CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
LUNES
1
DE
AGOSTO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Tiene el DF boom… en prostitución
Se dispara en 50%
el
número
de
gente
que
entra
a
trabajar
en
el
sexoservicio.
Elba, mejor de aliada que de rival: Tucom
Credibilidad, requisito para el candidato
del
partido,
dice.
Menor vulnerabilidad de la economía:
Fitch
Estrecho control de déficit fiscal y
manejo
prudente
de
la
deuda.
Divide a empresarios la desregulación
Piden los sectores textil, de manufactura
y
salud
no
bajar
aranceles.
Pemex pagó al fisco $136 mil millones en seis meses
Los impuestos y derechos de la paraestatal
representan
60.8
por
ciento
de
sus
ventas.
Las
mayores
aportaciones
se
debieron
al
incremento
en
los
precios
de
hidrocarburos.
El narco
se
abastece
de
armas
de
guerra:
PGR
Los cárteles del Golfo y de Sinaloa
se
han
abastecido
de
armas
de
guerra
para
incrementar
su
poder
de
ataque
en
la
disputa
que
mantienen
por
el
control
de
la
frontera
norte.
López gastó 12 mdp en 241 encuestas de popularidad
Durante su gobierno ordenó 260 sondeos.
92.6%
fue
para
medir
su
imagen.
Bienes de los Fox, información reservada
El gobierno pone 12 años de sigilo a
posesiones
de
la
familia
y
gasto
de
transición.
Desde
un
préstamo
a
Marta
Sahagún hasta contratos para parientes, imposible conocerlos.
Cierre consular, discorde con relación
Convoca Eugenio
Hernández
a
EU
a
“revalorar”
decisión.
Pide
resultados
“positivos
y
contundentes”
a
la
federación.
México, segundo lugar mundial en secuestros
Sólo es superado
por
Colombia,
según
Special Contingency Riscks Limited. Reportan casi
7
mil
denuncias
judiciales
en
los
últimos
10
años.
Sector agrario
Protesta, gobierno se compromete a impulsar proyectos
productivos
de
Ocoroni. (El Debate (Sinaloa), René Figueroa, p.web).
Liberan las oficinas de Sagarpa y CNA
29/07/2005
Luego de que funcionarios de la SRA, Sagarpa, CNA y Procuraduría
Agraria
se
comprometieran
a
impulsar
proyectos
productivos,
así
como
a
entregar
certificados
parcelarios
y
al
pago
de
186
hectáreas,
ejidatarios
de
Ocoroni desalojaron oficinas federales.
Fue una larga reunión, que inició desde las 13:00 horas, en
la
que
los
productores
encabezados
por
Pedro
Lugo
Rivera
y
funcionarios
federales,
entre
los
que
se
encontraban
Rolando
Ocampo
Alcántar,
subsecretario
de
política
sectorial
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria;
Januario
de
los
Ríos,
de
la
Sagarpa,
y
Alfredo
Mora
Magaña,
gerente
regional
de
la
CNA,
discutieron
las
propuestas
que
se
han
planteado
desde
hace
varios
años.
El compromiso. Aunque no se define claramente, pero sí existe
el
compromiso
de
cumplir,
a
los
productores
de
Ocoroni
se
les
dijo
que
el
gobierno
federal
está
próximo
a
entregar
los
certificados
parcelarios
que
dan
seguridad
en
la
tenencia
de
la
tierra.
Otro de los compromisos fue el pago de los terrenos donde se
formó
la
comunidad
Genaro
Estrada,
así
como
el
impulso
de
proyectos
productivos,
como
es
el
empaque
y
la
construcción
de
una
especie
de
viveros.
También se encuentra la obligación de la Comisión Nacional
del
Agua
de
invertir
una
cantidad
aproximada
a
los
18
millones
de
pesos
para
construir
infraestructura
hidroagrícola
en
753
hectáreas.
Estira y afloja. Entre los ejidatarios de Ocoroni existe aún desconfianza en el cumplimiento de los
compromisos
pues
tienen
más
de
27
años
de
espera
de
que
se
les
hagan
efectivos
los
apoyos.
En la reunión también estuvieron representantes de productores,
sobre
todo
uno
que
no
había
aparecido
en
el
contexto
político.
Es
el
organismo
Unimos,
que
sale
a
la
luz
pública
en
la
defensa
de
los
ejidatarios
de
Ocoroni
y
que
a
decir
de
Sergio
Nevárez Nava no es político y sólo
busca
el
beneficio
de
los
manifestantes
que
buscan
justicia
agraria.
Los momentos. Los representantes de los productores discutieron
largamente
con
cada
uno
de
los
funcionarios
federales,
pues
no
se
mostraban
muy
convencidos
de
la
respuesta
que
les
traían.
Uno de los compromisos que no quedó muy claro fue el que se
refiere
al
apoyo
para
la
construcción
del
empaque,
y
es
que
es
una
inversión
millonaria
que
la
Sagarpa
no
estaría
en
condiciones
de
aportar
en
su
totalidad.
Januario de los Ríos, delegado federal de la
Sagarpa,
señaló
que
él
no
podía
firmar
un
acuerdo
en
el
que
se
comprometían
a
otorgar
la
totalidad
del
apoyo,
pues
se
sabía
de
las
limitaciones
en
lo
que
se
refiere
a
la
utilización
de
los
recursos
federales.
Obras proyectadas. El gerente regional de la Comisión Nacional
del
Agua,
Alfredo
Mora
Magaña,
señaló
que
los
18
millones
de
pesos
que
se
tienen
proyectados
para
infaestructura
hidráulica
no
se
podían
desviar,
por
lo
que
los
ejidatarios
decidieron
que
sí
se
realizara
la
inversión.
Liberación de oficinas. Los manifestantes, que ya tenían varios
días
de
estar
obstruyendo
la
actividad
oficial
y
que
habían
trastocado
intereses
de
productores
de
maíz
a
quienes
no
se
les
hicieron
oficiales
los
apoyos
a
la
comercialiación,
indicaron
que
dejarían
las
oficinas
luego
de
tener
"una
comidita"
que
organizaron
a
manera
de
festejo,
a
la
que
también
invitaron
a
los
funcionarios
y
que
desalojarían
cuando
cayera
la
tarde.
Detecta el Congreso de Nayarit nepotismo del gobernador
Antonio
Echevarría. (La Jornada, Jesús Narváez, p.web)
Sábado 30 de julio de 2005
Tres primos del Ejecutivo
estatal
se
desempeñaban
en
altos
cargos
de
su
administración
La oficina del mandatario
"entregó"
más
de
un
millón
de
pesos
a
personas
que
"no
existen"
Tepic, Nay., 29 de julio. El ex secretario
particular
del
gobernador
Antonio
Echevarría
Domínguez,
Marco
Antonio
Hernández
Estrada,
fue
implicado
en
un
desvío
de
recursos
por
más
de
3.7
millones
de
pesos,
por
justificar
gastos
con
"facturas
y
comprobantes
apócrifos",
informó
el
Congreso
local.
La
legislatura
agregó
que,
de
acuerdo
con
un
informe
del
Órgano
de
Fiscalización
Superior
(OFS)
sobre
las
cuentas
públicas
del
Ejecutivo
local
correspondientes
a
2000
y
2001,
el
mandatario
incurrió
en
nepotismo
al
colocar
a
tres
primos
suyos
en
altos
puestos
de
la
administración
estatal,
además
de
que
supuestamente
entregó
casi
un
millón
y
medio
de
pesos
a
personas
que
no
existen
en
el
Registro
Civil.
El Congreso de Nayarit dio a conocer el mencionado informe
del
OFS,
mismo
que
detectó
irregularidades
en
que
habría
incurrido
Hernández
Estrada,
entre
ellas
presentar
facturas
por
2
millones
574
mil
pesos
de
las
empresas
Servicios
Empresariales
y
Turísticos,
Viajes
Génesis
y
Operadora
Turística
del
Boleo,
las
cuales
aseguraron
"nunca
haber
tenido
relaciones
comerciales
con
el
gobierno
del
estado".
La
OFS
también
descubrió
en
la
secretaría
particular
del
gobernador
facturas
apócrifas
de
la
compañía
Servicios
de
Transporte
Terrestre
de
Culiacán,
Sinaloa,
por
648
mil
642
pesos,
y
otros
documentos
alterados
para
justificar
erogaciones
por
615
mil
pesos.
En el documento del OFS se acotó que "en la revisión de
expedientes"
se
determinó
que
laboraron
"dentro
de
la
administración
pública
estatal
los
señores
Leopoldo
Domínguez
González,
José
Luis
Domínguez
González
y
Armando
Domínguez
González,
cuyos
nombramientos
a
la
fecha
de
la
revisión
eran
secretario
de
Salud,
director
general
de
la
Dirección
General
de
Desarrollo
Agropecuario
y
director
del
Sistema
de
Radio
y
Televisión,
respectivamente,
quienes
son
parientes
consanguíneos
(primos)
del
gobernador".
Cabe señalar que Leopoldo Domínguez renunció a su cargo en
2002,
para
ser
candidato
del
PAN
a
presidente
municipal
de
Tepic
-fue
derrotado
en
las
urnas
por
el
actual
gobernador
electo,
el
priísta
Ney
González
Sánchez-,
y
en
ese
mismo
año,
José
Luis
Domínguez
fue
nombrado
titular
de
la
Procuraduría
Agraria
en
la
entidad.
El informe de la OFS también señaló que "existen los nombramientos
de
Juan
Preciado
López,
Martha
Aldrete
de
Echevarría,
Gerardo
Arias
García
y
Silvia
Díaz
de
Preciado,
de
los
cuales,
existe
presunción
de
que
hay
relación
de
afinidad
o
consanguinidad
con
el
gobernador
del
estado.
Por
ello,
se
remiten
los
pliegos
de
responsabilidad
a
la
Secretaría
de
la
Contraloría
General
del
Estado,
y
se
establece
la
presunción
de
daños
y
perjuicios
en
contra
de
la
Hacienda
estatal,
por
lo
que
se
acuerda
dar
inicio
al
procedimiento
legal
para
la
determinación
de
la
responsabilidad
resarcitoria".
Sobre las cuentas públicas del gobernador Echevarría Domínguez, el OFS comentó que en la actual administración
estatal
-cuyas
funciones
culminan
el
próximo
19
de
septiembre-
"existen
88
cuentas
bancarias
y
40
de
inversiones
temporales
para
el
manejo
de
distintos
recursos
que
se
obtienen,
pretendiéndose
con
ello
identificar
el
origen
y
facilitar
su
aplicación;
sin
embargo,
no
se
logra
el
objetivo,
ya
que
existen
cuentas
duplicadas
y
triplicadas
con
una
misma
denominación
y
sólo
se
pueden
identificar
mediante
el
análisis
documental
de
cada
una
de
ellas.
