CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 15 DE AGOSTO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Ignoran maestros reforma

A 7 días de arrancar programa piloto en 150 secundarias, aún no saben qué van a enseñar

Infiltra narco a policía de Acapulco

Más de 50 por ciento de efectivos ligados al crimen, temen

El programa económico de 2006, sin sorpresas

Prevé crecimiento de 3.5 a 3.7% y elevada cotización del crudo

Vivienda, exitosa apuesta presidencial

Por tercer año consecutivo se entregarán más de 500,000 créditos hipotecarios

A elecciones, más dinero que para abatir la pobreza

Tendrán partidos mayores fondos que algunas secretarías

Marcos reta a debate a AMLO

El rumbo de la izquierda, el tema

Ambulantes pagan a grupos del PRD $15 millones al mes

La corriente de Bejarano controla 100 mil vendedores

Se ahogan Pymes por alto precio del crudo

Alza negativa para el sector productivo

Urge política migratoria ante EU

Aumenta el flujo y bajan recursos federales: Segob

No meteré las manos en el 2006, dice Fox

Asegura que durante el proceso electoral no apoyará a ningún partido político

Sector agrario

Acechan mineras ejidos chiapanecos. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web).

Trasnacionales impulsan la industria del oro a cielo abierto con el aval de la Federación

Las empresas ofrecen empleo a comuneros a cambio de explorar tierras colectivas

Ejido San Isidro Las Banderas, Pantepec, Chis. Esta vez los caballeros blancos llegaron a este ejido zoque en helicóptero, y en lugar de espejitos, ofrecen empleos a cambio de oro.

Entre 2002 y marzo de 2005 el gobierno federal otorgó 50 concesiones para exploración y otras tres para explotación minera en Chiapas, donde la actividad en esta rama industrial es incipiente, por un total de 357 mil 443.87 hectáreas. Tan sólo dos transnacionales canadienses, ambas buscadoras de oro, Linear Gold y Fronteer Development Group, concentran concesiones para explorar 284 mil 942 hectáreas.

Junto con la minería del oro a cielo abierto, ''una de las industrias más contaminantes en la actualidad'', según la campaña internacional No al Oro Sucio, impulsada por Oxfam América y Earthwork Mineral Policy Center, llegará también el riesgo de contaminación por cianuro, la sustancia altamente venenosa que se utiliza para separar el metal precioso de las rocas (lixiviación, le dicen los químicos).

De eso, sin embargo, nada saben los dueños de la tierra ni las autoridades municipales. Tampoco de la batalla que indígenas mayas guatemaltecos dan al otro lado de la frontera contra el proyecto Marlin, de la transnacional Glamis Gold, que tiene también una mina en Chihuahua y otro proyecto en Chiapas. Justamente la riqueza de los yacimientos de la mina Marlin motivó a Linear y a Fronteer a lanzarse a la exploración en Chiapas.

Primero arribó a San Isidro -hace más de cinco años- personal de MIM México -subsidiaria de Xstrata Plc., una compañía que opera en cuatro continentes, con cuartel general en Zug, Suiza. De inicio hicieron sobrevuelos en helicóptero "para ver si había mineralización". Luego, hace como año y medio, los ingenieros "entraron sin pedir permiso a recorrer a pie el ejido".

MIM México SA de CV vendió a Linear Gold México las 10 concesiones de exploración en Chiapas, en un total de 133 mil 101 hectáreas, que le fueron otorgadas durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Las concesiones de la Fronteer de México SA de CV se expidieron en marzo de 2005, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, y comprenden 151 mil 841 hectáreas en esta entidad.

Trabajo por despojo

San Isidro Las Banderas se encuentra en el norte de Chiapas, a unos 10 kilómetros, por un camino de terracería en mal estado, del pueblo de Rayón, ubicado a dos horas y media de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, y a hora y media de la capital tabasqueña, Villahermosa. Este ejido queda dentro del proyecto Ixhuatán de la Linear Gold. Otros 10 kilómetros arriba, junto al poblado Laguna Chica, colonia de San Isidro, se encuentra el campamento de la minera canadiense. Dos kilómetros más adelante está el área de exploración donde ya se han realizado 79 barrenos, según informó el tesorero del comisariado ejidal, Arvey Velasco Suárez.

Víctor Hernández García, presidente del comisariado ejidal de San Isidro, informó que cuentan con mil 980 hectáreas, de las cuales unas 100 son de bosque. Relató que después de los recorridos el personal de la Gold siguió entrando a hacer muestreos del suelo y tampoco pidieron permiso; "dijeron que iban a hacer análisis para ver si hay mina o no hay. Nosotros desconocemos qué cosa es mina. Llegaron tres o cuatro ingenieros, después comenzaron a barrenar para ver si hay mina, hicieron un camino, buscaron chambeadores de San Isidro; más o menos hay como 40 en la mina. Ellos cargan el material para subirlo a los carros; pagan 100 pesos diarios.

''En enero (de 2005) nosotros pusimos demanda a la Procuraduría Agraria (PA) en Pichucalco, porque no tenían permiso; ahí dijeron los de la Gold: 'vamos a subir sueldo'. Subió a 200 pesos diarios. La gente trabaja una semana y luego cambia. Cuando entró la mina hay problema porque hay 91 ejidatarios y como 300 agregados (hijos de ejidatarios), y empezaron a pelearse por el trabajo, por eso lo rotamos.'' Añadió que personal de la Linear Gold anda recorriendo también los ejidos aledaños de Chapultenango, San Francisco y Santa Anita, adelante de Ixhuatán.

Hernández García, quien se expresa trabajosamente en español, señaló que el personal de la Gold al principio "decía que no había paga, que no había nada; el ingeniero se llama Julián Roldán Martínez. Ya tenemos bastante problema. Nosotros fuimos a la PA para ver quién les había dado el permiso. La procuraduría dijo: 'ustedes son los dueños de la tierra, sólo ustedes pueden dar permiso', que mientras nosotros no demos permiso no entran, que más abajo es el gobierno federal. Hicieron un convenio y subieron el sueldo a 200 pesos. En enero pedimos apoyo para la iglesia y la mina dio 500 mil pesos. En febrero dieron 300 mil pesos para repartir entre los 91 ejidatarios. La mina a veces pide hasta 80 cargadores para meter las piezas de la máquina y de la torre (de perforación) hasta el cerro. A veces pide 20 trabajadores".

Mencionó que se hizo un compromiso con la Gold para que pueda trabajar en 90 hectáreas hasta el 31 de diciembre. ''La mina quería tres años, pero nosotros a fin de año vamos a hacer asamblea y vamos a ver. Ellos quieren permiso para otras 100 hectáreas y luego quieren otro convenio de todo el ejido. Oro y plata están buscando. Si sale positivo dicen que va a haber otras negociaciones.''

Velasco Suárez, quien se expresa perfectamente en español y portaba una camiseta de la Linear Gold, comentó a su vez: "lo más probable es que el 31 de diciembre despidamos a la compañía de acá", una vez que se venza el permiso para perforación que le dieron los ejidatarios. Informó que el ejido tiene dos supervisores que revisan a qué profundidad se perfora, cuánto se saca y dónde lo dejan; "nos costó un montón de guerras", dijo.

Añadió que el gobierno de Chiapas "no genera empleos, hay pobreza, marginación; muchos emigramos a Tabasco, a Veracruz, a Estados Unidos, pero como ejidatarios que somos tenemos que defender la tierra". Añadió que si los estudios de factibilidad son positivos, "la mina sería a cielo abierto. Sería otra negociación con los ejidatarios. Aquí dicen que para que la mina sea viable tiene que haber 20 partes por millón".

''Hasta ahorita no hay graves problemas porque nos dan el trabajo y no hay un convenio definitivo. Queremos saber hasta dónde tenemos mineralización. Hace 40 años nuestros padres ya sabían que aquí había una mina, pero no sabíamos el lugar exacto. Ahora está normal todo, después no sabemos qué va a pasar, nos tienen que dar una explicación de cómo va a ser la extracción”.

Sobre la posibilidad de contaminación de suelo y agua por el uso de cianuro, o de cómo va a quedar la tierra después de la explotación de la mina, dijo que ellos preguntaron, "y el gobierno nos dijo: 'ustedes no piensen en lo que va a pasar, sino en lo que hay ahora'".

''Aquí están felices con nuestra presencia"

En el campamento del proyecto Ixhuatán hay 13 casas de lona ahulada que albergan dormitorios, talleres y comedor. Hay tres inodoros y tres regaderas, luz eléctrica, lavabos, calentador de agua y fosa séptica. Major Drilling de México, con sede en Hermosillo, Sonora, es la empresa contratista para la perforación. El personal se mueve en camionetas pick-up y cuatrimotos.

Dean Fraser es el encargado de geología. Habla poco español, así que la conversación tuvo que realizarse en inglés. Se le informó la intención de pasar a la mina. Primero, muy nervioso, dijo que enviaría un mensaje mediante su palm a Canadá, al presidente de la compañía, Wade Dawe. Así que mientras enviaba el mensaje, los enviados de La Jornada decidieron caminar hasta la zona donde se realiza la exploración, a unos dos kilómetros del campamento.

A los 15 minutos Fraser los alcanzó en una cuatrimoto. Primero trató de evitar que continuaran bajando y señaló que el camino era "privado". Se le dijo que son tierras ejidales y que se contaba con el permiso de los ejidatarios para pasar. Pidió entonces entender que no se sentían muy "cómodos" con la presencia de periodistas, los primeros en llegar a la zona. Después les permitió pasar, pero sin acercarse -"por seguridad"- adonde estaban haciéndose los trabajos de perforación y les pidió no hablar con los trabajadores.

Desde una loma en la que se había abierto un camino y desde la cual se dominaban tres de los sitios donde se están haciendo perforaciones, explicó que la compañía tiene un promedio de 120 empleados: 80 son del ejido, que se van rotando; unos 24 son de tiempo completo, seis extranjeros. "Ha habido algunos problemas con los ejidatarios, pero la gente está feliz porque le damos empleo".

Confirmó que si llega a ser rentable la explotación, se hará en una mina a cielo abierto. Se le preguntó si usarían cianuro para extraer el oro; dijo que él no es químico, que no sabe qué proceso van a emplear, pero que Dawe estaba dispuesto a contestar cualquier pregunta.

Trescientos metros más abajo, en el "barreno 73", ubicado al fondo de una barranca, los trabajadores entrevistados -tanto de la empresa contratista como los ejidatarios de San Isidro, que en ese momento acarreaban tubos para aumentar la profundidad de la perforación, que ya había alcanzado 182.72 metros- informaron que ahí se trabaja las 24 horas en turnos de 12 horas. Para las maniobras cuentan en el lugar con combustibles, lubricantes, plantas de luz y reflectores para la jornada nocturna. Además, un techo de nailon protege de sol y lluvia al equipo, a los trabajadores y a un camastro de madera rolliza.

Con información de Gaspar Morquecho

El gobierno sólo entiende con protestas: UNORCA. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Si continúa la destrucción del campo, "habrá bronca"

Se tienen que realizar protestas que impliquen bloqueos de oficinas y carreteras para que los campesinos dejen de "ser invisibles, sean escuchados y tomados en cuenta", asienta Olegario Carrillo Meza, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), quien advierte que de continuar la política de destrucción del campo "va a haber bronca".

Habla de la preocupación de cientos de campesinos por salvar al ejido; de sus reclamos, de la falta de una política social para recuperar los espacios perdidos y de la agudización de la pobreza en las zonas rurales, abandonadas por el incremento de la migración y la creciente delincuencia producto de una política neoliberal a la que no le interesa el desarrollo agropecuario.

El dirigente, originario de Sonora, comenta que la mejoría económica del medio rural "existe sólo en los discursos del presidente Vicente Fox y los escasos beneficios son extensivos únicamente a los amigos del secretario de Agricultura (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, quien será recordado por los campesinos por su cerrazón y apatía".

De los señalamientos de lejanía y mala atención a los productores no se salva el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame. "Es necesario emprender batallas para que los campesinos sean recibidos hasta por los directores de las delegaciones de la Sagarpa y la SRA, donde son maltratados y objeto de discriminación por no ser integrantes de las organizaciones cercanas al PAN. Los compas incluso comentan que estos panistas salieron más chingones que los del PRI porque si éstos marcaban preferencias, ahora los del PAN son más descarados y de plano dicen: 'no hay nada para ustedes'".

Por eso, destaca, "estamos en un momento de gran importancia: o perdemos o ganamos. Si a los campesinos se les sigue haciendo a un lado, no prestan atención a sus propuestas y demandas, no podrán frenar su enojo. El gobierno que venga, no importa quién lo encabece ni de qué partido político sea, tendrá que dar prioridad al campo, porque la situación es ya insostenible".

El coordinador ejecutivo de UNORCA explica que la constitución del Frente Nacional de Organizaciones Campesinas -en el que participan seis organizaciones del agro y al que se han sumado las de la Unión Nacional de Trabajadores- no es coyuntural. "No queremos que se vuelvan a repetir las experiencias de El campo no aguanta más, ni que sólo sirva para el proceso político electoral de 2006, menos que sea un movimiento de quienes están en las dirigencias.''

Asienta que los integrantes de dicho frente acordaron que habrá un reglamento para evitar caer en los extremos y se pierda en la coyuntura del proceso político electoral. "Tenemos claro que no vamos a centrar nuestros esfuerzos en tareas electorales, sino en el rescate del campo, y por eso ya estamos discutiendo el calendario de visitas a las regiones para informarles de los alcances del frente, de nuestra unidad. No vamos a jugar a las vencidas, sino a crear alianzas, a romper apatías e inercias; tenemos que construir nuestra fuerza y lo debemos hacer rápido", abunda.

Insiste en que no será un frente que sólo "demande, proteste y denuncie", sino una agrupación con la fuerza para que sus acciones tengan repercusión en beneficio de la población rural.

Además de buscar un mejor presupuesto agropecuario para 2006, insistirá ante el gobierno federal sobre el peligro de eliminar aranceles y subsidios en 2008.

''El 2008 debe verse con mucho cuidado, de lo contrario habrá bronca. Nosotros actuaremos responsablemente, haremos propuestas y señalaremos errores, para evitar brotes de violencia, pero si no nos escuchan ni atienden las reacciones que puedan desencadenarse no serán fáciles de controlar.''

Carrillo Meza advierte que los campesinos no dejarán irse a los miembros de este gobierno sin "saldar las cuentas" que tienen pendientes con ellos, entre ellas la falta de ejercicio total de los recursos para el agro de 2004 y de este año.

Amenazan tomar instalaciones de delegación de Reforma Agraria. (El Sol de Cuernavaca, Estrella Pedroza, p.web)

15 de Agosto de 2005

Durante esta semana podrían ser tomadas las instalaciones de la Delegación de la Reforma Agraria en Morelos, aseguró el secretario de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Julio Padilla.

La indignación y el enojo del representante de la UNTA surgió luego de que el día jueves se llevara a cabo una reunión con los representantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, del estado de Puebla, con ejidatarios morelenses para solucionar el añejo conflicto agrario entre ambos estados por 169 hectáreas, “el asunto es que no estuvieron presentes los representantes del los ejidatarios de Morelos”, en este caso los dirigentes de la UNTA.

Al ser entrevistado por los medios de comunicación, Julio Padilla calificó de “mentirosos, tanto al delegado de la Secretaría de La Reforma Agraria, Natividad Salas Estrada, como al director general de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Manuel Gracián Quintero, pues hicieron cambio de horario, y a él no se le notificó nada del cambio. “Voy a solicitar la destitución de estos dos funcionarios”, señaló, por que no hacen bien su trabajo, y si no atienden las exigencias, tomaremos las instalaciones de la SRA. Detalló que esto podría ocurrir la próxima semana.

Esta reunión se había acordado desde hace dos meses, y llegan aquí sin el proyecto del convenio, indicó, para que ambos núcleos se los llevaran y pudieran consultarlos con sus asambleas y simplemente dicen: “que no tienen nada y que se adelantó la reunión”, misma que se llevó a cabo sin los instrumentos que permitirían solucionar este asunto.

Acusan a Cervantes de invasión de tierras. (Pulso de San Luis, Patricia Martínez, p.web)

Lunes, 15 de Agosto del 2005

Ejidatarios de los Gómez involucran al alcalde de Soledad, Roberto Cervantes Barajas en la invasión de sus tierras “quien a cambio de no desalojar a los paracaidistas hace 9 años, aceptó un lote”, dijo el tesorero del ejido, Ambrosio Monsiváis Rodríguez.

Ya se comprobó ante la Procuraduría Agraria que más de dos hectárea del ejido “Los Gómez” fue invadida hace 8 ó 9 años (cuando Cervantes Barajas fue presidente municipal la primera vez), dijo Ambrosio Monsiváis, quien agregó que de ahí surgen las colonias irregulares conocidas ahora como la Primero de Mayo y la Emiliano Zapata.

“Ese terreno no ha sido pagado por la gente que ahora habita dichas colonias, a pesar de que ya se ganó la demanda ante el Tribunal Unitario. Y por si fuera poco, los paracaidistas siguen exigiendo servicios al Gobierno, quien nunca estuvo dispuesto a tomar medidas para regresarnos nuestra propiedad”, dijo.

Sobre el costo de la tierra, comentó que los colonos quieren pagar precios ridículos por los lotes, muy inferiores a los del mercado “y nosotros no podemos olvidar que esos terrenos son la herencia de nuestros hijos”.

Explicó que la invasión de la tierra en ese entonces, fue encabezada por un líder ejidal de nombre José Loredo, “Y según eso, Roberto Cervantes nos andaba ayudando, pero terminó desistiendo porque le regalaron un lote”, aseguró.

Monsivais Rodríguez dijo que las tierras ejidales generalmente son invadidas por grupos de paracaidistas o aviadores, que son protegidos por partidos políticos y por organizaciones sociales, quienes a su vez son respaldados por funcionarios de gobierno.

“En este caso quien apoyó fue el propio Roberto Cervantes, quien ahora volvió a ocupar el cargo de presidente Municipal”, concluyó.

Acuden 3 mil habitantes a Mariano Escobedo a la jornada itinerante. (Milenio/El Golfo In. Óscar Jiménez, p.web)

Veracruz / 8/15/2005

En representación del gobernador Fidel Herrera Beltrán, el subsecretario de Gobierno, Héctor Yunes Landa, encabezó la XIX Jornada del Gobierno Itinerante, realizada en la congregación de Loma Grande, enclavada en las fal del Volcán Pico de Orizaba, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo.

