CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Tienen azucareros dulces beneficios

Por cada peso que los ingenios pagan de salario, gastan $2.40 en prestaciones

 

 

EU pone en narcolista a compañías mexicanas

Señala Departamento del Tesoro a 30 empresas y personas

 

Adeudo de 650 mil mdp por el rescate bancario

El monto llegó a sumar 1 billón 249 mil mdp; se han pagado 471 mil

 

Pierde México la batalla por las inversiones

El país carece de infraestructura; china, India, Rusia y Brasil, los que ganan

 

Se lanza EU sobre redes de lavado de dinero en México

El Tesoro identifica empresas ligadas a los capos Arellano y Arriola

 

La IP es cómplice de la corrupción, acepta Coparmex

EL líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana reconoció que los empresarios son cómplices de los sobornos por 52 mil millones de pesos.

 

Cota no ve a Cárdenas en boletas electorales 2006

Afirma que la candidatura del PRD “está prácticamente construida” con López Obrador

 

Capital privado, vital para Pemex

Ingresaron a la Paraestatal 15,041 mdd en siete meses

 

Sanciona EU a 30 narcoempresas y 18 mexicanos

Congela cuentas de lavadores de Arellano, “El Chapo” y los Arriola

 

Me caen mal quienes critican a México y lo comparan con China: Vicente Fox Quesada

Todo el día están buscando el prietito en el arroz, señala el Ejecutivo, en cinco años no ha habido problemas políticos, dice.

 

Sector agrario

 

Denuncian irregularidades en las verificaciones de Procuraduría Agraria. (Milenio. com, (Tampico),  Redacción, p.web).

Denuncian irregularidades en los estudios y delimitaciones aplicados por peritos y topógrafos de la Procuraduría Agraria y Ministerio Público, en las 9.5 hectáreas de tierra que se localizan en el ejido Ricardo Flores Magón.

José Carmen Alvarado Mata, representante legal de un grupo de mujeres, hizo de manifiesto que en su momento solicitaron a la dependencia, al igual de las autoridades ministeriales realizaran una verificación de la tierra para evitar irregularidades, misma que se aplicó el pasado martes.

Sin embargo, destaca que sin duda la anomalía prevalece, pues ninguna de las personas afectadas fueron notificadas sobre la acción que se aplicaría, pero sí las que son denunciadas.

“Es raro y curioso, los pseudo ejidatarios sí sabían, nosotros no, se presentaron a la parcela con documentos en mano, no sabemos las causas o cuál sería la intención, pero, nosotros no fuimos notificados”.

Asimismo, el abogado, exigió una respuesta inmediata a dichas autoridades, ya que debieron haber notificado sobre los estudios que se aplicarían y no efectuarlos repentinamente, pues se presta a malas interpretaciones.

“Es necesario que una persona que realmente conozca realice los estudios de las tierras, pero además con la presencia de las autoridades ministeriales y de los afectados, en este caso, nosotros, pues requerimos estar presentes”.

Y es que las pruebas han sido presentadas, mostrando documentos al Juzgado Noveno de Distrito que avalan que realmente dicho grupo de mujeres les pertenece parte de la tierra, sin embargo desconocen por qué no se ha emitido un resolutivo.

Y estableció “estamos a la espera de lograr que una vez reunidas todas las pruebas, la autoridad determine a favor de las mujeres”

 

Orientarán sobre regularizar terrenos en Cuautitlán Izcalli. (Diario de México, p.web).

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La Dirección de Tenencia de la Tierra de Cuautitlán Izcalli, encabezada por María Elena Rábago, ofreció una reunión informativa para vecinos que habitan en zonas irregulares del municipio, en la que se orientó a los vecinos sobre la titulación de solares urbanos, expropiación y escrituración de los predios, costos y orden de los procedimientos para realizar la regularización de terrenos ejidales.

A la reunión asistieron decenas de vecinos de las comunidades San José Huilango, San Antonio, Lomas de los Gallos, Santa Bárbara, San Mateo Xoloc, así como de los tres predios de Tultitlán, El Socorro, San Lucas y San Isidro.

Asimismo, se informó sobre las funciones de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los trabajos técnicos y legales que realizan.

Rábago exhortó a los presentes a realizar en tiempo y forma los trámites de escrituración de los predios, con lo que se podrá dar cumplimiento con las disposiciones del desarrollo urbano por parte del municipio.

Mencionó que ésta es la única forma de dotar de todos los servicios a estas comunidades, fortaleciendo al desarrollo adecuado de sus colonias.

De igual manera, reconoció la labor del alcalde Alfredo Durán Reveles y el cabildo para agilizar los trámites de regularización de predios en los núcleos ejidales.

“Una de las promesas de campaña del alcalde fue la regularización de predios, promesa que hoy en día se esfuerza por cumplir para brindar seguridad a sus familias y un patrimonio para sus hijos”, aseguró Rábago.

 

Dan títulos en Juan de la Cabada. (Tribuna de Campeche, p.web).

Tras más de 15 años de conflicto, el Gobierno del Estado entregó ayer las escrituras públicas de compraventa de predios de tres rústicos de Juan de la Cabada Vera, el cual beneficia a 50 familias del poblado.

El secretario de Gobierno, Carlos Felipe Ortega Rubio exhortó a los nuevos propietarios a destinar las superficies adquiridas a satisfacer las necesidades agrarias.

En su oficina privada, con los representantes del poblado Juan de la Cabada Vera, Municipio del Carmen, y el dirigente del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata" (Freciez), Luis Antonio Che Cu, Ortega Rubio, destacó el esfuerzo conjunto entre pueblo y Gobierno, y recomendó elevar la productividad agropecuaria de la región en un marco de trabajo y respeto hacia sus vecinos y colindantes.

El dirigente del Freciez, consideró esta acción como parte de las soluciones del problema agrario en la entidad, además de la escrituración de la compraventa de tres predios, la Procuraduría Agraria envió personal la semana pasada a ese poblado para inspeccionar los colindantes y determinar la posesión de los predios.

Lamentó que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no haya realizado esa función al momento en que lo solicitaron, y ponderó la intermediación del Gobierno del Estado ante las instancias federales, así como el diálogo y acuerdo con los propietarios.

Reveló que con los ejidatarios de Pomuch, se fortaleció el diálogo a fin de buscar una solución al tema pendiente de las ampliaciones forestales, y destacó la buena disposición de negociación.

En esta ocasión hicieron la entrega formal de tres testimonios de escrituras públicas de compraventa, que suman más de 500 hectáreas en conjunto y el cual requirió de aportaciones económicas del Gobierno del Estado, para resolver el añejo conflicto agrario en la denominada región de Chumpán, Municipio del Carmen.

Fueron adquiridos los predios de José Luis Huesca Rico, quien vendió una fracción del predio rústico denominado "Buenos Aires", ubicado en el Municipio del Carmen a un grupo de campesinos encabezados por Domingo Arcos Velazco, mientras Carlos Macosay Moreno, vendió una fracción del predio denominado "San Luis", a otro grupo de campesinos del mismo dirigente.

Finalmente, Perla del Carmen Macosay Moreno, vendió una fracción del predio denominado "Pangola", por lo que los beneficiarios destacaron el apoyo del Gobierno del Estado, y reiteraron su disposición de solución al problema agrario existente en esa región.

 

La asamblea sobre La Parota puede ser manipulada, dice dirigente de Llano Largo. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 La especialidad del líder cenecista Evencio Romero es inventar asambleas y falsificar firmas, alerta

El representante de los ejidatarios de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín, manifestó su apoyo a los comuneros opositores a La Parota, y dijo que en el caso de este núcleo, “a cerca de 40 ejidatarios les quitaron sus derechos en una asamblea amañada que fue asesorada por el dirigente de la CNC disidente, Evencio Romero Sotelo”, pues “su especialidad es inventar asambleas y falsificar firmas”.

Recordó que Romero Sotelo asesoró al ex presidente del comisariado de Llano Largo, Mario Cortés Godínez –quien renunció al cargo luego de una lucha legal de varios meses en el Tribunal Unitario Agrario (TUA)– para que inventara una asamblea en la que se les quitaron sus derechos ejidales a 40 personas.

En una visita a la redacción de El Sur, Cruz Chupín señaló que la segunda asamblea a la que están llamando las autoridades para buscar que se autorice a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciar el trámite de expropiación de las tierras, no puede ser fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec ni traerla Acapulco, porque sería ilegal.

Consideró que la desventaja que tienen en este momento es que a la segunda asamblea puede ser “maquinada” y será aplicada para los ausentes y disidentes.

Cruz Chupín explicó que su visita a esta redacción era porque quería hacer una denuncia pública de la clase de persona que es Romero Sotelo, a quien describió como un “especialista en el fraude, en las asambleas amañadas y falsificar firmas, como lo hizo en Llano Largo. Por eso nos solidarizamos con los comuneros opositores”, dijo.

Señaló que además de estas prácticas también repudian cualquier represión en contra de los comuneros opositores de Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque son mayoría los que no quieren la presa y por lo tanto no tienen por qué imponerla.

El ejidatario comentó la situación que se vivió en ese ejido de Llano Largo, cuando el ex comisariado Mario Cortés Godínez se vio obligado a renunciar a su cargo luego de que llegaron al acuerdo de que éstos retirarían la demanda penal por falsificación de firmas de una asamblea, la cual fue asesorada por el dirigente cenecista.

Agregó: “Tanta corrupción y anomalías que cometió Cortés Godínez fueron asesoradas por Evencio Romero. Incluso esa acta de asamblea fue registrada en el Registro Agrario Nacional (RAN) por Alma Delia Toledo, ex esposa de Evencio Romero, en la cual ni siquiera contó con la presencia de Procuraduría Agraria”.

 

Con la asamblea, violan la resolución del Tribunal Agrario: Tlachinollan. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 El abogado Vidulfo Rosales explica que además no podría convocarse fuera del área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec

El coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que si están vigentes las dos medidas precautorias que decretó el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en el área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, se estaría cayendo en “una ilegalidad” con la asamblea del próximo martes, pues la medida dice que el objetivo de éstas es que en el área no se lleven a cabo trabajos relacionados con el proyecto La Parota mientras no se resuelva la solicitud de anulación de la asamblea del 25 de abril del año pasado.

Dijo que estas medidas precautorias  fueron notificadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por lo tanto las estaría ignorando, soslayando y omitiendo, es decir no estaría dando cumplimiento a la medida precautoria del juez.

Agregó que los involucrados saben que la medida precautoria es fundamental, y si el presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, no la acata está incurriendo en “desacato, se está soslayando y violando la ley”, porque no está cumpliendo la medida precautoria de un tribunal jurisdiccional.

