapan, una de ellas fue a mi familia, así como la familia Acebal, Virgen, Becerra, en el cual mi madre tiene que salir huyendo, con un hermano mayor, Antonio.

Por otro lado, "detienen a un hermano, yo soy de los menores, a mi hermano Jaime lo detienen en un ejido que se llama La Capilla, vaya... gente de Margarito, con mil gentes armados invadió todos estos ranchos argumentando que eran tierras federales, se acreditó que las tierras son legitimas, y que estas familias eran propietarios.

"Aportamos nuestros documentos correspondientes, las escrituras de los predios, estuvieron ocho días en los predios, saquearon los ranchos, ganado, objetos de labranza, hubo gente baleando, lesionaron a hijos de propietarios, por ejemplo, un hijo de José Aceval, iba llegando a su rancho, estaba bloqueada la carretera y pues se espantó este muchacho, venía de Córdova, Veracruz, no sabía que pasaba y estaba la terrracería con mucha gente armada, fue a dar la vuelta y lo balearon, el coche casi lo desbarataron a balazos, no lo mataron, todo esto se da".

Agrega que después de ochos días de estos sucesos, "el gobierno nos cita a todos los propietarios, y ahí es donde yo conozco a Montes Parra, yo tenía un año de haber regresado a mi tierra después de diez años de estar fuera, porque salí a estudiar, el Bachillerato lo estudie en el Colegio de Ciencias y Humanidades en México, Azcapozalco, de ahí la carrera de agricultura en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM) de Cuautitlán, me lleve muchos años por allá, trabajé, pude regresar a mi tierra, tenía un año de haber regresado, cuando te comento esto de la efervescencia social, de la cuestión agraria, con esta y muchas organizaciones, ya que no fue la única.

"Hubo invasiones, robos, asesinatos, violaciones, todo esto se denunció con estas familias en la agencia del Ministerio Público de Cosolapa, Oaxaca, en esa época todavía no existía un agente del Ministerio Público en Acatlán, tendrá tres años que hay ministerio público en mi pueblo, los poderes estaban en Cosolapa, otro municipio aledaño a Acatlán de Pérez, ahí nos citan en la dirección de gobierno, con el famoso Toluco (Raúl Márquez, concuño de Heladio Ramírez López, que después fue diputado, el era delegado de gobierno en esa época), ya nos citan a la Delegación y Margarito no llegaba, hasta que por fin llegó".

A esa reunión, "también asistieron los pequeños propietarios, no de gente que tenga cientos de hectáreas, a través de las cuales viven, ahí conozco a Margarito Montes, rodeado de pistoleros en la Delegación de Gobierno, sentado en la silla del Delegado, para eso nosotros habíamos entregado toda la documentación de todas estas familias, se demuestra la legitimidad de las tierras sin ningún problema agrario absolutamente.

"Montes Parra, argumentó que invadió las tierras porque un propietario le había picado la cresta, le había ofendido a uno de sus agremiados y pues con los caciques no... su dicho muy vulgar o muy común, siempre que el cacicazgo, no hay cacicazgo allá, las pequeñas propiedades son chicas, Oaxaca es de los estados donde no se dio el cacicazgo, en cuanto a los feudos y grandes extensiones, a de haber sus excepciones, pero en la región de nosotros no, ahí entró muy duro el agrarismo en su época, durante el sexenio del Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940.

"Después de esta reunión, sale el acuerdo, Margarito hace unas propuestas, donde él pone las condiciones, donde iban a medir los predios, que si sobraban tierras iban a ser para la UGOCP, y un sin número de cosas, quedó firmado esto ante la Delegación de Gobierno, y algo chistoso, también quedó el pago de daños de todo lo que se habían robado porque saquearon los ranchos.

"Se cumplió lo que ellos quisieron, se midieron todas las propiedades no hubo ningún problema de excedentes y bueno los puntos estos hasta llegar al pago de daños, bueno eso sí no se cumplió. Se robaron muchas cosas, no hubo un poder humano en este estado que hiciera que esta gente pagara todo lo que se habían robado, mi familia no estuvo de acuerdo en firmar ese convenio, y especificamente yo, porque era un convenio vergonzoso, que los agraviados eramos nosotros y como nos iba a poner las condiciones Margarito Montes Parra.

“De esa reunión prácticamente nos sacaron, porque yo era hijo de pequeño propietario, el rancho estaba a nombre de mi madre, iba ella, iba otro hermano y yo, por ahí los demás propietarios, el presidente, que no era afectado de la pequeña propiedad, entonces influyò y dijo que este (él, César Toimil) no es propietario, es hijo de pequeño propietario y me echaron fuera de la reunión.

"Se firmó el acuerdo, es como yo nazco, se resuelve el asunto, a pocos días invaden un ejido que se llama La Capilla, Cerro Mojarra, pertenece a mi municipio, Acatlán de Pérez, se viene una situación de muertes, hubo 14 muertos, la UGOCP empezó a fregar a la gente de trabajo, la cuota de la lana, ya sabes que tienes que dar, pero la gente que no podía, porque la verdad la economía no es muy grande en la zona.

"La zona es buena, pero es una zona cañera, en su gran mayoría, y ahí es cada año cuando percibimos lo que llamamos las liquidaciones de nuestros productos de la cosecha de la caña de azúcar. En aquel entonces hubo alrededor de 14 muertos generados por la gente de Margarito, hasta que le matan al líder, la misma gente de la UGOCP, ahí esta… de apellido Marín, el muerto fue Faustino Hernández Cimarrón, este pleito fue por el monopolio de la Mojarra, como estamos en el vaso de una presa.

"Mi primer decisión como representante, porque yo no sabía ni qué onda, porque no había participado en una organización social y mi primer decisión fue ir a desalojar La Palma, donde Margarito tenía cuatro años con gente armada. Fue mi primer enfrentamiento con una balacera de más de media hora, vamos, hizo juego esta gente, fuimos armados, eso también lo tengo que decir por que esa es la verdad, a mi siempre me ha gustado hablar con la verdad, lo que es, así sea lo delicado que sea, pero se tiene que decir la verdad, pero también las razones y las causas, hubo nueve heridos de Margarito, un muerto, va, yo no sé si después se le murieron más de los heridos, pero bueno quedaron ahí nueve gentes tiradas.

"De nuestra parte ningún muerto, sólo un herido que no fue de gravedad, todavía anda caminando con los plomos adentro, porque no pudieron sacarselos, todo esto se da, y ya nos llama el gobierno, se viene una movilización policíaca muy fuerte, judicial, preventiva, hasta militares, con el Ejército, yo tuve que ir a la zona militar, en la época del General Gregorio Guerrero Caudillo, quien mandó un destacamento de militares al predio, porque lo rescatamos, se demostró legalmente, fui a la mesa con el gobierno, que las tierras eran de la gente que yo representaba en esos momentos, un grupo de 40 familias, hasta la fecha están con las tierras, ya tienen documentos, constancias de posesión, le ganamos el pleito a Montes Parra.

"Ese es mi origen como luchador social, yo mi profesión la ejercí varios años, yo estudie y trabajé, pude lograr un sueño, que pocos logran, que es el de regresar a su tierra y ayudar a la gente, yo lo pude lograr, y bueno aquí estoy, en esta situación (en la cárcel).

Acepta que esta detención fue ilegal, de eso está consciente, pero hasta donde es lo legal.

Necesaria la justicia por propia mano.

 

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