CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 22 DE AGOSTO DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Aprenden disparejo en el DF

Lideran secundarias de la Benito Juárez en aprovechamiento, reprueban Tláhuac y Contreras.

 

 

Introduce la SEP inglés en primarias

Primer acercamiento al idioma: Reyes Tamez

 

Buscan empresarios al Presidente ideal

Alguien confiable y honesto, principal anhelo ciudadano

 

Mercados piden señales claras de los candidatos

No deberán meterse en política fiscal y monetaria: Prieto Treviño

 

Alianza obrera contra el ISR a prestaciones

“Voto de castigo” a partidos que apoyen ese gravamen

 

Pactan Madrazo y Elba Esther el relevo en el PRI

Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo acordaron ayer convocar, en un plazo cercano a los quince días, al Consejo Político Nacional del PRI.

 

Venden droga y bombas por internet en México

La delincuencia también ofrece armas de grueso calibre

 

Iglesia, contra gravamen a prestaciones

Apoya moviliza ciones obreras

 

Elba Esther: no soy factor de desunión

En su primera aparición como el líder priísta para definir renovación del CEN

 

Jesús es mi asesor: Cárdenas

No me ha fallado, dice el precandidato presidencial del PAN

21 de Agosto de 2005

 

Sector agrario

 

 

 

Destituyen al procurador agrario Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez. (El Sol de Cuernavaca, Estrella Pedroza, p.web).

21 de Agosto de 2005

* Ganaron la batalla ejidatarios; levantaron ayer su plantón

* Rogelio Castañares Ferrer, será el nuevo encargado

Ejidatarios de Morelos levantan el plantón que mantenían desde hace nueve días a las afueras de la delegación de la Procuraduría Agraria (PA) en Morelos, después de que les fue notificado desde las oficinas centrales que Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez sería substituido por Rogelio Castañares Ferrer. Por su parte, el ex delegado aseguró que este asunto tiene trasfondos políticos con miras al 2006.

Lo anterior, tras una negociación con el titular de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, Natividad Salas, y con el subprocurador Agrario Rogelio Parra Silva, en donde se estableció que los ejidatarios –que mantuvieron su manifestación desde el 10 de agosto– se retirarían después del mediodía de ayer a cambio de que el ahora ex titular de la delegación de la PA fuera destituido.

Aproximadamente a la 01:45 de la tarde, cerca de 100 personas empezaron a retirar sus pertenencias, al tiempo que manifestaban su victoria entre aplausos y corridos, acompañados por las cuerdas de una guitarra; asimismo, aparecía la figura de Rodríguez Gutiérrez asomándose constantemente por la ventana de las oficinas. Al respecto, la comisariada del ejido de Tetela del Monte, Carmen Lucila González García, indicó que ellos desconocían el nombre del nuevo delegado de la PA en Morelos. Sin embargo, dijo, se espera que sea una persona comprometida con el acampo, que realmente atienda los problemas agrarios y que no sea alguien que esté tras el escritorio.

Destacó que de no responder como esperan, podría realizarse un movimiento similar al de esta ocasión. “Esta unión que hemos creado –destacó–, nos servirá a todos para defendernos como comunidad. No se puede decir que se ganó esta lucha, sino que dieron una solución a nuestra petición”.

Finalizó ofreciendo una disculpa a la ciudadanía por las molestias que causaron al obstruir las calles. Un asunto con trasfondo político: Rodríguez GutiérrezPor su parte, el hoy ex delegado en Morelos de la PA, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, refirió:  “Los que somos funcionarios públicos debemos estar sujetos a estos cambios”.

No obstante, se dijo convencido de que no hay demandas agrarias competencia de la Procuraduría Agraria. Esto es un movimiento artificial, indicó, manejado políticamente al cien por ciento. Recordó que el diputado panista Luis Ángel Cisneros señalaba este asunto como actos de corrupción; actualmente se maneja como falta de conciliación, por escaso asesoramiento “se buscaron pretextos”. En lo que resultó, señaló, es que la presión política de una línea partidista impulsó la decisión de su cambio: “Creo que no es la manera en que se pueda avanzar en esta sociedad”. Subrayó que estos señalamientos no son directamente al Partido Acción Nacional (PAN), sino a una línea política del mismo, mediante la cual se creó un movimiento disfrazado para apoderarse de las instituciones y a través de ellas querer operar en el sector agrario en el proceso electoral del 2006.

Así las cosas, consideró de gravedad “que las instituciones se vulneren de esa forma”.Insistió en que Carmen Lucila González García en efecto tiene problemas agrarios en el Tribunal Superior de Justicia y lo que están haciendo es adquirir la posición de fuerza para poder presionar a otras instancias legales bajo el triunfo de que modificaron a un delegado.

En tanto, Nicolás Rodríguez Gutiérrez reiteró que se va tranquilo, puesto que “he trabajado bien, tenemos buenos resultados”.Detallo que en tres años y medio: a) No se había tenido ningún movimiento que rebasara los marcos institucionales. b) Se hicieron más de mil cincuenta conciliaciones. c) Se atendieron a todos los núcleos (existen registros). Y d) Se entregaron más 6 mil 500 testamentos agrarios.  Entrega-recepciónEn este contexto, al caer la tarde (04:30 PM) se llevó a cabo la entrega-recepción, ante la presencia del coordinador de delegaciones Carlos Muñoz, entre el ahora ex delegado de la PA en Morelos y el actual titular, Rogelio Castañares Ferrer, así como el personal de la institución.

 

Evitaré más conflictos por tierras, dice el nuevo procurador agrario. (El Sol de Cuernavaca, Israel Mariano Ramírez, p.web)

21 de Agosto de 2005

* Enorme reto, trabajar en la tierra de Zapata: Castañeda Ferrer

Con experiencia como procurador agrario en los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Veracruz, Rogelio Castañares Ferrer, planteó que resulta un enorme reto trabajar en las tierras de Emiliano Zapata, y dijo que con esa misma responsabilidad espera cumplir las exigencias de los núcleos agrarios en Morelos para evitar más conflictos por las tierras, fueron sus primeras palabras como responsable de la Procuraduría Agraria en Morelos.

Luego de los conflictos provocados por un grupo de delegados panistas encabezados por el ex diputado local y delegado del RAN, Edmundo Venosa Peña, fue inminente la salida de Arturo Nicolás Rodríguez

Gutiérrez, en el puesto que mantuvo por casi cuatro años, incluso, luego de aceptar su salida, acusó a un grupo de panistas como los responsables de su salida. Luego de una negociación a puerta cerrada, entre funcionarios de oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, el ahora delegado y Arturo Nicolás, a este último le fue ofrecida la plaza de delegado en Veracruz y la rechazó.

Quien desde el inicio del fin de semana está a cargo de la Procuraduría Agraria, se comprometió mediante un rápido contacto con el personal de la institución a trabajar de manera transparente, legal y en apego a le ley agraria. En entrevista, el recién nombrado titular de la dependencia, Castañares Ferrer señaló que será un doble esfuerzo estar en Morelos, por lo que representa la figura por excelencia de Emiliano Zapata a nivel nacional, “aquí el trabajo es complicado porque se deben honrar muchas cosas. Que quede claro, no llego a desplazar a nadie, sino a trabajar por el bien de los núcleos agrarios, por ello es necesario reforzar el equipo de trabajo, porque trabajaremos con gente que independientemente de partidos, ideologías y posturas, vienen a solucionar un asunto, y nuestro deber será el de atenderlos, sin ir más allá”.

Con respecto a la problemática de quienes mantuvieron bloqueados los accesos de la procuraduría, negó que vaya a existir algo en su contra, pero prometió escuchar sus demandas y a revisar sus planteamientos para darle salida a todas sus exigencias”. ”Nuestro trabajo es la conciliación, por eso tenemos que trabajar de manera abierta a los núcleos y que ellos sepan que estaremos en medio de los conflictos con el ánimo de dar certeza jurídica”, agregó. No obstante, aclaró que en la Procuraduría Agraria de Morelos, “nadie habla de corrupción, o que se va mal el anterior titular, pero es una lástima que el señor (Arturo Nicolás) se vaya sentido y lastimado”.

 

Abrirán nueva oficina de información turística. (El Sol de Cuernavaca, Estrella Pedroza, p.web).

20 de Agosto de 2005

* Para atender visitantes y turistas en general

Después de haber señalado que el movimiento de los ejidatarios Morelenses que mantuvieron un plantón por nueve días a las afueras de la Delegación de la Procuraduría Agraria en Morelos (PA), tiene un trasfondo político con miras al 2006, el ex delegado Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, aseguró, que podría dar a conocer “información valiosa respecto al tema” en el transcurso de esta semana.

La delegación de la Procuraduría Agraria vivió cambios administrativos el pasado viernes, puesto que a petición de ejidatarios Morelenses -que durante más de tres meses exigieron la salida de Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez- bajo el argumento de posibles actos de corrupción e incumplimiento de funciones al negarles asesoría jurídica.

En este contexto el ex delegado, señaló, que era un movimiento artificial -manejado políticamente al cien por ciento, con una línea política- “para apoderarse de las instituciones y a través de ellas operar el sector agrario en el proceso electoral del 2006”. Por lo que a poco más de 3 días de su destitución, aseguró, que dará a conocer información reveladora que pondrá en evidencia que efectivamente tras de estas manifestaciones se encontraron en todo momento, dos actores políticos “el diputado Luis Ángel Cisneros y el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) Edmundo Venosa Peña”.Detalló que podría ser en el transcurso de esta semana, resaltó, cuando se dé a conocer todo el proceso que se vivió, “quizás con la cristalización del tema la ciudadanía tenga otra  visión”.