De acuerdo con fuentes consultadas, las medidas precautorias decretadas por el magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, siguen vigentes, y aunque la CFE ya metió un documento para informar que terminó sus estudios preliminares, las medidas no han sido revocadas por el tribunal.

Se sabe que en el tribunal se está estudiando el documento para saber cómo la paraestatal terminó sus estudios si había medidas precautorias.

En una entrevista telefónica con El Sur, Rosales Sierra –especialista en asuntos agrarios– habló de términos jurídicos de la asamblea que se llevará a cabo el próximo 23 de agosto, donde se pretende autorizar a la CFE la anuencia para que inicie los trámites de expropiación de las tierras para construir la presa La Parota.

A pregunta expresa de que si la asamblea se puede llevar en Acapulco, como han dejado entrever algunas autoridades, Rosales Sierra respondió: “Sería ilegal totalmente, no puede salir de la jurisdicción del núcleo comunal de Cacahuatepec, el simple hecho de hacerlo sería una causa de nulidad”.

Agregó: “La Ley Agraria marca que éstas deben realizarse en los lugares acostumbrados, y si por alguna circunstancia no puede ser así, previa justificación, la pueden cambiar pero nunca fuera del núcleo comunal. Jamás podrá ser fuera”.

Sobre el tiempo de que salga la convocatoria dijo que tiene que ser ocho días antes de la asamblea, de lo contrario se caería en una irregularidad de las autoridades del comisariado y sería “causa de nulidad de la asamblea que no se pegue con la debida anticipación, en lugares visibles de todos lo núcleos que se convocan”.

Sobre el procedimiento de expropiación, el especialista explicó que esto tiene que ser validado por la asamblea de comuneros, debido a que es la máxima autoridad, pues son exclusivas de ellos y los ampara una resolución presidencial.

Rosales Sierra recordó que antes de la reforma de 1992 era un poco más riguroso pues estaba prohibido ceder a terceras personas el usufructo de las tierras a empresas mercantiles o de otra índole. Con las reformas cambió esto y ahora pueden decidir las circunstancias o que se pase a otro régimen de la tenencia.

Dijo que una vez aprobándose esto, la Secretaría de la Reforma Agraria inicia el procedimiento expropiatorio solicitando ante el presidente de la República que se dé el decreto para que pase a ser de la CFE, realmente es un trámite sencillo. El problema fundamental es la autorización para la expropiación.

El abogado dijo que tiene conocimiento de dos medidas precautorias a favor de los comuneros opositores a la presa, la última el 15 de julio del 2005, porque si a la fecha están vigentes, desde nuestro punto de vista es ilegal que la CFE esté pidiendo la anuencia para la expropiación de las tierras.

La medida señala que el objetivo es para que no se lleven a cabo los trabajos de viabilidad de la presa, y de ello fue notificada la CFE, por lo tanto es más prohibido que se lleve a cabo la expropiación, dijo.

Es cuestión de interpretación jurídica pues si se prohíbe una medida menor, con mucho más razón una mayor. De no acatarse se deja en indefensión a los opositores, y se violan sus derechos.

El especialista dijo que es totalmente contradictorio que la CFE primero haya pedido la anuencia para los estudios preliminares de factibilidad y ahora pida la expropiación, cuando no han demostrado si ya realizaron los estudios.

De acuerdo a los abogados la asamblea del 23 de agosto no puede ser una asamblea ordinaria sino extraordinaria, debe ser aprobada por el 50 por ciento más uno de los comuneros. Explicó que si se analiza el artículo 23 de la Ley Agraria, en su fracción 7 y 15 así debería ser, pero de acuerdo al documento de la convocatoria, esta la encuadraron en la fracción V, donde sólo se habla de contrato de las tierras de uso común para el usufructo.

Pero se tiene que pensar que estas no van hacer usufructuadas, sino que van a dejar de formar parte de los Bienes Comunales, por lo que la asamblea debe ser extraordinaria donde debe estar por lo menos la mitad más uno del total de comuneros.

 

Gobierno y CFE no han dado certeza de apoyo a comuneros: CICG. (El Despertar del Sur, Marcelo Villanueva, p.web).

Chilpancingo, Gro. Por la falta de compromisos, seriedad del gobierno estatal, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la federación, se ha generado una gran incertidumbre entre campesinos que se verán afectados con el Proyecto hidroeléctrico La Parota—por lo que advirtieron que de continuar esta situación podría haber un derramamiento de sangre mayor.

Lo anterior fue expuesto por Armando Cerda Wiengs presidente de la Comisión Integral de la Costa Grande (CICG), dijo que le ha faltado precisión y claridad a la CFE con los campesinos que se verán afectados con el famoso proyecto. Esto ha provocado que muchos de los ejidatarios tengan desconfianza e inseguridad ante la CFE y los dos niveles de gobierno, “al parecer no les han informado a fondo del precio de las tierras, se maneja que habrá muchos beneficios para ellos pero no les precisan cuáles y de qué manera serán beneficiados”, indicó.

Comentó que desde hace varias décadas, la CFE se ha ganado a pulso un mal antecedente ante la comunidad ejidal, toda vez que expropia tierras y no se las paga a los campesinos, utiliza al gobierno del estado para despojar de sus propiedades a los verdaderos dueños de las tierras de labor.

Recordó que a ejidatarios de Omitlan, Tierra Colorada, el Agua del Perro y Ejido Nuevo, lugares donde la CFE construyó al presa la Venta hace 40 años, los campesinos durante todo ese tiempo  exigieron el pago de sus tierras y fue hasta el 2005 cuando finiquitaron por completo aquellas afectaciones.

Ante esta situación aseguró el presidente del organismo no gubernamental, que se ha generado entre la comunidad ejidal una verdadera desconfianza, incertidumbre y hasta violencia en torno al proyecto de la presa antes mencionada.

En caso de que los campesinos cedan sus propiedades a la CFE, deben atestiguar representantes religiosos, de organismo de derechos humanos, representantes de los tres poderes, autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y del gobierno estatal, para que la empresa de luz cumpla sus compromisos.

 

Denuncia por despojo Vs. Regidor Espinoza; es caso juzgado, afirma. (El Sol de Parral, Oscar Ramos p.web).

Pesa una denuncia contra el regidor Antonio Espinoza Betance y su esposa –exregidora, Virginia Rocha Castro de Espinoza--, por supuesto despojo de un predio de 1,500 hectáreas en el mancomún de Talamantes. Por su parte, Espinoza dijo que “se trata de un hecho juzgado”.El señalamiento lo hace Guerrero Olivas Holguín con domicilio en el poblado de Talamantes, municipio de Allende, quien expuso ante el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, que su situación legal se encuentra en la Octava Sala Civil del STJ, y de lo cual espera resolución en las próximas semanas.

Expresó que desde tiempo atrás ha poseído el predio rústico denominado “Maconmún de Talamantes” y recordó que en 1987 apareció Estela Rocha de Espinoza, quien dijo es ajena a la comunidad y cuando era Regidora del Ayuntamiento de Parral, quien promovió en el Juzgado de Ciudad Jiménez un juicio de prescripción adquisitiva, adjudicándose los terrenos del Mancomún de Talamantes, sin que jamás hubiera radicado en la comunidad.

No obstante, señaló Guerrero Olivas Holguín en su denuncia del pasado mes de julio, que él y su familia siguen viviendo en el Mancomún de Talamantes, aunque han sido acusados penalmente y amedrentados para que abandonen la posesión de los terrenos.

Recientemente Estela Rocha de Espinoza vendió los terrenos a un particular, quien también es ajeno a la región. Cita en otro apartado del oficio Guerrero Olivas: hasta ahora han salido victoriosos en todas las acusaciones penales que les ha formulado el esposo de Estela Rocha Castro, el regidor Antonio Espinoza Betance, a quien señalan de cometer actos vandálicos en su contra y la de sus hijos, como disparos de armas de fuego para lograr el propósito de que abandonen los terrenos.

Recordó también otro incidente en donde señala al actual regidor, en donde hubo disparos que mataron un caballo que montaba un hijo suyo que salió ileso. Igualmente exhibe copia de otro documento dirigido a la Secretaría de la Reforma Agraria con fecha del 2003, en donde señala que la inclusión de María Estela Rocha Castro, Ramón Antonio Espinoza Betance y Martín Antonio Espinoza Rocha, fueron incluidos en el Mancomún sin que la Asamblea de Ejidatarios tuviera conocimiento de esta circunstancia y piden una investigación.

Por su parte, Antonio Espinoza Betance expresó que el asunto es cosa juzgada. Incluso mencionó que ese predio ya se vendió y es porque cuentan con todo el respaldo de la documentación que los acredita como propietarios.

 

En puerta escándalo sobre megaproyecto. (El Debate (Sinaloa), René Figueroa, p.web)

Reunión de cabildo. Hay supuestas irregularidades de pasadas administraciones.

Los terrenos a los que hizo referencia la regidora perredista Aurelia Leal López se ubican en el área donde están proyectadas la Central Camionera y la Central de Abastos, obras que actualmente están abandonadas, misma zona donde se pretende iniciar con la construcción de la nave industrial de la transnacional Sumitomo.

Desde la perspectiva de Leal López y de Juan Luis De Anda, regidor del PAN, las obras están en riesgo y la autoridad debe otorgar una explicación, pues no se debería servir de "tapadera" de corruptelas cometidas en el pasado.

El antedecente. De acuerdo con documentos entregados a los diferentes medios de comunicación fue el Ayuntamiento de Guasa-ve en abril de 1994 el que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 29 hectáreas.

También mostraron documentos notariados en los que celebra un contrato de donación gratuita en el que Jaime Leyva Díaz, como presidente municipal, cede el terreno a Ixtoc Construc-ciones y Proyectos, S. A. de C.V. Y anexan otro más de Ixtoc Construcciones en el que el expresidente municipal Alberto López Vargas aparece como apoderado especial y vende a Constructora Mocorito.

El gobierno. El asunto que se discutió de manera superficial en cabildo, pues la polémica está en comisiones, fue abordado por el presidente municipal, Do-mingo Ramírez Armenta.

"Desde luego hay todo un proceso, el expediente se encuentra en el Tribunal Unitario y lo más conveniente es que se aborde el tema, pero se debe revisar el expediente, nosotros no tenemos interés alguno de involucrarnos en ese tipo de problemas, queremos llevar las cosas de la mejor manera posible."

El caso será analizado por la Comisión de Gobernación y posiblemente discutido en la próxima reunión de cabildo, que bien pudiera realizarse la próxima semana.

La oposición. La regidora perredista Aurelia Leal López señaló que en el tiempo de López Vargas se solicitó la expropiación y se autorizó con Jaime Leyva. No se le dio utilidad y se donó a la empresa Ixtoc y esta no hizo las obras, pero sí se beneficiaron terceros y ese fue Alberto López Vargas, exalcalde, quien gravó los terrenos y posteriormente los vendió en el 2002 irregularmente a Constructora Mocorito.

