CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
24 DE AGOSTO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Rechaza Frenk riesgo playero
El Secretario de Salud, Julio Frenk, negó ayer que las playas del país se encuentren contaminadas
de residuos fecales.
En el limbo, el relevo de Elba Esther
Cambios en PRI, tras consulta a sectores,
pactan
Equilibrio fiscal en el presupuesto: Gil
El Ejecutivo propondrá un paquete económico
sin déficit para 2006
Se ampararán contra los “chocolates”
Fox rechaza apostarle a la ilegalidad;
todos ganan, dice
Ministros de la Corte truenan
contra Azuela
Le cuestionan la turbiedad del manejo
de fideicomisos
Ha consumido drogas un millón de alumnos de secundaria: SEP
Alrededor de un millón 20 mil alumnos
de secundaria, entre 15 y 17 por ciento de los 6 millones mil 426 matriculados,
han consumido drogas.
Cierran por grietas carril de puente de Santa Fe
Clausuran 72 horas esa vialidad inaugurada
hace 11 meses
Ni sorpresas ni imposiciones
en el PRI
Convocatoria, en la segunda semana
de septiembre
Pactan unidad Madrazo,
Gordillo y Montiel
Larga negociación; sigue el suspenso
sobre la fecha del relevo en la dirigencias nacional. Precampaña de 45
días y tope de $49 millones.
UCD, por legalizar 500 mil chocolates
Califican la medida de insuficiente
Sector agrario
Denuncia penal. (La Jornada de Oriente, p.web).
El visitador especial de la
Procuraduría Agraria, Roberto Sánchez Olguín y el delegado en Puebla,
aceptaron el viernes 19, mediante acuerdo firmado con la diputada federal
Myriam Arabian, consultar a la dirección Jurídica de la Procuraduría
Agraria sobre la posibilidad de denunciar penalmente a las personas que
acudieron a supuestas asambleas haciéndose pasar por ejidatarios, entre
quienes se encontraba el actual edil auxiliar, Víctor Campos Carpinteyro, a dos meses de los hechos violentos en San Francisco
Totimehuacán.
Ilegal, venta de terrenos a Liverpool: comuneros. (La Jornada de Morelos, Kathia Jasso, p.web).
Cuernavaca, Mor. Comuneros de Chapultepec se reunieron por segunda ocasión con autoridades
estatales, para llegar a una solución a su reclamo por la presunta venta
irregular de 160 mil metros cuadrados para la construcción de la tienda
departamental Liverpool, predio que según los quejosos les pertenecía
y que fue enajenado de manera ilegal por un comité de bienes comunales
que no benefició al resto de los dueños de la zona.
Roberto Zagal Domínguez, representante de los comuneros, informó
que el director de Gobierno, Rafael Martínez, los atenderá por segunda
ocasión y manifestó su desconfianza porque el asunto sea resuelto prontamente,
ya que al tratarse de la tienda departamental Liverpool, los intereses
particulares que median indican que serán desfavorables las audiencias
con las autoridades.
De acuerdo con el entrevistado, cuentan con documentos catastrales
y de la Procuraduría Agraria que demuestran que los terrenos fueron
vendidos de manera irregular y que el perjuicio económico es difícil de
calcular por las cantidades millonarias que habrá representado la transacción,
por lo que es indudable que de manera fraudulenta los terrenos se hayan
vendido a Liverpool por parte de mesas directivas de bienes comunales
anteriores que no beneficiaron a los pobladores de Chapultepec.
Por tanto, los comuneros insistirán en la revisión de la negociación
de compraventa de los miles de metros cuadrados que se destinaron para
la instalación de la departamental y el puente a desnivel de la avenida
Diana, con el fin de que se transparente un convenio de esta magnitud,
que de resultar ratificada la presunción de los comuneros, se estaría
ante un grave desfalco.
Por su parte, Miguel Ángel Armendáriz, presidente de bienes
comunales de Chapultepec, informó que su lucha
en contra de los inversionistas lleva más de 20 años, aunque reconoció
que los anteriores representantes comunales, “no nos ponían al tanto de
los casos, incluso se supo que recibieron dinero a cambio de su silencio”.
Dijo que serán los apoderados legales de los bienes comunales,
quienes negociarán con el propio gobierno y los empresarios, para evitar
que los comuneros paren la obra, que lleva un avance considerable de construcción
del millonario proyecto.
Finalmente, Ángel Armendáriz advirtió que agudizarían
su forma de presión en caso de que las autoridades estatales no quieran
reconocer sus derechos como legítimos propietarios de los predios.
Pese al impacto ecológico, la Federación impulsa
10 proyectos mineros en 3 estados. (La Jornada, Alfredo Valadez, p.web).
Yacimientos de Zacatecas, Aguascalientes y SLP, en la mira de empresas
extranjeras
Agiliza trámites, gestionan permisos y autoriza expropiar tierras en favor
de compañías
Zacatecas, Zac. 23 de agosto. A pesar
del daño ecológico que Minera Real de Angeles
ha ocasionado en varias hectáreas de comunidades de la entidad, la Secretaría
de Economía (SE) tiene contemplada en los próximos meses la apertura de
al menos una decena de proyectos mineros (con capitales principalmente
canadienses, estadunidenses e ingleses) en Zacatecas,
San Luis Potosí y Aguascalientes.
Jesús Mendoza, subdirector regional de Minas de la SE, informó
que en esta entidad la empresa canadiense Teck
Cominco pretende empezar la explotación de una
mina a tajo abierto en el municipio de Villa González Ortega.
Explicó que en el proyecto San Nicolás la veta sería cinco
veces mayor a la existente en Real de Ángeles, donde se explotarían yacimientos
de plata, plomo y zinc. Los trabajos se extenderían durante más de 20
años, pues se estiman yacimientos minerales superiores a 90 millones de
toneladas métricas.
El funcionario confirmó a La Jornada que otro proyecto
en Zacatecas está ubicado a sólo 14 kilómetros de la capital del estado,
donde la compañía Minera Orca, de capital inglés, quiere recuperar plata,
mercurio, plomo y oro que durante siglos se han acumulado en jales depositados
en la presa El Pedernalillo.
Los depósitos probados son de más 7 millones de toneladas métricas
que en alrededor de ocho años serían extraídas del lugar. Ejidatarios
y campesinos de la localidad La Zacatecana, aledaña a la presa, han externado
preocupación por la contaminación que esta actividad generará en el sitio.
En la misma ciudad de Zacatecas ha sido cuestionado el manejo ambiental
que en este proyecto se va a dar a los jales, pues si es inadecuado arrastraría
estos sedimentos a la zona urbana.
Por lo menos una decena más de iniciativas están por iniciar
operaciones en Zacatecas, San Luis Potosí -concretamente el proyecto de
Minera San Xavier- y Aguascalientes, confirmó el responsable de la SE
para el sector minero en estas entidades. Todas las empresas ya tienen
los respectivos permisos de exploración y explotación.
El apoyo que estos proyectos han recibido de
los gobiernos federal y estatales ha sido fundamental para la operación.
Tal es el caso de la Minera Real de Ángeles, la cual ocupa terrenos pertenecientes
a tres ejidos de los municipios de Noria de los Ángeles y La Honda. En
1979 el gobierno estatal autorizó la expropiación de poco más de 400 hectáreas
para trabajos de la compañía, así como otras 456 del ejido Álvaro Obregón
de la primera localidad que son ocupadas "temporalmente".
Para beneficiarse de esas expropiaciones, la compañía utilizó
de intermediario al entonces Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), con el argumento de que se trataba de un proyecto
de "utilidad pública".
Banobras pidió formalmente a la Secretaría
de la Reforma Agraria realizar las expropiaciones correspondientes
en favor del banco; "nos autorizó transmitir las tierras" a
la compañía minera que originó la solicitud, según consta en el documento
Minera Real de Ángeles (1982-1989).
El informe citado agrega: "las autoridades han estado
siempre dispuestas a otorgar las concesiones necesarias y a interponer
su influencia para agilizar trámites burocráticos, gestionar permisos,
negociar exenciones y promover adquisiciones".
Un ejemplo ocurrió en 1978, cuando el entonces gobernador Fernando
Pámanes intervino directamente ante el entonces
presidente de la República Luis Echeverría Álvarez para que la minera
fuera apoyada con exenciones fiscales.
El 20 de julio de 1989, el presidente José López Portillo inauguró
oficialmente la Minera Real de Ángeles, que se estimaba trabajaría 20
años, explotando un yacimiento de plata con reservas probadas de 58.8
millones de toneladas métricas de metales.
Advierten sobre el riesgo de adquirir lotes irregulares. (Cambio de Michoacán, Gema
Reyes, p.web).
Un total de 312 asentamientos irregulares
se tienen identificados en Morelia, de los cuales 231 se ubican en suelo
ejidal y 81 en propiedad particular. De esta suma, 168 no pueden ser habitables,
como San Antonio Parangarí, que es una zona
ecológica; La Mintzita, los Itzícuaros
y Torreón Nuevo, que son zonas inundables, por
lo que el Ayuntamiento inició un programa para informar a la población
interesada en adquirir un lote en estos lugares y de esta manera evitar
que más familias se expongan a riesgos, explicó José Luis Marín Soto,
secretario municipal.
La mayoría de estos asentamientos se
localizan principalmente en la zona conurbada
de la ciudad y la existencia de los mismos es un problema multifactorial;
entre los factores negativos sobresalen la migración del campo a la ciudad,
la necesidad de vivienda a bajo costo, la posibilidad de crear un patrimonio
y la especulación.
Durante la pasada administración municipal,
por acuerdo de Cabildo, se presentó una iniciativa de ley que permitió
reformar el Código Penal, tipificando como delito la venta no autorizada
de lotes.
Marín Soto aseveró: «Del total de 312
asentamientos irregulares que se tienen registrados, sólo 144 pueden regularizarse;
de éstos, 98 se encuentran instalados en ejidos, 46 en propiedad particular
y 168 presentan algún impedimento para establecer asentamientos humanos,
ya que puede ser que el área no sea apta para uso habitacional, existan
fallas geológicas, la zona es inundable, se
encuentra bajo líneas de alta tensión o sobre ductos
de Pemex. «Lo que pretendemos es que durante
la presente administración no se sigan estableciendo este tipo de asentamientos,
por lo que no se autorizará inversión de obra pública en estos lugares
hasta que se incorporen al programa de regularización. «Se están integrando
expedientes en los cuales se han detectado a los vendedores irregulares
con el objeto de aplicar sanciones que establece la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, en su artículo 292, así como el Código Penal».
Por su parte, Sergio Ruiz Becerra,
secretario de Urbanismo, explicó: «No se puede precisar si han proliferado
los asentamientos irregulares, pero en la mayoría de los casos la ocupación
es mínima no llega ni a quince por ciento, por lo tanto pueden aparecer
nuevos asentamientos pero que fueron vendidos tiempo atrás. En los últimos
cinco años se regularizaron 73 asentamientos, 51 en suelo ejidal y 25
en particular».
El proceso
Ruiz Becerra, destacó que este proceso
depende de la naturaleza jurídica de las tierras, es decir si una propiedad
particular, aún cuando su origen es ejidal se sujetan a las disposiciones
contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del estado. «El proceso de regularización
consta de tres pasos: uno es el dictamen de uso de suelo; el segundo,
el visto bueno de notificación, y tres la autorización definitiva del
fraccionador para que garantice los servicios que tendrá el
lugar por medio de una fianza, como la donación de áreas verdes.
«En lo que respecta a tierras ejidales,
es importante identificar el tipo de tierra, que no es lo mismo que el
uso de suelo, ya que es importante conocer si se trata de un área de asentamiento
humano o reserva de crecimiento humano ejidal, en estos casos de deben
considerar las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y su reglamento,
así como la Ley General de Asentamientos Humanos; en este procedimiento
interviene el municipio, además de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, quien expide
los títulos de propiedad una vez revisado y aprobado el visto bueno al
plano del proyecto de notificación de vialidad».
El programa
El programa se dividirá en dos etapas:
la primera consiste en evitar que se siga dando este tipo de asentamientos,
por lo que se informará a la población qué zonas son en las que no deben
adquirir terrenos, que no se pueden regularizar.
La segunda etapa consta de levantar
un padrón para conocer cuántas son las familias que habitan en este tipo
de lugares, cuáles se pueden regularizar y, en los casos donde nos sea
posible, se buscarán acuerdos con gobierno del estado para la compra de
posibles reservas territoriales.
Compra JMAS 119 has. a
nombre del titular. (El Diario (Chihuahua),
Ramón Chaparro, p.web).
Dice funcionario que fue por impedimento legal, luego traspasará la propiedad
a la descentralizada
La Procuraduría Agraria entregó
ayer a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) los certificados
de posesión de 73 parcelas que le vendió el Ejido Nuevo Cuauhtémoc, como
parte del derecho de vía de la batería de pozos para el proyecto hidráulico
Conejos-Médanos, informó Mario Boisselier Perea,
presidente de la descentralizada.
A su vez, la JMAS hizo efectivo el
pago de 12.5 millones de pesos a los ejidatarios, en una reunión que sostuvieron
ayer con los representantes del Ejido Nuevo Cuauhtémoc, indicó Boisselier Perea.
El funcionario comentó que los documentos
entregados certifican como propietario de 119 hectáreas a Mario Boisselier Perea, es decir, a él, pero una vez que se registren
quedarán a nombre de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Explicó que la ley impide que los ejidos
vendan predios a dependencias de gobierno, por lo que se tuvo que hacer
una estrategia administrativa que lo llevó a convertirse en ejidatario
para poder acceder a esos terrenos en donde se construirá el complejo
Conejos-Médanos que surtirá de agua a la ciudad.
Puntualizó que existe un convenio con
la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) para que una vez que se
entreguen los títulos, la propiedad quede a nombre de la JMAS y no al
de una persona física.
Para el presidente del organismo, con
la validación de esta transacción se garantiza el abasto de agua de mil
metros cúbicos por segundo para Ciudad Juárez.
Derivado de la entrega de los certificados
de posesión, se iniciarán las licitaciones de obras para comenzar con
los trabajos de la primera etapa de este proyecto, indicó.
Boisselier informó que los títulos que acreditan
a la JMAS como propietaria de las parcelas se los hicieron llegar el pasado
lunes por lo que se pretende inscribirlos ante el Registro Nacional Agrario
en los próximos días.
Explicó que con los certificados parcelarios
el ejidatario Mario Boisselier puede obtener
el título agrario y con éste se puede enajenar el terreno a nombre de
la JMAS; una vez concluido el trámite, la Junta puede inscribirlo ante
el Registro Público de la Propiedad.
Previamente, 17 ejidatarios demandaron
ante el Tribunal Unitario Agrario a la JMAS, solicitando la nulidad del
contrato que el comisariado ejidal hizo con
la descentralizada, pero ésta dio por finiquitada la operación con el
pago de los 12.5 millones de pesos.
De acuerdo con los agricultores, el
pago que les hicieron se convirtió en una lesión a su economía en virtud
de que el precio no concuerda con la realidad.
El abogado David Gómez Salazar, representante
legal de los 17 ejidatarios, indicó que sus clientes están inconformes
por el precio en que se cotizaron las tierras.
Adicionalmente, la inconformidad se
da porque se designó ejidatario al presidente del organismo, Mario Boisselier Perea, para que la propiedad donde se construirá
el acueducto aparezca a su nombre.
“Los ejidatarios piden la nulidad del convenio
por el precio tan absurdo en el que se manejó y que el tribunal revise
si hay legalidad en la operación que adjudica las tierras a Boisselier
en vez de a la JMAS”, dijo.
En lo que respecta al precio de las
tierras los ejidatarios señalan en la demanda que “es irrisorio” porque
el valor por metro cuadrado fue pagado a la mitad de su monto real.
“Afirmación fácil de comprobar dado que por los
terrenos del señor Eloy S. Vallina, distantes
y en una posición geográfica de menor plusvalía, el Gobierno del Estado
en la administración concluida del señor Patricio Martínez García, pagó
más del doble de ese precio valor”, establece el documento.
La administración estatal pasada pagó
en septiembre del 2004 al empresario Eloy Vallina
Lagüera a 25.50 pesos el metro cuadrado de tierra,
mientras que la JMAS –descentralizada del Gobierno del Estado– pagó este
año el metro cuadrado a 10.5 pesos.
Boisselier Perea aseguró que el mecanismo para
la adquisición de esos terrenos es legal y que tienen garantizada la posterior
enajenación a nombre de la Junta para que pasen a formar parte de su patrimonio.
El procedimiento legal fue avalado
por abogados y la Procuraduría Agraria, pero no por algunos ejidatarios
que se manifestaron inconformes con el convenio y hasta por el precio
que se les pagó por la superficie.
A propósito. (Ecos de la
Costa, p.web).
Ecos de la Costa / 24-08-2005
En su columna A PROPÓSITO…, aparecida
en Diario de Colima de este martes 23 de agosto, el ex gobernador Fernando
Moreno se pregunta:
“¿Por qué ataca El Ecos de la Costa
al senador Héctor Michel Camarena si aún no
se integra al gabinete de Silverio Cavazos,
ni tampoco ha decidido encabezar la campaña de Roberto Madrazo en Colima?