Se prevé visitar al nuevo procurador. Por su parte, los ejidatarios que se mantuvieron en el plantón a la entrada de la delegación de la PA, manifestaron que se tiene contemplado visitar, el día de hoy, al nuevo titular Rogelio Castañares Ferrer.  Dicha entrevista será, aseguraron, con la finalidad de darle a conocer los problemas agrarios que enfrentan en cada comunidad y ejido, para que sin perder más tiempo se inicie el trabajo para dar soluciones.

 

Campesinos acusan al EZLN de mantener. (La Crónica, p.web).

2005-08-2

(AFP en Ocosingo, México )

Pequeños productores del municipio de Ocosingo, Chipas (sureste) declararon el sábado que el EZLN mantiene ociosas miles de hectáreas de tierras que invadió en 1994 y que el gobierno federal ofrece comprar a menos de la mitad de su valor para entregarlas al grupo insurgente.

Jorge Pimienta, representante de los propietarios invadidos, dijo a la AFP que los ranchos en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el gobierno de México ofreció comprar el pasado jueves, "están completamente abandonados y no son trabajados por los zapatistas", quienes además "han talado las áreas de montaña".

De la oferta que les hizo el gobierno federal de comprar las tierras para entregarlas legalmente al EZLN, Pimienta dijo que la propuesta de 6 mil pesos por hectárea (unos 590 dólares) "es una burla y hasta una ofensa" porque su valor real, sostuvo, es de 15 mil pesos por hectárea (unos mil 400 dólares).

Precisó que junto con las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), han hecho inspecciones en la llamada zona de conflicto y se percataron de que, de las 17 mil hectáreas invadidas, "sólo en algunos casos las tierras están siendo trabajadas de manera parcial, pero la mayoría están ociosas".

El representante de los pequeños propietarios aseguró que producto de la invasión de los rebeldes, la producción de ganado se desplomó, ya que antes de las ocupaciones, en 1993, el municipio de Ocosingo vendía al mercado nacional 3.500 cabezas de ganado al mes.

Doce años después, sostuvo, "únicamente se producen 600 cabezas mensuales, y eso en temporada buena. Todo se perdió. Los zapatistas se quedaron con las tierras y el ganado. Y a un señor que mandó a su hijo a recuperar el ganado, lo mataron", afirmó.

Las tierras del municipio de Ocosingo son "altamente productivas", además de que con las invasiones los rancheros perdieron casas, ganado y maquinaria, que no están consideradas en la oferta, por lo que los campesinos piden la intervención del Poder Legislativo para obtener una justa compensación.

"Las autoridades nos dijeron que es la única alternativa, que tomemos los 6 mil pesos o esperemos diez años más, pero nosotros no lo consideramos justo. Sabemos que hay excedentes petroleros, hay para otras tantas cosas menos para lo nuestro y no para quienes tenemos tanto tiempo sufriendo", añadió.  En documentos oficiales del gobierno de Chiapas en poder de la AFP, se señala que los predios están invadidos por el EZLN y que incluso en algunos de ellos los alzados mantienen retenes.

En muchos de los casos se apunta que las edificaciones que existían fueron destruidas. "Casco destruido. Existen trabajaderos y acahuales (vegetación secundaria", señala uno de los documentos.  En algunos casos, como el del racho Valencia, de 20 hectáreas, se apunta: "Las tierras están siendo cultivadas, la infraestructura está destruida".

En otros, como el rancho Rubí, de 45 hectáreas, o El Carmen, de 81 hectáreas, se señala que en las tierras invadidas ya existen viviendas, escuela, iglesia, agua potable y hasta una clínica.

En algunos más, como los ranchos Santa Rosa, "existen retenes" del grupo armado o al menos "se visualizó presencia del EZLN". Esta última situación se anota también para los predios Huimanguillo y Sayula.  En otro rancho invadido por los zapatistas se reúne este fin de semana el subcomandante Marcos y miembros del EZLN con organizaciones sociales que se han sumado a "La Otra Campaña" que impulsa el grupo insurgente, todos los fines de semana de agosto y hasta el 16 de septiembre.

El encapuchado líder de los zapatistas ha asegurado que estas tierras habían sido repartidas entre los campesinos pobres de la región.

 

Denuncian productores de Ocosingo que el EZLN mantiene ociosas miles de hectáreas. (El Sol de Zacatecas, p.web). Información también publicada en Milenio Diario y La Crónica

El subcomandante Marcos aseguró que estas tierras habían sido repartidas entre los campesinos pobres de la región.

Agosto 20, 2005

Ocosingo.-- Pequeños productores del municipio de Ocosingo, Chipas declararon el sábado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene ociosas miles de hectáreas de tierras que invadió en 1994 y que el gobierno federal ofrece comprar a menos de la mitad de su valor para entregarlas al grupo insurgente.

Las tierras del municipio de Ocosingo son "altamente productivas", además de que con las invasiones los rancheros perdieron casas, ganado y maquinaria, que no están consideradas en la oferta, por lo que los campesinos piden la intervención del Poder Legislativo para obtener una justa compensación.

El subcomandante Marcos aseguró que estas tierras habían sido repartidas entre los campesinos pobres de la región.

Autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria han hecho inspecciones en la llamada zona de conflicto y se percataron de que, de las 17 mil hectáreas invadidas, "sólo en algunos casos las tierras están siendo trabajadas de manera parcial, pero la mayoría están ociosas".

 

Desde hoy, México será el traspatio de chatarra de EU. (La Crónica, Margarita Solís , p.web).

21-08-2005

A pesar de los constantes llamados de los distribuidores y productores de autos y camiones pesados al gobierno federal, y advertir a la misma población sobre las consecuencias y riesgos de comprar vehículos ilegales de procedencia estadunidense —mejor conocidos como autos chocolate—, a partir de mañana ya será legal.

El Poder Ejecutivo, bajo el visto bueno de las secretarías de Hacienda y de Economía, y con el anticipado anuncio oficial de Carlos Abascal, secretario de Gobernación, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para legalizar 2.5 millones de autos chocolate que circulan por todo el país. Además la frontera norte estará libre para que ingresen 800 mil vehículos de Estados Unidos y Canadá.

Por lo anterior cabe recordar que en julio pasado tanto el presidente de la República, Vicente Fox, como el titular de Economía, Fernando Canales, se pronunciaron en contra de la legalización, el ingreso de esos vehículos, al reconocer sobre las afectaciones económicas que traería para la industria automotriz nacional, como la pérdida de empleo e incluso el cierre de plantas productoras.

Para evitar que México se convierta en “el traspatio de los norteamericanos, donde se recibe lo que a ellos no les sirve”, como lo dijo Tirso Martínez Angheben, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) propuso crear el Programa de Renovación de su Parque Vehicular, en el cual participarían las dependencias federales, como Economía, Hacienda, Sagarpa, Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, los gobiernos estatales y el Congreso de la Unión.

Con lo anterior, además de evitar convertir al país en un depósito de chatarra, se impulsaría a la industria nacional y generarían mayores ingresos para el gobierno federal, ya que de aplicarse dicho programa en los próximos dos años la derrama crediticia aumentaría cuatro mil 410 millones de pesos y la recaudación fiscal lo haría en dos mil 300 millones de pesos: 140 millones por Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), mil 280 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de compra-venta de las unidades y de seguros, 290 millones por tenencia, 510 millones de pesos por Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) e IVA de gasolina, 80 millones de incremento en la recaudación por otras obligaciones —emplacamiento y verificación.

Los beneficios para el país serían: el aumento en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las plantas armadoras, empresas de distribución y compañías aseguradoras, derechos de extracción de hidrocarburos y otras. Además se conservarían y generarían hasta 10 mil empleos y el retorno inmediato, al momento de la compra de las unidades, de un monto equivalente al aportado por los gobiernos federal y estatal, vía recaudación fiscal y otros derechos.

Entre las advertencias que hacen los industriales del ramo al consumidor antes de adquirir un auto chocolate, están que corren el riesgo de que el vehículo haya sido usado para actos de delincuencia en Estados Unidos, no encontrar en México las refacciones correspondientes, el uso de un energético que no sea gasolina, como el diesel, e incluso las condiciones físicas de las avenidas y carreteras del país.

Los distribuidores de automotores están dispuestos a competir siempre que exista un marco regulatorio que proteja el entorno ecológico, preserve la seguridad pública y haga efectivos los derechos de los consumidores, como sucede en Estados Unidos y Canadá.

Por su parte Salvador Rivera, líder de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos de la Confederación Nacional Campesina, sí está de acuerdo con el decreto que se publica hoy, porque dice: se eliminarán los altos costos de intermediación y coyotaje, se acabará con la cascada de impuestos y llevará a igualar las tasas de financiamiento en México para adquirir vehículos nuevos con las de EU y Canadá.

* Mafias venden emplacados los camiones en 20 mil dólares, mientras que a ellos les cuestan 2 mil en Estados Unidos; la ganancia es de 1,000%.

* En el país existen 120 mil tractocamiones y autobuses de procedencia ilícita equivalen al 24% del total del parque vehicular. De esas unidades, 100 mil son tracto y 20 mil autobuses de pasajeros.

* Los fabricantes de camiones, tractocamiones y autobuses de pasajeros perderán 436 mil empleos directos en menos de un año. A causa de los camiones ilegales desaparecieron en 20 años en el país 150 distribuidores de esos vehículos.

* Cada año se dejan de vender en el país 400 mil vehículos nuevos.

Seis diputados se beneficiarán, denuncia AMDA

En julio pasado Alfredo Llorente, director general de la AMDA, acusó que dentro de la eventual regularización de vehículos procedentes de Estados Unidos están involucrados 6 diputados federales del PRI y del PRD, quienes tiene intereses particulares en ello.