Hoy, dijo la regidora, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal entabla la demanda de reversión, la cual pierde el Ayuntamiento.

El regidor del PAN, Juan Luis De Anda Mata, señaló que "las cosas están muy negras y se beneficiaron funcionarios públicos". Ambos ediles señalaron que estaban en riesgo las obras urbanas en proceso.

Los datos. El caso de Fifonafe en contra del Ayuntamiento de Guasave es llevado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 con el expediente 107/2003. El tema que intentó ser abordado en asuntos generales desató una polémica entre los regidores, al grado de que tuvo que ser llevado a votación, en la cual se impuso la mayoría de regidores priistas, quienes aprobaron que el asunto fuese abordado desde la Comisión de Gobernación de cabildo.

Resto de la sesión. El cuerpo de regidores antes había abordado asuntos que tienen que ver con la administración pública, entre los que se encontraban temas relacionados con un equipo de comunicación para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari-llado de Guasave. También se solicitó inspeccionar las obras efectuadas en los laterales, pues las recientes lluvias dejaron ver irregularidades.

 

Reconocen que opera otro grupo guerrillero. (Diario de Yucatán, p.web).

Gobernación dice que está formado de gente inconforme

México. (El Universal y EFE).— Ante el surgimiento del Ejército de Reconstrucción Regional (ERR), en el occidente del país, la Secretaría de Gobernación lo identificó como un grupo motivado por reivindicaciones sociales, y le envió un llamado al diálogo y a no incurrir en la comisión de delitos.

También reconoció que hay varios grupos guerrilleros más en el país. El subsecretario de Gobierno, Felipe González, identificó la presencia del ERR y lo describió como un grupo de inconformes que están irritados y en desesperación, porque no llegan las soluciones a problemas sociales.

Una proclama del ERR, con motivo de la elección de gobernador en Nayarit, el 3 de julio, indica que cuenta con miles de personas coordinadas por 40 comandantes, en ocho estados, y pide a la población no tener miedo por su presencia.

Hoy, tras diversas menciones en los medios electrónicos de comunicación sobre la existencia de este grupo, el subsecretario de Gobierno aceptó la existencia guerrillera del ERR, pero aclaró que el Ejército mexicano no entrará en acción para abatir a sus integrantes.

Oferta en Chiapas En Chiapas, el gobierno federal acordó ayer pagar 100 millones de pesos a ganaderos y propietarios de las tierras que invadió la guerrilla zapatista en 1994.

Este acuerdo fue anunciado en una reunión entre el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y los representantes de los propietarios afectados por los campesinos después de 11 años de negociaciones.

Salazar admitió que la cantidad, considerada “insuficiente”, deberá cubrir el pago de 17,000 hectáreas afectadas de pequeños propietarios.

 

¿Hubo testamentos?. (Diario de Yucatán, Manuel Castilla, p.web)

A un año de su fallecimiento

Mérida, Yucatán.

Ayer, jueves 18 de agosto, se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del señor Víctor Cervera Pacheco, personaje controvertido por la hegemonía política que construyó y que le permitió ejercer un férreo poder caciquil por más de tres décadas del siglo XX; lo empezó a perder en el año 2001, para recibir el golpe mortal el último domingo de mayo de 2004 al perder las elecciones municipales de Mérida, cuando intentó volver al palacio municipal de la capital del Estado.

En reciente entrevista con el Diario, el líder vitalicio del Frente Único de Trabajadores del Volante, Nerio Torres Ortiz, dijo que el resultado adverso en las que él calificó como “Elecciones de Estado” afectaron severamente la salud del señor Cervera hasta llegar al fulminante infarto la mañana del 18 de agosto, hace un año.

Durante el año transcurrido se desconocen los testamentos del señor Cervera Pacheco y cuando escribimos testamentos, en plural, nos referimos a la herencia de los cuantiosos bienes materiales y a la herencia política de pensamientos, ideario, normas y reglas que sus fieles seguidores —y también sus no seguidores, quienes fueron frenados en sus carreras políticas— deben aplicar para hacer del PRI un partido revitalizado y modernizado como los nuevos tiempos reclaman.

¿Quién o quiénes heredaron Chen Pato y otros prósperos ranchos que convirtieron a don Víctor en poderoso neolatifundista posrevolucionario del siglo XX? ¿A cuánto asciende la incalculable fortuna que acumuló el controvertido político yucateco a lo largo de su carrera que inició como sedicioso líder estudiantil? Además de sus ranchos y otras propiedades en Yucatán, se dice que el fallecido ex gobernador de dos periodos, que le permitieron gobernar anticonstitucionalmente 10 años al Estado, tenía miles de hectáreas de tierras en otras entidades, las cuales acumuló en el sexenio salinista desde la Secretaría de la Reforma Agraria.

Cuando fue titular de la SRA don Víctor obsequió, virtualmente, más de 50,000 hectáreas en La Riviera Maya de Quintana Roo a su socio y discípulo Mario Villanueva Madrid, actualmente en la cárcel acusado del presunto delito de narcotráfico. Cuando don Víctor falleció repentinamente el 18 de agosto de 2004, circuló la versión de que numerosos prestanombres se habían sacado el premio mayor de la lotería sin comprar billete, pues no existiendo escrituras o títulos de propiedad a nombre del señor Cervera ellos aparecían como dueños auténticos y legítimos de esos bienes.

La verdad debe conocerse no sólo por curiosidad, sino porque el pueblo yucateco tiene el derecho de conocerla. A través de la Ley de Acceso a la Información deben saber lo que sus gobernantes y funcionarios públicos ganan y “ahorran” como servidores públicos. En cuanto a la herencia política de don Víctor, sus huérfanos quedaron a la deriva y los no huérfanos, quienes fueron impedidos de avanzar en sus respectivas carreras por el poder hegemónico del cerverismo, han dejado pasar un año sin construir sus propios liderazgos o, tal vez, el fantasma del político dzemuleño los persigue desde el más allá.

Cuando la mañana del 18 de agosto de 2004 el infarto lo sorprendió en su despacho de Santa Petronila, don Víctor tenía sobre su escritorio hojas manuscritas con apuntes de lo que quizás sería su testamento político, que, seguro, contendría un ideario y normas para remodelar al PRI o, quizás, fundar un nuevo partido. Sería bueno que quienes conocieron muy de cerca a don Víctor —sus hijos y quienes formaron el círculo íntimo del fallecido político— revisen esos papeles y traten de armar ese testamento político.

En cuanto al otro testamento, el de la herencia de bienes materiales, sería conveniente que se haga público no por morbosa curiosidad, sino para acabar con la leyenda de los prestanombres y de la incalculable fortuna que acumuló Víctor Manuel Cervera Pacheco, como fruto de su carrera política de casi cuatro décadas.

 

Pulso Político. (El Universal, Francisco Cárdenas Cruz, p.web).

El próximo martes 23, justo 10 días antes de que el presidente Vicente Fox rinda su quinto y penúltimo informe, será el día de "la pareja presidencial" en la sede de la Cámara de Diputados... Invitadas por la Comisión Especial que investiga las denuncias públicas hechas en sus libros contra el Ejecutivo Federal, su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta, acudirán a San Lázaro la escritora argentina Olga Wornat, autora de La Jefa y las reporteras-investigadoras mexicanas Anabel Hernández y Arelí Quintero, que escribieron La Familia Presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción"... También ese mismo martes habrá una reunión de trabajo en la sede camaral de los miembros de la Comisión de Reforma Agraria con el titular de esa dependencia, Florencio Salazar Adame, y con funcionarios de la misma, para analizar la venta de la bahía de "El Tamarindillo", en el ejido El Tecuiz, del municipio de Coahuayana, Michoacán, presuntamente adquirido por "la pareja presidencial" y que ésta ha negado de manera reiterada... Para la tarde-noche del jueves 25, en la Casa Lamm, se anuncia la presentación del libro escrito por Anabel y Arelí que ha originado un escándalo por las documentadas revelaciones que hacen sobre el enriquecimiento de los actuales inquilinos de Los Pinos. Seguramente habrá una nutrida concurrencia...

 

Indemnizan a ganaderos y finqueros de Chiapas. (Proceso, Isaín Mandujano, p.web)

*Alegaron pérdida de predios tras el levantamiento zapatista del 94

San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de agosto.- A poco más de once años del levantamiento zapatista, 108 finqueros, ganaderos y rancheros de Las Margaritas y Altamirano, que resultaron afectados por la invasión de sus tierras ubicadas dentro de la zona de conflicto, aceptaron hoy una indemnización --por parte del gobierno federal-- de 6 mil pesos por cada una de las más de 10 mil hectáreas que dijeron haber perdido.

En una reunión con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, otros 145 terratenientes rechazaron la oferta, y pidieron tiempo para analizar si aceptan ese monto por cada una de las 6 mil 784 hectáreas, que supuestamente perdieron a manos de grupos campesinos prozapatistas, que emprendieron una oleada de invasiones dentro de la llamada zona de conflicto.

Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), diversos grupos de indígenas y campesinos agrupados en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), CNC y otras, invadieron cientos de predios en Chiapas, muchos de éstos en lo que se denominó la “zona de conflicto”.

Más tarde, los ganaderos, finqueros y rancheros, considerados caciques en toda lo que ahora es la zona bajo influencia del EZLN, emprendieron una lucha que los llevó a un “plantón” de varios meses en palacio de gobierno, de Tuxtla Gutiérrez.

Como respuesta, el gobierno creó el Fideicomiso de Aparcería Bovina (Fiapar), para entregar más de 800 millones de pesos bajo un esquema de crédito y amortización a cinco años, y se atendió a 441 pequeños propietarios de igual número de predios con una superficie total de 42 mil hectáreas, sin embargo, más de 250 personas decidieron no entrarle a ese fideicomiso.

El 29 de abril del 2004, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas, la propuesta con punto de acuerdo expuesta por el diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, sobre ganaderos que reclamaban sus tierras en la zona del conflicto chiapaneco, para su estudio, análisis y dictamen.

Y con fecha de 14 de marzo de este año, el referido punto de acuerdo fue votado en sesión plenaria de las comisiones unidas, acordando solicitar a la SRA constituyera una comisión o grupo de trabajo interinstitucional, para que investigara y diera seguimiento a la problemática que enfrentaban diversos propietarios desplazados de sus tierras a partir de 1994, en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo.

En abril se creó dicha comisión, en Tuxtla Gutiérrez, donde estuvieron presentes Salazar Adame y el gobernador Pablo Salazar.