¿Lo hacen porque es mi amigo… o porque es amigo del gobernador? Sean cuales
sean sus razones, el ataque a mi amigo es injusto”.
Es claro que el ex mandatario se refiere
a las declaraciones del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto José Hershberger Reyes, quien llamó por teléfono al director
de Ecos de la Costa, René González Chávez, para desmentir que en el estado
de Colima existan conflictos agrarios, “como insistentemente lo ha reiterado
en sus columnas el ex mandatario estatal Fernando Moreno Peña”.
Según la nota publicada en nuestra
edición del lunes 22 de agosto, el funcionario federal se dijo extrañado
de que tales afirmaciones las haga “uno de los personajes principales
de aquella reunión de octubre de 2003, cuando junto con el secretario
de la Reforma Agraria y el senador Héctor Michel
Camarena, el entonces gobernador Moreno Peña acordara levantar bandera
blanca en Colima”.
En palabras del subsecretario, “fue
el ex mandatario quien con ese propósito convino invitar al presidente
de la República, Vicente Fox Quesada, a que
hiciera el anuncio oficial”.
Dar voz a Hershberger
Reyes no coloca a nuestra casa editorial como aliado del funcionario federal
ni como enemigo del licenciado Moreno o del senador Michel
Camarena. Simplemente cumplimos con nuestra función de contribuir al debate
social. Por lo demás, las declaraciones de un subsecretario de Estado
a propósito de lo afirmado por uno de los principales actores políticos
de la entidad, es una importante noticia.
Con el mismo espíritu, en la edición
del martes 23 de agosto, aparecieron en el mismo espacio de la primera
plana y con la misma jerarquía informativa las declaraciones de Héctor
Michel Camarena.
Él insistió en que, en Colima, “hay
cuatro asuntos agrarios que por las dimensiones de la afectación a los
pequeños propietarios y la aplicación de los criterios de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), se han convertido en problemas de dimensión
social por las repercusiones que conllevan”.
Para Héctor Michel,
las opiniones de sus detractores en la dependencia federal revelan cuánto
“les duele que sea un legislador del PRI el que se les enfrente abiertamente
para resolver los problemas que afectan a los colimenses”.
Estamos, sin lugar a dudas, frente
a una polémica que involucra a un senador del PRI y a un subsecretario
del gabinete federal panista. Una polémica a
la que se han sumado, por alusiones personales, el abogado que lleva algunos
de esos asuntos agrarios y, ahora, el ex mandatario estatal Fernando Moreno.
Ofrecer a nuestros lectores los diversos
puntos de vista sobre la problemática agraria en Colima, así como de todos
los asuntos públicos, es nuestra responsabilidad. No aspiramos, como otros
medios, a influir en la resolución de los problemas más allá de lo que
supone mejorar la comprensión que de los temas de interés general tiene
la ciudadanía y quienes toman las decisiones. Buscamos generar opinión
pública, no hacer presión política.
Nos rehusamos a participar en especulaciones
sobre la futura composición del gabinete de Silverio Cavazos. Pero quisiéramos dejar en claro que en ningún momento
Ecos de la Costa ha atacado en su espacio editorial, que es la voz del
periódico, al senador Michel Camarena.
Al contrario, en cuanta visita ha realizado
el legislador a nuestra casa editorial, sus palabras aparecieron en un
lugar muy destacado y de hecho, en más de una ocasión, a ocho columnas.
Como medio de comunicación, difundimos su lucha por hacer que el presidente
Fox respetara la Ley Cañera. Y como espacio de opinión, coincidimos
en muchos de sus planteamientos.
Presuntamente ilegal, la venta de tierras ejidales
en El Tamarindillo. (La Jornada, Roberto Garduño,
p.web).
Cosme Mares, supuesto prestanombres de Fox,
incurrió en diversas irregularidades
Casi listo, el expediente legislativo sobre el caso; será presentado el
próximo martes
El expediente con pruebas que acreditan la vinculación entre
la familia Fox Sahagún
y su presunto prestanombres, Cosme Mares, está casi listo y será presentado
públicamente el próximo martes, informó ayer la presidenta de la comisión
especial de la Cámara de Diputados que investiga la venta de terrenos
ejidales en la bahía de El Tamarindillo, Michoacán, Ana Lilia Guillén.
La legisladora perredista adelantó
que del documento se desprende la probable comisión de actuaciones ilegales
constitutivas de delito y acciones "que sorprenderán a más de uno"
por la forma en que fueron cometidas. "El informe es lo más completo
posible y lo tendrá no sólo la prensa, sino la ciudadanía, con los elementos
de juicio para dictaminar si hay o no abuso de poder. Hay irregularidades:
la forma en que se llevó a cabo el proceso y las amenazas que recibieron
algunas personas me dan la pauta para decir que sí puede darse ese abuso
de poder", declaró.
Ayer, durante la comparecencia del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, quien
defendió al presidente Vicente Fox y a su esposa,
Marta Sahagún, la diputada dijo que si bien
hay una laguna jurídica que impediría sancionar al presidente Vicente
Fox por la compra (mediante un intermediario) de más de 290
hectáreas en el municipio de Coahuayana, la
Cámara hará la denuncia pública que permita evitar "este tipo de
prácticas de manera tan cotidiana".
-¿Con qué nos van a sorprender? -se le preguntó más tarde en
entrevista.
-En este país nada debiera sorprendernos, pero para quienes
pensaron que la "gente decente" en la política era la del PAN,
sí habrá sorpresas.
Adelantó que en la presentación del informe participarán campesinos
de El Tamarindillo, que aportarán información, y solicitó que se les otorgue
credibilidad, se les escuche con respeto y que sus testimonios sean asumidos
con seriedad.
Por su parte, el titular de la Reforma Agraria reconoció que
la Procuraduría Agraria asesoró a los compradores de los terrenos
y a los ejidatarios que los acompañaron en la operación, porque esa es
"la instancia para estos fines" de compraventa de terrenos ejidales.
Además, sostuvo que "de las supuestas irregularidades
cometidas no se ha dado ninguna prueba" y manifestó que el único
"hecho es que no hay ninguna prueba que demuestre el interés de la
familia presidencial (sic)" en adquirir terrenos de propiedad ejidal
en Coahuayana.
A pesar de que la diputada Guillén planteó que tanto Salazar
Adame como la Procuraduría Agraria han ocultado
durante más de seis meses las pruebas documentales de la operación irregular,
el titular de la Reforma Agraria señaló que se ha respondido a toda solicitud
de información y dijo que se entregará a los diputados una copia íntegra
del expediente en poder de la procuraduría.
El funcionario primero alegó que la procuraduría "tiene
como misión proteger los intereses de los ejidatarios, como ha ocurrido
en El Tamarindillo", pero enseguida defendió la legalidad de la supuesta
asamblea en la cual se autorizó la venta de los terrenos a Cosme Mares.
"Se han respetado -dijo- sus decisiones y que éstas se encaucen dentro
de los procedimientos legales"
Deslinda la SRA a Vicente Fox
de El Tamarindillo. (El Universal, Jorge Teherán,
p.web)
Wornat hace
acusaciones ante diputados contra familia Fox-Sahagún; no da pruebas
El secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, afirmó
que en el caso El Tamarindillo no existe ninguna irregularidad que involucre
al presidente Vicente Fox.
Al comparecer ante la Comisión
de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que
el mandatario "jamás nos ha dado indicación para que se pudieran
favorecer esos hipotéticos intereses de él".
Mientras tanto, la comisión que
investiga los contratos de prestación de servicios dados a empresas ligadas
a los hijos se Marta Sahagún, recibió a la periodista
Olga Wornat que hizo acusaciones contra la familia
Fox-Sahagún, pero no presentó pruebas,
pues dijo que éstas no le fueron solicitadas por los diputados.
Sin embargo, sostuvo que todos
los documentos con los que cuenta podrán ser puestos a disposición de
la comisión especial, la cual ya se los solicitó; sólo basta que Wornat los traiga al país, pues los tiene en otro sitio, para
mayor seguridad.
Durante su intervención, Wornat insistió en las acusaciones en contra de la familia
Bribiesca-Sahagún, pero también
dijo que podrían estar implicados en actividades ilegales funcionarios
de Pemex como su director, Luis Ramírez Corzo, y el director
general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio;
además del ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos,
"quien renunció de manera sospechosa por la operación de su mujer".
De las acusaciones, a pesar de
haber sido interrogada por los legisladores sobre sus fuentes, Wornat dijo no contar en ese momento con ninguna prueba, y
aunque reconoció haber escuchado que los hermanos de Fox
también están implicados en el tráfico de influencias, dijo no contar
con elementos para probarlo.
En la reunión participaron las
reporteras Anabel Hernández y Arelí
Quintero, autoras del libro La Pareja Presidencial, quienes dijeron
que en su libro se refirieron al acelerado enriquecimiento de Manuel Bribiesca, uno de los hijos de Marta Sahagún,
quien pasó de recolector de basura en las ciudades de León y Celaya, en
Guanajuato, a un próspero empresario.
Mientras tanto, el secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y el procurador Agrario, Isaías
Rivera, afirmaron que Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass
adquirieron de manera legal la bahía El Tamarindillo, en Michoacán, y
rechazaron cualquier vínculo de la familia del presidente Vicente Fox con esa operación.
Ambos funcionarios se reunieron
durante dos horas con diputados de la subcomisión especial que investiga
esa operación de tierras y de la Comisión de la Reforma Agraria.
Florencio Salazar mostró documentos
en los que se establece que Mares Hernández y Hernández Hass tramitaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito
38, en el estado de Colima, los procedimientos en los que se reconocieron
sus derechos como ejidatarios.
Dijo que El Tamarindillo se ubica
en la zona parcelada, no en las tierras de uso común, y por eso se decidió
asignarlo a diversos ejidatarios del núcleo, entre los que se encuentran
Mares y Hass, ajustándose a los artículos 56,
57 y 62 de la Ley Agraria.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz
(PRD) consideró que sí hay irregularidades y abuso de poder en la compra-venta
de esos terrenos, por la forma como se llevó a cabo el proceso, y dijo
que los ejidatarios recibieron amenazas para que vendieran.
Informó que la subcomisión especial
entregará en ocho días un informe a la Cámara de Diputados con los documentos
que prueban las irregularidades.
Listas las pruebas de ilícitos de Fox. (Por Esto!, p.web)
MEXICO, D.F.,
23 de agosto.- El expediente con pruebas que acreditan la vinculación
entre la familia Fox Sahagún
y su presunto prestanombres Cosme Mares, está por concluir y será presentado
públicamente el próximo martes, informó hoy la presidenta de la Comisión
Especial de la Cámara de Diputados que investiga la venta de terrenos
ejidales en la bahía de El Tamarindillo, Michoacán, Ana Lilia Guillén.
La legisladora del PRD adelantó que
del documento se desprende la probable comisión de actividades ilegales,
constitutivas de delito y acciones “que sorprenderán a más de uno” por
la forma en que fueron cometidas.
“El informe es lo más completo posible, lo más
verídico y lo tendrá no sólo la prensa, sino la ciudadanía, con los elementos
de juicio para dictaminar si hay o no abuso de poder. Hay irregularidades:
la forma en que se llevó a cabo el proceso, las amenazas que recibieron
algunas personas, me dan la pauta de que sí puede darse este abuso de
poder”, declaró.
Hoy, durante la comparecencia del secretario
de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, quien defendió al presidente
Vicente Fox y a su esposa Marta Sahagún, la diputada dijo que si bien hay una laguna jurídica
que impediría aplicar una sanción al presidente Vicente Fox por la compra, a través de un intermediario, de más de
290 hectáreas en la Coaguayana, la Cámara hará
la denuncia pública que permita evitar “este tipo de prácticas de manera
tan cotidiana”.
—¿Y con qué nos van a sorprender? -se
le preguntó más tarde, en entrevista.
—En este país nada debiera sorprendernos,
pero para quienes pensaron que “la gente decente en la política era la
del PAN”, sí nos darán este tipo de sorpresas.
Adelantó que en la presentación del
informe participarán campesinos de El Tamarindillo que aportarán información
y solicitó que se les otorgue toda la credibilidad, se les escuche con
respeto y sus testimonios sean asumidos con seriedad.
Por su parte, el titular de la Reforma
Agraria reconoció que la Procuraduría Agraria asesoró a los compradores
de los terrenos y a los ejidatarios que los acompañaron en la operación,
porque esa es “la instancia para estos fines” de compra-venta de terrenos
ejidales.
Además, adujo que “de las supuestas
irregularidades cometidas no se ha dado ninguna prueba” y sostuvo que
el único “hecho es que no hay ninguna prueba que demuestre el interés
de la familia presidencial (sic)” en adquirir terrenos de propiedad ejidal
en la Coguayana.
A pesar de que la diputada Guillén
cuestionó durante la comparecencia que tanto Salazar Adame
como la Procuraduría Agraria han ocultado, durante más de seis
meses, las pruebas documentales de la operación irregular, el titular
de la Reforma Agraria señaló que se han respondido a toda solicitud de
información y dijo que se entregará a los diputados una copia íntegra
del expediente en poder de la Procuraduría.
También el funcionario primero alegó
que la Procuraduría “tiene como misión proteger los intereses de los ejidatarios,
como ha ocurrido en El Tamarindillo”, pero enseguida defendió la supuesta
asamblea donde se autorizó la venta de los terrenos a Cosme Mares. “Se
han respetado -dijo- sus decisiones y que éstas se encaucen dentro de
los procedimientos legales”.
Deslindan a Fox de la
compra de Bahía Tamarindillo. (Noticieros Televisa, Juan
Sebastián, p.web).
Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria.
Foto: Noticieros Televisa
Afirma la SRA que Fox no estuvo
involucrado en la compra de Bahía Tamarindillo, asegura que la operación
se realizó conforme a la ley.
CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 23,
2005.- Autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y diputados se reunieron para intercambiar información sobre la presunta
operación de compra venta de terrenos en la Bahía El Tamarindillo, Ejido
el Ticuiz, Municipio de Coahuyana,
Michoacán.
Los diputados investigan lo publicado
por la revista Proceso en sus números 1470 y 1471 en donde se presume
que el presidente Vicente Fox y su esposa, utilizaron
como prestanombres a los empresarios Cosme Mares y Rubén Hernández Hass para comprar las 265 hectáreas de esa bahía.
Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, dio al terminar la
reunión, el fallo que tiene de este asunto la Secretaria que preside.
“Ninguna irregularidad porque en ningún
momento el Presidente de la República ha tenido interés económico en esa
zona, jamás nos ha dado indicación para que se pudieran favorecer sus
hipotéticos intereses de él y creo que acabo de demostrar que estamos
actuando con transparencia”, dijo el titular de la SRA.
Se le preguntó si se ha presentado
pruebas que acrediten las presuntas irregularidades denunciadas.
“No se ha dado ninguna prueba, hay
argumentos, hay planteamientos, hay quienes han hecho sus opiniones que
son respetables pero pruebas no hay ninguna”, agregó el secretario.
Durante la sesión con los diputados
informó que el 20 de julio del 2003, en asamblea ejidal, los señores Cosme
Mares y Rubén Hernández Hass obtuvieron legalmente
sus derechos ejidales.
Aclaró que posteriormente no hubo una
compra-venta de los terrenos ejidales, sino una asignación parcelaria
a cambio de una contraprestación económica, que presuntamente ascendió
a 25 millones de pesos.
La diputada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Ana Lilia Guillén, aseguró que las irregularidades
empezaron con esa Asamblea en donde los señores Mares y Hernández Hass
adquirieron sus derechos ejidales.
Ana Lilia Guillén, diputada del PRD,
dijo que “esa asamblea jamás se celebró en el Ticuiz,
si existe esa acta del 20 de julio debe ser una acta apócrifa”.
El procurador agrario, Isaías Rivera,
rechazó que la Reforma Agraria haya cedido a presiones de Los Pinos.
“Es categórica nuestra respuesta de que en ningún
momento ha tenido una participación el ciudadano Presidente de la República
o algún familiar vinculado con él, ni mucho menos desde luego que haya
habido alguna instrucción específica para una intervención en este sentido,
absolutamente falso”, explicó Isaías Rivera.
En entrevista, se le preguntó a la
diputada del PRD, Ana Lilia Guillén, porque no dio a conocer las pruebas
que anunció presentaría en esta reunión de trabajo.
“Hay irregularidades, la forma en que se llevó
a cabo el proceso, las amenazas que recibieron las personas que en este
momento no les puedo precisar hasta el día que presentemos el informe,
me dan la pauta de que sí pudiera estarse dando este abuso de poder",
dijo la diputada perredista.
Dijo que de comprobarse las irregularidades
procederán judicialmente para exigir la nulidad de la adquisición de la
Bahía el Tamarindillo.
La próxima semana se entregará el informe
de la Comisión.