Entre los nombres están: Omar Bazán, de Chihuahua e integrante de la Comisión de Gobernación; Alfonso Nava, de San Luis Potosí y secretario de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, y Margarito Fierros, de Michoacán y secretario de la Comisión de la reforma Agraria; los dos primeros del PRI y el último del PRD.

Mencionó el caso particular de la diputada chihuahuense del PRI Nora Elena Yu, que como secretaria de la Comisión de Economía pide que para la regularización de los vehículos se expida el pedimento aduanal al internarlo al país, “porque ella es agente aduanal y, como tal, cobra por cada pedimento”, aseguró Llorente. (MSP)

Está en peligro la cadena productiva

Con la publicación del decreto para la importación de vehículos estadunidenses, se estaría adelantando lo acordado en el TLCAN: apertura gradual a vehículos usados a partir de 2009. Lo anterior se realizaría sin solicitud de los Estados Unidos y Canadá, porque de lo contrario sería necesaria una negociación trilateral.

De acuerdo con la AMDA, México correría el mismo riesgo que Perú, Bolivia y Ecuador, países donde desapareció la cadena productiva de automotores, ante la falta de planeación en su política de importación de vehículos. De seguir ese esquema, el parque vehicular en México tendrá una tendencia de envejecimiento con implicaciones ambientales y económicas, por lo que deberán crearse mejores mecanismos de control y supervisión aduanera. (MSP)

 

Desmiente SRA a Fernando Moreno. (Ecos de la Costa, Heidi de León, p.web)

21-08-2005

El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto José Hershberger Reyes, desmintió que en el estado de Colima existan conflictos agrarios, como insistentemente lo ha reiterado en sus columnas el ex mandatario estatal Fernando Moreno Peña.

El funcionario federal se dijo extrañado de que estas declaraciones las esté haciendo uno de los personajes principales de aquella reunión de octubre de 2003, cuando junto con el secretario de la Reforma Agraria y el senador Héctor Michel Camarena, el entonces gobernador Moreno Peña acordara levantar bandera blanca en Colima.

En llamada telefónica que hizo al director de Ecos de la Costa, René González Chávez, Hershberger Reyes puntualizó que en ese encuentro se hizo una revisión puntual de la agenda agraria en la entidad, llegando a la conclusión de que no existían conflictos agrarios que pusieran en riesgo la paz social del Estado; además, precisó que fue el ex mandatario quien con ese propósito convino invitar al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que hiciera el anuncio oficial.

Precisó que en el asunto del ejido Miguel de la Madrid, municipio de Manzanillo, que se atendió en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, en contra de los poblados denominados Campos, Francisco Villa, Nuevo Cuyutlán, Las Juntas y El Colomo-La Arena, que relató Moreno Peña en una de sus columnas para argumentar que con la bandera blanca la SRA había engañado al presidente Fox, efectivamente por esas fechas -octubre de 2003- se llevó a cabo sobre este particular un procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal Unitario Agrario, pero que ello en ningún momento significó un conflicto social, “por eso desmentimos que existan problemas agrarios en el estado de Colima”.

Más adelante, el subsecretario Hershberger subrayó que antes de que el Tribunal Agrario desahogara los procedimientos, la SRA llegó a un convenio con los ejidos manzanillense que tenían esos juicios, “es así como se llegó a hacer una composición amigable, donde las partes en cualquier momento del juicio llegan a un acuerdo conciliatorio”.

ABOGADO FRANCISCO SOLÓRZANO

Sobre los señalamientos de que existen cuatro conflictos más, el subsecretario de la SRA aseveró que estos asuntos no son conflictos sociales, y recordó que esto se expuso en la última reunión de trabajo que sostuvieron con el Ejecutivo estatal, Silverio Cavazos Ceballos, y donde además estuvo presente el senador de la República Héctor Michel Camarena y un abogado particular de nombre Francisco Solórzano. “Ahí precisé que no son conflictos sociales, sino asuntos que litiga en su despacho Francisco Solórzano”.

Mencionó que, debido a esa situación, quedó sorprendido, “institucionalmente hablando, por la intervención de personajes importantes en Colima, como el propio senador Michel o la columna periodística de Moreno Peña, al decir que estos son conflictos agrarios, cuando los está llevando en su despacho particular el licenciado Solórzano, pero no por el hecho de que éste lleve un juicio agrario la SRA tenga que resolvérselo, más cuando le dijimos que estos no son asuntos sociales”.

Incluso refirió que el abogado planteó en esa reunión temas que fueron resueltos hace años y sacó a relucir el juicio de amparo de Cerro de Ortega, “pero yo le dije frente al gobernador y el senador: ‘oiga, no se vale que usted quiera litigar en Reforma Agraria lo que no ha sabido litigar en los tribunales’”.

Asimismo, mencionó que a Francisco Solórzano lo invitó a la reunión privada en el despacho del gobernador el propio Michel Camarena, quien además ha tratado de manera particular los casos privados que lleva el abogado: “lo trató con un servidor y le dijimos que actuara ante los tribunales porque la SRA no puede revocar sus actos; si ganaban el juicio estábamos en la mejor disposición de acatar la sentencia”.

Argumentó que desconoce si el legislador priísta obtiene algún beneficio personal gestionando los asuntos, pero lo que sí resultó evidente fue “su deseo de apoyar a un particular, a Francisco Solórzano; tengo pruebas de que el senador ha apoyado los litigios de ese abogado”. Expresó que estas acciones son indebidas porque son juicios a favor de propietarios particulares en contra de campesinos, y “el señor Michel Camarena es un legislador”, precisó.

Para cerrar el tema, recapituló y dijo que en Colima existen controversias agrarias, pero que resultaría exagerado pensar que estas diferencias entre ejidatarios sean un conflicto agrario que vulnere la estabilidad y la paz social: ”creo que el ex gobernador Fernando Moreno no tiene claro lo que significa una controversia jurisdiccional y lo que es realmente un conflicto agrario”.

DELEGADO DE LA SRA

En otro tema, sobre la designación de Ramón del Toro como delegado de la SRA, el funcionario refirió que en los últimos días se han suscitado en el Estado una serie de descalificaciones contra el político colimense, cuestionando su capacidad para estar frente a la delegación. En ese sentido, Hershberger Reyes argumentó que el panista cumple perfectamente con el perfil que pedía la SRA para el cargo.

En esa tesitura, dijo que con la trayectoria de Del Toro se podrá cumplir a cabalidad con el desarrollo agrario, donde se involucre a los campesinos en proyectos productivos, ayudándolos a hacer rentables sus terrenos.

Expresó que esta es una nueva etapa de la SRA, después de que en 1992 terminara el reparto de tierras, “por eso creemos que Del Toro cumple muy bien el perfil para hacer rentable al campo”.

 

Respalda Asur el plan aeroportuario de Patrón Laviada. (La Jornadam Kuis A. Bonfil, p.web).

20 de agosto

Merida, Yuc., 19 de agosto. El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) dio el visto bueno al polémico proyecto Metropolisur que impulsa el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien desea construir una nueva terminal aérea en el municipio rural de Hunucmá, así como centros comerciales, viviendas para clases sociales pobres, carreteras, además de un museo temático de la cultura maya y un zoológico al aire libre, proyecto cuyo costo estimado es de mil 450 millones de pesos.

Asur, por conducto de su director en Yucatán, Héctor Navarrete Muñoz, dio la victoria al mandatario en el "primer round" de la batalla que libra para intentar convencer a los sectores influyentes de la sociedad yucateca -empresarios y líderes de organizaciones productivas- de las "bondades" del megaplan, no obstante que comerciantes y socios del Colegio de Arquitectos manifestaron su escepticismo sobre el mismo, al considerar que la actual administración panista dejaría endeudada a la entidad en los siguientes 10 o 12 años, y también por la poca claridad en la compra de las tierras.

Cabe recordar que las dudas surgen debido a que el mandatario estatal contrató al especulador profesional de bienes inmuebles Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, para que comprara 3 mil hectáreas de terrenos a campesinos de Hunucmá. El ex funcionario compró tierras a indígenas a 72 centavos el metro cuadrado, mismos que revendió a 1.40 pesos a la administración del estado.

En esa transacción Almazán Arteaga, según confesó Patrón Laviada, obtuvo 5 millones de pesos como comisión, aunque en los círculos políticos locales se habló de una "tajada" de 20 millones de pesos.

 

Averiguación previa contra opositores a La Parota que se enfrentaron con policías. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Viernes 19-08-2005

El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, informó que se iniciarán averiguaciones previas contra comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota que después de destruir papelería oficial se enfrentaron con elementos de las policías estatal y municipal que resguardaban la seguridad de la asamblea ejidal en la que se preveía la construcción de la obra Mientras, miembros del comisariado ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec (BCC) convocaron a una nueva asamblea para el próximo 23 de agosto en la que solicitarán la presencia de efectivos del Ejército.

En conferencia de prensa en Acapulco, en la que también participó el presidente municipal de este puerto, Alberto López Rosas, Torreblanca Galindo señaló que la presencia de los cuerpos policiacos en la asamblea ejidal se debió a la solicitud que hicieron las autoridades de los BCC, "para garantizar la libertad de expresión".

El mandatario estatal expresó: "fue un grupo, que consideramos minoría", el que destruyó papelería oficial de la Secretaría de Reforma Agraria y muebles para enseguida agredir a la policía, lo que puede constituir un delito pero, aseguró, "el gobierno fue paciente. Vamos a integrar las averiguaciones previas, a garantizar que se realice una nueva asamblea ya que así lo han solicitado los integrantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec".

En Chilpancingo, el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana, Rafael Cortés Badillo, anunció que desde el domingo pasado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga "a los dirigentes y campesinos que agredieron a policías estatales y municipales" durante la fallida asamblea realizada en la comunidad de El Campanario.

