CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Acuerdan tregua azucarera

Acepta la Sagarpa negociar Ley Cañera para que terminen las protestas

Agentes de élite llegan a Acapulco

Operativo antinarco de la PFP

En manos extranjeras, bonos por 10.1 mil mdd

Se incrementó su participación en 7 mil 219 mdd en 14 meses

Sin cambio fiscal, complicado inicio de sexenio

El próximo Presidente no tendrá margen presupuestal: IMEF

Amnistía: México, candil de la calle en derechos humanos

''Fallas'' oficiales en la investigación de la guerra sucia

De narcos, no de la guerrilla, las granadas en Acapulco

De acuerdo con funcionarios de la PGR, no se ha encontrado ningún elemento que haga suponer que la guerrilla tiene armamento de grueso calibre.

Coleccionista de autos de lujo, el nuevo líder obrero

Nunca me verán con huaraches, señaló cuando bajó de un Mercedes

Inercia “institucional” ante el crimen

No podrá derrotarlo esta administración

Dolor + angustia = a + $

Es la fórmula que plantea PGR para indemnizar feminicidios

Perdido el PRD en 19 estados

Reconoce tener menos de 10% de preferencia electoral en 15 entidades

Fracasó México seguro

Sólo en Sinaloa van más de 400 ejecuciones, de las 868 registradas durante el año en todo el país

Sector agrario

Reiteran campesinos petición de cese de Arturo Nicolás Rodríguez. (El Sol de Cuernavaca, David Alanís, p.web)

Delegado de la Procuraduría Agraria en Morelos

“Fuera Arturo Nicolás, vendedor de tierras”, gritaban campesinos durante la conmemoración del CXXVI aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, quienes reiteraron su petición de cesar al delegado de la Procuraduría Agraria, Arturo Nicolás Rodríguez. En respuesta, el subsecretario de Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, Gilberto José Hershberger Reyes, dijo que este miércoles se resolverá el caso.

La realizada en contra del funcionario federal, fue la única manifestación de protesta durante la ceremonia, en donde cada año regularmente las organizaciones campesinas manifiestan su inconformidad en contra de políticas de gobierno.

Ante los señalamientos directos sobre su persona, el delegado de la Procuraduría Agraria en la entidad, prefirió no hablar, y sólo se limitó a responder que mañana ese asunto se discutirá en la Secretaría de la Reforma.

Sin embargo, desde que inició este conflicto, Nicolás Rodríguez, no ha podido revertir las acusaciones en su contra, sobre el tráfico de influencias y la venta ilegal de tierras en diversos ejidos.

Por eso, ante las continúas interrupciones a los discursos oficiales, durante el evento protocolario, Gilberto José Hershberger Reyes, quien asistió como representante personal del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, aseguró que mañana resolverán el caso que ha puesto en entredicho la eficiencia y honradez del delegado de la Procuraduría Agraria.

Mujeres se disputan posesión de narcoparcela. (El Debate (Sinaloa), René Figueroa, p.web)

Conflicto ejidal. El caso pudiera entrar a tribunales agrarios: Jorge Pacheco

La parcela destinada a la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer en Los Ángeles del Triunfo ha entrado en conflicto luego de que la anterior asamblea ejidal decidiera por situaciones "irregulares" en su explotación otorgársela a otro grupo.

Ayer varias mujeres y el comisariado ejidal Ramiro Andrés Bajo López notificaron al residente de la Procuraduría Agraria cuál había sido la decisión de la anterior dirigencia.

Los entrevistados no quisieron detallar la irregularidad en la que habían caído las mujeres lideradas en aquel entonces por Lorena Calderón Sánchez y la ahora exregidora Otilia Barraza, quien por cierto es ahora funcionaria del Ayuntamiento.

En la parcela que las mujeres de la UAIM rentaron se sembró mariguana. Tan cierto es, que se armó todo un operativo de la PGR para destruir la hierba. En aquel entonces era un secreto a voces el cultivo que estaba en ese punto. Esto fue a inicios de 2004 y la autoridad no otorgó resultados de la investigación que se supone se realizó.

Conflicto. Luciana Pérez López, quien encabeza a la directiva renovada y reconocida por la asamblea ejidal, dijo que a ellas les interesa hacer producir el terreno y beneficiar a las mujeres que integran el grupo.

Ninguno de los que asistieron quisieron recordar la situación irregular en la que había incurrido el grupo anterior; sin embargo, tácitamente admitieron que era por la siembra de maíz y mariguana en la parcela ubicada en las cercanías de la comunidad La Escalera, a poca distancia de la ciudad.

Legalidad. Jorge Pacheco Rivera, titular de la Procuraduría Agraria en la zona, señaló que el que tiene la posesión es el ejido y la asamblea es la que manda. De ahí que de ser necesario el caso se turnaría al Tribunal Unitario Agrario.

"El acta de asamblea dice que estas muchachas deben tomar la parcela y nosotros respetamos la decisión", explicó el comisariado ejidal, Ramiro Andrés Bajo López.

Ayer no acudió el otro grupo que encabeza Lorena Calderón Sánchez por lo que se desconoce si estas intentarán recurrir al amparo de la justicia agraria. Las mujeres de la nueva dirigencia se sienten apoyadas por la decisión que tomó la asamblea anterior a principios de este año, destacaron.

Operan grupos armados en Soteapan: Guillén Tapia. (Diario del Istmo, Jorge Cáceres, p.web).

Ex militares que portan pistolas y armas largas de grueso calibre fueron contratados como sicarios por caciques acaparadores de tierra agrícola para sembrar el terror y despojar de sus predios a los campesinos, denunció ayer el Comité Regional de Prodefensa de los Derechos Humanos.

Coatzacoalcos, Ver

De acuerdo a Ramiro Guillén Tapia, representante del comité que defiende a un grupo de 42 campesinos que reclaman 250 hectáreas de tierra ejidal, estos grupos armados han intimidado a los posesionarios con tal que abandonen sus terrenos y sean así ocupados por latifundistas.

En entrevista, dijo que algunos de los sicarios son delincuentes y ex militares encapuchados, que portan pasamontañas negras semejantes a los grupos paramilitares que operan en la selva de Chiapas o la sierra de Guerrero, además que poseen escopetas calibre 12, 16 y 20.

Ayer un grupo de campesinos popolucas del ejido Ocozotepec denunciaron la ola de hostigamiento e intimidación por parte de caciques que lideran estas bandas armadas con escopetas y pistolas, para despojarles de 250 hectáreas de parcelas.

Andrés Felipe García, Mario Felipe García, Leonardo Hernández Ramírez, Santiago Hernández y Leoncio Santiago López –comisariado ejidal de Ocozotepec– fueron señalados como los terratenientes que mediante grupos de choque pretenden despojarles de sus terrenos.

Según los campesinos, los gatilleros en realidad son delincuentes reclutados desde las comunidades de Buenavista, Morelos, Tulín y Benito Juárez, de San Pedro Soteapan.

“La policía lo sabe, pero no hace nada. Los matones se andan paseando con su escopeta en la mano y no les dicen nada... sabe que son gente de los caciques”, expuso otro agricultor, a quien le pretenden despojar de su predio.

Añejo problema

Se trata de un añejo conflicto por 250 hectáreas del ejido Ocozotepec que un grupo de 42 posesionarios ocupan desde hace más de 30 años y son reclamados mediante un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en San Andrés.

Los campesinos reclaman ante el juzgado la exclusión del programa Procede del Gobierno Federal para regularizar sus tierras, debido a que nunca se les entregaron las escrituras por el poder que ejerce el grupo de caciques antes mencionado.

En contraste, criticaron que el Gobierno Federal entregó escrituras Procede a los terratenientes, durante el pasado 18 de marzo del 2005, acaparando más de 53 hectáreas cada uno, lo que constituye una ilegalidad.

“Se repartieron todas las tierras, ocuparon más de 20 hectáreas lo que permite la ley. Tienen de 7 a 8 parcelas cada uno. Aparte consiguieron la negociación de más de 8 solares”, mencionó uno de los campesinos, a los cuales se les pretende quitar su tierra que ocupa desde hace 3 décadas.

Aparte de la demanda interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario, los productores posesionarios de sus tierras tramitaron 2 demandas penales, debido a que los latifundistas han dañado sus cultivos y talado sus árboles con tal de expulsarlos de las tierras.

Son 250 hectáreas que pretenden regularizar en donde se cultiva maíz, frijol, café, aparte de la explotación de árboles maderables como son cedro y caoba.