Niega Salazar irregularidades en la bahía de "El
Tamarindillo". (El Sol de México, Gabriel
Xantomila, p.web).
El secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, afirmó que no existe
ninguna irregularidad en la compra de los terrenos ubicados en la bahía
"El Tamarindillo", en Michoacán. Y aseguró que no se encubre
a nadie.
La perredista
Ana Lilia Guillén Quiroz calificó la venta de las más de 269 hectáreas
de tierras ejidales como un "abuso de poder”, por las cuales se pagaron
alrededor de 25 millones de pesos.
Entrevistado luego de su reunión con
los diputados que integran la Comisión de la Reforma Agraria, Salazar
Adame destacó que "jamás el Presidente nos ha dado indicación
para que se pudieran favorecer esos hipotéticos intereses de él; creo
que ha quedado demostrado que estamos actuando con transparencia.
"Si alguien tuviese alguna inconformidad
están las vías jurisdiccionales para que las expresen y en cuanto a las
instituciones agrarias, nos apegamos a la ley. “Salazar Adame destacó que de las supuestas irregularidades cometidas
no se ha dado ninguna prueba. "Hay argumentos, hay planteamientos,
hay quienes expresan sus opiniones, que son respetables, pero pruebas
no ha habido ninguna”, aseguró.
Explicó que entiende el interés de
los diputados de que se esclarezca cualquier hecho que sea de interés
público; qué bueno que este tipo de subcomisiones se integren porque es
la mejor manera de acreditar que el Gobierno de la República y el presidente
Fox actúan dentro del marco de la ley, dijo. Además, comentó,
que el proceso se ha ajustado a la ley. "La Procuraduría Agraria
tiene como misión proteger los intereses de los ejidatarios, como ha ocurrido
en El Tamarindillo”.
"El hecho es que no hay ninguna
prueba que demuestre el interés de la familia presidencial; venimos aquí
a escuchar y atender el diálogo con los diputados”. El titular de la SRA,
acompañado por el procurador agrario, Isaías Rivera, dijo que han
sido entregadas las pruebas documentales solicitadas, una copia íntegra
del expediente y si hay alguna duda están dispuestos a aclararla, "pero
nos queda la satisfacción de decir que estamos cumplimiento con nuestro
deber conforme a la ley”.
En su intervención con los legisladores,
Florencio Salazar aclaró, de los supuestos prestanombres, que los señores
Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass,
el 20 de julio de 2003 les fueron reconocidos derechos ejidatarios. Además,
añadió, del reconocimiento otorgado por el órgano máximo del ejido, Cosme
Mares y Rubén Hernández, tramitaron procedimientos de jurisdicción voluntaria
ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en Colima,
obteniendo sentencia el 27 de octubre de 2003, en la que se les reconoció
el carácter de ejidatarios del núcleo. La Asamblea no fue impugnada, por
lo que adquirió firmeza jurídica, dijo el funcionario.
En conclusión, manifestó Salazar Adame, en lo que respecta al procedimiento agrario de reconocimiento
de la calidad de ejidatarios de las personas mencionadas y a la asignación
de parcelas en su favor, este obedeció a una decisión soberana de la asamblea,
en términos de lo previsto por la ley, que fue examinada por el Tribunal
Agrario y concluida legalmente.
ABUSO DE PODER: PRD.
La diputada del PRD, Ana Lilia Guillén
Quiroz destacó que por las más 269 hectáreas de tierras ejidales se pagaron
alrededor de 25 millones de pesos, lo cual representa un "abuso de
poder”.
Explicó que las investigaciones llevan
más de seis meses en lo que son las tierras ejidales de bahía El Tamarindillo."Hay
irregularidades por la forma en que se llevó el proceso; y las amenazas
que recibieron algunas personas´´.Y adelantó
en que en ocho días entregará un informe completo de la investigación
que realizan los diputados. Lo vamos a presentar en la Cámara de manera
institucional, además de que se buscará hablar con los supuestos prestanombres,
Cosme Mares y Rubén Hernández, de los cuales no se conoce su paradero,
dijo la perredista.
Reiteró que son más de 269 hectáreas
por las cuales se pagaron alrededor de 25 millones de pesos.
Defiende la SRA compra de ejidos en Michoacán. (Excélsior, Román González, p.web).
El secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame defendió al Presidente
Fox ante la comisión legisladora sobre la compra
de terrenos en el ejido El Ticuiz en Michoacán,
donde presuntamente prestanombres de la familia Fox
adquirieron parcelas a precios preferenciales.
El funcionario insistió que los señores
Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass
–presuntos prestanombres de la familia Fox–
fueron reconocidos en sus derechos de ejidatarios en una asamblea y se
les reconoció el carácter de ejidatarios.
El titular de la reforma agraria dijo
que los juicios agrarios promovidos ante el Tribunal Unitario Agrario
del distrito 38 con sede en Colima, por seis ejidatarios que argumentaron
que no se habían respetado sus derechos con dicha asignacion.
Ambos juicios fueron resueltos mendiante sentencia del 15 de abril del año en curso que elevó
a carácter de cosa juzgada el convenio celebrado el 10 de agosto del 2004.
Por lo anterior, dijo, se confirmó
la asignacion de las parcelas, poniendo fin
a la controversia.
El funcionario federal dijo que en
conclusión, en lo que respecta al procedimiento agrario de reconocimiento
de la calidad de ejidatario de las personas mencionadas y a la asignacion
de parcelas en su favor fue concluido legalmente.
Los legisladores insistieron en la
ilegalidad que existe en esa operación para favorecer a la familia Fox, ya que el precio por metro cuadrado fue de 9.4 pesos
y presuntamente los beneficiarios no son ejidatarios de la región.
Las autoridades de la Secretaría de
la Reforma Agraria a su vez insistieron en la parte que toca y le corresponde
a la reforma agraria no hay ningún procedimiento de ilegalidad.
Familia Bribiesca incurrió
en tráfico de influencias y fraude: periodistas. (La Crisis, Óscar Gilberto Valdez, p.web).
Diputados investigan
caso
Ante la comisión especial de la Cámara
de Diputados que investiga a los hijos de Marta Sahagún
de Fox, los periodistas Olga Wornat,
Miguel Badillo, Anabel Hernández y Arelí Quintero, presentaron pruebas que ratifican que la familia
Bribiesca incurrió en el tráfico de influencias,
fraude y enriquecimiento ilícito, hecho que podría llevar al presidente
Vicente Fox a un juicio penal.
Las autoras del libro La pareja presidencial,
dieron a conocer que recientemente un juez sentenció a Manuel Bribiesca Sahagún a pagar cien millones
de pesos al empresario Marcelo Palestra Lemus por un presunto fraude en
su contra.
De comprobarse las acusaciones que
serán llevadas al Pleno para investigar a los hijos de Marta, a Marta
y al propio Fox, este caso tendrá un fin insospechado.
Sin duda al presidente Vicente le ha
tocado inaugurar muchos eventos vinculados a la democracia y ahora hasta
acusaciones y juicios penales.
La reportera Anabel
Hernández dijo que cuentan con documentos que vinculan a Manuel Bribiesca con la empresa Construcciones Prácticas, a pesar
de que el hijo de la esposa del presidente Fox
no aparece en el acta constitutiva.
Entorno a la fortuna que amasó la familia
Bribiesca en tan sólo un año, Anabel Hernández dijo que resulta inexplicable que Manuel
Bribiesca Sahagún prácticamente
se dedicaba a la "pepena de basura" para reciclarla en la elaboración
de mangueras de plástico que posteriormente vendía.
Además denunció que el secretario de
Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, es uno de los potenciales
compradores de conjuntos residenciales en León, Guanajuato, edificados
por la empresa Construcciones Prácticas.
Asimismo, Anabel
Hernández propuso a los diputados abrir una línea de investigación en
contra de Manuel Bribiesca por sus presuntos
vínculos con el narcotraficante Guillermo González Calderoni.
Las reporteras autoras del libro La
familia presidencial, revelaron que el material con el que se construye
el rancho secreto de la pareja presidencial, es desviado de las empresas
de los hijos de Marta Sahagún de Fox.
En tanto que la argentina Olga Wornat dijo que tiene muchas pruebas del enriquecimiento ilícito
de los hijos de Marta Sahagún, pero se negó
a entregar a la comisión investigadora los documentos y testimonios, bajo
el argumento de que enfrenta un juicio por daño moral.
En el encuentro estuvo presente la
diputada perredista Martha Lucía Camarena, presidenta
de la comisión investigadora integrada de 12 legisladores. Camarena comentó
que tenía un aprecio personal por el propio Fox,
lo consideraba un buen hombre, y se siente dolida y afectada por los descubrimientos,
es un enriquecimiento muy rápido.
Los diputados Federico Döring, Patricia Garduño y Sergio Vázquez, coincidieron en
que debe llegar hasta las últimas consecuencias porque el abuso de poder
es tan contundente que debería ser analizado e investigado por la Cámara
de Diputados.
Uno de los acuerdos no es sólo ampliar
la investigación sino llegar a una investigación in situ, es decir, llegar
al lugar de los hechos, en este rancho que es un vergel en medio de un
páramo; van a tratar de indagar a cuánto llegan los precios, la Bahía
del Tamarindillo, es una decisión más que nada política.
Además, los legisladores perredistas Beatriz Mojica Morga
y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presentaron
ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio
político contra el gobernador del estado de Yucatán, Patricio Patrón Laviada
(PAN), por tráfico de influencias.
En declaraciones a la prensa, el diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández dijo que el
gobernador de esa entidad adquirió más de seis mil hectáreas en municipios
aledaños a Mérida, donde tiene previsto construir el nuevo aeropuerto
en esa ciudad.
Sólo el 30% de avance en resolución de conflictos
agrarios en Michoacán. (Mi Morelia. Com, Bruno Montana, p.web)
De acuerdo a un documento de la Secretaría de la Reforma Agraria, publicado
en su página electrónica, los conflictos en la Meseta Purépecha por la posesión de la tierra registran un avance
del 30 por ciento y coloca a esta región como una de las más rezagadas
en resolución de problemas, sólo comparado con estados como Chiapas, Oaxaca
y Sonora.
De acuerdo al documento, el conflicto
agrario en la región tiene 60 años e involucra a 25 mil 268 personas de
17 municipios por una superficie de 22 mil 500 hectáreas, lo que ha dejado
un saldo de 122 enfrentamientos con más de mil heridos y 300 muertos,
colocando así a Michoacán como el estado más violento en la materia a
nivel nacional.
Pero además, la región es a nivel nacional
la segunda que involucra al mayor número de actores (25 mil 268), únicamente
detrás de Sonora, con la tribu Yaqui contra ejidos y posesionarios, que dan un total de 40 mil 600 actores.
Incluso Roberto Hernández, sacerdote
de Capacuaro denunció que en los últimos dos
meses, en la Meseta Purépecha se han registrado
13 asesinatos contra comuneros del lugar, por lo que advirtió que de no
atenderse la problemática de manera adecuada y frontal por parte de las
autoridades estatales y federales, el número de víctimas seguirá creciendo.
El padre aseguró que hasta el momento
las autoridades únicamente han dado pequeños remedios a grandes males,
por lo que es importante que exista una fuerte coordinación y sobre todo
disposición para que se resuelvan los conflictos.
Sin embargo, las autoridades de la
SRA reportan que únicamente se ha dado ese avance del 30 por ciento en
la resolución de los conflictos, por lo que se advierte que no habrá una
pronta solución, ante la supuesta falta de disposición de los indígenas
de la región.
Conflicto por megaproyecto. piden
no tratar superficialmente lío con el Fifonafe . (El Debate (Sinaloa), René Figueroa, p.web).
Comuna no debe "echar tierra"
a escándalo.
Regidores y la dirigencia del PAN en
el cabildo solicitaron al gobierno municipal transparentar todo lo que
hasta el momento se ha dicho sobre el tema de las 29 hectáreas que está
reclamando el Fifonafe y no "echar tierra" para esconder
posibles irregularidades.
Artemisa García Valle, dirigente de
Acción Nacional en Guasave, señaló que el gobierno de Domingo Ramírez
está ante la oportunidad de acabar con "esas oscuridades" que
han caracterizado a las administraciones municipales.
Se debe ir a fondo y no continuar tapando
las presuntas irregularidades pues es la única manera en cómo Guasave
puede salir adelante y avanzar hacia el desarrollo.
La conferencia. Los ediles panistas convocaron a una conferencia de prensa para establecer
su punto de vista de cara a la reunión de cabildo que está programada
a realizarse esta semana.
Juan Luis De Anda Mata señaló que se
parte de una irregularidad y es que asegura que el megaproyecto nace mal,
pues la Central Camionera y el Mercado de Abastos no son tales y a eso
se le suma que los terrenos en donde están las disputadas 29 hectáreas
no son del Ayuntamiento.
Se han dado malos manejos en los que
a simple vista se deja ver que expresidentes
se han visto beneficiados, "eso es lo que solicitamos que la autoridad
deje claro", establecieron los regidores panistas
en el cabildo, quienes se han sumado a la denuncia expuesta por los regidores
del PRD desde la semana pasada.
La solicitud. En la conferencia se
pidió al gobierno municipal entregar documentos de cómo se ha manejado
el asunto, sobre todo el contrato que se realizó entre las constructoras
Ixctoc y Mocorito, pero además qué
papel ha jugado el gobierno municipal. "Hay la impresión entre la
sociedad de que sólo se está entregando lo superficial y que el gobierno
está intentando sacarse", señalaron los ediles.
Los perredistas.
Sobre el caso que ha llamado la atención de la opinión pública se buscó
a los ediles del Partido de la Revolución Democrática, pero dijeron que
están analizando una serie de documentos que darán a conocer en la reunión
de cabildo, en los que, aseguraron, se deja en claro quién o quiénes son
los que han impulsado el acuerdo.
Los involucrados. Sobre las negociaciones
que se han realizado desde el periodo de Alberto López Vargas el antecedente
del conflicto indica que en junio de 1998 se realizó la ejecución del
decreto expropiatorio emitido por la Secretaría
de la Reforma Agraria.
Sobre todo esto ha declarado desde
el actual presidente municipal, Do-mingo Ramírez Armenta,
hasta el exalcalde Jaime Leyva
Díaz. Ha quedado pendiente de localizar el también ex presidente municipal
Al-berto López Vargas, quien se encuentra fuera de Guasave.
Lamenta Víctor Torres tráfico de influencias de
Héctor Michel. (Ecos de la Costa, Heidi
de León, p.web).
Colima.- El senador de la República,
Víctor Torres Herrera, acusó a su homólogo priísta, Héctor Michel
Camarena, de estar utilizando el tráfico de influencias para litigar asuntos
de particulares contra campesinos, violando con ello la ética política.
En rueda de prensa, el legislador albiazul reconoció que hasta el momento no hay ninguna ley
que prohíba a los legisladores ejercer su profesión, pero consideró que
tampoco es válido el tráfico de influencias para favorecer a un grupo
en particular.
Mencionó que, para regular este tipo
de acciones, en el Congreso de la Unión se encuentra una iniciativa de
ley que prohíbe a los diputados influir, participar o litigar asuntos
que tiene carácter judicial. “Este proyecto se está analizando en el seno
de las comisiones y ojalá pronto se apruebe”.
El funcionario panista
aseveró que el asunto que dejó al descubierto la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), donde se ve inmiscuido el
senador Michel Camarena, es similar al del presidente
del Senado, Diego Fernández de Cevallos, pero aclaró que, en el caso de
su compañero albiazul, éste ya tenía los casos
en su despacho desde antes de asumir la representación popular.
Señaló que el tema de Fernández de
Cevallos, además de causar polémica, generó la necesidad de legislar sobre
la materia, “por eso se está discutiendo la iniciativa en comisiones”.
Asimismo, aseguró que pedirá al subsecretario
de Ordenamientos de la Propiedad Rural de la SRA, Gilberto Hershberger
Reyes, aporte las pruebas que tiene para demostrar que el priísta
ha utilizado su fuero como legislador para favorecer intereses privados.
Mencionó que el PAN no está a favor
de ninguna de las partes involucradas, simplemente se pide que se investigue
para que no se falte a la ética política.
Por otra parte, Torres Herrera se dijo
complacido por el trabajo que viene desempeñando en el país y en el Estado
la SRA, otorgando certidumbre jurídica a las tierras de los campesinos.
En 20 minutos, rodeados de policías, sólo comuneros
a favor de La Parota aceptan la expropiación. (El Sur, Karenine Trigo, p.web).
Unos mil
200 campesinos marcados con un distintivo naranja fueron trasladados a
San Marcos. Sin discusión, sin algún comentario o intervención, se aprobaron
por unanimidad, en votación a mano alzada, todos los puntos de la convocatoria
En una reunión apresurada, que
duró sólo 20 minutos, rodeada por unos 500 policías con vallas con metálicas,
unos mil comuneros de Cacahuatepec que están
a favor del proyecto La Parota dieron la anuencia sin alguna discusión
o comentario, en votación unánime, a mano alzada, para que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) inicie los trámites para la expropiación
de las tierras para construir la presa.