Por separado, también en conferencia de prensa en Acapulco, el presidente de los BCC, Crescencio Jerónimo Aparicio, explicó que la asamblea de este domingo fue para analizar la anuencia a la expropiación de sus terrenos; y adelantó que para la segunda asamblea a efectuarse este 23 de agosto, se solicitará la presencia del Ejército.

Adelantó que la presencia de los militares tiene como finalidad evitar hechos violentos como los ocurridos ayer domingo, donde hubo pedradas y empujones al romper los opositores un cerco policiaco en la comunidad El Campanario, y para que los comuneros lleguen a la asamblea sin machetes, palos y navajas.

"Injerencia extranjera en el movimiento"

De su lado, Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Guerrero, denunció la presencia de por lo menos 10 extranjeros guatemaltecos, salvadoreños y estadunidenses, en los hechos violentos ocurridos ayer en la comunidad de El Campanario, que sólo buscan desestabilizar a la entidad.

Romero Sotelo refirió que los extranjeros fueron filmados y que estos hechos han sido denunciados ante el Instituto Nacional de Migración para que dicha autoridad proceda a hacer la deportación correspondiente, ya que, acusó, "están financiando ese movimiento".

En compañía de integrantes del comisariado ejidal, el dirigente de la CNC indicó que los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota causaron daños materiales por más de 500 mil pesos y que rompieron instrumentos musicales, sillas y toldos que fueron contratados por la organización que dirige.

Durante la conferencia, el dirigente del comisariado denunció que los opositores quemaron 6 mil 800 certificados agrarios, de un total de 7 mil 285 que habrían de entregarse durante la asamblea para analizar la anuencia para la expropiación de sus terrenos.

 

Fox pagará por invasión de tierras. (Milenio, p.web).

21-08-2005

El País

España. El gobierno acordó pagar 100 millones de pesos a ganaderos y propietarios por las tierras que invadió el EZLN en 1994. Esto fue anunciado en reunión entre el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y los representantes de los propietarios afectados. Salazar admitió que la cantidad considerada “insuficiente” deberá cubrir el pago de 17 mil hectáreas de pequeños propietarios de tres municipios afectadas por los zapatistas. “Nos enfrentamos a la realidad de la escasez de recursos y el gobierno del presidente Fox ha hacho un esfuerzo, porque no estaba contemplado en el presupuesto de este año el pago”, explicó el funcionario. Los propietarios beneficiados de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo evaluaron sus tierras en 15 mil pesos por hectárea, dijo Jorge Pimienta Calvo, representante de Ocosingo. Los propietarios aceptaron la propuesta oficial.

 

Y hay más sobre lo mismo. (Diario de Yucatán, Roger Aguilar, p.web).

20 Ago 2005

Desarrollo y democracia

Cosas que parecen malas y cosas que no sólo lo parecen. Cierto: No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, pero tampoco cosas malas que, salvo socios, íntimos y súbditos, los demás saben que no son buenas. Y que conste: legal no es sinónimo de bueno ni tampoco justo por obligación.

Si fuera así no habría necesidad de mejorar, cambiar o derogar leyes que a priori son justas y buenas, y, de paso, hasta se podría ahorrar los gastos de legisladores que muchos, entre los que hay también envidiosos de dietas y compensaciones, consideran muy onerosos. Si reformar leyes es legal, quiere decir que las leyes dejan de ser buenas (si es que lo fueron), pero también que las reformas pueden ser malas. Y no sólo porque, como la experiencia prueba en exceso, lo que para algunos es bueno suele ser malo para otros, en un país dividido en clases sociales, pero dominado por una sola o por una mezcla de varias. Mas no divaguemos y volvamos al asunto.

El director de la Cousey, por encargo de su jefe, el gobernador, se dedica a comprar tierras amparado en una ley que heredó del régimen anterior, buena para los propósitos a él encomendados, por más que se trate del engendro legal de un gobierno al que el actual grupo gobernante y sus allegados tildan de poco menos que diabólico y, eso sí, muy corrupto. Pero, en vez de actuar con transparencia, cacareado logro oficial, y proceder a la expropiación, según leyes de mayor rango que el decreto que creó la Cousey, o comprar directamente a los dueños o representantes de ejidatarios, el gobierno optó por la simulación para evitar que los líderes (según Patricio Patrón, pillos u oportunistas) y los ejidatarios ganaran más de la cuenta.

Los grupos que venden los ejidos dañan a sus compañeros que no quieren dejar de trabajarlas o que no están de acuerdo con cederlas a cambio de centavos. Más daño causan quienes les corrompen para comprar las tierras. Pero ni unos ni otros, tanto quien se aprovechó de su paso por la delegación del Registro Nacional Agrario para hacerse de información confidencial y cultivar relaciones que ahora usa para su provecho personal, como quienes lo contratan para acaparar tierras con fines muy distintos y distantes de los agrícolas y de los intereses de los trabajadores del campo que todavía queden.

Y si el ex delegado agrario vuelto “corredor” de tierras exclusivamente ejidales hace mal, ¿qué puede decirse de quienes lo contrataron para engañar a pillines líderes ejidales, pero también a los ejidatarios en desacuerdo con que se enajenen lo que es de ellos también? Los funcionarios estatales fueron legales, pero nada éticos. Piensan que Antonino ganó muy poco en la triangulación de los terrenos para un tercer aeropuerto y lo comisionan para comprar parcelas de Chablekal, lo que tampoco está bien porque, entonces, ¿para qué sirven los funcionarios de la Cousey que cobrán quizás más que los legisladores para que particulares hagan lo que ellos pueden hacer directamente? Una cosa mala más: si sabemos de la participación de un ex delegado agrario en esos tejemanejes no fue porque nos lo informaran funcionarios estatales, sino porque se denunció, lo que está mal.

Democracia y desarrollo. La desigualdad en nuestro Estado es alimentada por la aplicación de la política económica desde el poder público que resulta en la monopolización de los beneficios de las grandes obras de infraestructura, programas de vivienda y obras de equipamiento urbano. Unos cuantos se han hecho muy ricos e influyentes gracias al dinero de todos invertido en los últimos 20 años, en contraste con el resto de la población que está igual o peor que antes. Por eso estaba obligado el gobierno actual a proceder con suma claridad y escrupulosamente en este proyecto.

No lo ha hecho así y ha dado su parte a la indeseable polarización que enrarece la discusión pública y atiza la confrontación. En estas circunstancias no es creíble que lo que arrancó mal vaya a terminar bien. Y si lo que está en juego va más allá del sexenio y dado que están en juego recursos que son de todos y se pretende cargarnos otra deuda que se sumará a las que como grillete dificultan el desarrollo independiente de la nación, es claro que debería ser motivo de una consulta pública.

No dudamos que detrás del proyecto polémico están expertos y especialistas. Pero no sabemos si esos expertos son como el experto agrario ni si los tecnócratas consultados tienen otro interés que no sea el de servir sólo al interés más general del desarrollo de Yucatán, que también incluye la democracia.

¿Qué saben los votantes de gobernar y de leyes? Y, sin embargo, votan para elegir a los especialistas y expertos. Pues que éstos les informen y consulten para incorporarlos al desarrollo de su cultura política.— Mérida, Yucatán.

 

Por la adquisición de tierras ejidales para el nuevo aeropuerto. (Mundo al Día, Israel Medina, p.web).

Patrón Laviada minimiza la posibilidad de un juicio político en su contra 

Mérida, Yucatán, 20 de agosto, 2005.-El gobernador Patricio Patrón Laviada minimizó la posibilidad de un juicio político en su contra por la adquisición de las tierras ejidales para el nuevo aeropuerto.

La misma postura asumió con relación a las irregularidades detectadas en el Registro Agrario Nacional (RAN) en contra del ex delegado de esa dependencia, Antonino Almazán Arteaga.

Como informó EL MUNDO AL DIA, diputados federales perredistas y de varias partes del país presentarán la próxima semana la solicitud de juicio político contra el gobernador Patricio Patrón Laviada.

Según los solaztequistas, tras un análisis del conjunto de elementos y los cabos sueltos sobre la adquisición de tierras ejidales para el nuevo aeropuerto quedó demostrado que sí procede ese planteamiento.

Entrevistado luego de dar el banderazo para el inicio de las obras de modernización de la vía Mérida-Progreso -de lo que informamos en nota aparte- Patrón Laviada reiteró sus argumentos de que la contratación de Almazán Arteaga fue para agilizar la adquisición de los terrenos.

-Nos ofreció las tierras a buen precio, no hicimos nada bajo el agua o a escondidas -señaló tajante.

Incluso, aseguró que su administración ha ofrecido la información relacionada con la compraventa de los terrenos para la nueva terminal aérea a grado tal que "hemos clarificado más allá de la Ley".

Cuestionado sobre los resultados de una investigación hecha por la Contraloría interna del RAN que detectó que Almazán Arteaga entregó indebidamente unos certificados de propiedad a un grupo de ejidatarios de Popolnah, Patrón Laviada dijo desconocer dichas irregularidades.

A pesar de que se presume que el ex delegado del RAN incurrió en presuntos actos de corrupción o negligencia -según la investigación realizada- el Gobernador minimizó el asunto.

Apuntó que el Gobierno del Estado contrató los servicios de Almazán Arteaga para un fin determinado que no está vinculado con las irregularidades que le atribuyen ejidatarios de Popolnah.

Como informamos, de acuerdo con los documentos presentados por los 40 ejidatarios afectados de la comisaría de Popolnah, las "irregularidades administrativas" detectadas por el órgano interno del RAN hacen pensar actos de corrupción o negligencia en el ejercicio de sus funciones, ya que a ocho de ellos les entregaron un certificado de propiedad pese a que la asamblea ejidal del 29 de agosto de 1999 les negó sus derechos.