Fueron cerca de tres mil habitantes que se atendieron de la región de los municipios de Mariano Escobedo, Orizaba, Atzacan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla y Río Blanco.

Como anfitrión estuvo el presidente municipal Fabián Vázquez Gallardo, así como los alcaldes Felipe Ángel Antonio Morales, de Atzacan; Simón García Salas de Ixhuatlancillo; Ofelia Conche Sarmiento, de Ixtaczoquitlán; Diego González Sánchez Mencias, de La Perla y Víctor Marcial Padilla López de Río Blanco.

Desde las 9:00 horas, las casi 40 mesas de atención ciudadana que se establecieron atendieron las peticiones y planteamiento de proyectos, y cerca de las 16:00 horas concluyeron la labor los representantes de las diferentes secretarías del Gobierno del Estado.

Además fue instalada Feria de la Salud, en donde además de brindar consultas gratis de medicina general y odontología, también hubo un Laboratorio móvil en donde se efectuaron estudios y análisis de laboratorio gratuitos, y se otorgaron consultas de detección de cáncer cervicouterino y enfermedades generales de la mujer; también se contó con un gabinete radiológico para la toma de placas.

También se sumaron a las mesas de atención el grupo del voluntariado del DIF estatal que promueven el programa De Corazón a Corazón, además de que instalaron una mesa atendida por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que se sumó a las mesas establecidas con personal y funcionarios de las diez secretarías del Poder Ejecutivo del Estado, como la Procuraduría General de Justicia, CFE, y dependencias del Gobierno Federal como la Sagarpa y la Secretaría de la Reforma Agraria.

La secretaria de Desarrollo Regional, Leonor de la Miyar Huerdo, fungió como madrina de esta jornada, pues a partir de ésta, habrá un secretario diferente a cargo de cada Jornada, explicó el subsecretario de Gobierno, Héctor Yunes Landa.

“Venimos a dar respuesta a muchas demandas, a informar de asuntos que ya quedaron resueltos, a conocer nuevos y actualizar lo que ya conocíamos. Es una forma en que el Gobernador cumple con sus compromisos; a ocho meses llevamos 19 jornadas, y esperan terminar el año con 30”.

Destacó que hay un porcentaje elevado de respuestas favorables a las peticiones, pues el 65% de las demandas que presentan en esta reuniones son resueltas favorablemente, en tanto que en algunas ocasiones es mayor; asimismo, manifestó que el hecho de que la gente llegue a estos lugares habla de la confianza que tiene en el gobierno de Fidel Herrera, pues saben que su petición será escuchada.

Aseguró que en las 19 Jornadas ya realizadas la cifra de atención supera las 60 mil personas, pero no pretenden hacer mítines, sino que sólo dan a conocer que estarán ahí los funcionarios, como son los secretarios de Desarrollo Económico, Carlos García Méndez; el procurador de Justicia, Emeterio López Márquez; el presidente de la Cámara de Diputados, Atanasio García Durán, y el diputado Uriel Flores Aguayo, entre otros.

Enfrentamiento de campesinos deja 10 heridos en Acapulco. (El Sol de México, p.web)

15-08-2005

Acapulco, Gro. (OEM).- El enfrentamiento entre grupos opositores a la construcción de la presa La Parota, dejó 10 heridos e impidió que se realizara la asamblea determinante del proyecto.

Con piedras, palos, picos y machetes, cientos de presuntos comuneros y ejidatarios se enfrentaron a la Policía antimotines y boicotearon la reunión, en la que se votaría si se concreta o no la planta hidroeléctrica.

En este encuentro participarían más de cinco mil comuneros que están registrados oficialmente ante la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria y notarios. Al presentarse el enfrentamiento a las 12:30 horas, aproximadamente, la mayoría de los funcionarios y abogados presentes tuvieron que huir por los cerros cercanos. No hubo heridos de gravedad, pero sí golpeados de ambos bandos.

Los comuneros opositores hicieron su arribo ayer al filo de las 7:00 de la mañana al poblado San Juan El Chico, municipio de San Marcos, provistos de machetes y garrotes, a bordo de camiones urbanos, pero al llegar a los puestos de revisión que colocaron elementos de la Policía del Estado y Policía Investigadora Ministerial (PIM), éstos les quitaron las armas blancas y los palos.

Enseguida continuaron su marcha hacia el poblado sede de la reunión y ahí empezaron a protestar en contra de la realización de la Parota, en tanto que un segundo contingente instaló un reten en la desviación que comunica al poblado El Campanario, al cual se accede a través de una carretera de terracería, con el objetivo de no permitir el paso a los ejidatarios que asistirían a votar. Para evitar los puestos de revisión y conservar los machetes, se dirigieron caminando por veredas a la explanada en donde se instaló una especie de campamento, pues se colocaron lonas y se instalaron mesas de registro, cada una atendida por uno de los ocho fedatarios públicos que iban a dar legalidad a la reunión, encabezados por el presidente de los notarios públicos del Estado de Guerrero, Manlio Fabio Pano Mendoza, cuyo arribo lo hicieron en un helicóptero que se rentó exprofeso.

A su llegada, los policías uniformados tendieron un cerco en torno a los funcionarios y notarios para evitar cualquier tipo de confrontación. Inicialmente los hombres del campo que iban a fijar su postura en torno a que si se llevaba a cabo o no la magna obra, se registraron sin problemas.

Pese a ello, el registro de los ejidatarios transcurría sin contratiempos y en completa calma, pero los ánimos de caldearon por parte de los opositores, que aprovecharon su superioridad numérica y atacaron a los policías antimotines, y empezaron a lanzarles pedradas.

En tanto que los que portaban machetes y garrotes lograron romper el cerco de la policía, lo que propició que funcionarios y fedatarios públicos se retiraran para salvaguardar su integridad física.

LA TRANSICION. (El Sur (Guerrero), Juan Ángulo Osorio, p.web)

Frustrada imposición de La Parota

Como en los tiempos de Rubén Figueroa –cualquiera de los dos– los gobiernos estatal y de Acapulco acudieron al expediente de usar policías para enfrentar un problema de orden social. De milagro no ocurrió un problema mayor que habría puesto a Zeferino Torreblanca y a Alberto López Rosas al borde del abismo.

Nos referimos al aparatoso despliegue policiaco que ordenaron ambas autoridades del PRD para contener a los comuneros opositores al proyecto de presa La Parota, como si quisieran agregar nuevos episodios a la larga lista que recientemente ha aportado, desde Chiapas, el subcomandante Marcos para señalar que ese partido ya nada tiene que ver con la lucha popular.

Los acontecimientos de ayer confirman que lo mismo desde el palacio de Gobierno de Chilpancingo que del Ayuntamiento del parque Papagayo se ha tomado la decisión de apoyar, y con todo, un controvertido proyecto que cuenta con la oposición no solamente de un significativo número de campesinos guerrerenses –como quedó claro ayer– sino del movimiento ambientalista nacional y mundial.

En ninguna nación del primer mundo se construyen ya grandes presas, pues con razón los ciudadanos de esos países se oponen a la destrucción de su entorno y cuentan con la información que demuestra que son más los perjuicios que los beneficios aportados por esas monumentales obras. ¿Por qué en México, en Guerrero, los gobernantes actúan de espaldas a sus ciudadanos?

En ningún acto de su victoriosa campaña el gobernador Torreblanca dijo que apoyaría la presa La Parota, y hoy está convertido en su más ferviente defensor al punto en que ha dicho que es uno de los dos proyectos prioritarios de su naciente gobierno sexenal. El otro es la autopista Acapulco-Zihuatanejo.

Pero ninguno salió de la imaginación y creatividad del gobernador y sus colaboradores, pues ya estaban allí. Así qué fácil es gobernar con proyectos elaborados por otros, y pensando no necesariamente en los intereses de los guerrerenses.

Apenas la empresa constructora del grupo CARSO, del influyente empresario Carlos Slim anunció que estaba interesada en conseguir para sí la obra de La Parota, todo se aceleró. El gobernador informó como de paso que se reunió hace unos días con el hombre más rico de América Latina, y se vino una intensa y costosísima campaña publicitaria con el futbolista Jorge Campos como estrella de anuncios en medios electrónicos e impresos que no dejaban claro quien los patrocinaba.

Asimismo, se enganchó a una cadena de radio para simular una encuesta entre los ciudadanos de Acapulco, quienes abrumadoramente se habrían manifestado en favor de la construcción de la presa.

Luego vino, como caída del cielo, la convocatoria a la frustrada asamblea de ayer, en la que de buenas a primeras se impuso una nueva estrategia para acelerar el despojo de sus tierras a los campesinos de la zona.

Sin ningún antecedente, sin alguna discusión previa, las autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocaron a sus más de 7 mil integrantes a dar su anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad solicitara –se entiende que a la Secretaría de la Reforma Agraria– la expropiación de esas tierras y simultáneamente el cambio de uso del suelo de las mismas. Dejémonos ya de engorrosos requisitos de cuidado ambiental; a qué esperarnos a resoluciones de tribunales. Ya tenemos el apoyo del gobernador y la mayoría de los campesinos de nuestro lado. Vayamos de una vez por todo. Tal fue el razonamiento en las oficinas del director general de la CFE Alfredo Elías Ayub –muy cercano por cierto a los intereses de la familia Slim– y del gobernador Zeferino Torreblanca, quien siempre ha dicho –desde que es gobernador– que la mayoría de los comuneros apoyan el proyecto.

La prisa por llevar a la práctica los anteriores designios llevó al gobernador a excesos verbales. Ensalzó la figura de un político sin ninguna representatividad en Guerrero, miembro por lo demás de los grupos más atrasados del PRI. Zeferino llamó gran dirigente a Nabor Ojeda Delgado, y Televisión Azteca difundió una versión no desmentida hasta ahora en la que llamó a ese auténtico dinosaurio “líder histórico de los campesinos de Guerrero”.

Ojeda estuvo presente el lunes pasado en la tristemente célebre reunión del Colegio de Ingenieros en la cual nuestro gobernador dijo aquella frase de que no quería, ni podía ni tenía los recursos para enfrentar al narcotráfico; que en esa tarea declaraba su rendición, aunque no fuese político reconocerlo. Pues bien, en esa misma reunión que le valió una justificada andanada de analistas y conductores de noticiarios, el gobernador invitó a los ingenieros civiles a participar en La Parota, como si se tratase ya de un proyecto aprobado por los dueños de las tierras y hubiese pasado ya las pruebas ambientales pertinentes.

Y cuentan que Nabor Ojeda convenció a Elías Ayub y a Torreblanca Galindo de que la mayoría de los campesinos estaban con su CNC, y que él garantizaba una votación ampliamente mayoritaria en una asamblea.

Ya se vio que no. Testimonios escritos y fotográficos de los tres reporteros enviados por El Sur al lugar de la asamblea dan cuenta de la presencia apenas de unos 250 comuneros favorables a la presa. Cuando todo el contexto previo parecía propicio para lograr la aprobación, ésta no se obtiene no tanto –o no sólo– por la beligerancia de los opositores, sino por la raquítica asistencia de quienes apoyan la obra a una asamblea que, si se sacan cuentas, tal vez sea la más costosa en la historia de Guerrero sin que sus promotores hayan conseguido el objetivo que se propusieron.

Montado en su macho y dispuesto a cerrar los ojos ante la realidad; incapaz de reconocer que se dejó engañar por Nabor Ojeda; dispuesto a cumplir sus compromisos con el presidente Vicente Fox, con la CFE y con Slim el gobierno del estado dijo en un boletín oficial que aparte de los 400 comuneros pro presa que ya estaban en el lugar de la asamblea, 3 mil 500 más estaban dispuestos a asistir pero que no lo hicieron para evitar un mayor conflicto con los opositores. ¿Dónde estaban éstos comuneros? El gobierno no lo dijo y tampoco nadie los vio.

Ojalá que esta reacción oficial se haya dado al calor de los acontecimientos de ayer, y que ya más calmado el gobernador razone y concluya que no son tiempos de imposiciones. Si la presa La Parota fuese el proyecto que se quiere vender a la opinión pública ¿para qué tanta maniobra, engaño y manipulación? ¿Para qué tanta policía y tan poca política?

Campesinos contra La Parota. (Novedades de Acapulco, p.web).

Con piedras, palos y machetes, campesinos opositores a la construcción de la presa la Parota, arremetieron contra policías preventivos y del estado que se encontraban resguardando las instalaciones donde se llevaría a cabo una asamblea, en la comuniad rural de Campanario.

Era pues la samblea entre comuneros de los bienes de Cacahuatepec, representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades Agrarias, que votarían si están de acuerdo o no con la presa la Parota.

El enfrentamiento se produjo a las doce de la mañana, cuando cerca de 250 campesinos opositores al proyecto, observaron que algunos de los asistentes se econtraban participando en una votación para apoyar la construcción de la hidroeléctrica, aunque eran apenas unos 200 campesinos.

Fue entonces cuando decidieron impedir la votación y la asamblea, arremetiendo contra policías arrojándoles piedras, mientras que otros con palos y filosos machetes arrinconaban a la fuerza pública en el interior del enrrejado

Luego se metieron al auditorio y se dirigieron al lugar donde se encontraban cajas de cartón con documentos agrarios, para después quemarlos en tambos de metal de baura que se encontraba en la zona.

En la trifulca resultaron varios lesionados tanto elementos policiacos como campesinos.

También destrozaron el equipo de audio, instrumentos y bocinas del Grupo Pacífico Show que fue contratado por la empresa Banquetes Olguín.

Elpidio Reyes Pastor, representante del grupo musical, no pudo hacer nada para proteger los instrumentos musicales, pues la lluvia de piedras y palos pasaban de un lugar a otro.

Después observaron cómo campesinos molestos por el evento de la asamblea, se metieron al sitio y tiraron parte de la batería, micrófonos y bocinas que se encontraban sobre una de las tarimas

Y es que a pesar de que había 400 policías, en número eran superior al grupo que se opone a la presa, pero muchos de los elementos, se encontraban dispersos en toda la zona y por eso no pudieron controlar a los manifestantes

A pesar de que existió un conato de violencia, no hubo detenidos, pues elementos de la policía solamente se mantuvieron al margen, para evitar que se dieran nuevos enfrentamientos.

En el aire, el helicóptero de Seguridad Pública sobre volaba la zona, pero al momento del enfrentamiento desapareció de inmediato.

La asamblea no empezó debido a que muchos de los campesinos no llegaban por el tráfico vehícular que se generó con la llegada de decenas de camiones urbanos y camionetas que transportaban a la gente de sus comunidades.

En la asamblea, funcionarían 10 mesas receptoras, y se daría el nombramiento de un secretario y escrutadores para la mesa de debates.

Durante el programa estaba contemplada la solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la afluencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos donde se construirá la hidroeléctrica la Parota.

Así como las obras complementarias, como caminos de acceso, embalse y la firma de convenios entre comisarios.

Otro de los puntos que se analizarían es el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Pero no todos los campesinos invitados pudieron llegar a la dichosa asamblea, pues el camino rural era de dos carriles y no había agentes de tránsito para agilizar la vialidad, por lo que algunos invadieron los accesos y en consecuencia, se produjo un embotallamiento que no permitió la llegada de los demás comuneros a la zona

El caos vial afectó tanto que la fila de autos y camiones llegaba hasta los poblados de El Progreso de Cacahuatepec, las Minas y San Juan el Chico.

La policía ecológica y la Federal Preventiva, cerró temporalmente la circulación de la carretera nacional Acapulco - Pinotepa, para permitir el ingreso de cientos de unidades que transportaban a campesinos a la comunidad de Campanario donde se llevaría a cabo la reunión para aprobar o no el proyecto de la Parota.

Según documentos encontrados en la zona donde se enfrentaron los opositores con la policía, existe un padrón de mil 891 comuneros que habían confirmado su asistencia.

Estaban en lista nominal con nombres de los de 5 mil 394 comuneros reconocidos y de sus comunidades.

Con el sello del Registro Nacional Agrario, Delegación Chilpancingo, los documentos tenían la relación general de miembros de la comunidad de Cacahuatepec de acuerdo al acta de asamblea con fecha 13 de mayo del 2001 inscrita en el RAN con el número 12RA 00000398 donde se incluyen a los mil 981 comuneros y los 5 mil 544 reconocidos.

El viento soplaba en la explanada de la zona, donde acondicionaron el lugar para el evento, sobre tierra roja de barrial, se encontraba capertas con documentos agrarios.

En la pasta, el escudo nacional con la leyenda México Gobierno de la República y aparecía el nombre del presidente Fox, con en nombre en la parte superior de cada uno de los comisarios municipales, de cada una de las comunidades que fueron convocadas a la asamblea

Toda la documentación fue incinerada por los campesinos opositores que, a grito abierto y con machete en mano, sentenciaban que donde quiera que funcionarios de la CFE intentaran hacer de nuevo otra asamblea con comuneros, ahí estarían, pero ahora con una respuesta diferente. "Queremos que entiendan de una buena vez, -no vendemos las tierras- y la defenderemos contra nuestra vida si es necesario" expresaron campesinos con machete en mano. Cabe señalar que al lugar del enfrentamiento, no se presentaron funcionarios de la CFE solamente representante del Sector Agrario y del Registro Nacional Agrario, así como de la oficina de la dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quienes dieron fe de los hechos.

Yucatán: venta posterior de terrenos, el negocio real de iniciativa aeroportuaria. (La Jornada, Luis Bonfil, p.web)

Especuladores los venderán en "millones": asesor de labriegos

Mérida, Yuc., 14 de agosto. El "verdadero negocio" de la construcción del nuevo aeropuerto de Mérida será la venta posterior de terrenos que se ubican en la franja de 14 kilómetros que unirá la terminal aérea con la capital del estado, aseguró Rafael Acosta Solís, asesor jurídico de los campesinos a los que se les quieren comprar sus tierras para realizar este proyecto.

En medio de la polémica por compra de 3 mil hectáreas de tierras por el gobierno estatal, Acosta Solís subrayó que esa extensión de 14 kilómetros en poco tiempo tendrá un valor de millones de pesos y estaría al servicio de los especuladores.

El ex regidor priísta del ayuntamiento de Mérida asesora a los labriegos de Hunucmá, municipio en el que se tiene contemplada la construcción del aeropuerto, quienes se sintieron "defraudados" por el pago que recibieron por sus tierras de Antonino Almazán Arteaga, contratado ex profeso por el gobernador Patricio Patrón Laviada. Además señaló que esa franja de tierras "está lista" para transformarse en grandes complejos comerciales, tiendas, restaurantes, hoteles y demás infraestructura que rodea a una terminal aérea.