En la asamblea, en el salón de
fiestas Karla Rebeca, en la carretera Acapulco-Pinotepa, a un costado del panteón de esta cabecera municipal,
se encontraban unos mil campesinos, todos favorables al proyecto de la
CFE, que fueron trasladados a San Marcos desde las diversas localidades
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec en autobuses
urbanos rentados por esa empresa paraestatal.
Desde antes de las 7 de la mañana,
para el traslado a la asamblea, los campesinos bajaron de sus pueblos
y se reunieron en puntos establecidos por funcionarios de la CFE. Ahí
los esperaban con autobuses, les ponían en un lugar visible al frente
en la camisa o en el hombro un cuadrado de papel adherible
color naranja, como distintivo de su posición a favor del proyecto. Según
versiones en esos puntos además le pagaron 200 pesos a cada campesino.
A las 8 de la mañana comenzaron
a llegar los comuneros al lugar de la asamblea, y a las 8:20 empezaron
a registrarse en ocho mesas según su comunidad de origen. Entregaban su
credencial de elector, y funcionarios del Registro Agrario Nacional
(RAN) verificaban que estuvieran incluidos en el padrón de comuneros.
En una lista, al lado de su nombre, cada comunero ponía su firma o su
huella.
Además de los campesinos que hacían
fila, en las mesas tenían montones de credenciales de elector que previamente
habían recogido a comuneros para el registro.
Mientras, otros campesinos pasaron
a recoger el almuerzo, a un lado en el mismo salón, consistente en pollo
en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Cocacola
o Fanta.
A las 10 de la mañana por el micrófono
uno de los organizadores pidió que se suspendiera el registro, y los campesinos
que estaban esperando haciendo fila dejaron en las mesas sus credenciales
de elector. A las 10:05 comenzó la asamblea, ante la presencia de los
notarios notarios públicos priístas Arturo Nozari Morlett y Robespierre Robles Hurtado, que dieron fe.
En el presidium
se encontraban el presidente del comisariado
de los bienes comunales de Cacahuatepec, Crescencio
Jerónimo Aparicio; el tesorero, Paulino Valente Valeriano; el presidente
del Consejo de Vigilancia, Rogelio García Rodríguez; el primer secretario,
Rafael Martínez Jacinto, y el segundo secretario, Tomás Morales Crisanto.
Además de los notarios Nozari y Robles, también asistió, el delegado de la Procuraduría
Agraria en el estado, Fernando Jaimes Ferrell; el delegado del Registro Agrario Nacional en el estado,
Javier Gutiérrez Robles; el representante de la Reforma Agraria,
Everado Vázquez Ruiz, y en representación del gobernador, Esau
Tapia Abarca, subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado.
Jerónimo Aparicio leyó la convocatoria
y dio a conocer que se tenían registrados 2 mil 385 comuneros asistentes,
–de un total de 7 mil 285 inscritos en el padrón–, según le dio a conocer
el personal de la Procuraduría Agraria. En el mismo texto leyó
que la asamblea sería válida con el número de campesinos que asistiera,
sin necesidad de un mínimo determinado, y que los acuerdos serían obligatorios
para los comuneros presentes y ausentes.
Pero era evidente que el salón
de alrededor de 600 metros cuadrados que estaba a la mitad de su capacidad,
no había 2 mil 385 campesinos.
En el punto 3 del orden del día
se estipuló el nombramiento del presidente, secretario y escrutadores
de la mesa de debates de la asamblea. El comunero José Leonor Palma Nava pidió la palabra y propuso que fueran las autoridades
comunales quienes fungieran como mesa de debates, para dar agilidad a
la reunión, lo cual fue aceptado por unanimidad.
Crescencio Jerónimo
leyó con rapidez el punto cuatro, sobre
la “solicitud de la Comisión Federal de Electricidad a la asamblea para
obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción
del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse
y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa
y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”.
Sin alguna intervención, algún
comentario, y menos discusión se dio la votación abierta, a mano alzada.
El presidente pidió que “levanten
la mano los que están de acuerdo”. Todos los asistentes la levantaron
simultáneamente. Después pidió que levantaran la mano los que no están
de acuerdo. Nadie levantó la mano. Por unanimidad se aprobó el punto.
Los dos últimos puntos que fueron
la “solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE
realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales destinados
a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias,
embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión
La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante” y la “Solicitud de la Comisión Federal de Electricidad
a la asamblea para que autoricen al comisariado
de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante notario
público, para la construcción de la línea de transmisión denominada La
Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante”, fueron aprobados de la misma
forma.
Al término de la votación, el presidente
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, solicitó
al delegado del Registro Agrario Nacional, Javier Gutiérrez Robles, que
clausurara la asamblea.
El pueblo de Guerrero les estará
agradecido
El funcionario dio un mensaje de
unos 2 minutos. Dijo: “Este es un momento propicio para reconocer a cada
uno de ustedes el compromiso adquirido el día de hoy, el pueblo de Guerrero
les estará agradecido por este paso importante que han dado, quiero hacer
extensiva mi felicitación al comisariado de
los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que en
todo momento ha dado muestras de apoyo para emprender este importante
proyecto”.
A las 10:25 de la mañana clausuró
la asamblea.
Había llegado la información de
que los opositores estaban ya en San Marcos. A las 10:35, la Policía del
Estado estaba pidiendo a los asistentes que salieran del salón por la
puerta de enfrente, pues ya se encontraban en el lugar los opositores
y se encontraban en la calle paralela a la carretera nacional, detenidos
por policías antimotines.
De manera apresurada pero con orden
salieron del salón hacia el sitio donde los esperaban los autobuses urbanos
para llevarlos de regreso a sus comunidades. Algunos que estaban afuera
del salón, comiendo pollo en barbacoa, dejaron sus platos y se retiraron
cuando alguien gritó: ya vienen los de los machetes.
Minutos después organizadores y
autoridades comunales salieron casi corriendo del salón.
A las 11 de la manaña, cuando ya no estaban los asistentes a la asamblea,
y los opositores se acercaban al salón, un policía del estado dijo: “Vamos
a agarrarlos, ya nos dieron la orden”.
Pide Crescencio
Jerónimo el respaldo del gobierno
Al término de la asamblea, en entrevista
con los medios, Crescencio Jerónimo, dijo “queremos
que esto –la aprobación para que la CFE inicie los trámites para la expropiación
de las tierras– sea muy respaldado por nuestro gobierno”.
Se le preguntó su opinión acerca
de la declaración de comisarios que dijeron que desconocen la convocatoria
para dicha asamblea, y señaló: “bueno yo creo que las convocatorias estuvieron
para todos…arrancan las convocatorias, las arrancan los paristas”.
Una reportera preguntó cuál sería
el precio justo para pagarles a los comuneros, “pues yo no lo sé, eso
quizás lo determinaría en su momento la propia comisión y la comunidad
en su totalidad”.
–¿Se puede
hablar de legalidad de la reunión cuando no asistieron los opositores
porque fueron instalados tres retenes? –se le preguntó a Crescencio,
pero contestó el líder cenecista Evencio
Romero, quien a lo largo de la entrevista estuvo solplándole:
esos no son comuneros. “A nadie se le va a evitar el paso, desgraciadamente
la gente que viene no es comunera, hay gente de comuneros como un 15 por
ciento de la totalidad que vienen ahí, por esa razón no se podía permitir,
la asamblea dice claro, la convocatoria es para auténticos comuneros”,
dijo finalmente el presidente de los Bienes Comunales, quien en tres ocasiones
trató de concluir la entrevista, y se notaba que tenía urgencia por retirarse
del lugar.
En tanto, el secretario general
disidente de la CNC, Evencio Romero Sotelo, dijo
ante los medios que la realización de la asamblea le costó a la Fundación
Campesina de Desarrollo Rural, A.C., 2 millones
500 mil pesos, y con la anterior “hemos gastado como 7 millones de pesos
por esta situación, afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que
están aportando a esta asociación, que no nada más se dedica a eso, se
dedica a crear proyectos productivos”.
A pregunta de reporteros de cómo
repondrían el dinero, señaló “obviamente esta es una inversión a plazo
fijo, tenemos que participar nosotros como quiera en el desarrollo de
Guerrero, con proyectos productivos, tenemos el derecho de participar”.
Dijo además que el resultado de
esta asamblea no es un cheque en blanco para la CFE, “no es un cheque
en blanco, es el inicio, esto apenas inicia, qué quiero decir con eso,
que van a negociar, todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse
a como van a pagar tanto la tierra como los bienes distintos a la tierra.
Pero “sin esta asamblea, la presa
de La Parota se hubiese venido abajo” y agregó: “ya es un hecho La Parota,
esto es motivo de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para los
que queremos el progreso de Guerrero”.
Aprueban la expropiación 2 mil 785 comuneros y
50 votaron en contra, según un boletín oficial. ( El Sur,, p.web).
El mismo
texto fue difundido por el gobierno del etado
y por la CFE. En entrevistas, el director de la empresa, Alfredo Elías
Ayub, advierte que la asamblea proporciona un instrumento
legal para actuar en contra de los que se opongan al proyecto. Anuncia
el inicio de la construcción el primer semestre de 2006.
Mediante un boletín de prensa,
el mismo que difundió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su
página en Internet, el gobierno del estado aseguró ayer que una “amplia
mayoría” de campesinos de los Bienes Comunales de Cacahutepec
otorgó su anuencia a la empresa paraestatal para que comience los trámites
de expropiación de las tierras para la hidroeléctrica.
En el comunicado de la Dirección
General de Comunicación Social, el
gobierno del estado insistió en que será “el garante de que los compromisos
contraídos entre los comuneros de Cacahuatepec
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sean cumplidos en tiempo
y forma”.
Según el boletín oficial de ocho
párrafos, “en la asamblea de este martes….con 2 mil 785 votos a favor
y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec
aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota”. Los datos
no coinciden con los que se dieron a conocer en la propia asamblea de
San Marcos, donde los organizadores dijeron que se habían registrado 2
mil 385 comuneros, y de acuerdo con cálculos de los reporteros fueron
poco más de mil.
Según el boletín “la asamblea se
realizó por convocatoria del Comisariado de
Bienes Comunales de Cacahuatepec y con fundamento
en la Ley Agraria y su Reglamento en materia de ordenamiento de la Propiedad
Rural” y resalta que la aplicación de los mandatos de dicha ley “fue verificado
por el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel, quien estuvo acompañado
por 10 visitadores”.
La “legalidad” de esa reunión,
de acuerdo con el comunicado, estuvo “avalada” por los notarios públicos
número 4, Arturo Nozari Morlet
y el número 19, Robespierre Robles Hurtado,
que tiene su sede en Acapulco”.
Enfatiza que esta asamblea se suma
a otras 15 que han realizado los campesinos para aprobar el proyecto y
pone como ejemplo el caso de Tepehuaje, Michapa, El Zapote, Tierra Colorada,
Omitlán, Solapa, Agua Zarca de la Peña, El Camarón,
Agua de Perro, Chautipa, Sabanillas, Dos Caminos,
El Reparo, Chacalapa y Las Mesas, recién aprobado
el domingo pasado.
Resalta que la construcción de
la hidroeléctrica “representará una inversión de aproximadamente 800 millones
de dólares” y enfatiza que “durante su construcción se generarán 10 mil
empleos que beneficiarán directamente a los habitantes de la región” además
de que traerá un desarrollo de “clínicas de salud, escuelas, nuevas carreteras
y puentes”.
Indica también que “con La Parota
se garantizará la disponibilidad de agua potable para Acapulco durante
los próximos 50 años, además de que el embalse de la presa propiciará
proyectos productivos y de beneficio social para las comunidades, permitiéndoles
mejorar su calidad de vida”.
Dice que la CFE “reitera su disposición
de actuar con estricto apego a la legalidad, cumpliendo sus compromisos, y de trabajar conjuntamente
con las autoridades correspondientes durante el desarrollo del proyecto”.
Después de la asamblea, sí se va
a construir La Parota: Elías Ayub
La tarde de ayer, después de conocerse
los resultados de la asamblea, el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, dio entrevistas a noticieros radiofónicos de la ciudad
de México, en los que elogió la labor del gobernador Zeferino
Torreblanca en favor del proyecto.
Estuvo en los noticieros conducidos
por Joaquín Lopez Dóriga,
Alberto Aguilar, Maricarmen Cortés, David Páramo
y Marco Antonio Mares.
Le preguntaron qué pasaría si los
opositores siguen, como pasó en San Salvador Atenco
cuando el gobierno federal pretendía construir el aeropuerto.
Elías Ayub,
advirtió: “La diferencia muy importante es que ahora ya existe un documento
con valor jurídico, que es la Asamblea del Núcleo Comunal, en donde se
aprueba la obra, entonces ya cualquiera que lo obstaculice está yendo
en contra de un documento legal y está infringiendo la ley.
“El gobernador ha sido muy cuidadoso
en dos cosas, por un lado en garantizarle a los ejidatarios y comuneros
que él se compromete a que CFE cumpla con sus compromisos y por otro lado
en garantizarnos a nosotros que la ley se va a respetar y hasta ahora
así ha venido sucediendo y no vemos por qué no pueda suceder de otra manera,
la realidad es que la obra es tan benéfica para la zona, que la gente
está muy convencida y ha estado, pues haciendo a un lado a quienes se
oponen”.
López Dóriga
le recordó la violencia que hubo en el intento de asamblea del 14 de agosto,
y luego le preguntó: ¿Va a haber presa o no va a haber presa?, y contestó:
“Esperemos que sí, hoy se hizo la consulta al núcleo agrario más grande
de la zona en donde se va a construir la presa, asistieron cerca de 3
mil comuneros a la consulta afortunadamente ésta se realizó en forma pacífica
y por abrumadora mayoría decidieron que sí, entonces estamos ya con muchos
de los trabajos técnicos preparados y ya listos para seguir adelante con
los siguientes pasos”.
Habló de la inversión de 800 millones
de dólares, y de que además de generar energía será un tanque de agua
para Acapulco para 50 años.
Aunque realmente en la asamblea
de San Marcos todo se decidió por unanimidad y no hubo nadie en contra,
en la entrevista Elías Ayub dijo que con la
coordinación del gobernador Zeferino Torreblanca
se llevó a cabo la asamblea en la que “se pudo mantener el orden público
a diferencia de la de hace una semana y ya con orden con expresiones a
favor y en contra, la votación fue muy favorable”, y dijo que asistieron
2 mil 800 comuneros, de los cuales el 95 por ciento estuvieron a favor
del proyecto.
Se le preguntó qué va a pasar con
los que se oponen, y dijo que “esperemos que respeten la voluntad de las
mayorías”.
–Pero el hecho de que una mayoría
diga que sí no es garantía de nada, porque hemos visto cómo en otros conflictos
como el del aeropuerto, pues una minoría dijo que no y no ¡eh! –comentó
el conductor.
–Bueno pero aquí sí hay instrumentos
legales ya hay una asamblea que se hace conforme a las leyes de la reforma
agraria con testigos, con notario, con funcionarios de la propia Reforma
Agraria y ya con eso hay elementos para hacer que se respete el orden
público y la voluntad de las mayorías.
–¿Entonces
podemos adelantar que sí habrá presa de La Parota?
–Yo espero que sí no vemos ninguna
razón por la que después de hoy no vaya a salir adelante y además quisiera
decirte que hemos contado con mucho apoyo de la población de Acapulco
y con mucho apoyo del gobernador.
El conductor insistió: “O sea,
Alfredo quiero que me digas, ¿sí se va a construir la presa La Parota
en Guerrero?. Y Elías Ayub
respondió: “Sí, sí se va a construir.
En otro noticiero de Radio Fórmula,
el periodista David Páramo le preguntó: ¿Cuándo comenzaría la construcción
de La Parota?
–Primero invitaríamos como lo hicimos
en El Cajón (la presa que se construye en Nayarit), a Transparencia Mexicana,
a revisar las bases de la licitación, publicaríamos la licitación el mes
que entra, son más o menos 6 meses para preparar la oferta y el financiamiento,
lo que nos llevaría a iniciar la construcción en el primer semestre del
año próximo.
Trifulca y sí a La Parota. (Novedades de Acapulco, Jesús López, p.web).
De la asamblea dieron fe los notarios
públicos de Acapulco, Arturo Nozari Morlet y Robespierre Robles Hurtado.
El presidente del comisario Cresencio Jerónimo
Aparicio, el subsecretario para Asuntos Indígenas del gobierno estatal,
Esaú Tapia Abarca, y el delegado del Registro
Agrario Nacional, Javier Gutiérrez Robles, consideraron que la votación
fue legal e inclusive dijeron que en próximas fechas se celebrará otra
reunión de comuneros para que la CFE, les de a conocer los avalúos de
sus tierras.
Gutiérrez Robles, delegado del Registro Agrario Nacional, comentó tras
clausurar la asamblea, que duró apenas media hora, que los mismos comuneros
se manifestaron en esta forma y con esto se le da absoluta legalidad,
nosotros tendremos la oportunidad de que en un momento que se nos presente
el acta de asamblea la calificaremos y daremos desde luego el visto bueno
o no, explicó.