Además, el organismo dijo haber detectado que en el despacho
del
Ejecutivo
local
se
presentaron
gastos
para
apoyo
económico
a
indígenas
por
un
millón
439
mil
950
pesos,
sin
embargo,
tras
investigar
en
el
Registro
Civil
y
en
los
poblados
supuestamente
beneficiados,
se
encontró
que
las
personas
que
habrían
recibido
el
dinero
"no
existen".
Busca Ejido San Luis recuperar sus tierras. (Tribuna de San Luis, Juan Carlos, p.web).
* Gestionan Ante Tribunal Agrario se les Regresen 3,175 Hectáreas
La intención del Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario
de
que
concilien
las
partes
en
conflicto
de
intereses
entre
miembros
del
ejido
San
Luis
y
promotores
del
Parque
Industrial
Internacional
(PII)
no
prosperó
al
rechazar
una
de
las
partes
analizar
una
propuesta
de
solución
que
tenían
lista
los
abogados
de
los
campesinos.
Ante la postura de los miembros del consejo de administración
del
PII
que
argumentaron
haber
hecho
bien
todo
y
que
los
estados
contables
así
lo
demuestran,
el
juicio
que
se
ventila
en
dicha
instancia
que
los
ejidatarios
interpusieron
demandando
a
la
Procuraduría
Agraria
(PA)
por
no
cumplir
con
sus
funciones
y
permitir
un
convenio
desventajoso
para
ellos,
va
a
seguir
su
curso.
Con la pretensión de que se condene a la Procuraduría Agraria
los
ejidatarios
pretenden
disolver el convenio de asociación y recuperar
las
tierras
que
administra
el
PII.
El abogado Horacio Rodríguez Caballero, defensor de los ejidatarios
que
a
través
de
la
empresa
mercantil
COINE
se
asociaron
con
promotores
industriales
aportando
una
superficie
de
alrededor
de
3,275
hectáreas
que
se
desincorporaron
del
régimen
ejidal
para
pasar
a
ser
de
dominio
particular,
llevaba
a
iniciativa
del
Magistrado
Jorge
Herrera
Valenzuela
una
propuesta
de
solución
que
los
representantes
del
PII
ni
siquiera
quisieron
conocer
de
su
contenido,
rechazando
toda
posibilidad
de
negociación.
El presidente del consejo de administración del PII, Agustín
Serna
García,
afirmó
en
la
junta
a
la
que
comparecieron
las
partes
ante
el
Tribunal
Unitario,
no
tener
nada
que
tratar
con
ejidatarios
pues
el
convenio
que
llevó
a
la
creación
de
un
Fideicomiso
se
hizo
con
la
empresa
mercantil
COINE
que
preside
Rafael
Meza
Ramírez,
también
presente
en
el
acto,
argumentando
además
que
si
no
se
han
otorgado
utilidades
a
los
ejidatarios
es
porque
no
ha
habido
ventas
de
terrenos
y
han
sido
más
los
gastos
de
inversión
en
infraestructura
y
administración
que
los
ingresos,
externando
la
disposición
para
que
se
revisen
los
estados
contables
que
demuestran
no
se
han
generado
ganancias.
La parte demandante sostiene que si sus asociados son los inversionistas
y
han
destinado
recursos
al
Parque,
debería
haber
utilidades
y
no
las
han
recibido,
reclamando
una
parcialidad
de
la
Procuraduría
Agraria
que
en
lugar
de
velar
por
los
intereses
de
los
campesinos,
como
es
su
obligación
legal,
hizo
en
este
caso
lo
contrario,
favoreciendo
a
los
otros
asociados.
Del infructuoso intento de llegar a un acuerdo entre los ejidatarios
y
el
consejo
de
administración
del
PII,
informó
el
secretario
del
Comisariado del ejido San Luis, José Andrés León Flores, quien
fue
uno
de
los
que
junto
con
el
presidente
del
mismo,
Humberto
Castro
Villegas,
y
el
tesorero
Mariano
Peñuelas
Andrade,
acudieron
al
encuentro
al
que
convocó
el
Magistrado
Herrera
Valenzuela.
Por parte del consejo de administración del PII estuvieron
en
la
diligencia
el
presidente
de
éste
Agustín
Serna
García,
el
apoderado
de
Bancomex, licenciado Gustavo Enríquez Camacho, el director
de
obras
y
proyectos,
Enrique
Orozco
Oceguera
y
el
ejidatario
Germán
Miranda
Ochoa.
En la misma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
aprovechó
para
solicitar
a
las
partes
que
independientemente
del
curso
del
juicio
liberaran
la
superficie
destinada
a
la
construcción
del
nuevo
cruce
fronterizo
comercial
en
proyecto
de
ejecución
de
manera
conjunta
entre
Estados
Unidos
y
México,
a
lo
que
hay
voluntad
para
que
queden
al
margen
del
proceso
33.8
hectáreas,
según
lo
ratificaron
las
partes.
Este juicio ventilado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito
Dos,
con
sede
en
Mexicali,
ha
propiciado
que
se
estableciera
una
anotación
marginal
en
todo
acto
que
tenga
que
ver
con
tierras
del
PII
que
se
haga
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
Comercio,
lo
que
representa
un
freno
a
la
promoción
para
el
desarrollo
industrial
de
San
Luis
Río
Colorado.
De cómo proceden los ejidos y comunidades con el
Procede. (La Jornada, Ana de Ita, p.web)
Sábado 30 de julio de 2005
Los empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria
promueven
a
marchas
forzadas
la
participación
de
los
ejidos
y
comunidades
agrarias
en
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
Urbanos,
mejor
conocido
como
Procede.
Ya
que
es
un
programa
estrictamente
voluntario,
utilizan
promesas
y
amenazas,
según
el
caso,
para
convencer
o
presionar
a
los
núcleos
agrarios
renuentes
a
incorporarse.
El
presidente
Vicente
Fox
quiere
concluirlo
al
terminar
su
sexenio.
Lo
mismo
quería
el
presidente
Carlos
Salinas.
A
pesar
de
ello
han
pasado
12
años
sin
que
sus
afanes
de
convertir
la
propiedad
social
en
propiedad
privada
se
materialicen.
Más de la mitad de la superficie del país es propiedad social.
Se
encuentra
en
manos
de
ejidos
y
comunidades
agrarias
como
una
conquista
de
la
Revolución
Mexicana.
Los
diseñadores
neoliberales
de
las
políticas
anticampesinas
culparon
a
la
propiedad
social
de
la
crisis
del
campo.
La
reforma
al
Artículo
27
Constitucional
buscó
transformarla
en
propiedad
privada.
La
vieja
demanda
de
los
terratenientes
de
seguridad
en
la
tenencia
de
la
tierra,
fue
levantada
como
principal
necesidad
campesina
a
la
que
el
Procede
daría
respuesta.
Según
los
diseñadores
del
programa
los
ejidatarios
y
comuneros
estaban
ansiosos
de
tener
un
título
individual
sobre
la
propiedad
de
su
tierra.
Al principio de la operación del Procede muchas comunidades
y
ejidos
se
opusieron
como
estrategia
de
resistencia
a
una
reforma
constitucional
impuesta
que
quebraba
la
esencia
del
pacto
social
en
el
campo.
Pero
al
paso
del
tiempo
algunos
lo
utilizaron
como
una
manera
fácil
de
arreglar
los
problemas
burocráticos
añejos
que
tenían
con
sus
documentos
básicos,
otros
se
sumaron
al
programa
para
no
errarle,
por
si
acaso
las
amenazas
llegaban
a
cumplirse,
y
los
menos
aprovecharon
sus
facilidades
para
rentar
o
vender
sus
tierras.
A junio de 2005 el 75 por ciento de la propiedad social ha
sido
certificada
por
el
Procede;
sin
embargo,
esto
no
significa
que
haya
sido
titulada.
No
es
lo
mismo
certificar
que
titular.
De
esta
superficie
el
69
por
ciento
fue
certificada
como
propiedad
de
uso
común
sobre
la
que
tienen
derecho
los
ejidatarios
y
comuneros
en
colectivo
y
sólo
el
30
por
ciento
fue
certificada
como
propiedad
parcelada,
asignada
individualmente.
Únicamente
0.4
por
ciento
de
la
superficie
certificada
cambió
a
propiedad
privada
individual
y
sólo
un
0.05
por
ciento
de
la
tierra
de
uso
común
participó
como
aportación
para
proyectos
con
sociedades
mercantiles.
Estos datos evidencian que los ejidatarios y comuneros están
más
interesados
en
resguardar
la
propiedad
colectiva
sobre
su
tierra
que
en
buscar
dividirla
y
titularla
en
parcelas
individuales.
Las comunidades agrarias son las que más se han resistido a
participar
en
el
Procede.
Sólo
40
por
ciento
de
la
superficie
comunal
ha
sido
certificada
contra
80
por
ciento
de
la
propiedad
ejidal.
Y
aunque
no
todas
las
comunidades
agrarias
son
indígenas
y
los
indígenas
no
sólo
poseen
tierra
en
forma
comunal,
61
por
ciento
de
la
2
mil
278
comunidades
agrarias
en
el
país,
son
comunidades
indígenas.
En el régimen comunal las tierras son colectivas. También lo
son
las
parcelas
que
se
cultivan
año
tras
año
por
la
misma
familia.
Así
es
que
la
certificación
individual
no
es
relevante.
Las
comunidades
tienen
mayor
autonomía
respecto
a
decisiones
que
tienen
que
ver
con
el
territorio
y
la
cohesión
comunitaria
y
el
poder
de
la
asamblea
es
mayor.
La
tarea
de
Procede,
o
lo
que
la
Reforma
Agraria
ofrece
como
Procecom,
es
certificar
los
límites
de
la
comunidad.
Sin
embargo,
si
la
comunidad
cuenta
con
sus
títulos
o
documentos
básicos
no
necesita
hacerlo.
Según
los
especialistas
en
derecho
indígena,
el
Procede
limita
las
decisiones
de
la
asamblea
comunal
y
debilita
los
acuerdos
comunitarios,
por
ejemplo,
por
citar
sólo
uno,
el
de
incluir
a
nuevos
comuneros.
Oaxaca y Chiapas, estados con fuerte presencia indígena, tienen
la
menor
superficie
certificada
por
el
Procede.
Oaxaca
es
el
estado
con
mayor
proporción
de
propiedad
social
-80
por
ciento-
y
a
su
vez
el
de
mayor
presencia
de
comunidades
agrarias.
En
Oaxaca
únicamente
se
ha
certificado
29
por
ciento
de
la
superficie
y
de
ésta,
73
por
ciento
como
de
uso
común.
Solamente
23
por
ciento
de
la
superficie
comunal
ha
entrado
al
programa.
En
Chiapas
59
por
ciento
de
la
superficie
es
propiedad
social
con
80
por
ciento
como
propiedad
ejidal.