Al 10 de agosto se recibieron 253 expedientes de igual número de propietarios; 47 de Las Margaritas, que reclamaban 6 mil 450 hectáreas de tierras; 61 de Altamirano, que reclamaban 3 mil 715 hectáreas, y 145 de Ocosingo, que reclaman el pago por 6 mil 784 hectáreas. En total, 16 mil 949 hectáreas de tierras.

Los terratenientes

Los líderes de los tres municipios, Miguel Aguilar Aguilar, de Las Margaritas; Miguel Guillén Cifuentes, de Altamirano, y Jorge Miguel Pimienta Calvo, de Ocosingo, discutieron por varias horas la oferta, y sólo los dos primeros aceptaron luego de pedir anuencia a sus representados.

Así, en los próximos días los finqueros estarán recibiendo un monto total de 60 millones 990 mil pesos por 10 mil 165 hectáreas de tierras, que conforman rancheros de ambos municipios de la selva Lacandona.

La SRA aseguró que hay disponibles otros 60 millones de pesos para que otros 145 propietarios de 6 mil 784 hectáreas de tierras en Ocosingo se acojan al programa.

Decepción en Ocosingo

“Estamos un poquito decepcionados, porque esperábamos un poquito más. No nos están dejando otro camino. Creo que los puntos son muy claros, las expresiones del secretario, de que ‘aquí no hay vuelta de hoja’, y de que si nos esperamos, pasarán quizá otros diez años”, dijo Jorge Miguel Pimienta Calvo, líder de los ganaderos de Ocosingo que rechazaron la oferta del gobierno.

“Nos queda claro que es una propuesta insuficiente, reconocemos que ustedes formaron un patrimonio que han perdido a lo largo de más de diez años, que han hecho diversas gestiones para que les restituyera, y que esas gestiones habían sido infructuosas. ¡Qué más quisiéramos hacer avalúos comerciales, pagarle a cada uno el valor de su tierra y de esta forma dejar finiquitado ya este viejo problema!”, dijo Salazar Adame a los ganaderos.

 

Chiapas: entregan indemnización a campesinos. (El Universal, Fredy Martín Pérez, p.web)

Recibirán 6 mil pesos los propietarios de zonas invadidas tras la aparición del EZLN

San Cristóbal de las casas , Chis. A 11 años de la invasión de sus ranchos y fincas, asentados en la zona donde surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pequeños propietarios de los municipios de Las Margaritas y Altamirano aceptaron recibir una indemnización de 6 mil pesos por hectárea.

Al reunirse con el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, empero, los finqueros de Ocosingo no aceptaron la propuesta y demandaron tiempo para realizar una consulta entre los afectados para ver si reciben los 6 mil pesos o demandan otra cantidad.

Los rancheros que aceptaron recibir ese monto son los dueños de 47 predios en Las Margaritas, con un total de 6 mil 450 hectáreas, y Altamirano, con 61 propiedades que suman 3 mil 715 hectáreas.

En la efervescencia del levantamiento armado, grupos de indígenas y campesinos agrupados en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Confederación Nacional Campesina (CNC), entre otras, invadieron cientos de predios en Chiapas, muchos de éstos en lo que se llamó la "zona de conflicto".

A partir de ese entonces, los ranchos, donde se producía queso, leche, café y maíz se convirtieron en centros de población donde llegaron a vivir indígenas y campesinos necesitados de techo.

En muchos de esos ranchos los finqueros cometían injusticias y abusos en contra de los trabajadores, como en El Zapote, Ocosingo, donde los indígenas y campesinos tenían prohibido acercarse a la casa del patrón.

En lo que hoy se conoce como Javier Hernández, Ocosingo, los vaqueros podían comerse los cerdos de los trabajadores, pero nunca ofrecían ninguna compensación a cambio.

"En esta comunidad (Javier Hernández), el finquero mandó cerrar los caminos para evitar que los indígenas caminaran por su propiedad. Los vaqueros podían comerse cuando querían los cuches (cerdos)…", rememoró recientemente Marcos .

El representante de los pequeños propietarios de Ocosingo, Jorge Miguel Pimienta Calvo, dijo que realizarán una consulta entre los dueños de los 145 ex ranchos, para ver si aceptan el pago de 6 mil pesos por hectárea que les ofrece el gobierno federal.

"Estamos un poquito decepcionados, porque esperábamos un poquito más. No nos están dejando otro camino. Creo que los puntos son muy claros: las expresiones del secretario de que aquí no hay vuelta de hoja y dice que si no tenemos que esperar quizá otros 10 años", explicó Pimienta Calvo.

La oferta de los 6 mil pesos por hectárea la hizo el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, en una reunión con pequeños propietarios en esta ciudad.

Ahí el funcionario aceptó que la propuesta de los 6 mil pesos es insuficiente, pero expuso a los finqueros que si no aceptaban esos recursos, podrían pasar otros 10 años para que el gobierno federal les pague.

 

Gobierno pagará a propietarios por tierras invadidas por EZLN. (Rumbo, p.web).

San Cristóbal de Las Casas (México), 18 agosto (EFE).- El Gobierno mexicano acordó hoy pagar unos 100 millones de pesos (9,3 millones de dólares) a ganaderos y propietarios por las tierras que invadió la guerrilla zapatista en 1994 en Chiapas.

Este acuerdo fue anunciado en una reunión entre el secretario (ministro) de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y los representantes de los propietarios afectados por los campesinos después de once años de negociaciones.

Salazar admitió que la cantidad, considerada "insuficiente", deberá cubrir el pago de 17.000 hectáreas afectadas de pequeños propietarios por las organizaciones zapatistas en tres municipios ubicados en la zona del conflicto.

"Nos enfrentamos a la realidad de la escasez de recursos y el Gobierno del presidente Vicente Fox ha hecho un esfuerzo porque no estaba contemplado en el presupuesto de este año el pago" que representa 6.000 pesos (unos 560 dólares) por hectárea, explicó el funcionario.

Los propietarios beneficiados de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo expresaron que valuaban sus tierras en 15.000 pesos (unos 1.400 dólares) por hectárea y además, dijo Jorge Pimienta Calvo, representante de Ocosingo.

A ese cálculo "habríamos de sumarle estos once años de desgaste, más las pérdidas del ganado y las propiedades que quedaron en manos de los indígenas", dijo Pimienta Calvo.

Sin embargo, los propietarios aceptaron la propuesta oficial ante la advertencia del funcionario de que no habría más negociaciones.

Además "nuestros compañeros ya están cansados", dijo Rodolfo Guillén Cifuentes, del municipio de Altamirano.

Con este acuerdo concluye el problema agrario surgido por las invasiones en 1994 de grupos indígenas ligados a la guerrilla zapatista en los municipios de la zona de conflicto.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alzó en armas el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos indígenas y desde entonces ha mantenido el control de varios municipios en la zona de los altos del estado de Chiapas.

 

Oferta en Chiapas. (El Diario de Yucatán, p.web).

En Chiapas, el gobierno federal acordó ayer pagar 100 millones de pesos a ganaderos y propietarios de las tierras que invadió la guerrilla zapatista en 1994.

Este acuerdo fue anunciado en una reunión entre el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y los representantes de los propietarios afectados por los campesinos después de 11 años de negociaciones.

Salazar admitió que la cantidad, considerada “insuficiente”, deberá cubrir el pago de 17,000 hectáreas afectadas de pequeños propietarios.

 

No hagas cosas buenas. (El Diario de Yucatán, Víctor Fernández Medina, p.web).

El caso aeroportuario

Uno de los primeros proyectos anunciados en la presente gestión gubernamental fue la construcción de un nuevo aeropuerto entre Mérida y Progreso y la construcción de una súper carretera entre ambas ciudades. Después no se volvió a hablar del asunto.

Suponemos que cuando se quiso hacer el proyecto se dieron cuenta que los terrenos ya tenían dueños y no precisamente ejidatarios. Tal vez desde entonces se gestó la idea de una nueva ubicación guardada como el mayor secreto.

¿Cuánto tiempo se llevaron los estudios iniciales —geográficos, económicos, sociales, financieros y de impacto político—, el análisis de diversas alternativas y, finalmente, tomar la decisión de diseñar y planear el proyecto? En días recientes hemos leído y oído opiniones sobre las ventajas y desventajas de la construcción del aeropuerto en terrenos del municipio de Hunucmá y de la desaparición del actual para que en sus terrenos se construyan zonas habitacionales y de recreo. Parecen ser más las críticas contrarias que las favorables.

Algunos dicen que no es necesario otro aeropuerto, si el existente está muy lejos del punto de saturación de sus servicios de pasajeros y de carga; otros alegan que la causa de marginación de las colonias al sur del aeropuerto no derivan de su ubicación en relación con éste: hay otras colonias con igual o mayor índice de marginación y pobreza que no son aledañas al “Crescencio Rejón”.

Vecinos del puerto aéreo están de acuerdo con reubicarlo, ya que no sufrirán más por el molesto ruido de los aviones y cualquiera en su situación lo estaría; pero ¿de qué manera el nuevo proyecto sacará de la pobreza y de la marginación a los habitantes del “sur profundo” de Mérida? Las opiniones favorables destacan el impulso que se dará al desarrollo económico —principalmente a la industria de la construcción— y al urbanístico.

La mayoría de los aeropuertos de grandes ciudades tienen a su alrededor sectores habitacionales de diversa densidad. Aunque se construyan en despoblado, el crecimiento urbano o de las poblaciones cercanas los alcanza a rodear.

En las grandes ciudades, cuando un aeropuerto alcanza su nivel de saturación no es destruido para construir otro, sino que se construye el nuevo en una zona lejana al viejo. En Nueva York, están “La Guardia” y el “Kennedy”; en París, el “De Gaulle” y el de “Orly”; lo mismo en Londres, el “Heathrow” y el de “Gatwik”. En Madrid, el de “Barajas” está en proceso de gran ampliación y modernización.

Hace más de 20 años viví en un conjunto habitacional más cerca del aeropuerto de Barajas que de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol; me imagino que hay y habrá nuevos desarrollos urbanos madrileños más cercanos a los aviones y de los pueblos que alrededor han crecido.

El caso de Atenco En México, cuando se pensó en el de Atenco, frustrado por los machetes, no se habló de eliminar el actual. Ahora se desarrollará un cinturón de aeropuertos situados en Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla, y el del Distrito Federal está en plena ampliación y remodelación.

Es posible que el ejemplo de Atenco haya sido tomado en cuenta para mantener en secreto el proyecto de Hunucmá, aunque no se justifica.

Parece ser que el descontento y malestar no está sólo en el fin, que no pocos cuestionan alegando que hay otras prioridades, sino también, y de manera enfática, en los medios: la sigilosa y no muy clara adquisición de los terrenos, pagados a precios bajos a los ejidatarios y vendidos a un precio mayor al gobierno.