La lucha por la tierra

En la misma condición se encuentran algunas familias del ejido Soteapan en donde se pretende regularizar 25 hectáreas de tierra agrícola mediante el plan Procede, pero su comisariado ejidal los excluyó de este programa.

Reynaldo Pantaleón Hernández, comisariado ejidal de Soteapan, es quien pretende apoderarse de sus terrenos agrícolas que trabajan desde hace años.

El Procede es un programa creado por la Procuraduría Agraria del Gobierno Federal con tal de dar certeza jurídica y seguridad colectiva e individual a los sujetos del derecho agrario, mediante documentos en donde se marca lo que le pertenece a cada uno de los beneficiados.

El Procede regulariza tierras ejidales certificando los derechos agrarios.

Cacería humana en zona Sin Ley

La actuación de escopeteros contratados por terratenientes para intimidar a los posesionarios ha derivado en hechos sangrientos en el municipio serrano de Soteapan, que pareciera zona sin ley.

De acuerdo a datos del Comité Regional de Prodefensa de los Derechos Humanos, hace dos años fue asesinado el campesino Alberto García Hernández, quien murió en su propia casa por la noche. Cuando abrió la puerta lo esperaba la muerte: recibió varios impactos de bala por un gatillero que se dio a la fuga.

El pasado martes 1ero. de febrero del 2005, alrededor de las 23:00 horas se registró una balacera a orillas del arroyo Verde, ubicado en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Resultaron heridos Felipe Pascual Cervantes y el joven José Cruz Hernández, de apenas 16 años de edad.

Cuando estas personas pescaban camarones a orillas del arroyo Verde, a la altura del puente del arroyo Suluapan, un grupo de individuos desconocidos les dispararon desde el monte, tirando a matar con escopetas.

Todos estos hechos están ligados a la campaña de intimidación y terror que ejercen los terratenientes, con tal que desocupen las 250 hectáreas que poseen desde hace varias décadas. Es un mensaje claro: desocupan o mueren.

Prometen apoyo a los ejidatarios de San Carlos. (El Heraldo de Chihuahua, p.web)

Un contingente de alrededor de 70 ejidatarios, la mayoría de ellos de origen indígena, tomaron las oficinas de la Procuraduría Agraria para exigir ser escuchados por el delegado estatal, Agustín Medellín a quien le piden atienda las denuncias que han presentado por despotismo y robo de utilidades forestales por parte de los caciques explotadores del Ejido San Carlos, del municipio de Balleza. El peregrinaje que han venido haciendo los habitantes del ejido de San Carlos, de su comunidad a la capital del estado ha sido constante desde hace más de medio año, sin que hayan encontrado solución al problema de despotismo y caciquismo que se vive en su localidad.

Aunado al hecho de que a pesar que en cada una de sus visitas son recibidos por las autoridades agrarias y se les promete que se les asesorará jurídicamente para destituir a la actual comisaría ejidal y solucionar así los problemas que los aquejan, la realidad es que nada se ha hecho por apoyarlos.

Ayer una vez más un contingente de alrededor de 70 ejidatarios, la mayoría de ellos de origen indígena, se dio cita en las oficinas de la Procuraduría Agraria para exigir ser atendidos por el delegado estatal, Agustín Medellín. Ahí el delegado tomó nota una vez más del caso del ejido San Carlos, cuyos representantes reiteraron su denuncia en contra de los malos manejos de los recursos forestales del ejido, así como la omisión de pagos de las utilidades del mismo, que se ha retardado por espacio de más de 3 años.

Según los argumentos de los ejidatarios, los actuales dirigentes del predio, Romualdo Holguín Chávez, Sixto Silva Silva y Mauricio Momaka Lazos, cuyos cargos son de presidente, secretario y tesorero respectivamente, se han enriquecido todos estos años con el robo de los bienes que pertenecen a todos los ejidatarios.

Asimismo, denunciaron que las agresiones tanto físicas como verbales están a la orden del día, por lo que a la fecha ya es prácticamente imposible celebrar una asamblea sin que existan conatos de bronca, por lo cual no se han podido celebrar acuerdos que beneficien al ejido y a sus habitantes.

Por su parte, el delegado Medellín señaló que se les brindará la representación legal que requieren para llevar a cabo el juicio agrario que solicitaron, por lo que el mismo día de ayer se les requirió la papelería que los avala como ejidatarios, con el fin de que el día de hoy sea presentada la denuncia ante el Registro Agrario Nacional, y que se les asigne una fecha para impugnar el acta de asamblea en que se designaron las actuales autoridades ejidales. De esta manera, el asunto del ejido San Carlos continuará en tanto se designa la fecha de juicio, por lo que las visitas de los ejidatarios a la capital continuarán.

En abonos chiquitos, funcionarios del PRI cubrirán pase de charola. (Ecos de la Costa, Heidi León, p.web)

Notiecos/Colima.- Con “abonos chiquitos”, los representantes populares y funcionarios emanados del PRI tendrán que cubrir sus respectivas cuotas, dependiendo del cargo que ostenten, para juntar el millón 500 mil pesos que costará la credencialización de por lo menos 100 mil priístas.

Asimismo, sobre el llamado que el presidente Vicente Fox hizo en San Luis Potosí para que se denuncie a los funcionarios que partidicen los programas del gobierno federal, Gaitán Cabrera recordó que el 4 de abril se interpuso en la PGR una denuncia contra los delegados federales Raúl Arredondo, de Semarnat; Jesús Dueñas Llerenas, de Sagarpa, y Ramón Castañeda, de la Secretaría de Economía, por la utilización de programas federales con fines electorales para favorecer al que fuera candidato del PAN al gobierno del Estado, Leoncio Morán Sánchez.

En rueda de prensa, Luis Gaitán dijo que a cuatro meses del hecho, su querella duerme “el sueño de los justos”. Más adelante precisó que el interlocutor entre los delegados federales y el presidente estatal de Acción Nacional, Jorge Íñiguez Larios, fue el actual delegado de la Reforma Agraria, Ramón del Toro. “Es una incongruencia del presidente Fox hacer ese llamado, al premiar a Ramón del Toro”.

Por otra parte, sobre la credencialización, explicó que el gobernador, los diputados federales y locales, el senador de la República, los presidentes y regidores tendrán tres meses para liquidar sus adeudos con el PRI.

Indicó que se están haciendo los recibos correspondientes para la aportación que hará cada servidor: “tenemos tres meses para cubrir la cantidad, por eso comenté que van a pagar en mensualidades módicas”.

Cabe recordar que el pasado 27 de julio se informó sobre el pase de charola a los funcionarios tricolores para que costearan el programa citado. En ese tenor, dio a conocer que el gobernador Silverio Cavazos y los legisladores federales aportarán 50 mil pesos cada uno; cada diputado local (14 en total) pondrá 40 mil pesos; los alcaldes priístas 40 mil pesos; los 18 regidores de Colima, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez darán 7 mil pesos, y los 26 regidores del resto de los municipios darán 4 mil pesos.

Las contribuciones del gobernador, alcaldes, legisladores locales y federales suman un millón 190 mil pesos; los 310 mil pesos restantes serán cubiertos con las cuotas que los más de 300 funcionarios del gobierno del Estado aportan al partido. Hasta el momento, ninguno de ellos ha dado el dinero correspondiente.

Dentro de la conferencia de prensa, el dirigente señaló que se han afiliado 10 mil personas a ocho días de haber iniciado la campaña, y de seguir con esas cifras, el PRI cumplirá holgadamente con su meta establecida, incluso adelantó que la credencialización será una tarea cotidiana dentro del instituto político.

Exigen Campesinos Cesen a Romualdo Holguín. (Omnia (Chihuahua), Carmen Miguel, p.web).

Alrededor de 65 personas provenientes de San Carlos, Municipio de Balleza, se manifestaron frente a las instalaciones del Registro Nacional Nacional Agrario, expresaron su inconformidad contra, el Comisariado ejidal, Romualdo Holguin Chávez, lo acusan de despojo de tierras y despotismo.

350 ejidatarios, solicitan la intervención del Delegado José Herrera Silva, para que sea atendido su problema, ya que han sido objetos de despojo de tierra, madera, y recursos, por parte del Comisariado quien abusando de su poder se esta adueñando de los ejidos.

Luis Alfonso Márquez Regalado, Secretario del Movimiento Social de Renovación Ciudadana, informó lo anterior; así mismo dijo que Romualdo Holguín lleva ya 12 años reeligiéndose.