Insistió en que la asamblea fue legal,
se cumple con el articulado de la Ley Agraria, y ellos son los que manifiestan
de alguna forma el apoyo para la realización de la asamblea, sin embargo
el dirigente opositor Marco Antonio Suástegui,
le recordó -en entrevista- que el artículo 25 de la referida Ley, indica
que debe convocarse con al menos ocho días de anticipación y hasta ayer
en comunidades como San Isidro El Gallinero nada se sabía de la convocatoria.
Por su parte el subsecretario de Gobierno
para Asuntos Agrarios, Tapia Abarca, comentó que lo que sigue a la asamblea
es la etapa de avalúos sobre la tierra, a los convenios que se celebrarán
con los campesinos, la CFE y los comuneros y para garantizar el cumplimiento
de dichos convenios, el ejecutivo del estado, Zeferino
Torreblanca, les propuso que dichos convenios se ratifiquen ante el Tribunal
Unitario Agrario competente, para que se eleven al rango de cosa juzgada,
pero además se inscriban en el Registro Agrario Nacional, para que surtan
efectos legales contra terceros.
Y señaló que esta asamblea fue convocada
de acuerdo a la Ley pero además fue legítima porque ustedes pudieron constatar
el número inmenso de comuneros que voluntariamente asistieron y que voluntariamente
manifestaron su voluntad (sic).
Y pese a las pedradas que se armaron
afuera del salón cuando ninguna comisión del gobierno estatal quiso dialogar
con los inconformes, aseguró que el estado seguirá aplicando su política
de diálogo, seguirá sirviendo como mediador, como conciliador, para escucharlos
siempre, no se puede pasar sobre ninguna voluntad, el gobierno del estado
agotará el diálogo siempre.
Mientras que el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Cresencio
Jerónimo Aparicio, informó que votaron
a favor 2 mil 385 comuneros, de un total de 7 mil, pero esto es segunda
convocatoria, dijo para justificar que el quórum legal no fue del 50 por
ciento más uno del total del padrón.
Finalmente descalificó a los inconformes,
al decir que a los comuneros, a nadie se les va a evitar el paso y después
que desgraciadamente, la gente que viene no es comunera, hay gente de
comuneros, como un 15 por ciento de la totalidad que vienen ahí, por esa
razón no se podía permitir, la convocatoria es para auténticos comuneros
y por tal razón, si vienen incluidas personas de las colonias de Acapulco,
de los ejidos de Puerto Marqués, ellos allá, nosotros aquí, porque cuando
ellos tienen asamblea nosotros no vamos.
Aprueban comuneros de guerrero edificar hidroelectrica "La Parota". (W Radio / La Crónica / El Sol de México / El Diario, Cd. Juárez,
p.web).
* Generará 10 mil empleos en la etapa de construcción, destaca CFE
México, 23 Ago (Notimex).-
Luego de más de dos años de negociación y pláticas, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) obtuvo la aprobación de comuneros de Guerrero para
construir la hidroeléctrica "La Parota", que representará una
inversión de 800 millones de dólares.
Con ello, queda cancelada la posibilidad
de que la magna obra con capacidad de 900 MegaWatts
(MW) y que superará incluso la capacidad de "El Cajón", se efectuara
en Nayarit, como lo había previsto la empresa si no obtenía la anuencia
de las comunidades aledañas.
En un comunicado, la CFE informa que
durante una asamblea realizada hoy en la comunidad guerrerense de San
Marcos, dos mil 785 comuneros del Núcleo Agrario de Cacahuatepec
votaron a favor de la central hidroeléctrica y 50 en contra.
La paraestatal explica que el proyecto
hidroeléctrico permitirá la generación de 10 mil empleos en la etapa de
construcción que beneficiará a los habitantes de la región, así como el
desarrollo de clínicas de salud, escuelas, nuevas carreteras y puentes.
Además, abunda, con "La Parota"
se garantizará la disponibilidad de agua potable para Acapulco para los
próximos 50 años.
La Comisión refiere que la asamblea
fue convocada por el Comisariado de Bienes Ejidales
de Cacahuatepec, con fundamento en la Ley Agraria
y su Reglamento en materia de ordenamiento de la Propiedad Rural.
Subraya que la legalidad de la votación
fue avalada por los notarios públicos cuatro y 19, Arturo Nozari Morlet y Robespierre Robles Hurtado, respectivamente, del Distrito
de Tabares, Guerrero.
En tanto, añade, el cumplimiento de
los mandatos de la Ley Agraria fue verificado por el delegado estatal
de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrel.
La CFE menciona que previo a la asamblea
de hoy se efectuaron 15 reuniones en las comunidades de Tepehuaje, Michapa, El Zapote, Tierra Colorada, Omitlán,
Solapa, Agua Zarca de la Peña, El Camarón, Agua de Perro, Chautipa,
Sabanillas, Dos Caminos, El Reparo, Chacalapa
y Las Mesas.
La empresa que dirige Alfredo Elías
Ayub destaca que el gobierno del estado de Guerrero será el
garante de que los compromisos contraídos entre los comuneros de Cacahuatepec y la CFE se cumplan en tiempo y forma.
La presa se localizará a 28 kilómetros
al noreste del puerto de Acapulco y formaría parte del sistema hidrológico
de Costa Chica, al almacenar el agua del río Papagayo.
La cortina sería de 162 metros de altura,
se instalarían tres grupos de turbogeneradores y se producirían más de
mil millones de kilowatts-hora anuales, que
equivalen al consumo total anual del estado de Guerrero.
Sin embargo, los opositores al proyecto
argumentan que afectaría 17 mil hectáreas de 21 comunidades que obligaría
al desplazamiento de más de 25 mil personas y que la construcción del
embalse ocasionaría daños a los mantos freáticos de la zona que cubriría
la presa y áreas aledañas.
Mena Salas asegura ser inocente.
(Tribuna de Campeche, p.web).
Atribuye irregularidades a un simple error humano
El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán,
Luis Felipe Mena Salas, rechazó las presuntas
irregularidades que le imputa la Secretaría de la Función Pública, aunque
admitió un "error involuntario" en la expedición de uno de esos
certificados de propiedad a ejidatarios yucatecos.
El "error involuntario" que reconoció fue la expedición
del certificado agrario a favor de Antonio Tuz
Canché en el ejido Nachi Cocom
de Popolnah, el nueve de octubre del 2002, que
"además no causa ningún daño patrimonial, ya que, al detectarse la
falla, se canceló definitivamente".
Con los documentos en la mano, Mena
Salas aclaró que la Contraloría Interna del RAN aún no emite el fallo
correspondiente, sino que sólo notificó del inicio del procedimiento de
revisión, por lo que, en consecuencia, ha respondido a todos requerimientos
solicitados por ese órgano de inspección.
"He entregado y presentado toda la documentación que demuestra
que lo único que hubo fue un error humano en la expedición de ese permiso,
el cual es normal que ocurra en una delegación en la que debemos firmar
alrededor de 40 mil documentos", expresó.
En días pasados, el órgano interno de control en el RAN encontró
culpables de diversas "irregularidades administrativas" a Mena Salas y al ex delegado de la misma dependencia, Antonino
Almazán Arteaga, por lo que turnó el expediente al área de Responsabilidades
para que, en caso de resultar procedente y de conformidad con la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se instaure
el procedimiento correspondiente.
Además, ese órgano de revisión detectó que habrían incurrido
en algún delito la actual registradora de la delegación local del RAN,
Isabel del Carmen Moreno Miranda, y la ex registradora, Eugenia del Socorro
Pérez Ruiz, a quienes también se les aplicaría el procedimiento administrativo
de responsabilidades.
TITULOS DE PROPIEDAD
Esas presuntas irregularidades administrativas estriban en
que ambos delegados otorgaron ocho certificados agrarios a igual número
de ejidatarios de Popolnah, municipio de Tizimín, a pesar de que, de acuerdo con la asamblea ejidal
de fecha 29 de agosto de 1999, ya se les había retirado sus derechos agrarios.
Entrevistado al respecto, Mena Salas
señaló que durante su gestión sólo entregó un certificado de derechos
agrarios a Tuz Canché y a los siete restantes
se les emitieron títulos de propiedad del predio que ahora habitan.
Explicó que la expedición del certificado agrario, aun sin
tener los derechos, se debió a un error involuntario que ni siquiera es
atribuible a él, porque ante tantos documentos a suscribir el 20 de febrero
de 1996, las oficinas centrales giraron un oficio en el que se ordena
que esos papeles primero fueran revisados y certificados ante el subdelegado
técnico y el registrador integral.
DISPOSICION RATIFICADA
Sin embargo, acotó que esa disposición fue ratificada el 25
de julio del 2005 y ese es el procedimiento que se siguió en la expedición
del certificado a favor de Tuz Canché.
No obstante, insistió en que al detectarse el error se canceló
definitivamente el documento y ya no tiene validez, y la documentación
respectiva se encuentra en poder del área de Responsabilidades del RAN,
porque antes de defender al delegado, hay que proteger a la registradora
Moreno Miranda, que lo único que hizo fue validar un error de otra persona
que revisaba los casos rechazados.
"Lo grave del asunto es que los ataques provienen de personas
de mi mismo grupo político, el Partido Acción Nacional (PAN), por eso
cite al ex diputado local Honorio Cemé, quien
pretende obtener el certificado de otros 40 ejidatarios que perdieron
sus derechos desde el 29 de agosto de 1999".
Finalmente, dijo que no se dejará presionar por militantes
ni altos mandos del PAN, "porque hasta hoy tengo la conciencia tranquila
y si hubo alguna falla se debió a un error humano que ni siquiera es atribuible
a mí".
La Confederación Nacional Campesina. (Ecos de la Costa, Vicente Oria Razo,
p.web).
De una estrecha alianza entre el gobierno
de Lázaro Cárdenas y el movimiento agrarista de México, en agosto de 1938
nació la Confederación Nacional Campesina (CNC). Las leyes reglamentarias
del artículo 27 constitucional favorecieron la creación de organismos
dedicados a defender los intereses campesinos.
Como institución, surgió el comisariado ejidal y como órganos de resistencia, presión
y vigilancia frente a los gobiernos estatales se organizaron las Ligas
de Comunidades Agrarias de los Estados. Estas Ligas sirvieron de base
para constituir la CNC, que se fundó por decreto del presidente Lázaro
Cárdenas.
Es la CNC una organización peculiar
en la vida de México. Nació bajo el auspicio y como aliada del gobierno
de la República y así se mantuvo por mucho tiempo. No se fundó como organismo
de oposición al gobierno, sino como organización para colaborar en el
propósito constitucional de llevar adelante la Reforma
Agraria.
Sin embargo, la CNC no es parte de
la estructura burocrática de la administración pública. La CNC es una
organización social de vieja tradición en las luchas agrarias mexicanas,
pero con una trayectoria muy accidentada. En algunos momentos ha llegado
a situaciones verdaderamente críticas porque ha respondido más a la mentalidad
de la burocracia en turno que a los intereses de los campesinos.
Algunos de los líderes de la CNC no
llegaban a entender claramente que no son burócratas dependientes de la
Secretaría de la Reforma Agraria. Sin ideas y sin banderas, abandonaban
las demandas campesinas. Sólo recibían órdenes de las autoridades agrarias
para reprimir o engañar a los campesinos.
En las nuevas condiciones del país
y del mundo debe revisarse a fondo la conducta de la CNC. Tiene que ser
nuevamente la expresión de clase de los campesinos para que contribuya
a renovar la alianza de sectores, organizaciones y ciudadanos en que se
sustenta la paz social. Una CNC alejada de lo campesinos no les sirve
a estos ni a la República.
En la CNC se tienen que combatir energéticamente
la sumisión, el servilismo y la mentalidad burocrática. Necesita convertirse
en una organización de lucha y de combate. Frente a los dilemas que frecuentemente
se presentan la CNC no debe dudar en su misión de servir a los campesinos
y no al gobierno.
Sus líderes deben interpretar bien
las ideas de nuestra época sobre la necesidad de convertir a las organizaciones
en auténticas entidades representativas de las aspiraciones democráticas
que reflejen los intereses de sus militantes y los de la nación.
Frente a los intentos de muchos que
fueron fuertes y quieren seguir ejerciendo el poder estableciendo la policracia, la CNC tiene que actuar resueltamente a favor
del desarrollo democrático nacional. Ante quienes sienten el compromiso
de manifestar su lealtad a los poderosos de ayer, hoy la CNC no debe dudar
en mantener una digna y combativa solidaridad con las grandes causas de
los campesinos, del pueblo y de la nación.
Hoy más que nunca antes los líderes
de la Confederación Nacional Campesina tienen la obligación de estar con
los campesinos y dentro de los campesinos. Como expresión de la clase
campesina han de estar presentes en el debate nacional y en la lucha social
que tan intensamente se realizan en estos momentos para definir el rumbo
del país.
El compromiso es con los campesinos
y la nación.
Agrarismo, entre las corrientes políticas más duraderas
en México: Enrique Semo. (La Jornada, Arturo García, p.web).
Tras su aparición hace casi 200 años, hoy renace, dice el historiador
Felipe Avila
En el siglo xix los indígenas padecieron más
despojos que en la Colonia: Carlos Montemayor
El movimiento armado agrario encabezado por el general Emiliano
Zapata y el levantamiento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), que lidera el subcomandante
Marcos, no pueden explicarse simplemente a partir de sendas individualidades,
sino como resultado de prolongados y complejos procesos sociales y políticos
con profundas raíces.
El zapatismo campesino en Morelos
y el zapatismo indígena en Chiapas "tenemos
que entenderlos en función de muchas causas sociales, culturales, políticas,
históricas, religiosas. De otra manera nos veríamos en el grave peligro
de no entender la continuidad del zapatismo".
Esto sostuvo el escritor y estudioso de las culturas indígenas
Carlos Montemayor, durante la mesa redonda Zapata
y el zapatismo, efectuada ayer en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por su parte, Enrique Semo explicó
que, con una historia que cubre alrededor de 150 años, "el agrarismo
es una de las corrientes más ideológicas y políticas más duraderas e influyentes
de la historia de México".
Desde la primera mitad del siglo xix
-dijo el historiador- "se produjeron brotes precursores y todavía
hoy, a principios del siglo xxi, esta corriente
conoce un renacimiento inesperado".
Felipe Avila, académico del Instituto
de Investigaciones Históricas de la UNAM, sostuvo en su turno que el movimiento
encabezado por el general Zapata, "es el movimiento agrario por antonomasia,
no solamente de la Revolución Mexicana sino quizá de la historia de México,
y uno de los que más influencia han tenido a escala internacional".
De acuerdo con Avila, esto explica
"la trascendencia del zapatismo" hasta
el presente.
Carlos Montemayor fue insistente
al señalar que figuras como Emiliano Zapata, Francisco Villa o el propio
subcomandante Marcos "son incomprensibles
si solamente las queremos reducir a una personalidad brillantísima y destacada".
También "es imposible creer que solamente de su dimensión
individual puedan derivarse la totalidad de explicaciones para que una
figura así y el movimiento que representan sigan teniendo una repercusión
o una influencia en procesos sociales y políticos posteriores".
El autor de Guerra en el paraíso se refirió también
al continuo despojo de tierras que han padecido los pueblos indígenas
en favor de la propiedad privada y en nombre del "progreso y la civilización".
Según ese esquema, "las tierras comunales" responden
a una visión primitiva de la propiedad.
Ofreció un dato revelador: "A lo largo del siglo xix se despojó, se vulneró, a las comunidades indígenas mucho
más que en los tres siglos de dominación colonial".
Sin embargo, ese tipo de hechos no son cosa del pasado: "Esta
mañana abro La Jornada y hay una nota donde dice que en estos días
los ganaderos de Ocosingo y Altamirano se han reunido para protestar porque
las tierras que les fueron expropiadas a raíz del levantamiento del EZLN
y por las que se les pagó muy buen dinero, según ellos, están ociosas
y, por tanto, deberían pasar de nuevo a sus manos para hacerlas productivas".
De acuerdo con Montemayor, esto refleja
dos formas diferentes de relación con la tierra: "Desde los orígenes
del México independiente, los puntos de vista jurídicos, legales, políticos
y económicos han sido utilizados como mecanismos de despojo de las tierras
comunales o indígenas".
En ese sentido, "gran parte del concepto que tenemos del
zapatismo está vinculado desde antes de la Revolución
con un concepto que no sólo significa reclamo de justicia social diferente,
sino también a la propia configuración cultural de gran parte de las culturas
del mundo indígena mexicano". Este aspecto -señaló Montemayor- "no siempre nos queda claro, porque lo vemos
desde una perspectiva diferente".
Semo dedicó la mayor parte de su intervención
a repasar el desarrollo de las ideas del agrarismo mexicano, dentro del
cual se inserta el movimiento encabezado por Emiliano Zapata.