Se
ha
certificado
35
por
ciento
de
la
superficie.
Los ejidos y comunidades que se niegan a entrar al Procede
y
los
que
certificaron
sus
propiedades
como
de
uso
común
están
afirmando
de
manera
radical
o
pragmática,
la
decisión
de
que
su
tierra
permanezca
como
propiedad
colectiva,
independientemente
de
lo
arcaica
o
imperfecta
que
este
tipo
de
propiedad
les
parezca
a
los
políticos
neoliberales
Destaca Colina en testamentación
agraria:
Gutiérrez. (Ecos de la Costa, Heidi
de
León,
p.web).
Sábado 30 Julio
Notiecos/Colima.- La cultura de la certidumbre
jurídica
avanza
entre
la
población
campesina
y
cada
día
son
más
los
habitantes
de
ejidos
y
comunidades
que
transmiten
de
manera
ordenada
sus
derechos
agrarios,
brindando
a
su
familia
tranquilidad
y
seguridad
sobre
su
patrimonio.
Lo anterior fue afirmado por la delegada del Registro Agrario
Nacional
(RAN)
en
el
Estado,
Odilisa
Gutiérrez
Mendoza,
quien
indicó
que
como
parte
del
Programa
Nacional
de
Testamento
Agrario
“Hereda”
en
Colima,
más
del
90%
de
los
ejidatarios,
comuneros
y
posesionarios
han
designado
de
manera
libre
y
voluntaria
a
los
beneficiarios
de
su
testamento
agrario
y
han
depositado
este
documento
en
la
institución
para
su
custodia.
La certeza jurídica sobre la titularidad de los derechos agrarios
coadyuva
a
conservar
la
paz
social
en
el
campo,
ya
que
evita
conflictos
que
fracturan
irremediablemente
la
unidad
familiar
y
dificultan
el
avance
de
los
proyectos
productivos.
Se estima que alrededor de 30% de los litigios que se ventilan
en
los
tribunales
agrarios
consisten
en
disputas
por
la
herencia
de
la
tierra,
ya
que
el
titular
de
los
derechos
sobre
determinada
extensión
de
origen
social
no
formalizó
su
testamento
agrario.
La Ley Agraria establece un orden sucesorio muy preciso: en
primer
lugar
el
cónyuge;
a
falta
de
éste,
la
concubina
o
el
concubinario,
o,
en
su
defecto,
sólo
uno
de
los
hijos.
Luego
podrá
heredar
uno
de
los
ascendientes.
Los bienes que pueden ser objeto de herencia, mediante testamento
agrario,
son
las
parcelas
de
que
sea
titular
el
testador,
sobre
las
cuales
se
hayan
expedido
certificados
al
ejidatario,
comunero
o
posesionario, lo que sólo puede ocurrir después de que el
ejido
o
comunidad
fueron
certificados
mediante
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
(Procede).
Además, hereda su calidad de ejidatario, comunero o posesionario con todos los derechos inherentes, consubstanciales e implícitos.
Al igual que Colima, otros estados que presentan avances importantes
en
el
programa
“Hereda”
son
Baja
California
Sur
y
Quintana
Roo,
con
una
cobertura
promedio
del
90%
de
los
titulares
de
derechos
agrarios.
Testamento agrario protege patrimonio familiar. (La Crónica, p.web)
2005-08-01
La cultura de la certidumbre jurídica avanza entre la población
campesina
y
cada
día
son
más
los
habitantes
de
ejidos
y
comunidades
que
transmiten
de
manera
ordenada
sus
derechos
agrarios,
brindando
a
su
familia
tranquilidad
y
seguridad
sobre
su
patrimonio.
Como parte del Programa Nacional de Testamento Agrario "Hereda"
en
Colima.
Baja
California
y
Quintana
Roo,
más
del
90
por
ciento
de
los
ejidatarios,
comuneros
y
posesionarios
han
designado
de
manera
libre
y
voluntaria
a
los
beneficiarios
de
su
testamento
agrario
y
han
depositado
este
documento
en
la
institución,
para
su
custodia.
La certeza jurídica sobre la titularidad de los derechos agrarios
coadyuva
a
conservar
la
paz
social
en
el
campo,
ya
que
evita
conflictos
que
fracturan
irremediablemente
la
unidad
familiar
y
dificultan
el
avance
de
los
proyectos
productivos.
Se estima que alrededor de 30 por ciento de los litigios que
se
ventilan
en
los
tribunales
agrarios
consisten
en
disputas
por
la
herencia
de
la
tierra,
ya
que
el
titular
de
los
derechos
sobre
determinada
extensión
de
origen
social
no
formalizó
su
testamento
agrario.
La Ley Agraria establece un orden sucesorio muy preciso: en
primer
lugar
el
cónyuge;
a
falta
de
éste,
la
concubina
o
el
concubinario,
o,
en
su
defecto,
sólo
uno
de
los
hijos.
Luego
podrá
heredar
uno
de
los
ascendientes.
Los bienes que pueden ser objeto de herencia, mediante testamento
agrario,
son
las
parcelas
de
que
sea
titular
el
testador,
sobre
las
cuales
se
hayan
expedido
certificados
al
ejidatario,
comunero
o
posesionario, lo que sólo puede ocurrir después de que el
ejido
o
comunidad
fueron
certificados
mediante
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
(Procede).
Dos de 4 focos rojos agrarios se resolverán
este
año:
SRA. (La Jornada, Juan Balboa,
p.web).
Sábado
30
de
julio
de
2005
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, confirmó que existen cuatro focos rojos
agrarios
en
toda
la
geografía
del
país
y
dos
serán
resueltos
en
el
presente
año.
Al
ser
entrevistado
al
finalizar
el
foro
“México,
más
allá
de
2006”,
el
titular
de
la
SRA
señaló
que
los
asuntos
pendientes
se
encuentran
en
Santo
Domingo
Teojomulco
y
San
Martín
Texmelucan,
en
Oaxaca,
y
la
comunidad
del
Yaqui,
en
Sonora,
que
se
resolverán
este
año.
El
titular
de
la
SRA
afirmó
que
en
2006
se
resolverán
los
problemas
agrarios
de
la
Meseta
Purépecha,
Michoacán,
y
La
Selva
Lacandona,
en
Chiapas.
Resuelven focos rojos. (El Debate, Notimex, p.web).
REALIZAN FORO
"MÉXICO
MÁS
ALLÁ
DEL
2006"
30/07/2005
México. El secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame,
informó
que
de
14
focos
rojos
en
materia
agraria
que
existían
en
esta
administración
sólo
faltan
por
resolverse
cuatro,
de
los
cuales
dos
se
finiquitarán
este
año
y
el
resto
en
2006.
Entrevistado en el marco del Foro
"México
más
allá
de
2006",
el
funcionario
federal
destacó
que
los
asuntos
pendientes
se
encuentran
en
Santo
Domingo
Teojomulco
y
San
Martín
Texmelucan,
en
Oaxaca,
y
la
comunidad
del
Yaqui
en
Sonora
que
se
resolverán
este
año.
Salazar Adame
indicó
que
el
próximo
año
se
resolverán
los
relacionados
con
la
Meseta
Purépecha, Michoacán, y La Selva Lacandona, en Chiapas.
Tierras de uso común a sociedades. (Ecos de la Costa, Odilisa Gutiérrez,
p.web).
Con frecuencia, en mis colaboraciones
he
insistido
en
que
se
considere
a
los
ejidatarios
y
comuneros
de
nuestro
país
en
el
desarrollo
de
proyectos,
bien
sean
turísticos,
de
vivienda
u
otros,
a
través
de
la
figura
jurídica
de
la
sociedad,
con
la
finalidad
de
evitar
que
sus
tierras
sean
motivo
de
expropiaciones,
es
por
eso
que
el
día
de
hoy
quiero
referirme
a
las
formas
de
hacerlo.
En el caso de la aportación de
tierras
de
uso
común
de
ejidos
y
comunidades
a
sociedades
mercantiles
o
civiles
es
necesario
recordar
que
la
propiedad
de
este
tipo
de
tierras
es
inalienable,
imprescriptible
e
inembargable;
sin
embargo,
se
permite
la
excepción
cuando
se
presenta
un
proyecto
o
una
situación
con
“manifiesta
utilidad
para
el
núcleo
de
población
ejidal”,
con
lo
que
se
abre
la
opción
de
transmitir
el
dominio
de
tierras
de
uso
común
a
sociedades
con
la
participación
del
ejido
o
los
ejidatarios
bajo
determinado
procedimiento.
En la Ley Agraria se establece
que
el
proyecto
de
desarrollo
y
escritura
social
de
cada
una
de
las
sociedades
a
las
cuales
se
les
pretende
aportar
tierras
de
uso
común
serán
sometidos
a
la
opinión
de
la
Procuraduría
Agraria,
la
cual
se
pronunciará
sobre
tres
aspectos
fundamentales:
1. Certeza en la realización de
la
inversión
proyectada,
ésta
se
reflejará
en
la
existencia
de
un
proyecto
de
inversión
que
sea
técnicamente
factible,
económicamente
rentable
y
financiable.
2. Aprovechamiento racional y sostenido
de
los
recursos
naturales,
es
decir,
cuidar
la
aplicación
del
marco
normativo
en
materia
ambiental
y
utilización
de
tecnología
y
conocimientos
que
garanticen
la
sustentabilidad.
3. Equidad en los términos y condiciones
que
se
propongan.
Se
deberá
poner
atención
para
vigilar
la
correcta
determinación
de
la
correspondencia
entre
la
aportación
y
la
participación
de
cada
uno
de
los
socios.
Ahora bien, en los casos que los
ejidos
aporten
tierras
de
uso
común
agrícola,
ganadero
o
forestal
a
una
sociedad
mercantil
se
deberá,
entre
otros,
señalar
el
capital
de
las
sociedades
representado
en
tierras;
deberá
distinguirse
con
una
serie
especial
de
acciones
o
partes
sociales
identificada
con
la
letra
"T",
las
cuales
no
gozan
de
derechos
especiales,
sino
únicamente
al
liquidarse
la
sociedad
los
titulares
de
este
tipo
de
acciones
tienen
derecho
a
recibir
tierra
en
pago.
Así
también,
en
los
estatutos
de
la
sociedad
se
deberá
señalar
los
límites
de
la
propiedad
en
tierras
que
pueden
tener
este
tipo
de
sociedades,
que
es
la
equivalente
a
25
veces
los
límites
de
la
pequeña
propiedad
individual.
Independientemente del sentido
en
que
la
Procuraduría
Agraria
emita
la
opinión,
dependerá
de
la
voluntad
del
núcleo
que
en
asamblea
decidan
si
están
de
acuerdo
en
aportar
o
no
las
tierras
a
sociedades
mercantiles
o
civiles.