Entre las demandas, los manifestante solicitaron se haga real el reparto de los recursos obtenidos por la venta de madera, además pidieron cese las intimidaciones del Comisariado, pues lo acusaron de mandar golpear a los campesinos.

“Nos están quitando las tierras, los pinos, este puño sí se ve”, consignaron los aproximadamente 65 campesinos, mismos que llegaron en un camión, al medio día de este martes.

Cabe hacer mención que de no llegar a un acuerdo, para el miércoles interpondrán una denuncia en la Secretaría de la Reforma Agraria ubicada en la avenida Zarco.

Padecen indígenas pérdida de identidad lingüística, conflictos agrarios y engaños. (La Jornada, Luis A. Bonfil, p.web)

Faltan motivos para celebrar el Día de los Pueblos Indios en al menos tres estados

Conflictos agrarios en Michoacán, engaños en Yucatán y pérdida de identidad lingüística en Querétaro son los problemas que sufren los indios de esas entidades, quienes en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas más que motivos para festejar tienen mucho de qué preocuparse.

El coordinador de Atención a los Pueblos Indígenas en Michoacán, Néstor Dimas Huacuz, afirmó que los conflictos agrarios de la Meseta Purépecha son difíciles de resolver, porque hay intereses políticos y grupos armados (no guerrilleros) que impiden que las comunidades étnicas lleguen a un acuerdo.

"En la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos hay antorchistas, priístas, perredistas y organizaciones, como Nación Purépecha, que son antagónicas, lo que impide un acuerdo en este foco rojo donde se involucran por lo menos ocho poblados, y la situación se complica aún más por el robo de madera", explicó.

Lo que ha generado mayor inconformidad es que sus poblados están muy distantes de los bosques, por lo cual no pueden protegerlos, lo que ha provocado un saqueo incontrolable de madera, además de que son otras comunidades, cercanas a donde se ubican sus recursos forestales, las que se están beneficiando, mientras que por motivos políticos los pueblos de la Cañada siguen divididos, explicó Dimas Huacuz.

El funcionario señaló que la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del estado han insistido en resolver los aproximadamente 48 conflictos agrarios de la entidad, pero de manera particular han puesto mayor atención en las comunidades donde periódicamente se desatan hechos violentos, como es el caso de Cocucho-Urapicho.

Aquí la situación es muy compleja, ya que el conflicto tiene muchas décadas, lo que ha generado la aparición de grupos armados, que de alguna manera impiden que las autoridades de los pueblos lleguen a acuerdos.

En la década de los 70 perdieron la vida en menos de un año aproximadamente 50 personas de las comunidades de Nurío, Cocucho y Urapicho, por la disputa de 700 hectáreas, y esto sólo fue "el inicio de una serie de venganzas generada por grupos armados en cada una de las comunidades".

Mientras, en Yucatán, al menos 200 campesinos mayas del municipio de Izamal exigieron a la fábrica Licores de Henequén, la cual se encuentra en quiebra, el pago de un millón de pesos por la compra de las piñas o cogollos de esa planta, la cual es el principal medio de supervivencia de los pobladores de ese lugar.

Los campesinos defraudados llevaron ayer el caso al Congreso del estado, donde la fracción priísta señaló que de ser necesario se levantaría la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.

La planta Licores de Henequén se construyó en 2003, su objetivo era producir mil litros diarios de licor extraído de ese agave, en un proceso similar al de la elaboración del tequila. Sin embargo, no hubo el éxito esperado. A casi dos años, la planta está virtualmente en quiebra y la producción paralizada.

Al respecto, los diputados priístas Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Zapata Bello manifestaron que la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca estatal destinó 28 millones de pesos -a manera de crédito- para apoyar la producción de la planta, pero se desconoce dónde quedaron esos recursos y si en realidad los recibieron los empresarios.

En Querétaro, 25 mil indígenas, que representan 50 por ciento del total de los hablantes étnicos del estado, han perdido su identidad lingüística al ser objeto de discriminación y por la falta de políticas integrales, motivo por el cual cerca de 30 promotores realizan un proceso de consulta en comunidades indias para integrar propuestas, como parte de los trabajos de la reforma del Estado, y que desde la Constitución se destierre esta discriminación.

De acuerdo con estimaciones de la delegación regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los habitantes de 32 comunidades indias ya no hablan su lengua natal.

Según la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la entidad, en Querétaro existen 96 comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tolimán, Amealco, Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes y Jalpan, donde habitan 49 mil 133 personas, de éstas, 25 mil perdieron su identidad lingüística.

Hoy entrega SRA $5 millones para resolver conflictos agrarios. (Ecos de la Costa, Mario Alberto Solís, p.web).

Colima.- El secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, entregará más de 5 millones de pesos para resolver el conflicto de límites que existió durante muchos años entre el ejido Miguel de la Madrid y colindantes, todos ubicados en el municipio de Manzanillo; además, serán entregados certificados parcelarios y de uso común.

Así lo confirmó la representación estatal de la SRA, encabezada por Ramón del Toro Velasco, quien al respecto confirmó que en este evento, que presidirán el secretario y el gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, se beneficiará a los ejidos Las Juntas con 2 millones de pesos, a El Colomo y La Arena con un millón de pesos, a Campos con un millón de pesos, al Francisco Villa con otro millón, y a Nuevo Cuyutlán con 500 mil pesos.

De igual forma, en el ejido Miguel de la Madrid se entregarán registros de propiedad a 85 hombres y 22 mujeres, para un total de 107 documentos; igualmente, serán entregados 144 certificados parcelarios y 106 certificados de uso común.

Posteriormente se realizará una reunión entre los titulares en la entidad de las principales dependencias del sector agrario, donde se abordarán temas como el avance que se presenta en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), así como la modernización del catastro rural nacional.

Asimismo, se analizará la pertinencia del Programa Nacional de Testamento Agrario (Hereda) y del Programa de Empresas Rurales en Desarrollo (Emprende), a la vez que se evaluarán los programas de apoyo al campesinado Fappa y Promusag, todo ello enmarcado por una exposición de la problemática agraria en el estado de Colima.

Llama Comisión diocesana al gobierno de Oaxaca a impedir violencia. (Proceso, Pedro Matías, p.web. Información también publicada en Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca,).

Sin atender, conflictos agrarios en la Sierra Sur, acusa

Oaxaca, Oax., 9 de agosto (apro).- El coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, hizo un llamado al gobierno estatal, a fin de que impida un nuevo enfrentamiento en la Sierra Sur, y evitar mayor derramamiento de sangre en la entidad.

Al gobierno le pidió estar atento, ya que en alguno de los pueblos en conflicto en la Sierra Sur, se tomó un acuerdo de que en estos días iban a atacar, porque no hay una solución de fondo.

El también apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, destacó que “lo que han hecho todos los gobiernos en los asuntos de conflictos agrarios, es obligar a las autoridades municipales y comunales a firmar convenios o acuerdos de paz solamente para la foto de los periódicos y las imágenes de la televisión, pero no hay una verdadera voluntad de ir a fondo”.

Ahí está el caso de San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco que, a más de dos meses que se firmó un acuerdo de paz y donde se determinó realizar la medición de las 6 mil hectáreas en conflicto, según el juicio de amparo 281/972, aún no hay avances.

Cabe recordar que el 3 junio del 2005, el alcalde de Texmelucan, Luciano Martínez Vásquez, y el edil de Teojomulco, Santiago Antonio González, así como las autoridades comunales, firmaron un acuerdo de paz, acto que atestiguó el gobernador Ulises Ruiz; el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, así como la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez.

Y aunque ya se avanzó en la medición de la superficie, en las dos últimas reuniones no se han presentado las autoridades de San Lorenzo Texmelucan, y ello ha retrasado alguna vía de solución.

Igual sucede con la agrupación de Zayuzentex y Santiago Amoltepec, en que persisten los ataques.

El “Padre Uvi” manifestó estar preocupado, pues “fuentes fidedignas y confiables” le informaron “que habría un ataque y tendremos, lamentablemente, más muertos”.

Es por ello que “les suplico, ruego y ordeno --como decía monseñor Arnulfo Romero--, cese la violencia, estén atentos, porque ahí --en alguno de los pueblos-- hubo un acuerdo de que en estos días iba a haber un ataque, y eso sería el horror”.

Y “no se pueden permitir más confrontaciones entre pueblos hermanos, sobre todo porque con un sólo muerto que hubiera, con eso se tiñe de sangre Oaxaca”.

