CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
29 DE ABRIL DE 2005
OCHO COLUMNAS
...Y ahora es el PRI contra el Ejecutivo
Reclama Madrazo la salida política que dio Fox al caso López Obrador
Prevén declarar nulo caso AMLO
Hemos quitado nubarrones e incertidumbre, dice Fox
Agrada a mercados la salida del caso AMLO
Disminuirá el ruido político, pero los inversionistas mantendrán
cautela
Investiga CNBV a 80 empresas de la Bolsa
Publicarán el listado en mayo con las infracciones de las compañías
Engalla a grupos prianistas la reversa de Fox
Madrazo exige al Presidente sacar las manos de 2006
Trina Roberto Madrazo contra el Presidente
El presidente nacional del PRI afirmó que “el país está hecho
un caos”, y le exigió a Fox
que se aleje de la controversia
PRI, listo para ganar en 2006 a AMLO: Madrazo
La confusión en el país amenaza ya la gobernabilidad
Presidencia da fin al caso contra AMLO
Quitó Fox “nubarrones e incertidumbres”
para 2006
Exigen pagar los platos rotos a Creel y Madrazo
Diputados panistas piden renuncia
al titular de Segob;
temor en el PRI por los costos
del desafuero
Rebelión de panistas
Exigen renuncia de Creel; carece
el Gobierno de fuerza, voluntad
y habilidad política, acusa
Barrio
Sector agrario
Focos Rojos
Liberan a seis campesinos de Acatepec
y a dos de Zapotitlán;
distensión en la zona. (El Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p. web).
El conflicto
fue porque sorprendieron a
un comunero prendiendo fuego
al monte, y no por la disputa
por predios, dice funcionario
de la Procuraduría Agraria
de La Montaña
En la madrugada de ayer liberaron
a seis de los campesinos retenidos
–que no eran 20 como lo informó
el miércoles el alcalde Raymundo
García Gutiérrez– de la localidad
de Xilacayota, municipio de Acatepec,
que fueron detenidos por comuneros
de Ixtlahuazaca,
municipio de Zapotitlán
Tablas.
Con la intervención de autoridades
estatales resguardadas por
policías de Seguridad Pública
del estado fueron liberados,
como también lo fueron otros
dos campesinos de Ixtlahuazaca que también fueron detenidos por comuneros de
Acatepec, con lo que se logró destensar el ambiente en la
zona.
El jefe de residencia de la Procuraduría
Agraria (PA) en la región
de La Montaña, Miguel Ángel
Bello Rivera, rechazó que
la detención de los comuneros
de uno y otro municipio haya
sido por el conflicto agrario
que existía y que “ya se resolvió”,
si no por la detención, primeramente,
de un comunero de Ixtlahuazaca
por campesinos de Xilacayota
al sorprenderlo prendiendo
fuego al monte.
Explicó ayer que la noche del martes campesinos de la comunidad de Xilacayota
detuvieron a una persona que
provocó un incendio y que
resultó ser el hijo del comisario
de Ixtlahuazaca;
y agregó que lo pusieron a
disposición de la sindicatura
de Acatepec,
pero que fue liberado la mañana
del miércoles.
Añadió que en venganza, después
del mediodía del miércoles,
habitantes de Ixtlahuazaca
detuvieron a seis campesinos
de Xilacayota
y los concentraron en la comisaría
municipal, mientras que comuneros
de Acatepec detuvieron a otros dos de Ixtlahuazaca
para negociar la liberación
de sus compañeros.
Admitió que la situación era riesgosa,
debido a que los de Acatepec
pretendían ir a rescatar por
la fuerza a sus seis compañeros
que los mantenían en la comisaría
de Ixtlahuazaca.
Informó que el miércoles por la
noche acudió al lugar el fiscal
especial para la atención
de los pueblos indígenas Atenógenes
Tepetl,
quien acudió a Ixtlahuazaca
e intervino para la liberación
de los seis campesinos de
Xilacayota
y después se fue a esta comunidad
para liberar a los dos de
Ixtlahuazaca
con lo que se destensó el
ambiente.