"Ese es el verdadero negocio del gobierno estatal, dejar listo el aeropuerto para esas tierras que con el tiempo costarán millones de pesos, para que sean vendidas a empresarios y hasta a funcionarios del mismo Poder Ejecutivo que están ansiosos de hacer negocios", precisó Acosta Solís.

Aseveró que el metro cuadrado no costará centavos, sino que se valuará entre 30 y 60 pesos, lo cual equivaldría a millones de pesos.

Además de la edificación del nuevo aeropuerto, el gobernador Patrón anunció la construcción de otras obras "impactantes" como un zoológico al aire libre, un museo de la cultura maya, una planta potabilizadora de agua y una carretera de cuatro carriles con extensión de 14 kilómetros, misma que unirá a la nueva terminal con la capital yucateca; todo con un costo aproximado de 450 millones de pesos.

Sin embargo, la polémica se desató cuando el mismo mandatario estatal admitió que contrató a Antonino Almazán Arteaga, especulador profesional y ex delegado del Registro Agrario Nacional en la entidad, para que gestionara la compra de 3 mil hectáreas a ejidatarios de Hunucmá a un precio de 72 centavos el metro cuadrado, para después revenderlas al gobierno del estado en 1.40 pesos, lo cual le generó "ganancias millonarias" a Almazán.

Trascendió que el especulador está vinculado como prestanombres del banquero Roberto Hernández Ramírez, así como de Alejandro Patrón, uno de los hermanos del gobernador yucateco; esta información ha sido negada en reiteradas ocasiones por Patrón Laviada

A este respecto, el asesor de los ejidatarios no descartó que Hernández Ramírez sea uno de tantos propietarios de las tierras que estarán cerca de la carretera. "En el gobierno de los amigos de Patricio, todo puede pasar", ironizó.

Finalmente, Acosta Solís no rechazó la posibilidad de interponer alguna denuncia ministerial, si sus representados lo aprueban, en contra del gobernador Patrón Laviada por fraude y fomento a la especulación de terrenos.

Realiza SEC inventario de inmuebles para educación. (Milenio, Redacción, p.web)

Agosto 15, 2005

Xalapa

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) realiza acciones para crear el inventario de los inmuebles destinados a la educación, así como coadyuvar en la regularización patrimonial, con el propósito de dar seguridad y certeza jurídica en torno a la tenencia de la tierra en los sitios donde está asentado cada centro educativo.

Estas acciones, que se inscriben en el marco del Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado, corresponden a las iniciativas señaladas por la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Arredondo Álvarez, informó lo anterior y explicó que estas tareas son desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Regional (Sedere), la Contraloría General del Estado y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Aseguró que en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se autorizó la transferencia de los bienes inmuebles educativos federales a favor de las entidades federativas, por lo que, para estar en condiciones de formalizar su transparencia, se elabora el Directorio de

Bienes Inmuebles Educativos Federalizados.

Hasta el momento se han registrado 10 mil 202 bienes, y este inventario permitirá suscribir un contrato entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado mediante el cual los inmuebles que cuenten con documento de propiedad se trasmitirán por donación, los que no, serán trasladados a través de un contrato de cesión de derechos.

Por otra parte, con base en el acuerdo interinstitucional No. 39, suscrito por el Comité Operativo Nacional del Procede, se realiza un programa alterno en la Secretaría de Educación y Cultura que ha dado como resultado la obtención de aproximadamente dos mil 500 títulos de propiedad correspondientes a otros tantos planteles educativos.

Sobre este programa, Héctor Vázquez Luna, director jurídico de la SEC, indicó que por instrucciones del secretario Arredondo se realizará la entrega de dos mil 179 títulos de propiedad a los directores de las escuelas, y que fueron regularizados por el Procede.

SEC Realiza Inventario de Inmuebles Destinados a Educación. (El Universal, p.web)

En el marco del Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado

Xalapa, Veracruz (14-agosto -2005).- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) realiza acciones para crear el inventario de los inmuebles destinados a la educación, así como coadyuvar en la regularización patrimonial, con el propósito de dar seguridad y certeza jurídica en torno a la tenencia de la tierra en los sitios donde está asentado cada centro educativo.

Estas acciones, que se inscriben en el marco del Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado, corresponden a las iniciativas señaladas por la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Arredondo Álvarez, informó lo anterior y explicó que estas tareas son desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE), la Contraloría General del Estado y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Aseguró que en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se autorizó la transferencia de los bienes inmuebles educativos federales a favor de las entidades federativas, por lo que, para estar en condiciones de formalizar su transparencia, se elabora el Directorio de Bienes Inmuebles Educativos Federalizados.

Hasta el momento se han registrado 10 mil 202 bienes, y este inventario permitirá suscribir un contrato entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, mediante el cual los inmuebles que cuenten con documento de propiedad se trasmitirán por donación; los que no, serán trasladados a través de un contrato de cesión de derechos.

Por otra parte, con base en el acuerdo interinstitucional No. 39, suscrito por el Comité Operativo Nacional del PROCEDE, se realiza un programa alterno en la Secretaría de Educación y Cultura que ha dado como resultado la obtención de aproximadamente dos mil 500 títulos de propiedad correspondientes a otros tantos planteles educativos.

Sobre este programa, Héctor Vásquez Luna, director Jurídico de la SEC, indicó que por instrucciones del secretario Arredondo se realizará la entrega de dos mil 179 títulos de propiedad a los directores de las escuelas, y que fueron regularizados por el PROCEDE.

Contar con mayor claridad en torno a su situación jurídica –explicó- permitirá que estos planteles educativos puedan ser restaurados o beneficiados con la construcción de nuevas aulas, ya que la normatividad exige que las escuelas cuenten con el documento que acredite la propiedad del bien.

Paralelamente, se contará con mejores elementos para defender en algún juicio el patrimonio inmobiliario destinado a la educación.

Vásquez Luna señaló que se han iniciado las acciones para elaborar el registro inmobiliario de los planteles educativos de la entidad, los cuales, sumados a los federalizados, podrían dar como resultado un total aproximado de 15 mil 700 inmuebles.

La intensificación de las acciones jurídicas en la presente administración estatal corresponde a la visión del gobernador Fidel Herrera Beltrán y de la propia Secretaría de Educación y Cultura de respaldar su patrimonio inmobiliario.

Por ello, adicionalmente, se tiene programado hacer trabajo de campo a lo largo del territorio veracruzano con la finalidad de integrar los expedientes de cada inmueble escolar y tramitar su regularización.

El funcionario indicó, por último, que la SEC celebrará en breve un convenio de colaboración con la CORETT a fin de regularizar los inmuebles destinados a la educación que se encuentran ubicados dentro de los polígonos expropiados por esta Comisión.

En Mariano Escobedo, la XIX Jornada del Gobierno Itinerante. (Milenio, Mariano Escobedo, p.web)

Veracruz / Agosto 14, 2005

La actual administración atiende hoy a alrededor de tres mil habitantes de la región que comprende a los ayuntamientos de Mariano Escobedo, Orizaba, Atzacan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla y Río Blanco.

Por instrucciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán, de realizar 30 Jornadas del Gobierno Itinerante antes de que finalice este año, el responsable de la planeación, organización y ejecución de este programa, el subsecretario de Gobierno Héctor Yunes Landa, informó que la Jornada número XIX se llevará a cabo este domingo en la congregación Loma Alta, del municipio de Mariano Escobedo.

La actual administración, que se ha caracterizado por gobernar sin distinción partidista, atenderá este domingo a alrededor de tres mil habitantes de la región que comprende a los ayuntamientos de Mariano Escobedo, Orizaba, Atzacan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla y Río Blanco.

Cabe señalar que estas municipalidades son gobernadas por alcaldes emanados del PAN y la Coalición Unidos por Veracruz.

Así pues, además del presidente municipal anfitrión, Fabián Vázquez Gallardo, estarán presentes sus homólogos Felipe Ángel Antonio Morales, de Atzacan; Simón García Salas, de Ixhuatlancillo; Ofelia Conche Sarmiento, de Ixtaczoquitlán; Diego González Sánchez Mencias, de La Perla, y Víctor Marcial Padilla López, de Río Blanco, quienes se darán cita junto a miles de habitantes a presentar peticiones diversas a las casi 40 mesas de atención ciudadana que se establecerán desde las 10 de la mañana.

Además, Yunes Landa recordó que previo al desarrollo de esta emisión se instalará desde las 8:00 horas la Feria de la Salud, en donde además de brindarse consultas gratuitas de medicina general y odontológica, también se cuenta con un laboratorio móvil en donde se realizan estudios y análisis, así como consultas de detección de cáncer cervicouterino y enfermedades generales de la mujer y un gabinete radiológico para la toma de placas en donde se requiera.

De corazón a corazón

De igual forma que se ha venido realizando desde la XVIII Jornada del Gobierno Itinerante se sumaron a las mesas de atención la del grupo del voluntariado del DIF Estatal que promueven el Programa De Corazón a Corazón, así como una mesa atendida por personal de Pemex, la Procuraduría General de la República, CFE, Sagarpa, la Secretaría de la Reforma Agraria, las 10 secretarías del Poder Ejecutivo del Estado, entre otras.

Conflictos agrarios en Michoacán, grave problema para el gobierno. (Mi Morelia, Ramillete García, p.web)

Morelia, Mich., 14 de agosto.- A pesar de los convenios y compromisos que han signado en los últimos meses las autoridades estatales con las federales para tratar de aminorar los conflictos agrarios en la meseta purépecha, los enfrentamientos y asesinatos aún reflejan un grave problema para dichas administraciones.

El presidente Municipal de Paracho Medardo Ceja Ambrosio, confirmó que en lo que va del 2005, en la zona de la meseta purépecha se han suscitado tres enfrentamientos violentos por la tenencia de la tierra que tuvieron un saldo de cuatro personas asesinadas, principalmente por el problema agrario que se mantiene en la comunidad de Charapan, por lo que el edil michoacano demandó mayor intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria para una solución a los conflictos.

Las cuatro muertes que se han registrado en este 2005, se suman a los centenares de homicidios que suscitados a través de los años, ya que por lo menos existen 62 conflictos agrarios por los límites de tierras comunales, de los cuales 11 son considerados como los más delicados, reconoció en noviembre del 2004 el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal José María Garibay Navarro.

Entre los conflictos más álgidos se encuentran los que se desarrollan en las comunidades de Ocumicho-Tangancícuaro, Paracho-Pequeños Propietarios, Santa María Tacuro-San Francisco Ichan, San Bartolomé Cocucho-Urapicho, Santa Cruz Tanaco-Cherán Atzicurín, San Miguel Tanaquillo-Huecato, y Pamatacuaro Tzirio -Tarecuato.

Intentos de solución

Ante la problemática que persiste en la meseta purépecha, los gobiernos estatal y federal han realizado varios intentos por tratar de aminorar los conflictos y beneficiar a los indígenas que desde hace muchos años se pelean por ser los dueños de las tierras en dicha zona.

Tal fue el caso de la reunión de trabajo que sostuvo el mandatario estatal Lázaro Cárdenas Batel con el Procurador Agrario Isaías Rivera Rodríguez en noviembre del año pasado, donde también estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en ese entonces Jorge Reza Maqueo y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Salvador Hernández Mora.

El encuentro tuvo el propósito de evaluar y dar seguimiento a la atención y solución de los conflictos agrarios de dicha región, los cuales ya han sido reconocidos como “focos rojos” por las diversas autoridades.

En ese entonces, Rivera Rodríguez destacó la importancia de profundizar en los mecanismos de control y seguimiento, así como rediseñar estrategias para brindar una atención permanente a los diversos conflictos agrarios que se presentan en la entidad, donde se privilegie el diálogo y la conciliación, para por lo menos solucionar cuatro de los conflictos más delicados.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo, Lázaro Cárdenas Batel, ha señalado que los problemas agrarios son una prioridad para la actual administración estatal, por lo que el gobierno michoacano ha propuesto alternativas como construir escuelas o poner en marcha proyectos productivos en los predios que se encuentran en conflicto, con el propósito de que las comunidades en disputa queden beneficiadas.

Además como otra medida de solución, hace un año el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y Cárdenas Batel, firmaron un convenio para dar atención prioritaria a los llamados focos rojos y amarillos de la meseta purépecha, en donde se anunció que se utilizaría un esquema que beneficiaría principalmente a los jóvenes campesinos que aún mantienen la fuerza para trabajar las tierras.

Intentos fallidos

Debido a que los pueblos indígenas mantienen un pensamiento arraigado o una cosmovisión de la madre tierra diferente al resto de los mexicanos, el hecho de que se ofrezca una compra – venta de los predios en conflicto en la región de la meseta purépecha no está en la mente de los indígenas, aseguró el titular de la Coordinación Institucional para la Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán Néstor Dimas Huacuz.

En entrevista, el funcionario estatal precisó que la idea que perdura en los comuneros indígenas de que la tierra es sagrada y no es objeto de negociaciones, provoca que los conflictos no se resuelvan de manera tan fácil, por lo que propuso que un verdadero estudio de investigación que contenga los puntos de vista de todas las partes (comunidades indígenas, gobiernos estatal y federal) y en donde se sustente la realidad de la situación podría generar una solución real.

Agregó que por el contrario, aunque la antigüedad del problema es un obstáculo para encontrar la solución, en la actualidad “la bronca es más difícil porque existen grupos y organizaciones detrás de los conflictos, quienes buscan intereses particulares, provocando una minita de violencia” puntualizó Dimas Huacuz.

Asimismo precisó que después de la serie de convenios y entrega de recursos a comunidades en conflicto, sí ha beneficiado a algunas regiones, aunque aseveró que ese no es el antídoto correcto.

Por su parte, el gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel reconoció que la falta de voluntad para ceder en las negociaciones y propuestas de solución ha mermado la construcción de acuerdos que disminuyan la problemática en la meseta purépecha.

“Estamos trabajando y dialogando con las comunidades para tratar de construir una propuesta de gobierno que resulte satisfactoria, en la que se requiere la voluntad para ceder en las negociaciones, ya que no se puede imponer una sola de las partes y pretender que la otra lo acepte” indicó el mandatario estatal después de conmemorar el 196 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata.

Reforma constitucional indígena

Por su parte, las organizaciones indígenas como “Nación Purépecha” observan las reformas constitucionales en materia indígena y la ley reglamentaria como una de las soluciones al conflicto que prevalece en la región de la meseta purépecha, además de que remediará otras necesidades que dicho sector de la población ha exigido desde hace mucho tiempo, así lo consideró el coordinador de la agrupación “Nación Purépecha”, Abundio Marcos Prado.

Por tal motivo el representante indígena agregó que actualmente se ha tratado de conformar las mesas de trabajo que permitan la modificación de la Constitución de Michoacán a favor de los pueblos indígenas, aunque aseguró que con el gobierno del estado ni con los legisladores locales se ha podido llegar a un acuerdo.

Finalmente, ante los diferentes intentos de buscar una solución que aminore la problemática en la región indígena de Michoacán por la tenencia de la tierra y las diferentes visiones de las partes involucradas, es amplia la posibilidad de que los conflictos históricos se mantengan por lo menos durante lo que resta del actual sexenio lazarista, pues así lo ha reconocido en diversas ocasiones el secretario de Gobierno Enrique Bautista Villegas.

Certifican parcelas de zona rural. (Milenio, Redacción, p.web)

Agosto 14, 2005

La entrega se efectuó en una asamblea ordinaria del ejido Los Anheles, ubicado en el predio conocido como Las Jarcias.

Después de una lucha de más de 14 años, de viajes constantes a la capital en la Ciudad de México y a las dependencias correspondientes y de los gastos que ello implica, aunado a los variados estudios técnicos así como de las situaciones legales que se presentaron, a una comunidad rural ya se le hizo entrega de los certificados parcelarios, aquí hay que destacar no hubo líderes de por medio, el trabajo fue de toda la comunidad.

La entrega se efectuó en una asamblea ordinaria del ejido Los Anheles, ubicado en el predio conocido como Las Jarcias de este municipio de Aldama, Tamaulipas, encabezando la reunión su comisariato Humberto Salvador Rodríguez quien de forma emocionada le dio a cada uno de los interesados su documento legal respectivo.

Lo importante de esto, es que las familias que allí convivimos, exteriorizó, ya tenemos certidumbre de nuestro patrimonio, añadiendo que es la culminación de muchos años de sacrificios, trascendiendo entre los asistentes que es el primer ejido de Las Jarcias que logra el anhelado sueño de la certificación de sus parcelas. Incluyó en la relevancia manifestada, el hecho de que tendrán las puertas abiertas a los diferentes programas de los gobiernos tanto municipal, estatal como federal.

Entre las dependencias que intervinieron, en la entrega de las escrituras, se encuentran; Instituto Nacional de Geografía e Informática, Registro Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y para dar fe de lo anterior un notario público.

Manifestación contra Jefe de Comapa, versión SP

“Siendo las 10:05 horas del día 10 de agosto del 2005, se pidió el apoyo en la Comapa de este municipio, ya que se estaba realizando en esos momentos una manifestación frente a dicha dependencia, por lo que acudimos y constatamos que efectivamente había un grupo de personas, compuesto por aproximadamente 41 personas de ambos sexos, encabezando la manifestación Eng Miranda con domicilio en El Barranco, Luciano Castillo Muñiz con domicilio en la colonia Constitución y Edgar Villafuerte Alcalá con domicilio transitorio, estas personas reclamaban al parecer el excesivo cobro de agua, según manifestaciones de ellos y su líder, no reportándose ningún incidente grave que ameritara nuestra intervención”, informó Justo García Izaguirre, director de Seguridad Pública.

Entregan más de dos mil títulos de propiedad a campesinos. (Novedades de Campeche, Miguel Pérez, p.web)

Secretario de la Reforma Agraria realiza gira de trabajo en la entidad

Durante su visita a Campeche, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame anunció dos nuevos programas de apoyo

CAMPECHE, Campeche, 13 de agosto, 2005.-En el esfuerzo de todos los días por hacer producir la tierra los campesinos no están solos, ya que cuentan con los gobiernos federal, Estatal y Municipal para apoyarles y poder salir adelante, manifestó el Gobernador del Estado de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdéz.

Esto lo manifestó durante la entrega de dos mil 476 títulos de propiedad en beneficio de mil 173 campesinos de siete comunidades de cuatro municipios de la entidad, acompañado por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, quien anunció dos nuevos programas, Joven Emprendedor y Fondo de Tierras.