Se habla de ganancias de 22 a 34 millones de pesos para el ubicuo Antonino Almazán —en tiempos priístas delegado del Registro Agrario Nacional, de donde salió por malos manejos— y sus socios, los verdaderos, no los también ubicuos (viven en Hunucmá y Chablekal dedicados a actividades agropecuarias, pero nadie los conoce) oaxaqueños, campechanos y veracruzanos prestanombres. ¿Quiénes son los verdaderos socios ganones? Vecinos de San Antonio Chel afirman que han ido a comprar el casco de la hacienda para transformarlo en hotel, pues quedaría enfrente del aeropuerto.

Los del PRI, encabezados por Carlos Sobrino Sierra, hablan de violación a la Ley por usar dinero aprobado y destinado a otros asuntos en pago a Antonino.

Nos imaginamos la reacción y declaraciones de muchos panistas, hoy en funciones de gobierno, si un gobierno priísta fuera el autor del proyecto en cuestión: el tráfico de influencias y el uso ilegal de información privilegiada era una de las formas más usuales del enriquecimiento ilegítimo en los tiempos priístas y los panistas fueron los más críticos denunciadores de semejantes actitudes.

Los ciudadanos de Yucatán esperan una transparente, explícita e inobjetable explicación del gobierno. Éste tiene ante sí una magnífica oportunidad para transparentar ante los ciudadanos, quienes los eligieron y quienes votaron en su contra hace cuatro años, todo el proceso de planeación del proyecto aeroportuario y de desarrollo urbanístico, así como la adquisición de los terrenos correspondientes.

Confiamos en que el gobierno panista, encabezado por Patricio Patrón Laviada, tiene y nos dará la explicación puntual que merecemos.

No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.— Mérida, Yucatán.

vicfer842@yahoo.com

 

“No los traicionaré” asegura AMLO. (El Pueblo, Yannedh Villalobos, p.web).

Chihuahua.- Ante más de ochocientas personas congregadas en el teatro de la ciudad, el pre candidato del PRD pidió el apoyo de todos los simpatizantes de su partido y de las personas que no están afiliadas a ningún otro partido político, asegurando: “No los traicionaré”.

En su discurso, López Obrador, se comprometió renegociar el Tratado de Libre Comercio, para no permitir la libre importación de maíz y de fríjol que tanto afectaría al sector agrario de nuestro país y explicó que: “De la producción de maíz y de fríjol viven mas de tres millones de familias mexicanas, es un compromiso que estoy haciendo, vamos ha negociar esa cláusula para que no entre en vigor en el 2008”.

En este mismo orden de ideas, habló de la necesidad de impulsar las actividades productivas, rescatar al campo del abandono y del deplorable estado en que se encuentra en la actualidad.

El precandidato recalcó, “vamos ha impulsar la industria de la construcción, el país requiere de infraestructura, de mucha obra pública, de construir viviendas. Impulsar la industria de la construcción significa reactivar la economía y generar muchos empleos”.

 

 

Funcionarios de Yucatán abandonan labores para festejar a Calderón. (Proceso, José Palacios, p.web).

* Al cumpleaños del panista acudieron empresarios yucatecos que lo mismo respaldan al PRI

Mérida, Yuc., 18 de agosto (apro).- El festejo del cumpleaños 43 de Felipe Calderón Hinojosa en Yucatán, fue motivo para que decenas de funcionarios panistas abandonaron por más de dos horas sus funciones, a fin de sumarse al proselitismo del precandidato presidencial.

Rodeado de prominentes empresarios yucatecos --que en otros momentos también han dado su respaldo al PRI--, y vitoreado por más de 800 panistas --varios de ellos funcionarios cercanos al gobernador panista Patricio Patrón Laviada— que se dieron cita en la hacienda del senador priista Eric Rubio Barthell, Calderón Hinojosa admitió que México vive “un grave problema de inseguridad pública”.

Antes de partir el pastel, en breve discurso donde expuso sus propuestas, señaló que su “autonomía e independencia” es la principal ventaja que tiene respecto de sus adversarios panistas que también aspiran a la candidatura presidencial.

Sin embargo, también reconoció que el mayor desafío es recuperar la confianza de la sociedad y, sobre todo, de los panistas que se sienten decepcionados con la actuación del gobierno foxista.

Aunque declinó cuestionar la actuación del presidente Vicente Fox, admitió que el PAN corre el riesgo de pagar un alto costo político, no solamente por el desgaste de ser gobierno, sino por los desatinos de algunos funcionarios federales, estatales y municipales.

Al referirse a la inseguridad derivada de la violencia y las repercusiones con Estados Unidos, dijo que es válido plantear el respeto a México, pero también se debe establecer una reunión constructiva y proactiva para enfrentar el problema.

 “Necesitamos la colaboración de ambos gobiernos, de ambos países y de los gobiernos locales para combatir el problema del narcotráfico y sus secuelas”.

Propuso realizar esfuerzos coordinados, como el intercambio de inteligencia e información, el diseño de operativos exitosos en ambos lados de la frontera, con una actitud constructiva, y no desconocer un problema que es real e inocultable, que es la inseguridad derivada del narcotráfico y sus intereses que están desafiando al Estado mexicano.

Acompañaron a Calderón Hinojosa, además de funcionarios como el secretario de Desarrollo Social, Xavier Abreu Sierra, el presidente del Congreso local, Benito Rosel Isaac; el subsecretario de Gobierno, Hugo Sánchez Camargo; la delegada de la Reforma Agraria, Lizbeth Medina Rodríguez, y decenas de funcionarios menores, así como alcaldes como el de Tizimín, Pedro Cohuo Suaste, y el de Buctzotz.

Los empresarios Bejamín Paredes Góngora, Armando Palma Peniche, Fernando Ponce y Emilio Díaz, que también han sido los principales constructores de diversas obras y proyectos en gestiones tricolores.

 

Sector agropecuario

 

Descarta Sagarpa conflicto social por la emisión de la ley del café. (La Jornada,  Matilde Pérez U., p.web)

Somos respetuosos del Legislativo, dice funcionario

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no está en contra de la ley cafetalera aprobada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, pero ya hay un rumbo y carril muy establecido que marca la Ley de Desarrollo Sustentable, asentó el coordinador del sistema producto café, Alfredo Fernández Gallegos.

Al inaugurar la Expo Café 2005, descartó que en el caso de dicha ley suceda lo mismo que con la ley cañera. "Somos respetuosos del Poder Legislativo", pero en breve se terminará el reglamento para el sistema producto y concluirán los planes rectores en beneficio de la cadena productiva del café.

"No estamos descubriendo el hilo negro, sino convocando a todos los actores para que presenten sus propuestas", asentó Fernández Gallegos y recordó que el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de mil 621 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 604 millones de pesos para fomento productivo y campañas de sanidad.

Sin embargo, la caficultura sigue en proceso de deterioro ya que, de acuerdo con el coordinador del sistema producto, en el actual ciclo sólo se exportarán 2.8 millones de sacos, lo que implica una caída de 15 a 20 por ciento en comparación con el año pasado.

Agregó que en las 680 mil hectáreas de cultivo y producción del grano, que involucra a 480 mil productores, se obtendrán 5.2 millones de sacos, aunque de acuerdo con la Organización Internacional del Café la producción es inferior a los datos proporcionados por Sagarpa.

El año pasado se obtuvieron, de acuerdo con el organismo internacional, 3.8 millones de sacos, 15 por ciento menos que en 2003, y desde 2001, México ha reportado una producción de entre 4.2 y 4.5 millones de sacos, mientras Sagarpa ha señalado que se han logrado de 4.8 a 5 millones de sacos.

Fernández Gallegos insistió en que la política de Sagarpa está orientada a lograr que el año próximo el consumo per cápita sea de 1.5 kilos, lo que implicaría un aumento individual de 600 gramos; además de promover la agricultura por contrato ya que hay 893 comercializadoras con las cuales los caficultores podrían llegar a acuerdos; "estamos previendo que para 2006 se tengan 500 mil hectáreas en ese esquema".

 

Emprenden la defensa del maíz contra el ingreso de transgénicos. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web).

Encuentro regional de productores en Jáltipan, Veracruz

La revaloración de la cultura en torno del maíz y la defensa del grano criollo contra la introducción de variedades genéticamente modificadas, son los objetivos del Encuentro regional de productores y consumidores por la defensa del maíz nativo que realizarán este 19 y 20 de agosto organizaciones sociales de Veracruz y Oaxaca, como Tssooka-teyoo de la sierra, Regionalización tuxtleca, Maíz-Veracruz, Freposev, CDPZ, Coordinadora Regional de Mujeres del Sur de Veracruz, Centro de Documentación del son Jarocho, Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca, en Jáltipan, Veracruz.

Las organizaciones convocantes señalaron que, a pesar de lo importantes que son las variedades del maíz mexicano, se están viviendo serias amenazas debido a la introducción de productos transgénicos, pues hay riesgo de perder lo que por generaciones se ha logrado para el cuidado y desarrollo de la gramínea, base de la dieta de los mexicanos y una de las más valiosas aportaciones de las culturas mesoamericanas.

En las mesas de trabajo se valorarán las vivencias de las diferentes etnias y culturas en cuanto a leyendas y mitos que demuestran la importancia y la convivencia del maíz y el hombre en cada región, así como los riesgos que acarrean tanto la introducción de semillas genéticamente modificadas como de nuevas tecnologías en el campo mexicano, informaron. Se buscará ademas delinear una estrategia de defensa del maíz criollo, considerando que en diferentes comunidades la introducción de información y capacitación ha mejorado considerablemente el cultivo y la conservación de esta gramínea.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

LA PAROTA

 

Maniobras para imponer la construcción de la presa La Parota, denuncian en Guerrero. (La Jornada, Rosa Rojas. p.web).

Pretendieron implantar por la fuerza "una reunión sin aval legal", afirman ONG

Responsailizan a los gobiernos federal, estatal y municipal y a Seguridad Pública

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Alianza Mexicana para la Autodeterminacion de los Pueblos y el Colectivo Rebeldía, criticaron que los gobiernos municipal y estatal de Guerrero pretendieran legitimar el pasado día 15, mediante el uso de la fuerza pública, golpeando mujeres, niños, ancianos y campesinos integrantes del CECOP (Consejo de Ejidos Opositores a la Parota) "una reunión sin aval legal", para imponer la construcción de la presa La Parota en el municipio de Acapulco.

Dichas organizaciones sociales denunciaron que en la fallida asamblea se pretendía delegar en los comisariados "comprados" la facultad de votar por todo una comunidad, "además de tener preparada una votación" en favor de la construcción de la mencionada hidroeléctrica con las personas que asistirían.

Subrayaron que la construcción de la hidroeléctrica afectaría 17 mil hectáreas de 21 comunidades, lo que obligaría al desplazamiento de más de 25 mil personas. La construcción del embalse afectaría también los mantos freáticos de toda la zona que cubriría la presa y areas aledañas, sin contar el daño ecológico que representaría.