Entonces, “le haría un llamado al gobierno; conmino que con toda la seriedad posible, llamen a las autoridades y no les permitan ser rebasadas o, en su defecto, las hagan responsables de cualquier enfrentamiento.

“Aquí el gobierno tiene la oportunidad de impedir la violencia y evitar un mayor derramamiento de sangre en la Sierra Sur y, en caso de omisión, fincar responsabilidades por negligencia”, puntualizó.

Liberan labriegos a 3 indígenas retenidos el sábado pasado. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web)

Montaña de Guerrero

Chilpancingo, Gro., 9 de agosto. Campesinos de la comunidad Moyotepec, municipio de Malinaltepec, ubicada en la zona alta de la Montaña, liberaron hoy a los tres indígenas del poblado de El Capulín que mantenían retenidos desde el sábado pasado, a quienes acusaban de haber atacado a balazos a uno de sus compañeros, informó Esaú Tapia, subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno estatal.

En entrevista, el funcionario explicó que el sábado pasado habitantes de Moyotepec fueron a la comunidad de El Capulín a buscar a un grupo de personas que supuestamente habían tiroteado a Severo Anastasio Solano.

Recordó que los indígenas de El Capulín enfrentan un conflicto agrario desde hace cien años con los ejidatarios de Moyotepec y Tlacoapa.

Esaú Tapia explicó que los habitantes de Moyotepec retuvieron a los campesinos Baltasar y Gonzalo Candelario Valeriano y a Eusebio Sixto Colón, a quienes ataron y encerraron en la comisaría municipal de la comunidad. Aunque ya fueron liberados, el subsecretario señaló que esto no quiere decir que el conflicto está resuelto.

Denuncian robo de mil hectáreas. (Milenio (Pachuca), Miguel Alburquerque, p.web)

Agosto 8, 2005

Un reducido grupo de ejidatarios de San Miguel Cerezo pretende apropiarse de más de mil hectáreas de terreno que son patrimonio de la comunidad, según documentos oficiales expedidos por la Secretaría de la Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El Consejo de Colaboración Municipal de la localidad demandó la intervención del gobernador Miguel Osorio, para poner fin a este problema limítrofe, cuya solución correspondería al ayuntamiento de Pachuca.

Según el secretario del consejo, Francisco Cabrera, 24 integrantes del núcleo ejidal de San Miguel Cerezo, encabezados por el comisariado Simón Cabrera, intentan apoderarse de tierras comunales para instalar una empresa turística en la presa Jaramillo, perteneciente al pueblo, y explotar los mantos que abastecen de agua a los más de cuatro mil habitantes del lugar.

Los ejidatarios “administran” un predio de 259 hectáreas que obtuvieron por decreto presidencial en 1932 –actualmente conocido como El Valle de los Enamorados–, mientras que la comunidad San Miguel Cerezo está conformada por mil 200 hectáreas.

“Las propiedades están bien definidas, pero al parecer ellos no tienen conocimiento de esto”, dijo Cabrera, quien se apoyó en planos expedidos por la SRA y el INEGI, donde se especifican los límites de ambas demarcaciones.

“Piensan que todo el pueblo es el ejido, y sólo nos quieren dejar 50 hectáreas que conforman la mancha urbana de la comunidad”, denunció.

Dijo que los habitantes de San Miguel no permitirán el despojo. Informó que en las más de mil 100 hectáreas en disputa, la comunidad proyecta construir un corredor turístico.

Demanda del PAN. (Milenio (Mérida, Yucatán), Daniel Barquet, p.web)

Pide el PAN al gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, que aclare e investigue el presunto tráfico de influencias en la adquisición de terrenos ejidales que posteriormente fueron comprados por la autoridad estatal a un precio mucho mayor, acción en la que está involucrado el ex delegado del Registro Agrario Nacional, Antonino Almazán Arteaga.

El ex funcionario federal presuntamente utilizó información confidencial y tráfico de influencias para ganar cerca de cien millones de pesos “de mano a mano” en la reventa de terrenos ejidales, entre los que se encuentran los que sirven para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de Yucatán.

Édgar Ramírez Pech, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán, dijo que dan su aval al proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto, pero exigió al gobierno del Estado que “aclare con prontitud” el mecanismo que utilizó para la adquisición de tierras ejidales en Hunucmá y Oxcum, donde se edificará la nueva terminal aérea.

El presidente estatal del PAN, Édgar Ramírez Pech, consideró que será sano para la administración de Patricio Patrón Laviada que disipe las dudas en torno a la compra de los terrenos y la participación del ex funcionario federal Antonino Almazán Arteaga, quien presuntamente utilizó en su beneficio archivos del RAN y de la Secretaría de la Reforma Agraria.

“El gobierno tiene que disipar con prontitud cualquier sospecha sobre alguna irregularidad para que no haya ningún resquemor sobre el proyecto”, insistió el dirigente panista y compañero de partido del gobernador.

Prevén tensa calma y etapa crítica en la Meseta Purépecha: Néstor Dimas. (Mi Morelia. Com, América Juárez, p.web)

Lunes 8 de Agosto de 2005

Morelia, Mich., 7 de agosto.- Tensa calma y etapa crítica es la que se avecina en la Meseta Purépecha, por lo que las autoridades federales y estatales se mantendrán alertas ante cualquier evento violento que pudiera presentarse por posibles conflictos en la tenencia de la tierra, informó Néstor Dimas Huacuz, coordinador Interinstitucional de los Pueblos Indígenas de Michoacán.

Entrevistado respecto a los últimos acontecimientos en aquella región de Michoacán y en donde por lo menos 15 indígenas han muerto en lo que va del año por conflictos por la tenencia de la tierra y por la depredación de los bosques, el funcionario indicó que en especial la atención se concentra en cuatro lugares en donde los conflictos podrían recrudecerse durante la época de cosecha y son en las localidades Urapicho y Cuchuchu, Cirio y Tarecuato, Ichan y Tacuro, Camacuaro y Quinceo.

Y aunque expresó que por el momento un periodo crítico ya pasó, aún falta el mes de noviembre, ya que es durante este mes y en marzo, abril y mayo cuando la situación se convierte aún más intensa.

Señaló que es evidente que la meseta es un foco rojo, sin embargo desconocen la existencia de narcotráfico, ya que si hay intereses, son de grupos internos de comunidades, partidos políticos o religiones.

Por ello consideró que es importante que sean las comunidades las que se sumen a la solución de los conflictos que persisten en el lugar, ya que lamentablemente aunque existe gran voluntad de las autoridades federales, estatales y municipales, mientras la población no tenga disposición, la situación de violencia permanecerá en el lugar.

Pese a ello manifestó que las autoridades han establecido mesas de diálogo, para llegar a acuerdos que permitan resolver la situación que se vive en el lugar, sin embargo insistió que la situación debe ser resuelta de de manera interna y las autoridades deben tener mayor sensibilidad de autoridades municipales, estatales y federales.

Cabe señalar que de acuerdo a la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Meseta se han registrado al menos 300 muertes y mil lesionados, en 122 enfrentamientos por la posesión de la tierra en los últimos años, lo que coloca a Michoacán a nivel nacional como el estado con más alto índice de violencia en este rubro.

Sector agropecuario

Sí habrá ley cañera, asegura Usabiaga. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)

"Vamos a entrarle al toro; ya tenemos una propuesta pero hay que someterla a consenso"

Avanzamos bien, pero continuaremos en plantón hasta tener una solución final: productores

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, aseguró a los legisladores y dirigentes de los cañeros que sí habrá Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar. "Estamos buscando cómo proteger a los productores, cómo hacer que la intervención del Estado sea menor", indicó.

"Vamos a entrarle al toro y a revisar lo revisable; ya tenemos una propuesta, pero hay que someterla a consenso. En el diálogo debe haber apertura, disposición y unidad de criterios; la intención es que los tiempos parlamentarios no impidan que haya certidumbre para industriales y cañeros", dijo al término de la reunión privada que sostuvo ayer con los presidentes e integrantes de las comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados.

En el encuentro estuvieron, por ser legisladores, el dirigente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Carlos Blackaller Ayala, y Lázaro Arias, secretario de Finanzas de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina. (CNC).

Carlos Blackaller Ayala, diputado por Jalisco, señaló que en la reunión el titular de Sagarpa afirmó que "sí habrá una ley cañera". Agregó que hoy se reunirán nuevamente para analizar las propuestas del Ejecutivo y "es posible que en esta semana lleguemos a acuerdos definitivos".