La ceremonia efectuada en la comunidad de Alfredo V. Bonfil, del municipio de Campeche, contó con presencia de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, Oznerol Pacheco Castro y José Ángel Paredes Echevarría, así como los alcaldes de Campeche, Fernando Ortega Bernés; de El Carmen, Jorge Rosiñol Abreu; de Hopelchén, Nidia Yeh Pantí, y de Candelaria, Antonio Piedra Castro.

En este lugar, el mandatario estatal enfatizó que la historia de México está llena de luchas y de conquistas agrarias, a través de las cuales los campesinos han expresado su voluntad por la libertad, su vocación por la tierra y, sobre todo, su credo por la justicia social.

Ante cientos de campesinos que acudieron a este lugar en compañía de sus familias, el gobernador Hurtado Valdez destacó la importancia de este evento, porque a través del Programa de Certificación de los Derechos Ejidales les permite que ahora se les reconozcan sus derechos sobre la tierra. "Ahora ya son ustedes sus legítimos poseedores, y ello les da certeza jurídica para hacer producir mejor al campo mexicano y promover un desarrollo sustentable", dijo.

Reconoció que éste es un día de fiesta para los beneficiados con los títulos de propiedad, y resaltó que el secretario de la Reforma Agraria, Salazar Adame, ha demostrado con su trabajo ser un amigo de los campesinos y en particular de los de Campeche.

Sobre el PROCEDE, Hurtado Valdez significó que es un programa del Gobierno Federal que tiene como objetivo la regularización jurídica de la tenencia de la tierra, una de las estrategias fundamentales que en el marco del gobierno del Presidente Fox se ha instrumentado para hacerles justicia a los campesinos de México y de Campeche.

Puntualizó que se trata de un esfuerzo de coordinación interinstitucional entre la Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Gobierno del Estado y los municipios, para concretar el documento hoy entregado.

Afirmó que es de esta forma como se consigue que los programas rindan frutos positivos, cuando se mezclan voluntades, recursos, intenciones.

Títulos de propiedad a mil 173 ejidatarios. (Tribuna de Campeche, Alfredo Bonfil, p.web).

domingo 14 de agosto de 2005

Previo al cierre del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez y el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, entregaron dos mil 478 títulos de propiedad a mil 173 ejidatarios, y se anunció la incorporación de Campeche al Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, a fin de hacer más productivo el campo.

El 30 de noviembre terminará el Procede, al que se incorporaron 360 núcleos ejidales en la entidad, pero faltan 23, por lo que el 94 por ciento de la superficie de propiedad social del Estado está regularizada.

Acompañado del director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Abelardo Escobar Prieto y del alcalde campechano Fernando Eutimio Ortega Bernés, Salazar Adame precisó que los títulos de propiedad significan paz y tranquilidad, se cumple además una política gubernamental en forma responsable.

El Procede inició en 1996 y a nivel país terminará el próximo año, con lo que también termina el reparto agrario y se construye el ordenamiento de la propiedad, resolviendo los conflictos sociales que en otros estados provocan conflictos.

Incluso el director en jefe del RAN señaló que los documentos entregados a los ejidatarios significan el futuro de su familia y garantizan trabajar la tierra con tranquilidad y confianza. "Sus parcelas nadie se las va a quitar y tienen la posibilidad de decidir libremente qué hacer con ella; son títulos de libertad que representan nuevas opciones de desarrollo".

Anunció que Campeche será el décimo Estado donde se aplique el programa Joven Emprendedor Rural y el programa Fondo de Tierras. El primero inicia con la selección de 15 a 20 jóvenes para ser capacitados a través de talleres para que emprendan proyectos productivos que los arraigue en su lugar de origen, y en ese lapso recibirán becas equivalentes al salario mínimo.

Concluida la capacitación, a través del Fondo de Tierras accederán a créditos hasta por 250 mil pesos, pagaderos a 10 años con intereses bajos, más un subsidio de 150 mil con los cuales podrán comprar la parcela de sus padres para trabajarlas y hacerlas más productivas. Al mismo tiempo, los campesinos mayores de edad accederán a jubilación con salario mínimo porque sus tierras será administradas por el Fondo de Fomento Ejidal.

Hurtado Valdez entregó mil 173 títulos de propiedad ejidal a campesinos de siete comunidades de cuatro municipios de la entidad y destacó el esfuerzo conjunto con el Gobierno Federal en apoyo al campo y exhortó a los campesinos incorporarse a los programas de Jóvenes Emprendedores Rurales y el de Fondo de la Tierra.

Destacó la importancia de este evento porque a través del Procede son ahora los legítimos poseedores y ello les da certeza jurídica para hacer producir mejor al campo mexicano y promover un desarrollo sustentable.

Atribuyó la obtención de los documentos a la coordinación interinstitucional entre la SRA, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Procuraduría Agraria, el RAN, el Gobierno del Estado y los municipios.

Líos agrarios en ocho meses se terminarán. (Tribuna de Campeche, Alfredo Bonfil, p.web)

domingo 14 de agosto de 2005

Los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Registro Agrario Nacional (RAN) y del Ejecutivo del Estado acordaron resolver en ocho meses los principales problemas agrarios de la entidad, porque a diferencia de Chiapas, Sonora, Michoacán y Oaxaca, considerados "focos rojos", aquí sólo hay asentamientos irregulares.

El gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame y Abelardo Escobar Prieto, del RAN, se reunieron en privado y establecieron la estrategia a seguir en los principales problemas agrarios del Estado por lo que prevén que en seis u ocho meses estarían resueltos.

Trataron el caso de las ampliaciones forestales de Pomuch, Mamantel, Laguna de Ik y de los ejidatarios de Atasta y de San Antonio Cárdenas, reveló Hurtado Valdez. "Con el apoyo de la Reforma Agraria confiamos en solucionar en los próximos meses los problemas que vienen de muchos años atrás y que es necesario atender en beneficio de todos los campechanos, pues son los principales motivos de discordia en materia agraria", subrayó.

No reveló la estrategia, pero afirmó estar satisfecho con la respuesta del titular de la SRA y que confía que en los próximos meses se pueda resolver, sobre todo si se tienen los recursos suficientes.

Salazar Adame reconoció que recurso es lo que falta para solucionar los problemas, y se comprometió a aportarlos al tiempo que destacó la buena coordinación con el gobernador, quien actúa con gran responsabilidad política, y "lo menos que podemos hacer es respaldar a los campesinos campechanos", añadió.

Por su lado, Escobar Prieto, titular del RAN, indicó que el problema agrario en Campeche no es alarmante ni crítico, son situaciones derivadas de asentamientos irregulares por lo que ven con optimismo sentarse a platicar con las partes involucradas, aunque en el caso de la ampliación forestal de Pomuch es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sale del área de competencia del RAN por ser bosques y la Ley Agraria en su artículo 56 señala que no se podrán parcelar, para protegerlos.

Recordó que de los 14 "focos rojos" que existían en el país en 2003 sólo restan por resolver cuatro, los considerados más difíciles, pues sus habitantes resuelven sus diferencias con enfrentamientos. Pero aparte quedan pendientes por resolver más de 100 puntos considerados "focos amarillos", entre los cuales no se contempla Campeche.

Presumió que esos focos "rojos y amarillos", han sido resueltos en esta administración, pero en los anteriores únicamente los tribunales agrarios dictaban una resolución y dejaban inconformes siempre a alguna parte, pero desde el inicio del gobierno del Presidente Vicente Fox se integró un grupo de trabajo especializado que irá al lugar del conflicto el tiempo necesario hasta resolverlo mediante la conciliación.

Piden frenar despojos al titular de la SRA. (Tribuna de Campeche, Alfredo Bonfil, p.web).

domingo 14 de agosto de 2005

Frenar el despojo de sus tierras de manos de autoridades municipales de Hecelchakán y Hopelchén, reclamaron al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, integrantes de la Unidad Agroindustrial de la Mujer (UAIM) y el comisario ejidal de Hecelchakán.

Apenas terminaba el mensaje del director en jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Salazar Prieto, cuando se acercó el comisario Ruperto Balán Chi con documentos en mano, quien, ante la mirada atónita de los cientos de ejidatarios interrumpió al funcionario y exigió al funcionario federal frenar el despojo de 100 hectáreas.

Señaló que el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) se posesionó de 100 hectáreas por autorización de las autoridades municipales, y la representación de la SRA en Campeche se declaró incompetente para atender la demanda.

Balán Chi lamentó no haber sido invitado al evento, pero dijo que no podía perder la oportunidad de plantearle de manera directa ese problema al titular de la SRA. Explicó que además de las 100 hectáreas que pretenden despojarles, están pendientes de regularizar en ese ejido 14 mil hectáreas de terreno, trámite que vienen realizando desde hace más de 40 años, sin que a la fecha haya avances.

Entregó al titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, copia de los documentos y un oficio de respuesta del representante estatal de la SRA, Paulo Enrique Hau Dzul, en que señala que esa dependencia no tiene el personal técnico para realizar los trabajos que reclaman, por lo que realizan los trámites correspondientes ante el Registro Agrario Nacional.

Antes, los integrantes de la UAIM, encabezados por Rosario Yam Novelo, expusieron al titular del SRA la pretensión de la Junta Municipal de Bolonchén de quitarles 24 hectáreas de tierras que pertenecen a mismo número de mujeres productores desde hace 25 años.

Les han quitado hasta ahora dos hectáreas y temen perder las restantes 22 en los próximos meses, por lo que solicitaron la intervención del titular de la SRA para frenar los despojos de las autoridades municipales.

Costará $12 mil millones la elección presidencial: IFE. (La Crónica, p.web)

2005-08-13

Entre 630 y 640 millones de pesos será el “tope” en gastos de campaña de los ocho contendientes por el mismo número de partidos políticos a la Presidencia de la República, que otorgará para el proceso el Instituto Federal Electoral (IFE).

“El Cofipe —Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales— establece una fórmula que nuevamente nosotros aplicamos y si se aplica esa fórmula que considera el costo mínimo de campañas, multiplicado por el número de días que dura la campaña presidencial y tomando otros factores que están establecidos en la ley son probables dichos “topes”.

Lo anterior lo estableció Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del IFE tras inaugurar el Centro de Cómputo y Resguardo de este organismo, en la cabecera municipal de San Agustín Tlaxiaca.

El funcionario señaló que la sucesión presidencial tendrá un costo de 12 mil millones de pesos, más los gastos para la promoción del voto de unos cuatro millones de mexicanos radicados en Estados Unidos.

Destacó que sin embargo, “la inversión en la democracia produce confianza como ha sido el caso en la historia del IFE, y pluralismo político como ha sido el caso en México en los últimos años generando la participación ciudadana”.

El presupuesto de 12 mil millones de pesos a ejercer en el proceso, agregó tiene dos componentes: el presupuesto base de operación del Instituto más las prerrogativas a los partidos políticos calculadas en aproximadamente cuatro mil 913 millones de pesos.

“El presupuesto base de operación del IFE será de aproximadamente seis mil 900 millones de pesos y esa es la manera de la inversión a la democracia que haremos el próximo año”, anticipó.

Acotó que al Congreso de la Unión le corresponderá evaluar los recursos destinados a la democracia electoral frente a otras demandas de carácter social y dónde son más redituables.

Esto a interrogante sobre el gasto excesivo en el proceso de renovación de poderes federales y la baja participación ciudadana —calculada en menos de un 45 por ciento del total del padrón electoral compuesto por 72 millones de ciudadanos—.

“Es una decisión eminentemente política sobre la cual el IFE tiene una obligación muy importante sin embargo, que es garantizar que esos recursos se usen para los fines que fueron destinados, para promover el voto y difundir sus plataformas políticas”.

Cuestionado sobre las precampañas y los excesivos gastos de los pre-precandidatos, sostuvo que el IFE “está implementando una serie de medidas para transparentar el orígen de los recursos y su gasto de parte de quienes están contendiendo a un cargo de representación política en el País”.

Explicó que cada partido que inicia formalmente su proceso interno está obligado a explicar e informar de dónde sale el dinero que se gasta en cada uno de sus candidatos, lo que ha sucedido con el PAN y el PRD.

Los datos

* Algunos presupuestos ejercidos en 2005

+ IFE... 6 mil 398 millones 53 mil 135 pesos

+ Reforma Agraria... 4 mil 856 millones

+ Secretaría de Salud... 34 mil 24 millones

+ Sedesol...23 mil 744 millones 119 mil 440

+ Economía... 7 mil 17 millones

+ Sagarpa...48 mil 396 millones 81 mil 880 pesos

+ PGR... 8 mil 143 millones 595 mil 140 de pesos.

+ Sedena 24 mil 2 millones 172 mil 80

Propiedad colectiva y mercado de tierra en el campo. (La Jornada, Ada de Ita, p.web)

Sábado 13 de agosto de 2005

Varias comunidades y ejidos, principalmente indígenas, han manifestado su indignación ante las campañas de intimidación y condicionamiento de los programas públicos que impulsan los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para obligarlos a incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Las comunidades agrarias han sido las menos interesadas en certificar sus derechos bajo el Procede, que únicamente ha avanzado en 40 por ciento de la superficie. Para junio de 2005 no habían sido certificadas mil 360 comunidades agrarias. Las 2 mil 278 comunidades agrarias que existen en el país tienen en posesión 17 millones de hectáreas. Sus títulos datan del periodo colonial, pero en muchos casos se habían perdido. A partir de la década de los 40, el gobierno restituyó a las comunidades el derecho sobre sus tierras. Son los pueblos más antiguos y mil 395 son también comunidades indígenas. La Ley Agraria de 1992, a pesar de estar orientada a la desamortización de la propiedad social y promover su participación en el mercado, preserva el estatus legal de las comunidades con tierras bajo el régimen comunal, en donde la tierra no puede venderse, rentarse o hipotecarse.

Sin embargo, la ley abre a las comunidades la posibilidad de adoptar el régimen ejidal (bajo el que perderían su especificidad) y de entrar en asociación con agentes externos, proporcionando la tierra para inversiones de sociedades mercantiles.

Oaxaca, Chiapas y Guerrero son estados con muy alta presencia indígena y es donde el Procede ha tenido menor avance. En Oaxaca, la propiedad comunal absorbe 34 por ciento de las tierras comunales del país, que constituyen 62 por ciento de la superficie del estado. La presencia de comunidades indígenas bajo el régimen de tenencia comunal aumenta la resistencia a la incorporación del Procede, debido a que las comunidades buscan mantener los derechos colectivos sobre su territorio y la autonomía en las decisiones de sus autoridades, frente a las que Procede no otorga ninguna ventaja. Únicamente se ha certificado 29 por ciento de la superficie que está en manos del sector social, que se reduce a 23 por ciento si se trata de comunidades agrarias.

Por el contrario, el Procede ha tenido un mayor avance en los estados del norte: Sinaloa, Coahuila, Baja California y Baja California Sur son los que más han participado en el programa. Sinaloa certificó casi 95 por ciento de la superficie del sector social, 47 por ciento como parcelada y 53 por ciento destinada al uso común. En Sinaloa prevalece la propiedad ejidal y la superficie de las comunidades agrarias representa sólo 15 por ciento.

El Procede -según sus diseñadores- debería alentar el funcionamiento del mercado de tierras. Si bien las ventas masivas de las tierras ejidales no han ocurrido y únicamente 0.4 por ciento de la superficie certificada ha llegado al proceso de titulación, la renta de la tierra ha aumentado escandalosamente en regiones con buen potencial productivo, como una salida de los ejidatarios pobres a la situación de crisis imperante en el campo. La renta de la tierra no está cuantificada en las estadísticas oficiales.

En Sinaloa, 75 por ciento de la superficie es propiedad social y 25 por ciento es privada. La buena calidad de las tierras y la infraestructura de riego son un atractivo para la concentración de las parcelas. A partir de la década de los 90, mediante la renta de parcelas se ha formado una elite de grandes productores dedicados a la siembra de maíz y frijol, que por sus economías de escala obtienen rentas diferenciales en el proceso de producción y comercialización, a la par que absorben cuantiosos subsidios.

De acuerdo con información de los ejidatarios, cerca de 80 por ciento de la tierra está rentada y en ocasiones hay ejidos completos rentados. Por ejemplo, El Tajito, que tuvo su origen en una de las más importantes luchas agrarias de los años 70, está rentado en 90 por ciento. Según información de Aserca, de las 300 mil hectáreas ejidales en Sinaloa, únicamente 50 mil son cultivadas por los propios ejidatarios; el resto está rentado.

Las parcelas promedio de los ejidatarios tienen una extensión de alrededor de 10 hectáreas, mientras los empresarios privados que rentan ejidos completos pueden acaparan más de 2 mil. La concentración de la tierra se agudiza por falta de rentabilidad de los cultivos básicos en las pequeñas parcelas. Por la renta de una parcela de 10 hectáreas, un productor puede recibir anualmente 50 mil pesos sin ningún riesgo, mientras que un empresario agrícola que renta 3 mil hectáreas, produce alrededor de 25 mil toneladas de maíz por las que recibirá 10 millones de pesos como subsidios a la comercialización.

La renta de la tierra de los ejidos provoca la desaparición de su organización económica y política, de sus empresas y de organizaciones campesinas de segundo y tercer nivel que las aglutinaban.

Las comunidades agrarias, particularmente las comunidades indígenas, saben que la protección de sus derechos territoriales como derechos colectivos es la única forma de garantizar su supervivencia. Su decisión de no participar en el Procede debe ser plenamente respetada.

Resurge conflicto agrario en Guerrero. (Milenio, Zacarías Cervantes, p.web)

Chilpancingo / Agosto 13, 2005

El conflicto agrario por las mil 700 hectáreas de tierras entre los municipios de Acatapec y Zapotitlán Tablas, Guerrero, considerado como “foco rojo” y que fue resuelto por la Secretaría de la Reforma Agraria, resurgió luego de que los comuneros de Zapotitlán Tablas, demandaron al Trinunal Unitario Agrario del distrito 12, con sede en Chilpancingo, la suspensión del convenio por el que presuntamente se resuelve dicho conflicto. El asesor jurídico de los comuneros, David Nava Silverio, informó que las causas de la solicitud de nulidad del convenio, firmado por ambas partes el 10 de diciembre de 2003, se debe a que la mayoría de los comuneros no fueron consultados y que la SRA sólo entregó recursos a los representantes que firmaron el documento. Nava Silverio indicó que en tanto, los comuneros de Zapotitlán Tablas están dispuestos al diálogo con los de Acatepec, pero no aceptarán la compra de voluntades como lo hizo la SRA.