Es importante señalar que dentro
de
las
sociedades
con
ejidatarios
a
las
que
más
se
recurre
son
las
de
transformación
de
suelo
social
a
urbano
para
la
venta
de
terrenos
para
casa
habitación.
Le
siguen
en
importancia
los
proyectos
para
desarrollar
actividades
del
sector
primario,
ecoturísticos
y
por
último
para
actividades
industriales.
Ya se resolvieron 10 focos rojos del campo mexicano.
Asegura
Florencio
Salazar. (El Occidental, Guillermo
Ríos,
p.web).
30 Jul 2005
El secretario de la Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame,
informó
que
de
los
14
"focos
rojos"
que
presentaba
el
campo
mexicano
y
detectados
al
inicio
del
actual
gobierno
federal,
sólo
restan
cuatro
por
resolver,
de
los
cuales,
dos
quedarán
concluidos
este
año
y
los
dos
restantes
el
próximo.
Los conflictos identificados en
el
medio
rural
siguen
siendo
por
disputas
de
tierras,
explicó
al
señalar
que
los
dos
litigios
que
espera
finiquitar
este
año
son
los
que
se
localizan
en
Santo
Domingo
Teocomulco
y
San
Martín
Texmelucan, en Oaxaca, y el de la comunidad Yaqui en Sonora.
En cuanto a los dos restantes y
que
se
pretende
dejar
resueltos
el
próximo
año,
antes
de
finalizar
el
gobierno
del
presidente
Vicente
Fox,
son
los
de
la
Meseta
Purépecha, en Michoacán, y el de la Selva Lacandona, Chiapas,
donde
las
negociaciones,
según
expresó
su
confianza,
van
por
buen
camino.
Entrevistado en el marco del foro
"México
más
allá
del
2006",
el
titular
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
rechazó
categóricamente
que
exista
una
iniciativa
de
los
poderes
Ejecutivo
y
Legislativo
para
borrar
del
mapa
institucional
y
desaparecer
la
dependencia
a
su
cargo
con
el
supuesto
propósito
de
generar
ahorros
presupuestales.
Al respecto, precisó que la SRA
"sigue
siendo
necesaria
porque
hay
que
concluir
con
la
solución
de
los
conflictos
sociales
en
el
medio
rural,
concluir
con
la
certificación
de
la
propiedad
social".
El funcionario se refirió también
al
trabajo
que
realiza
su
administración
en
cuanto
al
apoyo
y
asesoría
que
se
brinda
a
través
de
los
programas
de
acceso
a
los
jóvenes
a
la
tierra
para
vincularlos
al
desarrollo
rural.
Respecto al conflicto generado
por
la
intención
anunciada
del
gobierno
federal
para
vetar
la
ley
cañera
aprobada
por
el
Congreso,
pero
aún
no
publicada,
Florencio
Salazar
Adame se concretó a declarar que la Secretaría de la Reforma
Agraria
respaldará
la
decisión
que
al
respecto
tome
la
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa),
a
cargo
de
Javier
Usabiaga.
La SRA dará solución a 240 asuntos territoriales
pendientes
para
2006. (Excélsior,
p.web).
01/08/05
México, 1 de agosto. En lo que
resta
de
2005,
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA)
prevé
resolver
cuatro
conflictos
territoriales,
uno
en
Sonora
y
tres
en
Oaxaca,
y
para
el
próximo
año
deberán
quedar
zanjados
240
asuntos.
De acuerdo con información de la
dependencia,
publicada
en
Internet,
en
2004
quedó
concluido
un
conflicto
entre
Zacatecas
y
Jalisco,
mientras
que
en
el
presente
año
se
encuentran
"en
proceso
de
conclusión"
dos
casos
en
Oaxaca.
Antes de finalizar 2005 se resolverá
un
conflicto
entre
la
tribu
Yaqui
y
ejidos
y
posesionarios
en
la
zona
indígena
de
Sonora,
así
como
entre
vecinos
de
Santo
Domingo
Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan;
San
Juan
Lachaco
y
Santa
María
Texmelucan;
y
San
Francisco
del
Mar
y
San
Francisco
Ixhuatán,
en
Oaxaca.
En esa misma entidad están en proceso
de
conclusión
los
conflictos
en
San
Sebastián
Nopalera
y
Santa
Lucía
Monteverde
y
San
Sebastián
Nopalera
y
San
Pedro
Yosotato.
Para 2006, la dependencia enfrentará
un
importante
riesgo,
pues
aunque
se
tiene
previsto
concluir
dos
problemas
territoriales,
la
complejidad
del
caso
es
enorme,
debido
a
la
cantidad
de
asuntos
que
implican.
Entre los asuntos pendientes destacan
el
de
la
meseta
Purépecha,
en
Michoacán,
donde
57
asuntos
involucran
a
49
comunidades,
y
en
la
zona
Lacandona
en
Chiapas,
hay
183
casos
por
resolver.
Nuevamente, asesinan a un comunero en la meseta. (Mi Morelia. Com, Bruno Montana,
p.web).
Morelia, Mich.,
30
de
julio.-
El
crimen
de
un
comunero
del
municipio
de
Paracho,
al
parecer
a
manos
de
supuestos
talamontes,
estuvo
a
punto
de
provocar
un
enfrentamiento
entre
policías
e
indígenas
de
la
región,
ya
que
éstos
últimos
exigían
a
las
autoridades
cese
la
tala
ilegal
de
madera
en
la
región.
Trascendió
que
dos
grupos
de
habitantes
de
Paracho
desarmaron
al
menos
a
tres
policías
de
Cherán,
lo
que
también
pudo
ser
un
detonante
de
una
reyerta.
Está víctima se suma a dos más
que
habían
sido
asesinadas
a
principios
de
esta
semana,
por
los
mismos
conflictos
de
la
posesión
de
la
tierra,
situación
que
hasta
la
fecha
registra
poco
más
de
300
muertes.
De acuerdo a la información proporcionada
por
la
Dirección
de
Seguridad
Pública,
el
viernes
a
las
12:00
horas
desapareció
Waldo
Pérez
Santiago,
de
aproximadamente
55
años
de
edad,
originario
de
Charapán,
quien
había
llevado
a
pastar
a
unas
cabras.
Fue hasta ayer que cerca de las
10:00
horas
fue
encontrado
el
cuerpo
de
Waldo,
en
un
predio
denominado
Plan
de
Nurio.
El
cadáver
del
comunero
presentaba
un
disparo
de
arma
de
fuego
de
una
escopeta
calibre
12.
Posteriormente, se solicitó el
apoyo
del
Ministerio
Público,
para
realizar
el
levantamiento
del
cadáver
y
hasta
el
lugar
se
trasladó
el
representante
social
en
compañía
de
elementos
del
Grupo
de
Operaciones
Especiales
y
de
la
Policía
Municipal,
ya
en
el
sitio
se
inició
con
la
identificación
del
cuerpo
y
un
grupo
de
comuneros
que
se
congregó
en
el
lugar
comenzó
a
insultar
a
las
autoridades,
la
discusión
subió
de
tono
luego
de
que
un
indígena
le
quitó
su
arma
de
cargo
a
un
policía
y
se
dio
un
enfrentamiento
a
golpes.
Tras recoger el cadáver, el Ministerio
Público
y
los
policías
abandonaron
en
el
lugar,
sin
embargo,
más
tarde
vía
radio
policías
de
Cherán
reportaban
que
otro
grupo
de
comuneros,
los
emboscó
y
les
quitó
sus
armas,
hecho
que
movilizó
a
los
cuerpos
policíacos,
sin
que
se
diera
con
el
paradero
de
los
mismos.
Sobre el crimen se informó que
es
posible
que
Waldo
haya
sorprendido
a
talamontes y éstos lo hayan asesinado.
Cabe señalar que apenas el lunes,
bajo
el
mismo
modo
de
operar,
dos
comuneros
de
la
Meseta
Purépecha fueron asesinados de cinco disparos cada uno.
Francisco Laurencio, de 29 años
de
edad
y
Francisco
Vega
Calderón,
de
25
años
de
edad,
fueron
las
víctimas.
Cabe señalar que de acuerdo a la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
en
la
Meseta
Purépecha,
se
han
registrado
al
menos
300
muertes
y
mil
lesionados,
en
122
enfrentamientos
por
la
posesión
de
la
tierra.
Michoacán
es
a
nivel
nacional
el
estado
con
más
alto
índice
de
violencia
en
este
rubro.
La dependencia federal público
un
informe
en
su
página
electrónica
en
el
que
señala
que
el
estado
es
a
nivel
nacional,
el
más
violento
en
la
materia
por
la
disputa
de
aproximadamente
dos
mil
500
hectáreas.
El
informe
revela
que
donde
se
agudizan
más
los
conflictos
por
la
posesión
de
la
tierra,
es
la
Meseta
Purépecha,
ya
que
los
indígenas
de
la
zona,
se
han
enfrentado
en
122
ocasiones
con
un
saldo
de
300
muertos
y
mil
lesionados.
El
documento
electrónico
destaca
que
el
conflicto
en
está
región
de
Michoacán,
tiene
por
lo
menos
60
años
de
antigüedad
e
involucra
a
más
de
25
mil
personas
de
17
municipios.
Acude gran parte de ejidatarios para el programa
‘Hereda’.
(El Sol de Zacatecas, Patricia Torres, p.web).
1-Ago-2005
Como parte del Programa Nacional
de
Testamento
Agrario
"Hereda"
en
Colima.
Baja
California
y
Quintana
Roo,
más
del
90
por
ciento
de
los
ejidatarios,
comuneros
y
posesionarios
han
designado
de
manera
libre
y
voluntaria
a
los
beneficiarios
de
su
testamento
agrario
y
han
depositado
este
documento
en
el
Registro
Agrario
Nacional,
para
su
custodia.
La certeza jurídica sobre la titularidad
de
los
derechos
agrarios
coadyuva
a
conservar
la
paz
social
en
el
campo,
ya
que
evita
conflictos
que
fracturan
irremediablemente
la
unidad
familiar
y
dificultan
el
avance
de
los
proyectos
productivos.
La cultura de la certidumbre jurídica
avanza
entre
la
población
campesina
y
cada
día
son
más
los
habitantes
de
ejidos
y
comunidades
que
transmiten
de
manera
ordenada
sus
derechos
agrarios,
brindando
a
su
familia
tranquilidad
y
seguridad
sobre
su
patrimonio.
Se estima que alrededor de 30 por
ciento
de
los
litigios
que
se
ventilan
en
los
tribunales
agrarios
consisten
en
disputas
por
la
herencia
de
la
tierra,
ya
que
el
titular
de
los
derechos
sobre
determinada
extensión
de
origen
social
no
formalizó
su
testamento
agrario.
La Ley Agraria establece un orden
sucesorio
muy
preciso:
en
primer
lugar
el
cónyuge;
a
falta
de
éste,
la
concubina
o
el
concubinario,
o,
en
su
defecto,
sólo
uno
de
los
hijos.