Aseguró que estos hechos no es por el conflicto agrario que existía entre los comuneros
de Acatepec
y de Zapotitlán,
porque, dijo, éste ha quedado
totalmente resuelto.
Mientras tanto el secretario de
Seguridad Pública estatal,
Heriberto Salinas Altés,
informó que la dependencia
a su cargo envió a cuatro
patrullas con ocho policías
cada una, para evitar cualquier
enfrentamientos
e incluso esta vigilancia
permanece en la zona.
Acusan posible ecocidio
en bosque de Tetela
del Monte. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p. web)
CUERNAVACA, MOR. Ejidatarios de Tetela
del Monte denunciaron que
tanto la Procuraduría Agraria
como el Registro Agrario Nacional
favorecen de manera ilegal
a Carmen Lucila González,
actual comisariada
de bienes comunales, para
realizar un desarrollo habitacional
en la zona.
En rueda de prensa, ejidatarios en compañía de Leoba Morales González, ex regidora del PRD y ejidataria de
Tetela
del Monte, protestaron contra
autoridades agrarias y dependencias
ambientales, y la notaría
cinco que encabeza Patricia
Mariscal, “por haber registrado
una acta que no reunía los
requisitos para nombrar a
Lucila González como comisariada
ejidal, así como pretender
extender certificados agrarios
cuando cada quien avala su
propiedad”.
Morales González dijo que una de las anomalías se dio cuando
“nos dimos cuenta que estaban
a punto de salir certificados
parcelarios que bajo actas
espurias y ante la complicidad
de los funcionarios Arturo
Nicolás de la Procuraduría
Agraria y del RAN, darían
de manera ilegal la posibilidad
a la actual comisariada
de hacer un desarrollo habitacional”.
De lo anterior, “existen denuncias ante los Tribunales Agrarios,
las Procuradurías Agraria
y de Justicia del estado contra
la comisariada de bienes comunales, Carmen Lucila González, quien
fue denunciada por los delitos
de despojo y amenazas”.
La ex regidora pidió además a los ambientalistas que preparan
una manifestación con el fin
de que el bosque de Tetela
del Monte se convierta en
un parque ecológico, “se abstengan
de hacerlo y tengan prudencia”,
porque sólo se están dejando
sorprender por la comisariada y los involucrará en el despojo, por lo que “deberían
documentarse mejor”, enfatizó.
Morales González adelantó
que impedirán a costa de lo
que sea que se realice este
proyecto fraudulento de viviendas,
porque despojaría de sus tierras
a los que por años “las hemos
cuidado en Tetela
del Monte”.
Lo que se dice. (Dictamen
(Veracruz), Atila,
p. web)
* Sigue sin aterrizar proyecto de la vidriera en Tierra Blanca
Con una inversión superior a los 10 millones de dólares, en
breve será instalada al fin
la Vidriera de Tierra Blanca
S. A. de C.V., la cual de no existir tanta burocracia ya estaría funcionando
desde hace cuatro años en
aquella ciudad de la Cuenca
del Papaloapan. El ingeniero Javier Valdez Rosano,
Secretario Técnico de la vidriera,
solicitó el apoyo del Gobernador
Fidel Herrera Beltrán, de
quien inmediatamente recibió
respuesta positiva.
Resulta que desde hace 4 años los industriales del Estado de
México, de una filial de la
Cervecería Modelo, interesados
en el proyecto, se han encontrado
con infinidad de obstáculos
para ponerla en marcha, de
parte de autoridades federales,
pues no les han concedido
los permisos correspondientes.
La CNA no les ha autorizado
la construcción del canal
pluvial; PEMEX, que como siempre
se hace ojo de hormiga y va
a iniciar una obra de atrincheramiento
en los ductos
que atraviesan el predio de
28 hectáreas donde se va a
asentar; la delegación de
la Reforma Agraria regresó el expediente de expropiación del terreno a las oficinas
centrales de la ciudad de
México, argumentado que faltaban
ciertos requisitos y hasta
el momento el asunto no se
ha destrabado.