MEMORIA. (Cambio de Michoacán, Redacción, p.web)

MORELIA

Sábado 13 de Agosto de 2005

Hace un año, Cambio publicó la firma de un convenio entre el secretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y el gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, en el cual ambos se comprometieron a atender prioritariamente los conflictos agrarios a los que se enfrentan los comuneros de la Meseta Purépecha. En el mismo evento se entregaron fondos de apoyo para la realización de proyectos productivos.

A un año de la firma del convenio, los conflictos entre comuneros han seguido cobrando la vida de los pobladores, quienes ante la falta de regulación legal de las tierras se han seguido enfrentando, como lo fue el caso reciente entre las comunidades de Cocucho y Terán. En respuesta a que prevalece la irregularidad de las tierras y la falta de oportunidades para el desarrollo económico de la meseta

Da tribunal revés a ejidatarios. (El Diario (Chihuahua), Ramón Chaparro, p.web)

Busca comisariado ejidal recuperar las tierras donde se construyó planta

13 de Agosto del 2005

El Tribunal Cuarto Colegiado Agrario sobreseyó el segundo y último amparo que había interpuesto la defensa del Comisariado Ejidal de San Isidro, con el propósito de recuperar las tierras donde se construyó la planta Electrolux.

El citado órgano judicial determinó que el comisariado ejidal no tenía representación para impugnar la resolución relativa a la segunda ampliación del Ejido San Isidro que habían solicitado sus líderes.

Guillermo Guzmán Benavides, defensor de los ejidatarios, aseguró que no todo está perdido por lo que buscarán como última esperanza de los campesinos acudir a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Explicó que a través de esta vía se comprobará que los predios donde se ubica la empresa sueca son propiedad de la nación y que antes de que la administración estatal anterior los hiciera propios, existía una solicitud hecha por el Ejido San Isidro como parte de una segunda ampliación.

A su vez, Rutilio Zacarías Pérez Mena, presidente del Ejido San Isidro, dijo que el próximo lunes se reunirán con el secretario general de Gobierno, Fernando Rodríguez Moreno, para que le haga llegar al gobernador la documentación que acredita que la propiedad de esos predios no es del Estado sino que son terrenos nacionales.

El comisariado ejidal comentó que no se oponen al desarrollo industrial de Juárez, pero no están dispuestos a dejarse despojar por parte del gobierno.

Dijo que esas tierras le corresponden al ejido y por ello tanto el gobierno estatal como la propia empresa tendrán que sentarse a negociar con ellos.

El Ejido San Isidro está dispuesto a donar las tierras donde se encuentra la planta Electrolux, siempre y cuando el Gobierno del Estado reconozca que esas son tierras que le pertenecen a los campesinos, aseguró Guillermo Guzmán Benavides, abogado de los ejidatarios.

Pérez Mena dijo que ellos están dispuestos a cooperar con el desarrollo de la zona, siempre y cuando haya el reconocimiento de la autoridad de que las 3 mil 678 hectáreas, dentro de las cuales se encuentra la planta mencionada, les pertenecen, ya que se trata de lotes baldíos federales que les fueron conferidos a través de una resolución presidencial en 1993.

El defensor Guzmán Benavides aseguró que se trabaja ante la SRA y el Registro Nacional Agrario para comprobar que esas tierras son de San Isidro y no del Estado.

“Esas tierras son federales y no del Estado y no puede disponer de ellas; todo lo que ha hecho la administración estatal ahí es nulo porque está hecho en terrenos federales”, explicó.

El abogado dijo que se han interpuesto recursos legales en dos juzgados de distrito, pero en ambos se han negado.

Escobedo es mejor para central de autobuses: afectados por expropiación. (Milenio / Luciano Campos Garza, p.web).

Agosto 12, 2005

Monterrey, N.l.-El ejido San Nicolás en el municipio de Escobedo es la mejor opción para construir la central de autobuses que planea hacer el gobierno del estado mediante concesión, afirmó Sergio Garza Elizondo, representante de los afectados por la expropiación del terreno en 1990.

El apoderado legal de los 49 propietarios a los que califica como “despojados”, dijo que en aquel entonces el gobierno de Jorge Treviño ordenó la expropiación del área para construir ahí una terminal camionera, un hospital y un parque, proyecto que nunca se concertó.

“Nos dijeron que la intención inicial era construir ahí unos terrenos, pero a fin de cuentas únicamente resultamos defraudados y cuando se le cuestionó a Jorge Treviño sobre quién iba a resultar beneficiado al final con la expropiación y las construcciones que ahí se hicieron, Jorge Treviño le pegó al inocente”.

Señaló que en ese lugar hubo una indebida expropiación de las 204 hectáreas de terreno, pues fueron solicitadas para el efecto al municipio de San Nicolás, cuando en verdad pertenecen a Escobedo.

“De origen la expropiación estuvo viciada, con fallas y nunca debió de darse, por lo que terminaron haciendo un despojo, porque hicieron mal la solicitud”, mencionó Garza Elizondo, que aún espera que el municipio les restituya las tierras que, alega, les fueron despojadas o que le paguen a los afectados.

Consideró que, de entrada, la expropiación que fue decretada el 4 de abril de 1990 fue errónea, pues para hacerla no se justificó que hubiera una utilidad pública, como lo publicitó el entonces gobernador, en discursos que repitió en radio, prensa y televisión.

Tenían cinco años para desarrollar, que se cumplieron en 1995 y que para entonces no había un proyecto específico en el área, ni se había hecho para el fin por el que se hizo la expropiación.

Y finalmente hicieron la expropiación con el municipio de San Nicolás, cuando debieron de hacerlo con Escobedo.

“El área de la coordinación jurídica de la Reforma Agraria también nos dio la razón y ya están enterados del despojo del que fuimos objeto”, señaló.

El predio vuelve a ser mencionado ahora después de que el alcalde de San Nicolás, Miguel Ángel García, señalara que el predio ubicado en la colonia Cuauhtémoc, por avenida Universidad, no era apto para construir ahí una Central de Autobuses, como lo anunció el gobierno de Nuevo León.

García dijo que, en cambio, debería de ser habilitado el terreno de las avenidas Sendero y Universidad, en los límites de Escobedo y San Nicolás, para construir ahí la terminal, como lo estableció el Plan de Desarrollo Urbano creado hace casi dos décadas.

Conflicto ejidal por “Procede”. (Regional, p.web)

Minatitlán

Grupo de Pajapan no lo acepta

Muchos ejidatarios de este lugar aún se niegan a aceptar las acciones del Programa de Certificación de Derechos Ejidales que fue instaurada el 11 de abril del año 2000 porque piensan que les perjudica y para pronunciar su descontento realizaron una marcha de protesta encabezados por Casimiro Antonio Eligio y Epigmenio Antonio Hernández, quienes convocaron a manifestarse “en contra de los caciques políticos que promovieron dicho programa”.

Pajapan, Ver.

Marthín Ruiz / Gabriel Bautista / Diario del Istmo

12 de Agosto del 2005

Luego de la marcha realizada antier, llegó a este lugar la representante de la Procuraduría Agraria de la ciudad de Acayucan, Mónica Elizabeth Sandoval Barojas, para escuchar los planteamientos de los inconformes y aquí fue donde se encontraron con el otro grupo encabezado por el Comisariado ejidal Juan Pereyra gritando que sí aceptan el Procede. El grupo de inconformes esperaba la llegada de su presunto defensor Genaro Domínguez Maldonado quien jamás apareció.

Al ver que las cosas se ponían tensas por los empujones que se daban algunos campesinos, la funcionaria agraria pidió cordura y el retiro del grupo que llevaba el Comisariado ejidal, por lo que se retiraron, indicando que posteriormente convocarían a una nueva asamblea para informar de la situación.

Casimiro Antonio Eligio pidió la intervención de las autoridades competentes para que vuelva la paz entre los campesinos, esperando se retire el Procede del municipio de Pajapan “antes de que sucedan hechos lamentables”.

Cabe mencionar que el Procede es un programa de gobierno para certificar las tierras ejidales y solares urbanos con objeto de darle certeza jurídica a los campesinos posesionarios, además de que ese título de propiedad les da la opción de realizar trámites y solicitar apoyos de gobierno así como créditos ante las instituciones bancarias y otros beneficios más, por lo que no se entiende por qué la negativa ante el Procede.

Reprochan líos inmobiliarios a Patrón Laviada (La Jornada, Luis A. Bonfil, p.web)

Sábado 13 de agosto de 2005

Merida, Yuc., 12 de agosto. Antiguos aliados del gobernador Patricio Patrón Laviada, como el Frente Cívico Familiar (FCF), le demandaron aclarar la adquisición de tierras -para la construcción de un nuevo aeropuerto en terrenos del municipio rural de Hunucmá- por intermedio del especulador profesional Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en la entidad.

No obstante que el gobernador anunció hoy la disponibilidad de mil hectáreas aledañas a la actual terminal aeroportuaria mediante el aval de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en el Estado de Yucatán (COUSEY), dependencia descentralizada del propio Poder Ejecutivo, terreno que serviría para construir a futuro un desarrollo inmobiliario para familias marginadas del sur de esta capital, la especulación no deja en paz al gobernante.

Guillermo Vela Román, uno de los directivos del FCF, pidió al mandatario panista que aclare por qué repentinamente cambió su proyecto, ya que según él mismo se había planificado un nuevo aeropuerto en la carretera Mérida-Puerto Progreso, al norte y no al poniente de esta ciudad.

Dejaría un lastre financiero que perduraría dos sexenios

Señaló que el costo del proyecto (aeropuerto, planta potabilizadora, carretera de 14 kilómetros que una a la nueva terminal con Mérida, zoológico al aire libre y un museo de la cultura maya), de mil 450 millones de pesos, resultaría oneroso para las siguientes administraciones gubernamentales durante 10 o 12 años.

En su momento, Patrón Laviada aclaró que el proyecto sería autofinanciable puesto que con la venta de los terrenos del actual aeropuerto se cubriría el capital invertido (mil 450 millones), pero sobre este paso Vela Román se preguntó: "¿Qué pasará si esos terrenos -de la terminal antigua- no logran venderse?"

El activista afirmó que el gobierno estatal tiene que demostrar que puede asegurar una preventa de las tierras y que el dinero que se capte sea manejado transparentemente, sin indicios de especulación o intermediarismo.

Como se ha informado, en la pretendida construcción del nuevo aeropuerto Patrón Laviada admitió que contrató al conocido especulador Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del RAN, quien adquirió 3 mil hectáreas a los ejidatarios de Hunucmá a 72 centavos el metro cuadrado, aunque él lo revendió al Ejecutivo a 1.40 pesos, y presuntamente se llevó una "comisión" cercana a los 20 millones de pesos.

En tanto, el gobernador anunció que tendrá a disponibilidad mil hectáreas que circundan el actual aeropuerto para la construcción de viviendas para familias pobres, así como para obreros, además de edificar complejos comerciales. Sin embargo, el intermediario en este caso es la COUSEY, dependencia que está a su servicio y que, en su momento, también fue denunciada por especular en la compraventa.

Umbral. ( La Jornada, Suplemento Ojarasca, p.web).

Los movimientos indígenas del país han entrado en un proceso de aceleración de sus luchas y demandas que trasciende los calendarios electorales, los temporaleros despliegues publicitarios y la lluvia de millones que les dispara el foxismo para hacerlos más pobres.

Ahora descubrieron, los del gobierno, que existe un lugar de la Montaña guerrerense que se llama Metlatónoc, y los diseñadores de imagen saltaron, alborozados. Guau: el municipio más marginado de TODO EL PAIS. "Si eso no vende, entonces qué". Y más si se endosa una foto presidencial con los desvanecientes kiliwa (y otras "etnias" en extinción, congregadas en Sonora este agosto) para confirmar que algo se hace por esta pobre gente, ¿ves?

La región de Guerrero donde se encuentra Metlatónoc, tierra de mixtecos, tlapanecos y nahuas, es pobre para la agricultura y rica en resistencias, en un panorama dominado por la violencia política, la corrupción caciquil, la emigración masiva y el narcotráfico pesado. La militarización en esas partes de la Montaña es un hecho. Ahora, que caigan los millones. Serán escenográficos, estadísticos y sobre todo, muy caros. La mayor tajada de esas "partidas" se va en pagos a contratistas (180 millones sólo en carreteras) y los sueldos de los funcionarios, o sea la financiación de los que viven de ayudar al indio. Igual que siempre.

Los administradores del Estado nacional han diferido la "cuestión indígena", atentos a encuestas de popularidad e indicadores financieros maquillados para quedar bien con los amos. Contrainsurgencia pura en lo económico, lo jurídico, lo publicitario y lo militar, da continuidad a la "Solidaridad" salinista y los programas bancomundialeros del excompatriota Zedillo.

La funcionaria de lo indígena, Xóchitl Gálvez, refiere alborozada en un artículo reciente: "Un estudio del Centro Mexicano de Filantropía (sic) determinó que la segunda instancia que más canaliza recursos a la Sociedad Civil (las mayúsculas son suyas) es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Programa Vigencia de Derechos y Apoyo a la Cultura" (Suplemento Enfoque de Reforma, 7 de agosto de 2005).

Si para récords estamos. La desterritorialización de los pueblos es acelerada. Los presupuestos de la CDI siempre serán migajas al lado de la inversión que deveras cuenta, la que abre paso a la privatización y la desnacionalización. El "integracionismo" es avieso desde la Colonia. Entre más inversión les "canalizan", más revientan a los pueblos. Contra lo declarado oficialmente, esos son dineros para borrarlos.

¿En qué se diferencian el presidente Fox y el inefable Doctor Simi cuando se juntan con la indiada? Perdonando el ripio, en nada. Van por la foto, cueste lo que cueste. ¿Cómo describir la inauguración de una clínica en una lomita de Huixtán, patrocinada por el precandidato señor González Torres (de ilustre familia aprovechadísima) con el atractivo visual, esta vez no de una Araceli Arámbula sino de la indígena internacional Rigoberta Menchú, rodeado de centenares de indígenas agradecidos de que les vinieron a dar?

El indigenismo no ha muerto, vive en los costales de dinero de los políticos y los bancos mundiales. Aspirinas para esa jaqueca que le representan los pobres al proyecto de poder del capital. No obstante, la Meseta P'urhépecha, la Sierra de Oaxaca, el territorio Yaqui y Montes Azulez, Chiapas, los cuatro "focos rojos" que maneja la CDI (lugares donde hierve también la lucha por la autodeterminación indígena) les vienen grandes al Estado y a los tres partidos gobernantes. Ya entrados en gastos, todo es Metlatónoc.

La separación de la tierra y el agua. (La Jornada, Suplemento Ojarasca, p.web).

Embestida empresarial

Carlos González

Los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos y caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos que tengan sus títulos correspondientes. Este párrafo del Plan de Ayala, programa histórico del Ejército Libertador del Sur, expresa la causa principal del levantamiento zapatista: el despojo de los territorios ancestrales correspondientes a las comunidades indígenas del centro del país. En dicha frase se habla por igual de tierras y aguas, ambos, elementos materiales y simbólicos integradores de las nociones mesoamericanas de territorio y comunidad.

Ya sea que hablemos del altépetl, propio del mundo nahua, o de sus equivalentes en otras lenguas mesoamericanas, como el ndaatyuaa amuzgo, la comunidad indígena desde tiempos muy anteriores a la invasión europea es nombrada, imaginada y recreada a partir de esos dos elementos indisociables: el agua y la tierra.

Uno de los aspectos básicos de la desterritorialización de nuestros pueblos, provocada por la continua e ininterrumpida colonización capitalista, consiste en la desintegración de los momentos básicos del territorio y la comunidad, independientemente de que ésta se reconozca indígena o campesina. Se trata de separar todos sus elementos hasta que la comunidad se vuelve irreconocible. Actualmente acudimos a un proceso, enmarcado en una lógica mundial que bien podríamos llamar de "nueva acumulación originaria de capital", que tiende a separar masivamente a los campesinos de sus tierras y que, por medio de múltiples acciones, leyes, políticas y programas gubernamentales, escinde tierra, agua, biodiversidad, maíz, cultura comunitaria, trabajo campesino y saber acumulado, con el fin facilitar la apropiación privada de todo aquello susceptible de generar ganancia. Es el mercado contra la comunidad.

La actual privatización del agua en México se explica a partir del contexto arriba señalado y una de sus aristas más filosas es la que tiene que ver con las comunidades campesinas. Fragmentar agua y tierra, territorio y comunidad, desconstruir el milenario altépetl, esa es la apuesta del poder.

La reforma del artículo 27 Constitucional en 1992, cuyo fin era separar tierra y campesinos a favor del capital, implicó la derogación, modificación y promulgación de muy diversas leyes. Una de esas nuevas leyes creadas fue la de Aguas Nacionales que, entre otros, se propuso los siguientes objetivos: el fomento a la actividad empresarial en la construcción y operación de infraestructura hidráulica, la consolidación de organismos privados operadores de los servicios de agua potable y saneamiento urbanos y la creación de un régimen de concesiones de aguas nacionales incorporado al mercado bajo ciertas regulaciones.

También se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y con ello los artículos relativos a la dotación y acceso de aguas ejidales y bienes comunales, en cuyo concepto se engloban tierras, bosques y aguas.

A partir de ese momento las comunidades indígenas y campesinas quedaron sujetas a un régimen de concesiones incorporado al mercado del agua, pues casi la totalidad de sus aguas son o se consideran nacionales, muchas veces por una abusiva interpretación del párrafo quinto del artículo 27 Constitucional a través de las famosas declaratorias presidenciales.

En este escenario se aceleró el nada nuevo despojo de los bienes agrarios, y personas privadas o entidades públicas empezaron a adquirir títulos de concesión sobre manantiales enclavados en territorios campesinos sin el conocimiento de los directamente afectados --es el caso de prácticamente todas las comunidades cercanas a las grandes ciudades. Adquirieron también títulos de concesión sobre los cauces de corrientes que nacen y atraviesan comunidades indígenas, sin que éstas puedan tocar una sola gota de dichas aguas --tal como ocurre con Tlanixco en el estado de México o las comunidades p'urhépechas en la región de la Cañada en Michoacán.

Pero adicionalmente este nuevo régimen de concesiones posibilitó que personas extrañas a las comunidades pudieran adquirir títulos, no únicamente sobre las aguas que están enclavadas en sus territorios, sino también sobre las zonas federales que corresponden a dichas aguas y que, generalmente, se localizan dentro de terrenos ejidales o comunales. De este modo empresas públicas y privadas han adquirido concesiones sobre las tierras donde se localizan manantiales, arroyos, ríos, lagos, manglares y franjas costeras.