 

Demandan aplicar la ley en proyecto de La Parota. (El  Universal, Juan Cervantes, p.web).

Lunes 22 de agosto de 2005

Lamentan ONG actitud de gobierno guerrerense

Chilpancingo, Gro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunció porque la aprobación del proyecto hidroeléctrico La Parota se realice dentro de la ley.

Juan Alarcón Hernández, el ombudsman de Guerrero, dijo que ese organismo defensor de los derechos humanos espera prudencia de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de los opositores al proyecto La Parota, para que la asamblea de ejidatarios y comuneros, programada para el martes de esta semana, se realice con legalidad, transparencia y en paz.

Mientras Laura Salas, vocera del grupo no gubernamental defensor de los derechos humanos Tlachinollan, aseguró que "es preocupante el lenguaje confrontativo y la utilización de la fuerza pública, que sólo exacerba los ánimos e incrementa represión y la violencia".

Ello, luego de que el pasado 16 de agosto el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, informara que se iniciaron averiguaciones previas contra comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, que después de destruir papelería oficial se enfrentaron con elementos de las policías estatal y municipal que resguardaban la seguridad de la asamblea ejidal en la que se trataba el tema de la construcción de la obra.

La defensora Laura Salas, añadió que otros asociaciones como la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, Miguel Agustín Pro Juárez y Red Guerrerense de Organismos Civiles por los Derechos Humanos, consideran que el proyecto La Parota "está decidido desde las más altas esferas gubernamentales y sólo se busca validarlo sin la participación real de los que serán afectados".

Indicó que es lamentable que lo que consideran primer gobierno de oposición en Guerrero "no dé señales de atender en su justa dimensión los conflictos sociales, de abrirse al diálogo, de no descalificar a ninguna de las partes y su falta de interés por defender las causas de la población más vulnerable".

Hasta ahora, ocho de los 19 núcleos agrarios que serán afectados por el hundimiento de sus comunidades y 17 mil hectáreas ejidales y comunales se oponen al proyecto La Parota, porque alegan que la CFE no les ha ofrecido un precio por sus tierras, huertas, casas, iglesias y panteones, según dieron a conocer el diputado local priísta Gustavo Miranda González, presidente de la comisión especial del Congreso local encargada de vigilar que a los campesinos se les pague un precio justo.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

No asistirán opositores a la presa al diálogo convocado para hoy por el gobierno estatal. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 No hay condiciones para negociar y “podría tratarse de un cuatro” para hacer detenciones, dice Marco Antonio Suástegui

Los comuneros opositores al proyecto de La Parota informaron que no irán al diálogo al que está llamando para hoy el gobierno del estado en Chilpancigo, porque consideran que no “hay las condiciones para ellos” y puede tratarse de un cuatro para que los detengan.

Además aseveraron que el diálogo lo convocan ahora “porque se ven perdidos”, aunque no lo descartaron, siempre y cuando sea en el plantón de Parotillas, y cuando sean desechadas las órdenes de aprehensión, pero también con la advertencia de que no darán un paso atrás en su negativa al proyecto hidroeléctrico.

Los comuneros sostuvieron una reunión en el plantón para afinar los detalles de cómo se movilizarán para la asamblea de mañana 23 de agosto, donde se pretende aprobar la anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicie con los trámites de la expropiación de las tierras cuya convocatoria hasta el momento no ha sido lanzada.

Alrededor de las 2:30 de la tarde llegaron al plantón opositor algunos dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), entre ellos Gustavo Téliz Hernández y Alejandro Martínez Sidney, quienes explicaron que estaban allí para conocer el problema de voz de los opositores, pues les preocupaba la violencia que se está generando y que perjudica la imagen de Acapulco.

Antes de abandonar la reunión, Téliz Hernández informó a los medios que no estaba de acuerdo con la presa La Parota bajo los términos que se está dando ya que ha generado violencia y de ello culpó a la CFE. Luego comprometió a los opositores cinco camiones urbanos para que se muevan el día de la asamblea y anunció que no acudirá a la marcha a la que están llamando algunos empresarios.

Mientras se desarrollaba la reunión, los comuneros detuvieron al director de transportes, Félix González Figueroa, quien pretendía entrar a la zona en conflicto con el argumento de que le habían dicho que por allí había “mucho carro pirata”. Para los opositores la presencia del funcionario estatal, muy cercano al secretario de Gobierno, Armando Chavarría, la consideraron una provocación del gobierno del estado.

No hay confianza en “gobiernos entreguistas”

Durante la reunión el portavoz de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz dijo que la invitación al diálogo del gobierno de Zeferino Torreblanca era una sorpresa, pues primero los manda a golpear, los amenaza con liberar órdenes de aprehensión y encarcelarlos para “acorralarlos” y añadió que el tiempo para el diálogo ya había pasado, pues además no había condiciones para ello.

Luego preguntó a los más de 200 comuneros cuántas veces habían pedido a Torreblanca Galindo un diálogo a través de su gente cercana como el ex síndico Fernando Donoso Pérez y el ahora candidato a alcalde, Félix Salgado Macedonio y nunca quiso atenderlos y lo que hizo fue reprimirlos. La respuesta de los comuneros fue “muchas veces” y añadieron otros: “si quiere diálogo será aquí y bajo nuestras condiciones”; “que venga, pero sin sus policías”.

Suástegui Muñoz dijo que la invitación al diálogo a Chilpancingo puede ser una trampa y agregó: “Piensan que estamos pendejos para ir  allá y que nos pongan un cuatro y caer en la boca del lobo, por lo que decimos desde aquí que no vamos a ir”.

Luego acusó al alcalde Alberto López Rosas de ser quien está convocando a la marcha a favor de la presa La Parota para hoy lunes, quien a través de sus achichincles está repartiendo los volantes. Finalizó diciendo que a la asamblea del martes tienen que ir con todo, porque es la última asamblea, y tienen el 80 por ciento de los comuneros a favor de los opositores y nada más tienen que apretar la cuña.

Mientras que Felipe Flores dijo que ya no confían en los “gobiernos entreguistas” de Torreblanca Galindo y López Rosas, a quienes acusó de querer imponer por la fuerza el proyecto. Coincidió con Suástegui quien dijo que no había condiciones para ellos, y más cuando en esos momentos les habían informado que había un operativo policiaco en Amatillo.

Mientras que el comunero de Arroyo Verde, Alfonso Vázquez, llamó a los opositores a no caer en la provocación y tratar por todos los medios de salvaguardar la paz social, como lo han hecho en los dos años de lucha.

Dijo que no se tienen que salir de las estrategias que tiene y exhortó a respetar al gobierno del estado, pero cuando los agredan responder con todo y hasta las últimas consecuencias, inclusive morir por las tierras.

El comunero agregó que tienen que demostrar que no los vencerán jamás y decirle al gobierno y a la CFE que ya no están en los tiempos en que se imponían proyectos. “Tenemos que mantenernos unidos para no caer en las garras de la Comisión y del gobierno”, finalizó.

Preocupa a empresarios la violencia que ha generado el conflicto

Alrededor de las 2:30 de la tarde arribaron al plantón de los opositores los dirigentes de la Canaco, entre ellos Gustavo Téliz Hernández y Alejandro Martínez Sidney, quienes de entrada aclararon que no eran mensajeros de nadie, y si estaban allí era por la violencia que ha generado el proyecto y que perjudica la imagen de Acapulco.

Téliz Hernández comentó que hay preocupación en el sector empresarial por la situación y dijo que la represión policíaca no resuelve nada y lo que menos quieren es que suceda un Aguas Blancas y acusó de esto a la CFE, porque no ha sabido hacer las cosas y “por sus estupideces las cosas han llegado a la violencia”. Reconoció que los opositores tienen el derecho a defender sus tierras y por ello le brindaban su apoyo.

Martínez Sidney –a quien los comuneros lo criticaron por las declaraciones que ha hecho a favor del proyecto su madre, Robin Sidney, a quien llamaron seudoambientalista por decir que La Parota es un mal necesario– dijo que en el sector empresaria hay muchos nervios por las cosas que están pasando en torno al proyecto.

Reconoció que ha dicho sí al proyecto, pero siempre y cuando no se afecte a las familias comuneras, sin represalias, sin guerras, sin muertos. Señaló que por ello quería conocer de los propios opositores el reclamo que tienen.

El encargado de hacer el resumen de los hechos fue Suástegui Muñoz quien dijo que no eran ni rijosos ni vándalos, como los calificó Torreblanca Galindo, pero sí dijo que son indios huarachudos –como dicen que los llaman los funcionarios de la CFE– pero con educación.

El portavoz dijo a los empresarios: “de todo corazón les queremos creer lo que nos están diciendo, pero han venido muchos que quieren ver qué sacan, por ello no queremos chaqueteros”. Señaló que tenían dos años de lucha y no van a permitir que se haga la presa, porque no les pueden quitar la tierra a los campesinos.

Informó a los empresarios que lo único que quieren es que se vaya la CFE de sus tierras, porque nada más ha provocado la división en las familias. Luego Teliz comprometió cinco camiones para apoyar a los opositores.

En entrevista con reporteros, Teliz Hernández dijo que exigen que en La Parota haya acuerdos, mesura y que se respete la postura de los opositores, pues no se les puede obligar y presionar con los cuerpos policíacos, quienes tienen que es estar en Acapulco combatiendo la inseguridad y no reprimiendo campesinos.