Sin embargo, eso no implica que el plantón de los cañeros frente a las instalaciones de Sagarpa, que ayer cumplió dos días, se vaya a retirar. "Avanzamos muy bien, pero continuaremos en el plantón hasta tener una solución final. Confío en que la tensión se convierta en propuestas objetivas y que se rendulce la relación entre Legislativo y Ejecutivo."

Aclaró que la postura de los cañeros no es "hablar de vencidos o de ceder, sino de que todos ganemos; no quiero hablar de que estamos venciendo sino de que el gobierno federal reconoce que es necesaria una ley para la caña de azúcar, para una actividad que genera 2.5 millones de empleos directos en 227 municipios de 15 estados y que eso incide en la vida de 12 millones de personas".

Explicó que en el encuentro de ayer no se profundizó en los temas, pero la postura de los cañeros de CNPR y CNC es que se respete la organización de los productores y analizar el mecanismo del vínculo del precio de la caña con el del azúcar. "En los próximos días trabajaremos en las partes particulares para conjuntar un marco completo."

Usabiaga Arroyo "comentó que se respetará el precio de la caña de azúcar y hablaremos de las agrupaciones de productores y la institución colegiada, que son los comités de producción y calidad de la gramínea. Además propone la creación de un centro de investigaciones para mejorar la producción de caña de azúcar y establecer usos diversificados. Vamos a ver si incorpora algo interesante, como el fomento de nuevos mercados; pero aún no tenemos una redacción puntual de articulado, esperamos que en la reunión de hoy se presente un documento para trabajar", indicó.

Blackaller Ayala agregó que no se ha discutido si primero se publica la ley y después se integran las observaciones o bien se hacen las observaciones correspondientes antes de promulgarla. "Eso se definirá en el proceso de acercamiento que hay entre los diputados y senadores con el Ejecutivo. La propuesta de Sagarpa es que se analicen las propuestas, se modifiquen en el Congreso y se publiquen vía observaciones del Ejecutivo."

Reiteró que la postura de los cañeros es que se publique la ley cañera y los legisladores asumen el compromiso de hacer las adecuaciones propuestas por el Ejecutivo.

El dirigente de la UNC-CNPR se abstuvo de hacer algún comentario a los señalamientos del vocero presidencial referentes a que no se cedería por presiones. "Creo que el vocero deberá informar (hoy) de los avances de las reuniones y de la intención de ambas partes de llegar a una solución en el transcurso de esta semana."

Por la tarde, el titular de Sagarpa se reunió con los dirigentes de los cañeros de la CNC, a quienes reiteró que está dispuesto a publicar la ley cañera, pero habrá que discutir las propuestas de ambas partes.

Daniel Pérez Valdés, de la UNPCA-CNC, asentó que el plantón continuará en tanto no se tenga un compromiso específico de Sagarpa.

Presidencia pide no recurrir al chantaje. (La Jornada, p.web).

La Presidencia de la República hizo un llamado a los cañeros a resolver sus demandas por la vía pacífica y a no recurrir a la "presión, el chantaje y la violencia".

El vocero presidencial, Rubén Aguilar, señaló que las organizaciones de cañeros que realizan protestas en la ciudad de México están en su derecho a presionar, pero por los canales adecuados.

La Secretaría de Agricultura está abierta al diálogo y en espera de la respuesta de las organizaciones a la propuesta que les hizo el jueves pasado en torno a la controvertida ley cañera, indicó. "No es con la presión, no es con el chantaje, no es con la violencia que se pueden resolver los problemas del país", dijo.

Insistió en que en una democracia las diferencias se resuelven con diálogo, y por eso invitó a las organizaciones a conversar con las autoridades gubernamentales y a manifestarse sin violentar las leyes.

Confirman legisladores cambio en la postura del titular de Sagarpa. (La Jornada, Georgina Saldierna, p.web).

Intentarán hoy amarrar el acuerdo que dé fin al conflicto

El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, reconoció la necesidad de que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se publique y que posteriormente pueda haber modificaciones, resultado de un acuerdo político entre el Ejecutivo federal y el Congreso, según informaron ayer por separado el diputado perredista Víctor Suárez y el senador priísta Esteban Miguel Ángeles Cerón.

Los dos legisladores destacaron que esta nueva posición del titular de la Sagarpa se planteó ayer durante un encuentro que el funcionario tuvo con diputados y senadores, pero será este miércoles cuando, en la continuación de la reunión, se intente formalizar dicho planteamiento, con lo que se podría solucionar la problemática de los cañeros.

El perredista se mostró cauteloso respecto al señalamiento del funcionario. "Ahorita el gobierno federal reconoce la necesidad de que la ley se publique, pero hay que esperar hasta que los acuerdos se tomen y se cumplan."

Hay que tener desconfianza, mencionó, al recordar que otros convenios pactados con el Ejecutivo no se han cumplido. "Ejemplo de ello es el Acuerdo Nacional para el Campo".

El diputado insistió en que para su grupo parlamentario es imprescindible que primero se publique la ley y después entren las reformas que acuerden las partes.

Ángeles Cerón calificó la reunión con Usabiaga de "muy importante". "El secretario aceptó que va a haber una ley, ahora vamos a ver en qué términos. Pero por lo pronto percibo disposición y voluntad política del secretario de aceptar que tiene que haber una ley para este sector, porque se trata de una actividad muy especial", subrayó.

Agregó que las movilizaciones de los cañeros continuarán y que no se van a retirar de la ciudad de México hasta que no haya una definición sobre la norma citada.

Los dos legisladores fueron entrevistados en el marco de la comparecencia de José Manuel Tapia Gutiérrez, director general del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, ante integrantes de la tercera comisión de la Permanente.

En dicho encuentro se decidió que el funcionario volviera a presentarse ante los comisionados, debido a que no aportó la información que se le requería sobre los contratos individuales que se promueven entre los ingenios y los cañeros.

Cañeros entregan edificio de la Sagarpa en Sinaloa. (La Jornada, Javier Valdez, , p.web).

Advierten: habrá más presión si no atienden sus reclamos

Culiacán, Sin., 9 de agosto. Productores cañeros que desde la semana pasada tenían ocupada la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en esta ciudad levantaron hoy su protesta y advirtieron que si el gobierno federal no atiende sus demandas, bloquearán carreteras y tomarán casetas de peaje.

Los aproximadamente 400 productores de caña de azúcar, provenientes de los municipios de Culiacán, Navolato y Ahome, demandan que finalice la amenaza de veto que el presidente Vicente Fox mantiene contra la ley sobre la producción de caña de azúcar, recientemente aprobada por los diputados federales.

El fin de la toma del edificio de la Sagarpa, explicó José Cruz Loaiza, delegado de los productores de caña de azúcar, se debe a las complicaciones que viven los productores de maíz, a quienes se les ha retrasado sus pagos, y la liberación del edificio permitirá que se atiendan estos problemas.

La cosecha de maíz en Sinaloa será este año de poco más de 4 millones de toneladas, y el pago por esta cosecha ha registrado retrasos durante las dos semanas recientes.

Pero advirtió que "de no aprobarse por parte del presidente Fox la ley cañera, vamos a tomar de nuevo la delegación de la Sagarpa y carreteras federales en sitios estratégicos", advirtió.

Januario de los Ríos, subdelegado de la Sagarpa, informó que los retrasos en el pago de la cosecha de maíz se debe a que las oficinas de esta secretaría en Jalisco continúan tomadas.

Una comisión de cañeros se trasladó a la ciudad de México para unirse a las protestas contra el Presidente de la República y exigir al titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, que interceda ante el mandatario para que este problema se resuelva a la brevedad.

Productores de algodón elevan su producción. (La Jornada, p.web).

Logro en cuatro estados

Productores de algodón de Sonora, Sinaloa, Durango y Tamaulipas aseguraron que en los tres años recientes elevaron el rendimiento por hectárea y colocaron a México en el segundo lugar como productor de la fibra a escala mundial, después de Israel, el cual obtiene 7.1 pacas por hectárea. Rubén Ortega, representante de los productores, apuntó que en este año se estima obtener de 700 a 800 mil pacas, y el próximo año llegar al millón. Además, en dos años la zona algodonera de Chihuahua estará libre de gusano rosado.

En la reunión que sostuvieron con el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, el representante de los industriales, Mayer Sacman, comentó que la demanda de algodón es de 2.5 millones de pacas, y espera que a partir del próximo año se eleve en 15 por ciento anualmente, debido a que los textileros podrán exportar hilos y telas a Centroamérica y República Dominicana, en donde se elaborarán confecciones que serán enviadas a Estados Unidos.

