CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
16 DE AGOSTO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Oculta
SEP su reforma
Clasifican como “información reservada” los cambios en secundarias
Pemex busca aliarse con Shell en EU
Dispuesta la paraestatal a invertir 5 mil mdd para explotar pozo en el Golfo
Petroprecios, eje del debate presupuestal
Las proyecciones de Hacienda serán de 30 dólares por
barril
Devora excedentes el gasto corriente
Se corre el riesgo de generar una presión permanecen
a las finanzas, advierten
Abierta pugna entre PGR y PGJEM por el caso Salinas
El procurador del Edomex, “desesperado”
por deshacerse de pesquisas: vocero federal
AMLO sólo debatirá con los candidatos a la Presidencia
AMLO rechazó el reto a debatir sobre el futuro de la
izquierda y el proyecto de nación para México que le lanzó el subcomandante Marcos.
Expertos reprueban que exijan calculadora en 1º de primaria
La SEP la incluyó en la lista de útiles para primer grado
Venganza, el móvil en 80% de secuestros
Participan conocidos, empleados o familiares en los plagios.
Delinque, opción más fácil ante la falta de oportunidades: experto.
A sangre
y fuego toman capos a N. Laredo
Nadie denuncia: seria sentencia
de muerte. La violencia hará avanzar acuerdo migratorio: Aguilar.
Chocan
procuradurías por el caso Salinas
Navarrete está desesperado y manipula
información, acusa el vocero de la Procuraduría de la República.
Sector agrario
Insisten ejidatarios, exigen la salida del procurador
agrario. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. Ejidatarios de Morelos
que mantienen tomadas las instalaciones de la Procuraduría Agraria
desde hace seis días advirtieron que radicalizarán sus manifestaciones en
caso de que las oficinas centrales no pongan una solución y que Arturo Nicolás
Rodríguez se mantenga como titular de esta dependencia.
Eduardo Galván, presidente del Comisariado
Ejidal de Tetecalita, indicó que a seis días de
mantener cerrada la calle en protesta por la nula atención de las autoridades
federales en este conflicto, “seguimos firmes en nuestra demanda, porque las
autoridades deben de entender que la Procuraduría Agraria debe tener funcionarios
a la altura de los campesinos de Morelos.
“Estamos esperanzados que el secretario se sensibilice, porque
no nos quitaremos hasta que nos digan que hay nuevo delegado (...) hemos agotado
todas las instancias para demandar la salida del procurador agrario Arturo
Nicolás y tal parece que las autoridades lo protegen”. Por ello los ejidatarios
y comuneros “hemos acordado endurecer más nuestra protesta con la toma de
carreteras, estamos concientes de que dañamos a terceros, pero a casi una
semana aún no hay solución a una demanda de ejidatarios”.
“Estamos molestos porque se ha prolongado demasiado, se nos
hace injusto que las autoridades requieran de más tiempo para darle una salida
al asunto, por ello no descartamos que se puedan cerrar carreteras del estado”,
dijo.
Cabe destacar que Arturo Nicolás acusa a Eduardo Galván y a
Carmen Lucila González García, comisariado ejidal
de Tetela del Monte, de ser “operadores políticos de Edmundo
Venosa Peña, delegado del Registro Agrario Nacional”, acusación que
sólo es para minimizar el asunto, “la prueba esta que aquí estamos y ni sus
luces”.
Ejidatarios presionarán la salida de Arturo Nicolás. (El Sol de Cuernavaca,
Estrella Mendoza, p.web)
Los ejidatarios que se mantienen
en plantón en las instalaciones de la delegación de la Procuraduría Agraria (PA) en Morelos, se trasladarán a la Ciudad de
México con la finalidad entregar un manifiesto al procurador agrario Eduardo
Isaías Rivera Rodríguez, para que considere las demandas de destitución del
cargo que actualmente ocupa Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez como delegado
de la PA en la entidad.
Como lo informó oportunamente El
Sol de Cuernavaca desde el día 10 del presente mes, cerca de 200 pobladores
de 10 ejidos se plantaron a las afueras de las oficinas de la delegación de
la PA.
Sus demandas giran entorno a “la
solución prometida con fecha límite del 20 de julio”, durante las negociaciones
realizadas hace algunos meses con representantes de las oficinas centrales
de la Procuraduría Agraria.
El plantón fue iniciado por 10
ejidos: Zacatepec, Tetecalita,
Jiutepec, Tetela del Volcán,
Tetela del Monte, San Juan Tlacotenco, Santa Catarina, Tepetzingo,
Acapantzingo, Tezoyuca;
actualmente se han incorporado más ejidos y comunidades, con lo que se adquiere
mayor fuerza, aseguró Ismael Flores García, representante del comisariado del ejido de Tepetzingo.
En este contexto, el día de ayer,
cerca de las tres y media de la tarde, se llevó a cabo una reunión entre ejidatarios
a las afueras de la PA, en donde se acordó que se recaudarían firmas y se
redactaría un manifiesto.
En dicho documento se replantean
nuevamente sus inconformidades y se hace la solicitud para que se limpie la
institución, señaló Eduardo Galván, presidente del comisariado
ejidal de Tetecalita; también se pide el cambio
inmediato del delegado de la PA, con la finalidad de que “vuelva nuevamente
la confianza a este organismo entre los ejidatarios”.
Cabe aclarar que este movimiento,
subrayó Eduardo Galván, no es una lucha partidista ni de intereses políticos,
como lo ha manifestado el delegado en diversos medios; tampoco es una inconformidad
de dos núcleos, “es un asunto netamente agrario que tiene que ver con las
tierras, con juicios de diversos grupos agrarios”, así como con una mala asesoría
y un trato indigno que han dado los funcionarios.
Con aproximadamente 500 firmas
recaudadas, una comisión de 15 representantes de las comunidades y ejidos
mencionados se trasladarán a las oficinas centrales de la PA, a fin de entregar
el oficio al procurador agrario Eduardo Isaías Rivera
Rodríguez.
El escrito se estaría entregando
lo antes posible, dijo, para estar informado de la respuesta o efecto que
tuvo para con nuestros compañeros. “Por dignidad compañeros, permaneceremos
aquí hasta las últimas consecuencias“, acotó.
Finalmente, declararon que en caso
de que el delegado de la PA pretenda entrar a sus oficinas, simplemente no
se le permitirá la entrada, puesto que no se tolerará que continúen trabajando
funcionarios a los que ya no se les tiene confianza. “No se dejará que se
siga lucrando con los intereses de los grupos agrarios”.
La SRA invierte $500 millones para desactivar conflictos. (La Jornada, p.web)
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) invirtió 500
millones de pesos para resolver problemas de tierras por falta de sentencias
y de conclusión de juicios derivados de conflictos en el sector. En entrevista,
el director de Asuntos Jurídicos de la SRA, Alberto Pérez Gasca, señaló que con ello se han liberado más de 100 mil
hectáreas de conflicto de manera conjunta con los tribunales. Informó que
este reporte de inversión se envió al Tribunal Superior Agrario. Agregó que
se han desactivado esos conflictos "gracias a que los tribunales han
elevado a carácter de sentencia estos convenios y son soluciones definitivas".
En este sexenio, agregó, formalmente se han resuelto 10 de los 14 focos rojos
identificados, por lo que se está trabajando para que los cuatro restantes
tengan solución durante este gobierno.
Situación del agro, asunto de seguridad nacional:
TSA. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
La crisis puede ocasionar escalada de inconformidad
La problemática del campo mexicano debe ser considerada asunto
de seguridad nacional, pues de continuar la falta de inversión en ese sector
productivo se incrementará la migración y el abandono, lo que "puede
llegar a provocar una serie de levantamientos, una escalada de inconformidad
social que será un grave dolor de cabeza" para el gobierno federal, advirtió
el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.
Las causas de la lucha de Emiliano Zapata, abundó, siguen vigentes
y así se mantendrán en tanto no se satisfaga a los núcleos más pobres del
país, los cuales se encuentran en el abandono, dijo el funcionario al participar
en el seminario Zapata y el derecho agrario, que organizó el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es una vergüenza que el café, que durante varios años fue el
producto agrícola por el que ingresaron varios cientos de millones de dólares
al país, ahora esté en declive y que los ingresos que antes generaba la venta
del grano sean aportados por las remesas que envían los jóvenes que abandonan
el campo porque allí no tienen futuro. "Hay una incapacidad del Estado
para resolver la miseria en el agro".
Durante su exposición y después, en breve entrevista, el magistrado
comentó que en el país hay 400 asuntos agrarios no resueltos. En la mayoría
de ellos se involucran a comunidades indígenas, pero -asentó- se trata de
conflictos muy antiguos que no pueden verse sólo desde el aspecto jurídico
sino que también se debe considerar el carácter social, por ello la solución
es más lenta.
Sin embargo, más de la mitad de los casos de litigio de las
comunidades indígenas con propietarios privados o ejidos en Hidalgo, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Jalisco se han resuelto por la vía
de la conciliación, ya que el Tribunal Superior Agrario no quiere llevar esos
asuntos a situaciones que deriven en enfrentamientos sangrientos. Agregó que
el año pasado se resolvieron 44 mil juicios y hay un esfuerzo por simplificar
la solución de los asuntos agrarios, porque "no es justo que siga un
atraso de 80 años y no se atienda el reclamo campesino, ni tampoco se puede
volver a permitir el despojo de tierras".
Explicó que para el Tribunal Superior Agrario el aspecto legal-social
es prioritario, mientras que para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
lo es el asunto político-social, y por eso al hablar de conflictividad agraria
"hay una óptica distinta" entre ambas instancias. Para la SRA hay
14 focos rojos -de los cuales se han resuelto diez, según la dependencia-
y para el Tribunal Superior Agrario deben atenderse 400 casos. "De lo
que se trata es de satisfacer todas las partes sin llegar a provocar enfrentamientos
ni roces sociales", destacó.
Alfredo Sánchez Castañeda, experto en derecho social, también
habló de la necesidad de tomar en cuenta el bienestar campesino, de la urgencia
de que al campo llegue el financiamiento y que el tema se considere no sólo
de seguridad nacional sino también de justicia social.
La Ley Agraria de 1992 creó un nuevo paradigma, el del desarrollo
económico; sin embargo ahora vemos que 50 por ciento de la tierra agrícola
no se trabaja debido a la migración, el abandono y la falta de fomento. A
pesar de que el marco legal posibilita la asociación entre ejidatarios y particulares,
esa acción ha sido limitada o es prácticamente inexistente debido a que la
parcela no se considera como una garantía para un préstamo, por ejemplo.
Jorge Alberto González Galván, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, apuntó que la tierra debe ser de quien la respete y destacó que
la relación de los pueblos indígenas con el Estado ya no debe ser de subordinación
sino de coordinación. Tocó a Francisco Godoy Cortés, y al director de asuntos
jurídicos de la SRA, Alberto Pérez Gazca, hablar
de la propuesta de nueva ley agraria, que se espera sea aprobada en el próximo
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Existen 400 conflictos agrarios “delicados” en
el país: TSA. (Milenio, Magdalena Robles,
p.web).
Ciudad de México
La problemática
de estos puntos o conflictos se les debe considerar como un tema de seguridad
nacional.
El magistrado presidente del Tribunal
Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, señaló que en el país se tienen
registrados 400 conflictos agrarios “delicados”, que si bien no son
llamados o considerados como “focos rojos”, sí pueden derivar en un problema
social si no son atendidos.
Incluso comentó que la problemática
de estos puntos o conflictos se les debe considerar como un tema de seguridad
nacional, como se aborda en los países desarrollados.
Al participar en la mesa redonda
“Zapata y el Derecho Agrario” realizada en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, el magistrado presidente señaló que se trata de conflictos
muy antiguos, y en su mayoría tienen que ver con límites de tierras y colindancias
entre ejidos con propiedad privada.
Dijo que es necesario otorgar recursos
para atender estos conflictos agrarios que por razones históricas y de descuido
técnico no es posible resolverlas sólo con el derecho.
“Se trata de conflictos muy antiguos, sobre todo
en materia de límites de tierras en las zonas índigenas
que colindan con ejidos o con propiedades privadas”, señaló García Villalobos.
Mediciones inadecuadas,
la causa
Agregó que otros de los conflictos
se deben a las mediciones inadecuadas de tierras que se han hecho a lo largo
de la historia del país, y a la dotación de estas tierras desde el escritorio
donde se otorgaron tierras a dos peticionarios. Dijo que en 13 años se han
resuelto 340 mil juicios agrarios y existen hoy día 70 mil litigios aproximadamente.
Abundó que en algunos conflictos
agrarios, donde la resolución se da a favor de un peticionario y el otro quedó
sin tierras, se tiene que atender también al que pierde, porque el tema es
social, ya no es un tema jurídico, legalmente ya están resueltos”.
Ricardo García Villalobos dijo
que en la resolución de estos conflictos se tiene que evitar que se provoque
un roce entre los grupos en disputa.
Subrayó que el Tribunal realiza
su trabajo para evitar justamente el enfrentamiento entre campesinos, pero
dijo que se trata de asuntos delicados a los que se les debe poner atención
y dar respuesta.
Asunto de seguridad nacional es el campo. (Diario de México, p.web).
Afirma el presidente del TSA que hay cerca de 400 conflictos que pueden derivar
en problemas sociales
El magistrado presidente del Tribunal
Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, consideró que la problemática
del campo debe considerarse como un tema de seguridad nacional.
En entrevista, explicó que en 13
años se han resuelto 340 mil juicios agrarios y existen actualmente cerca
de 70 mil litigios.
“Nosotros tenemos clasificados en forma distinta
a la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) casi 400 conflictos delicados que no les llamamos focos rojos, pero
que pueden derivar en un problema social”, dijo.
Añadió que si no se tiene cuidado
se puede llegar a crear un problema, por lo que es necesario trata como un
tema de seguridad nacional, como se aborda el sector rural en los países desarrollados.
El magistrado detalló que en México
hay conflictos muy antiguos, sobre todo en materia de límites de tierras en
las zonas índigenas que colindan con ejidos o con
propiedades privadas.
Otros, abundó, se deben a que en
la historia de la reforma agraria se hicieron mediciones inadecuadas, “muchas
de ellas sobre el escritorio o bien empalmaron terrenos en dos peticionarios”,
por lo que se abrieron dos expedientes.
García Villalobos felicitó la labor
de la SRA y del Ejecutivo federal de dotar de un presupuesto especial a la
dependencia para la solución de los conflictos agrarios, que son problemas
que por razones históricas y de descuidos técnicos es imposiblesresolverlos
sólo con el derecho.
Abundó que en algunos conflictos
agrarios, donde la resolución se da en favor de un peticionario y el otro
quedó sin tierras, “tenemos que dar la razón también a la parte que perdió,
porque el tema es social, ya no es un tema jurídico; legalmente ya están resueltos”.
El juzgador agregó que no es posible
ejecutar el veredicto en conflictos de ese tipo, “porque llegaríamos a provocar
un roce entre ambos grupos y eso es inadmisible, porque el Tribunal nunca
ha provocado un enfrentamiento entre campesinos, entonces eso es lo que llamamos
asuntos delicados”.
"Hace más de dos años que no hay acercamiento
con el EZLN": Areli Madrid. (La Jornada, Elizabeth Velasco, p.web).
Propone diputada
revisar el papel de la Cocopa; su destino, "incierto"
"Veo muy incierto el destino
de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)",
advirtió ayer la integrante del órgano legislativo surgido tras el conflicto
indígena en el sureste del país en 1994, Areli Madrid
Tovilla.
La senadora del PRI destacó que
hasta la fecha no hay indicios ni acciones inmediatas reales para reanudar
el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación
Nación (EZLN), en virtud de que "pareciera" que el subcomandante Marcos "está cambiando de rumbo",
no sólo por cuanto ha declarado en torno a los partidos políticos, sino porque
habla de una gira que puede tardar varios años.
Para la legisladora, el mensaje
que está enviando Marcos es que la solución del conflicto indígena en Chiapas
"va para largo". De hecho, enfatizó, "hace más de dos años
que no hay ningún acercamiento de la Cocopa con
el EZLN".
Dijo que como chiapaneca y legisladora
le preocupa no observar interés para reanudar el diálogo entre las partes
y avanzar en las soluciones que desde hace más de una década esperan sus paisanos.
"Chiapas no puede estar siempre en la incertidumbre, debemos tener definiciones
en torno a este tema", aseguró.
La también presidenta de la Comisión
de la Reforma Agraria del Senado de la República adelantó que este viernes
se hará una evaluación del papel de la Cocopa ante
los nuevos escenarios sociales y políticos en la entidad del sureste mexicano.
"Propondré que es urgente
para los chiapanecos tener certidumbre y, en ese sentido, insistiré en lograr
algún acercamiento con el EZLN y en obtener una respuesta de Marcos, aunque,
como siempre, sea por medio de mensajes."
Madrid Tovilla
admitió que la tarea de la Cocopa es "limitada"
en el proceso de pacificación de la entidad, debido a que sus facultades son
igualmente reducidas. "No hemos entrado a la revisión de la Ley para
el Diálogo y la Concertación en Chiapas para obtener mayores facultades",
aunque, añadió, de nada servirían si no existe voluntad de las partes para
sentarse a dialogar.