Insistió que a título personas en esos momentos está contra la presa, porque no se han sabido llevar las cosas y los responsables de las negociaciones no han sabido convencer a los campesinos y aclaró: “Los campesinos no son estúpidos ni indios, son gente inteligente, por lo que no se puede permitir a la CFE hacer de las suyas. Todo esto es responsabilidad de los funcionarios de la CFE quien ocasiona los disturbios”.

Remató: “El gobernador debe reinvidicar en este asunto, pues no son las personas adecuadas, quienes demuestran falta de competencia, falta de talento y calidad moral para convencer”.

Finalizó diciendo que se está viendo que los opositores no son cerrados, no son agresivos y lo único que pelean es su derecho a defender sus tierras y que escuchen sus razones, por lo que –dijo– exigimos una asamblea tranquila y que se agote el diálogo.

 

La asamblea será en San Marcos, anuncian autoridades comunales de Cacahuatepec. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

De acuerdo con una invitación de las autoridades de Bienes Comunales de Cacahuatepec, la asamblea del 23 de agosto –donde se pretende dar la anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– inicie los trámites de expropiación de las tierras, se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el municipio de San Marcos, es decir fuera de la jurisdicción de esa zona.

Pero en la asamblea de los opositores de ayer domingo, éstos denunciaron que el comandante de la policía comunitaria, Agustín Salinas, está pidiendo a los policías de esa corporación que se concentren desde la 6 de la tarde del lunes en El Campanario, porque vigilarán la asamblea.

Al preguntar a algunos comuneros que están a favor y en contra de la presa, dijeron que la convocatoria no ha sido dada a conocer ni colocada en cada una de las comunidades como lo señala la ley, y por lo tanto desconocían dónde se llevaría a cabo. Durante la semana este medio consultó al abogado de la organización de defensa de los derechos humanos en La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y al asesor de los opositores, Raymundo Castro Aparicio, quienes coincidieron en que las autoridades podrían cambiar el lugar de la asamblea, siempre y cuando fuera dentro de los Bienes Comunales, pues si se hacía en San Marcos o Acapulco, esto sería causa suficiente para declararla ilegal.

Sin embargo en un documento fechado el 20 de agosto –que llegó a la Redacción de este medio ayer a las 2:14 de la tarde enviado de un fax público– se informa que la asamblea será en San Marcos.

El documento está firmado y sellado por el presidente de Bienes Comunales, Crescencio Jerónimo Aparicio, el secretario Juan Hernández Jorge, el tesorero Paulino Valente Valeriano, así como del presidente del consejo de Vigilancia, Rogelio García Rodríguez.

En él se lee textualmente: “A todos los periodistas. Nos permitimos invitarlos para que asistan a nuestra asamblea que se llevará a cabo el día 23 de agosto de 2005, a las 10:00 horas en el poblado de San Marcos, municipio del mismo nombre, estado de Guerrero; en el que habrán propuestas que tendrán que ser sometidas a la consideración de la asamblea”.

Agrega: “Esto es muy importante para nuestra comunidad, por lo que esperamos acepte nuestra invitación”. Antes de saber de la invitación, está reportera preguntó a los comuneros opositores si ya se sabía el lugar de la asamblea, a lo que respondieron que los rumores eran varios, desde que se iba llevar a cabo en el Centro Internacional Acapulco, o que sería en San Marcos o en El Campanario, y no descartaban que las autoridades estuvieran jugando con varias posibilidades para confundirlos.

 

La CFE pagaría 18 mil pesos por árboles de mango y 10 mil pesos por palmeras y ciruelos. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Testimonio de un comunero a favor del proyecto. Doña Mago, una férrea opositora que prefiere morir que vender sus tierras

Margarita Mendoza es una comunera de Agua Caliente de 62 años a quien los opositores al proyecto de la Hidroeléctrica de La Parota conocen simplemente como doña Mago.

A pesar de su edad, es una de las más denodadas luchadoras que lo mismo encabeza a las mujeres para detener las máquinas de la CFE que pretenden entrar a la zona de conflicto, que en la cocina preparando la comida para los plantonistas en Parotillas.

Doña Mago accede a platicar con está reportera en su casa de Agua Caliente.

De entrada se le comenta que es muy raro no verla en el plantón, pero explica que su hermana mayor está enferma y tiene que visitarla. Doña Mago es reconocida por su constante lucha en el movimiento opositor e incluso ha ido a varios encuentros que se han dado contra las presas y que –dice– le han abierto los ojos de lo que va a pasar con ellos si permiten que se construya la hidroeléctrica.

El desgaste emocional y físico que ha provocado la lucha opositora ha hecho mella en la pequeña figura de doña Mago. En su cuerpo se le ve la fatiga, pero en su mirada también la decisión de seguir su lucha. Reconoce que cuando hace mucho coraje, esto le provoca “una tos muy fuerte, que es difícil de controlar”.

Empieza diciendo que su lucha contra la presa es porque no pueden permitir que les quiten sus tierras que costaron sangre a sus antepasados.

Recuerda con lágrimas que su padre Florentino Mendoza Dolores le contaba que su bisabuelo Juan Dorantes y su abuelo “sufrieron mucho, juntos con otras personas, para conseguir las tierras que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.

Dice que no tiene hijos, pero su lucha es por todos los demás comuneros que sí los tienen. Doña Mago señaló que el gobierno no entiende que quitarles sus tierras es matarlos poco a poco, pues ahí crecieron, ahí se casaron y han vivido toda su vida.

Agregó que los comuneros no dejarán sus tierras para que la Comisión Federal de Electricidad se quede con ellas, por lo que mejor deberían salir de la zona.

Doña Mago es recordada por haber detenido, junto con otro grupo de mujeres armadas con palos, las máquinas de la paraestatal luego de que Gumersindo Joaquín Prudencio pactó con la empresa para retirar el plantón.

Recrimina la actuación de los gobiernos perredistas que encabezan Zeferino Torreblanca y Alberto López Rosas, a quien apoyó con su voto y el de mucha gente. Los acusa de que ahora les quieren expropiar sus tierras y agrega: “a la chingada esos políticos, ya no vamos a votar por nadie, porque nada más nos traicionan”.

Se le pregunta si piensa acudir al diálogo que está convocando el gobierno zefernista. Enojada responde: “Ese traidor que se vaya a la chingada  y que deje de andar haciéndole al cuento, pues ya le dijimos que no queremos la presa. Yo toda las noches le pido a mi Dios que me escuche y que no permita que nos quiten las tierras”, finalizó.

Pero también hay comuneros que sí quieren que se instale la presa y a quienes incluso la CFE ya les dijo en cuánto les pagaran los bienes distintos a la tierra. En la camioneta de pasajeros que lleva a Parotillas, esta reportera platicó con el comunero de Rancho Las Marías, de nombre Rafael, pero quien no quiso dar al apellido.

Don Rafael comentó que está a favor del proyecto de La Parota, aunque aclaró que no permitirá que sus tierras se las paguen a 12 pesos el metro cuadrado. Algunos –dice– creen que se nos deben pagar a 200 pesos.

Por lo que platicó, don Rafael pertenece al grupo del dirigente de la CNC, Valente Navidad, con quien dijo que el sábado sostuvieron una reunión en la comunidad de Las Chanecas y hasta donde –según él– “llegaron agentes de Gobernación quienes ofrecieron 3 mil pesos por dar el testimonio de lo ocurrido el domingo”.

Señaló que dijeron que no “porque mire, eso es dar muchas vueltas y  luego te andan llamando a cada rato. Nosotros le dijimos que para esos tienen los videos y pues de allí hagan sus denuncias”. Don Rafael considera que los opositores se tienen que sentar a dialogar y si son mayoría que lo demuestren en la asamblea del 23, aunque reconoció que no sabía dónde sería, pues la convocatoria aún no ha sido dada a conocer.

Consideró que las asambleas no son para andarse peleando sino que tienen que ser en paz.

De acuerdo con don Rafael la CFE ya dio precios que podrían alcanzar los bienes distintos a la tierra, es decir los árboles, y según esto el de ciruelo y la palma alcanzaría 10 mil pesos cada uno, el mango 18 mil, la parota 20 mil, y el de limón cinco mil pesos por árbol.

 

Apoyarán el martes a los opositores, anuncian organizaciones sociales. (El Sur, Francisco MAgaña, p.web).

Atoyac

 Organizaciones sociales del estado manifestaron su apoyo a los comuneros opositores al proyecto de La Parota y a su demanda de que se destituya al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, al tiempo que anunciaron que acudirán al lugar de la asamblea donde se pretende consumar el despojo de las tierras de los campesinos, progamada para este martes.

Durante el Primer Encuentro Estatal de Organizaciones Sociales y Personalidades de Izquierda del Estado de Guerrero, que se llevó a cabo en Atoyac de Álvarez, el sábado pasado, y al que asistieron también opositores a La Parota, el presidente de la LARSEZ, Raymundo Velázquez Flores, anunció que saldrán en una caravana a la ciudad de México el 2 de octubre, para denunciar la situación de represión que se vive en Guerrero con el actual gobernador.

Reclamó a Torreblanca que no quiera saber nada “de los indios que creyeron que habría un cambio, sin embargo, ahora los desconoce” y aseguró que existen órdenes de aprehensión contra miembros de organizaciones indígenas que se ejecutarán.

Insistieron que el cambio no se ve y reprocharon la ratificación en sus cargos de funcionarios priístas como el director de Gobernación Rey Hilario y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, lo mismo que el ex coordinador del Congreso local César Flores Maldonado.

El documento final

Los asistentes consideraron que la hidroeléctrica sólo sirve a los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales, un proyecto que provoca la exclusión de los pueblos y la expulsión de sus territorios.