Organizaciones campesinas

Desarrollo alejado de la caridad. (La Jornada, p.web)

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Confederación Nacional Campesina (CNC) advirtió que 20 de los 56 grupos étnicos del país podrían desaparecer, y que 12 millones de indígenas viven con menos de un dólar, siguen siendo discriminados, tienen problemas para comercializar sus productos y se siguen menospreciando sus tradiciones, costumbres y lenguas.

Heladio Ramírez López, dirigente de la CNC, dijo que para emprender un nuevo camino para el indigenismo habría que reconocer el estado de emergencia en que viven esos 12 millones de personas; que el gobierno asuma una noción de desarrollo alejada de la caridad y el asistencialismo, y se haga realidad el derecho de los indígenas a la autonomía y autodeterminación de sus pueblos.

Prensa Estatal

BAJA CALIFORNIA

Reta Alemán Magnani al gobierno de La Paz: cerca terrenos en Balandra. (La Jornada, Raymundo León, p.web)

Advierten autoridades que no darán permisos para construir hasta que se defina a los dueños

El empresario planea un desarrollo turístico en la zona recién decretada área natural protegida

La Paz, BCS, 9 de agosto. El gobierno municipal de La Paz no autorizará ningún permiso de uso de suelo ni de construcción para el desarrollo de un megaproyecto en la zona de la Balandra -más de 2 mil hectáreas de costa en la bahía de La Paz- hasta que esté perfectamente definida la tenencia de la tierra en esa zona, ubicada a 22 kilómetros de la capital del estado, indicó el jefe del departamento jurídico del ayuntamiento, Sergio Alexandre.

Debido a la riqueza de su biodiversidad, por sus manglares, la comuna decretó el año pasado área natural protegida la playa de Balandra. Sin embargo, el empresario Miguel Alemán Magnani -hijo del ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco- se amparó contra dicha declaratoria y tiene planeado desarrollar en ese lugar un proyecto turístico con hoteles, villas, campos de golf y una marina, ya que la zona está en la región del proyecto Escalera Náutica.

Ante la decisión de Alemán Magnani, Sergio Alexandre expuso que desde hace muchos años la zona es objeto de disputa entre varias familias, entre ellas la del ex presidente de la República Miguel Alemán. A la fecha, dijo, el ayuntamiento no conoce el plan maestro del megaproyecto que pretende edificar el empresario, quien se ha visto "entretenido" en los juzgados en la acreditación de la tenencia de la tierra.

El problema, abundó, es que existen varios títulos de propiedad que en apariencia son legales, por lo que se requiere la clarificación de las autoridades competentes respecto a quién o quiénes tienen la razón.

Por su parte, Mirtha Lourdes Urías Cota, ex coordinadora de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de Baja California Sur, manifestó que es común el conflicto de la tenencia de la tierra en la zona de Balandra, lo que ha creado incertidumbre y frenado la inversión.

Explicó que los terrenos en disputa originalmente pertenecieron a Rodolfo Gibert, según se desprende de un convenio celebrado con el gobierno federal el 16 de mayo de 1894, en el que se le otorgó título de propiedad sobre mil 910 hectáreas del predio conocido como San Lorenzo.

El 31 de diciembre de 1925, dijo, por decreto presidencial se declaró la nulidad de dicho contrato, por lo que el gobierno federal se reservó la facultad de reconocer los derechos de personas que hubieran adquirido la superficie de buena fe. De esta manera, Gastón J. Vives obtuvo el reconocimiento correspondiente el 14 de mayo de 1931 por parte de Pascual Ortiz Rubio, entonces Ejecutivo federal.

El 23 de septiembre de 1950, Alberto Gastón Vives Lucero, en calidad de heredero y albacea de la sucesión in testamentaria de Gastón J. Vives, vendió a Fomento Peninsular La Paz, SA, las mil 910 hectáreas con las colindancias originales que, a su vez, en 1960 fueron vendidas a la fraccionadora Balandro, SA de CV, propiedad de Miguel Alemán Magnani.

La serie de conflictos sobre la propiedad de la tierra en Balandra surgió en 1964, cuando el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización expidió títulos en favor de diferentes personas, entre ellas Francisco Guereña Piñuelas -163 hectáreas del predio Gaviota-, Manuel Encinas Cuadra -predio Azul- y Modesto Aragón Mendía -60 hectáreas del predio Balandra.

Ante ello, la fraccionadora Balandro empezó una serie de juicios contra actos del Presidente de la República y autoridades, los cuales han sido desechados por la justicia local y federal en diferentes fechas, el más reciente el pasado 2 de mayo, cuando el juzgado tercero de lo civil con sede en La Paz, otorgó sentencia absolutoria en favor del nuevo propietario del predio Gaviota, Antonio Sánchez Romo.

Pero la historia del predio San Lorenzo, mejor conocido como Balandra, no termina ahí, ya que el 7 de febrero de 1974 el gerente de la fraccionadora Balandro y el secretario general de asuntos jurídicos del departamento agrario acordaron donar 539 hectáreas al gobierno federal, a fin de "observar" la política agraria del presidente de la República Luis Echeverría Alvarez.

Hoy es evidente que la tercera generación de la familia del ex presidente Miguel Alemán no está de acuerdo ni con los títulos de propiedad ordenados en los años 60 por la Presidencia de la República ni con las donaciones u otros actos emprendidos por sus antecesores; de ahí que Alemán Magnani se ha empeñado en reclamar lo que a su juicio es suyo, las mil 910 hectáreas originalmente compradas, y no las 799 que aparentemente le quedan.

Tan es así, que el amparo ganado al ayuntamiento de La Paz para revocar la declaratoria de Balandra como área municipal protegida -el año pasado- es sobre las mil 910 hectáreas, pues las 799 que le pertenecen sin reclamo alguno se encuentran en la zona más vulnerable, es decir, donde prácticamente no se puede desarrollar ninguna actividad sin alterar el ecosistema.

Envuelto en esta maraña de juicios, Alemán Magnani no quita el dedo del renglón, al grado de que hace unos días mandó cercar "su predio" sin respetar las colindancias de los presuntos copropietarios.

GUERRERO

La falta de un plan de desarrollo urbano, causa del crecimiento anárquico, dicen. (El Sur, Ezequiel Flores, p.web).

Se reúnen ingenieros, arquitectos y arqueólogos para la integración del Plan Estatal de Desarrollo. Rafael Trani indica que de los 18 mil kilómetros cuadrados de los caminos, vías y autopistas del estado, 14 mil están sin pavimentar

Chilpancingo.- Ingenieros, arquitectos y arqueólogos indicaron que debido a la falta de elaboración de un programa estatal y municipal sobre desarrollo urbano a largo plazo, el crecimiento de las principales ciudades del estado ha sido anárquico, se ha acelerado el deterioro del medio ambiente, el desabasto de servicios básicos, y la destrucción y saqueo de sitios prehispánicos.

“La falta de continuidad de los planes de desarrollo urbano de cada sexenio se refleja en las obras que sólo alimentan el ego y la popularidad de los gobernantes en turno”, aseveró el profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, Manuel Ruiz Vargas.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Trani Cabrera, informó que de los 18 mil kilómetros cuadrados que conforman los caminos, carreteras y autopistas que enlazan a los 79 municipios, 14 mil kilómetros se encuentran sin pavimentar.

Agregó que 15 de las 79 cabeceras municipales del estado, carecen de acceso pavimentado, lo que repercute en la deficiente producción, generación de empleos y comercialización de productos.

Durante el foro sobre este tema que pretende retomar la opinión de los sectores sociales para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, Trani Cabrera explicó que a pesar de que en Guerrero hay importantes ríos y depósitos de almacenamiento de grandes volúmenes de agua, “ocupamos el último lugar a nivel nacional en cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento”.

Durante su participación en este foro, Trani Cabrera apoyado de una presentación multimedia, aseguró que la administración de Zeferino Torreblanca Galindo considera cinco proyectos, como los detonadores del desarrollo económico en la entidad a un plazo de 25 años.

Añadió que para eso se diseña la elaboración de siete planes de desarrollo regionales y esquemas en 73 cabeceras municipales, así como reorientar y actualizar los planes en este sector de las seis principales ciudades del estado.

Esta propuesta, dijo, fue presentada durante el 23 Congreso nacional de ingeniería Civil, donde Torreblanca invitó al Colegio de Ingenieros Civiles de México a participar en estos proyectos.