Luego
podrá
heredar
uno
de
los
ascendientes.
Los bienes que pueden ser objeto
de
herencia,
mediante
testamento
agrario,
son
las
parcelas
de
que
sea
titular
el
testador,
sobre
las
cuales
se
hayan
expedido
certificados
al
ejidatario,
comunero
o
posesionario,
lo
que
sólo
puede
ocurrir
después
de
que
el
ejido
o
comunidad
fueron
certificados
mediante
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
(Procede).
Además, hereda su calidad de ejidatario,
comunero
o
posesionario,
con
todos
los
derechos
inherentes,
consubstanciales
e
implícitos.
El Registro Agrario Nacional informó
que
al
iniciar
la
presente
administración,
aproximadamente
1.4
millones
de
ejidatarios,
posesionarios
o
comuneros
no
habían
elaborado
sus
listas
de
sucesión.
El Programa Sectorial Agrario estableció
una
meta
la
elaboración
y
depósito
de
600
mil
listas
de
sucesión,
meta
que
se
superó
al
concluir
la
primera
mitad
del
sexenio,
debido
al
gran
impulso
otorgado
al
fortalecimiento
del
desarrollo
rural
integral.
Con base en ello, en marzo de 2004
se
reprogramó
la
meta
sexenal
de
"Hereda",
estableciendo
un
millón
de
listas
de
sucesión
formalizadas
y
depositadas
en
el
Registro
Agrario
Nacional,
en
2006.
Actualmente, se considera que el
70
por
ciento
de
los
sujetos
agrarios
son
de
edad
avanzada:
la
mitad
de
ese
porcentaje
es
mayor
de
50
años
y
la
quinta
parte
tiene
más
de
65
años
de
edad.
Ningún otro documento, ni siquiera
el
testamento
formal
ante
notario,
es
tan
eficaz
como
el
Testamento
Agrario
para
proteger
el
patrimonio
familiar
y
evitar
que
la
tierra
se
quede
ociosa
cuando
fallece
el
titular,
debido
a
que
la
ley
favorece
que
el
sucesor
entre
de
inmediato
en
posesión
del
bien,
con
toda
la
seguridad
jurídica
que
le
otorga
el
certificado
agrario.
Presentan un libro donde se aborda la problemática
de
Chiapas. (Excélsior,
p.web).
Publicado: 31/07/05
México, 31 de Julio.- Trabajos
de
investigación
sobre
aspectos
de
vital
importancia
para
comprender
la
realidad
chiapaneca
después
del
levantamiento
zapatista
de
1994,
como
son
las
mujeres
y
su
militancia
y
los
conflictos agrarios, entre otros rubros, conforman el libro "Tejiendo
historias:
tierra,
género
y
poder
en
Chiapas.
El texto, bajo la coordinación
de
Maya
Lorena
Pérez
Ruiz,
que
se
presentó
la
víspera
en
el
Museo
Nacional
de
Culturas
Populares,
reúne
12
trabajos
de
investigadoras
de
diversas
disciplinas,
universidades
y
centros
de
investigación,
mexicanos
e
internacionales.
Pérez Ruiz, investigadora del Instituto
Nacional
de
Antropología
e
Historia,
comentó
que
en
el
volumen
se
tratan
muchos
aspectos
relacionados
con
la
problemática
chiapaneca,
como
la
distribución
de
tierras,
tenencia
de
ésta
y
problemas
y
dilemas
de
los
municipios
autónomos
zapatistas.
Así como la enfermedad, como un
elemento
de
poder
en
un
municipio
zapatista,
"el
cual
es
muy
interesante,
porque
plantea
como
pese
a
la
existencia
de
las
leyes
revolucionarias,
existen
todas
las
prescripciones
culturales,
que
en
ocasiones
imposibilitan
el
cambio
en
la
situación
de
las
mujeres".
Destacó que hay otro trabajo de
investigación
sobre
Acteal,
visto
con
un
análisis
completo,
a
través
de
las
actas
ministeriales,
lo
cual
le
da
un
enfoque
diferente
que
capta
opiniones
y
razones
también
desde
los
que
perpetraron
la
masacre
en
diciembre
de
1997,
así
como
trabajos
de
cómo
quedó
la
distribución
de
la
tierra,
después
del
levantamiento
zapatista.
"En fin, es una mirada desde
adentro
de
los
profesos
para
tener
una
visión
rica
en
matices,
donde
se
enfatiza
mucho
la
construcción
de
los
actores
sociales
como
sus
decisiones,
sus
problemas,
conflictos
entre
ellos
y
todo
ello
con
el
deseo
de
generar
una
visión
analítica",
subrayó.
Abundó que el libro compila doce
trabajos
que
dan
cuenta
de
doce
investigaciones,
las
cuales
trató
de
reunirlas
en
este
trabajo
por
la
diversidad
de
aspectos
que
toman,
así
como
por
la
diversidad
de
enfoque
y
porque
se
reunió
a
todo
este
conjunto
de
investigadoras
que
cada
una
realizó
una
gran
labor
a
profundidad,
con
mucho
trabajo
de
archivo
y
de
campo.
El libro "Tejiendo historias:
tierra
género
y
poder
en
Chiapas"
es
un
texto
que
está
escrito
por
investigadoras
que
aceptaron
el
reto
de
reflexionar
sobre
las
dificultades
que
han
tenido
en
Chiapas,
los
diferentes
actores
sociales
para
generar
el
cambio
social
que
anhelan.
Sector agropecuario
Los cañeros mantienen su plan de tomar sedes
estatales
de
la
Sagarpa. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Insisten
en
que
debe
ser
promulgada
la
ley
de
desarrollo
sustentable
del
producto
El presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña de
Azúcar
de
la
Confederación
Nacional
Campesina,
Daniel
Pérez
Valdés,
advirtió
que
los
cañeros
no
darán
marcha
atrás
en
las
movilizaciones
ni
en
la
toma
de
las
delegaciones
de
la
Secretaría
de
Agricultura
(Sagarpa)
ni
en
el
bloqueo
de
carreteras
previstas
hasta
que
se
publique
la
ley
de
desarrollo
sustentable
para
dicho
producto.
En reunión con los delegados de los 15 estados donde se produce
la
gramínea,
Pérez
Valdés
recordó
que
las
movilizaciones
son
para
defender
una
ley
que
fue
ampliamente
consultada
entre
todos
los
sectores
involucrados;
es
la
Sagarpa
la
que
contraviniendo
los
intereses
de
los
productores
y
con
la
intención
de
reducir
el
pago
por
tonelada
de
la
caña
de
azúcar
convocó
a
la
firma
de
acuerdos
particulares
y
a
la
creación
de
comités
regionales
del
sistema
producto,
eliminando
así
a
los
comités
de
producción
cañera,
instancia
de
planeación,
organización
y
ejecución
de
la
zafra.
Es la autoridad, abundó el dirigente, la que ha propiciado
la
reacción
de
los
157
mil
cañeros,
la
que
"violentó
las
normas
mínimas
de
concertación
y
acuerdos
con
los
productores,
faltándoles
al
respeto
en
lo
individual
y
en
lo
social.
La
toma
de
las
calles
por
los
campesinos
es
una
respuesta
a
la
cultura
de
la
presión
que
se
ejerce
desde
el
poder,
al
autoritarismo
y
cúmulo
de
mentiras
que
provocan
la
respuesta
enérgica".
Sagarpa refrendó su posición de considerar
que
dicha
ley
"condena
a
los
campos
cañeros
y
a
sus
trabajadores
al
esquema
de
control
político
y
económico
que
prevalecía
con
el
derogado
decreto
cañero,
ya
que
garantiza
sólo
a
dos
organizaciones
cañeras
la
preservación
de
sus
privilegios,
que
son,
entre
otros,
la
obtención
de
una
cuota
del
valor
de
toda
la
caña
que
se
industrializa
en
el
país".
La Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias y
Forestales,
que
en
abril
organizó
en
la
Cámara
de
Diputados
una
evaluación
del
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo
y
derivó
en
un
reconocimiento
al
titular
de
Sagarpa, dio a conocer el "estudio de auscultación ciudadana"
que
elaboró
la
empresa
Consultores
del
Golfo
entre
4
mil
200
productores
de
San
Luis
Potosí,
Tabasco,
Veracruz,
Jalisco
y
Morelos,
68
por
ciento
de
los
productores
desconoce
la
ley
cañera
aprobada
en
la
Cámara
de
Diputados;
89
por
ciento
está
contra
la
publicación
de
ésta
y
87
por
ciento
contra
las
movilizaciones
que
están
realizando
los
cañeros.
A
la
pregunta
"¿considera
que
la
decisión
del
presidente
Fox
de
vetar
la
ley
es
una
medida
autoritaria
que
crea
incertidumbre
jurídica
y
social?",
84
por
ciento
respondió
negativamente.
Además, 83 por ciento está en desacuerdo con que se le descuenten
entre
5
y
10
por
ciento
de
sus
liquidaciones
por
cuotas
y
diversos
conceptos
para
entregarlas
a
sus
organizaciones;
85
por
ciento
tampoco
acepta
que
las
organizaciones
de
cañeros
agrupadas
en
las
confederaciones
Nacional
Campesina
(CNC)
y
de
Propietarios
Rurales
(CNPR)
manejen
las
cuotas
que
se
descuentan
a
cada
productor
por
estar
afiliado
al
IMSS;
81
por
ciento
asentó
que
los
comités
que
determinan
el
corte
de
la
caña
no
deben
funcionar.
La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera
(CNIAA)
informó
que
a
una
década
de
la
entrada
en
vigor
del
TLCAN
la
producción
azucarera
se
incrementó
en
63.3
por
ciento,
ya
que
la
zafra
del
ciclo
2004-2005
cerró
en
5.8
millones
de
toneladas;
en
el
campo
cañero
la
productividad
se
incrementó
en
11.7
por
ciento,
ya
que
el
rendimiento
pasó
de
69
a
77.5
toneladas
por
hectárea;
la
eficiencia
en
fábrica
aumentó
a
10
kilogramos
de
azúcar
más
por
tonelada
de
caña,
se
redujeron
las
pérdidas
de
sacarosa
y
de
fibra
de
caña,
incluso
el
uso
de
petróleo
se
redujo
en
58
por
ciento,
ya
que
los
ingenios
lo
sustituyeron
por
combustibles
generados
en
las
agroindustrias.
El dirigente de los cañeros de la CNC, Pérez Valdés, asentó
que
los
productores
siempre
han
estado
dispuestos
a
participar
en
un
diálogo
y
prueba
de
ello
es
que
durante
cinco
años
estuvieron
en
la
mesa
de
negociaciones
haciendo
propuestas,
junto
con
los
industriales
y
el
sindicato
azucarero,
ante
los
representantes
del
gobierno
federal,
"pero
éstos
nos
desoyeron,
incluso
no
quisieron
instrumentar
la
política
de
Estado
y
el
programa
nacional
azucarero
propuesto
por
todos
los
integrantes
de
la
agroindustria".