Hicieron responsables a los gobiernos federal, estatal y municipal, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Preventiva de Acapulco y "directamente a los funcionarios que presiden éstas, de lo que les pueda suceder a los campesinos afectados, a sus familiares y a las personas u organizaciones que simpaticen con el rechazo al genocidio, deforestación, violación a los derechos humanos y ambientales, al desplazamiento humano, la extinción de flora y fauna de la región, que representa la hidroeléctrica La Parota"

 

Es ilegal la asamblea que pretenden hacer para aprobar La Parota, dicen comuneros opositores. (El Sur, Redacción, p.web).

 “No permitiremos otra asamblea amañada”, advierten en una declaración pública en la que hablan de la represión del domingo 14 en El Campanario

Los comuneros opositores a la presa La Parota denunciaron el intento de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno del estado y del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec de hacer una asamblea en segunda convocatoria, “que no cumple los requisitos de ley” para aprobar la expropiación de las tierras.

Manifestaron su rechazo a esa “asamblea ilegal” (que según declaraciones públicas del presidente del comisariado, Crescencio Jerónimo Aparicio, sería convocada para el 23 de agosto) y advierten: “no permitiremos otra asamblea amañada”.

Los comuneros de Cacahuatepec opositores al proyecto La Parota dieron a conocer ayer una declaración pública sobre los hechos de represión del domingo 14, en la comunidad de El Campanario, donde el comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, con apoyo de la CFE y el gobierno del estado, intentó hacer la asamblea para aprobar la solicitud de expropiación de las tierras para cederlas al proyacto hidroeléctrico.

En el texto aseguran que “defender nuestras tierras es acto de dignidad no un delito”, y demandan que cese la represión.

Declaran: “Somos miles de comuneras y comuneros los que nos dirigimos a la asamblea. No somos 50 rijosos como dijeron (el secretario general de Gobierno, Armando) Chavarría, y (el gobernador), Zeferino Torreblanca, de manera burlona y mentirosa.

“Los policías nos impidieron el paso a la asamblea porque somos mayoría. En el poblado Las Minas nos cortaron cartucho.

“La asamblea estuvo arreglada de antemano entre la CFE, el comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec y los corruptos (líderes priístas de la Confederación Nacional Campesina) Evencio Romero y Nabor Ojeda.

“La represión refleja su coraje, porque los denunciamos como ladrones y corruptos”.

En contra de lo que han declarado el gobernador Torreblanca y el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, los comuneros opositores insisten: “Sí hubo represión contra comuneras y comuneros. Sí cortaron cartucho (los policías municipales) contra niños y señoras. Sí compraron firmas desde semanas antes. Sí cambiaron la asamblea a Campanario porque el comisariado es minoría en su pueblo, Cacahuatepec, cabecera de los Bienes Comunales. Sí estaba amañada la asamblea porque ya tenían impresos hasta los posibles resultados. Sí nos engañaron. Dijeron que la asamblea era para dar registros agrarios. Mentira: los registros los tenemos en nuestras casas. Sólo había constancias de un padrón manipulado por el comisariado. Sí era una asamblea para quitarnos nuestras tierras a todo Cacahuatepec y expropiarlas en favor de la CFE”.

Aseguran que los comuneros que rechazan el proyecto son mayoría, y desconocen a Crescencio Jerónimo Aparicio como comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Argumentan que “al pedir la intervención del Ejército contra los comuneros, el comisariado merece no sólo la destitución sino la cárcel”.

En el texto agregan: “Denunciamos que quieren hacer la asamblea, en 2ª convocatoria, fuera de los bienes comunales de Cacahuatepec. Rechazamos esa asamblea ilegal por no cumplir los requisitos de ley. No permitiremos otra asamblea amañada.

“Rechazamos toda provocación y la intervención de la fuerza pública en la vida interna de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y en la asamblea”.

Finalmente, en el documento exigen respeto a la vida interna de las comunidades, y alto a la represión.

Responsabilizan a Torreblanca “por la represión sufrida por los comuneros el 14 de agosto a manos de más de mil 500 policías”.

También responsabilizan al presidente Vicente Fox y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “por el uso de la fuerza pública en una asamblea pagada por ellos para expropiar las tierras de los campesinos”, y agregan que con esto “actuaron de manera ilegal”.

Además, responsabilizan a Alberto López Rosas, presidente municipal de Acapulco, “por su contribución a la represión con más de 60 patrullas y tres carros antimotines que se sumaron a 70 patrullas estatales”.

Finalmente, declaran una vez más que no cederán sus tierras, y reiteran: “Va primero nuestra vida que ceder nuestras tierras”.

 

Se solidariza el ERPI con opositores a la presa; Zeferino criminaliza la lucha social, señala. (El Sur, Zacarías Cervantes, p.web).

 Señala que el gobierno está involucrado en las disputas entre bandas de narcotraficantes. Afirma que con el protexto del combate a las drogas el programa México Seguro traerá más violaciones a los derechos humanos. Advierte el grupo armado que ante eso no se va a quedar con los brazos cruzados

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) consideró “preocupante el panorama actual de nuestro estado, porque por un lado se ha desatado una espiral de violencia “producto de la disputa por la plaza entre las bandas del narcotráfico” y por el otro “la postura del gobierno de Zeferino Torreblanca de criminalizar la lucha social para llevar adelante los proyectos económicos del gran capital”.

En su comunicado número 11 enviado a diferentes medios de comunicación, el grupo armado se solidariza con los opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota.

Fechado este 18 de agosto y dirigido al pueblo de Guerrero, el Comité Estatal del ERPI rechaza que la ola violencia en el estado se deba a que el actual gobierno se ha negado a negociar con los jefes del narcotráfico, “argumento de defensores oficiosos de Zeferino Torreblanca”, –señala el comunicado– y agrega que “al contrario el gobierno no se encuentra al margen (de las disputas entre cárteles del narcotráfico), forma parte del problema al haber tomado partido por un lado específico del conflicto”, y pregunta: “¿Acaso sin la protección del gobierno del cambio los capos del narcotráfico vivirían sin preocupaciones en exclusivos fraccionamientos de Acapulco?”

Expone: “La violencia que se ha desatado entre las bandas del narcotráfico en nuestro estado es producto del reacomodo entre grupos de poder económico y político”, y explica: “El poder del que actualmente hacen gala los capos del narcotráfico no se construyó de la noche a la mañana, puesto que la colusión de intereses entre políticos, caciques, militares y las policías de diferentes niveles (que hoy se hace más evidente) ha sido pilar fundamental para la estabilidad del régimen y el principal obstáculo que han enfrentado los movimientos sociales en la lucha por cambiar las condiciones injustas en que vivimos los guerrerenses”.

Denuncia que la propuesta de los empresarios “y del gobierno de la alternancia” de pedir la aplicación del programa México Seguro, implica violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos y la militarización de la vida de las comunidades y pueblos de Guerrero, y advierte que este programa no constituye una opción tendiente a inhibir la siembra, transporte, procesamiento, venta y consumo de estupefacientes, ni va a terminar con la ola de ejecuciones entre las mafias, “precisamente por la participación del aparato político, militar y policiaco en la protección y lavado de dinero del narcotráfico”.

Señala que para el ERPI está claro que el programa México Seguro tiene un carácter contrainsurgente, “diseñado por el gobierno de EU con el objetivo de combatir al pueblo organizado y a sus organizaciones, y para que el narco-gobierno mantenga el control de la sociedad en general para asegurar la explotación de los recursos naturales dentro de su proyecto llamado Plan Puebla-Panamá y para continuar con la privatización de los recursos energéticos del país”.

Dice que la aplicación de México Seguro “traerá consigo la violación a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada de personas, encarcelamiento y asesinatos so pretexto de combatir al narcotráfico. En fin, está en proceso una nueva guerra sucia del gobierno contra nuestro pueblo. Ante esto no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

El ERPI recuerda que antes de la jornada electoral del 6 de febrero “argumentamos que Zeferino daría continuidad al proyecto de la derecha y que sólo habría una alternancia sin alternativa” y señalan que hoy “la realidad nos da la razón acerca de nuestros pronósticos sobre el gobierno del socialdemócrata Zeferino Torreblanca”.

“El gobierno de Zeferino se caracteriza por la simulación, el engaño, el uso y abuso del aparato policíaco-militar en contra de los intereses de los guerrerenses. Prueba de ello son los hechos de represión a los comuneros opositores al proyecto de La Parota del pasado domingo 14 de agosto”.

Y luego el ERPI se solidariza con los opositores a La Parota, “a los ciudadanos opositores les queremos decir que cuentan con nuestra solidaridad y que con su actitud digna nos han dado una lección a los guerrerenses y que seguramente los gobiernos, municipal, estatal y federal utilizarán todos los recursos necesarios para consumar esta infamia”.

El grupo armado hace un llamado también “a las organizaciones insurgentes, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo en general a sumarse a la lucha de nuestros hermanos comuneros opositores a la construcción de la presa La Parota, para expresar nuestro repudio en contra del Plan Puebla-Panamá”.

 

Coincide López Rosas: se debe hacer lo posible para que se construya la presa. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

 La inversión destinada por el gobierno federal a ese proyecto difícilmente volverá a canalizarse a la zona rural de Acapulco, argumenta

El presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, coincidió con la postura del gobernador, Zeferino Torreblanca, de que se debe hacer todo lo posible para que la presa hidroeléctrica La Parota se construya en Guerrero.

A pregunta expresa López Rosas dijo que la postura de los comuneros de pedir que se destituya al gobernador es “inoportuna” y que se deben hacer esfuerzos para consolidar el proyecto.

Este miércoles en conferencia de prensa conjunta los opositores a la presa La Parota, la Unión Nacional de Trabajadores, los vecinos desalojados de Granjas del Marqués y los ejidatarios de Llano Largo pidieron la destitución del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Mientras que el gobernador en una gira por Zumpango, municipio de Eduardo Neri de la zona Centro del estado declaró que haría “todo lo posible” para que el proyecto de la hidroeléctrica se “quede en Guerrero”.

López Rosas coincidió con esa postura dijo que La Parota es un “proyecto valioso” porque la inversión destinada por el gobierno federal “difícilmente” volverá a canalizarse a la zona rural del municipio donde hay “enormes desequilibrios”.

Consultado por reporteros en la Presidencia, el alcalde dijo que se debe tener un acercamiento mayor con los opositores a fin de “armonizar” la situación para que los inconformes conozcan los beneficios de la obra que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sobre la declaración de los comuneros, López Rosas dijo que es “inoportuna” e invitó a los opositores al proyecto a tranquilizarse y convocar a una asamblea pacífica para que se pueda conocer “la postura real” de los comuneros.