Con relación a las llamadas zonas federales y la construcción de infraestructura en ellas, la ley resulta intencionalmente difusa y el Poder Judicial de la Federación ha determinado, en el caso de la comunidad otomí de San Pedro Atlapulco, que para el caso del otorgamiento de concesiones en terrenos comunales no opera la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 Constitucional, lo cual significa que el Ejecutivo federal puede otorgar títulos sobre aguas enclavadas en territorio comunal --y sobre la consiguiente porción de terrenos donde se localizan las aguas y las obras hidráulicas-- sin tan siquiera notificar a la comunidad respectiva. Lo anterior en violación directa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Las reformas realizadas a la Ley de Aguas Nacionales el año pasado, con la unánime complacencia de todos los partidos políticos, quita las regulaciones que existían para el régimen de concesiones de aguas nacionales, dejando su funcionamiento a las reglas del mercado. Es decir, la ley reformada implica la derogación de facto del párrafo quinto del artículo 27 Constitucional y significa profundizar el proceso de privatización del agua y el despojo de las aguas y tierras indígenas y campesinas. Parte central de este cuadro es la construcción forzada de grandes presas que hoy se cierne como una cruel amenaza en diversos lugares de nuestra geografía y que en el pasado ha llevado a la destrucción y deportación de pueblos enteros, como aconteció con los chinantecos en Veracruz, o con los mayos de Huites, en Sonora. Desde hace más de cuatro años diversas comunidades y el propio Congreso Nacional Indígena han denunciado la situación descrita y han gritado el permanente despojo que viven de sus tierras y aguas. El poder ha creado una densa cortina de humo para ocultar la radicalidad de sus demandas, y para ello ha contado con el apoyo involuntario de organizaciones y centrales campesinas que en su momento promovieron la contrarreforma de 1992 y que actualmente defienden los títulos de concesión de sus agremiados frente a la embestida empresarial.

Ahora que importantes sectores de la sociedad civil toman conciencia sobre el grave peligro que significa la privatización del agua seguramente no estaría de más la alianza entre comunidades del campo y pobres de la ciudad para defender el agua como patrimonio campesino, comunitario, colectivo, público y universal, que debe estar al margen del mercado.
Carlos González: asesor legal de comunidades indígenas en Jalisco, Guerrero y Estado de México.

Sector agropecuario

En el primer semestre, subejercicio de 88% en el gasto del campo. (La Crónica, Elba Mónica Bravo, p.web)

2005-08-15

El gobierno federal no ha canalizado 120 mil 560 millones de pesos de las partidas autorizadas para el sector agropecuario. El monto equivale al 88% de los recursos destinados para el campo mexicano, sin considerar los más de nueve mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados para dicho sector y que finalmente quedaron excluidos del presupuesto para 2005, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el veto presidencial.

Las cifras corresponden a información de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados cuyo presidente, el diputado perredista Miguel Luna Hernández, anunció que presentará denuncias penales en contra del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, así como del subsecretario, Antonio Ruiz, por “no entregar los recursos para el campo”.

En entrevista, el legislador dijo que para el Ejecutivo Federal no es asunto prioritario el apoyo al campo pues para este año envío una propuesta de presupuesto de 125 mil millones de pesos, el cual se incrementó a 146 mil millones pesos por acuerdo de los legisladores que integran siete diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.

No obstante, el presidente Vicente Fox, comentó el perredista, decidió vetar nueve mil millones de pesos del presupuesto que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados con lo que se afectaron 29 programas del campo entre los que se encuentran recursos para el desarrollo de caminos rurales, agua potable y apoyo al empleo para campesinos.

De enero a junio de este año, última cifra reportada, sólo se había erogado apenas el 12% de los recursos para el campo, es decir el equivalente a 16 mil 440 millones de pesos, lo cual refleja que “varios programas aún no inician su operación y otros tienen un ridículo dos por ciento de avance”.

Explicó que la Controversia Constitucional “congeló” mil 183 millones de pesos “aunque el efecto es mayor” porque 29 programas rurales con un monto de dos millones 605 mil pesos y otros 11 programas serán afectados parcialmente por siete millones 14 mil pesos, los cuales suman nueve millones 619 mil pesos no podrán concretarse.

Durante la entrevista, el diputado del PRD relató que ha tenido encuentros con el titular de la Sagarpa, quien asegura haber entregado la totalidad de los recursos a los diferentes estados por lo que el legislador retó a las autoridades del gobierno a visitar los diferentes estados del país “para que vean la realidad y aclaren en dónde está el presupuesto para el campo”.

El Peregrinar del Presupuesto

2003. El presidente Vicente Fox envió al Congreso una propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2004, destinado al campo 107 mil millones de pesos.

Los legisladores de las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente, Asuntos Indígenas y Desarrollo Rural manifestaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal y conformaron desde entonces un bloque opositor.

Los diputados acordaron un incremento de 10,800 mdp al campo, por lo que el presupuesto de 2004 quedó de 117,800 millones de pesos.

Para 2005, la propuesta de Fox fue de 125,000 mdp. Nuevamente se reúnen los legisladores del bloque y aprueban una modificación para incrementar el presupuesto que quedó en 146,000 millones de pesos.

Fox vetó el presupuesto y presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que logró que se redujeran más de 9,000 mdp que serían destinados al campo.y Hacienda le recorta 8.8 mdp más

Además de no recibir los recursos autorizados por el Congreso de la Unión, el sector rural fue objeto de una reducción de ocho millones 781 mil pesos, que forman parte del recorte presupuestal que anunció hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) por un total de 24 mil millones de pesos para a las diferentes dependencias del gobierno federal, informó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Luna Hernández.

El legislador lamentó este “nuevo” recorte presupuestal pues dijo que “la situación para el campo es gravísima porque tenemos competencia desleal al importar verduras, frutas, legumbres, carne, leche, granos y huevos”.

En ese sentido, criticó al presidente Vicente Fox quien, aseguró el diputado del PRD, “le apuesta más a importar los productos que consume el país que a meterle presupuesto al campo en este país creando desempleo y subdesarrollo enorme, por eso dejan mucho que desear las políticas actuales de su gabinete”.

Expuso que la intención de la administración foxista “es matar al campo, lo ha dicho públicamente el subsecretario de la Sagarpa que hay que sacar a los campesinos del campo que se vayan mejor de braseros a Estados Unidos”.

LAS CIFRAS.

Los programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo son literalmente eliminados al pasar de 98.6 millones de pesos a solo 0.1 millones de pesos.

Desaparecen los programas: Fondos Regionales de Combate a la Pobreza que tenía asignados 99 millones de pesos y el Programa de Empleo Temporal que tenía 123 millones de pesos.

En el programa Alianza para el Campo aún no aplica en su totalidad los recursos del año pasado.

El Procampo se reduce en 654.4 millones de pesos.

El Fondo de Apoyo a las Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras se reduce en 48.5 millones de pesos, para quedar según la Comisión de Desarrollo Rural en 224.9 millones de pesos.

Los Programas de Ingreso Objetivo se reducen en 842.2 millones de pesos, es decir el 13 por ciento.

Adecuaciones de Sagarpa a la ley cañera evitarán burocracia. (La Jornada, Enrique Méndez, p.web)

Refrenda la dependencia compromiso con productores

En cumplimiento del acuerdo suscrito con el Poder Legislativo, las secretarías de Agricultura y Gobernación anunciaron que está listo el nuevo formato de la ley cañera, que evitará mayor burocracia en esta agroindustria. En la imagen, Javier Usabiaga, titular de Sagarpa, durante la negociación con productores la semana pasada

En un ejercicio inédito de negociación, en el que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) acordó la parte técnica y la Secretaría de Gobernación el formato de publicación de la ley cañera, se acordaron modificaciones sustantivas a la misma, como el fomento a la organización productiva en los campos cañeros y la no creación de organismos públicos descentralizados que generarían mayor burocracia.

Tras el acuerdo político firmado el pasado jueves por el Ejecutivo y Legislativo, se logró mediante consenso una serie de modificaciones sustanciales, como la no intervención de la autoridad en las decisiones de negocios para que los derechos de particulares queden a salvo.

Con lo anterior habrá flexibilidad para particularizar contratos cuando así convenga a productores e ingenios, y no habrá obstáculos para la participación de nuevas organizaciones de productores.

Las modificaciones van desde el cambio del nombre del ordenamiento, que se denominará Ley de Desarrollo Sustentable de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, hasta la eliminación de organismos paraestatales y la creación de agrupaciones de productores e industriales cuyas funciones serán reubicadas en las dependencias competentes.

Debido a que la ley de la agroindustria de la caña de azúcar sólo considera dos actores de la cadena (productores e ingenios), para dar cumplimiento a la ley de desarrollo rural sustentable se estableció que estos agentes se incorporarán a los comités nacionales y regionales del sistema producto cuando la Sagarpa emita las respectivas convocatorias.

Igualmente, cambia el concepto de la figura de comité nacional, que estaba planteado como organismo público descentralizado, y se incluye un Consejo Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar cuyo objetivo es emitir opiniones y participar en la coordinación de acciones que mejoren la competitividad de esta agroindustria.

Respecto del contrato uniforme que establecía el dictamen original de la ley cañera, éste se transforma en contrato base para la compra-venta, siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña, que de manera voluntaria celebrarán los productores y los ingenios.

Asimismo, en lugar de crear un centro de investigación para la caña como un organismo descentralizado, se aprovechará la infraestructura científica de las instituciones públicas del país.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Alientan la represión. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web).

Venustiano Carranza.- La falta de resolución del fideicomiso firmado hace 10 años (1995) y la violación de los acuerdos logrados ante la instancia estatal, donde quedó claro que no habría más desalojos de tierras recuperadas ni encarcelamientos, es el principal reclamo de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) región Venustiano Carranza en contra del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, dijo el representante José Manuel de la Torre Hernández.

El joven indígena expuso que el problema agrario sigue siendo la demanda principal para la OCEZ, porque persisten pendientes agrarios y a escaso un año del fin de la presente administración estatal, "se violentó el pacto de no agresión; hemos sido desalojados, 'patrullados' y detenidos en forma arbitraria, como en la región de San José La Grandeza, a 15 kilómetros de esta cabecera municipal, afectando 10 predios y sus propietarios".

De la Torre Hernández señaló que el Gobierno del Estado no respetó el pacto de no desalojar las tierras ocupadas y congelar las órdenes de aprehensión, pero está ocurriendo lo contrario a pesar de las minutas de trabajo desde 1996 a la fecha.

"La OCEZ considera que faltan políticas públicas del Gobierno Estatal y Federal, porque el problema de cañeros en esta región es de explotación en la producción; para los maiceros su cultivo ya no es rentable; no hay un subsidio que garantice su precio de venta, además que los insumos son retardados en su entrega y se termina politizándolos", reconoció.

Al final de la reunión donde fue conformado un nuevo Frente Regional de Organizaciones Campesinas, reconoció que es grave el abandono en que los mantienen sus autoridades municipales, quienes se olvidaron de sus promesas de campaña.

En otro orden de ideas y a menos de siete días de la elección interna del PRD en este municipio, De la Torre Hernández citó que ya cuentan con pruebas del fraude electoral que cometerá el PRD el próximo domingo 21

GUERRERO

Diez opositores al proyecto La Parota salen golpeados al enfrentarse con policías. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).

Los campesinos impidieron asamblea en la que se buscaba autorizar construcción de la presa

No cederemos ni un centímetro de nuestras tierras, advirtió uno de los campesinos

El Campanario, Gro., 14 de agosto. Diez campesinos resultaron golpeados durante un enfrentamiento entre comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) y efectivos de diversas corporaciones policiacas, en el contexto de la asamblea convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la que se pretendía obtener la anuencia de los ejidatarios para la expropiación de 17 mil hectáreas de los terrenos donde se pretende construir la hidroeléctrica La Parota, la cual tendrá un costo de mil millones de dólares y desplazará a más de 25 mil habitantes.

Alrededor de mil comuneros del CECOP impidieron que se llevara a cabo esta asamblea, a la cual se convocó el pasado 5 de agosto. Como antecedente de este llamado, en abril del año pasado se emplazó a realizar una asamblea para el mismo fin; sin embargo, en aquella ocasión no se pudo realizar por problemas entre los comuneros.

Entre los puntos centrales que abordaría la asamblea destaca la verificación del quórum legal, el cual debía ser al menos de 3 mil asistentes de los 7 mil afiliados al patrón; sin embargo, sólo llegaron cerca de 200 personas, todas en apoyo a la construcción de la hidroeléctrica.

Otro punto del orden del día mencionaba que se debería designar presidente, secretario y escrutadores de la asamblea. El punto más polémico era el 4, el cual generó el descontento, pues señalaba: "solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como convenios de ocupación temporal".

Desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar a la comunidad El Campanario decenas de camiones procedentes de 23 de las 43 comunidades que serán afectadas en los municipios de Acapulco, San Marcos, Tierra Colorada, Quechultenango, y Chilpancingo.

Las policías ministerial, municipal y ecologista instalaron retenes en las comunidades acapulqueñas de San Juan el Chico y Las Minas, en las que impidieron el acceso a integrantes del CECOP, quienes tuvieron que caminar por el monte (lo que les permitió introducir a la asamblea palos y machetes) más de nueve kilómetros para llegar a El Campanario, donde se realizaría la asamblea, para la cual se esperaba un quórum de poco más de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados en el padrón.

Desde las 8 de la mañana helicópteros de la CFE trasladaron a diez notarios públicos de Acapulco al lugar en el que se realizaría la asamblea; lo anterior, para dar fe de lo que supuestamente iba a suceder; entre los actuarios estaba Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general de Gobierno del estado José Rubén Robles Catalán -asesinado recientemente-, así como Miguel Angel Maldonado, ex titular del Consejo Estatal Electoral y representante en México de las trasnacional Domino's Pizza; al igual que a elementos del cuerpo de bomberos, médicos y enfermeras.

Fue a las 10:30 horas cuando al grito de "¡Fuera la CFE, nuestras tierras no se venden! ¡Viva el subcomandante Marcos! ¡Viva Lucio Cabañas!", cerca de 200 integrantes del CECOP, que lograron burlar los retenes policiacos, empezaron a protestar afuera de las carpas, acordonadas con mallas ciclónicas electrificadas y resguardadas por alrededor de 400 efectivos de las distintas corporaciones policiacas, mientras un conjunto de música tropical contratado ex profeso para el evento empezó a tocar para acallar la protesta.

"Quiero decirle al alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, y al gobernador Zeferino (Torreblanca), que vamos a defender nuestras tierras aunque vayan de por medio nuestras vidas. No vamos a dar ni un centímetro de tierra. Y que Jorge Campos -ex futbolista quien participa en los espots para la construcción de La Parota en los que invita a los comuneros a vender sus tierras- se vaya a chingar a su madre", advirtió el campesino Julián Blanco.

Después de dos horas de tensión y jaloneos entre campesinos opositores y policías, alrededor de las 12:30 horas, cuando Valente Navidad, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC), permitió el ingreso a la asamblea a labriegos que no pertenecen a ninguna de las comunidades afectadas, empezaron las protestas de los opositores, por lo que los policías lanzaron gases lacrimógenos, a lo que los inconformes respondieron lanzando piedras y garrotes, enfrentamiento que duró más de 20 minutos.

La situación se complicó cuando los opositores ingresaron por la fuerza, armados con palos y machetes, al local donde se pretendía instalar la asamblea, mientras otros destruían la papelería oficial que incluía el padrón elaborado por la CFE.

La trifulca dejó diez labriegos golpeados por toletes, uno bañado en sangre; el dirigente de los campesinos reiteró su acusación por la violencia contra los funcionarios estatales y añadió el nombre del Vicente Fox a la lista de culpables de estas agresiones.

"Somos 30 comunidades las que seremos afectadas por la presa, entre las que destacan Los Guajes, Dos Arroyos, La Palma, Sabanillas, La Venta Vieja, San José Cacahuatepec, Agua Zarca, Parotas, Pochotlaxco, Rancho Las Marías, Los Ilamos, Parotilla, Salsipuedes, Aguascalientes de la Concepción; además, los pueblos que estén debajo de las cortinas."

El comandante de la policía ministerial, Juan Negrete Lezama, afirmó que fueron los campesinos opositores quienes comenzaron a machetear las sillas, a golpear y destruir las mesas, "tuvimos que proteger a la gente que estaba en la asamblea por lo que las evacuamos por las puertas de atrás, junto con las autoridades". Dijo que si bien no hubo ningún policía herido, de todos modos hubo algunos elementos fueron alcanzados por las piedras.

Impiden por la fuerza opositores a La Parota la asamblea para expropiar sus tierras. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Unos mil campesinos con machetes y palos pasaron dos retenes policiacos, a pedradas y empujores rompieron el cerco en El Campanario, y entraron al lugar de la reunión para deshacer el escenario. Policías del estado y del municipio golpearon con sillas, toletes y lanzaron gases a comuneros inconformes. Tres de éstos fueron lesionados y decenas golpeados

El Campanario.- Unos 500 policías estatales y municipales golpearon con toletes y sillas y lanzaron gases lacrimógenos a campesinos opositores a la presa La Parota, que llegaron a impedir la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para analizar la anuencia para la expropiación de sus terrenos.

Unos mil que rechazan el proyecto hidreléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reunieron para llegar al sitio de la asamblea, en la que irrumpieron, con machetes, palos y piedras, para impedirla.

Entraron a la fuerza al espacio habilitado para la reunión, derribaron vallas metálicas, rompieron la fila de policías a empujones y pedradas, y vencieron la puerta de malla de alambre.

Entraron en tumulto a la cancha cercada con tela de alambre donde estaban unos 250 comuneros que están a favor de la presa, que salieron rápidamente.

Ya en el lugar, los inconformes se lanzaron contra el escenario montado para la asamblea; tiraron toldos, sillas y mesas.

Se dieron forcejeos con las sillas. Con éstas, policías golpearon a decenas de campesinos, y algunos de éstos respondían con las mismas sillas para tratar de repeler los golpes. Después los policías golpearon con toletes, y finalmente lanzaron gases lacrimógenos.

Tres comuneros, dos hombres y una mujer, quedaron con lesiones de consideración.

Rompen el cerco y entran a la asamblea

Los policías que estuvieron en la comunidad de El Campanario, anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, para resguardar la asamblea, pertenecen a los gobiernos perredistas de Guerrero y Acapulco: a la Policía Investigadora Ministerial, la Policía Preventiva Estatal (Motorizada), Antimotines, Rurales, Policía Ecológica del Ayuntamiento de Acapulco, agentes de Tránsito estatal, de Protección Civil y bomberos.