Puntualizó que este martes se tomarán las delegaciones
de
Sagarpa
en
los
15
estados
donde
se
produce
caña
de
azúcar;
el
día
15
un
grupo
de
cañeros
iniciará
un
plantón
indefinido
en
las
oficinas
centrales
de
Sagarpa
en
la
ciudad
de
México
y
otros
núcleos
bloquearán
los
accesos
a
los
23
ingenios
administrados
por
el
gobierno
federal,
y
el
29
de
agosto,
bloquearán
las
carreteras
en
las
58
zonas
productoras
de
caña,
ubicadas
en
227
municipios.
El gobierno debe resistir las presiones por veto
a
la
ley
cañera. (La Jornada, p.web).
Sondeo entre productores
La Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias ordenó
a
Consultores
del
Golfo
elaborar
una
encuesta
sobre
la
ley
cañera
en
las
regiones
productoras
de
los
estados
de
San
Luis
Potosí,
Tabasco,
Veracruz,
Morelos
y
Jalisco,
evidenciándose
que
87
por
ciento
de
los
consultados
respondió
que
el
gobierno
federal
debe
resistir
las
presiones
de
las
organizaciones
que
se
dicen
afectadas
por
el
posible
veto
a
esa
legislación.
Nueve productores de cada 10 encuestados respondió
que
el
presidente
Vicente
Fox
debe
vetar
esa
ley,
y
rechazaron
los
mecanismos
de
control
político
y
de
descuentos
en
automático
que
aplican
la
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC)
y
la
Confederación
Nacional
Propietarios
Rurales
(CNPR).
Ochenta y cuatro por ciento de los cañeros contestó que la
medida
del
gobierno
no
representa
de
ningún
modo
una
acción
autoritaria
que
cause
incertidumbre
jurídica
y
social
en
este
importante
sector
productivo.
En los estados donde se efectuó la consulta se asientan las
principales
zonas
productoras
del
cultivo,
por
ello
reflejan
un
universo
más
real
del
nivel
de
información
sobre
lo
que
acontece
en
el
sector.
Consultores del Golfo preguntó al productor si estaba enterado
de
la
aprobación
y
posible
veto
de
la
ley
cañera,
a
lo
que
68
por
ciento
respondió
que
desconocía
el
tema,
17
por
ciento
contestó
afirmativamente
y
15
por
ciento
no
supo
o
no
contestó.
Al conocer algunos aspectos de la ley cañera, sobre todo los
que
se
relacionan
con
descuentos
en
liquidaciones
y
cuotas
88
por
ciento
de
los
consultados
manifestaron
rechazo,
7
por
ciento
en
favor
y
5
por
ciento
no
contestó
o
no
sabe.
Además 85 por ciento de los cañeros encuestados expresó su
desacuerdo
en
que
la
CNC
y
la
CNPR
manejen
las
cuotas
que
les
descuentan
por
el
pago
de
derechos
al
Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social.
Específicamente 83 por ciento de los productores se manifestó
en
contra
de
que
se
les
quite
dinero
de
sus
liquidaciones
para
integrar
cuotas
y
diversos
conceptos
para
las
organizaciones
de
productores
nacionales
y
locales
relacionadas
con
esas
dos
organizaciones
de
productores.
En
este
caso,
sólo
6
por
ciento
dijo
aceptarlas.
Este estudio se aplicó en 4 mil 200 productores cañeros y refleja
el
posicionamiento
que
tienen
ante
la
ley
cañera
que
impulsan
los
legisladores.
Organizaciones campesinas
Convoca el CA a crear gran frente contra políticas
oficiales. (La Jornada, Carlos Camacho,
p.web)
Sábado 30 de julio de 2005
Pachuca, Hgo. 29 de julio. El Congreso Agrario Permanente (CAP) convocó
a
crear
un
"gran
frente"
de
lucha
contra
la
política
del
gobierno
federal,
que
pretende
"acabar
con
el
campo
mexicano",
al
anunciar,
por
conducto
de
la
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público
recortes
en
diversos
programas.
El
CAP
llamó
a
una
serie
de
movilizaciones
que
concluirán
el
8
de
agosto,
aniversario
del
natalicio
de
Emiliano
Zapata,
con
una
magna
marcha
a
la
ciudad
de
México.
Alejandro
Hernández
Ballina,
Pedro
Pérez
Dolores,
Bruno
Pérez
e
Isidro
Pedraza
Chávez,
entre
otros
dirigentes
de
las
12
organizaciones
que
forman
el
CAP,
denunciaron
que
el
gobierno
federal,
en
lugar
de
dar
cumplimiento
al
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo,
que
se
reflejaría
en
más
recursos
para
el
sector,
anunció
el
19
de
julio
una
serie
de
recortes
presupuestales
en
diversas
dependencias
relacionadas
con
el
campo,
lo
cual
se
reflejará
en
un
impacto
negativo
para
los
campesinos
del
país.
Adiós a la suficiencia arrocera, con el TLCAN se
importa
80%. (La Jornada, Matilde Pérez
U,
p.web).
Advierte
la
CNC
que
en
similar
riesgo
está
el
maíz
A una década de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de
América
del
Norte,
el
campo
mexicano
presenta
daños
más
graves
que
los
producidos
por
huracanes,
ya
que
en
el
caso
del
arroz
se
han
importado
7
mil
millones
de
toneladas
y
80
por
ciento
del
grano
que
se
consume
en
el
mercado
nacional.
El
cultivo
del
cereal
estuvo
a
punto
de
desaparecer
y
ahora,
en
similar
riesgo
están
los
productores
de
maíz,
frijol
y
caña
de
azúcar,
ante
la
apertura
total
en
2008,
advirtió
la
Confederación
Nacional
Campesina
(CNC).
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz
(FNPA),
Pedro
Alejandro
Díaz
Hartz,
comentó
que
dicho
acuerdo
comercial
trajo
la
desaparición
de
más
de
25
mil
productores
y
ocasionó
que
México
perdiera
soberanía
alimentaria
en
ese
cultivo,
así
como
el
cierre
de
molinos
y
la
cancelación
de
miles
de
empleos.
La
rama
productiva
empieza
a
recuperarse,
pero
el
arroz
que
se
consume
en
el
país
proviene
de
Estados
Unidos,
desde
donde
se
triangula,
ya
que
la
mayor
parte
de
dicho
volumen
es
producido
en
China,
Tailandia
y
Filipinas,
dijo.
"Los arroceros han sido los campesinos más golpeados por
el
TLCAN
y
la
única
alternativa
es
participar
en
los
programas
creados
por
el
gobierno,
como
el
de
sistema
producto,
al
que
se
ha
hecho
una
serie
de
propuestas
para
reactivar
la
producción
y
aumentar
el
consumo
per cápita del arroz mexicano, considerado entre los de mejor
calidad
en
el
mundo",
agregó.
En una reunión en la sala Ricardo Flores Magón
de
la
CNC,
el
dirigente
de
la
FNPA
comentó
que
a
más
de
10
años
del
TLCAN
sólo
quedan
5
mil
200
productores
de
arroz
en
todo
el
país,
cuando
hace
una
década
eran
casi
30
mil,
y
si
antes
se
sembraban
unas
250
mil
hectáreas,
la
superficie
actual
apenas
llega
a
70
mil.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Primordial resolver demandas indígenas. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web)
FORO
En calidad de participante
del
Cuarto
Encuentro
Nacional
de
Economías
Solidarias,
Jorge
Santiago
advirtió
que
la
lucha
social
organizada
que
busca
la
defensa
de
los
derechos
es
establecida
principalmente
con
la
idea
de
la
defensa
del
territorio,
es
decir
sus
recursos,
población
y
la
soberanía
para
consolidar
la
identidad,
los
derechos
y
la
cultura
de
los
pueblos
indígenas,
como
los
consagrados
en
los
Acuerdos
de
San
Andrés
Larráinzar.
Convencido que la
lucha
contra
el
modelo
económico
del
Neoliberalismo
es
mundial,
Santiago
explicó
que
la
misma
no
puede
ser
realizada
expresamente
para
los
indígenas
de
Chiapas,
sino
de
todo
México
y
el
resto
del
orbe,
como
una
forma
de
consolidar
su
presencia
histórica,
misma
que
coincide
con
la
VI
Declaración
de
la
Selva
Lacandona.
"Nosotros como
organización
hemos
hecho
una
declaración
de
aceptación
y
sumarnos
en
el
movimiento
nacional
anunciado
por
el
EZLN
en
la
búsqueda
de
la
participación
de
todos
y
de
todas
para
construir
desde
abajo,
vía
la
educación,
salud,
producción
y
la
comercialización,
aun
cuando
esta
práctica
no
sólo
sea
inherente
al
zapatismo
sino
a
muchos
dentro
de
una
economía
solidaria",
sostuvo.
Marina P. Jiménez,
organizadora
del
evento,
dijo
que
es
importante
trabajar
el
aspecto
de
autonomía,
en
lo
referente
a
cultura
y
género,
desde
antes
o
posterior
al
surgimiento
armado
del
EZLN,
pero
siempre
desde
abajo
con
los
pobres
y
marginados
en
busca
de
mejores
espacios
de
convivencias
organizadas.
Finalmente, del futuro
cambio
sexenal,
dijeron
que
ciertamente
no
están
descubriendo
hilos
negros
al
hablar
de
"economías
solidarias",
porque
igualmente
tienen
flujos
de
trabajos
con
diferentes
gobiernos;
donde
sigue
siendo
válido
protestar
pero
también
no
menos
importante
el
proponer.
DISTRITO FEDERAL
Pugnan por la recuperación de predios. (La Jornada, El Correo Ilustrado, p.web).
Señora directora: Este domingo 24 de julio se cumplió una semana de la instalación
de
nuestro
campamento
en
dos
predios
defendidos
desde
hace
más
de
25
años,
destinados
a
servicios
públicos
en
la
comunidad
de
los
Belvederes, en el Ajusco Medio.
Dichos predios fueron escriturados de manera irregular a particulares
en
1992
por
los
gobiernos
priístas,
sin
conocimiento
de
la
comunidad,
por
lo
que
en
días
pasados
nos
sorprendió
la
presencia
de
dos
familias
que,
ostentándose
como
propietarias
de
las
áreas
de
servicios,
tomaron
posesión
de
las
mismas.
Ante esta situación, el día lunes 18 de junio sostuvimos una
reunión
con
el
delegado
de
Tlalpan,
Elíseo
Moyao, quien atendiendo nuestra demanda de recuperación de
los
espacios
para
servicios
públicos,
se
comprometió
a
dialogar
con
las
partes
para
llegar
a
acuerdos
en
el
sentido
de
reubicar
a
dichas
familias
o,
en
su
caso,
adquirir
dichos
predios
para
que
de
esta
manera
la
comunidad
decida
el
proyecto
que
en
él
se
lleve
a
cabo.