El historiador, ex secretario de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal, hizo notar que en los movimientos revolucionarios y socialistas
de los países de desarrollo tardío, como México, han existido "dos
actitudes diametralmente opuestas hacia el campesino y su sociedad".
Ambas posiciones están ejemplificadas por las obras de "dos
hombres excepcionales". De un lado, Máximo Gorky,
con su artículo "Sobre el campesino ruso", que escribió para
una enciclopedia inglesa, en 1920; del otro lado está A. V. Chayanov,
un ingeniero agrónomo ruso, con un libro que tituló Viaje de mi hermano
Alexis al país de la utopía campesina.
La visión de Gorky era que, dados
su atraso, su atavismo y su crueldad, el campesinado ruso tenía que ser
sustituido totalmente por un mundo moderno, industrial, culto.
Chayanov, en cambio, no considera la economía
campesina como "simple residuo del pasado, ni considera que su legado
sea irrecuperable para la sociedad capitalista, o poscapitalista, bien
como sociedad ideal o bien como forma de transición al socialismo".
Esta es la visión del agrarismo que predomina en el México
de los años veinte.
Tras hacer un repaso por las distintas etapas de la historia
del agrarismo en México (incluidas las reformas agrarias de Benito Juárez,
la de Porfirio Díaz, y la que surge durante la Revolución), Semo
subrayó que agrarismos hay muchos, "pero lo que distingue a los zapatistas es que colocan el problema de la reforma agraria
radical en el centro, como el faro que guía su táctica y estrategia revolucionaria".
Prensa Estatal
GUERRERO
LA
PAROTA
Autorizan hidroeléctrica La Parota en Guerrero. (El Universal, Laura Reyes, p.web).
Se enfrentan policías y comuneros
que se oponen a la realización del proyecto
Acapulco, Gro.-
Al menos 25 lesionados, entre policías y comuneros de Cacahuatepec,
fue el saldo de un enfrentamiento en el municipio de San Marcos, perteneciente
a la Costa Chica de Guerrero, al término de la asamblea donde se autorizó
comenzar con los trámites de expropiación de sus tierras para la construcción
del proyecto hidroeléctrico La Parota.
En la trifulca que duró aproximadamente
10 minutos también resultaros heridos dos elementos de la Policía Preventiva
del Estado con golpes en cabeza y rostro, por las piedras arrojadas por
el grupo de comuneros que se oponen a la expropiación.
Este proyecto de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) ha ocasionado desde hace dos años división entre
los campesinos que desean que se construya la presa hidroeléctrica y los
que se niegan a vender sus tierras a la paraestatal.
La Policía Preventiva de Acapulco
colocó un filtro de seguridad mediante el cual se confiscó a los comuneros
alrededor de 200 machetes para evitar que se dieran acciones de violencia
que echaran abajo la asamblea.
Sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa
Nacional, dos kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal de San
Marcos, se colocaron los primeros 200 elementos de la Policía Preventiva
porteña, Policía Ecológica y la Ministerial quienes resguardaron la zona
utilizando solamente toletes y escudos.
A las 10 de la mañana, cuando dio
inició la asamblea en la que participaron 2 mil 385 comuneros, quienes
votaron a favor del único punto a discusión: la aprobación de la expropiación
de las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Con todo y la vigilancia policiaca y el cambio constante del lugar de la asamblea,
los comuneros opositores llegaron al municipio de San Marcos y se introdujeron
por calles aledañas a la zona donde estaban los campesinos que votaron
a favor, pero las vallas les impidieron el acceso total.
No hubo ningún detenido y la cifra
oficial es de 18 elementos policiacos lesionados,
seis comuneros y una reportera del periódico local El Sur.
Albazo a los opositores de La Parota; aprueban
el proyecto. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
La asamblea empezó dos horas antes de lo programado
No se construirá la presa, advierte líder de los disidentes de Acapulco
luego de un enfrentamiento con policías; 18 heridos
San Marcos, Gro. Más de 2 mil asistentes
a la segunda asamblea convocada por autoridades de los bienes comunales
de Cacahuatepec, favorables al proyecto hidroeléctrico
La Parota, dieron su anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) empiece el proceso de negociación y expropiación de las tierras
donde se construirá la presa, que será cuatro veces más grande que la
bahía de Acapulco. Una vez concluida la reunión, comuneros opositores
se enfrentaron a golpes con policías, lo que dejó un saldo de 18 lesionados
leves, entre agentes, campesinos y reporteros.
La asamblea se realizó en un salón de fiestas en la cabecera
de este municipio de la Costa Chica -una de las cinco demarcaciones que
verán afectadas sus tierras por la hidroeléctrica-; empezó a las 10 de
la mañana y concluyó al cabo de 35 minutos.
En un comunicado, la CFE indicó que el proyecto se aprobó con
2 mil 785 votos en favor y 50 en contra. "Representará una inversión
de aproximadamente 800 millones de dólares y durante su construcción se
generarán 10 mil empleos, que beneficiarán directamente a los habitantes
de la región, así como el desarrollo de clínicas de salud, carreteras
y puentes", sostuvo.
Marco Antonio Suástegui, uno de los
voceros del movimiento opositor, quien encabezó a los manifestantes que
pretendieron romper el cerco establecido por la policía a 100 metros del
lugar donde se aprobó el proyecto, consideró que la asamblea fue "ilegal".
En entrevista, dio a conocer que para llegar a San Marcos debió pasar
por 10 retenes policiacos en los que se confiscaron
300 machetes a los inconformes, además de que "estuvimos a punto
de ser agredidos en el puente de Bella Vista Papagayo", donde se
instaló un retén con más de 100 agentes de diversas corporaciones.
Según Suástegui, "la asamblea
fue ilegal y completamente amañada, porque nada tenían que hacer los comuneros
en San Marcos. La ley es muy clara, y dice que la primera convocatoria
para El Campanario -asamblea que fue suspendida por un enfrentamiento
entre comuneros y policías- tenía que ser emitida con 30 días de anticipación,
y la segunda con 15, y debía pegarse en todas las comisarías, pero nada
de esto se hizo. La asamblea no debió hacerse fuera de los bienes comunales
de Cacahuatepec, por lo que la CFE nunca va
a pasar y la presa nunca se va a llevar a cabo. Aunque ellos la hayan
aprobado, nosotros decimos que no y no se va hacer".
Cresencio Jerónimo Aparicio, presidente del
comisariado ejidal de los bienes comunales de Cacahuatepec, dijo a su vez que durante la consulta -que se
adelantó por más de dos horas a lo programado originalmente-, los campesinos
interesados en dialogar con la CFE votaron en favor de que la paraestatal
entre a sus tierras para hacer los estudios necesarios de factibilidad
del proyecto, "y se sepa cuál será el beneficio general para los
verdaderos afectados".
El enfrentamiento ocurrió cuando los comuneros inconformes,
que viajaron a bordo de siete camiones urbanos que rentaron en Acapulco,
arribaron una hora después de que se realizó la asamblea e intentaron
pasar al salón para emitir su opinión. La policía cercó entonces las áreas
aledañas al recinto, lo que causó la irritación de los opositores y la
confrontación.
El director de la policía preventiva de Acapulco, Roberto Abisaí Gracián, rechazó que el incidente
haya sido un enfrentamiento, y sostuvo que "más bien fue un acto
de agresión de los campesinos, quienes empezaron a tirar piedras y palos
a nuestros elementos, que solamente mantenían el orden en el lugar".
El jefe policiaco reiteró: "Quiero
aclarar que no fue un enfrentamiento; ellos empezaron el ataque y nosotros
solamente repelimos la agresión y usamos medidas para disuadir a los inconformes,
quienes no entendieron que este acto tenía que salir en orden, por lo
que logramos parar el movimiento de inconformidad. Todo terminó bien,
sin lesionados, al menos de mi parte".
Retenes y cercos policiacos
resguardaron la asamblea que aprobó La Parota. (El Sur,
Magdalena Cisneros, p.web).
Más de 700
policías preventivos estatales y municipales de Acapulco, de la Investigadora
Ministerial, de la Ecológica, bomberos y Protección Civil participaron
en la operación alrededor de San Marcos.
Unos 500 policías resguardaron
ayer las instalaciones del salón Karla Rebeca
en San Marcos donde se celebró la asamblea de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec para dar el consentimiento para que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) comience los trámites de expropiación de
las tierras, y casi 200 Policías Preventivos de Acapulco instalaron dos
retenes antes del río Papagayo para quitar machetes y palos a los comuneros
opositores.
Según el coordinador operativo
de la Policía Preventiva del Estado (conocida como Motorizada), Víctor
Manuel del Bosque, 300 policías estuvieron resguardando el lugar, pero
un policía dijo que eran 400.
Además estuvieron 71 policías ministeriales
según dijo el coordinador de la Policía Ministerial en Acapulco Cresencio Calleja, así como 30 empleados de la Dirección de
Protección Civil, dos camiones de bomberos y una ambulancia.
En el lugar también estuvieron
agentes de Tránsito Estatal y en los alrededores estuvieron agentes de
Tránsito de San Marcos.
Desde las 6 de la tarde del lunes
los 180 policías preventivos y ecológicos llegaron a las inmediaciones
del río Papagayo en la carretera federal Acapulco –Pinotepa
donde durmieron algunos y comenzaron a revisar vehículos.
Un primer retén se apostó en el
punto conocido como Cerro de Piedra donde estuvieron policías ecológicos
con su director, Genaro García Jaimes, acompañado
de policías del estado que encabezaron las acciones de revisar los vehículos
y evitar que pasaran machetes o palos.
Todos los vehículos eran inspeccionados,
uno de ellos fue el del director del Cereso
de Ometepec, Misael Sandoval Hernández, a quien
le encontraron un machete con funda en la cajuela de su vehículo y se
lo quitaron. “Es para cualquier cosa”, dijo.
Unos metros más adelante, antes
del puente del Río Papagayo estuvieron unos 100 policías preventivos,
entre ellos los comandantes de sector en Acapulco, con escudos y toletes
formados en filas y al frente estuvo el director de la Policía Preventiva,
Roberto Abizaid Gracián.
A un costado, un camión de bomberos
estuvo listo para ser utilizado si se requería la acción. Los policías
se comunicaron con radio portátil con el primer retén así como con los
que estuvieron en la asamblea.
También en la comunidad de San
Juan El Chico, que da acceso a las comunidades de Las Minas y El Campanario
en uno de los caminos estuvieron unos 15 policías rurales, uno de la Ecológica
y otro preventivo.
En las comunidades sólo estuvieron
mujeres y niños, unos cuantos jóvenes y ancianos pues la mayoría se fue
desde temprano al lugar de la asamblea.
En el municipio de San Marcos agentes
de Tránsito Estatal vestidos con camisa azul cielo, guiaron a los camiones
que llegaron con los comuneros a favor del proyecto hasta un costado de
la Comisaría Municipal, donde se acondicionó como estacionamiento.
Ahí a las 10 de la mañana había
más de 15 camiones urbanos, 22 camionetas de la Policía Estatal estacionadas,
unos 20 policías estatales sentados en las gradas de la cancha y en el
camino mientras un helicóptero de la Policía Estatal sobrevoló el lugar.
En el lugar estuvieron opositores
a la hidroeléctrica con pancartas y cartulinas que decían: “Col. Guerrero,
no acepta la presa, fuera la CFE, que se vaya a otro lado” y “Salsipuedes; fuera la CFE de nuestras comunidades, el agua
del río Papagayo no se vende”.
Cuando llegaban los camiones con
los campesinos que participarían en la asamblea –todos ellos con una etiqueta
rectangular color naranja pegada a su camisa o blusa como distintivo de
que votarían a favor y coordinados con una persona que llevaba un radio
en la mano– los comuneros opositores les gritaron “Fuera los que vengan
de la Comisión”, “Se vendió por 200 pesos”.
La asamblea se efectuó en el salón Karla que está techado y tiene piso de terracería
que tiene dos salidas. Una de ellas era una puerta pequeña de malla por
donde entraron quienes participaron en la asamblea, al costado derecho
estaba un portón grande que daba justo a avenida Las Palmas.
Frente al salón está el Panteón
Municipal, que los Policías en un principio utilizaron como protección
frente al salón, pues del lado izquierdo se colocaron vallas metálicas
donde más de una docena de policías estatales vigilaron que entraran sólo
quienes tenían una distintivo color naranja en la ropa, y del lado derecho
estuvieron los demás policías estatales así como algunos coordinadores
de la Policía Ministerial como Ignacio López Vadillo.
Una diferencia de más de 300 metros
hubo en las vallas que se acomodaron en los dos lados del salón. Casi
en medio, estuvo un camión de bomberos listo para ser utilizado con agua
para detener a los manifestantes.
Cuando llegaron los comuneros opositores
a La Parota ya había terminado la asamblea, “ya terminó”, dijo Víctor
Manuel del Bosque, con radio en mano.
En la entrada del salón los campesinos,
varios de ellos con el plato de comida en mano, gritaron “ya llegaron
los de los machetes, ya llegaron los de los machetes” y comenzaron a retirarse
de manera apresurada por el lado derecho para rodear el panteón municipal
y llegar hasta donde estuvieron estacionados los camiones urbanos para
retirarse.
Atrás de las vallas los policías
se colocaron en dos filas horizontales en grupos de 10 y unos 15 metros
atrás otras dos filas. Algunos de ellos se colocaron con extinguidores
que contenían los gases lacrimógenos y metros atrás empleados de Protección
Civil se subieron al camión y prendieron el motor al parecer listos para
echar agua si era necesario.
Cuando comenzaron las pedradas
y los gases lacrimógenos varios policías así como coordinadores Ministeriales,
entre ellos Ignacio López Vadillo, corrieron hacia el lado derecho al
momento que se vio cómo un policía rápido era sacado porque tenía una
herida en la cabeza.
En el lugar se oían los gritos
de “abusados se están metiendo del otro lado”, en referencia a que algunos
opositores se metieron al panteón y desde ahí lanzaban diversos objetos
que también fueron contestados.
Uno de los policías dijo que sólo
había que contener y no habría problemas; “a güevo,
ya los tenemos”, respondió otro.
Después de que se terminó el enfrentamiento,
Roberto Abizaid afirmó que se usó “equipo disuasivo”
no agresivo en las acciones de ayer afuera de la asamblea y señaló que
los gases lacrimógenos se utilizaron para “tratar de bajar los ánimos,
pero no se trata de lesionar a nadie”.
Al retirarse los comuneros inconformes,
los policías preventivos del estado se congregaron en el salón de fiestas
Rebeca donde el coordinador de esta corporación, Víctor Hugo Del Bosque,
habló con ellos para agradecerles su comportamiento y mencionó que hubo
algunos lesionados. “Justicia, Justicia”, gritaron los policías preventivos
antes de retirarse en las camionetas.
En declaraciones a reporteros informó
que hay de “12 a 18 gentes lastimadas por piedras, afortunadamente no
pasó a mayores, como ustedes vieron soportamos todo y pues ¿Qué podíamos
hacer ya? Más que correr pa tras un poquito para replegarnos”.
“En todo momento tratamos de mantener
este estado de derecho, no agredir, nuestra función no es agredir, somos
preventiva estamos cumpliendo una misión para evitar que vengan y puedan
golpear”.
Precisó que la Policía Preventiva
Estatal no se retiró “hasta que salió la gente porque podían descalabrar
a alguna de las personas, lo único que hicimos fue proteger con nuestros
escudos a las mismas gentes que estaban aquí en la asamblea”.
Por su parte después del enfrentamiento
entre opositores y policías estatales Abizaid
Gracián afirmó que fueron a “contener las agresiones
que estaban haciendo a la gente que estaba saliendo” porque les pidieron
“ese apoyo y nosotros le venimos a dar”.
Aún con los ojos llorosos y un
poco alterado por el gas lacrimógeno que también le cayó encima Abizaid precisó que se usó equipo disuasivo “no es agresivo”
y destacó que los policías “de ningún lado traen ningún arma”.
El jefe policiaco
rechazó que el municipio de Acapulco quedó desprotegido después de llevarse
a los 180 Policías Preventivos y sobre todo a los comandantes de sector
a la asamblea porque el municipio “siempre” está resguardado, “todo está
debidamente bien fraguado, bien ideado, bien planeado”.
Abizaid aseguró
que fueron al municipio de San Marcos “como apoyo”, además de que les
hicieron “una solicitud de apoyo” para acudir.
En tanto, el comandante Juan Negrete
Lezama, quien coordinó a los Policías Preventivos
de Acapulco rechazó que haya sido una “trifulca, nosotros llegamos solamente
con ese personal, al vernos se disolvieron, dejaron de apedrear”.
Dijo que su función en los retenes
fue evitar que los campesinos llevaran machetes y que “por propia voluntad”
los entregaron pero que los devolverían.
Retenes y cercos policiacos
impidieron a los opositores llegar a tiempo a la asamblea. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
Más de 500
campesinos se enfrentaron 20 minutos a pedradas con policías, que también
golpearon con toletes y lanzaron gases lacrimógenos.