La legisladora consideró delicado
que desde hace dos años no exista un acercamiento entre el EZLN y la Cocopa, pues "hablamos lenguajes diferentes", admitió.
En su opinión, existen condiciones,
"si así lo desea el EZLN y hay voluntad", para que se reanuden los
encuentros entre el gobierno federal y el grupo rebelde.
"Se ha visto buena voluntad
del EZLN en muchas cosas que se requieren de manera prioritaria, como la paz
y la tranquilidad en las zonas indígenas de Chiapas. Si ellos tienen voluntad,
podría darse el encuentro", comentó.
Insistió en "dar respuestas"
a la gente que vive en Chiapas, que padece retrasos en la atención de sus
demandas sociales.
Averiguación previa contra opositores a La Parota
que se enfrentaron con policías. (La Jornada,
Misael Habana,
p.web)
Ejidatarios convocan a otra asamblea para el día 23; pedirán la presencia
del Ejército
El gobernador de Guerrero, Zeferino
Torreblanca Galindo, informó que se iniciarán averiguaciones previas contra
comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota que después de destruir
papelería oficial se enfrentaron con elementos de las policías estatal y municipal
que resguardaban la seguridad de la asamblea ejidal en la que se preveía la
construcción de la obra Mientras, miembros del comisariado
ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec (BCC)
convocaron a una nueva asamblea para el próximo 23 de agosto en la que solicitarán
la presencia de efectivos del Ejército.
En conferencia de prensa en Acapulco, en la que también participó
el presidente municipal de este puerto, Alberto López Rosas, Torreblanca Galindo
señaló que la presencia de los cuerpos policiacos
en la asamblea ejidal se debió a la solicitud que hicieron las autoridades
de los BCC, "para garantizar la libertad de expresión".
El mandatario estatal expresó: "fue un grupo, que consideramos
minoría", el que destruyó papelería oficial de la Secretaría de Reforma
Agraria y muebles para enseguida agredir a la policía, lo que puede constituir
un delito pero, aseguró, "el gobierno fue paciente. Vamos a integrar
las averiguaciones previas, a garantizar que se realice una nueva asamblea
ya que así lo han solicitado los integrantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec".
En Chilpancingo, el subsecretario de Prevención y Protección
Ciudadana, Rafael Cortés Badillo, anunció que desde el domingo pasado la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) investiga "a los dirigentes y campesinos
que agredieron a policías estatales y municipales" durante la fallida
asamblea realizada en la comunidad de El Campanario.
Por separado, también en conferencia de prensa en Acapulco,
el presidente de los BCC, Crescencio Jerónimo Aparicio,
explicó que la asamblea de este domingo fue para analizar la anuencia a la
expropiación de sus terrenos; y adelantó que para la segunda asamblea a efectuarse
este 23 de agosto, se solicitará la presencia del Ejército.
Adelantó que la presencia de los militares tiene como finalidad
evitar hechos violentos como los ocurridos ayer domingo, donde hubo pedradas
y empujones al romper los opositores un cerco policiaco
en la comunidad El Campanario, y para que los comuneros lleguen a la asamblea
sin machetes, palos y navajas.
"Injerencia extranjera en el movimiento"
De su lado, Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) de Guerrero, denunció la presencia de por lo menos 10 extranjeros guatemaltecos,
salvadoreños y estadunidenses, en los hechos violentos
ocurridos ayer en la comunidad de El Campanario, que sólo buscan desestabilizar
a la entidad.
Romero Sotelo refirió que los extranjeros
fueron filmados y que estos hechos han sido denunciados ante el Instituto
Nacional de Migración para que dicha autoridad proceda a hacer la deportación
correspondiente, ya que, acusó, "están financiando ese movimiento".
En compañía de integrantes del comisariado
ejidal, el dirigente de la CNC indicó que los opositores al proyecto hidroeléctrico
La Parota causaron daños materiales por más de 500 mil pesos y que rompieron
instrumentos musicales, sillas y toldos que fueron contratados por la organización
que dirige.
Durante la conferencia, el dirigente del comisariado
denunció que los opositores quemaron 6 mil 800 certificados agrarios, de un
total de 7 mil 285 que habrían de entregarse durante la asamblea para analizar
la anuencia para la expropiación de sus terrenos.
Los líderes parlamentarios del PRI y el PRD apoyan
que se haga La Parota. (El Sur, Hugo Pacheco,
p.web).
Es importante
para Guerrero como inversión, dice Castro Justo. Los opositores son una “minoría
azuzada por vivales profesionales de la grilla barata”,
señala el perredista Jiménez Rumbo
Aunque manifestaron que el diálogo
es la vía para solucionar el conflicto por la construcción de la presa La
Parota y no la utilización de la fuerza pública, los coordinadores de los
diputados del PRI y PRD en el Congreso local, Juan José Castro Justo y David
Jiménez Rumbo, se manifestaron en favor del proyecto y el segundo llamó a
los comuneros opositores “minoría azuzada por líderes manipuladores” que son
unos “vivales profesionales de la grilla barata”.
Entrevistado al terminar la sesión
de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el coordinador de los diputados
del PRI, Castro Justo dijo que el proyecto “es importante para Guerrero como
inversión, como fuente generadora de empleo, y es un asunto que tenemos que
ver con mucho cuidado y responsabilidad”.
Sin embargo, recordó que “la decisión
final es fundamentalmente de los comuneros y ellos deben tener las condiciones
de tranquilidad y libertad para tomar esa decisión, aunque debe entenderse
que en estos casos siempre hay complejidad política y social, que genera dificultades
y obstáculos”.
Castro Justo consideró “válido
que en la asamblea de comuneros haya habido seguridad para que no vaya a haber
violencia”.
–Pero no hubo seguridad, se impidió
la asamblea, los policías cortaron cartucho, se amagó
a los inconformes
–Creo que sí hubo seguridad para
resguardar la tranquilidad de la gente de ambas partes, fue bueno, es justificable.
Pero si se comete algún abuso de otra naturaleza, no es válido. Debe agotarse
el diálogo y el trabajo para crear las condiciones para la vía política del
acuerdo, la concertación, ajustado a derecho y sin presión y sin represión.
–¿No le
preocupa que en este conflicto se le dé un trato policiaco,
como lo hizo el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer a los campesinos de la
OCSS, que derivó en la masacre de Aguas Blancas?
–Quiero entender que la seguridad
pública fue para resguardar la tranquilidad de la gente y cualquier otra actitud
y cualquier otra consigna creo que no es válida y es condenable, y tienen
que ser muy cuidadosos en ese sentido.
Luego Castro Justo explicó que
el conflicto no se abordó ayer en la sesión de la Comisión Permanente debido
a que están trabajando una postura al respecto, pero adelantó que se trata
de un proyecto “que compartimos y lo estamos impulsando, pero con apego a
la ley y respetando los intereses de los campesinos, sin violentar las cosas,
ni de parte de los inconformes que tiene su derecho de asistir a la asamblea
y tampoco que este asunto sea presa de los intereses ajenos al estado de un
activismo político que confronta”.
–¿Invitaron
al Congreso local a esa asamblea, luego de existe una Comisión Especial para
atender ese caso?
–No tengo conocimiento, pero como
es una asamblea organizada por la Reforma Agraria (en la que) deben
participar sólo los comuneros.
–De acuerdo con los reportes periodísticos
sólo asistieron 250 comuneros que aprueban el proyecto de un padrón de 7 mil
200, y por los inconformes fueron más ¿Aun así debe concretarse ese proyecto?
–No tengo conocimiento realmente
de cuántos estuvieron en la asamblea y cuántos estuvieron en contra. Hay información
de que la mayoría estaba lista para ir a la asamblea y que la minoría lo impidió.
–Por la violencia del conflicto
¿cree que debe construirse la presa?
–Hay que trabajar por crear las
condiciones, el proyecto sigue siendo importante para Guerrero.
–El gobernador Zeferino Torreblanca ha dicho que el proyecto es uno de los
dos más importantes de su gobierno.
–El proyecto de la presa La Parota
es de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno federal, que se viene
planteando desde hace tiempo y que él (Zeferino)
está buscando concretizar y qué bueno.
La presa beneficiará a todo el
país, dice el coordinador del PRD
El coordinador de los diputados
del PRD, David Jiménez Rumbo, vía telefónica se definió como un “ferviente
partidario” de que se construya la presa y dijo que a sus opositores les “falta
sensibilidad” pues se trata de un proyecto que “beneficiará a todo el país
y a Acapulco, por los diez mil empleos directos en diez años y dotará de agua
potable, además que las zonas que se van a inundar son tierras áridas y poco
fértiles”.
Añadió que los opositores “son
sólo algunos campesinos engañados de que el proyecto los va a afectar, por
otro lado ha habido unos vivales profesionales de
la grilla barata que se han aprovechado de la ignorancia de algunos campesinos”.
Pero el diputado perredista acotó: “Esto no quiere decir que el proyecto se
tenga que hacer a producto de gallina, no es por allí el camino, pero sí tiene
que hacerse con diálogo, tratando de convencer de que se hagan las cosas sin
violencia”.
–Pero anteayer se utilizó a policías
que cortaron cartucho amagando a la gente, ¿así debe hacerse para arreglar
el conflicto?
–No estoy de acuerdo con el uso
de la violencia, pero creo que jamás un gobierno democrático debe permitir
que un grupo minoritario se oponga a una asamblea democrática, porque es para
tomar acuerdos mayoritarios y el gobierno está obligado a generar condiciones
para que se desarrolle, y el grupo minoritario azuzado por provocadores no
logren que se instale.
–¿No es
mas bien un capricho de parte del gobierno estatal en construirla a pesar
de que no hay condiciones, porque no se ven por ningún lado los miles de comuneros
que sí la aprueban?
–Sí es un grupo minoritario, una
parte son los manipuladotes y la otra parte la manipulada.
–La gente manipulada ¿es la que
apoya La Parota?
–No, la manipulada es parte de
ese grupo minoritario. Ahora si ese grupo minoritario dice tener la mayoría,
¿por qué no deja que se instale y desarrolle la asamblea?
Anuncia Zeferino que
iniciarán averiguaciones previas en contra de comuneros. (El Despertar de la Costa, Nereo Galindo, p.web).
Acapulco, Gro.-
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca
Galindo, informó que se iniciarán averiguaciones previas en contra de comuneros
opositores al proyecto hidroeléctrico “La Parota”, mismos que después de destruir
papelería oficial y causar daños se enfrentaron con la policía estatal y municipal
que acudió a garantizar la seguridad de la asamblea ejidal, en la que se aprobaría
la construcción de la presa.
En conferencia de prensa, Torreblanca
Galindo, aseguró que los elementos policíacos acudieron a la asamblea ejidal
en la comunidad de “El Campanario”, municipio de Acapulco, a solicitud
de los gobiernos estatal y municipal para verificar y garantizar la
seguridad.
Acompañado del alcalde de Acapulco,
Alberto López Rosas, el mandatario estatal reiteró que la presencia de los
cuerpos policiacos en el lugar de la asamblea ejidal,
se debió a la solicitud que hicieron las autoridades de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec, “para garantizar la libertad de
expresión”.
Y agregó: “Para que los ciudadanos,
en absoluta libertad y quienes tenían derecho, pudieran sufragar, pudieran
tomar su determinación sobre la construcción de la presa, ante la presencia
de los medios de comunicación y miembros de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (Coddehum)”.
Expresó que fue la actitud de un
grupo que “consideramos es la minoría” quien inició acciones
que se pueden constituir como delitos al destruir estos títulos agrarios de
la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) destrucción de muebles y posteriormente
agredir a la policía.
Insistió: “Pero el gobierno fue
paciente, vamos integrar las averiguaciones previas y a garantizar que se
realice una nueva asamblea que han solicitado los ciudadanos de los Bienes
Comunales de Cacahuatepec”.
Durante la conferencia de prensa,
el gobernador Torreblanca Galindo, señaló que se cometieron delitos graves
y que existen videos, testigos y que con la presencia de notarios públicos,
agentes del Ministerio Público y de la procuraduría General de Justicia de
Guerrero, se procederá a integrar las averiguaciones correspondientes de los
hechos de violencia ocurridos ayer en la comunidad de “El Campanario”.
Finalmente dijo ser respetuoso
si la mayoría de comuneros se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica
“La Parota”, sin embargo, aclaró que su gobierno no permitirá que una
minoría quiera desestabilizar y generar conflictos. “No lo va permitir mi
gobierno y va actuar apegado a derecho para que las disposiciones legales
se hagan cumplir”.
Extranjeros y atenquistas
en boicot a presa. (Tabasco Hoy, Redacción,
p.web).
El secretario general de la CNC,
en entrevista dijo que los guatemaltecos, salvadoreños, estadounidenses fueron
filmados y que estos hechos han sido denunciados ante el Instituto Nacional
de Migración.
Acapulco, Guerrero 18:40 horas
Centroamericanos, estadounidenses
y campesinos de Salvador Atenco, estuvieron involucrados
en las agresiones durante la reunión del proyecto hidroeléctrico "La
Parota", informó Evencio Romero Sotelo.
El secretario general de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), en entrevista dijo que los guatemaltecos, salvadoreños,
estadounidenses fueron filmados y que estos hechos han sido denunciados ante
el Instituto Nacional de Migración (INM)
"Andan como unos 10 extranjeros,
entre guatemaltecos, salvadores y algunos estadounidenses, quienes están financiando
ese movimiento, por lo que fueron denunciados ante el INM y proceda a deportarlos",
aseguró el dirigente campesino.
Acusó que los opositores al proyecto
hidroeléctrico "La Parota" causaron daños materiales por más de
500 mil pesos y rompieron instrumentos musicales, sillas y toldos.
En tanto, Crescencio
Jerónimo Aparicio, presidente del Comisariado de
Bienes Comunales de Cacahuetepec, agregó que la
asamblea convocada ayer domingo para analizar el proyecto hidroeléctrico,
se suspendió por la violencia.
El enfrentamiento fue la tarde
de ayer en la comunidad El Campanario, donde se impidió la asamblea convocada
para analizar la anuencia para la expropiación de sus terrenos.
Adelantó que solicitará la presencia
del Ejército Mexicano en la segunda asamblea a efectuarse el 23 del presente
con el objetivo de evitar hechos violentos como los ocurridos el domingo.
El presidente del comisariado dijo que durante el conato de violencia, entre
opositores y policías, sólo se registraron algunos comuneros golpeados, "pero
no graves" y que como autoridad ejidal no interpondrá denuncia penal.
"Los opositores quemaron seis
mil 800 certificados agrarios, de un total de siete mil 285 que habrían de
entregarse durante la asamblea de ayer domingo, cuyo objetivo era evitar que
personas ajenas participarán en esa asamblea", acotó.
Por su parte, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que se integrarán averiguaciones
previas por la consecución de delitos graves en el enfrentamiento de policías
y opositores a hidroeléctrica ayer en la asamblea comunal.
Torreblanca Galindo consideró que
el grupo opositor "es la minoría" y que muchos de ellos no tenía
nada que ver en los avecindados de la zona de Cacahuatepec.
Sostuvo que hay delitos a perseguir
en contra de los supuestos comuneros inconformes que irrumpieron este domingo
en la asamblea en que se definiría la construcción de la presa La Parota.
"Para corroborar los ilícitos
en las que incurrieron los supuestos comuneros, hay un video, así como reportes
que han integrado agentes del Ministerio Público e integrantes de organismos
de derechos humanos, entre otros", acotó.
Señaló que el grupo de campesinos
a favor de la presa, así como autoridades de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) han solicitado a su gobierno una nueva asamblea, por lo que garantizará
su desarrollo en el lugar donde se lleve a cabo.
El mandatario estatal lamentó la
destrucción de papelería oficial del Registro
Agrario Nacional (RAN) que beneficiaría con un padrón real a los verdaderos
dueños de las tierras que serán utilizadas para la construcción del proyecto
de la CFE.
La presa La Parota afectará terrenos
de los municipios de Acapulco entre los que se encuentran los bienes comunales
de Cacahuatepec, así como de los municipios de San
Marcos y Juan R. Escudero.
La Parota, en veremos. (Novedades de Acapulco, p.web).
De no concretarse La Parota, existen alternativas para construir
otra planta hidroeléctrica en este mismo sexenio, advirtió ayer el vocero
presidencial Rubén Aguilar, en tanto que el Comisariado
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, pidió en conferencia de prensa
la intervención del Ejército Mexicano para resguardar la seguridad de los
campesinos que fueron convocados a una nueva asamblea este martes para votar
a favor o en contra de su construcción.
Lo anterior, luego que la del domingo fue suspendida por el
ataque a pedradas, palos y machetazos de pseudocomuneros
opositores, como los llamó el secretario general de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo.
La repercusión no se hizo esperar, el vocero de la Presidencia,
dijo a los medios nacionales de comunicación, en conferencia de prensa, que
existen en el caso de que no pudiera llegarse a alguna negociación con los
habitantes de esa región, otras alternativas para construir e iniciar la construcción
en este mismo sexenio de otra presa generadora de electricidad.