Fruto de esta reunión, ha sido clausurada
toda
construcción
en
dichos
predios
hasta
que
se
llegue
a
un
acuerdo
con
las
partes,
entre
ellas
la
comunidad,
en
la
que
hemos
decidido
permanecer
vigilantes
en
campamento
colectivo,
defendiendo
lo
que
es
nuestro
y
de
nuestros
hijos.
Así lo hicimos con la recuperación de dos predios más, que
están
destinados
a
la
construcción
de
nuestro
hospital
de
zona
y
que
fueron
vendidos
para
beneficio
propio
por
seudolíderes,
quienes
de
manera
desvergonzada
han
traicionado
nuestra
lucha
histórica
y
a
los
cuales
decimos
¡Basta!,
más
corrupción,
no
permitiremos
que
se
siga
luchando
con
nuestros
espacios
ni
con
nuestra
organización;
no
más
en
nuestro
nombre,
¡por
la
recuperación
nuestros
espacios!
Fundadores de la Casa del Pueblo. Responsable: Araceli Osorio
ESTADO DE MÉXICO
Colonos integran frente en defensa de El Cerrito. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Buscan vecinos
de
Naucalpan
evitar
el
establecimiento
de
un
centro
comercial
Naucalpan, Méx.- "Defendamos
El
Cerrito",
es
el
lema
y
nombre
de
la
organización
que
conformaron
vecinos
de
La
Concordia,
Lomas
Verdes,
Bellavista,
Petroquímica
y
Satélite,
para
rechazar
la
construcción
del
centro
comercial
Lomas
Verdes
Plaza,
en
32
hectáreas
de
esta
área
natural
ubicada
en
la
parte
final
de
la
súper
avenida
Lomas
Verdes.
El Cerrito, nombre que los propios
vecinos
le
dieron
al
área
verde,
es
uno
de
los
pocos
espacios
que
permanecen
sin
urbanizar
dentro
de
este
municipio.
Mayela Valdés
Bernés,
vocera
de
la
organización
vecinal,
apuntó
que
los
colonos
demandan
a
las
autoridades
estatales
y
municipales
la
expropiación
de
este
predio
"que
es
uno
de
los
últimos
pulmones
verdes
de
la
zona".
Desde hace más de 30 años, vecinos
que
acuden
a
correr,
caminar,
volar
papalotes
y
aviones
en
El
Cerrito
han
realizado
trabajos
de
reforestación
para
preservar
este
lugar
como
área
verde.
"Sabemos que El Cerrito es
propiedad
privada,
por
ello
exigimos
su
expropiación
por
ser
un
área
de
utilidad
pública",
apuntó
Mayela
Valdés.
Al conocer que los dueños de El
Cerrito
iniciarían
la
construcción
del
centro
comercial
Lomas
Plaza,
los
vecinos
establecieron
guardias
de
vigilancia,
que
impiden
el
ingreso
de
maquinaria
pesada
al
lugar
"incluso
hay
señoras
que
se
han
tirado
frente
a
la
maquinaria
para
impedir
su
ingreso".
También crearon una página de internet:
www.defendamoselcerrito.org
,
en
la
que
impulsan
la
preservación
del
cerro
como
área
verde
y
recreativa.
Cabe recordar que el gobierno municipal
anterior,
encabezado
por
el
alcalde
Eduardo
Contreras
Fernández,
propuso
a
los
vecinos
de
los
fraccionamientos
residenciales
de
Naucalpan
comprar
este
cerro,
el
cual
pagarían
durante
tres
años
junto
con
el
impuesto
predial,
en
montos
promedio
de
3
mil
pesos
por
cada
propietario
de
predios,
propuesta
que
no
fue
aceptada
por
los
colonos.
GUERRERO
Más de 10 organizaciones ratifican su apoyo a los
opositores
a
La
Parota
a
dos
años
de
su
lucha. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
Participan cerca
de
40
oradores
durante
cinco
horas.
“Tan
buena
está
la
mazorca
que
hasta
China
llegó”,
dicen
del
interés
de
una
empresa
de
ese
país
en
el
proyecto.
Llaman
“traidor”
a
Zeferino
Torreblanca
Cerca de 500 personas asistieron
al
segundo
aniversario
del
Movimiento
de
Resistencia
Contra
el
Proyecto
La
Parota,
en
el
que
todos
los
participantes
reafirmaron
su
oposición
a
que
la
presa
se
construya
en
tierras
de
los
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec
y
donde
algunos
oradores
calificaron
de
“traidor”
al
gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo.
Al acto acudieron integrantes de
organizaciones
sociales
estatales
y
nacionales,
sindicatos
y
habitantes
de
las
comunidades
que
serían
afectadas
de
construirse
la
presa.
En el lugar fueron colocadas varias
mantas,
entre
ellas
la
de
los
anfitriones,
que
decía
“Cecop. Bienvenidos al 2 aniversario de resistencia contra
la
presa
La
Parota,
la
privatización
y
despojo.
Defenderemos
nuestra
tierra
y
el
río
Papagayo.
La
tierra
no
se
vende”.
Otra decía: “Al gobernador y a
la
CFE:
La
dignidad,
la
paz
social
y
la
tierra
no
se
venden.
No
a
la
presa
La
Parota”.
También había mantas de la Unión
Nacional
de
Trabajadores
y
de
vecinos
de
diversas
colonias,
como
la
de
los
desalojados
de
Granjas
del
Marqués.
El acto duró casi cinco horas,
pues
participaron
alrededor
de
40
oradores,
representantes
de
las
organizaciones
participantes,
quienes
llegaban
a
hablar
hasta
20
minutos,
pero
todos
en
rechazo
a
la
construcción
de
la
presa
y
para
exhortar
a
formar
un
frente
común
para
lograr
su
cancelación.
Muchos de los presentes se retiraron
dos
horas
antes
del
final,
cansados
de
los
excesos
de
los
oradores.
En algunas de las intervenciones
se
hizo
alusión
a
la
intención
de
la
empresa
china
Sinohydro
Corporation
Limited,
la
que
construye
la
presa
de
Las
Tres
Gargantas,
de
participar
en
la
licitación
para
la
construcción
de
la
obra.
Uno de los comuneros advirtió que
la
Comisión
Federal
Electricidad
(CFE)
no
va
a
avanzar,
aún
cuando
el
gobierno
ya
casi
los
vendió,
“tan
buena
está
la
mazorca
que
hasta
China
llegó”.
La comunera de Cacahuatepec, la señora María de Lourdes Jerónimo, dijo que
los
han
traicionado
por
la
ambición
y
el
dinero,
y
reiteró
que
rechazan
a
los
invasores
y
que
tienen
todo
el
derecho
a
luchar.
Abundó que las tierras que la paraestatal
pretende
desocupar
son
fértiles,
pues
ellos
viven
de
ellas
y
que
por
eso
se
defenderán
contra
la
ambición
de
la
CFE:
“La
vamos
a
sacar
por
la
buena
o
por
la
mala”.
Agregó que le daban vergüenza sus
autoridades,
por
la
forma
tan
sumisa
de
negociar
con
la
CFE,
porque
nada
más
son
representantes
de
las
decisiones
de
los
habitantes,
no
son
dueños
de
las
tierras.
Otro ejidatario, Andrés Álvarez,
llamó
a
seguir
la
lucha,
porque
apenas
empieza
y
porque
al
gobierno
estatal
sólo
le
interesan
las
grandes
transnacionales,
mientras
que
a
los
que
votaron
por
en
su
favor
les
da
la
espalda.
Recordó que cuando fueron desplazados
por
la
construcción
de
la
presa
El
Caracol,
nunca
se
cumplió
con
los
acuerdos
y
lo
único
que
hubo
fue
más
miseria
y
emigración:
“Si
no
luchamos,
estaremos
de
rodillas
ante
el
gobierno
y
la
CFE.
Hay
condiciones
para
que
la
lucha
triunfe”.
En su intervención, el regidor
del
PRD
José
Luis
Morales
Torres
dijo
que
no
se
puede
construir
la
presa,
pues
lo
único
que
va
traer
es
migración
y
afectará
a
todos.
Llamó “ignorante” al secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame
–activo
promotor
del
proyecto–,
pues
dijo
que
no
puede
estar
diciendo
que
la
obra
generará
miles
de
empleos,
pues
esto
se
generan
sólo
mientras
dura
la
obra
“y
después
¿qué?
Porque
aunque
dicen
que
va
a
haber
proyectos
productivos
y
ganado,
ya
no
vamos
a
tener
tierras”.
Mientras que el comunero de Garrapatas,
Felipe
Flores
Hernández,
al
finalizar
el
evento
dijo
que
la
expectativas
del
evento
fueron
rebasadas
y
ahora
más
que
nunca
están
convencidos
de
que
la
lucha
que
iniciaron
dos
años
atrás
van
a
salir
triunfantes,
porque
la
postura
va
seguir
siendo
un
no
al
proyecto.
Asistieron sindicalizados del Seguro
Social,
Electricistas,
Telefonistas,
de
los
dos
sindicatos
de
la
UAG,
investigadores,
y
representantes
del
Centro
de
Derechos
Humanos
Aguntín Pro e integrantes de la representación en Guerrero
del
Ejército
Zapatista
de
Liberación
Nacional
(EZLN).
También estuvieron integrantes
de
la
Organización
Campesina
de
la
Sierra
del
Sur
(OCSS),
de
la
Liga
Agraria
del
Sur
Emiliano
Zapata
(Larsez)
y
representates de diversas colonias.
La CFE no ha pagado al ejido de la Palma. (El Sur, p.web).
El ejidatario de La Palma –ubicado
en
Tierra
Colorada–,
José
Nava
Luna,
dijo
que
a
más
de
40
años
de
la
construcción
de
La
Venta
la
CFE
no
les
ha
pagado
la
“deuda
histórica
que
tiene
con
nosotros”,
por
lo
que
le
han
pedido
“que
ni
siquiera
intenten
ir
al
lugar”.
Destacó que los vecinos de La Palma
son
los
únicos
afectados
que
no
están
en
el
municipio
de
Acapulco
que
se
oponen
a
la
presa.
Dijo que en el supuesto de que
les
impusieran
el
proyecto,
el
ejido
de
La
Palma
estaría
destruído,
pues
“quedarán
inundados
lugares
sagrados,
de
gran
valía.
Además
se
acabaría
la
agricultura
y
ganadería
y
nos
obligarán
a
emigrar”.
Informa Armando Chavarría
que
se
reunió
con
comuneros
de
Dos
Arroyos;
opositores
lo
niegan. (El Sur, Citlal Giles, p.web).