Hicieron un llamado al pueblo a juntar sus demandas en un pliego estatal único y llevar a cabo acciones conjuntas que garanticen el respeto y la voluntad popular, pues sólo la unidad hará realidad sus objetivos. “No más luchas aisladas”, precisaron.

En el documento demandan que el gobierno del estado cumpla con su obligación de generar los mecanismos suficientes y necesarios para proporcionar educación, salud, empleo, trabajo, vivienda, alimentación adecuada para los niños y mujeres, atención y calidad de vida para los ancianos; derechos que están en la Constitución mexicana.

Exigieron la libertad de los presos políticos Rosario Merlín, Ángel Martínez, Ismael Padilla Nava, Joviel Rafael Ventura, Salomé Aguirre Bahena, Rogelio García Pineda, Tomás de Jesús Barranco, Víctor Patrón González, Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena e Isabel Fernández Gómez. También del campesino ecologista Felipe Arriaga.

En el encuentro acordaron también apoyar a los colonos desalojados de Granjas del Marqués, en Acapulco, y coadyuvar para la recolección de 50 mil firmas con las que demandarán al Congreso de Guerrero la expropiación de las tierras, de las que se dice propietaria Banca Cremi; y pidieron un alto a los desalojos de las personas pobres en la periferia de las grandes ciudades como Zihuatanejo, Acapulco, Iguala, Chilapa, y Chilpancingo.

 

César Flores no participa en la negociación: Chavarría. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

Chilpancingo

 El secretario general de Gobierno Armando Chavarría Barrera, negó ayer que  César Flores Maldonado –quien se presenta como su asesor jurídico–, esté participando en las negociaciones sobre La Parota, y no quiso confirmar cuál es el cargo que éste desempeña en la Secretaría que encabeza.

La mañana del martes 16 de agosto, Flores Maldonado, junto con el subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca y el director estatal de Gobernación, Rey Hilario Serrano, además de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, planearon en privado, con el dirigente de la CNC disidente, Evencio Romero Sotelo y el presidente de los Bienes comunales de Cacahuatepec, Crescencio Jerónimo, la asamblea en donde comuneros determinarán si aceptan o no, la expropiación de sus tierras, para construir la presa La Parota.

Un día después, en una gira por el municipio de Eduardo Neri, el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, además de asegurar que hará todo lo posible porque el proyecto se quede en Guerrero, desconoció como parte de sus negociadores a Flores Maldonado. “No es funcionario de mi administración”, dijo entonces.

Entrevistado por teléfono este domingo, Chavarría señaló al respecto que Flores Maldonado “no está participando en las negociaciones con los comuneros de La Parota, las negociaciones las llevo yo y nada más”.

Al preguntarle cuál es el cargo que ocupa dentro de la Secretaría General de Gobierno así como el salario que percibe y de qué partida se le paga a Flores Maldonado, Chavarría, no quiso contestar e insistió en que éste “no participa” en la operación política de La Parota.

Incluso rechazó que Flores Maldonado hubiera participado en la reunión del restaurante Los Cedros con Evencio Romero y Crescencio Jerónimo, además de funcionarios de la CFE, aunque varios reporteros de la fuente constataron que el ex priísta salió acompañado del subsecretario para Asuntos Agrarios y del director estatal de Gobernación.

Flores Maldonado ha participado en diversas reuniones con organizaciones sociales en las que se presenta como asesor jurídico de Chavarría, y ocupa una oficina aledaña a la sala de juntas de la Secretaría General de Gobiernode la que fue desplazado el ex diputado federal perredista y coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Rubén Aguirre Ponce.

 

Proyectos como el de La Parota, de un alto costo ecológico y económico: consultor del Banco Mundial. (El Sur, Ezequiel Contreras, p.web).

 En visita a la sierra, el peruano Luis Geng y el holandés holandés Jan Van den Akker anuncian programa federal de apoyo a proyectos de electrificación a través del aprovechamiento de la energía solar, eólica e hidráulica en cuatro estados, incluido Guerrero

San Miguel Totolapan

El consultor del Banco Mundial en México, Luis Geng, aseguró que las presas hidroeléctricas como La Parota representan un alto costo ecológico y económico porque afecta la flora y desplazan fauna y grupos sociales, a diferencia de la electrificación a partir de la energía renovable que “es más limpia, sustentable con el desarrollo, no se agota y genera más electricidad que la red convencional”.

Durante una visita que realizó el pasado jueves el peruano Luis Geng con su compañero holandés Jan Van den Akker a la zona de la sierra donde dos de cada cinco viviendas cuentan con energía eléctrica a través de celdas solares, anunció un programa que impulsa la Secretaria de Energía (Sener) del gobierno federal con financiamiento de organismos multilaterales que pretende apoyar 25 proyectos de electrificación a través del aprovechamiento de la energía solar, eólica (aire) y el agua, en cuatro estados del país, incluido Guerrero.

Debido a que el 97 por ciento del país está electrificado de manera convencional, el programa federal que se pretende aplicar el próximo año, plantea que el 3 por ciento restante, tenga “electricidad de calidad” y que ayude a generar un desarrollo integral en las comunidades rurales, indicó.

“No se trata de electrificar para que tengan focos en los hogares, sino que a partir de un proyecto integral de desarrollo social que propongan los habitantes de las propias comunidades se puedan solucionar problemas de educación, salud y empleo”, expresó el consultor del Banco Mundial, quien aseguró que se pretende incluir en este tipo de proyectos de electrificación a 500 comunidades de la región de La Montaña y la sierra del estado.

En esta visita que duró dos días por las comunidades de Toro Muerto y Lindavista, pertenecientes al municipio de San Miguel Totolapan, el alcalde perredista, Daniel Torres García, funcionarios de la  Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, el diputado local por el PRD, Rómulo Reza Hurtado y los consultores hicieron un recorrido para observar los recursos naturales de esta zona con el propósito de verificar la viabilidad de instalar centros generadores de energía eléctrica que sin afectar el entorno ecológico, pueden aprovechar la fuerza de las cascadas de agua.

De esta forma se podría garantizar el suministro de energía eléctrica “menos dañina que la convencional” a cuatro o cinco comunidades, no sólo para uso doméstico sino para echar a andar proyectos de aserraderos, educación a distancia y clínicas de salud, aseveró.

En este sentido, durante su mensaje ante autoridades ejidales y pobladores del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, Luis Yeng señaló como fundamental para la aprobación de este tipo de proyectos, “la institucionalidad, evitar el burocratismo de las autoridades estatales y municipales y sobre todo que los proyectos de desarrollo surjan de las propias comunidades”.

Primero en Toro Muerto y después en Lindavista, el consultor del Banco Mundial sugirió a los habitantes del Filo Mayor que presenten lo antes posible un proyecto integral de desarrollo ante la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, instancia que enviará los expedientes ante la Sener para su aprobación en su caso.

En este sentido, el diputado local, Rómulo Reza señaló que la Secretaría de Desarrollo Social, seleccionó a estas comunidades de la sierra para que las visitaran los consultores del Banco Mundial, debido a que anteriormente se presentó un proyecto de ecoturismo como alternativa de desarrollo distinta a la tala de árboles y las actividades ligadas a la siembra de enervantes.

Consultado durante esta visita, Luis Yeng aseguró que la diferencia entre la electricidad convencional y la que se produce a través de la energía renovable, consiste en que ésta es más limpia y permite ampliarla de acuerdo a las necesidades, mientras que la convencional tiene una capacidad limitada.

Aseveró que la energía solar, eólica y del agua generan mas electricidad que la red de la Comisión Federal de Electricidad: “es más eficiente y representa menos riesgo para la sociedad”.

El consultor del BM, calificó la construcción de presas cómo La Parota, como proyectos muy caros, su construcción requiere de varios años, daña el entorno ecológico y provocan el desplazamiento de grupos sociales y fauna.

 

La CFE desde 1983 ya tenía programado construir La Parota: investigadores de la UAG. (El Sur,  Ezequiel Contreras, p.web).

 Forma parte de los 512 proyectos que para  todo el país se tienen considerados para los próximos años

Chilpancingo

Una investigación de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) sobre la factibilidad de la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota, revela que desde 1983 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene 512 proyectos de este tipo para la región Pacífico norte, con 152; Pacífico sur, con 115; región del Golfo, con 132 y región Sureste con 102, proyectos.

En el estudio denominado Proceso para el Desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos, se establece también que además de la construcción de La Parota –que se podría aprobar mañana martes en asamblea o cancelarse, según la opinión que emitan los comuneros– la CFE, tiene programados otros 16 proyectos hidroeléctricos en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Quechultenango, San Marcos y Tierra Colorada.

El documento revela que estos proyectos de la CFE en Guerrero forman parte de los 512 que en todo el país se tienen programados para los próximos años para alcanzar una potencia instalada de 42473MV que generarían una media anual de 115 246 Gwh.

La CFE programó desde 1983 proyectos hidroeléctricos en La Parota, Santa Rita, San Cristóbal, San José Ciruelar, La Venta, Chilpancingo, Chacalapa, Omitlán, Río Azul, Xinacantla, Xontzintla, La Palmita, Velero, El Fuereño, Camalotillo, Ahuaxolo, Xochitepec, y Mexcalapa.

Para el estudio concretamente del proyecto de La Parota, en mayo de 2002 se recomendó al Programa Unitario del Medio Ambiente (PUMA) y en agosto de ese mismo año se acordaron los términos de referencia para el desarrollo de los estudios socio ambientales, con la participación de instituciones como la UNAM, y la Universidad Autónoma de Guerrero, ésta última institución recibió en los dos últimos años cerca de 6 millones de pesos para la elaboración de diversos proyectos, y recibirá un millón de pesos al mes hasta que concluya la construcción de la presa, según se establece en el mismo documento.