Comuneros opositores se enfrentaron
nuevamente a pedradas con policías municipales y estatales, luego de que
éstos les impidieron llegar a la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que se desarrolló en San Marcos.
Los opositores llegaron a San Marcos
alrededor de las 10:20 de la mañana –la asamblea estaba convocada a las
10 horas–, luego de que tuvieron que pasar por un retén instalado en el
puente del río Papagayo donde fueron revisados minuciosamente por policías
preventivos y policías ecológicos del municipio de Acapulco, encabezados
por los directores Roberto Abizaid Gracián
y Genaro García Jaimes, respectivamente.
En el salón de fiestas Rebeca en
la cabecera de San Marcos, en la región de la Costa Chica, más de 500
opositores fueron recibidos por cientos de policías del estado armados
con toletes y escudos, colocados atrás de 20 vallas metálicas.
Los opositores llegaron gritando
consignas contra la presa La Parota y exigiendo la destitución del gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo, a quien califican de traidor.
También consignas como “Fuera Comisión”,
“La tierra se ama y se defiende”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos
esta lucha, cueste lo que cueste”, o “Gobierno entiende, la tierra no
se vende”.
El integrante de la directiva de
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Téliz
Hernández, mediante un megáfono pedía a las autoridades que permitieran
pasar a los comuneros opositores a la reunión para opinar –todavía no
se enteraban que la asamblea había terminado– y agregaba que iban en paz.
La petición no fue escuchada y
los opositores a gritos exigían la entrada y advertían que no querían
problemas, pero si tenían que ingresar por la fuerza a la reunión, lo
harían.
Uno de los policías del estado
soltó gas lacrimógeno que hizo que los comuneros retrocedieran. Entonces
los comuneros volvieron a la carga y reclamaron la actitud agresiva del
policía. De repente empezaron a volar piedras y se inició un zafarrancho.
Los policías estatales lanzaron
con piedras y gas lacrimógeno, lo que hizo que los opositores retrocedieran
nuevamente, pero tirando pedradas. Se escucharon gritos y los campesinos
buscaron dónde esconderse.
Los opositores fueron rodeados
por Policías Preventivos de Acapulco, al mando de director Roberto Abizaid, que sin más empezaron a golpear y replegar a los
opositores.
El mismo Abizaid
fue testigo de cómo preventivos agarraban a toletazos a un joven opositor,
que como pudo se les escapó. El funcionario se negó a responder preguntas
de esta reportera.
Luego de una lucha a pedradas y
cuerpo a cuerpo, de más de 20 minutos, el enfrentamiento cesó y nada más
se reportaron descalabrados.
Del retén al enfrentamiento
El gobierno estatal cumplió su
palabra de garantizar que la asamblea de La Parota se realizara. Vallas
metálicas, y varias líneas con unos 10 policías del estado armados con
toletes y escudo. Del otro lado, comuneros opositores exigiendo la entrada
a una asamblea que apenas y duró 20 minutos, casi lo doble de aquella
impugnada asamblea del 25 de abril del 2004 que se efectúo en 12 minutos.
Ayer, el salón de fiestas Rebeca
donde se hizo la asamblea fue sitiado por policías, y sólo podían ingresar
comuneros a los que previamente les fue colocado un distintivo color naranja
fosforescente por parte de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para diferenciarlos de los opositores.
El retén en el puente del Río Papagayo
fue el primer obstáculo que encontraron los opositores para avanzar hacia
San Marcos, a diferencia de los favorables a la presa, que no eran revisados
por los cerca de 200 policías preventivos y policías ecológicos, encabezados
por el directores de dichas corporaciones,
Roberto Abizaid Gracián y Gerardo García Jaimes.
Ahí, los opositores que fueron
bajados de los camiones, los cuales fueron revisados minuciosamente, y
les recogieron sus machetes, con el argumento de conservar la paz en la
asamblea de San Marcos.
Durante casi 20 minutos se estuvo
observando el actuar de los policías y sus mandos, incluso se pudo observar
que los dirigentes a favor de la presa La Parota indicaban a los policías
qué carro revisar y cuál no. Uno de ellos, incluso le diría a Roberto
Abizaid “ese que viene atrás de nosotros es de opositores
y los dos siguientes también”. Suerte le respondía y daba la orden de
dejarlo pasar.
Durante la revisión hubo comuneros
que se opusieron y argumentaban que eran campesinos, no delincuentes.
Los argumentos no valieron para los policías, y los comuneros tuvieron
que dar sus machetes.
Para llegar a la asamblea en el
municipio de San Marcos, los opositores salieron desde las 8 de la mañana
del vado de Amatillo, mismo lugar donde se estaban concentrando los comuneros
a favor de la presa y donde eran marcados con el distintivo naranja.
Amañada e ilegal, una asamblea fuera de los Bienes
Comunales: opositores. (El Sur, Karina Contreras,
p.web).
El portavoz de los comuneros opositores
a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, advirtió que a pesar de la “aprobación de la expropiación en la
asamblea amañada”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pasará
a sus tierras, y reiteró que “primero muertos” a ceder un centímetro de
ellas para la presa.
Entrevistado en el camión que los
llevó de regreso a sus comunidades, Suástegui
Muñoz dijo que quedó “desenmascarado” el gobierno de Zeferino
Torreblanca, el de Alberto López Rosas y la CFE, que sólo de “una manera
mañosa y descarada pudieron sacar la asamblea de los Bienes Comunales”.
Insistió en que la asamblea en
San Marcos es ilegal, pues tenía que haber sido convocada con 15 días
de anticipación, nunca debió salir del núcleo agrario y las convocatorias
nunca fueron pegadas en lugares visibles. “Es inédito lo que ha sucedido,
no se puede ceder los poderes de un municipio a otro, en una jurisdicción
que no nos pertenece y que no va ser afectada. Desde este momento la declaramos
ilegal”.
Suástegui Muñoz
dijo que ayer fueron mayoría y así lo demostraron, aun cuando se enteraron
de la sede por los medios de comunicación, porque no fueron invitados,
pero “demostramos el poder del movimiento”.
Dijo que a “Cacahuatepec
la CFE no pasó, y no pasará y nunca lo hará” y al “gobierno entreguista”
del alcalde López Rosas y el gobernador Torreblanca Galindo “decirles
que las tierras tienen dueño y son de los campesinos”.
Acusó al director de la Policía
Preventiva de Acapulco, Roberto Abizaid Gracián, de ser “el primer represor de los campesinos. Es
lamentable que por un lado la violencia por la delincuencia organizada
se dé en Acapulco y el gobierno se declara incompetente, y por el otro
emprende un despliegue espectacular en San Marcos para reprimir a los
pobres campesinos, que ni siquiera llevaban machetes”.
Se nota –prosiguió Suástegui– que hay un fuerte compromiso de Torreblanca Galindo
con el presidente Vicente Fox y el empresario
Carlos Slim, pero se le olvida que las tierras
tienen dueños y “no las vamos a vender ni ceder un centímetro cuadrado,
porque no pueden comprar lo que no está en venta”.
Dijo que fue lamentable cómo los
gobiernos perredistas “agredieron a nuestras
mujeres, pero le decimos al “gobierno cobarde de Zeferino
que esta ofensa a los campesinos la va a pagar, porque no se vale que
nos reprima y golpee a nuestras mujeres. El pueblo se lo va a cobrar y
no habrá un paso atrás. Ahora más que nunca estamos firmes en un no a
la presa La Parota”.
Beneplácito de líderes parlamentarios de PRI y
PAN por el acuerdo de la asamblea. (El Sur,
Hugo Pacheco, p.web).
Desestiman la
intervención de la policía y que se haya impedido el acceso a opositores.
Chilpancingo
Para los coordinadores de los diputados
del PRI y PAN, Juan José Castro Justo y David Tapia Bravo, la construcción
de la presa La Parota traerá desarrollo a Guerrero, y dijeron que estarán
pendientes para que la Comisión Federal de Electricidad cumpla los compromisos
con los comuneros.
Entrevistados en el Congreso local,
luego de que en Acapulco se conoció que comuneros aprobaron en asamblea
la construcción de la presa, Castro Justo dijo que “es positivo para el
estado de Guerrero que se garantice una inversión de tal magnitud”.
–Pero no dejaron pasar a los inconformes
a la asamblea, ¿eso no deslegitima la decisión de construir La Parota?
–No tengo conocimiento de ello,
solo sé que fue aprobada.
–Al final de la asamblea hubo un
enfrentamiento de los comuneros inconformes con las policías municipal
y estatal ¿esto no complica más la construcción de la presa?
–En estas asambleas donde siempre
hay un parte inconforme, genera lamentablemente alguna intranquilidad
de esa naturaleza, pero tengo entendido que los policías acudieron desarmados
y que sólo fue un encontronazo con gases
y no hubo problemas mayores.
–¿Y ahora
que hará el Congreso del Estado en este asunto?
–Estar vigilantes de de cómo se
vayan resolviendo todos los compromisos con los comuneros de la CFE.
Por su parte, el coordinador panista Tapia Bravo consideró que la aprobación de la presa
“es acertada y ante ello lo menos que podemos hace es respaldarlos desde
el Congreso del Estado”.
Recordó que desde un principio
la fracción de diputados del PAN se declaró a favor de que el proyecto
se construyera en Guerrero, “por el impacto económico”.
Ahora, dijo, se debe “cuidar que
la aprobación llegue a un final feliz, en el sentido de que la Comisión
Federal de Electricidad cumpla con sus compromisos con los campesinos
a través de la Comisión Especial que se nombró para este caso” en el Congreso
local.
–¿No más
bien se está perfilando un conflicto mayor? Aprobaron la construcción
unos cuantos comuneros y al resto no los dejaron pasar.
–La asamblea ya estaba programada
por segunda ocasión y acudieron los que están interesados. Definitivamente
hubiera sido muy importante que fuera la gran mayoría de comuneros, sin
embargo esto ya está debidamente aprobado con
la anuencia de las autoridades ejidales y de los propios comuneros. Esto
sólo es cuestión de que se pueda dialogar con los que todavía estuvieran
inconformes, para que se generan las condiciones para concretizar el proyecto.
–Al final de la asamblea las policías
estatal y municipal de Acapulco otra vez arremetieron contra los comuneros
inconformes ¿no es una muestra de que el procedimiento para la aprobación
no fue el correcto?
–Creo que allí se tendrá que revisar
de una manera cuidadosa cómo estuvieron los hechos. Creo que debemos verlo
con mucho cuidado, porque siempre hay líderes que manipulan a la gente
y que son de cierta manera tendenciosos, y ese tipo de gentes son las
que afectan estas reuniones. La policía fue sólo con el fin de garantizar
el orden, pero si en un momento hubo excesos, eso creo que no es apropiado.
Queda aquí pedirle a la gente inconforme que se conduzcan por los cauces
legales.
Hay jurisprudencia de la Suprema Corte para anular
la asamblea: Tlachinollan. (El Sur, Jesús Rodríguez, p.web).
Eso demuestra
la parcialidad del gobierno del estado, que tiene la obligación de conocer
todos las disposiciones legales en torno a un
caso tan polémico, dice el abogado Vidulfo Rosales.
Tlapa de Comonfort
El gobierno del estado debería
saber que la asamblea que aprobó la expropiación de tierras para la presa
La Parota carece de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades “facultades
para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad, para iniciar
el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”, sostuvo el
coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Vidulfo
Rosales Sierra.
El abogado dijo que, en consecuencia,
los comuneros opositores podrían recurrir a un juicio de nulidad del acta
levantada en la asamblea para echar abajo ésta ante el Tribunal Unitario
Agrario.
Además, dijo, puede impugnarse
la decisión de ayer por todo el procedimiento en que se originó, incluyendo
la instalación de retenes policiacos para impedir
la entrada a comuneros, lo que confirma que la reunión “fue muy viciada”.
En entrevista, el abogado desestimó
los argumentos con los cuales las autoridades comunales y sus asesores
del PRI justificaron que la asamblea se efectuara en un lugar distinto
a la sede de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
como lo estableció la convocatoria original.
Recordó que en el artículo 25 de
la Ley Agraria estipula que la asamblea debe de realizarse dentro de la
jurisdicción de los Bienes Comunales, y que sólo por causa justificada
no podrá realizarse ahí, y en esto se basaron el presidente de los comuneros
Crecencio y su asesor Evencio Romero,
con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno de
Zeferino Torreblanca Galindo.
Pero precisamente como esa disposición
puede ser confusa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la
jurisprudencia correspondiente sobre los requisitos de lugar y trámite
de la asamblea que inicia procedimiento de privación de derechos, que
a la letra dice que en este caso: “...Aceptar ese criterio llevaría a
legalizar situaciones absurdas y violatorias de las garantías de los afectados;
por lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea general de ejidatarios
es una de las autoridades del núcleo de población, no se sigue necesariamente
que tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce su autoridad,
para iniciar el trámite de privación de derechos a uno de sus miembros”.
“De acuerdo con lo anterior, si
en la especie se trató de privar de sus derechos individuales a miembros
del ejido, la asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado
precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo de población”.
Lo anterior se adecua, explicó
el abogado, al caso de los comuneros que se oponen al proyecto hidroeléctrico,
que estarían viendo violados sus derechos como miembros del núcleo comunal
de Cacahuatepec.
Lo anterior, enfatiza Rosales,
deja de manifiesto “la parcialidad de las autoridades para llevar a cabo
este proyecto y se observa que se han puesto del lado de los pocos comuneros
a favor de la presa”.
En este sentido el gobierno estatal
no estaría respetando la ley a pesar de que es su obligación conocer todas
las disposiciones en torno a un caso tan polémico, señaló y reiteró que
se muestra así la “clara intención” de no respetar la legislación vigente
para imponer un proyecto controvertido.
La asamblea en la que se aprobó el proyecto es
ilegal, dice la UNT. (El Sur, Mónica Martínez,
p.web).
La representante en Guerrero de
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Rosa Elena Zamacona
Pérez, insistió en que la asamblea de ayer en la que se aprobó el proyecto
de La Parota fue ilegal y protestó por la trifulca entre los opositores
y los policías estatales y de Acapulco.
La también presidenta colegiada
del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular se molestó al saber
del enfrentamiento entre policías y campesinos opositores porque “siempre
debe privilegiarse el diálogo y el respeto a los ciudadanos para poder
mantener la paz social”.
Consideró que la asamblea fue ilegal
porque –aseguró– no estuvo dentro de lo que marca la Ley Agraria.
Zamacona Pérez,
que también representa al Sindicato de Telefonistas de la República (STRP)
Mexicana en Guerrero, lamentó que el gobierno no haya tomado en cuenta
el suspender la asamblea hasta que se enfriaran los ánimos, como lo propusieron
un día antes con integrantes del Frente Sindical Campesino, Indígena y
Popular.
Refrendó su apoyo a los campesinos
opositores y dijo que en breve buscarán una reunión con ellos para reiterarles
su respaldo, así como el rechazo “a la falta de respeto de las leyes y
costumbres de los campesinos”.
Vigilará Semarnat que
se mitigue el daño ambiental, dice el jefe de los delegados. (El Sur, Citlal Giles, p.web).
Autoridades ambientales
aseguraron que vigilarán que el proyecto hidroeléctrico La Parota cumpla
con las mitigaciones que se acordaron para inundar más de 14 mil hectáreas
de selva baja caducifolia.
Entrevistado al término de la toma
de protesta del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), el coordinador de los
delegados de esa dependencia federal, René Bolio Hallora,
aseguró que el proyecto de la hidroeléctrica La Parota traerá muchos beneficios
para el estado y aseguró que la Semarnat estará
vigilante de que se cumplan las mitigaciones necesarias por el daño ambiental
ocasionado en esa zona.
“La Parota va a ser en beneficio
absoluto de la población guerrerense y por lo tanto vamos a hacer lo posible
para que el impacto ambiental disminuya al menor nivel y todo lo que se
afecte ambientalmente pueda ser regenerado y multiplicado”, dijo.
Aseguró que para las especies de
flora y fauna que son endémicas del lugar y que están en peligro de extinción,
se tienen programas de mitigaciones pues “todos los árboles que queden
bajo las aguas se va a reforestar al cinco por uno, todas las especies
de animales que están ahí se van a llevar a otro lado”.
Agregó que se van a cuidar los
suelos y las tierras y apuntó que se van a beneficiar grandemente “porque
van a ser ahora zonas de riego y va a ser de absoluto beneficio para el
estado”, por lo tanto descartó que las tierras se vean afectadas al ser
erosionadas pues indicó que las tierras no se hacen infértiles, “al contrario
(la presa) ayuda mucho”.
Con relación a la especie rana
papagayo y que es endémica de las localidades del Guayabal y el Chamizal –donde se va a hacer la presa– aseguró que la rana
seguirá en esos lugares además aseguró que se pretende hacer Unidades
de Manejo Ambiental, mismas que sirven como criaderos de especies en peligro
de extinción, “la rana que ahí habita no va a ser afectada”.