Como la ampliación hacia el municipio de La Unión de la terminal marítima del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán; la hidroeléctrica La Parota; el corredor turístico Zihuatanejo-Acapulco-Oaxaca que comprende una red ferroviaria que cruzará el estado y conectara con el sureste mexicano y la autopista Acapulco-Zihuatanejo, así como la inversión turística en las playas de siete municipios de esta zona.

La explotación minera de las regiones Tierra Caliente y Centro donde pretende atraer una inversión de 380 millones de dólares en este sexenio que servirá para la creación de infraestructura en una superficie de explotación mineral de 78 mil hectáreas.

El quinto proyecto de esta administración es en La Montaña en donde por medio de programas asistenciales se pretende revertir los efectos de la erosión de la tierra por la deforestación para actividades agrícolas, para recuperar la productividad del suelo y retener agua.

Por su parte, Cuauhtémoc Reyes Álvarez, integrante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expuso que todo proyecto de obra pública que se pretenda hacer en la entidad deberá ser reportado ante esta instancia, ante el deterioro y saqueo de los sitios arqueológicos.

Detalló que de los 57 sitios que se han descubierto en la capital, el 18 por ciento ha desaparecido, 42 por ciento se encuentra en proceso de destrucción y el 14 por ciento se encuentra fuera de peligro, debido a que las autoridades municipales y estatales permiten el desarrollo urbano sin control.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos, Francisco Cabrera Betancourt y Perseo López, propusieron la necesidad de rescatar el centro histórico de Acapulco y Taxco de Alarcón para utilizarlos como lugares de atractivo turístico y evitar que la infraestructura se siga deteriorando en ambos lugares.

Pide la CFE la anuencia de comuneros para expropiar terrenos de La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

El comisariado de Bienes Comunales convocó a una asamblea este domingo, para discutir la solicitud de la dependencia, según consta en una copia del documento. Los opositores advierten que si hay enfrentamientos, hacen responsable a Zeferino Torreblanca, Chavarría y López Rosas

En un nuevo intento para concretar el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó la anuencia de los comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec para expropiar los terrenos destinados para la construcción de la presa, en una extensión de cerca de 17 mil hectáreas.

De acuerdo con una copia de la convocatoria en poder de El Sur, la asamblea se llevaría a cabo este domingo 14 de agosto en la comunidad de El Campanario, no en Cacahuatepec como correspondería por ser la cabecera, y donde la paraestatal ha perdido apoyo para el proyecto.

Antes de ésta, la CFE ya había intentado en dos asambleas anteriores –la última el 25 de abril, la cual fue impugnada por los comuneros opositores ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA)–, obtener el permiso para hacer los estudios preliminares.

Sin embargo, la dependencia nunca pudo concluir los trabajos previos, primero porque los opositores mantienen plantones en las entradas a la zona de la cortina; y en segundo lugar, porque el magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, ordenó mediante dos medidas cautelares, la suspensión de cualquier trabajo en la zona, para evitar enfrentamientos entre ejidatarios opositores y simpatizantes del proyecto de la CFE.

Ahora, a pesar de no haber concluido los estudios preliminares y de no llegar a acuerdos durante los dos últimos años con los opositores a la presa, la CFE solicitó la anuencia de los comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec para expropiar los terrenos destinados para la construcción de la presa.

La convocatoria para efectuar la asamblea que podría ser decisiva para que la CFE logre concretar el proyecto en Guerrero coincide con la campaña de promoción de la presa con la imagen del ex futbolista acapulqueño Jorge Campos Navarrete, que de los horarios Triple A en los medios electrónicos llegó a la prensa local con desplegados a plana entera en los que no se precisa qué dependencia o persona se hace responsable de la publicación.

La convocatoria

De acuerdo con la copia de la convocatoria, la asamblea está convocada para las 10 de la mañana y está firmada por las autoridades de Bienes Comunales, encabezadas por su presidente, Crecencio Jerónimo Aparicio, cuestionado por los opositores por “su evidente inclinación” a favor de la paraestatal.

Según el documento, la asamblea se llevará a cabo en la comunidad de El Campanario –un anexo de los Bienes Comunales, pero que no tendrá daños de construirse la presa–, en respuesta “a una recomendación emitida por la Dirección de Protección Civil estatal”, aunque no se explica en qué consiste ésta.

Más adelante se precisa que en la asamblea se tratarán seis puntos: primero, que el registro se va a hacer en 10 mesas receptoras; segundo, se verificará si hay quórum legal; tercero, se nombrará al presidente, secretario y escrutadores de la mesa de debates de la asamblea.

En el cuarto punto se discutirá “la solicitud de la CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra, firma por el Comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”.

En el quinto punto se discutirá “la solicitud para obtener la anuencia de la asamblea para que la CFE realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de los terrenos destinados a la construcción del proyecto (...) y la línea de transmisión La Parota Entronque Los Amates-Playa Diamante 115kV-2C”.

Finalmente, el punto seis consiste en la discusión de la solicitud de la CFE para que autoricen al comisariado de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre de paso ante Notario Público, para la construcción de la línea de transmisión denominada La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante.

Advierten sobre posibles enfrentamientos

Por su parte, los comuneros opositores a la presa advirtieron que si hay enfrentamientos en la asamblea convocada para el próximo domingo. la responsabilidad será del gobernador Zeferino Torreblanca, del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, y del alcalde Alberto López Rosas.

En conferencia de prensa en el Zócalo, el representante opositor Felipe Flores Hernández informó que ya enviaron un oficio al gobernador donde lo hacen responsable de lo que pase en El Campanario.

“Le estamos pidiendo que no preste a la policía, como sucedió en 2004, porque los pueblos no requieren ninguna. Advertimos que si hay algún enfrentamiento, lo hacemos responsable a él, a Chavarría, al alcalde López Rosas, quien con su policía ha resguardado a los ingenieros de la CFE para que entren a los terrenos donde se pretende construir la presa. A los dos ámbitos de gobierno le pedimos que no se metan y no el entren al juego, porque puede haber enfrentamientos”.

En el documento dirigido a Torreblanca –el cual va firmado por las autoridades municipales de Garrapatas, Oaxaquillas, La Concepción, Tasajeras, Amatillo, Carrizo y Agua Caliente–, lo acusan de “querer llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras tierras comunales, pretendiendo efectuar asambleas fuera del lugar acostumbrado y con la protección de policías estatales, los cual no es de su competencia porque las asambleas comunales son soberanas”.

Flores Hernández –quien iba acompañado por varios comuneros– también se refirió a los anuncios del futbolista Jorge Campos Navarrete, donde promueve la construcción de la presa.

Dijo que le hacían un llamado para que “se deje de sus estupideces de que ande promoviendo un proyecto que no le compete. Queremos decirle que para promover un proyecto debe conocer los daños, aquí nada más habla estupideces.

“Él es futbolista y que se deje de chingaderas, que no se meta en donde no lo llaman, pues ni siquiera tiene tierras, no tiene porque decidir por nosotros”, finalizó.

Estoy casi seguro de que La Parota va, declara Zeferino Torreblanca. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

Tuxtla.- El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo ayer que está “casi seguro de que La Parota va”, y aseguró que el sentir de la mayoría de la población es sí al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de la presa.

En una improvisada conferencia de prensa en Tixtla, el gobernador habló brevemente del tema de La Parota, que trató con miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México a quienes dijo que invitó a participar en el proyecto.

Argumentó que el sentido de la gran mayoría “es un sí a favor de La Parota, sin avasallar ni dejar de reconocer los derechos de los que no están de acuerdo. Pero estoy casi seguro de que La Parota va”.

Recordó que a contratación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), está haciendo los estudios para determinar modelos de vivienda que se adecuen a la condiciones “no de importar modelos urbanos al medio rural”.

Niega la CFE que solicitaran la anuencia de los comuneros para expropiar sus tierras. (El Sur, Roxana Ibarra, p.web).

El coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, Humberto Marengo Mogollón, desconoce quién está subsidiando la campaña de Jorge Campos

Tras la presentación del proyecto La Parota ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero –en donde hubo protestas del grupo ambientalista Guerreros Verdes–, el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Humberto Marengo Mogollón, negó que hayan solicitado la anuencia de los comuneros de Bienes Comunales de Cacahuatepec para expropiar los terrenos donde se pretende construir La Parota.

Dijo también que desconocía quién o quiénes están subsidiando la campaña en medios electrónicos e impresos, en la que el ex futbolista acapulqueño Jorge Campos Navarrete invita a apoyar la construcción de la presa La Parota.