Piden intervención del Ejército
En otra rueda de prensa realizada en Acapulco, el comisariado de Cacahuatepec, Cresencio Jerónimo Aparicio, pidió la intervención del Ejército
para resguardar la seguridad de los comuneros, para que acudan a votar ya
sea a favor o en contra del proyecto, este martes.
Dijo que hoy se reunirá en Chilpancingo con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, para que por su conducto se
demande la protección del gobierno federal para que sea respetado el derecho
de los campesinos que no pertenecen al grupo opositor a expresar su opinión.
Lo cual, reforzó el secretario general de la Confederación
Nacional Campesina en el estado, Evencio Romero
Sotelo, es perfectamente legal, porque los problemas agrarios
son del orden federal.
Romero Sotelo, calificó como pseudocomuneros a los opositores, pues señaló que quien se
dice su vocero, Marco Antonio Suástegui, no está
inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN), y lo responsabilizó
de cualquier cosa que ocurra durante la nueva consulta.
Finalmente indicó que las asambleas de consulta sobre el proyecto
hidroeléctrico La Parota, ya se realizaron en 16 de los 19 núcleos agrarios
que serán reubicados con la construcción, y que solamente falta efectuarlas
en Cacahuatepec, Dos Arroyos y Los Huajes.
Luego de reinaugurar las oficinas del Invisur,
el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo minimizó
la violencia generada entre protestantes de la presa La Parota y elementos
de la policía municipal, y señaló: Se trata de gente que no es comunero, sino
rijosos que quieren desestabilizar un proyecto y eso se puede comprobar con
el Registro Agrario Nacional, por lo que habrán averiguaciones previas en
su contra.
Y frente a estos hechos dijo, no estamos vencidos, hemos puesto
la mejilla, porque si la autoridad hubiera intervenido para tratar de disuadir
a los agresores, entonces hoy hubiéramos salido en las primera
planas de los periódicos como un gobierno represor.
El mandatario guerrerense se limitó a decir que su gobierno
integrará averiguaciones previas a quienes hayan que integrar y va a actuar
apegado a derecho, con los elementos que ya tenemos con los notarios y ministerios
públicos.
Enfatizó que la consulta se tiene que realizar, pero van a
convocar los comisarios municipales y los líderes de Cacahuatepec.
Vamos a garantizar la asamblea que se hará en otro lugar.
Todo lo anterior en el marco de la conferencia con los medios
de comunicación, en donde dejó en claro que se trata de hacer una consulta
a las personas que habitan en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que sean ellos quienes decidan sobre la construcción
de la presa de La Parota que auspicia la Comisión Federal de Electricidad.
Poco antes, inauguró las oficinas remodeladas que cuentan con
tecnología para registrar compras-ventas de terrenos que están en dominio
del Invisur y la presentación en privado de la página
web de esa dependencia, en donde se dio a conocer la convocatoria pública
para los programas de ayuda a la vivienda de los guerrerenses con créditos.
Al salir, el mandatario estatal precisó: Este gobierno no quiere esconder
nada y tiene la obligación de atender a todos los guerrerenses, ni ricos ni
a pobres, a los que quieren un pedazo y una tierra digna para sus familias.
Labriegos toman la SRA; piden resolver conflictos
agrarios. (La Jornada, Martín Sánchez,
p.web).
Bloqueo en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamps., 15 de agosto.
Alrededor de 600 campesinos bloquearon esta mañana el cruce de las avenidas
Francisco I. Madero e Hidalgo de esta capital, además de que tomaron
la delegación estatal de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), para exigir
la resolución de conflictos agrarios que prevalecen en ocho ejidos de los
municipios de Aldama, Soto La Marina y San Fernando.
Encabezados por Jorge Luis González González,
secretario de la Central Campesina Cardenista, los labriegos instalaron además
un plantón frente a las oficinas de la SRA. Durante su movilización, explicaron
que sufren rezagos agrarios a consecuencia de conflictos de tierras invadidas
por pequeños propietarios.
Detallaron que los problemas se ubican en ejidos de la comunidad
La Muralla, El Jogo, Francisco Villa y Rancho de
Piedra, en el municipio de Aldama; en San Fernando
los jornaleros inconformes provinieron del ejido Francisco Villa. De su parte,
agricultores del municipio de Soto La Marina se quejaron por "el tortuguismo"
con que a su ver laboran los tribunales agrarios, en cuanto a demandas promovidas
por los ejidos 3 de Abril, La Concepción y Lavaderos.
Según Jorge Luis González, las autoridades agrarias han sacado
la vuelta a los problemas de los quejosos, ya que solamente el ejido La Muralla
tiene más de 40 años con el conflicto agrario, resultado de que parceleros del ejido San Rafael invadieron diversos predios.
Campesinos cardenistas frente a la Secretaria de
la Reforma Agraria. (En Línea Directa inf.
Jesús Hernández, p.web)
*Insuficientes
programas al campo.
Ciudad Victoria, Tam.- La ampliación de los programas del Fondo de Apoyo
a Proyectos Productivos Agrarios y de la Mujer, restitución de 23 mil
hectáreas a igual número de comunidades de San Fernando, Jiménez, Aldama, Burgos, Soto La Marina, Altamira y Méndez, así como
recursos por cuatro millones de pesos para construir viviendas dignas a los
damnificados por “Emily”, demandaron en esta ciudad
miembros de la Central Campesina Cardenista.
Al declararse en plantón frente
a la Delegación de la Secretaria de la Reforma Agraria lamentaron que
solo un tres por ciento de las solicitudes hechas por familias cardenistas
ha sido atendida, luego de que el pasado día 12 fueron cerradas las ventanillas
al cubrirse el monto de la inversión destinada a Tamaulipas, “estamos pidiendo
un reacomodo de recursos para que puedan satisfacer la demanda de todos”,
expresó, Jorge Luis González Rosales.
En su calidad de Secretario de
Organización de la CCC señaló que solo 9 proyectos fueron beneficiados dentro
del PROMUSAG y 4 del FAPPA, “queremos dialogar con la Delegada, Elva Lidia Valle Olvera, pero se
nos informa que no está y la vamos a esperar”, advirtió.
Los manifestantes arribaron a las
once de la mañana a esta capital a bordo de siete autobuses, la mayoría provenientes
de comunidades y ejidos de, San Fernando, Jiménez, Aldama, Burgos, Soto La Marina, Altamira y Méndez.
Aún cuando aseguraron que su protesta
será pacífica la mayoría se mostraba decidida a permanecer los días que sean
necesarios hasta ver satisfechas sus demandas.
Los cardenistas exigieron por igual
la presencia de funcionarios de la Procuraduría Agraria para conocer
el porqué no se ha dado cumplimiento a resoluciones presidenciales que tienen
que ver con la entrega de 23 mil hectáreas en conflicto y un sin número de
problemas agrarios.
SIN RESOLVER PROBLEMA DE VIVIENDAS.
González Rosales dijo que aún cuando
se muestran muy respetuosos de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de
Tamaulipas, en tratar de ayudar a las familias afectadas por el huracán “Emily” , la respuesta no ha sido del todo suficiente.
Ante ello planteo la necesidad
de reconstruir 280 viviendas en ejidos y comunidades de San Fernando a razón
de 10 a 15 mil pesos para la compra de materiales para construir un cuarto
y de esa forma protegerse de la inclemencia, “ con láminas de cartón no se
va a resolver el problema de fondo”.
En otra parte de la entrevista
fustigó las declaraciones que ha hecho la Delegada de la Secretaria de Desarrollo
Social, Lucia Irene Alzaga Madaria, en el sentido de que se ha enviado la ayuda necesaria,
cuando en los hechos existen familias y comunidades enteras que toda vía duerme
y comen a la intemperie a la espera del apoyo oficial.
El pasado fin de semana retornaron
de San Fernando a esta ciudad funcionarios de la Secretaria de Administración
encargados de coordinar la ayuda a las familias damnificadas.
Junto con el titular de esa dependencia,
Mario Zolezzi García, permanecieron por más de tres
semanas en ese municipio, pero es fecha que toda vía no fluyen los apoyos
a las zonas más golpeadas, tampoco los materiales de construcción.
Inician pláticas para liberar predios para macrolibramiento. (El Informador
(Jalisco), p.web)
Zapotlanejo-El Arenal
Con base en el trazo del macrolibramiento, dado a conocer por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, éste pasaría, entre otros puntos, cerca de San Isidro Mazatepec,
al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sobre la expropiación, Ramón
Gregorio Longoria Cervantes mencionó que no tiene
el monto preciso que se destinará para tal efecto, ya que en buena parte dependerá
de los acuerdos a los que lleguen con los dueños.
La Dirección General de Asuntos
Agrarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco informó
que desde ayer empezaron las negociaciones con más de 890 propietarios de
las dos mil hectáreas que se requieren para la construcción de la vía
Fondo de apoyo a trabajadores de
los medios de comunicación Los avalúos
de los predios en los que se construirá el macrolibramiento
de Guadalajara ya se tienen, y desde ayer la Dirección General de Asuntos
Agrarios de la Secretaría General de Gobierno comenzó las tareas de negociación
con los propietarios a fin de firmar los convenios de ocupación previa, para
las expropiaciones concertadas que se pretenden efectuar.
El total de superficie que se requiere
para la construcción del macrolibramiento, que tendrá
una longitud aproximada de 105 kilómetros (de Zapotlanejo
a El Arenal) es de alrededor de dos mil 100 hectáreas, que pertenecen a más
de 890 propietarios, reveló el director de Asuntos Agrarios, Ramón Gregorio
Longoria Cervantes.
“A partir del día de hoy (ayer,
lunes) vamos a estar reuniéndonos con los dueños de las parcelas, de manera
que podamos inscribir con ellos convenios de ocupación previa, que son documentos
que van anexos a las expropiaciones concertadas que estamos proponiendo a
los ejidos”.
El entrevistado aseguró que se
buscará realizar indemnizaciones justas con base en los avalúos comerciales
que efectuó el Instituto Nacional de Administración, Avalúos y Bienes Nacionales.
Adicional al valor de la tierra se considerará lo que existe en los predios.
“Sí está garantizado que serán
precios justos, el avalúo es auditable y es un avalúo
de una institución federal en el que el Gobierno del Estado no participa,
y es auditable tanto por la Federación como por el Estado”, subrayó.
El funcionario dijo que la idea
es que este año los terrenos queden totalmente liberados para la construcción
de la vía. De acuerdo al Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), una vez que estén disponibles los predios, iniciarían
con los trabajos para realizar las obras correspondientes a una primera etapa
de alrededor de 32 kilómetros, comenzando en Zapotlanejo.
Los terrenos que se pretenden utilizar
para la construcción del macrolibramiento son de
propiedad social de los tres tipos: agostadero, agrícola de temporal y agrícola
de riego.
El funcionario estatal se mostró
confiado de llegar a una negociación sin problemas, pues hasta el momento
dijo que han recibido apoyo de los alcaldes y órganos de representación de
los ejidos.
De acuerdo a Longoria
Cervantes, la expropiación concertada consiste en lo siguiente:
“La expropiación concertada es
con la autorización de las personas pagándoles previamente a que nosotros
ocupemos la tierra. Es que ellos nos dan la posesión y nosotros ya todo eso
lo anexamos en la manifestación de impacto ambiental y los dictámenes técnicos
de Sedesol para que se integre el expediente de expropiación
en la Secretaría de la Reforma Agraria”.
Continuidad en programas de gobierno: Adame. (El Sol de Cuernavaca, Arturo
Bárcena, p.web).
* Comunicaciones, vitales para
desarrollar Morelos
* Tenencia de la tierra crea conflictos
y frena la inversión
Los gobernantes deben dar continuidad
a los trabajos de su antecesor, sin importar si son o no de su mismo partido,
señaló el senador panista Marco Antonio Adame
Castillo, durante la entrevista que sostuvo con El Sol de Cuernavaca,
en la que se abordaron temas como la necesidad de que Morelos cuente con modernas
comunicaciones, aéreas y terrestres; la migración de morelenses hacia Estados
Unidos, “en breve sostendremos en Cuernavaca un evento dedicado a los migrantes,
en que como resultado saldrán importantes iniciativas de apoyo a nuestros
connacionales”, dijo el entrevistado para agregar que el problema
de la tenencia de la tierra es freno para inversiones; la pornografía infantil
en la entidad, debe ser desterrada.
Adame Castillo,
quien realiza actualmente giras de gestión y atención ciudadana, como senador
de la República y no como precandidato o candidato del PAN a la gubernatura del estado, como algunos quieren verlas, reconoció
que uno de los temas que con mayor frecuencia le tratan es el de las vías
de comunicación, “porque todos los sectores están involucrados en la vida
económica del estado y necesitan de una infraestructura de que permita que
personas, bienes, cosechas, productos, servicios, tengan libre tránsito, tanto
por el interior del estado como por el exterior”.
De ahí la importancia, agrega,
de que las comunicaciones aéreas y terrestres programadas en este gobierno
de Sergio Estrada Cajigal se concreten y si por falta de tiempo no es así,
que el próximo gobernante, sea del partido que sea, las lleve a cabo; debe
de haber continuidad en las obras de los gobernantes, recalca.
La remodelación del aeropuerto
Mariano Matamoros, donde hace falta el reencarpetamiento
total de la pista, así como su ampliación, que permita el aterrizaje de aviones
internacionales; el libramiento Norponiente, que
impacta directamente en la zona metropolitana, pero que si las vemos desde
un horizonte más amplio, estas dos obras impactan directamente en la zona
metropolitana y formarán parte de las obras de comunicación terrestre y aérea
que se realizan en ciudades y estados vecinos; estas obras merecen nuestra
atención, lo mismo que los caminos de saca para que nuestros campesinos se
incorporen a los mercados municipales, estatales, nacionales e internacionales,
afirma, convencido, el senador del PAN.
A estas dos vías de comunicación
deberemos sumar, agrega Marco Antonio Adame, la
conclusión del proyecto regional de la autopista Siglo XXI.
Debemos construir, de inmediato,
el tramo de aproximadamente 40 kilómetros que unirá a Amayuca
con la Autopista de El Sol, afirma. Son tres obras conjuntas de los gobiernos
municipal, estatal y federal, que ya han realizado trabajos importantes al
respecto, rompiendo poco a poco los obstáculos que se presentan para que estos
megaproyectos se concreten.
Precisamente, nos dice el senador
Adame, quien está acompañado de los diputados Javier
López y Luis Ángel Cisneros, ambos también del PAN, “en estas giras de gestión
y atención estoy impulsando, con el apoyo de los diputados locales electos
de mi partido, así como con los alcaldes y en breve buscaré el apoyo a los
legisladores federales”, que estos proyectos se hagan realidad en los próximos
procesos electorales.
Urge superar el problema de la
tenencia de la tierraSenador, para el logro de estos
tres proyectos y de otros más, el problema de la tenencia de la tierra en
Morelos, ¿no constituye un obstáculo para su realización?
Hay que reconocer que es un problema
muy serio, es, quizá el tema de mayor conflictividad y de mayor impacto en
el estado; como senador de la República he participado en varias reuniones
en la Secretaría de la Reforma Agraria
con funcionarios federales y del gobierno de Morelos.
Llevamos un avance del 90 por ciento
en la identificación y regularización de núcleos ejidales, para saber quién
es el legítimo propietario de la tierra y qué derechos tiene sobre ella. Es
necesario darle a las personas, al inversionista,
al ciudadano en general y a las familias campesinas, una seguridad jurídica
sobre la tenencia de la tierra. El procedimiento no ha sido sencillo, pero
hemos avanzado.
Ya identificados y regularizados
los núcleos ejidales, dice el senador Adame, se
hace necesaria la declaración expresa a favor del derecho a la propiedad,
donde la autoridad debe actuar de manera transparente, honesta y clara.
En este problema de la tenencia
de la tierra influyen también instancias federales, todos debemos evitar que
surjan problemas y conflictos como los que hoy tienen suspendidas las obras
del Tecnológico de Monterrey, campus Xochitepec.Migración
por falta de empleos
Vanguardia Política. (El Sol de México, Aurora Berdejo
Arvizu, p.web).
El duro revés que le asestó The
Economist a Santiago Creel refleja
la medianía en la que se están manejando las precampañas presidenciales, tanto
de Acción Nacional como del
partido del sol
azteca.
De acuerdo a la mencionada revista
británica, Creel "es un contendiente poco prometedor,
un orador incapaz de inspirar a su auditorio, y se le considera políticamente
inepto".
De hecho, el favorito de Los Pinos
para suceder a Vicente Fox, Santiago Creel, y el candidato más aventajado en las encuestas, Andrés
Manuel López Obrador, del PRD, prácticamente han desaparecido de las primeras
planas.
Pareciera que el mundo de la política
nacional se concentra en tres personajes: Elba Esther
Gordillo, Roberto Madrazo y Arturo Montiel, quienes
medirán fuerzas a grado tal que muchos presuponen que se reeditará el enfrentamiento
entre la chiapaneca y el tabasqueño que se vivió en el tormentoso diciembre
del 2003 entre ambos personajes, que marcó el primer" choque de trenes"
de un PRI sin la Presidencia de la República.