Agregó que todos los involucrados en la obra deben de hacer un esfuerzo y que los derechos de los comuneros deben de respetarse.

Doble postura

En otro tema López Rosas insistió en que hay una “doble postura” del gobierno federal hacia Acapulco, se quejó de que mientras se hacen promocionales de Cancún para que los turistas acudan a ese destino turístico, de Acapulco se hacen declaraciones demoledoras.

El alcalde pidió al secretario de Medio Ambiente, José Luis Luege Tamargo, proponer acciones para sanear la bahía en lugar de sólo descalificar.

Argumentó que el mar es zona federal y por ello deben de intervenir los tres niveles de gobierno.

De la información que publica la página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la que se informa que las playas de Caleta, Caletilla y La Roqueta presentaron altos niveles de enterococos por arriba de la norma permitida, López Rosas dijo que ya ordenó a la CAPAMA que junto con los Laboratorios Estatales de Salud y la Secretaría de Marina efectúen estudios de la calidad del agua en dichas playas.

“Es bastante lamentable que funcionarios como el de la Semarnat, que tiene responsabilidad en la contaminación de ríos, lagunas y mares hagan señalamientos pero no ofrezcan coordinación para poder abatirlo” dijo.

 

 No busqué una reunión oculta de Zeferino con opositores a La Parota: Donoso. (El Sur, Mónica Martínez, p.web).

 Revela que el mismo miércoles les propuso un encuentro con el gobernador

El síndico procurador con licencia del Ayuntamiento de Acapulco, Fernando Donoso Pérez, negó que él haya sido el intermediario para concertar reuniones “a escondidas” del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo con los opositores a La Parota, y reveló que anteayer les pidió a éstos que se encontraran con el Ejecutivo estatal.

En una llamada a la redacción de El Sur, el también candidato a diputado del PRD por el distrito 26 aseguró que fueron los opositores quienes le pidieron su intervención para una cita con el gobernador y que la propuesta de Torreblanca fue que él elegiría a un grupo de 300 comuneros más el grupo de Marco Antonio Suástegui Muñoz.

Dijo que la fecha de la cita era el 30 de julio, pero que de última hora los opositores Suástegui Muñoz y Felipe Flores cancelaron la reunión con el pretexto de que estaban ocupados con los preparativos de la reunión del aniversario del movimiento.

En su edición de este jueves El Sur publicó que el grupo de Suástegui Muñoz en una conferencia de prensa conjunta con sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, con los colonos desalojados de Granjas del Marqués y con los ejidatarios de Llano Largo demandaron la destitución del gobernador.

Además, denunciaron que por medio de Donoso Pérez, el gobernador pretendía hacer una reunión privada “a escondidas con la intención de que vendamos a nuestro pueblo”, dijo en esa conferencia Suástegui.

En la llamada que hizo ayer a El Sur, Donoso Pérez relató que cuando él todavía estaba en la sindicatura, Felipe Flores y Marco Antonio Suástegui fueron a solicitarle su intervención para “conseguir una cita” con el gobernador.

Dijo que Torreblanca dio una respuesta positiva y quedaron de verse el sábado 30 de julio a la una de la tarde en las oficinas de la Promotora Turística con 300 comuneros que convocaría el gobernador más el grupo de los opositores.

“Pero no aceptaron la reunión, dijeron que no podían, que estaban organizando su congreso (la reunión de aniversario) y que se comunicarían después para poner nueva fecha”, añadió.

Negó que el gobernador quiera hacer una reunión “a escondidas” como lo dijo Suástegui pues Torreblanca “siempre ha estado dispuesto al diálogo con todos”.

Donoso aseguró que incluso el miércoles por la mañana, antes de que los opositores dieran la conferencia de prensa en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana habló con Felipe Flores para buscar una nueva cita con el gobernador.

 

“Grave” que se vayan los 10 mil empleos de La Parota, dice Porfirio Daza. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

 Se trata de que los inversionistas se establezcan en Guerrero, porque son los que generan empleos, argumenta el subsecretario del Trabajo durante la inauguración de la Feria del Empleo

Durante la inauguración de la Feria del Empleo en esta capital, el subsecretario del Trabajo, Porfirio Daza Rodríguez, dijo que debido al alto índice de desempleo en Guerrero, “una minoría no puede impedir las inversiones en el estado”, en alusión a la postura de los comuneros opositores a La Parota, proyecto que según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generará cerca de 10 mil empleos.

A las 11 de la mañana en la cancha de usos múltiples del Sindicato de Salud, se inauguró la Feria del Empleo, acto mediante el cual 40 empresas y dependencias, incluidas la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública, ofrecerían 780 empleos.

En su intervención, el subsecretario del Trabajo aseguró que uno de los principales problemas que hay en la entidad es que “no se generan empleos”, de ahí que nuestra tarea es generar un clima de paz y estabilidad social”.

Dijo que unos de los “anhelos” del gobierno del estado es precisamente la generación de empleos y por ello, “una minoría no puede impedir las inversiones en el estado”, en referencia al caso de los comuneros opositores a la construcción de la hidroeléctrica de La Parota.

Más tarde, en entrevista con reporteros, Daza Rodríguez reiteró su opinión sobre el tema de los comuneros, “porque en toda democracia las mayorías son las que ganan, y para saber si hay una minoría o una mayoría que va a tomar una determinación, pues es mejor que los opositores de La Parota dejaran que se lleve a cabo la asamblea y que ahí se decida quién tiene la razón. La mayoría manda a la minoría”.

Agregó que como gobierno del estado, “nosotros estamos dando las garantías a los comuneros para que lleven su asamblea, no nos metemos en la vida interna, simplemente estamos dándoles garantías”.

Sin embargo dijo que también están tratando de “ayudar a los inversionistas para que se establezcan en Guerrero, porque son los que generan empleos”. Por eso consideró que “sería grave” que “los 10 mil empleos se vayan de Guerrero, y más grave aún es que Acapulco se quede sin agua. No podemos estar sujetos a lo que una minoría diga, sino a lo que el mayor número de guerrerenses disponga”.

Explicó que de los 10 mil empleos que ofrece la CFE no todos son para los comuneros que serán desplazados de sus tierras, sino que también se contratarán a “una serie de profesionistas, no todo es para las personas que están dentro del proyecto, se tiene que contratar a ingenieros y otros”.

Daza Rodríguez insistió en que sería lamentable que el proyecto no se realizara –como ha dejado ver la posibilidad el presidente Vicente Fox–, porque en el estado se registra “la tasa más baja de desempleo, que es del 1.1 por ciento, en tanto que a nivel nacional hay una tasa del 3.6 por ciento”.

Agregó que el sector que tiene más desempleados “son los jóvenes, sobre todo los que están incorporándose a la vida económica, aquellos profesionistas que salen de la universidad en julio y agosto, que son los meses cuando se incrementa más el desempleo”.

Por separado, la secretaria de la Mujer, Rosa Maria Gómez Saavedra, aseguró que “por cada hombre que actualmente está laborando, hay dos mujeres desempleadas”.

Recordó que en 1970, de cada 100 mujeres sólo 17 estaban inmersas en las actividades económicas, “en cambio hoy 38 de cada 100 mujeres se encuentran laborando, pero la discriminación todavía se nota, porque de esas 38 mujeres sus sueldos son menores al que percibe un varón…de ahí que en ningún área del gobierno hay equidad”.

 

Organización de Pueblos Indios Me’Pha’a se solidariza con los comuneros opositores a La Parota. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).

Señor director:

En la Organización del Pueblo Indígena Me’Pha’a, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, desde hace algunos años hemos estado luchando por la legalidad y por el castigo de los abusos y violaciones de los derechos humanos de que han sido objeto indígenas de nuestra organización por parte de soldados del Ejército federal mexicano, de manera que los recientes hechos en relación con la construcción de la presa La Parota para consumar el despojo de las tierras de los comuneros, nos llenan de indignación y rechazo a estas actitudes, pues tras su fracaso, ahora el comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec solicita la presencia del Ejército para intentar de nueva cuenta dar legalidad al despojo de tierras y mediante la presencia del Ejército, intimidar a los comuneros para que acepten la expropiación de sus tierras.

Por otro lado, la participación del gobernador del estado a favor de construir la presa enviando policías, es una actitud francamente provocadora y de uso faccioso del poder, lo que significa que tenemos un gobernante de poco oficio político que recurre a la fuerza para imponer su voluntad, rehuyendo al diálogo para lograr consensos y proyectos a favor del pueblo de Guerrero. La situación de La Parota es similar entre el gobernador del estado y nuestra organización, que junto con la coordinadora de autoridades comunitarias de San Luis Acatlán y las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, hemos tratado de hacer valer la Agenda para el Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas, y el gobierno del estado nos ha ignorado en nuestro planteamiento y va a imponer su plan estatal de desarrollo apadrinado por el Banco Mundial.

La situación de los comuneros que se oponen con justa razón a la construcción de la presa, es algo que también nos afecta a los pueblos indígenas de Guerrero, pues hoy se intenta despojarlos de sus tierras y mañana seguramente seguirán los pueblos indígenas, pues tenemos información de que algunas empresas trasnacionales dedicadas a la biotecnología empiezan a saquear los recursos naturales que se encuentran en las comunidades indígenas, amparadas y avaladas por los gobiernos federal y estatal, de tal forma que en nombre de la modernidad los gobernantes no dudan que se debe legalizar dicho saqueo, incluso el agua de las montañas de Guerrero, que dicho sea de paso, el supuesto aseguramiento de agua potable para los acapulqueños, con la construcción de la presa, se verá cuestionado severamente cuando la distribución del vital líquido sea concesionado a alguna empresa española o francesa, como ya ocurre en algunas ciudades del norte del país como en Saltillo, Coahuila.

Por lo anterior, la Organización del Pueblo Indígena Me’pha’a manifiesta su total apoyo a los comuneros que se oponen a la construcción de la presa La Parota y desde nuestras comunidades hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales de trabajadores, estudiantes y amas de casa para que se manifiesten a favor de los comuneros que defienden sus tierras, y para construir juntos, instancias legítimas de organización social para enfrentar la política represora del gobierno estatal.

Atentamente

Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, Presidente y Obtilia Eugenio Manuel, secretaria

 

La clase política empresarial contra el pueblo. (El Sur, Renato Ravelo Lecuona, p.web).

Opinión

El conflicto de La Parota está educando a un importante sector del pueblo. Los opositores con su valerosa lucha del domingo pasado han logrado ganar un primer round al desbaratar todo el teatro gubernamental armado para imponer su voluntad empresarial. Esta clase cierra filas y está tratando de darle apariencia de legalidad y consenso a una determinación política que tienen tomada ya, e imponer su proyecto pasando encima de estudios, de procedimientos legales, de razones humanas y sociales, con mentiras y con el uso no sólo de su aparato burocrático sino de la fuerza pública.