El secretario general de Gobierno,
Armando
Chavarría
Barrera,
se
reunió
en
la
comunidad
de
Dos
Arroyos
con
un
grupo
de
opositores
al
proyecto
hidroeléctrico
La
Parota,
encabezado
por
Marco
Antonio
Suastegui
Muñoz,
en
donde
se
plantearon
las
posiciones
de
ambas
partes.
Chavarría Barrera
aseguró
que
el
proyecto
va
hacia
adelante,
sin
embargo
“si
la
mayoría
de
los
involucrados
en
el
proyecto
deciden
que
no
se
realice,
el
gobierno
deberá
respetar
esa
decisión”.
El sábado por la mañana y a un
día
de
que
se
realizara
el
Encuentro
Nacional
Contra
la
Presa
La
Parota,
organizado
por
el
Consejo
de
Ejidos
y
Comunidades
opositores,
Chavarría Barrera acudió con un grupo de la Comisión Federal
de
Electricidad
(CFE)
para
dialogar
con
el
grupo
disidente.
En entrevista, el funcionario comentó
que
la
intención
del
gobierno
es
entablar
un
diálogo
con
todos
los
involucrados
a
quienes
se
les
ha
explicado
sobre
los
beneficios,
pero
también
sobre
los
perjuicios
de
la
presa,
“se
trata
de
poner
en
una
balanza
las
dos
cosas
y
que
los
pueblos
a
través
de
asambleas
vayan
tomando
decisiones”.
Según declaraciones de Chavarría Barrera la reunión se llevó de manera tranquila,
“fue
un
trato
muy
bueno,
(una
reunión)
respetuosa,
me
permitieron
exponer
mis
puntos
de
vista,
escuché
los
de
ellos”.
Explicó que aunque se trata de
un
grupo
opositor
que
“de
entrada
no
acepta
el
proyecto”,
algunos
de
los
presentes
le
manifestaron
algunas
dudas,
porque
“me
decían
que
el
problema
era
que
les
querían
pagar
las
tierras
en
plazos
y
que
si
les
van
a
pagar
lo
hicieran
de
un
jalón,
porque
luego
no
pagan.
“Ha habido casos en que la CFE
no
ha
cumplido
con
lo
que
ha
prometido
y
ha
causado
desconfianza
e
incertidumbre
en
los
campesinos”,
sin
embargo
aseguró
que
el
gobierno
estatal
ha
hablado
con
la
CFE
para
que
en
caso
de
que
los
comuneros
y
ejidatarios
acepten
el
proyecto
el
gobierno
“será
vigilante
y
garante
de
que
la
CFE
le
cumpla
a
la
gente”.
Para ello, Chavarría
Barrera
aseguró
que
habló
con
autoridades
de
la
CFE
para
que
si
se
acepta
el
proyecto
se
les
de
a
los
comuneros
y
ejidatarios
un
pago
justo
por
sus
tierras
que
van
a
ser
afectadas,
una
casa
adecuada
y
decorosa
para
la
gente
que
va
a
ser
reubicada
y
garantizar
el
modo
de
vida
que
van
a
tener
estas
personas
después
de
la
reubicación.
“Qué expectativas, qué trabajo,
qué
actividad
económica
va
a
desarrollar
para
que
la
gente
siga
subsistiendo
(...),
la
CFE
ha
manifestado
su
disposición,
evidentemente
necesitamos
establecer
convenios
muy
claros
para
que
cumplan,
porque
nuestra
obligación
como
gobierno
es
vigilar
por
los
intereses
de
la
gente”.
–Entonces ¿ya no hay marcha atrás
para
el
proyecto?
¿Se
va
a
hacer?,
–se
le
preguntó.
–El proyecto va caminando y va
hacia
delante,
hasta
ahora
las
asambleas
que
se
han
realizado
de
manera
mayoritaria
la
gente
ha
manifestado
su
consentimiento,
faltan
algunas
asambleas,
se
va
a
terminar
el
proceso
pero
la
intención
es
escuchar
a
todos
y
el
gobernador
lo
que
ha
dicho
es
que
la
mayoría
manda.
–¿Y si esa
mayoría
dice
que
no?
–Si decide que no pues supongo
que
se
detendrá
el
proyecto,
porque
tampoco
se
trata
de
caer
en
una
confrontación
con
la
gente
sino
de
garantizar
un
buen
acuerdo,
con
el
consentimiento
de
la
gente.
Yo
creo
que
el
gobierno
deberá
ponderar
la
voluntad
de
la
gente
y
hasta
ahora
eso
es
lo
que
ha
expresado
el
gobernador.
De acuerdo a la versión de opositores
al
proyecto
La
Parota,
el
secretario
general
de
Gobierno
Armando
Chavarría fue detenido en el plantón de Dos Arroyos, y no
se
le
permitió
pasar
para
sostener
una
reunión
con
ejidatarios
de
Los
Huajes –que están a favor de la presa–, encabezados por el
presidente
del
comisariado,
Jacinto
Nava Nava.
Por ello, uno de los dirigentes,
Felipe
Flores
Hernández,
advirtió
que
si
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
quiere
un
diálogo,
“lo
va
a
tener,
pero
que
le
diga
a
Armando
Chavarría que no se meta en las comunidades donde hay conflicto”.
A pesar de su advertencia, Flores
Hernández
contradice
lo
que
ha
declarado
el
otro
dirigente
opositor,
Marco
Antonio
Suástegui,
quien
en
reiteradas
ocasiones
ha
dicho
que
no
habrá
diálogo
con
el
gobernador.
Pero el comunero de Garrapatas
abrió
esta
posibilidad
al
revelar
que
el
viernes
pasado
el
síndico
Fernando
Donoso
Pérez
–quien
pertenece
al
grupo
cercano
de
Torreblanca
Galindo–
les
pidió
dialogar
con
el
gobierno
estatal,
y
que
ellos
habrían
respondido
que
tienen
que
decidirlo
en
una
asamblea.
De acuerdo a la versión de Felipe
Flores,
Armando
Chavarría
Barrera
quiso
ingresar
a
Los
Huajes
resguardado
por
varios
policías
municipales
y
estatales,
pero
los
opositores
que
mantienen
un
plantón
en
Dos
Arroyos
no
se
lo
permitieron,
a
pesar
de
que
argumentó
que
lo
habían
invitado
los
comuneros,
encabezados
por
el
presidente
del
comisariado,
Jacinto
Nava Nava.
Entrevistado por El Sur,
Felipe
Flores
justificó
la
actitud
de
los
opositores
diciendo
que
Nava Nava es un representante de
la
autoridad
que
es
la
asamblea,
pero
que
esta
es
la
que
tiene
que
decidir
si
se
hacen
reuniones
o
no.
Por ello llamó a Torreblanca Galindo
“a
que
no
se
deje
llevar
por
la
gente
ambiciosa,
quienes
le
dicen
que
(los
opositores)
son
minoría”.
Agregó que no es fácil que les
quiten
la
tierra,
pues
ya
no
son
los
tiempos
en
que
el
gobierno
decidía,
y
que
ahora
la
decisión
la
toman
los
campesinos,
“si
(el
gobernador)
quiere
tener
un
dialogo
con
nosotros,
lo
va
a
tener,
pero
que
le
diga
a
Armando
Chavarría que no se meta a las comunidades donde hay conflictos
y
donde
no
lo
llaman,
porque
en
vez
de
que
las
personas
quieran
hablar
con
el
gobernador,
Chavarría
va
a
echar
a
perder
todo”.
Calificó la actitud del funcionario
como
una
provocación,
pues
el
pueblo
de
Los
Huajes
no
está
de
acuerdo
con
su
presencia,
por
lo
que
de
pasar
algo
será
responsabilidad
de
él
y
de
Jacinto
Nava.
Insistió que para llegar a ese
dialogo
se
necesita
que
Chavarría
“le
baje
y
no
ande
provocando”.
A la pregunta de que si podría
cambiar
su
posición
respecto
a
la
presa,
después
de
una
reunión
con
el
gobernador,
Felipe
Flores
respondió
que
“no
cambiaría.
MICHOACÁN
Dispuestos, purépechas,
a
perder
todo
menos
la
tierra. (El Sol de México, Miguel
Monge,
p.web).
01-08-2005
MORELIA, Mich. (OEM).- Consternado
por
la
pérdida
de
uno
más
de
sus
amigos
indígenas,
Francisco
Elizalde García llamó a la cordura a comuneros de la Meseta
Purépecha
que
se
siguen
matando
por
la
posesión
de
la
tierra;
empero,
sin
poder
ocultar
su
tristeza,
el
indigenista
se
dijo
"tristemente
convencido",
recalcó,
de
que
su
llamado
no
encontrará
ningún
eco.
"Los
conozco,
-a
los
indígenas-,
sé
que
son
capaces
de
perderlo
todo,
familia,
hijos,
la
vida
misma,
¡nunca
la
tierra!"
"¿Conocía usted al comunero asesinado la noche del viernes?",
fue
la
pregunta
obligada.
"No, no lo conocía. Sólo sé que era una persona mayor
y
por
lo
tanto
puedo
decir
que
era
mi
amigo,
porque
los
indígenas
mayores
son
mis
amigos".
Indigenista de toda su vida, "Tata Pancho", como
los
comuneros
lo
identifican,
lamentó
que
éstos
atesoren
documentos
históricos
con
fechas
correctas
o
incorrectas,
y
que
sólo
los
saquen
a
relucir
para
su
beneficio
o
cuando
ven
en
riesgo
la
posesión
de
sus
parcelas.
Lamentó también "El viejo búho" que persista entre
comuneros
la
falta
de
entendimiento,
"tan
lejana
y
tan
añeja
como
sus
conflictos
mismos",
pero
también
deploró
que
en
el
límite
de
su
necedad
insistan
los
purépecha
en
enarbolar
principios
antiquísimos
como
el
que
reza
que
"nunca
seremos
vencidos",
primitivismo
que
tantas
muertes
ha
cobrado
en
el
medio
rural
a
través
de
la
historia.
A unos días de atestiguar la entrega de la presea "Francisco
Elizalde
García",
lo
cual
sucederá
el
23
de
septiembre
precisamente
cuando
el
hijo
predilecto
de
Zamora
cumpla
83
años
de
edad,
no
pudo
ocultar
su
tristeza
por
la
inutilidad
con
que
se
han
producido
intervenciones
de
todo
tipo,
gubernamentales
y
no
gubernamentales,
para
tratar
de
pacificar
la
Meseta
Purépecha.
Peor aún, "de nada seguirán sirviendo esas intervenciones",
vaticinó
desesperanzado,
"porque
los
conozco,
sé
que
pueden
perder
a
un
ser
querido
y
no
pasa
nada,
que
pueden
perder
a
su
familia
entera
y
no
pasará
nada,
cualquier
cosa,
cualquier
bien,
menos
la
tierra.
Tristemente
esa
es
su
forma
de
pensar".
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