Aun así, se dice en los círculos
políticos que Elba Esther Gordillo llegará a la
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el próximo viernes. De tal
suerte, las argucias que los cercanos colaboradores de Roberto Madrazo le
vendieron al tabasqueño como argumentos para impedir -o cuando menos condicionar
hasta el extremo- el arribo de la maestra Gordillo al liderazgo nacional del
PRI ya se vinieron por tierra.
Pero retomando la rumorología que está en todo su apogeo por las "renuncias"
que pudieran presentarse en el gabinete del presidente Fox
una vez que rinda su Quinto Informe de Gobierno, esta es una noticia anunciada
hace varias semanas en las que se ha venido hablando de la separación de sus
cargos de Fernando Elizondo, de la Secretaría de
Energía, que regresa a Nuevo León para hacer política en busca de un escaño
en el Senado, y la de Rodolfo "el Negro" Elizondo,
actualmente ubicado en la cómoda "hamaca" que es la Secretaría de
Turismo, la cual dejaría para sumarse a las huestes de Felipe Calderón.
Pero no todo para allí. Se habla
de que Josefina Vázquez Mota y Florencio
Salazar Adame también quieren irse a la campaña
del michoacano, teniendo como prioridad lograr una senaduría en la lista nominal
de los panistas.
Con todos estos cambios habrá nuevo
gabinete, que se tendría que enfrentar a un panorama de suyo sumamente complicado.
Cómo estarán las cosas que el propio
presidente Fox, de acuerdo a lo dicho por el vocero,
Rubén Aguilar Valenzuela, estudia la posibilidad de la creación de la partida
de la transición; habrá que esperar a ver si acepta o no las renuncias de
todos los mencionados.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Mantienen ejidatarios en Chiapas relaciones difíciles
con minera Caracol. (La Crónica de Hoy, José Alejandro, p.web).
Chicomuselo, Chis.,
15 de agosto (LA JORNADA).- Los usos y costumbres del poder económico, sea
nacional o trasnacional, no difieren mucho. En el ejido Grecia, el personal
de la Compañía Minera Caracol, S.A. de C.V., llegó
hace dos años: ?primero se metieron a la mala, que ellos tenían una concesión
federal para sacar el mineral que hay en el ejido (barita y antimonio) y que
nosotros no teníamos nada que decir y no nos tocaba nada?
informaron los ejidatarios Rufino Zacarías Ramírez y Héctor Santiso.
Los campesinos, entrevistados en la cabecera de este municipio
de la región fronteriza con Guatemala, agregaron que entonces la gente se
enojó, nos levantamos y les dijimos que el gobierno no nos regaló las tierras,
que nosotros luchamos por ellas, que nuestra resolución presidencial salió
en 1987 y ni modo que les regaláramos nuestros derechos; entonces hicieron
ofrecimientos de obras para el ejido pero no cumplieron, por eso en marzo
les paramos seis camiones 20 días.
Por su parte el ingeniero Tristán
Canales Reyna, cabeza de la empresa y a cuyo nombre
están las concesiones de exploración y explotación, informó que se accedió
a pagar una renta que ellos nos están pidiendo por explotar el mineral (50
mil pesos mensuales), lo que se contrapone con la Ley Minera pero no se contrapone
con la Ley de la costumbre. Se le preguntó qué quiere decir eso, contestó:
"La Ley Minera dice que el subsuelo es de la nación".
En efecto, el artículo 6º de la Ley Minera de 1992, reglamentaria
del artículo 27 Constitucional en la materia establece: "La exploración,
explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta
Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento del terreno" y únicamente por ley de carácter federal
podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades, por lo que
en caso de no haber acuerdo con la empresa podría ésta solicitar la expropiación
de la tierra, permiso de ocupación temporal o constitución de servidumbre,
en el área sobre la cual tiene la concesión minera.
Sin embargo, el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado
por México en 1989 y que tiene prelación sobre cualquier Ley reglamentaria,
establece en su fracción 2: "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades,
y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir
como resultado de esas actividades".
En la entrevista, realizada vía telefónica Canales Reyna detalló: "Aquí no está limitado dónde termina el
derecho agrario y dónde empieza el derecho minero".
Entonces como no hay ese entendimiento de que el subsuelo es
de la nación, ellos dicen la nación, "quién es la nación", la nación
somos nosotros, a mí págame un poco de dinero y yo te dejo que trabajesï, eso lo están haciendo como un acto de redención
al campesino, porque no hay una canalización por parte del gobierno del Estado
y del gobierno federal, porque desconocen el procedimiento en la materia.
Entonces el uso y costumbre de la región es ceder un poco para que la distribución
de la riqueza se de, aún fuera de la ley.
-Ahí hay un contrasentido, se le comentó- porque en última
instancia uno podría pensar que los primeros que tendrían derecho de tener
la concesión son ellos.
-¿Entonces ahí cuál es el beneficio para los dueños de la tierra
que son los ejidatarios y los comuneros?
-Normalmente es la capacitación, el sistema de vida diferente
porque ya trabajan en otras cosas. Por ejemplo yo tengo ahí, siete, ocho muchachos
de 17 años que se iban a ir a Estados Unidos y ya son operadores de Caterpillar
y soldadores, ya dejaron de ganar 80 pesos diarios para estar ganando dos
mil pesos a la semana. Entonces hay la capacitación, la fuente de trabajo
regional, una cultura del trabajo y del esfuerzo, hay un sistema de sanidad,
de mejoramiento de las condiciones de vida de todo el mundo, que se va dando
por añadidura a todo el mundo.
Indicaron que se está demandando que la empresa pavimente la
terracería de Flores Magón
a Grecia y de ahí a San Ramón y Los Arroyos, así como las calles del poblado.
En total serían unos 40 kilómetros de revestimiento.
En las oficinas de la minera en la cabecera municipal, donde
también trabaja desde junio, el químico Santiago Mortero verificando que la
concentración de barita en el mineral sea la que requiere Pemex,
se nos informó que la matriz de la empresa está en Tamaulipas y cuentan con
otra oficina en Tapachula. Un empleado que se negó a dar su nombre, aseveró
que las relaciones con los ejidatarios de Grecia son difíciles porque son
muy agresivos, uando detuvieron los camiones (de
la mina) detuvieron a uno de los empleados 28 horas y hace unos días apalearon
a los trabajadores de la CFE que llegaron en 20 camionetas, que fueron a cortarles
la luz.
Cuando asiste uno con el ejido y platica con las autoridades
y les explica qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede lograr,
entonces ellos acceden y entienden, no son tontos, son gente consciente de
que lo que quieren es mejorar su nivel de vida y su nivel de ingreso, con
sus condiciones a veces groseras, a veces burdas, pero siempre son condiciones
sentidas y naturales, aseguró
Diputado se reunirá con Tribunal Agrario. (Cuarto Poder, Carolina Leyva, p.web).
El presidente de la Comisión Especial de Coadyuvancia para el Caso Chimalapas,
Roberto Ortiz, informó que hoy sostendrá una reunión con el encargado del
Tribunal Agrario en Chiapas para tratar la temática de La Gringa. Indicó que
durante la reunión se fijará la fecha en que la dependencia pueda entrevistarse
con la comisión correspondiente del Congreso, plazo que podría fijarse para
la presente semana.
La extracción de minerales, sujeta a usos y costumbres
en Chicomuselo. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web).
No se consultó a la comunidad y ésta cobró renta de $50 mil mensuales
a una empresa
"Primero la compañía se metió a la mala y dijo que no nos tocaba nada",
aseguran ejidatarios
Reciben capacitación y mejoran su nivel de vida, afirma empresario
Chicomuselo, Chis. Los
usos y costumbres del poder económico, sea nacional o trasnacional, no difieren
mucho. En el ejido Grecia el personal de la Compañía Minera Caracol SA de
CV llegó hace dos años: "primero se metieron a la mala; (dijeron) que
ellos tenían una concesión federal para sacar el mineral (barita y antimonio)
en el ejido, y que nosotros no teníamos nada que decir y no nos tocaba nada",
comentaron los ejidatarios Rufino Zaca-rías Ramírez
y Héctor Santiso.
Los campesinos, entrevistados en la cabecera de este municipio
de la región fronteriza con Guatemala, agregaron que entonces la gente se
enojó. "Nos levantamos y les dijimos que el gobierno no nos regaló las
tierras, que nosotros luchamos por ellas, que la resolución presidencial salió
en 1987 y ni modo que les regaláramos nuestros derechos; entonces hicieron
ofrecimientos de obras para el ejido, pero no cumplieron, por eso en marzo
les paramos seis camiones durante 20 días."
Por su parte, el ingeniero Tristán
Canales Reyna, cabeza de la empresa y a cuyo nombre
están las concesiones de exploración y explotación, informó que se accedió
"a pagar la renta que nos están pidiendo por explotar el mineral (50
mil pesos mensuales), lo que se contrapone con la Ley Minera, pero no se contrapone
con la ley de la costumbre".
-¿Qué quiere decir eso?
-La Ley Minera dice que el subsuelo es de la nación.
En efecto, el artículo sexto de la Ley Minera de 1992, reglamentaria
del artículo 27 constitucional en la materia, establece: "La exploración,
explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta
ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento del terreno (...) y únicamente por ley de carácter federal
podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades", por
lo que, en caso de no haber acuerdo con la empresa, ésta podría solicitar
la expropiación de la tierra, permiso de ocupación temporal o constitución
de servidumbre, en el área sobre la cual tiene la concesión minera.
Sin embargo, el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado
por México en 1989, que tiene prelación sobre cualquier ley reglamentaria,
establece en su fracción dos: "En caso de que pertenezca al Estado la
propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección
o explotación de los recursos existentes en sus tierras (subrayado nuestro).
"Los pueblos interesados deberán participar siempre que
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades".
En la entrevista, realizada vía telefónica, Canales Reyna detalló: "Aquí no está limitado dónde termina el
derecho agrario y dónde empieza el derecho minero. Entonces, como no existe
el entendimiento de que el subsuelo es de la nación, ellos dicen 'la nación,
¿quién es la nación? La nación somos nosotros, a mí págame un poco de dinero
y yo te dejo que trabajes', eso lo están haciendo como acto de redención al
campesino, porque no hay canalización de los gobiernos estatal y federal,
porque desconocen el procedimiento en la materia. Entonces el uso y costumbre
de la región es ceder un poco para que la distribución de la riqueza se dé
aun fuera de la ley."
-Ahí hay un contrasentido -se le comenta-, porque en última
instancia uno podría pensar que los primeros que tendrían derecho de tener
la concesión son ellos.
-Así es, si ellos lo hubieran denunciado (la existencia del
mineral) al principio, hubiera sido de ellos. Desafortunadamente lo que no
tienen es el conocimiento y el capital para extraerlo, porque son inversiones
muy cuantiosas, entonces lo que se hace, lo que se ha hecho en los últimos
500 años, es que se concesiona la explotación minera
y esa concesión minera es tener realmente un socio, que se llama gobierno
federal; éste nos pide la inversión y la rentabilidad.
-¿Entonces, cuál es el beneficio para los dueños de la tierra
que son los ejidatarios y los comuneros?
-Normalmente es la capacitación, el sistema de vida diferente
porque ya trabajan en otras cosas. Por ejemplo yo tengo siete, ocho muchachos
de 17 años que se iban a ir a Estados Unidos y ya son operadores de Caterpillar y soldadores, ya dejaron de ganar 80 pesos diarios
para estar ganando 2 mil pesos a la semana... Entonces hay capacitación, fuente
de trabajo regional, cultura laboral y del esfuerzo, sistema de sanidad, mejoras
en las condiciones de vida, que se van dando por añadidura a todo mundo.
Relaciones difíciles
Rufino Zacarías Ramírez y Héctor Santiso,
ejidatarios de Grecia, explicaron las difíciles relaciones que llevan con
la minera Caracol. Afirmaron que la empresa ha sacado en un año más de mil
toneladas de material de la mina, ubicada en la colonia San Ramón, con superficie
de 13.5 hectáreas. Todos los días trabajan unos 15 camiones. "Por eso
la gente se inconformó y dijeron 'si no vamos a presionarlos nos van a dejar
con las manos cruzadas, mejor tomamos los camiones', por eso los detuvimos,
para que se llegara a un arreglo.
"Vino gente del gobierno del estado, de la procuraduría,
nos decían que se negociara, que para qué íbamos a decir no, que iban a mediar
para que trabajen con la plena confianza ellos y nosotros, y se llegó a un
convenio que vence el 8 de septiembre, de que la minera iba a dar 50 mil pesos
al mes, y sí pagaron abril y mayo; se ha estado repartiendo el dinero entre
los ejidatarios (82) y avecindados (unos 100), pero a partir de que empezaron
las lluvias, hace dos meses, ya no han pagado" porque el camino está
muy mal y los camiones no pueden pasar.
Indicaron que se está demandando que la empresa pavimente la
terracería de Flores Magón
a Grecia, y de ahí a San Ramón y Los Arroyos, así como las calles del poblado.
En total serían unos 40 kilómetros de revestimiento.
Información del gobierno chiapaneco indica que si las tres
minas en las que trabaja la empresa Caracol consolidan sus actividades se
"generarán 890 empleos directos, con inversión inicial de 6 millones
de dólares" en los municipios de Chicomuselo
y Acacoyagua.
Por su parte, Canales Reyna confirmó
que actualmente la minera Caracol está trabajando en los predios San Ramón,
La Revancha (500 hectáreas) y ampliación La Revancha (mil 50 hectáreas), extrayendo
barita, que sirve para la perforación de pozos en la industria petrolera.
Además de esas concesiones mineras, según los registros de
la Secretaría de Economía, se le han otorgado en este sexenio otras en Chicomuselo, en los predios La Mulita, con 56 hectáreas; El
Leñadero, con 35; Siete Mulas, con 414 hectáreas;
El Destino, con 284, así como Arena Negra, que abarca mil 500 hectáreas, y
Diana, con 540, ambos en el municipio de Acacoyagua.
Canales Reyna no lo dijo, pero se
publicó en agosto de 2004 que la Compañía Minera Caracol firmó con el puerto
de Salina Cruz una carta de intención para un contrato por 25 años para exportar,
vía ese recinto portuario, unas 25 mil toneladas mensuales de barita hacia
Vancouver, Canadá.
En las oficinas de la minera en la cabecera municipal, donde
también trabaja desde junio el químico Santiago Mortero verificando que la
concentración de barita en el mineral sea la que requiere Petró-leos Mexicanos, se nos informó que la matriz de la empresa
está en Tamaulipas y cuenta con otra oficina en Tapachula. Un empleado que
se negó a dar su nombre aseveró que las relaciones con los ejidatarios de
Grecia son difíciles porque son "muy agresivos, cuando tomaron
los camiones (de la mina) detuvieron a uno de los empleados durante 28 horas
y hace unos días apalearon a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad
que llegaron en 20 camionetas; fueron a cortarles la luz".
Canales Reyna informó también que
uno de los problemas principales en este momento es abrir los caminos industriales
que se requieren para concretar la operatividad de la mina y que ésta sea
rentable. Unos 50 o 60 camiones transitarán diariamente y no deben atravesar
el poblado, para evitar accidentes y el deterioro de la vialidad urbana, por
lo que se negoció con los ejidatarios que se permita la construcción del camino.
Agregó que, a cambio, la empresa "se obligó con el gobierno estatal y
federal a conseguir los recursos para que reacomoden su camino nuevamente.
"Cuando asiste uno al ejido y platica con las autoridades,
les explica qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede lograr, entonces
ellos acceden y entienden, no son tontos, son gente consciente de que lo que
quieren es mejorar su nivel de vida y su nivel de ingreso, con sus condiciones
a veces groseras, a veces burdas, pero siempre son condiciones sentidas y
naturales", aseguró.
GUERRERO
LA
PAROTA
Acepta Fox la posibilidad
de que se cancele el proyecto y pasarlo a Nayarit. (El Sur, Ricardo Castillo, p.web).
Aquí no
va a haber problemas como los que vimos en Guerrero, aquí hay absoluta libertad
para que los empresarios trabajen como ellos lo quieren, dice al presidente
el alcalde de La Yesca
El presidente Vicente Fox Quesada aceptó la posibilidad de cancelar el proyecto
hidroeléctrico La Parota en Guerrero, y en su lugar construir una nueva presa
en La Yesca, Nayarit que, dijo, sería “la otra alternativa y posibilidad”.
Un día después de que comuneros
opositores a La Parota impidieran por la fuerza la asamblea para expropiar
sus tierras, y del enfrentamiento que tuvieron contra policías estatales y
municipales, Fox llamó a “participar con renovados
bríos en la construcción de los acuerdos que garanticen la electricidad que
necesita nuestro desarrollo sostenido, y que necesitan esos 4 millones de
personas que en nuestro país aún no cuentan con energía eléctrica en sus comunidades
o en sus hogares”.