A la clase empresarial se le cae la baba de ambición por esa inversión de mil 200 millones de dólares. Este crédito al Estado debió ser contratado por el gobierno de Fox con la banca internacional, antes de que realizaran todos los estudios y antes de tener ya, no digamos la aceptación de las decenas miles de afectados sino antes de que ellos supieran algo de tal proyecto. La ambición rompe el saco. Zeferino, muy zorro, para nada mencionó el proyecto de La Parota en su campaña, pero ya en el poder lo convirtió en la pieza fundamental de su programa de desarrollo. Qué pobre debe ser la visión de su programa que descansa en un inversión externa que beneficia al capital y que arroja al desempleo a decenas de miles de campesinos.

Los integrantes de la CECOP defienden algo legítimo, como lo hicieron los de Salvador Atenco: el derecho a mantener su forma de vida ante las amenazas arrasantes del gran capital que quería expropiar sus bienes para un aeropuerto internacional. Hay que reconocer la prudencia del gobierno de Fox de no aplastar con la fuerza bruta en el viejo estilo del PRI, esa oposición popular y que ahora haya aceptado la posibilidad de que si no quieren los dueños de ese territorio, la presa no se hará ahí.

La amenaza para los numerosos pueblos opositores a la presa de La Parota, no viene entonces tanto del gobierno federal, como del gobierno estatal y de su clase política empresarial. Al principio aparecía sólo como una lucha de la CFE contra los inconformes, que creyó poder manipular, pero ahora se ve que es todo el aparato de Estado el que está poniendo en jaque a la resistencia heroica de los opositores. Este peligro es mayor porque todo el aparato de gobierno, la clase política y los recursos públicos están enfrentando al pueblo, diciendo que la obra es en su beneficio. ¡Cientos de millones de pobres en el mundo han sido beneficiados por los pocos archimillonarios que dominan al mundo del estilo de Carlos Slim!

Este intento del gobierno priísta-perredista-empresarial de Zeferino, fue calificado como provocación por la CECOP, pues además de ilegal se basa en una buena cantidad de mentiras y verdades inconfesables: no pudo haber una convocatoria legal dado que hay un juicio no resuelto aún por los tribunales basado en la impugnación de que una asamblea anterior fue fraudulenta porque aparecieron firmas de muertos, ausentes y de gente que no sabía firmar, etc. ¿Puede creerse que reunirán un mínimo de 3 mil 500 firmas de conformidad con la expropiación de los terrenos, cuando demostraron legalmente que falsifican la documentación? No es creíble y todo el aparato notarial que montaron no serviría más que para darle visos de legalidad al fraude, porque además no lograron llevar más de los 250 acarreados que reportaron los medios. ¿Es legal convocar, cuando no está resuelta la impugnación jurídica de su anterior asamblea? ¿Es responsable un gobierno que autoriza y procede a legitimar una obra para la existen un dictamen desfavorable de impacto ambiental que realizó la UNAM y que se mantiene en secreto? Hay estudios geológicos que señalan la posibilidad una fuga inesperada por las grandes fallas geológicas ya conocidas, mismas que irresponsablemente se ignoran. Hay otras fuentes de energía, y hay la necesidad de proteger y favorecer las fuentes de agua, sin que de ello se hable. Pero la ambición de las grandes empresas constructoras y de numerosos empresaritos que tendrán algún contratito, los mueve a realizar una obra para la que cobrarán, sirva o no, pues de cualquier manera será el Estado y el pueblo mexicano quien tendrá que pagar.

No se ha querido debatir en serio el proyecto, se actúa por encima de las leyes, se falsifican documentos, se oculta información, se emplea la fuerza pública y se ponen los recursos públicos para preparar consensos de masas que amortigüen los efectos de una posible represión: ¿Cuánto le pagaron al merolico de Jorge Campos por la publicidad? ¿Cuánto costó o cuesta ésta y quién paga esa costosa propaganda comercial? Son secretos de Estado ¿Cuánto cobraron los ricos y cobrones notarios por asistir a ese teatro? ¿Cuánto costaron y costarán los 400 vehículos en que “iban” a trasladar a los 3 mil 200 acarreados? ¿A quién le consta que son legítimos comuneros? ¿De dónde salieron y saldrán los 200 o 300 pesos que les dieron y darán por cabeza a los asistentes? ¿Es creíble que la gran millonada que cuesta todo salga del comisariado? ¿De dónde sale toda la millonada?

El teatro montado el domingo pasado que se repetirá el próximo 23, es una provocación armada desde el gobierno de Zeferino para simular y falsificar otro documento de aceptación, teatro a costa del erario público: más de 500 policías, diez notarios, 3 mil butacas, 400 supuestos transportes en los que iban a llevar otros 3 mil 200 desde quien sabe dónde; en un mismo evento en que les entregarían sus certificados que no han podido entregar en años. Un gran despliegue de fuerzas, cientos de burócratas y millones de pesos para obtener el documento falso que es incapaz de sacar el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, por las vías normales, pues obviamente no tiene la mayoría. Llamar a la discusión a los opositores, en esas condiciones, es tratar de verle la cara de niño a un pueblo maduro y entrado en años de desengaños. Desbaratar el intento es una acción riesgosa, pero legítima de los opositores, sobre quienes caerán más órdenes de aprehensión.

Pero las dimensiones de esta Operación La Parota avanza peligrosamente para alterar la historia regional, de la misma manera que avanzaron los Figueroa para combatir el movimiento social legítimo y pacífico que dio origen a la guerrilla de Lucio Cabañas tras el intento de asesinarlo, operación también desplegada para la masacre de Aguas Blancas. Ahora además el comisariado ilegítimo está pidiendo la intervención del Ejército para esa mascarada.

El concierto de voces, de toda la clase política ya plenamente identificada con la empresarial, apoya “esta inversión de beneficio general” que navega sobre la ignorancia, la desinformación y la irresponsabilidad. De los empresarios no es de extrañar, ellos quieren negocios y nada más. El gobierno del cambio está dando la sorpresa por poner todo su aparato al servicio del Plan Puebla Panamá, de la línea neoliberal para que las empresas financiadas desde el Banco Mundial avancen en su guerra mundial por privatizar el agua universal, y quiere estafar a su propio pueblo con un consenso ficticio, mediático, para sacrificar, “por el desarrollo general”, a decenas de miles que quien sabe en qué barrios periféricos y pestilentes acabarán. De los partidos políticos tradicionales (PRI y PAN) nada se pueda esperar porque siempre han sido la base de la corrupción del Estado y de los negociantes privados. En esta jugada el PRD se anota una traición concreta al pueblo guerrerense, como las que señala Marcos en otros lugares. ¡El más reaccionario discurso de esta semana salió de la boca de David Jiménez Rumbo, el coordinador de la bancada perredista del Congreso local! El pueblo se cobrará esta traición lamentable en las urnas y abriendo nuevos cauces a la democracia sin partidos negociantes del poder.

 

QUINTANA ROO

 

Validan en Cancún la venta de un predio en litigio por presuntas irregularidades. (La Jornada, Hugo Martoccia, p.web).

El alcalde priísta publicó en el Periódico Oficial el cambio de uso de suelo en la zona

Involucrados, un ex edil perredista, un magistrado y la ex titular de Desarrollo Urbano

Cancún, Q. Roo, 18 de agosto. El gobierno de Quintana Roo publicó en el Periódico Oficial el Programa de Desarrollo Urbano mediante el cual se da validez al cambio de uso de suelo y a la venta de un terreno en una de las zonas más caras de Cancún, que realizó el ayuntamiento que encabezó Carlos Canabal, y que se encuentra aún en medio de dos procesos de demandas penales por posibles irregularidades en el trámite.

El presidente de la asociación civil Ombligo Verde, Tulio Arroyo, quien interpuso una de las demandas contra ese procedimiento, dijo que el alcalde, el priísta Francisco Alor, validó esa venta aun cuando en su campaña se comprometió a revocar esos cambios de uso de suelo que hizo su antecesor, el perredista Carlos Canabal, ya que estaban destinados para áreas deportivas, que ahora serán centro comercial.

La denuncia incluye al magistrado Manuel Avila, titular de la sala constitucional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado, en la cual está radicada la demanda, porque supuestamente actuó con lentitud en el caso, lo que permitió su publicación en el Periódico Oficial.

La demanda, que está en el expediente SCA-A-034/2005 del 22 de mayo de este año, era contra la publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de Cancún en la Gaceta Oficial que creó el anterior ayuntamiento, y en el cual se validaban cambios de uso de suelo del área vendida.

Tulio Arroyo dijo que dicha gaceta es ilegal y se hizo con el único fin de que se tomaran como actos consumados los acuerdos del cabildo, que no eran publicados en el Periódico Oficial por el enfrentamiento que había entre el ayuntamiento de Benito Juárez (donde se ubica Cancún) y el gobierno estatal que encabezaba Joaquín Hendricks Díaz.

Según esa versión, el ayuntamiento no había publicado nada en el Periódico Oficial desde el 16 de abril de 2003 hasta la publicación del mencionado Programa de Desarrollo Urbano, el pasado 22 de julio, según se conoció ahora por el dirigente de Ombligo Verde.

El caso causa sorpresa porque cuando el ayuntamiento aprobó los cambios de uso de suelo y la posibilidad de venta de esos terrenos, ubicados en la supermanzana 21 de Cancún, se creó una polémica, en gran parte alimentada por el PRI y el entonces candidato Francisco Alor, quien incluso participó en una cadena humana en defensa de esos terrenos.

Sin embargo, Tulio Arroyo mostró un documento que da cuenta de que en el momento en que él presentó la demanda contra ese programa, uno de los que pidieron su pronta publicación en el Periódico Oficial fue Rodolfo García Pliego, secretario general del ayuntamiento que encabeza Francisco Alor.

García Pliego envió el oficio 957/2005 al secretario de Gobierno del estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui, para que acelerara la publicación de ese programa y de la sesión 76 de cabildo en el Periódico Oficial.

Tulio Arroyo dijo que también fue cómplice de esta maniobra la ex secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la verde ecologista Marisol Avila, al avalar ese programa desde su cartera.

Otra de las demandas que pesan sobre este caso es la que interpuso la ex regidora perredista Latife Muza contra Carlos Canabal, en la que lo acusa de alterar la sesión 76 de cabildo, incluyendo en el texto de la misma unos lotes que no estaban contemplados en los que los regidores aprobaron.

Tulio Arroyo dijo que la responsabilidad final de que se haya validado esa venta de terrenos, que incluye otras supermanzanas, es del gobernador del estado, Félix González Canto.

 

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