El forcejeo masivo entre opositores y policías se dio alrededor de las 12 y media del día. Cuando los comuneros llegaron al sitio, se dirigieron a un helipuerto habilitado para la ocasión, donde estaban dos funcionarios de la CFE, a quienes sacaron a la fuerza.

Mientras esto ocurría, uno de los portavoces de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, discutía acaloradamente con comandantes de la policía motorizada, y les exigía que no agredieran a los opositores. En ese momento, los campesinos comenzaron a empujar y a lanzar una lluvia de piedras contra policías que resguardaban el lugar de la asamblea para poder entrar.

Los policías se desconcertaron y los comuneros opositores aprovecharon para forzar la malla ciclónica que cerca la cancha. Pero los policías rápidamente reaccionaron y empezaron a responder los empujones y pedradas. Las piedras salían de ambos lados.

Los opositores entraron así al lugar acondicionado para la asamblea, mientras unos 250 comuneros que estaban ocupando algunas de las más de 3 mil sillas salieron en estampida por una puerta de emergencia.

La batalla duró unos 15 minutos. Abajo del inmenso toldo, ambos bandos se lanzaban refrescos que estaban dispuestos en hileras y así como las sillas. A veces, entre dos o tres policías golpeaban a un campesino, principalmente a ancianos que caían al suelo y no podían defenderse.

Después los policías lanzaron gas lacrimógeno que lastimó los ojos y la piel de los opositores.

Regresó la calma cuando los opositores empezaron la retirada, después de quemar cientos de constancias agrarias que venían en carpetas blancas con el nombre del presidente Vicente Fox Quesada y los padrones de comuneros.

Los retenes

Desde muy temprano fueron colocados varios retenes policiacos en el camino que lleva a El Campanario. Se informó que el objetivo era que ningún comunero pasara con machetes a la reunión.

En San Juan el Chico estaba el primer retén donde más de 50 policías de diferentes corporaciones cerraron por completo el camino, y con ello obligaron a los opositores a dejar los camiones en los que se transportaban a la asamblea. Varado también quedó en el lugar el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Esaú Tapia.

Los opositores se bajaron de los camiones y rodearon el retén por las huertas para salir unos metros adelante. El director de Gobernación, Rey Hilario informaba por radio lo que pasaba, pero se negó a dar información a El Sur.

Cientos de opositores, muchos de ellos personas de la tercera edad que se iban sosteniendo en palos, iniciaron el camino de 9 kilómetros a la comunidad de El Campanario. Los más jóvenes caminaban a paso rápido, los más ancianos iban a pasos pausados, lo que obligó a que la marcha se fraccionara.

El segundo retén estaba en la comunidad de Las Minas. Allí se encontraban policías preventivos municipales a cargo de quien se dijo llamar comandante Alfredo Quiñónez.

Al ver a los opositores con sus machetes, inmediatamente los policías formaron una hilera queriendo evitar el paso y los comuneros opositores, con Marco Antonio Suástegui al frente, exigieron el paso, y explicaban que nada más iban a la asamblea.

Alfredo Quiñónez pidió a los opositores que dejaran palos y machetes. Los opositores no accedieron, y el comandante comenzó una fuerte discusión con Suástegui, que calentó los ánimos.

Los cerca de 20 policías empezaron a cortar cartucho, y apuntar con sus armas contra los opositores y reporteros cerca. Los campesinos gritaban.

El comandante Alfredo Quiñónez no hizo nada para calmar a sus agentes, amenazantes con sus armas, y los comuneros levantaban sus machetes.

–Comandante están cortando cartucho, es grave, pueden matar a alguien –cuestionó esta reportera.

–No, no se preocupe, no va a pasar nada –respondió.

Luego, ante las insistentes preguntas de los reporteros, que no contestó, replegó a sus policías y los comuneros pudieron seguir su marcha a El Campanario.

Más de 3 mil sillas para 250 asistentes

Los primeros contingentes opositores llegaron alrededor de las 12 del día e inmediatamente desplegaron sus mantas y pancartas, así como consignas de rechazo a la presa.

Entre las pancartas había varias dirigidas al ex portero futbolista, una de ellas decía: “Jorge Campos. Si Zapata viviera una chinga te pusiera”, y otras: “No a la presa La Parota”, “Fuera la CFE”.

El lugar donde fue instalada la carpa principal para la asamblea estaba acondicionada con más de 3 mil sillas azules, un templete con un potente sonido y a un costado un grupo musical amenizaba la espera de apenas unas 250 personas.

El lugar fue encerrado con malla ciclónica –dicen algunos que estaba electrificada y que sería accionada cuando iniciara la asamblea y en la parte de arriba tenía alambres de púas.

Afuera fueron instaladas diez mesas receptoras y en nueve de ellas al frente se encontraban varios notarios públicos de Acapulco, entre ellos Robespierre Robles, quien está demandado penalmente por los opositores por avalar la asamblea del 25 de abril del 2004, que según los comunero fue ilegal.

La mesa 10 era la que comandaba el dirigente de la CNC (la priísta Confederación Nacional Campesina), Valente Navidad, donde se “veían los casos especiales”, de comuneros que no estuvieron registrados en las otras mesas.

El presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, evitó la entrada a representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, como la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y también a los reporteros.

Argumentó que la asamblea era autónoma y que a ella nada más entrarían los invitados, es decir los comuneros, funcionarios del gobierno del estado, municipales y los dirigentes de la CNC, organización promotora del proyecto.

Mientras dos helicópteros sobrevolaron el área, uno del gobierno del estado en el que estaba el secretario de Seguridad Pública, general Juan Heriberto Salinas Altés, y el otro era de la CFE.

A escasos metros cientos de policías con vallas metálicas contendiendo a los cientos de opositores.

Finalmente la batalla campal, y el reporte fue tres opositores heridos y ningún policía.

Alrededor de las 2 de la tarde los opositores se retiraron y los policías empezaron a recoger el fallido escenario. Mientras decenas de campesinos de El Campanario acarreaban paquetes de refrescos y hasta los tambos usados para enfriarlos.

Policías, un peligro en el camino a El Campanario. (El Sur, Ricardo Castillo, p.web).

En medio de la batalla campal pudo pensar que lo podían matar, pero al final sólo vio correr la sangre por su cara. El campesino Calixto Santos ha recibido uno de los proyectiles lanzados por alguno de los policías que aún atacan, arrinconados, antes de consumarse La Toma de El Campanario. Es la lucha por el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, de la Comisión Federal de Electricidad. Es como una guerra.

Se repone en cuanto puede, se lleva las manos a la cabeza y comienza a sentir caliente entre los dedos. Las Fuerzas Opositoras a La Parota saben que están a punto de la victoria a pedradas, ante un impresionante despliegue de todas las corporaciones policiacas del gobierno del estado perredista y del ayuntamiento igualmente perredista. Así que de momento casi nadie se percata del hombre herido.

Los combatientes mantienen sus posiciones y la pelea se prolonga por más de 15 minutos. Un cuarto de hora de bombardeo mutuo de palos y piedras, y de pelea cuerpo a cuerpo con sillas plegables como espadas. La antesala al desarrollo prometido por la CFE, con la construcción de la impugnada presa que en vía de mientras es motivo de un violento enfrentamiento.

Calixto Santos tiene que ser retirado del campo de batalla para ser atendido por las mujeres. Entre gritos de guerra, remolinos de polvo y secos “paasss”, “paasss”, de la lluvia de proyectiles, sacan de la pelea al que pudo haber sido la primera baja.

–¡Ya cálmense cabrones! –grita a sus envalentonados oficiales uno de los varios comandantes asignados a esta misión.

Nadie le hace caso. Los policías atacan en la línea de fuego. Responden a cada palo, a cada piedra, a este amplio ejército opositor a La Parota, que superó por cuatro a los pocos que están a favor, y que tuvieron que emprender la huida.

Son más de 500 agentes de todas las corporaciones. Hay policías de Seguridad Pública estatal, policías de la Investigadora Ministerial del estado, policías de Tránsito Estatal, policías de la Preventiva Municipal, policías de la Preventiva Rural, policías de la Preventiva Ecológica. Policías, policías, policías...

Pero ya están rodeados. Una legión de campesinos opositores avanza por la derecha del cerrito y derriba otra mesa. Igual se viene abajo un toldo cuyo plástico todavía huele a nuevo. Vestidos con sus overoles rojos, los empleados de Protección Civil del estado al mando de su director Sabás de la Rosa, también se repliegan. Como botín de guerra, los opositores se quedan con un par de extintores, que devuelven al final.

Tras un intenso tiroteo, la vanguardia opositora cruza la puerta de la fortaleza donde se llevaría a cabo la asamblea, y pone en retirada a los notarios públicos, centuriones del viejo PRI, que antes de la refriega se mantuvieron apostados, uno en cada mesa de registro que en total sumaron diez.

Cerca de la una de la tarde los campesinos opositores a La Parota toman todo el territorio y ordenan el cese a las hostilidades. Pero los policías continúan con su ataque. Va bajando el ruidero y al fin se escucha el último “paasss”.

En cosa de segundos vacían cajas y cajas llenas de certificados de propiedad, que los asistentes a la asamblea recibían a la hora de su registro. Las echan en grandes bidones metálicos que fueron habilitados como contenedores de basura. Y los queman. En el suelo quedan regadas las piedras. Hay columnas de humo por todos lados.

Los vencedores ya están izando bandera. En el ambiente sólo faltan las cornetas. Con todo y sus macanazos y su buena puntería, sin ningún herido en sus filas, los uniformados han sido derrotados.

10 de la mañana. Poco más de dos horas antes de la batalla. Decenas de comuneros dejan sus combis, camionetas pasajeras y camiones urbanos, dos pueblos atrás. Los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y de Alberto López Rosas han colocado retenes policiacos fuertemente armados que impiden el paso.

El primero de esos se encuentra en San Juan Chico, a la orilla de la carretera que lleva de Acapulco a San Marcos. Por aquí se entra hacia El Campanario, pasando la comunidad de Las Minas.

Un centenar de policías armados tiene cerrado el paso, con uno de sus camiones que está atravesado. Que quieren “desarmar” a los campesinos de sus herramientas de trabajo, que en el campo se llaman simplemente machetes. “Armas blancas”, les dice la policía.

–¿Pos entonces cómo chingaos quiere ese Zeferino que véngamos? –reclama doña Feliciana, que viene desde Dos Arroyos, cuando ve el dispositivo montado por el gobierno estatal y municipal, para cerrarles el paso.

–¿Por qué lo dice? –se le pregunta.

–Mire estos cabrones, qué creen que les vamos a hacer algo o qué. Si uno es pobre, pues. Si uno nomás vive de la siembrita de la calabacita, del ejotito, del epazote. Ora esa chingada presa, ¿pa qué? ¿Y luego, de qué vamos a vivir sin tierras? No, pos si nomás nos quieren dar casa, pero eso quién sabe.

Marco Antonio Suástegui, uno de los dirigentes más activos de los opositores, ya discute con los policías. “Nos quedamos aquí ¡pura madre!”, les grita mientras da la orden de esquivar el retén metiéndose a las huertas que están a la orilla del camino para después retomarlo. Desconcertados, los policías no saben qué hacer. Están solos. No hay por aquí ningún funcionario del área política o social, ni estatal ni municipal. A tragar saliva y a esperar que llegue la violencia.

Después de avanzar una hora a pie, llegan a Las Minas. Otro retén. Suástegui desenvaina. Corre directo hacia uno de los uniformados que parece el jefe, que pertenece a la Policía Preventiva municipal.

–¡Cómo que no nos vas a dejar pasar, pinche comandantito! ¡Pasamos porque pasamos! –señala con el machete.

Con unos 50 seguidores detrás de él, Suástegui comienza abrirse paso. Hasta que un policía de los subordinados de López Rosas apunta con un AR-15. A campesinos, mujeres y niños.

–¡No dispares, cabrón, no dispares! –le gritamos entre todos, incluido el reportero.

–Aquí nadie pasa con palos ni machetes, pendejos –responde civilizadamente el preventivo, la autoridad.

Suástegui y los suyos encaran a los agentes. Machetes aquí y metralletas allá en guardia. “Váyanse a sus pueblos, váyanse, no queremos balaceras”, se escucha que gritan pobladores de Las Minas a los opositores a La Parota. Enloquecido, un preventivo corta cartucho.

–No cortes cartucho –implora una asustada comunera.

–Me vale madres, aquí va a haber muertos –responde el uniformado mientras saca el cartucho de su arma, lo vuelve a meter y vuelve a cortar.

Se arma un griterío de mujeres que corren a resguardarse. El que parece el jefe de los preventivos ve que un par de reporteros desenfunda sus grabadoras y comienza a cambiarle la voz. Alega con Suástegui, pero parece no escucharlo. Levanta el brazo con el que no empuña el arma y por fin le pide a sus agentes que bajen sus armas. Ha de creer que se le tiene que agradecer que le debemos la vida, porque de todas formas sigue en su plan.

–¿Tiene la orden de disparar? ¿Tiene la orden de cortar cartucho? –lo enfrenta el par de reporteros de este diario.

–No pasa nada.

–¿López Rosas le dio esa orden, el secretario de Protección y Vialidad?

–No pasa nada.

Los comuneros se siguen de frente por el camino de terracería. Les falta como una hora para llegar a pie al sitio señalado para la asamblea.

Las huestes defensoras de la tierra van llegando a El Campanario en grupos de 50 y de 100. Lanzan más consignas en cuanto ven que hay letreros perfectamente trazados por rotulistas, que indican cómo llegar al lugar de la reunión.

“Cuánta lana soltó la CFE, compañeros”, se preguntan los comuneros. Nada más hay que ver el cerro rebanado para montar el escenario donde será la asamblea. Y casi una hectárea cercada con malla ciclónica y alambre de púas, que más tarde será el campo de la trifulca.

Adentro, por lo menos 3 mil 500 sillas dispuestas. Dos docenas de toldos. Cajas y más cajas de refrescos. Unos 50 baños móviles rentados. Mesas recién desempacadas. Pañuelos Kleenex para las mesas de los notarios. Dos plantas de luz, una que se usa y otra de reserva por si falla, si acaso el sello distintivo de la CFE. Hasta un grupo musical que antes de la refriega toca El Cuararé. Y 200 pesos más una Coca Cola por persona, que según los pobladores de este lugar, la paraestatal repartió a cambio de no faltar.

Una asamblea de pobres, que según cálculos de agentes de Gobernación pudo costar hasta 2 millones de pesos. Y si los policías hubieran jalado el gatillo, quizá hasta más.

Fue una respuesta a la provocación de la CFE, dicen comuneros opositores. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Es un mensaje para la paraestatal, el gobernador Zeferino Torreblanca y el alcalde Alberto López Rosas: las tierras son nuestras y en ellas decidimos nosotros

En entrevistas, los opositores manifestaron que lo sucedido es una respuesta a la provocación de la CFE, del gobierno estatal y municipal. Además manifestaron que ese es un mensaje para el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el alcalde Alberto López Rosas de “que las tierras son nuestras y en ellas decidimos nosotros”.

Para dar entrevistas a los reporteros después de la trifulca, los opositores designaron al comunero de Garrapatas, Felipe Flores Hernández, quien dijo que denunciarían lo sucedido ante la ONU y organizaciones de los derechos humanos nacionales y del exterior como Amnistía Internacional.

Reiteró que la asamblea era una provocación, principalmente del residente de Asuntos Sociales del proyecto de la CFE, Víctor Hugo Chávez, debido a que “él sabía que hay una medida precautoria dada por un tribunal. Ellos vinieron a provocar, pero han visto que los que no quieren la presa somos mayoría”.

Agregó: “Aquí se ve que a (los priístas) Evencio Romero, Nabor Ojeda, Valente Navidad y Leonor Palma, según autonombrados líderes de Cacahuatepec, no los sigue ni su perro”.

Felipe Flores adelantó que no van a permitir ninguna asamblea más en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. “Lo que queremos es que la CFE se largue de nuestras tierras, ya nos tiene hartos y a Zeferino Torreblanca le queremos decir que de lo pase de hoy en adelante será responsable él y sus achichincles, el gobierno federal, López Rosas, la CFE y Crecencio Jerónimo Aparicio (presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec), quien está vendiendo las tierras que no le pertenecen”.

Dijo que analizarán si ponen denuncias penales contra policías preventivos municipales que en un retén en la localidad de Las Minas, en el camino a El Campanario, para tratar de bloquear el paso de los opositores les apuntaron con las armas y cortaron cartucho.

Dijo que además denunciarán penalmente los daños ecológicos en la comunidad de El Campanario, donde fue destruida vegetación en una amplia porción de terreno para preparar el lugar de la asamblea.

Advirtuó: “Les decimos que no nos vamos a dejar, ya no estamos en los años sesentas cuando el gobierno decidía por nosotros, los comuneros tenemos voz y voto y hemos dicho no al proyecto La Parota y queremos que se vaya la CFE”.

Campesinos opositores allí presentes le pidieron a Felipe Flores que enviara un mensaje al ex futbolista acapulqueño Jorge Campos, quien apareció en una costosísima campaña publicitaria en medios electrónicos y algunos periódicos locales invitando a apoyar el proyecto de la presa, y dijo: “Desde aquí un saludo a Jorge Campos y que ya deje de estar chingado, porque todos los comuneros vamos a caer en sus tierras y se las vamos a quitar a ver si le va parecer”.

Por su parte, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, se negó a dar entrevistas. Con otras autoridades de la comunidad se encontraba observando los destrozos desde una lomita, resguardados por policías motorizados.

Culpa el gobierno estatal a “enardecidos” y “armados con piedras, palos y machetes”. (El Sur, Redacción, p.web).

 En un boletín oficial, el Ejecutivo daba por hecho que se aprobaría la solicitud de la CFE

El gobierno del estado emitió un boletín de prensa sobre la suspensión de la asamblea de comuneros de la zona de La Parota, y responsabilizó de ello a “un grupo de personas encabezadas por los dirigentes Marco Antonio Suástegui y Leopoldo Calderón” que llegaron al lugar “armados con piedras, palos y machetes”.

Bajo el título “Grupo de personas impide la realización de la asamblea para definir la construcción de la presa La Parota”, el gobierno del estado dejó ver que daba como un hecho que en la asamblea se daría la anuencia a la CFE para que solicitara la expropiación de las tierras y el cambio del uso del suelo de las mismas.