En este mismo sentido el ahora
delegado de la Semarnat, Miguel Ángel Calzada
Adame, coincidió con Bolio Halloran
pues aseguró que serán vigilantes de que la Comisión Federal de Electricidad
cumpla a cabalidad con lo establecido en la Manifiestación
de Impacto Ambiental “dentro de los compromisos es hacer que se reubiquen
las especies que están en peligro de extinción y obviamente buscarle los
lugares apropiados” comentó.
Apoya Félix Salgado la asamblea; declina opinar
sobre el cerco de policías. (El Sur, Redacción, p.web).
Enterado del resultado
de la asamblea sobre La Parota en San Marcos, ante vecinos de la colonia
Vista Hermosa el candidato de la coalición Acapulco Será Mejor (PRD-PRS)
Félix Salgado Macedonio se manifestó abiertamente a favor del proyecto
de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Sin embargo, el perredista insistió en que se requiere mayor transparencia
por parte de la Comisión Federal de Electricidad en lo referente a las
indemnizaciones para los campesinos “que cederán sus tierras”, como se
refirió en lugar de decir que se las quitarían por expropiación.
De acuerdo con un boletín de prensa
de su equipo de campaña, “Salgado Macedonio expresó lo anterior luego
que habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
dieran el visto bueno para la realización del proyecto, en la asamblea
celebrada en el municipio de San Marcos”, en el que no se hace ninguna
referencia al cerco policiaco, al modo en que
se efectuó dicha reunión ni a los líderes priístas que la promovieron.
Por la noche, cuando El Sur
le pidió una opinión sobre la represión de policías de los gobiernos perredistas del estado y de Acapulco para dispersar a los
opositores a La Parota, y de que se les impidió llegar a la asamblea con
retenes y cercos policiacos, dijo que prefería
esperar para ver la información que apareciera hoy en los medios de comunicación
y luego fijar una postura.
En el boletín, se indica que el
perredista –ubicándose entre los que avalan y dan por hecho
el proyecto– “recomendó a la CFE que informe públicamente sobre el pago
real que ofrece por metro cuadrado de tierra, dónde serán reubicados los
campesinos y las dimensiones de las casas que les construirán”.
Critica la diputada perredista
Beatriz Mojica la exclusión de los opositores. (El Sur, Redacción, p.web).
Por su parte,
la diputada federal del PRD, Beatriz Mojica
Morga reprobó que con policías se haya impedido el paso de los opositores
a la presa La Parota, porque consideró que “esto seguramente ocasionará
reacciones de mayor alcance”.
En un boletín de prensa para fijar
su postura sobre la asamblea de San Marcos y el enfrentamiento de opositores
con policías del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Acapulco –ambos
perredistas–, Mojica
Morga criticó la exclusión de los opositores en la decisión, y se manifestó
por escuchar las voces de todos y llegar a acuerdos que beneficien a las
mayorías, “porque cuando se excluye se provocan otro tipo de conflictos
lamentables como los de San Salvador Atenco”.
De los pocos perredistas
que ayer mismo opinaron sobre el tema, la diputada federal advirtió que
el conflicto “no se resuelve con la aprobación del proyecto por la mayoría
de las comunidades afectadas, porque esto apenas es un paso de un largo
camino por recorrer, en el que se tiene que priorizar el diálogo”.
El desarrollo de nuestro estado,
aseguró, tiene que ser incluyente aunque cueste más trabajo y tiempo.
“Estoy convencida de la necesidad de realizar proyectos de desarrollo
de gran visión que mejoren el nivel de vida de los guerrerenses, pero
yo preguntaría a la CFE si ésta es la única opción que tenemos y si los
costos sociales van a ser superados por los beneficios”, dijo.
Mojica Morga
aseguró que es lamentable para Guerrero que los proyectos terminen en
trifulcas, sin embargo sostuvo que aún hay tiempo para rectificar el rumbo
e incluir las ideas y proyectos de todos los interesados.
El Congreso vigilará que se respeten los acuerdos
con comuneros, dicen diputados. (El Sur, p.web).
Chilpancingo
Tras la aprobación del proyecto
Hidroeléctrico La Parota, el Congreso local adelantó que será vigilante
de que se respeten los acuerdos con los comuneros de la zona donde se
construirá esa importante obra.
Los diputados Gustavo Miranda González
y Juan José Castro Justo, presidentes de las comisiones Especial para
el caso La Parota y de Gobierno del Congreso local, respectivamente, coincidieron
en que el Poder Legislativo seguirá vigilante para que el pago de las
afectaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se
realice de manera justa y transparente.
Manifestaron que se tendrá que
seguir trabajando con los grupos inconformes para convencerlos a plenitud
de las bondades del proyecto y enfatizaron que seguirán pendientes del
curso que tome el caso a fin de evitar que en algún momento puedan no
pagarse las tierras a un precio justo.
El presidente de la Comisión Especial
para el caso La Parota, Gustavo Miranda González, hizo un llamado a la
cordura para que este importante proyecto hidroeléctrico culmine en un
ambiente de tranquilidad y paz social.
“La Comisión fue creada para vigilar
que se cumpla con el pago oportuno, justo y equitativo de las tierras
que se afecten. Seguiremos vigilantes en ese sentido”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de
la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo, expresó que la tranquilidad
social depende de que el gobierno del estado y la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) cumplan sus compromisos con los comuneros.
Abundó en que por eso se debe seguir
trabajando con los grupos inconformes para que se vaya esclareciendo cualquier
duda, “tratando de que el proyecto pueda convencer a todos”.
Aplauden la anuencia a la CFE, Canaco y Coparmex. (El Sur, Mónica Martínez,
p.web).
Los presidentes en Acapulco de
la Coparmex, Fernando Tenopala
Zalce, y de la Canaco, Abelardo Luna David,
aplaudieron la resolución a favor del proyecto de la hidroeléctrica La
Parota y aseguraron que estarán al pendiente de que los comuneros sean
indemnizados; sólo el primero lamentó el zafarrancho suscitado al finalizar
la asamblea, entre opositores y policías.
Tenopala Zalce consideró que la aprobación de este proyecto de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) es “magnífico” para Guerrero y dijo que los empresarios estarán pendientes
de que los campesinos sean indemnizados por la paraestatal.
Lamentó la violencia de ayer en
San Marcos, después de la asamblea, así como el que la aprobación no se
haya dado en un clima de respeto y tranquilidad dentro del Estado de derecho.
–¿Los empresarios
avalan la manera en como se aprobó? –se le preguntó.
–No conozco a fondo la situación
habría que analizar cómo sucedió y la postura de los propios comuneros.
Si dieron cabida habría que analizarlo.
La misma pregunta se le hizo a
Luna David y el empresario contestó que “más que avalar la forma, finalmente
lo que es positivo es que se priorizó el beneficio general por encima
del particular porque es benéficio para toda
la población. Hubo que priorizar”.
Tenopala Zalce insistió en la importancia que este proyecto tiene para
el estado y consideró que lo importante es lo que digan las mayorías.
El presidente de la Canaco dijo
que “el Estado de derecho no se suplica, se ejerce” y aunque evadió dar
su postura sobre la violencia de ayer después de la asamblea, consideró
que el resultado “fue positivo”.
Insistió en que la postura oficial
de la Canaco, sigue siendo apoyar la construcción de la hidroeléctrica.
“Es magnífico que se haya aprobado,
la Canaco ha pugnado porque este proyecto se lleve a cabo porque traerá
el beneficio del agua y creará un número significativo de empleos, además
de una opción más de ecoturismo”, abundó.
A pregunta expresa sobre la presencia
y participación del vicepresidente de seguridad de la Canaco, Gustavo
Téliz Hernández, Luna David dejó abierta la
posibilidad de que pueda ser merecedor de una sanción e incluso expulsión
de este organismo empresarial pero –indicó– que será el Consejo de la
Cámara el que finalmente decida qué medida se puede tomar al respecto
porque “yo no quiero hablar a la ligera”.
“Tenemos que hablar con los integrantes
del Consejo para el manejo de una posible sanción pero finalmente la Canaco
no exige que sus consejeros piensen en la misma línea”, puntualizó.
Funcionarios de la CFE, en el traslado de comuneros
en favor de la presa. (El Sur, Karina Contreras,
p.web).
Funcionarios de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) organizaron el acarreo de comuneros que están a
favor de su proyecto a la asamblea de la comunidad de Cacahuatepec,
que se realizó en San Marcos, fuera del territorio que podrá ser afectado
por la hidroeléctrica.
En el vado de Amatillo, se pudo
observar a Alfredo Rojas Hinojosa, jefe
de servicios especializados, adscrito a la residencia de Asuntos Sociales
del proyecto hidroeléctrico La Parota, donde es el encargado Víctor Hugo
Chávez Chávez, quien coordinaba a los comuneros y les indicaba qué
camión les tocaba.
Desde antes de las 7 de la mañana,
Rojas Hinojosa, quien estaba acompañado de una mujer, anotaba en una lista
a los comuneros y les colocaba el distintivo naranja en el pecho o en
el hombro que les permitió el paso a la asamblea. En el mismo lugar estaban
los opositores a la presa, quienes nada más observaban lo que pasaba.
A estos mismos empleados de la
CFE se les observó en San Marcos, donde estaban pasando a los comuneros
a la asamblea, moviéndose en un Tsuru color
verde seco con placas HAP-26-61.
Alrededor de las 12 y media del
día, en el vado de Amatillo las mismas personas estaban recibiendo firmas
y huellas de varios comuneros que acudieron a la reunión en San Marcos.
Los opositores aseguraron que allí se estaban dando los 200 pesos comprometidos
por la paraestatal para acudir a la asamblea, aunque esto no se pudo comprobar.
Al observar las maniobras de Alfredo
Rojas, los opositores se acercaron a él, que rápidamente se metió al vehículo
y quiso huir, pero fue detenido, sin violencia, por los opositores.
Los comuneros exigieron a los empleados
de la CFE que les entregaran las listas que tenían de comuneros. Por varios
minutos los empleados se resistieron, aunque finalmente las entregaron
y se pudieron ir.
Las hojas que pasaron a manos de
los opositores contenían listas de comuneros por comunidades, y, por ejemplo,
la correspondiente a Oaxaquillas tenía unas
diez firmas y huellas.
En Tunzingo,
también en la carretera federal, y que es la entrada a comunidades como
San Isidro El Gallinero, El Salto, San José Cacahuatepec,
tres camionetas de pasajeros con comuneros estaban paradas, mientras a
un costado estaba una mujer recabando las firmas.
Al ver a los reporteros la mujer
se puso muy nerviosa y recogió los documentos y los metió en una bolsa
de plástico y cuando se le preguntó qué estaba haciendo, respondió: “No
tengo por qué explicar nada, no tengo por qué decirles nada”.
Del otro lado de la carretera estaban
dos camioneras Ford una blanca y otra roja,
y a lo lejos se pudo observar a una de las empeladas de la CFE del área
de comunicación social y a dos personas que, según se informó en San Marcos,
pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes los empleados
del gobierno del estado debían entregar los videos del zafarrancho.
Aún con la asamblea, debe haber diálogo con los
opositores, insiste López Rosas. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).
El alcalde de Acapulco, Alberto
López Rosas, dijo que se debe continuar la búsqueda del diálogo con los
opositores a la presa La Parota, calificó como un “paso importante” la
anuencia que se dio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que
se expropien las tierras de los comuneros, y dijo que el resultado de
la asamblea lo dejó “satisfecho”.
En declaraciones al medio día,
luego de que trascendió el resultado de la asamblea de los comuneros,
el alcalde aseguró que los informes que tenía no le indicaban de un enfrentamiento
entre los opositores y la policía preventiva.
El alcalde se reservó el número
de policías municipales que acudieron a San Marcos. “La ciudad está protegida”,
dijo.
Ante la insistencia de reporteros
por conocer el número de policías enviados a otro municipio dijo que no
lo sabía.
–Pero usted el alcalde, lo tiene
que saber, se le insistió.
–Sí lo debo de saber pero no lo
tengo que decir, yo tengo que cuidar los números de elementos que están
distribuidos, no los tengo que señalar, creo que la ciudad está protegida
y eso es lo important –respondió.
El alcalde dijo que “ojalá” se
hagan “tangibles” los beneficios que ofrece la CFE con la construcción
de La Parota y reiteró que el desarrollo del proyecto “va ayudar a avanzar
en el desarrollo que buscamos”.
Agregó que el gobierno municipal
que él encabeza, al que sólo le quedan tres meses y que de consumarse
la obra de La Parota se construirá en seis años, será “vigilante” para
que todos los compromisos pactados por la CFE se cumplan.
A pregunta expresa sobre las agresiones
que se dieron entre los opositores y la policía preventiva municipal el
alcalde aseguró que para no poner “en riesgo” a alguien se decidió que
los policías fueran desarmados.
Sobre la legalidad de la asamblea
llevada a cabo en el salón de fiestas Rebeca de San Marcos, López Rosos
dijo que corresponderá a otras instancias analizarlo.
Respecto a su postura asumida el
lunes cuando invitaba a los comuneros opositores a efectuar una asamblea
conjunta y que se respetara la voluntad de las mayorías, el alcalde dijo
que el resultado lo dejaba “satisfecho” pero que no podía afirmar si son
mayoría quienes dieron la anuencia porque no había estado presente en
la asamblea.
“Creo que tiene que seguir existiendo
diálogo, tenemos que redoblar el esfuerzo para llegar a acuerdos, creo
que es un paso muy importante el que se dio, vendrán otros pasos más importantes.
“Y creo que nuestro compromiso
como gobierno será abrir todos los canales para dialogar con todos los
grupos, no solamente con los opositores sino también con los conformes
tenemos que mantener acercamiento con ellos”, finalizó el alcalde.
JALISCO
Acusan al alcalde de Tonalá de promover invasión
de tierras. (La jornada, Juan Carlos
García, p.web).
Guadalajara, Jal., 23 de agosto.
Ramón Ballardo Ballardo
y Rubén Vázquez Ruiz, propietarios de dos ranchos en Tonalá, denunciaron
que las autoridades municipales, además de fomentar la invasión de sus
predios, por paracaídistas que se hacen pasar por comuneros desde 1996,
envían a policías para que, junto con los invasores, agredan
físicamente a miembros de su familia con el objetivo de intimidarlos para
que abandonen los terrenos y éstos puedan ser fraccionados y revendidos.
Ballardo Ballardo presentó copias
de partes médicos como prueba de las agresiones que han sufrido sus hijos
y su esposa en complicidad con los elementos policiacos.
De su lado, el alcalde de esa localidad, el priísta Palemón García Real,
desmintió las denuncias y dijo que no apoya a alguna de las partes en
conflicto.
QUINTANA ROO
Diputados perredistas
exigen juicio político contra Patrón Laviada. (La Jornada, Luis A. Bonfil, p.web).
Violó la Constitución con su proyecto aeroportuario, dicen
Merida, Yuc., 23
de agosto. Legisladores federales del PRD presentaron en la Cámara de
Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Yucatán,
el panista Patricio Patrón Laviada,
vinculado en la contratación del especulador profesional de tierras Antonino
Almazán Arteaga para la construcción en el municipio de Hunucmá
del nuevo aeropuerto emeritense, el cual también contempla un amplio proyecto
inmobiliario con un costo aproximado de mil 450 millones de pesos.
Eric Villanueva Mukul, ex diputado
federal por Yucatán, informó que los legisladores perredistas
Beatriz Mújica, de Guerrero, y Emiliano Ramos, de Quintana Roo, fueron
los encargados de presentar la demanda la mañana de este martes bajo la
asesoría de litigantes y del propio Villanueva.
Según el ex dirigente, Patrón Laviada
violó varios artículos constitucionales, los códigos Federal y Civil,
la Ley de Funcionarios Públicos y la Ley de Adquisiciones y Obra Pública,
además del Presupuesto de Egresos estatal de 2005, entre otras irregularidades,
al tratar de llevar a cabo su megaproyecto mediante la adquisición de
terrenos ejidales a bajo precio para luego ser comprados por el Ejecutivo
local en cantidades más elevadas.
Como se ha informado, Patrón Laviada
pretende comenzar este año el desarrollo de su proyecto Metropolisur,
que consiste en la construcción de un nuevo aeropuerto en la comunidad
rural de Hunucmá, 20 kilómetros al sureste de
Mérida; un parque zoológico al aire libre, amplias carreteras, plantas
de agua potable y un museo temático de la cultura maya.
Sin embargo, en la operación de tierras el mandatario admitió
que contrató a Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario
Nacional en Yucatán, para que comprara 3 mil hectáreas a campesinos de
Hunucmá, por las cuales pagó a 72 centavos el metro cuadrado;
no obstante, el especulador las revendió a 1.40 pesos al gobierno para
llevarse una "tajada" de 20 millones de pesos.
Villanueva Mukul dijo que además
del procedimiento iniciado en la Cámara de Diputados, la solicitud de
juicio político se hará extensiva en el Congreso de Yucatán con el respaldo
de los diputados locales Alejandro Cuevas Mena
y Eduardo Sobrino Sierra
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