“La CFE no tiene por objeto hacer los financiamientos de eso”, aunque matizó que “es muy importante dar a conocer a la gente lo que significa el proyecto, el alcance social”.

Al preguntarle si sabía el origen del financiamiento de la campaña, Marengo Mogollón contestó que el gerente de Comunicación Social de la CFE, Stefano Conde, podría responder a esa pregunta.

En la presentación del proyecto la tarde de ayer –donde estuvo presente el presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, acompañado del Consejo de Vigilancia–, Marengo Mogollón explicó que la asamblea del 14 de agosto a la que está convocando la autoridad de Bienes Comunales de Cacahuatepec es para negociar el permiso de construcción, conocer el rango de precios y el cambio de uso de suelo de sus tierras y no para solicitar la expropiación de las tierras, como lo indica la convocatoria a la asamblea.

En la sesión de preguntas y respuestas –que se convirtió en dimes y diretes entre los asistentes que participaron–, la presidenta del grupo ambientalista Guerreros Verdes, Elena Khan, habló en contra de la presa y reprochó a Marengo Mogollón que tratara de “engañar a la gente” con un proyecto que afectará al medio ambiente, pues “no va a haber agua con presa o sin presa”.

El profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero Guadalupe Saligan Colón, mientras se llevaba a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Civiles y la CFE, se paró de su lugar y gritó: “El movimiento ecologista va a seguir”, una y otra vez, ante al abucheo de algunos de los presentes.

Por su parte, el residente de Asuntos Sociales y Ambientalistas y representante de la CFE ante el gobierno de Guerrero, Víctor Hugo Chávez Chávez, tomó la palabra sólo para decir que no entendió lo que dijo Elena Khan.

Antes, en su intervención destacó la presencia del presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec y aseguró que existe “una excelente relación con los comuneros”.

Antes, el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE expuso ante unos 200 asistentes en el salón Acapulco del hotel Avalon Excalibur el proyecto La Parota.

Entre otras cosas, dijo que buscan licitar el proyecto este mismo año y aseguró que los estudios de factibilidad ya están terminados desde hace unos 3 meses, “ya estamos listos con todos los estudios técnicos del proyecto”.

El rezago en la entrega de escrituras es del Registro Público, dice Corett. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Estan detenidas cerca de mil 200 que ya fueron pagadas, denuncia el auditor externo Ricardo Díaz Teodoro

La Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett) se deslindó del rezago que hay en la entrega de escrituras por parte de esa dependencia; el auditor externo Ricardo Díaz Teodoro –en ausencia del delegado José Rubén Juré Cejin–, dijo que es el Registro Público de la Propiedad (RPP) los que tienen paradas cerca de mil 200 escrituras, que ya fueron pagadas por los demandantes.

Entrevistado en las oficinas de Corett, a Díaz Teodoro se le cuestionó sobre las quejas de vecinos de diversas colonias por la lentitud en la entrega de escrituras.

El funcionario reconoció que, efectivamente, ese rezago existe desde diciembre pasado, aunque –aclaró– que no es culpa de ellos pues las escrituras están detenidas en el RPP, aún cuando ya fueron pagadas.

Mencionó que entre las escrituras que están rezagadas desde hace varios meses están las de las colonias Yoloxóchilt, Voz de la Montaña, Ampliación Alborada, Jacarandas, Las Torres, Roberto Esperón.

También la 18 de Enero, Plan de Ayutla, La Mica, La Esmeralda, La Agrícola, Ampliación La Mica, René Juárez y El Paraíso, todas ellas ubicadas en los ex ejidos de La Venta y Barrio Nuevo.

A la pregunta de cuál era el motivo del rezago, Díaz Teodoro respondió que lo desconocía, pues hasta el momento el RPP no informaba qué está pasando, aunque reconoció que se está perjudicando a los usuarios, pues muchos de ellos hacen el tramite porque necesitan hipotecar, pedir créditos o por cuestiones de herencia.

Pero además –agregó–, con la lentitud en la entrega de escrituras se perjudica al Ayuntamiento, pues no entra el dinero a las oficinas de Catastro.

Díaz Teodoro aclaró que esa dependencia no escritura invasiones en propiedades privadas, y sólo lo la hace donde ya está estipulado por el Ayuntamiento.

Exigen al futbolista Campos no promover La Parota. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Acapulco, Gro., 9 de agosto. Miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) arremetieron contra el auxiliar técnico de la selección mexicana de futbol, Jorge Campos Navarrete, por participar en la promoción de la hidroeléctrica en espots televisivos y radiofónicos, así como en inserciones en la prensa local, en los que resalta los supuestos beneficios que traería la obra, como la garantía del servicio de agua potable para los acapulqueños durante 50 años. Felipe Flores Hernández, uno de los dirigentes del CECOP, exigió al ex portero que "se deje de estupideces, ya que él es futbolista y no tiene vela en el entierro".

VERACRUZ

Matan a líder indígena y a su hija en Veracruz. (La Jornada, Guadalupe López, p.web).

Edith Sosa Solar encabezó a 26 comunidades que exigían separarse de Sochiapan

Descarta el gobernador que los homicidios sean "acto de violencia agraria" en la entidad

Jalapa, Ver., 9 de agosto. Edith Sosa Soler, ex dirigente local de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), quien recientemente encabezó a 26 comunidades indígenas que exigieron separarse del municipio de Santiago Sochiapan -creado hace menos de dos años-, fue asesinada a balazos junto con su hija Claudia Edith Ortiz Sosa.

El gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo en entrevista telefónica que el doble crimen se perpetró en el ayuntamiento de Playa Vicente, "donde sicarios se introdujeron en la casa de Edith, quemándola a ella y a su hija, quien era oficial mayor del Registro Civil" del municipio. El mandatario afirmó que estos asesinatos no fueron producto "de un acto de violencia agraria, sino de un atentado contra una líder social".

Herrera Beltrán calificó los homicidios de "lamentables y reprobables", y dijo que el procurador Emeterio López Márquez visitó a la familia de las víctimas para conocer los pormenores de los crímenes, y ofreció "aplicar todo el peso de la ley a los asesinos".

Según el diario local Notiver, al filo de las 21:15 horas del lunes un grupo de sujetos armados arribó al domicilio de la señora Eliseida Sosa Zavaleta, ubicado en la calle De la Rosa número 165, en Playa Vicente. En el lugar se hallaban la lideresa campesina Edith Sosa, de 44 años, y su hija Claudia Edith Ortiz, de 26, a quienes mataron a balazos, y dejaron gravemente herida a Eliseida Sosa, quien fue trasladada a un hospital de Tuxtepec, Oaxaca.

Personal del Ministerio Público de Playa Vicente dio fe de los hechos, mientras elementos de las policías Ministerial, Municipal y de Seguridad Pública Estatal establecieron un operativo para buscar a los homicidas. La Procuraduría de Justicia de Veracruz mantuvo hermetismo en torno al doble crimen.

Edith Sosa Soler fue una de las principales opositoras a que la congregación de Santiago Sochiapan se separara de Playa Vicente, y al erigirse esa comunidad en municipio libre encabezó a 26 comunidades indígenas que se negaron a estar bajo la jurisdicción de la nueva demarcación.

La lideresa argumentó que no se cumplieron los requisitos de ley para crear el nuevo municipio, y que el Congreso local no consultó a todas las comunidades indígenas para conocer si querían o no separarse de Playa Vicente.

Incluso, Sosa Soler promovió -sin éxito- un amparo contra el decreto por el cual el Congreso de Veracruz declaró municipio libre a Santiago Sochiapan. Esta situación pudo propiciar violencia, comentó el presidente de la Legislatura estatal, Atanasio García Durán.

En tanto, el dirigente estatal de Antorcha Campesina y diputado local priísta, Samuel Aguirre Ochoa, señaló que Edith Sosa tuvo problemas hace un año con el dirigente estatal de la UGOCM, Gabriel Trillo Domínguez, y por eso "se salió de la organización", por lo que no descartó que estos homicidios respondan a intereses políticos.

Aguirre Ochoa lamentó los asesinatos de Sosa Soler y su hija y afirmó que "esta situación es muy delicada para el estado de Veracruz", pues cualquier crimen "es doloroso, y si se trata de una persona que tenía ideas políticas, que participaba organizando a la gente y defendiendo su causa, el asunto se complica y enrarece".

De su lado, el dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra, dijo "repudiar" y "condenar" estos homicidios, y recordó que hace ocho años desapareció el entonces líder estatal de la UGOCM, José Luis Carrizales, y hasta el momento nada se sabe de su paradero.

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