Asimismo, en la misma comunicación toma abierto partido por los comuneros favorables al proyecto a quienes asocia con términos como “paz”, “tranquilidad”, “disposición al debate”. Asimismo, los identifica como la mayoría, pues a los supuestos 400 comuneros que ya estaban en el lugar de la asamblea dispuestos a votar en favor del proyecto, en un párrafo confuso añade que “con el fin de que estos acontecimientos llegaran a mayores consecuencias se impidió la llegada de otros tres mil 500 comuneros que se dirigían al lugar de la reunión”. No dice el boletín en dónde estaban estos 3 mil 500 comuneros esperando para desplazarse a la asamblea, pero ya dejó dicho que son 3 mil 900 los comuneros que apoyan el proyecto para el que ya se encuentra apuntada la empresa constructora del grupo Carso, que encabeza el poderoso empresario Carlos Slim, y con quien hace unos días se reunió el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

En contrapartida, en la comunicación gubernamental se descalifica a los opositores a quienes se dirige con términos como “enardecidos”, “azuzados”, “destructores”, “violentos”, “irracionales”.

Asimismo, se justifica el gran despligue policiaco diciendo que el mismo fue solicitado “por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos”.

A continuación, el boletín textual e íntegro fechado en Acapulco:

“Un grupo de personas encabezadas por los dirigentes Marco Antonio Suástegui y Leopoldo Calderón, armados con piedras, palos y machetes impidieron la realización de la asamblea de comuneros de Cacahuatepec en la cual se decidiría si se acepta la construcción de la presa La Parota.

Hasta las 11 de la mañana, en un clima de paz y tranquilidad más de 400 comuneros habían ingresado al recinto habilitado en la población de El Campanario, donde entre otros puntos, se daría anuencia a la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de la hidroeléctrica La Parota. Asimismo en este evento se entregarían documentos de constancia de vigencia de derechos.

La presencia de la fuerza pública fue solicitada por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y el comisariado de los bienes comunales de Cacahuatepec para salvaguardar la libre expresión necesaria de los más de siete mil poseedores de la tierra en este núcleo agrario, para la cual se instalaron puestos de revisión con el único propósito de dar seguridad a la realización del evento.

Momentos después, en el lugar se concentró un grupo de personas integrantes del Consejo de Ejidos de Opositores a la Parota (Cecop) armadas de palos, piedras y machetes, que tras verter una serie de injurias en contra de los comuneros dispuestos a debatir el proyecto, comenzaron a lanzarles proyectiles y a enfrentar a los elementos de los cuerpos policiacos quienes en todo momento evitaron dar respuesta a estas agresiones.

Con el fin de que estos acontecimientos llegaran a mayores consecuencias se impidió la llegada de otros tres mil 500 comuneros que se dirigían al lugar de la reunión.

Los integrantes del grupo opositor, enardecidos y azuzados por sus dirigentes, destrozaron los toldos, el mobiliario, quemaron los listados y documentos constancia de vigencia de derechos del Procede, destruyeron los instrumentos de un grupo musical y equipo de proyección ante lo cual fue necesario desalojar el lugar de reunión para garantizar la integridad física de comuneros y autoridades.

También estuvieron presentes visitadores de derechos humanos, que agrupa a 12 organizaciones cuyo trabajo consiste en la defensa y realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

Desde su inicio, el gobierno del estado ha desarrollado una política de diálogo social y fomento a la corresponsabilidad. La toma de decisiones nunca se ha orientado avasallando o negando el derecho de cualesquiera de los sectores sociales, por lo mismo la propuesta de violencia y cerrazón al diálogo, por muy justas que puedan ser las demandas de quienes dicen defender a los sectores contrarios a un proyecto, como en este caso es la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, resulta inadmisible.

Las decisiones en donde se involucra el destino de Guerrero no pueden ni deben ser tomadas a partir de la violencia, la sinrazón o la descalificación automática, pues son contrarias a la democracia.

Este gobierno ha sido claro en que los esfuerzos orientados a lograr la captación de la inversión no se hará pisoteando el derecho de los guerrerense por más humildes (que) sean pero tampoco puede permitirse que otros utilicen la intimidación y el insulto para justificar su cerrazón al diálogo y a la corresponsabilidad social”.

No creo que policías cortaran cartucho contra opositores, dice Salinas Altés. (El Sur, karina Contreras, , p.web).

 Afirma el secretario de Seguridad Púbica estatal que los uniformados no llevaban armas. El reporte que tengo es que se violentó la reunión, asegura

Luego de la trifulca entre comuneros opositores al proyecto de la presa La Parota y policías de varias corporaciones estatales y municipales en El Campanario, llegó en helicóptero el secretario de Seguridad Pública, general Juan Heriberto Salinas Altés, quien dialogó cinco minutos con el director de la Policía Preventiva Municipal de Acapulco, Roberto Abizaid Gracián.

Posteriormente, Salinas Altés concedió una entrevista, y dijo que el reporte que tenía era que “hubo agresiones de unas personas que violentaron la reunión”, negó que en los retenes instalados haya habido policías armados y que por lo tanto no creía la versión de que éstos cortaron cartucho y apuntaron contra comuneros opositores y reporteros que se dirigían a la asamblea.

–General ¿qué ocurrió?

–La información que tenemos es que hubo agresiones por parte de algunas personas. Eso ya está en el área de investigación, quienes serán los que tendrán que determinar el por qué fue. Nosotros estábamos aquí a solicitud de las autoridades de Cacahuatepec para dar seguridad, proteger la asamblea, fue lo que hicimos. Bueno ustedes fueron testigos de lo que ocurrió.

–¿No fue un exceso de resguardo policiaco?, ¿veían peligro de un enfrentamiento?

–No, simplemente hay que tomar todo tipo de precauciones, es nuestra obligación.

–¿Cuántos policías había?

–El número no le puedo decir, pero había elementos de la policía estatal y municipal.

–Usted va a intervenir en el problema que se suscitó en el retén de Las Minas, donde policías preventivos rodearon a los opositores y cortaron cartucho? ¿Tiene conocimiento de esta situación?

–No había policías armados.

–En Las Minas había un retén, a nosotros nos cortaron cartucho –se le informó.

–No, en Las Minas había un retén, un retén que estaba allí. Se colocaron retenes para que las personas dejaran sus machetes, no los dejaron, rodearon los retenes, pero nada más.

–¿Había órdenes de cortar cartucho, general?

–Por supuesto que no.

Finalmente dijo: “Sinceramente no tengo esa información, pero no la creo”.

–Dice que se está investigando, ¿quiere decir que se van a levantar averiguaciones?.

–Es un asunto de autoridades de la Procuraduría Agraria, son situaciones que tienen que contestar ellos.

–Estuvo sobrevolando...

–Sí, estuve sobrevolando

–¿Qué información le estaban dando?

–La coordinación, nada más.

–¿Qué orden había para actuar en este caso?

–La orden era dar seguridad en este caso al evento.

–¿Los policías también estuvieron lanzando piedras?

–No, no.

–¿No tiene la información?

–No, no se hizo. No tengo ninguna información en ese sentido.

–¿Qué va a pasar ahora?

–No sabría decirle, no podría responder.

–Cuando sobrevoló ¿tenía contacto con el gobernador?

–Con todas las autoridades.

–Cuál es su valoración?

–Mi valoración es que las personas que vinieron violentaron la reunión, es la única opinión que tengo que dar. Se violentó, es el reporte que tengo.

–¿Hubo policías lesionados?

–Lesionados ninguno, tampoco tengo reporte de comuneros.

Luego Salinas Altés se subió al helicóptero y con él se llevó a las dos personas que fueron señaladas por los opositores como funcionarios de la CFE y a quienes minutos antes de que se iniciara la trifulca les habían pedido que abandonaran la comunidad.

“Actuar con prudencia”, fue la instrucción a policías: López Rosas. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

 El alcalde de Acapulco dice que espera ver las imágenes para saber si los policías cortaron cartucho contra opositores

El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, señaló que la instrucción dada a los policías municipales que participaron en la operación de seguridad para la asamblea de los comuneros de Cacahuatepec fue actuar con “prudencia”.

De las agresiones de policías contra los comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las amenazas con armas a ellos y a reporteros para tratar de bloquear su paso hacia el sitio de la asamblea, López Rosas negó esas versiones, pero dijo que esperara ver las imágenes para comprobarlas y pedir explicaciones a los comandantes que participaron en la operación.

“De haber tomado la iniciativa de agresión los resultados hubieran sido lamentables, si no hay saldos lamentables es que hubo prudencia, que era la instrucción que tenían (los policías)”, dijo.

Reconoció que hubo un enfrentamiento con piedras cuando los opositores intentaron suspender la asamblea.

Pero según el reporte que le entregaron, en este conato de violencia la participación de los policías municipales fue disuadir los enfrentamientos que se dieron entre los grupos de comuneros que están a favor o en contra de la presa.

En declaraciones a El Sur la noche del domingo López Rosas aseguró que desconocía el número de policías que participaron en la operación de seguridad de este domingo y que no se descuidó la vigilancia en el área urbana de Acapulco “por la situación que todos conocemos”.

La solicitud de seguridad para la asamblea, dijo López Rosas, fue por parte de los comuneros que apoyan el proyecto y agregó que durante el día estuvo en comunicación con los comandantes asignados a esa operación para saber lo que estaba ocurriendo en el lugar de la asamblea.

“Yo esperaré las fotografías, las imágenes, y sobre eso habré de pedir una explicación, no puedo prejuzgar, yo no estuve en el lugar de los hechos”, dijo.

Ya tenían listas las actas con los dos posibles resultados de la asamblea. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Dos posibles escenarios fueron considerados por las autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para la asamblea de ayer, y para cada uno tenían ya la redacción de las actas.

La primera era que la asamblea diera la anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de las tierras; la segunda acta, era por si no alcanzaban en quórum del 50 por ciento más uno que establece la Ley Agraria, de más de 7 mil comuneros registrados.

Documentos recogidos en el lugar de la asamblea –de los cientos que quedaron regados luego de la trifulca entre los opositores y policías– muestran que se tenían previstos estos dos escenarios.

Ambas actas redactadas tienen la fecha de ayer domingo y espacios en blanco para ser rellenados.

En la acta de la hipótesis de que se autoriza a la CFE iniciar los trámites vienen los nombres de las autoridades de los Bienes Comunales, encabezados por su presidente Crescencio Jerónimo Aparicio y el presidente del Consejo de Vigilancia, Rogelio García Rodríguez y en blanco para poner los nombres de los integrantes de la mesa de debates.

Al principio del documento se explica el porqué se cambió el lugar acostumbrado de la reunión y más adelantes trae los puntos a tratar, entre ellos la solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso de expropiación.

Luego viene un cabeza que dice desarrollo de la asamblea y acuerdos tomados. Ese apartado contiene la verificación de la asistencia y el número de mesa y un espacio para ser rellenado por la cantidad que se registró.

Más adelante ya con la hipótesis de que se aceptó la votación se informa que “una vez hecha la votación y contando con.... votos a favor... en contra y...abstenciones, esta asamblea otorga a Comisión Federal de Electricidad la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalses y todos los caminos necesarios de acceso a la obra, firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”.

Según el acta en la asamblea se aceptaría el punto cinco que consiste en dar “la anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realice el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

En un escenario diferente, la autoridad comunal se planteó la posibilidad de no reunir el quórum necesario y para ello también fue redactada previamente un acta de asamblea.

Ésta tiene los mismos puntos a tratar en la asamblea, pero en el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la verificación del quórum legal e instalación formal de la asamblea mismo que al finalizar el pase de lista (el registro de asistencia en las 10 mesas previamente instaladas) “se detectó la falta de quórum legal, previsto en el Artículo 26 de la Ley Agraria, no siendo procedente la instalación formal de la misma”.

Agrega la hipotética acta de asamblea: “En virtud de lo anterior, la asamblea acordó suspender el presente evento, así como expedir una segunda convocatoria, a efecto de celebrar la Asamblea a las 10:00 (diez) horas del día XX de agosto del 2005, en el campo de fútbol del poblado El Campanario anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Gro”.

Que se apruebe La Parota, sin pasar por encima de los campesinos, pide el Arzobispo. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).

 Dos horas antes del enfrentamiento entre policías y opositores a la presa, Aguirre Franco hablaba en favor del proyecto en su homilía dominical

Dos horas antes de que ocurriera el enfrentamiento entre ejidatarios opositores a la presa La Parota y policías y ejidatarios a favor del proyecto –lo que impidió la realización de la asamblea para decidir si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciara los trámites de expropiación de las tierras– el arzobispo Felipe Aguirre Franco dijo que esperaba que el proyecto hidroeléctrico se aprobara, pero respetando los derechos de los campesinos.

Entrevistado al final de su homilía dominical –a las 10 y media de la mañana– en la catedral de Nuestra Señora de la Soledad, Aguirre Franco consideró que el proyecto es por el bien de Acapulco y de los campesinos, y que esperaba que en la reunión se aprobara el trámite de expropiación, pero “que no se pase por encima de ellos (los campesinos), que haya una garantía que se les cumpla a través del tiempo las justas demandas de ellos, que van a sacrificar sus tierras por el bien de la comunidad”.

Afirmó que esperaba un diálogo comprensivo donde se aseguraran de manera “justa” los derechos de los verdaderos dueños de las tierras, y que éstos no se dejaran llevar por ideólogos o personas que vienen de otros lugares “a expresarnos otro modo de pensar y a hacer presiones o inducciones de las personas humildes y sencillas que tienen derecho a cuidar sus tierras”.

Aguirre Franco rechazó, a pregunta expresa, que les pidieran ayuda para apoyar La Parota, “no estamos promoviendo(la), pero estamos en la expectativa de que si se dan las circunstancias favorables no tendremos dificultad en que se lleve a cabo una obra en beneficio del pueblo”.

Acerca de que si no influye a favor de la construcción de la hidroeléctrica, al apoyarla en su sermón dominical, el arzobispo de Acapulco afirmó que su deber es hacer oración, “mi petición fue que esta reunión que se va a hacer (la asamblea) para tomar una decisión sea razonable, transcurra con tranquilidad y paz, que haya todo el respeto necesario a los derechos de los campesinos, que se den garantías adecuadas para el presente y futuro y que nos veamos favorecidos todos por un proyecto que sea en bien de la naturaleza y en bien de todos los ciudadanos”.

Por otro lado, el sábado, Felipe Aguirre Franco se reunió con el alcalde Alberto López Rosas para tener “un desayuno frugal”, como lo calificó el primero, junto a la iglesia de Santa María de Guadalupe Reina de México, donde además se develó una placa conmemorativa de la conclusión de los trabajos de la primera etapa de la nueva Catedral Cristo Rey, en la que hasta el momento se han ejercido 5 millones de pesos.

Ante reporteros, Aguirre Franco destacó que el alcalde los ayudó con la agilización de los trámites para la construcción de esta primera etapa.

MORELOS

Desalojan predio invadido en comuna de Tepalcingo. (La Jornada de Morelos, Fernando Baltazar, p.web).

TEPALCINGO, MOR. Con la participación de unos 300 elementos de diversas corporaciones e instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, se llevó a cabo el desalojo de un asentamiento irregular en el cerro El Chino, lo que permitió recuperar 26 hectáreas de terreno considerado como parte de la reserva natural. En la acción no se registró enfrentamiento alguno, ya que sólo había 10 personas en dicho predio.

Poco antes de las 11 de la mañana, elementos de la Policía Preventiva Estatal, municipal y de la ministerial, así como un Ministerio Público y un notario, acompañados de Rafael Martínez Flores, director de Gobierno y de Miguel Valdepeña Quintana, subdelegado de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se declararon listos e iniciaron el operativo en las inmediaciones de la comunidad de Ixtlilco El Chico, para desalojar a cerca de 100 personas que habían invadido el terreno, y quienes son dirigidos por el líder perredista Betuel Calderón, aunque sólo encontraron a 10 invasores.

Integrantes del Comisariado Ejidal de Tepalcingo denunciaron que desde hace varios días una maquinaria pesada realizaba trabajos para acondicionar los predios invadidos, asimismo, también las personas que se apoderaron del lugar de manera ilegal se habían organizado para “montar guardia” y resguardar que no fueran interrumpidos o dar aviso en caso de ser necesario, lo que no ocurrió.

Recalcaron que las autoridades ejidales no están dispuestas a permitir que el cerro de El Chino sea tomado por la fuerza por personas que en su mayoría no son de la comunidad, sino vecinos de otros estados como Puebla y México.

Por su parte el subdelegado de Profepa informó que se trata de una acción que tiene que ver con una determinación federal para la preservación de la zona, una vez que se actuó a petición de los denunciantes, ejidatarios de Tepalcingo, lo que permitió la realización de diversos estudios y peritajes para fortalecer el desalojo

YUCATÁN

Reiteran que especulan con tierras. (Tribuna de Campeche, p.web).

Entregarían pruebas contra los Patrón

La Federación de Organizaciones Campesinas de Yucatán (FOCY) presentará pruebas de que la familia Patrón Laviada, por medio de especuladores y prestanombres, compra tierras ejidales y haciendas en varios municipios, anunció su presidente, Alberto Escamilla Góngora.

Los Patrón Laviada son una moderna generación de terratenientes que lucran con la pobreza de los campesinos, comprando tierras y ex haciendas, como lo hizo en el caso de Hunucmá, donde pagó precios ridículos para despojar de su patrimonio a los ejidatarios, recalcó.

Muchos ejidatarios, al no recibir apoyos suficientes para trabajar sus tierras, se ven obligados a malvenderlas a especuladores que sirven de prestanombres al Gobierno del Estado que encabeza Patricio Patrón Laviada, explicó.

El Gobierno del Estado trabaja en el campo a favor del Partido Acción Nacional (PAN), teniendo como cabeza de playa al secretario de Desarrollo Rural, Róger González Herrera, añadió.

INFORME MAQUILLADO

La comparecencia de González Herrera y del secretario estatal de Desarrollo Social, Xavier Abreu Sierra, en el Congreso del Estado en días pasados, no fue más que la lectura de un informe maquillado que presume que el PAN ha hecho más que el anterior Gobierno priísta, remarcó.

Agregó que González Herrera ha negado apoyos a organizaciones campesinas como el de la FOCY y trabaja los programas del campo con productores afines del PAN y con empresarios que, asociados a ejidatarios, reciben recursos para proyectos productivos que luego fracasan de manera rotunda.

Asimismo, lamentó que el gobernador haya sostenido discusiones con los alcaldes priístas de Sucilá y Chichimilá, a quienes incluso les llama mentirosos de forma pública.

"El Ejecutivo Estatal, al igual que González Herrera y Abreu Sierra, son soberbios, ofenden y calumnian a los alcaldes y dirigentes de grupos campesinos que han levantado la voz por la falta de apoyos para trabajar sus tierras", concluyó.

Cartones

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