El convenio fue firmado el 19 de septiembre de 2003 por autoridades de la UAG y funcionarios de la CFE, en el que se comprometen a llevar a cabo los estudios para ver la vialidad de este proyecto hidroeléctrico de La Parota. En la firma estuvieron como testigos los alcaldes de los municipios de San Marcos, Acapulco y Juan R. Escudero y 19 autoridades ejidales de esa zona.

En el estudio hecho por la UAG y financiado por la CFE avala la factibilidad del proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota, cuya ejecución va a originar el desplazamiento de más de 5 mil 511 vecinos que viven en 19 comunidades que van a quedar sepultadas bajo las aguas.

Las consideraciones a favor, de a cuerdo a los resultados que arrojó este estudio, son: “en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, se justifica porque  desde hace más de 20 años se sabe que actualmente la zona se encuentra en pobreza extrema, debido a las limitaciones del desarrollo social y económico, mismos que son propiciados por los altos índices de analfabetismo, lo que implica mano de obra no calificada, falta de generación de empleos y deterioro del entorno natural”.

Asimismo agrega que “la derechohabiencia de los servicios de salud es prácticamente inexistente, muy reducidos niveles de organización, altos índices de emigración, acelerado crecimiento de las actividades delictivas y desconfianza hacia las dependencias gubernamentales”.

Por lo que concluye: “por ello es necesario para la CFE, concebir el Proyecto Hidroeléctrico de La Parota, no solamente como generador de energía eléctrica para el país, sino también como un detonador del desarrollo local y regional del estado”.

Según el documento, las partes –la CFE y la UAG– debían mantener esta información, que llevó a la UAG dos años obtenerla, bajo la más estricta “confidencialidad”.

Los estudios la UAG y la CFE, señalan, asimismo, que los estudios ambientales, sociales, geológicos, hidrológicos, sismotectónicos, hidrogeológicos, topográficos, “son positivos para que en este sitio se construya la presa La Parota”.

Sin embargo en el documento se reconocen también desventajas; una de ellas es que la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos, muchas veces no garantizan las expectativas socialmente pese a que están bien planeados financieramente, porque muchas veces se planean sin tomar en cuenta a los grupos humanos asentados en las riveras de los ríos y la afectación de la cotidianidad de las comunidades involucradas en el proceso de construcción.

En este estudio se propone que la primera comunidad que deberá ser reubicada es la de Pochotlaxco, municipio de Acapulco, ubicada en el lugar donde se va a desviar el río Papagayo y se va a levantar la cortina de la presa, por lo que se encomendó a unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero realizar el estudio previo; se advierte que la reubicación se debe efectuar antes de que se desvíe el río (Papagayo).

Indica que la reubicación de Pochotlaxco “es un compromiso con el gobierno del estado de Guerrero, para que sirva como muestra para el resto de las poblaciones”.

En el estudio se señala también que serán 24 las localidades susceptibles de afectación parcial o total, además de que se modificará el régimen de propiedad de 15 ejidos, 4 comunidades agrarias y una propiedad privada; asimismo asegura la CFE que se van a generar 5 mil empleos directos y 10 mil regionales en lo que dure su construcción.

En el escrito se especifica que el proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota fue dado a conocer al gobernador René Juárez Cisneros y a los alcaldes de Acapulco, Tierra Colorada, y San Marcos; así como a tres diputados locales, funcionarios de la CFE, y a 179 ejidatarios de 37 comunidades el 19 de septiembre de 2003.

Se dice que posteriormente se integró la Comisión Interinstitucional de la Parota y 0que a la par la CFE empezó a invertir recursos en diversas obras, en el año 2003 aportó 3 millones 590 mil pesos en rehabilitación de caminos y para el año 2004 se proyectaron 16 millones de pesos más.

También se especifica en el documento que para la reubicación de las comunidades ya se cuenta con información geográfica con vectores e imágenes de satélite y topográfica para los estudios de reacomodos, indemnizaciones y daños de infraestructura.

 

La Parota, un enredo a desenredar. (El Sur,  Jesús Mendoza Zaragoza, p.web)

Eso planearon, manejar de la manera más turbia la elaboración del proyecto de La Parota, según el modus operandi de un sistema político que no acaba de morir. Así hicieron siempre las cosas los gobiernos priístas, al tomar decisiones sin tomar en cuenta a los afectados de abajo y, aunque hoy otros colores nos gobiernan, la situación es la misma. Las decisiones se siguen tomando a partir de diseños macroeconómicos y de intereses no confesados, y a espaldas de la gente. El caso es que ahora tenemos un verdadero enredo en el asunto de La Parota, con campesinos divididos, asambleas amañadas y un megaproyecto a punto de irse a pique. Este es el saldo hasta hoy. Las cosas pueden empeorar si no se corrigen actitudes y procedimientos.

¿Por qué tuvo que llegarse a esta situación? Porque el proyecto no se fue preparando de manera civilizada. Si desde hace treinta años se iniciaron los estudios preliminares, los promotores del proyecto no se dieron tiempo para entrar en contacto directo con los campesinos, ejidatarios y comuneros para ir informando el curso del proyecto. Como siempre, los campesinos no merecieron una atención de esa naturaleza, pues siempre han prescindido de ellos, a quienes les ha tocado siempre resignarse a decisiones que les afectan negativamente. La información transparente no estuvo preparando los consensos necesarios para que este tipo de obras tengan un impacto social favorable a todos. Esta fue una grave carencia del proyecto que se miró siempre en términos económicos al margen de una necesaria vertiente social.

Después, cuando surge un grupo opositor al proyecto, no se dan los mecanismos para un diálogo real y fructífero, de manera que, poco a poco, se va generando un ambiente de confrontación. Mientras tanto, las autoridades fueron eludiendo su responsabilidad de moderar el diálogo entre las partes y, de plano, se colocaron al lado de la empresa paraestatal.

En cuanto a la información relativa al proyecto de La Parota, lo que tenemos es un soberano enredo. Una información ofrece la Comisión Federal de Electricidad y muy otra es la que los opositores, respaldados por entidades ambientalistas, suelen manejar. No ha habido una serena exposición pública de la información necesaria para que la sociedad se pronuncie y participe en la discusión. Mientras que los promotores ofrecen toda la información acerca de las ventajas y bondades del proyecto, los opositores hacen circular información sobre los riesgos y peligros del mismo. Y al haberse politizado el asunto ya no cuenta tanto la información técnica sobre la viabilidad ambiental y social del proyecto, sino que se han impuesto los intereses económicos y políticos de las partes en pugna.

La actual cerrazón de las partes no presagia nada bueno. Se ha anunciado una nueva asamblea de comuneros para darle salida a las prescripciones legales necesarias para hacer avanzar el proyecto, pero las condiciones actuales no son favorables para un evento de esa naturaleza.

En este punto muerto, debe corregirse lo que no se hizo desde el principio. Por una parte, tiene que socializarse toda la información sobre impacto social y ambiental de La Parota, de manera que la sociedad tenga los elementos necesarios para pronunciarse, largando la manera sesgada de informar. Aquí hay que señalar que, por la cerrazón de las partes en pugna, ha disminuido la confianza en los datos y en las razones que ellas puedan esgrimir para hacerse un juicio sobre el asunto. La sociedad tiene el derecho de exigir, sobre todo a la CFE, toda la información necesaria para una valoración integral del proyecto.

Y, por otra parte, las partes tienen que sentarse a dialogar. La soberbia y la cerrazón ya han llegado al colmo y ponen en riesgo el manejo civilizado de los problemas. Y hay que decirlo de ambas partes. Los promotores (empresa y gobierno) deben entender que no es una debilidad sentarse al nivel de los campesinos para escucharlos y para explicarles las cosas, y que tienen que ser honestos al exponer también los riesgos que todo proyecto de esta naturaleza implica, explicando la manera en que se ha previsto reducirlos al mínimo. Y los opositores tienen que tomar una actitud más racional de manera que no den la impresión que se trata de un capricho infantil. La sociedad es capaz de entender las razones que tienen peso y de apoyarlas en su momento. Si la presa significa un riesgo y una amenaza social, que nos lo hagan ver con datos e informaciones precisas con el debido soporte de confiabilidad.

Y cuando se trata de dialogar, hay que hacerlo con todos los afectados. El diálogo tiene que hacerse directamente con los campesinos, de manera que no se filtre entre unos cuantos líderes. El diálogo –o más bien, la confabulación– que se queda en los líderes o representantes ha sido un método viciado que siempre genera conflictos. Puede ser que ese método haya sido el origen de este conflicto, pues las autoridades comunales de Cacahuatepec han tenido, desde hace muchos años, fama de corruptas y al margen de los comuneros fueron coludiéndose con la CFE para permitir que por muchos años el proyecto de la presa fuera gestándose al margen de la gente, sin información y sin diálogo. 

Para concluir, quiero señalar que la argumentación de la CFE, de los tres ámbitos de gobierno y de los empresarios descansa sobre un interés exclusivamente económico. Pegan el grito al cielo ante el gran pecado de que esta inversión de vaya de Guerrero, y seguramente están pensando en desarrollo económico, inversiones y ganancias. Pero hay que entender que el desarrollo económico tiene que guardar un equilibrio necesario con el bienestar social y con el respeto al medio ambiente. Es más, la clave de una decisión tal tiene que ser el beneficio social de todos, poniendo en el centro el interés de los más pobres, en nuestro caso, los campesinos.

Hay que desandar el turbio camino andado, hay que informar ampliamente y hay que dialogar con todos. Por lo pronto, conviene suspender la asamblea para que los comuneros aprueben la construcción de la presa.

 

Cartones

 

 

Precandidato incómodo · Magú

 

Tenaz · Helguera

 

No me ayudes compadre · Rocha