De gira por Nayarit, donde encabezó
el acto del 68 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, en el sitio
donde se construye la hidroeléctrica El Cajón, Fox
dijo que ya se prepara la construcción de lo que llamó “la siguiente mega
obra” de la CFE y que “efectivamente puede ser La Parota, puede ser La Yesca,
o pueden ser ambas porque esa es la capacidad que hoy tenemos los mexicanos”.
Sin embargo, más tarde, en Durango,
el presidente Fox precisó que “está todo listo para
arrancar otra obra monumental como la de El Cajón, que puede ser la presa
de La Parota, allá en Guerrero, o será nuevamente en Nayarit la otra alternativa
y posibilidad”, en referencia una vez más a La Yesca.
En El Cajón, Fox
escuchó el discurso del alcalde de La Yesca, Jesús Montoya Toribio, quien
dijo que obras como éstas “dejan historia en todo México y, sobre todo, en
Nayarit, pero tenemos aún más, y sabemos que se oye hablar del proyecto La
Yesca”.
El alcalde del municipio donde
también se ubica El Cajón, ofreció: “Aquí no va a haber problemas como los
que vimos hoy (lunes) en las noticias de La Parota en Guerrero, aquí en La
Yesca hay absoluta libertad para que los empresarios trabajen como ellos lo
quieren”.
El Cajón se construye cerca de
Santa María del Oro, comunidad ubicada en La Yesca, Nayarit. Y de acuerdo
con lo dicho por Fox, también a ese municipio sería
llevado el proyecto que hasta el momento aún se planea para La Parota. Ya
en los últimos meses en Acapulco, fuentes de la CFE habían manifestado la
misma alternativa.
Por su parte, el director general
de la CFE, Alfredo Elías Ayub, en su discurso destacó
el apoyo de las autoridades locales y en particular del gobernador de Nayarit,
Antonio Echevarría.
El funcionario federal le agradeció
al gobernador por “haber creado las condiciones” para que la obra de El Cajón
se construya “con tranquilidad y eficiencia”, y por “haber creado los programas
de becas y capacitación para que los nayaritas fueran
los primeros en recibir los empleos que ha generado” la edificación de la
hidroeléctrica. “Muchas gracias, Toño”, dijo Elías
Ayub, quien en su discurso evadió los hechos de
violencia ocurridos el domingo, y no fijó su postura al respecto.
Fox también
destacó que “con la puesta en marcha de 29 nuevas centrales de generación
de energía eléctrica en lo que va de esta administración, se ha logrado generar
con ellas el 28 por ciento de energía para hogares que antes no tenían el
fluido eléctrico”. Por ello, dijo, “hoy 96 por ciento de los hogares en la
República Mexicana cuentan ya con energía eléctrica”.
Agregó que “la electricidad es
la fuerza del desarrollo, aquí no hay desarrollo sin crecimiento económico,
ni crecimiento sin electricidad”, y subrayó que “la electricidad es el sustento
de las actividades, de las familias, de las comunidades y de la nación entera,
es energía pura que ilumina las ciudades y mueve el aparato productivo”.
Tener o no electricidad, dijo,
“es la diferencia de la noche al día y llevarla hasta las comunidades más
apartadas, hacia las regiones más agrestes del país, es dar a nuestra democracia
un sentido absoluto de equidad, de igualdad y de compartir oportunidades”.
Por la mañana, en su conferencia
matutina en la residencia oficial de Los Pinos, el vocero de la Presidencia,
Rubén Aguilar Valenzuela, también se refirió a la posible cancelación de La
Parota.
Un reportero le preguntó sobre
lo ocurrido el domingo en la comunidad de El Campanario, y respondió que la
Presidencia estaba enterada de lo que reconoció como un “enfrentamiento” entre
comuneros opositores y las policías del estado y del municipio.
Sólo dijo que “La Parota sería
una presa para generar electricidad” y afirmó que sería el director general
de la CFE quien fijaría la posición oficial.
Luego, aceptó que “existen en el
caso de que no pudiera llegarse a alguna negociación con los habitantes de
esa región otras alternativas para construir e iniciar la construcción en
este mismo sexenio de otra presa generadora de electricidad”.
Pide el comisariado que
el Ejército resguarde la próxima asamblea sobre La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
El presidente,
Crecencio Jerónimo, anuncia la convocatoria para
el 23 de agosto. Culpa a los comuneros opositores a la presa de agredir a
los policías en El Campanario
Las autoridades de Bienes Comunales
de Cacahuatepec pidieron al gobierno federal el
resguardo del Ejército para la segunda asamblea, convocada para el 23 de agosto,
en la que promueven que se autorice a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) iniciar con los trámites de expropiación de las tierras de los campesinos.
En una conferencia de prensa en
el café Astoria de Acapulco, los miembros del comisariado encabezados por su presidente, Crecencio Jerónimo Aparicio y por el dirigente de una fracción
de la CNC del PRI, Evencio Romero Sotelo, dieron además su versión de la violencia que se vivió
el domingo, en la cual aseguraron que fueron los comuneros opositores quienes
agredieron a los policías de diferentes corporaciones antes de que comenzara
la fallida reunión.
Jerónimo Aparicio justificó la
petición de apoyo militar diciendo que es para garantizar la seguridad de
los comuneros. Agregó que el Ejército es “un gobierno que tiene más solvencia
a través de la federación” y agregó: “Creo que nosotros como comuneros siempre
hemos dicho que el Ejército es un poder al que sí se le teme, porque lo hacen
con energía y son capaces de arrestar a alguien en el mismo instante y tiene
otra preparación”.
Se le preguntó si la presencia
del Ejército no podría provocar más violencia que la del domingo, y respondió
que su presencia es “para que los opositores “respeten las leyes que hacen
los diputados”.
La autoridad comunal reveló que
ya están buscando una audiencia con el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo para “explicarle la razón por la cual, para seguridad
de los presentes, pedimos que intervenga el gobierno federal que garantice
la seguridad de cada uno de los comuneros, debido a que en la asamblea no
se va a pelear, se va a determinar
a través de la presencia, de asistencia”.
Agregó: “Nosotros queremos que
el Ejército sea quien se encargue de brindar protección a los comuneros que
asistan a la asamblea del 23 de este mes, si no fuera así, nosotros no estaremos
de acuerdo que ésta se lleve a cabo”.
Dijo que hacía “un llamado” al
gobierno federal “para que intervenga, para que las cosas salgan tal y como
deben ser, pues el proyecto no es de nadie, sino que es para el beneficio
de Guerrero que traerá a la zona rural muchos beneficios, entre ellos empleos,
obras, pavimentación de calles”,
Jerónimo Aparicio dijo que estuvo
mal que los policías municipales hayan cortado cartucho y apuntado a los opositores
en un retén instalado en la comunidad de Las Minas. Manifestó: “No lo hubieran
hecho, porque primero que nada ellos iban para brindarnos seguridad, no nada
más al grupo opositor ni a los que están a favor del proyecto, sino para que
evitaran cualquier enfrentamiento entre los comuneros”.
Dijo que por lo tanto ve mal eso
y “por esa razón pedimos al gobierno federal la seguridad para que con energía,
para que antes de que lleguen al lugar de la asamblea, les quiten toda clase
de armas como machetes y garrotes. Que entren solos, eso queremos nada más”.
En su intervención, el cenecista Evencio Romero Sotelo –del grupo que dirige el priísta Nabor
Ojeda Delgado, a quien el gobernador Zeferino Torreblanca calificó como “gran líder campesino”–
dijo que como asesores respaldan la solicitud de que intervenga el Ejército.
Romero Sotelo
dijo que la convocatoria para la reunión del domingo fue colocada en los 47
anexos, y de ello se dio fe con notarios públicos.
El cenecista
dijo que los opositores “agredieron a más de 500 personas que estaban adentro,
donde hubo un trabajo de sensibilización para no responder a la agresión de
estos vándalos y delincuentes”.
Denunció que muchos de los que
iban en el contingente de los opositores no eran del estado. “De las 200 gentes
que estaban, unas 40 eran comuneros legalmente reconocidos, por lo cual tienen
todo el derecho a participar en la reunión. Les pedimos que acudan y que debatan
en la asamblea y que convenzan, pero no con violencia”.
Romero recordó que la asamblea
será en segunda convocatoria y por ello se tomarán acuerdos con los comuneros
que asistan.
De acuerdo con esto las autoridades
registraron una asistencia de 500 comuneros a las 10 de la mañana, y debido
al “bloqueo sistemático” que venían
efectuado los opositores se retardó la presencia de “3 mil 500 (que venían)
en 400 vehículos”.
Lo dicho por el dirigente de la
CNC fue lo mismo que manejó el gobierno del estado en su boletín de prensa
el domingo pasado.
Evencio Romero
dijo que “no se vale que por la fuerza quieran imponer una decisión en contra
de los verdaderos comuneros. Quiero decir que el líder opositor Marco Antonio
Suástegui no es comunero legalmente reconocido, por lo cual
no tiene derecho de participar en la asamblea y los que acudieron eran de
otras colonias. Está aprovechando la circunstancia para sacar prebenda económica,
fueron 10 millones de pesos con los que quiso chantajear a la CFE”.
Manifestó que lo que pase en la
próxima reunión será responsabilidad de “este grupo de facinerosos encabezados
por Marco Antonio Suástegui”.
Romero Sotelo
dijo que los gastos de la asamblea fallida fueron absorbidos por la Fundación
Campesina de Desarrollo Rural, brazo financiero de la CNC que preside Nabor Ojeda y reveló que se gastaron 3 millones de pesos.
Finalmente dijo que las empresas
dueñas de los muebles que fueron usados han interpuesto demandas penales contra
los opositores.
Ofrece Zeferino garantizar
la próxima asamblea para decidir sobre La Parota. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).
Declara
que está convencido del proyecto. “No estamos vencidos, hemos sido pacientes”,
manifiesta. Anuncia que se integrarán averiguaciones previas contra los responsables
de la violencia en El Campanario. Elogia la actitud de los policías y llama
rijosos a los opositores. El alcalde López Rosas llama a los inconformes a
permitir la reunión para conocer qué piensa la mayoría
En conferencia conjunta con el
alcalde Alberto López Rosas, el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo afirmó que está convencido que La Parota es un proyecto
que ayudaría mucho al desarrollo de ese lugar, y garantizó que se podrá llevar
a cabo la próxima asamblea donde se determine si se aprueba o no la expropiación
de las tierras para construir la hidroeléctrica.
Anunció que interpondrá denuncias
contra quienes provocaron los hechos violentos del domingo pasado en la asamblea
que se efectuó en la comunidad de El Campanario, y expresó: “No estamos ni
vencidos, hemos sido pacientes, hemos puesto la mejilla”.
Aseguró que los policías estatales
y municipales que participaron en el resguardo de la asamblea lo hicieron
de manera “estoica”, aunque mencionó que si hay denuncias contra quienes hayan
abusado de su autoridad su gobierno defenderá y respetará el Estado de derecho.
La asamblea de los Bienes Comunales
convocada para analizar la anuencia para la expropiación de los terrenos para
la construcción de la presa La Parota fue irrumpida por comuneros que rechazan
el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los inconformes
entraron a la fuerzas al lugar habilitado para la reunión donde tiraron toldos
y sillas, y los policías golpearon a decenas de campesinos con toletes y lanzaron
gases lacrimógenos. Antes durante un retén policiaco
varios policías encañonaron y cortaron cartucho contra campesinos para impedirles
que pasaran con machetes.
En conferencia de prensa ayer en
la instalaciones de Invisur en Acapulco, Torreblanca,
acompañado del alcalde López Rosas, habló sobre lo sucedido el día anterior,
dijo que “a solicitud de parte” de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum) los gobiernos estatal y de Acapulco
acudieron a garantizar la libre expresión de quienes tenían derecho a votar
en la asamblea.
Señaló que por la actitud de “un
grupo que consideramos minoría, que no tenían que ver muchos de ellos en la
zona de Cacahuatepec para poder recibir inclusive,
sus escrituras y derechos vigentes que les garantizaban la tenencia de la
tierra y que con eso mismo podría hacer cualquiera de las gestiones posteriores
a ellos” no se llevó a cabo la asamblea.
Aseguró que el gobierno fue paciente,
tolerante, respetuoso, y en referencia a un campesino herido por un golpe
en la cabeza, dijo: “el golpeado fue golpeado por circunstancias de objetos
arrojados por los mismos que participaron, hubo delitos claros o acciones
que se pueden constituir como delitos”.
Mencionó que acudieron representantes
de la Procuraduría de la Justicia, agentes del Ministerio Público, de la Codehum,
además de que hay videos y testigos “que si ustedes quieren ver los vemos
para que hagamos constar que el gobierno estuvo pacientemente esperando la
participación de la gente”.
El gobernador afirmó que van “bajo
cualquier circunstancia a garantizar que los ciudadanos libremente se expresen
y digan si están a favor o en contra de La Parota” en una próxima asamblea.
Mencionó que sabe que después de
lo sucedido la Ley Agraria permite que se haga la próxima asamblea en cualquier
otro lugar, además de que está enterado que los comisarios y líderes de Cacahuatepec informarían de la próxima asamblea en fechas
muy próximas porque “no podemos permitir nosotros, los que estamos interesados
que se salvaguarde la seguridad de quienes participan, que pase más tiempo”.
Acerca de que se vio que una minoría
estuvo a favor del proyecto y no una mayoría respondió: “(Hay) una cuestión
muy clara, si los que dicen que son mayoría, y que yo digo que son minoría,
¿Por qué impidieron por la fuerza celebrar una asamblea? simplemente lo que
queríamos era garantizar que los que tuvieran la razón votaran libremente”.
Respecto de cómo saben que se les
impidió el paso a 3 mil 500 comuneros como lo consignó un boletín de prensa
del gobierno del estado, dijo que en el video “se ve claramente como 50 o
100 que iban adelante impidiendo el paso de la gente de diversas comunidades,
fue la que no pudo tener acceso, junto a los 400 que estimamos que ya estaban
ahí”.
Recordó que son más de 7 mil comuneros,
incluso mencionó que se aprovecharía para darles un documento “que fue incinerado,
incendiado por alguno de los rijosos, que es lo que garantiza la tenencia,
y al registrarse, se iba a saber quién era comunero y quién no era comunero”.
“Finalmente los rijosos fueron
los que no permitieron que se llevara a cabo la asamblea por alguna razón,
y si fuera la mayoría yo no entiendo por qué su actitud violenta, su actitud
de machetes, y su actitud de arrojar piedras e incendiar documentos que a
ellos mismos afectan sus intereses”, insistió.
Torreblanca consideró que si los
policías estatales y municipales hubieran actuado en el primer filtro para
quitarles los machetes a los campesinos y se les hubiera impedido el paso
“desde entonces hubiéramos generado un enfrentamiento entre policías y la
nota del día siguiente de ocho columnas, el gobierno impidió, metió y a punta
de garrote, a punta de fuerza pública impidieron el desarrollo” de la asamblea.
“No estamos ni vencidos, hemos
sido pacientes, hemos puesto la mejilla, y lo que va a hacer el gobierno es
integrar las averiguaciones que tenga que integrar y va a actuar apegado a
derecho”.
Torreblanca aseguró que actuarán
con apego a derecho, sin revanchas, sin grupos particulares e invitó a quienes
“no coinciden” con el proyecto que acudan a la asamblea y que convenzan en
base a la razón “y no sea a través del uso de la fuerza como quieran disuadir
o persuadir a quienes están a favor de este proyecto”.
Dijo que su gobierno va a intervenir
de “manera responsable”, y se manifestó en contra de que los campesinos lleven
machetes, porque “una cosa es el instrumento del trabajo y otra cosa es blandir
los machetes”.
Explicó que el gobierno puso los
filtros policiacos, con la idea de que la gente
no entrara con machetes (que los campesinos dicen que no son armas sino instrumentos
de trabajo), pero finalmente se permitió el paso de campesinos con machete
para evitar enfrentamientos.
Agregó que “los policías también
utilizan como instrumento de trabajo las pistolas, pero si las pistolas las
sacan para amenazar o si las pistolas las utilizan para otras cuestiones (...)
no es un instrumento de trabajo”.
Reiteró que será respetuoso si
la mayoría decide no apoyar el proyecto pero
tampoco permitirá como gobierno “si la minoría quiere desestabilizar y quiere
generar conflictos”, porque actuará conforme a derecho para que las disposiciones
legales se hagan cumplir.
Torreblanca señaló que en la irrupción
en la asamblea participó gente ajena, donde sólo tenían que estar los comuneros
de Cacahuatepe. “Claro que hubo gente ajena, finalmente
quien lidera el grupo no tiene nada que ver con Cacahuatepec”, en alusión a Marco Antonio Suástegui.
Afirmó que si no se hace La Parota
no afectará a su gobierno porque sería una decisión mayoritaria, y señaló
que él está convencido de que la presa es un proyecto “que ayudaría mucho
a ese gran desarrollo del lugar, inclusive a los paisanos”, e insistió que
es el primer interesado que quienes ocupan esas tierras sean los beneficiados
con una vivienda rural digna y que sean tomados en cuenta para el trabajo
de la presa para que no suceda como en El Cajón, en Nayarit, donde se tuvo
que importar mano de obra.
Sin embargo, indicó que como gobernador
tiene que estar atento a la decisión de la gente que vive en ese lugar “si
la mayoría lo dice, finalmente lo voy a lamentar, pero voy a acatar la decisión
de la mayoría de los ciudadanos que viven” donde se haría la hidroeléctrica.
Sobre si habrá castigos o sanciones
contra los policía que cortaron cartucho y que amenazaron a los campesinos
con armas, y sobre cuál es el delito de las denuncias que se interpondrán
y contra quiénes, mencionó que quienes se sientan afectados interpongan las
denuncias correspondientes y destacó que afortunadamente asistió la Comisión
de Derechos Humanos, nueve notarios, la modernidad de las videograbaciones “no solamente los dichos de uno y otro, y
todos esos elementos tendrán que aportarse”.
Dijo que las sanciones las determinarán
los jueces, que su gobierno integrará las averiguaciones, y agregó: “para
mí hubo clara violación porque quemaron documentos, títulos que garantizan
la posesión de las propiedades” que expide el Registro Agrario Nacional (RAN).
Sobre los policías dijo que “la
policía estatal y municipal en su gran mayoría merece un reconocimiento de
mi gobierno y merece un reconocimiento a la policía municipal y ministerial
porque fueron estoicos; quienes agredieron estuvieron de otro lado”.
No obstante dijo que “no estoy
cerrado a defender a ultranza a quienes hayan abusado de su autoridad, si
hay las denuncias seré un gobierno abierto a hacer respetar y hacer valer
el Estado de derecho de quienes se sientan agredidos por esta situaciones”.
Por su parte, el alcalde López
Rosas mencionó que las autoridades del gobierno podrían tener una postura
más clara sobre el proyecto si conocen si hay una minoría o mayoría a favor
de la presa, por medio de la consulta.
Aseguró que no desean que haya
violencia ni enfrentamientos “no queremos que haya perjudicados físicamente
por un proyecto que puede ser útil, pero quisiéramos finalmente conocer qué
es lo que piensa la mayoría, por ello nuestra invitación y exhortación será
que permitan que se haga la asamblea y que se consulte”.
López Rosas dijo que fue una actitud
“responsable” de los policías que participaron en la asamblea porque evitó
que “esto trascendiera o que tuviera consecuencias muy lamentables y esa será
y seguirá siendo nuestra actitud”.
En declaraciones a reporteros antes
de la conferencia conjunta, el alcalde dijo que observó la fotografía que
apareció ayer en la portada de El Sur, y afirmó que “no están encañonando
a las personas”.
Pidió ver “globalmente” que no
es un asunto de policías y opositores sino un conflicto derivado de quienes
se oponen a la presa.
“El verdadero problema no es la
presencia de policías sino de quienes buscan violentamente evitar que se celebre
una asamblea para que nosotros como autoridades podamos fijar una postura
definitiva”.
Afirmó que no autorizaron que se
utilizara gas lacrimógeno, que la Policía Preventiva municipal fue en apoyo,
para “evitar la confrontación y la evitamos”, y señaló que en el video se
observa “quién está destrozando el escenario” donde se haría la asamblea.
Ganamos una batalla, pero Zeferino
nos declara la guerra, dicen opositores a la presa. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
Felipe Flores,
en nombre del CECOPP afirma que el domingo se demostró que los que defienden
sus tierras son mayoría y denuncia que ellos fueron los agredidos. Afirma
que buscarán la forma de impedir una nueva asamblea a la que pretenden convocar.
Anuncia una manifestación ante las amenazas del gobernador de abrir averiguaciones
previas contra los comuneros por la violencia del domingo
Los campesinos opositores
al proyecto La Parota consideran que ayer ganaron una batalla, cuando lograron
impedir la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
en la que se buscaba la anuencia para la expropiación de sus tierras.
Pero dicen que la guerra sigue,
porque ya la declaró el gobernador, Zeferino Torreblanca
Galindo, cuando ayer dijo que apoya la presa, que su gobierno va a garantizar
que se haga la próxima asamblea, y que va a iniciar averiguaciones previas
contra los opositores por los hechos violentos de este domingo.
Afirman que ante esas amenazas
de Zeferino Torreblanca van a llamar a una manifestación
con otras organizaciones sociales para denunciar que es un gobernador represor.
Los campesinos organizados en el
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOPP) designaron
al comunero de la localidad de Garrapatas, Felipe Flores Hernández, para dar
a conocer su posición ante las declaraciones del gobernador de Guerrero, que
ellos ven como amenaza de más represión.
El comunero de 50 años, vecino
de una localidad de 345 habitantes donde todos los que tienen derechos agrarios
están en contra del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
que aclara que no es dirigente ni representante, hace nuevamente el llamado
reiterado: Al presidente Vicente Fox, al gobernador
Zeferino Torreblanca, y al alcalde Alberto López Rosas, a
que respeten la decisión del pueblo de no a la presa La Parota.
Explica que hacen este llamado
después de que una vez más demostraron que los opositores al proyecto de la
CFE son mayoría, y anuncia que si hay otro intento de asamblea para imponer
el proyecto buscarán las formas para impedirla como lo hicieron este domingo
14.
Asimismo, denuncia que el domingo
el gobernador Torreblanca y el alcalde López Rosas montaron una provocación
contra los opositores, y consideran como una agresión el envío de mil 500
policías para tratar de detener a los campesinos en los caminos, amenazándolos
y encañonándolos, quitándoles los machetes y cerrando el paso hacia la asamblea
en la comunidad de El Campanario.
“Nosotros fuimos los agredidos”,
refuta Felipe Flores las declaraciones del gobernador que los acusa de haber
cometido delitos. Y en particular, sobre el comunero que fue herido en la
cabeza, dice que Torreblanca miente cuando afirma que sus propios compañeros
lo golpearon, porque fue herido en la cabeza por el toletazo que le dio un
policía.
No somos rijosos,
somos campesinos dignos
En nombre de su organización, Felipe
Flores responde.
–¿Cómo evalúan
lo que pasó el domingo en El Campanario?
–Ayer ganamos la batalla pero no
la guerra porque el gobierno tiene todo el dinero y los recursos para tratar
de imponer la presa.
“Nuestra posición ha sido clara,
y la reiteramos, es no ceder las tierras a la CFE porque nunca cumple, siempre
engaña, donde quiera que ha llevado a cabo sus presas no ha habido en desarrollo
que promete.
“Al gobernador le decimos que él
no tiene que decidir por nosotros, ahora nos llama rijosos, cuando nos debería
llamar dignos porque defendemos la madre tierra que ellos quieren entregar
a las transnacionales”.
–El gobernador insiste en que los
que están a favor de la presa son mayoría.
–(El líder
de la CNC del PRI) Evencio Romero le hizo creer
que la mayoría está a favor, es mentira, él no sabe porque nunca le hemos
permitido la entrada a nuestras tierras a esa lagartija; los de la CNC siempre
han vivido del presupuesto del pueblo.
“Queremos manifestarle al gobernador
que no se confunda y que no se preste a la CFE, ya que la CFE dice que la
presa va a dar agua, no es cierto, va a generar electricidad. Dicen que de
19 núcleos agrarios 14 están de acuerdo, pero Cacahuatepec
no es un solo pueblo, tiene 47 anexos, y sólo pequeños grupitos quieren la
presa porque la CFE los tiene comprados, y ahora les exige que cumplan con
aprobar el proyecto y ceder las tierras”.
Acerca del presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Crecencio Jerónimo Aparicio, dice que “lo importante
es que la comunidad ya se dio cuenta de qué clase de representante tenemos,
no vamos a permitir que él decida por nosotros, y nosotros ya decidimos que
no queremos La Parota, y no la van a hacer a menos que pasen por nuestros
cadáveres”.
–El gobernador sigue considerando
minoría a los opositores.
–Él no sabe. Ayer en el lugar de
la asamblea había unos 25 comuneros a favor del proyecto, ellos dicen que
eran 400, pero sólo eran 25, y algunos eran de San Marcos, de San Juan Grande,
San Juan el Chico, Tierra Blanca, Tamarindo, pero no de nuestro municipio,
nosotros conocemos a nuestra raza, los que estaban ahí no van a ser afectados.
Afera había unos 400 comuneros, que no entraban a la asamblea
porque nos estaban esperando, pero ellos están en contra del proyecto.
“¿Cómo
es posible que Zeferino se esté prestando a algo
que no conoce, no ha entrado a las tierras, no ha hablado con los campesinos.
“Luchamos por un cambio que anhelaba
el pueblo y nos damos cuenta que sigue lo mismo, siguen las prácticas priístas,
se ve que Zeferino no tiene capacidad, quedó rebasado
como gobernador y desde aquí decimos que no vamos a permitir que seamos marginados
ni pisoteados, que exigimos que se respeten nuestros derechos ya que no hay
ninguna ley que diga que a fuerzas tenemos que vender nuestras tierras. No
hay artículo en la Constitución que diga que a fuerzas tenemos que ceder las
tierras a caprichos de las trasnacionales, Zeferino
no conoce el proyecto y no sabe que pertenece al Plan Puebla Panamá.
“También llamamos a Jorge Campos
(el ex portero de futbol, dedicado a una campaña
para promover el proyecto de la CFE) a que deje de andarse metiendo adonde
no lo llaman porque vamos a quitarle sus tierras para darlas a los colonos
desalojados de Granjas del Marqués, que sepa que La Parota no son sus tierras”.
–El comisariado
de Bienes Comunales ya anunció que convocará a una nueva asamblea.
–No vamos a permitir que se lleve
a cabo. Igual vamos a tomar otras medidas para que no se lleve a cabo, y hacemos
responsables a los tres niveles de gobierno y a la CFE, a Víctor Hugo Chávez
Chávez (el residente de asuntos sociales del proyecto
La Parota), a Humberto Marengo (el encargado de proyectos hidroeléctricos
de la CFE), y al director Alfredo Elías Ayub. Ellos
son los que vienen a provocar y nuestro gobierno se presta a que los campesinos
seamos objeto de burla y de provocación.
“Ayer les demostramos al gobierno
y la CFE que somos la mayoría los que defendemos nuestra tierra, pero el gobernador
se presta al engaño y la falsedad.
“Ayer nosotros éramos como 2 mil
pero en los retenes no dejaron pasar a nestra raza.
No tuvimos recursos para mover a nuestra gente, muchas familias llegaron caminando
porque no pudimos pagar el transporte. La CFE sólo pudo llevar a los campesinos
que estaban sentados en las sillas que eran como 25, se gastarían más de 5
millones para montar la asamblea, y no lo lograron. A la gente que fue le
dieron 200 o 300 pesos, y la torta y el refresco, porque las mañas priístas
no se van a acabar porque los gobiernos que escogemos cuando andan en campaña
no dicen la verdad, y cuando llegan nos dan la espalda”.
La CFE vino a interrumpir
la paz social
–El gobernador dijo que se van
a iniciar averiguaciones contra los opositores por la violencia en El Campanario
¿Qué van a hacer?
–Vamos a llamar a las organizaciones
sociales que están a favor de nosotros para hacer una marcha y exigirle a
Zeferino que no sea opresor y que no reprima a los
campesinos, por qué se ensaña con ellos, por qué amenaza de esa manera para
que vendan sus tierras. El debe actuar contra la CFE porque desde que entró
vino a interrumpir la paz social, no habíamos tenido confrontaciones con nuestra
propia raza, y vino a destruir árboles, cercas, a hacer carreteras sin el
consentimiento de los campesinos.
“Zeferino
trata de confundir y de atemorizarnos porque él está a favor de los empresarios
y de las trasnacionales; él es empresario, y ya se entrevistó con (Carlos)
Slim para que venga a invertir, ¿pero
quién es él para decidir, el gobernador es representante del estado, pero
no es el dueño que va a decidir en nuestras tierras por nosotros”.
–Dice el gobernador que en la asamblea
los opositores pueden demostrar que son mayoría.
–No queremos la asamblea porque
es un engaño. La de ayer ya tenía todos los documentos hechos, era una faramalla
que estaban haciendo aunque la mayoría dijera que no. No vamos a permitir
la asamblea porque es para despojarnos de nuestras tierras, es lo que quieren
con la asamblea.
“¿Cómo se va a llevar a cabo una
asamblea libre y soberana con más de mil 500 policías hostigando a la gente?
En los retenes nos cortaron cartucho, nos amenazaron con armas, nos encañonaron.
¿Cómo no íbamos a responder a la agresión si ellos nos estaban agrediendo?
Y ya en el lugar a un compañero de nosotros le abrieron la cabeza con un tolete,
a una compañera le pegó un policía con una silla y a otro compañero le echaron
gases y lo dejaron lastimado”.
“Y sobre las agresiones que sufrimos
ayer, le queremos decir a (el alcalde de Acapulco Alberto) López Rosas, que
sus policías nos encañonaron y nos cortaron cartucho en un retén, y le decimos
que no se siga prestando al juego de la CFE y que no mande policías porque
él será responsable de lo que pase.
“Le queremos decir a López Rosas
que fije bien su postura, que no está en sus manos decidir por nosotros la
venta de las tierras, y que no debe entrevistarse con los chinos que quieren
hacer la presa, ya que ellos en su país están demandados por genocidio y ecocidio cuando hicieron la presa de las tres gargantas”.
Confían dirigentes empresariales de Acapulco que
sí se construya La Parota. (El Sur, Karina Contreras,
p.web).
Los presidentes
de Canaco, Coparmex y joyeros opinan que la autoridad
no debió tomar acciones agresivas contra los comuneros, pero piden que se
aplique la ley contra quienes comenzaron la trifulca
Al expresar su confianza en que
se lleve a cabo el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, los dirigentes
de la Canaco y de la Coparmex, Abelardo Luna David
y José Jorge Bajos Valverde, exigieron castigo para los culpables del enfrentamiento
entre policías y opositores de este domingo, el cual impidió la asamblea de
los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para
analizar el anuncio de la expropiación de los terrenos.
Mientras que el presidente de la
Asociación de Joyeros y Plateros de Acapulco, Arturo Flores Mercado, opinó
que la autoridad estatal “no debió tomar este tipo de acciones agresivas sino
retirarse porque en alguien debió caber la sensatez”.
Al consultarlos por separado, los
dirigentes empresariales consideraron que sí es factible aún la construcción
de la hidroeléctrica pues atraerá más fuentes de empleo y derrama económica
para el estado.
Flores Mercado lamentó el enfrentamiento
de este domingo pero confió que posteriormente haya un acuerdo y diálogo entre
ambas partes.
“Es triste lo que sucedió ayer
porque se esperaba un buen arreglo, se esperaba que por medio del diálogo
hubiera acuerdos; es lamentable porque hubo violencia pero también las autoridades
estatales no debieron tomar ese tipo de agresividad, sino retirarse porque
si no hay diálogo lo mejor es retirarse y buscar otros espacios”, dijo.
Aun así confió en que el proyecto
se apruebe siempre y cuando no se engañe a los comuneros con el pago de sus
predios y ser justos al momento de negociar.
Del enfrentamiento, reflexionó
que “no se tenía que dar” porque en alguna de las partes debió “caber la sensatez.
En este caso el gobierno del estado debió demostrar la sensatez y sobre todo
el profesionalismo y nunca apostar a la violencia, menos en algo similar a
lo de Aguas Blancas; sabemos que la gente es reacia pero en alguien debe caber
la sensatez”.
Flores Mercado opinó que no es
posible saber con certeza si la mayoría eran opositores porque en el asunto
“hay intereses de líderes que buscan sus propios beneficios”.
Por su parte, el presidente de
la Coparmex Acapulco, José Jorge Bajos Valverde,
dijo que la autoridad respectiva tiene que actuar y que aquello que viole
la ley debe ser castigado.
“La cosa es que los que violaron
la ley tiene que ser castigados sea quien sea. Soy optimista y confío en que
el proyecto se hará porque es un beneficio para la región pero todo encausado
por la ley, no podemos permitir que se viole el estado de Derecho sea quien
sea”, insistió.
El también hermano del director
de Comunicación Social del gobierno del estado, César Bajos, se dijo respetuoso
de las decisiones que tomen los comuneros pero también les exigió respeto
a la ley.
Mientras que el presidente de la
Canaco Acapulco, Abelardo Luna David, indicó que el derecho general debe estar
sobre el particular y que “no se debe permitir” que un proyecto como éste
sea detenido por “un grupo de inconformes que seguramente están siendo afectados,
pero que finalmente no pueden supeditar su beneficio sobre el beneficio común”.
Señaló que todo aquel que vaya
contra la ley y contra el beneficio común “tiene que ser reprendido; ya estamos
cansados de que un grupo de personas rapten nuestras opciones de desarrollo,
nuestra tranquilidad y eso lo vemos en todos los esquemas”.
Dijo que el gobierno del estado
tiene el apoyo de la Canaco si decide oficializar las demandas contra quienes
resulten responsables.
“Así como a los transportistas
que paralizaron la ciudad se les debió seguir un procedimiento y no dejarlos
salir nueve horas después. Estamos de acuerdo con que se les entable un proceso
penal hasta sus últimas consecuencias”, puntualizó.
Critican defensores de derechos humanos los retenes
policiacos. (El Sur,
Ezequiel Flores, p.web).
Dicen que
se pretende imponer un modelo contrario a los campesinos y que la CFE oculta
información y divide
Representantes de organismos no
gubernamentales defensores de los derechos humanos señalaron ayer que en el
proyecto La Parota, la Comisión Federal de Electricidad ha dividido a los
comuneros al difundir información parcial, oculta los posibles daños ambientales
que podrían causarse y no ha tomado en cuenta la opinión de todos los comuneros
involucrados.
El director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera
Hernández, consideró un riesgo que los tres niveles de gobierno traten de
imponer un modelo de desarrollo que no busca abatir la pobreza campesina,
“sino polarizar aún más a las clases sociales”.
Calificó de peligroso que en este
tipo de conflictos, la policía apunte a ciudadanos, porque refleja “una actitud
dura” que no tiene nada que ver con el Estado de derecho, que está basado
en el diálogo y el respeto de las garantías individuales.
A un día de que policías estatales
y municipales golpearon con toletes, piedras y sillas a campesinos opositores
a la presa La Parota, que llegaron a la comunidad de El Campanario para impedir
la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
donde se pretendía imponer la anuencia para la expropiación de las tierras,
Lilia Moreno, visitadora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, criticó la instalación de retenes con policías armados instalados
en dos comunidades previas a la sede de la asamblea frustrada.
“En lugar de ser una medida preventiva,
parecía más una acción de las autoridades municipales y estatales para obstaculizar
la participación de los comuneros opositores”, expresó en declaraciones telefónicas.
Lilia Moreno, quien acudió con
una comisión de observadores del grupo de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales a la comunidad de El Campanario para documentar la realización
de la asamblea que se canceló por la trifulca, informó que se encuentran elaborando
un reporte sobre los hechos y que en breve sería difundido.
En la trifulca tuvieron responsabilidad
las autoridades federales, estatales y municipales por la forma como han actuado
y señaló que la CFE ha dividido a los comuneros al difundir información “parcial
y poco objetiva”, ya que habla de beneficios y de empleos para los comuneros,
sin mencionar que éste será temporal, sólo mientras dure la construcción,
después será personal calificado el que se encargará de operar los sistemas
de la hidroeléctrica, indicó.
“Ésta ha sido la política del gobierno
federal, implantar planes y proyectos sin consultar a la gente; efectuar una
asamblea con esos factores, refleja una mala actuación de las autoridades”,
aseveró.
Por su parte, la secretaria técnica
de la Red Guerrerense de Organismos Defensores de los Derechos Humanos, Silvia
Castillo, abundó que la CFE ha ocultado los datos sobre el daño ambiental
que sufrirá la zona y sólo habla de beneficios económicos.
Barrera Hernández, dijo que el
gobierno del estado no ha querido asumir la responsabilidad de consultar a
los ciudadanos para atender las grandes demandas de los pueblos indígenas
y campesinos, factor que es indispensable para consolidar un sistema democrático,
“por el contrario se ha creado un clima de polarización”.
Lamentó que dentro de la estructura
gubernamental no haya instancias mediadoras que permitan el acercamiento entre
las diferentes partes en conflicto, los dos grupos de comuneros tienen derecho
a expresar sus ideas y por lo tanto deben ser escuchados, indicó.
“Preocupa que en este tipo de conflictos
afloren actitudes policiacas poco tolerantes como
la utilizada hasta ahora por el gobernador, Zeferino
Torreblanca Galindo, quien ha señalado que son pocos los que se oponen a la
presa, cuando debería asumir en su justa dimensión este conflicto”, criticó.
Los grandes proyectos incluidos
en el Plan Puebla Panamá como el de La Parota –afirmó Barrera– no están fundamentados
en criterios democráticos, y alertó que se ha visto que la CFE le está apostando
al desgaste para imponer un modelo de desarrollo que no busca abatir la pobreza
de los campesinos, “sino polarizar aún más a las clases sociales”.
Integra la PGJE averiguaciones contra los comuneros
opositores. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
Señala a
quien resulte responsable de los “desmanes” del domingo en El Campanario,
informa el subsecretario de Seguridad Pública
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) comenzó a integrar las averiguaciones previas en
contra de comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota que impidieron
por la fuerza la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahutepec, informó ayer el subsecretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, Rafael Cortés Badillo.
El pasado domingo, policías estatales
y municipales golpearon con toletes y sillas a campesinos opositores a la
presa, que a pedradas y empujones, rompieron el cerco que había sido preparado
para impedir que ingresaran a la reunión convocada para validar la expropiación
de sus tierras.
A la pregunta de un reportero sobre
la posible cuantificación de los daños materiales a la Secretaría de Seguridad
Pública y lesiones a policías estatales, Cortés Badillo dijo que corresponde
a la PGJE dictaminar al respecto e incluso señaló que ésta “ya tomó participación”
y empezó a integrar una serie de averiguaciones previas, en contra de los
campesinos que causaron “desmanes” el domingo pasado.
Sin embargo dijo que no recordaba
por qué delito se integraron las averiguaciones y mencionó que no se acusa
específicamente a alguno de los dirigentes campesinos “es contra quien resulte
responsable, no hay ninguna persona determinada a quien se esté señalando,
la participación fue conjunta de varias personas, pero las autoridades investigadoras
harán deslinde correspondiente”.
Agregó Cortés Badillo que a los
resultados de la investigación que haga el Ministerio Público del fuero común,
se deberá agregar el caso de la cuantificación de los daños “sobre todo porque
ahí intervienen peritos, en ese sentido, ahorita
no puedo estar especulando”.
Por la insistencia de reporteros
de conocer el número de policías estatales lesionados, Cortés Badillo contestó
que no tiene más información que la que se publicó en medios impresos, “sé
que llegaron algunas personas, causaron algunos desmanes, pero la autoridad
investigadora es la que se va a encargar de dar a conocer los resultados”,
apuntó. Teresa de la Cruz / Chilpancingo).
La presa, plan de EU para controlar agua y energía:
Guillermo Almeyra. (El Sur, Lourdes Chávez, p.web).
Recuerda
el éxito de los movimientos contra la presa de San Juan Tetelcingo
y la pista de la General Motors
El proyecto de la presa hidroeléctrica
La Parota es parte de un plan de Estados Unidos para garantizarse el suministro
de agua y de energía, señaló el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Guillermo Almeyra Cázares,
durante el foro La izquierda frente al neoliberalismo y la mundialización
que organizó el Movimiento Cívico del PRD.
El académico y articulista semanal
en el periódico La Jornada explicó que el control de esos elementos es uno
de los grandes objetivos de Estados Unidos, pues “quien tenga agua y energía
mañana será dueño de todo. Ahora busca La Parota, para después ir tras Guatemala,
luego El Salvador” y así seguir tomando control de estratégicos recursos naturales.
Durante su conferencia, el universitario
opinó que no importa cuántos compromisos haya firmado el gobernador Zeferino
Torreblanca en torno a la hidroeléctrica, “La Parota no es sagrada”.
Consideró que la decisión de su
construcción debe ser de la mayoría de los campesinos agraviados, y como ejemplo
de la lucha de oposición a proyectos similares en Guerrero mencionó el movimiento
de los indígenas nahuas del Alto Balsas.
Recordó que las comunidades agrupadas
en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas se movilizaron en los 90 contra
el proyecto de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, y ya en el gobierno de René Juárez Cisneros también
tuvieron éxito en su rechazo a la construcción de una pista de pruebas de
la General Motors en el municipio de Tepecoacuilco.
Almeyra Cázares señaló que “Zeferino Torreblanca
podría haber firmado cualquier tipo de documento, pero lo primero para determinar
la construcción de la presa debe ser de todos son los campesinos, pero de
todos, no de tres o cuatro, o de las autoridades”, apuntó.
Sobre el tema de la conferencia,
La izquierda frente al neoliberalismo y la mundialización
dijo que actualmente se encuentran en crisis todos los aparatos de mediación
que de alguna manera sirven de colchón entre las clases sociales, que son
los partidos políticos, las direcciones sindicales, la Iglesia católica.
Es necesaria, dijo, la creación
de nuevas instituciones para establecer nuevas relaciones entre los grupos
de poder y la población, para comenzar una nueva política de discusión, y
mencionó instancias organizativas como los comités de base, frentes ciudadanos,
foros de discusión, casas de la cultura, comités de vecinos, lugares donde
se inculca el intercambio de ideas.
“Comenzar desde abajo, no partiendo
de cero, sino partiendo de los balances, de los aciertos, de las experiencias
positivas de la historia, es la única forma de trabajar”, insistió.
Guillermo Almeyra
señaló que existe una izquierda social muy pobre y desunida y que lo que hay
que hacer es definir una política de izquierda. “Esa izquierda social debe
organizarse y conquistar su independencia política para trasformarse en izquierda
política”, dijo en el acto que fue moderado por el senador Saúl López Sollano
y conducido por el diputado federal Juan García Costilla en un salón del hotel
Las Hamacas ante unos cien asistentes.
Campesinos con machetes y quemando papeles, en
un video editado por el gobierno. (El Sur,
Ricardo Castillo, p.web).
Un día después
de la suspensión de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para analizar la anuencia para la expropiación
de los terrenos para el proyecto La Parota, el gobierno del estado presentó
un video editado de lo sucedido en la comunidad de El Campanario.
En conferencia de prensa el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo y el alcalde Alberto
López Rosas hablaron sobre el tema.
Antes Torreblanca dijo que tenía
un video que quería mostrar sobre lo sucedido el domingo y preguntó a reporteros
si lo hacía en ese momento o después. Algunos reporteros le pidieron primero
su postura sobre el tema, y luego el video, después el gobernador volvió a
mencionar el video pero se comenzó con las preguntas. Al final, a pregunta
expresa el gobernador dijo que ganó la mayoría y por eso no se mostró el video.
En el video que se mostró a El
Sur –en una cámara portátil– se muestran imágenes de policías revisando
a quienes llegan en camionetas, caminando a la asamblea. Incluso está el momento
en que una mujer policía Preventiva muestra un machete que se encontró a un
campesino.
Después se observa a uno de los
líderes opositores al proyecto, Marco Antonio Suástegui
molesto y con machete en mano enfrentándose a los policías.
El video muestra cómo los policías,
encabezados por un comandante de la Policía Estatal, con gorra azul y pantalón
de mezclilla, tratan de calmar a los campesinos.
Y cómo varias mujeres con palos
llegan a donde están las mesas, afuera del espacio que se preparó para la
asamblea, y comienzan a golpearlas, tirarlas.
Después se ve cómo ya adentro del
espacio llegan a donde están varios documentos y los tiran, así como varias
sillas y comienzan a mover el toldo.
Los mismos papeles son depositados
en un bote y les prenden fuego en diferentes ángulos.
Hay otra imagen donde se ve cómo
un policía se repliega entre las sillas ante los campesinos.
Además se ve a un campesino machete
en mano festejando que no se lleve a cabo la asamblea.
En el video no se observan los
retenes que se instalaron y donde policías encañonaron a algunos comuneros
y cortaron cartucho a sus armas.
Tampoco muestra que los policías
también contestaron la agresión y con piedras, sillas y palos golpearon a
varios campesinos.
Llama el senador López Sollano
a priorizar la vida y la preservación de la naturaleza. (El Sur, Lourdes Chávez, p.web).
El senador del PRD, Saúl
López Sollano, condenó el enfrentamiento entre las
policías estatal y municipal contra el grupo opositor a la presa La Parota
y exigió a los tres órdenes de gobierno generar un ambiente de discusión y
de consenso, pues es preferible priorizar la vida de los guerrerenses, la
preservación de los recursos naturales, “a un proyecto que puede beneficiar
dudosamente al estado de Guerrero”.
Calificó de “muy lamentables” los
hechos del domingo y dijo que “como senador de la república condeno y hago
un reclamo a las autoridades federales, estatales y municipales, para que
no usen la violencia y haya una salida concertada”.
López Sollano
pidió que en adelante, en las negociaciones con la CFE participen todos los
campesinos que viven en la región que se vería afectada por la presa, con
la libertad para expresar sus opiniones, sin presiones y por supuesto sin
violencia. A los comuneros los conminó a actuar con mucha cautela y dentro
del marco de la ley.
En cuanto a las autoridades estatales
y municipales, que no acepten provocaciones de ningún tipo y que se sienten
en la mesa de negociaciones, pues lo que hace falta es más discusión.
Al gobierno federal exigió que
haga públicos los estudios de factibilidad
ambiental de La Parota, así como todos los estudios técnicos para ver
cuál es el grado de avance en este tema.
El senador consideró que el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo nada tuvo que ver con
la orden de agredir a los comuneros opositores al proyecto, más bien dijo,
“la fuerza pública acudió para tratar de mediar y mantener el orden, pero
de ninguna manera se puede tolerar que la policía golpee a la gente”.
Sobre el corte de cartucho de los
policías y el hecho de que trataron de impedir el paso a los comuneros opositores,
López sollano insistió en su llamado a las autoridades
para que no impidan la libre circulación de la gente, y que por el contrario
generen un ambiente de opinión y de consenso entre las comunidades.
Descartó que este acto sea comparado
con las acciones de represión iniciadas en gobiernos anteriores al PRD en
el estado. “No, de ninguna manera, es lamentable, estoy en contra de que la
policía golpee a la gente, pero de ninguna manera podemos comparar al gobierno
de Zeferino con el gobierno de Figueroa Alcocer.
No es la misma actitud, definitivamente”, dijo.
El proyecto es bueno, pero no se justifica el uso
de la fuerza: alcalde de Chilpancingo. (El Sur,
Zacarías Cervantes, p.web).
El alcalde de
Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca dijo que el proyecto de La Parota es importante
para el desarrollo del estado y para el abastecimiento de agua sobre todo
para el municipio de Acapulco, sin embargo señaló que no se justifica el uso
de la fuerza pública para imponerlo.
El alcalde, entrevistado durante
una reunión en el salón de cabildos en donde entregó mochilas a niños estudiantes
de primaria, dijo que el gobierno estatal debe agotar el diálogo con los campesinos
contrarios a la construcción de la presa.
En el caso del municipio de Chilpancingo,
sólo una comunidad se encuentra ubicada en la zona, Julián Blanco, sin embargo
con ella “no hay problema”, pues sus habitantes no serán reubicados como ocurre
con comunidades de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, Quechultenango
y San Marcos.
Sin embargo, el edil dijo que “está
muy mal” que se pretenda imponer por medio de la fuerza pública, pues “si
no se hace mediante el diálogo y el entendimiento mutuo, no va a haber resultados
nunca jamás”.
No obstante, el edil dijo que las
autoridades no deben repensar el proyecto puesto que “es muy bueno, porque
va a dar empleo y agua para la ciudad más importante que tenemos en el estado,
como es Acapulco. Es un proyecto muy importante para la vida del estado y
del país”.
Sin embargo señaló que no vale
la pena que se imponga mediante la fuerza pública con el riesgo de violencia,
“primero hay que dialogar con la oposición hasta que se agote el dialogo.
Tenemos que ponernos a platicar con quienes tienen la intención de echar abajo
este proyecto. Siempre valdrá la pena agotar el dialogo”, insistió el alcalde.
Alarcón Abarca rechazó que los
hechos del domingo tengan similitud con los que llevaron a la masacre del
vado de Aguas Blancas, “puesto que las circunstancias y los objetivos son
totalmente diferentes”.
El problema no se resolverá con represión, dice
el PRD estatal. (El Sur, Zacarías Cervantes,
p.web).
El dirigente estatal
del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, rechazó el uso de la fuerza pública
para imponer el proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota, pues “problemas
como éste no se resuelven con violencia o con represión”, y demandó mayor
mesura por parte de las autoridades estatales y municipales.
El dirigente perredista
señaló que el gobierno estatal no debió correr el riego de la violencia el
domingo pasado, cuando fuerzas de seguridad pública municipal y estatal intentaron
impedir el paso de opositores a La Parota y después arremetieron contra ellos
en la localidad de El Campanario, municipio de Acapulco, al punto en que incluso
se cortó cartucho contra un contingente en el que iban reporteros de El Sur.
“Un pueblo cuando defiende sus
intereses es arrojado y que recuerden las autoridades que por la defensa de
la tierra ha habido muchos muertos”, advirtió De la Rosa, y agregó que “afortunadamente
el incidente no pasó más allá del riesgo”.
No obstante, el dirigente partidista
rechazó que las circunstancias del domingo se hayan presentado igual que en
el caso del vado de Aguas Blancas, pues “en este caso no creo que los policías
hayan llevado la orden de actuar” contra los inconformes, dijo.
Y luego cuando se le recordó que
incluso algunos policías cortaron cartucho indicó que “lo que pasa es que
algunos se ofuscan y llegan a actuar de esa manera, pero no creo que la orden
haya sido esa, pero que bueno que las cosas no pasaron a mayores”, reiteró.
Para De la Rosa los problemas que
impiden que se lleve a cabo el proyecto deben resolverse, y aunque señaló
que en el PRD hay diferentes puntos de vista indicó que personalmente considera
que ese proyecto garantiza el desarrollo del estado.
Adelantó entonces que después del
proceso de selección interna de los candidatos a alcaldes y a diputados locales,
la dirigencia estatal discutirá sobre La Parota para que el PRD asuma una
postura en torno al caso.
Pero de entrada indicó que las
autoridades deben garantizar que con este proyecto no se violenten los derechos
de los campesinos y que a los afectados no solamente se les garantice una
indemnización por sus tierras, sino también beneficios directos como empleos
y otro tipo de ingresos extraordinarios para su subsistencia.
No pueden “200 o 300 personas” poner en riesgo
el proyecto, según el PAN municipal. (El Sur,
Karina Contreras, p.web).
El dirigente del PAN municipal,
Marco Antonio Pérez Jaimes dijo que a pesar de la
violencia del domingo por la presa La Parota, éste debe tener futuro en Guerrero,
pues “creo que 200 o 300 personas que se oponen a un proyecto de tal importancia
no lo pueden poner en riesgo”.
El dirigente panista
expresó su opinión durante una conferencia de prensa donde dio a conocer los
nombres de los integrantes de candidatos a regidor en Acapulco, y a pregunta
expresa dijo que la del domingo es “una protesta contra un proyecto que traerá
beneficios a Guerrero” tanto en la generación de energía eléctrica como en
la creación de empleos.
Y aunque dijo que no están de acuerdo
en que haya represión de las policías, “es una obligación de las autoridades
prestar seguridad a quienes la solicitan, porque en esos momentos estaban
en una zona de alto riesgo y había peligro para quienes es ese momento estaban
interviniendo en ese acto”.
–¿Se justifica
el hecho de que los policías hayan cortado cartucho? –se le preguntó.
–La violencia no se justifica venga de donde venga.
Nosotros la condenamos enérgicamente e incluso creemos que debió hacerse un
trabajo de cocientización previo a todo esto, pero
también condenamos la actitud de algunos líderes que están exacerbando ese
sentimiento de rencor y odio a proyectos
que van beneficiar a Guerrero.
Pérez Jaimes
dijo que la actitud del gobernador Zeferino Torreblanca
ante la situación, debe ser que impere el Estado de derecho y la ley por encima
de cualquier interés de grupo o persona.
Por su parte, el diputado federal
del PAN, Ángel Pasta Muñuzuri a pregunta de qué
ha fallado en el caso La Parota para que se llegue al nivel de violencia del
domingo, señaló que se deben desplegar “los mejores oficios” ante los inconformes,
“pero también se debe aplicar la ley para aquellos que llevan a cabo los disturbios
y, que lejos de ser de la comunidad, son boicoteadores profesionales que buscan un benéfico personal”.
–¿Qué grado
de responsabilidad le tocaría a la CFE en esta situación?; ¿no tendrá operadores políticos eficaces? –se
le preguntó.
– Yo no podría decir que no los
tiene, pero sí es importante que genere aquellos que sí tiene, que puedan
ser los mejores hombres y mujeres que puedan llevar a cabo esta negociación.
Un despliegue de poder y desperdicio, la asamblea
sobre La Parota, se queja. (El Sur,
Cartas, p.web).
Señor director:
Se salió de control la asamblea
amañada que se pensaba llevar a cabo en la comunidad de El Campanario, a pesar
de todo el poder de resguardo de Acapulco que se concentró en esta comunidad,
dejando a la delincuencia y narcotráfico libertad para su labor.
Triste fue ver policías del estado
(vestidos de negro), policías preventivos municipales (vestidos de azul),
pseudo antimotines, policías ecológicos (vestimenta verde) y uno que otro
policía de civil corriendo ante la respuesta del campesino cansado de ser
su burla, quienes perdieron la paciencia y derribaron la vallas con que se
les impedía ser tomados en cuenta.
Después de sortear dos retenes
policiacos (revisaban todos los automóviles para no dejar
pasar a los campesinos con su herramienta de trabajo) y ser despojados de
las astas de nuestras banderas, llegamos a donde se llevaría a cabo la mentada
asamblea y cuál sería nuestra sorpresa al ver el despliegue de poder y desperdicio
de recursos económicos en un acto simple.
Un gigantesco escenario en el que
jamás se ocupó siquiera la octava parte: sanitarios móviles para damas y caballeros,
un conjunto que tocaba para acallar voces de “No a la Parota”; “La tierra
no se vende, se ama y se defiende’; “No están solos”; “Jorge Campos vende
a tu madre”; “Los traidores no pasarán”; “Comisión entiende la tierra no se
vende”; “La gente se cansa de tanta pinche transa”;
“No somos uno, no somos cien”, entre otras.
Se rastrillaron los caminos y se
dotó de energía eléctrica el lugar (querer es poder), se hicieron varios estacionamientos
para visitantes o invitados a la asamblea y todo por una asamblea amañada
(a cien pesos se pagó el voto a favor de la construcción de la presa) que
al final se canceló porque se agotó la paciencia por tanta humillación acumulada
en un solo día.
Al final, golpeados, tal vez detenidos
y órdenes de aprehensión es el resultado
de una mala, pésima actuación de los gobiernos que no escuchan al pueblo que
los llevó al poder y que solamente se han dedicado a dividir familias, amigos,
compañeros, vecinos, seres humanos, que su único delito es tener en propiedad
las tierras que las trasnacionales ambicionan (Plan Puebla Panamá).
¡Nunca más un México sin nosotros!
¡Socialismo y zapatismo, venceremos!
¡Por el bien de la cultura y la
ecología!
¡Vivan los comuneros de Guerrero!
¡No a la presa la Parota!
¡Viva México, viva México!
Atentamente
José Antonio Maciel Pérez
En La Parota ¿quién le hace el juego a la derecha?,
pregunta. (El Sur, Cartas, p.web).
Mi estimado
Juan: Te ruego la inclusion de la presente.
En primer lugar, agradecerte profundamente
la cobertura de los acotecimientos en La Parota,
agradecerles a los reporteros de El Sur por su valor y honestidad,
agradecerles, con el corazón, a los hombres y mujeres del campo de Guerrero
por su dignidad, por su sangre. Esa sangre es la de Vicente Guerero, la de Emiliano Zapata, la de Lucio Cabañas.
¿Quién dijo que el sub se equivocó al juzgar tan terriblemente al PRD?
¿Quién dijo que los zapatistas de Chiapas le hacían el juego a la derecha?
¿Qué va a decir Andrés Manuel de
sus amigos de Guerrero? ¿También guardará silencio para no perder votos en
la clase media ilustrada, ante esta violenta e incivilizada irrupción de los
guarachudos y mugrosos?
Dijera otro michoacano ilustre,
don Efrén Capiz: ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Desde la tierra de don Emiliano,
recibe un abrazo cordial.
Juan Ignacio Suárez Huape
Presidente del
Observatorio por la Transparencia AC
Cuernavaca, Morelos
Consideran legisladores que se
busque el diálogo en “La Parota”. (El Despertar
del Sur, maría Antonieta Cárcamo, p.web).
Chilpancingo, Gro. Legisladores de
las fracciones parlamentarias del PRI y representantes de los partidos Convergencia
(PC) y de la Revolución del Sur (PRS), consideraron que se deben buscar los
mecanismos de diálogo para concretar al proyecto de “La Parota”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan
José Castro Justo, opinó que este proyecto es muy importante para el estado
como inversión y fuente generadora de empleo y es un proyecto importante para
el país por la generación de electricidad.
Sin embargo, aclaró que el procedimiento de expropiación tiene
que apegarse a la ley. “Para estar apegado a la ley tiene que realizarse la
asamblea de comuneros de ese núcleo agrario para dar su aprobación o no”.
Opinó que lo importante ahora es que con trabajo político y
con apego a la ley, se garantice la realización de la asamblea de los comuneros
libremente y democráticamente para que ellos tomen la determinación.
Dijo tener conocimiento que en esta asamblea se reunirían todos
los comuneros quienes habrían de tomar la decisión libremente, “que finalmente
no se llevó a cabo la asamblea por la presencia de un grupo minoritario que
se presentó como grupo de presión y provocó estos hechos”.
Interrogado si habría la injerencia de grupos extraños en el
conflicto de “La Parota”, Castro Justo consideró que se debe de rechazar la
presencia de grupos externos al problema “yo creo que los comuneros tienen
la suficiente madurez para decidir por sí solos y cualquier interés extraño
al estado se debe rechazar y condenar”.
Exhortó a crear las condiciones para que se pueda llevar a
cabo la asamblea y para que se desarrolle con tranquilidad, para que decidan
de manera libre esta determinación próximamente.
Por su lado, el representante del PRS, Heriberto Noriega Cantú,
lamentó los hechos de violencia que se suscitaron en la comunidad de Cacahuatepec, donde opositores al proyecto de “La Parota”
se enfrentaron durante la realización de la Asamblea que se llevaba a cabo
en esta comunidad.
“Creo que la mayoría de los guerrerenses debemos estar a favor
de que lleguen las inversiones públicas y privadas como el proyecto de “La
Parota” por los beneficios para Guerrero y Acapulco”, sostuvo.
Recordó el caso de la cancelación del proyecto de la General
Motors “cuando vemos el resultado de la cancelación
de la General Motors, en los Altos del Balsas, vemos
que siguen con su pobreza y con tierras improductivas”.
En el caso de La Parota, aseguró que todos deben seguir
empeñándose en que el proyecto salga y se haga realidad, “naturalmente sin
lesionar los intereses de los operadores de estas tierras, se debe de seguir
empeñando con operadores políticos este gobierno y la CFE para que esto quede
resuelto y no se vaya de Guerrero”.
Confió en que este problema no se politice “ojalá y no, pero
parece que están cargadas las intenciones de quienes los rechazan con la influencia
del movimiento del estado de México y otros líderes que se han instalado para
evitar a toda costa”, y pidió que prevalezca la cordura y se mantenga el diálogo.
En tanto que el representante del PC, Félix Bautista
Matías, opinó que el asunto de “La Parota” se está complicando y consideró
que deben buscarse los mecanismos para que se concrete este ambicioso proyecto
que traerá desarrollo económico y tecnológico para el estado.
“En Guerrero tenemos un gran rezago en todos los rubros; sin
embargo, una cosa de justicia es atender aquellos que van a ser afectados
en sus tierras y propiedades y garantizarle el pago por parte de la CFE”,
sostuvo.
Denuncian presencia de extranjeros en conflicto
“La Parota”. (El Despertar de la Costa,
Nereo Galindo, p.web).
Acapulco, Gro.-
Extranjeros de origen guatemalteco, salvadoreño, estadounidense, incluyendo
a campesinos de Salvador Atenco, involucrados en
el conato de violencia entre policías y opositores al proyecto hidroeléctrico
“La Parota”, en una comunidad de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
municipio de Acapulco, impidiendo la asamblea convocada para analizar la anuencia
para la expropiación de sus terrenos.
En conferencia de prensa, Crescencio Jerónimo Aparicio, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuetepec,
explicó que la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
convocada – ayer domingo- para analizar la anuencia para la expropiación
de sus terrenos, se suspendió por la violencia registrada entre policías y
opositores y adelantó que solicitará la presencia del Ejército Mexicano en
la segunda asamblea a efectuarse este 23 de agosto.
Adelantó que la presencia de los
militares, tiene como objetivo el evitar hechos violentos como los ocurridos
ayer domingo, donde hubo pedradas y empujones al romper los opositores un
cerco policíaco en la comunidad El Campanario, y
para que los comuneros lleguen a la asamblea sin machetes, palos y navajas
Por su parte, Evencio Romero Sotelo, secretario
general de la CNC-Guerrero, denunció la presencia de por lo menos 10 extranjeros
de origen guatemalteco, salvadoreño y estadounidenses, en los hechos
violentos ocurridos ayer en la comunidad de El Campanario, aclarando que sólo
buscan desestabilizar al estado de Guerrero.
Romero Sotelo,
dijo que los extranjeros fueron filmados y que estos hechos han sido denunciados
ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para efecto de que dicha autoridad
proceda a hacer la deportación correspondiente.
Y agregó: “Andan como unos 10 extranjeros,
entre guatemaltecos, salvadores y algunos estadounidenses, y que además
están financiando ese movimiento”.
Acompañado por integrantes del
Consejo de Bienes Comunales de Cacahuatepec, el
dirigente de la CNC-Guerrero, acusó que los opositores al proyecto hidroeléctrico
“La Parota” causaron daños materiales por mas de 500 mil pesos y explicó que
estos rompieron instrumentos musicales, sillas y toldos que fueron contratados
por la Confederación Nacional Campesina.
El presidente del comisariado, admitió la presencia de extranjeros y aclaró
que no ha visto a estadounidenses en el lugar, “pero, había unos que si parecían
de Guatemala, no los había visto por ahí”, expresó.
Aclaró también que durante el conato
de violencia, entre opositores y policías, sólo se registraron algunos comuneros
golpeados, “pero no graves” y que como autoridad ejidal no interpondrá denuncia
penal contra comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Durante la conferencia de prensa,
Jerónimo Aparicio, denunció que los opositores quemaron 6 mil 800 certificados
agrarios, de un total de 7 mil 285 que habrían de entregarse durante la asamblea
de ayer domingo, cuyo objetivo era evitar que personas ajenas participarán
en dicha asamblea para analizar la anuencia para la expropiación de sus terrenos.
Defenderá CEOP las tierras contra “La Parota” mediante
frente ciudadano. (El Despertar de la Costa,
Marcelo Villanueva, p.web).
Chilpancingo, Gro.- Miembros de del Consejo de Ejidos Opositores a “La Parota”,
se pronunciaron por seguir defendiendo las tierras por vía un frente ciudadano,
luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue empeñada en despojarlos
de sus propiedades para instalar un gran proyecto hidroeléctrico que se denomina
“La Parota” con el respaldo de los diputados locales y el mismo gobierno de
Zeferino Torreblanca.
Por vía un documento que enviaron
a los medios de comunicación, los líderes de este organismo, Marco Antonio
Suástegui Jiménez y Leopoldo Calderón Arismendiz, quienes explicaron que la revuelta de ayer fue
sólo una muestra de resistencia y una lectura de que la comunidad campesina
sigue de pie y en defensa de sus territorios, así también descartaron haber
iniciado la gresca anteayer en la comunidad del Campanario, municipio de Acapulco.
Apuntaron que ellos tienen como
símbolo de lucha a Emiliano Zapata, al sub
comandante Marcos, a líderes del vado de Aguas Blancas, los guerrilleros Genaro
Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos y líderes
de San Salvador Atenco, mismos que han estado luchando
por la defensa de la tierra.
Anunciaron que continuarán efectuando
una serie de reuniones en cada una de las localidades que se van a ver afectadas
con el proyecto de la presa “la Parota”, tras afirmar que la tierra no se
vende y que no van a permitir que abuse la CFE de sus patrimonios familiares,
no están dispuestos a vender ni un solo centímetro de sus propiedades hacia
la empresa de luz, indicaron en el escrito que se envió a los medios informativos,
ayer al medio día.
Por último, exigieron a los representantes
de la CFE, que este proyecto mejor sea retirado a otro lugar, ya que en esos
municipios serán miles de ejidatarios los que se verán afectados y donde la
principal beneficiada será la CFE.
Debe convocar CFE a otra asamblea general “La Parota”:
CCI. (El Despertar de la Costa, Marcelo VillanuevaCastillo, p.web).
Chilpancingo, Gro.- El dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI),
Maclovio Avilés García, dijo que después de los
hechos violentos que se registraron el domingo pasado en la comunidad
del “Campanario”, donde un grupo de ejidatarios se enfrentaron con policías
antimotines, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe convocar de nueva
cuenta a ejidatarios a otra asamblea general.
Esto es con el fin de que se pueda
continuar con las pláticas y negociaciones entre la empresa de luz y los campesinos
de 14 pueblos, tras señalar que es un grupo minoritario los que se están oponiendo
a la realización del proyecto de “La Parota”, mismos que han estado tratando
de sabotear las asamblea que se han realizado, como sucedió el domingo pasado.
Comentó que existe un 90 por ciento
de ejidatarios que sí están dispuestos a dialogar y sobre todo llegar a un
arreglo con la CFE, por lo que dijo que se trata de un grupo externo que no
son comuneros, los que se siguen manifestando en contra del proyecto, “esperemos
que los hechos de violencia que se registraron no vayan a provocar que el
proyecto sea cancelado”.
Asimismo, sostuvo que será un detonante
muy importante para la economía en esa parte del estado de Guerrero, por la
cantidad de empleos que generará en el momento cuando se esté construyendo
la presa, pero además dará otros beneficios una vez que está constituida,
“se buscará que no solamente la CFE sea la beneficiada, sino que los campesinos
y habitantes de esa región, también se beneficien” puntualizó el secretario
general de la CCI.
Insistió que la CFE, debe programar
otra reunión general con los campesinos, de los 14 pueblos que se verán afectados,
con la finalidad de que el proyecto de luz no sea retirado de Guerrero, como
pasó con la pista de pruebas de la General Motors
en la zona del Alto Balsas y que fue retirado, porque un grupo de campesinos
se opusieron a ella.
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