El Gobernador Fidel Herrera le encomendó al Subsecretario de
Gobierno dar seguimiento al
caso, para agilizar y brindar
todas las facilidades a los
industriales y el proyecto
logre aterrizar. Por lo pronto
ayer mismo Héctor Yunes
Landa, se reunió con los delegados
federales, Rafael Blancas
López, del Registro Agrario
Nacional y Fernando Santamaría
Prieto, de la Procuraduría
Agraria; Francisco Arano Montero, alcalde de Tierra Blanca; el Ing. José Abel
Torres Michel,
representante de PEMEX; Miguel
Rolón García de Fomento Económico de SEDECO; José Luis Salas
Torres, Director de Gobernación;
Marco Antonio Báez Cardozo,
asesor jurídico de la propia
Subsecretaría de Gobierno
y representantes de CNA y
de la Junta Estatal de Caminos,
a quienes Yunes
los comprometió a acelerar
los trámites para que los
más pronto posible puedan
obtener la escritura de las
28 hectáreas y la licencia
de construcción del canal
pluvial; que PEMEX les entregue
un terreno seguro donde no
existan problemas con ductos
y que la Secretaría de Comunicaciones
les autorice los acceso a
esta fábrica, para lo que
el ingeniero Raúl Zarrabal
García, Director de la Junta
Estatal de Caminos, planea
realizar un boulevard en la
zona. En unos días más se
reunirán nuevamente para revisar
avances.
Cabe recordar que el anterior Secretario de Desarrollo Regional,
Porfirio Serrano Amador, tenía
el proyecto de construir el
bulevard de contacto, entre la zona fabril y la carretera
145 de la Cuenca del Papaloapan,
unos dos kilómetros al sureste
de Tierra Blanca, pero solo
logró hacer un pequeño camino
pavimentado de un solo cuerpo.
Fox gana litigio por tierras
de San Cristóbal. (El Universal, David Alponte, p. web).
El
reclamo, por 400 hectáreas
del rancho. Ejidatarios acusaron
a su familia de obtener certificados
ilegales
Un juzgado federal con sede en Guanajuato exoneró al presidente
Vicente Fox
del reclamo legal por más
de 400 hectáreas del rancho
de la familia presidencial
que hicieron miembros del
ejido San Cristóbal desde
mediados del siglo pasado.
Después de una larga disputa en los tribunales, el titular
del Juzgado Tercero de Distrito
en Guanajuato, Francisco Javier
Araujo Aguilar, resolvió el
8 de abril de 2005 que los
ejidatarios tienen en posesión
las 2 mil 114 hectáreas que
les fueron entregadas por
medio de la resolución presidencial
del 20 de octubre de 1937.
Los ejidatarios acusaron a la familia del mandatario de obtener
certificados "ilegales"
de inafectabilidad
para no entregar más de 400
hectáreas al núcleo ejidal.
En representación de los ejidatarios, Rosendo Solís Rivera
alegó en distintas ocasiones
y diligencias que desde 1942
buscaron que la familia Fox
entregara la superficie afectada
por el decreto presidencial
de 1937.
"Desde ese entonces (los miembros del núcleo ejidal) dieron
la lucha a fin de que se diera
cumplimiento a la resolución
presidencial que dotó de tierras
a nuestro ejido, sin embargo,
de manera corrupta, no sólo
no se entregó la tierra al
núcleo, sino que bajo influencias
y dádivas económicas, de manera
ilegal, los propietarios tramitaron
ante la Secretaría de la Reforma Agraria, antes
Departamento Agrario, la expedición
de ilegales certificados de
inafectabilidad agrícola números 166428, 167670, 167014 y
167015 en los años 1956 y
1958, amparando los terrenos
que habían sido afectados
por la resolución presidencial
que nos dotó de tierras, correspondiéndole
al ahora Presidente de la
República el certificado 167670",
argumentaron los ejidatarios
en un escrito.
Los ejidatarios expusieron en el juicio de amparo 449/1989
que el señor José L. Fox,
propietario original, debió
haber entregado una parte
de la hacienda de San Cristóbal,
ahora Rancho San Cristóbal,
a la comunidad ejidal.
Entre las primeras acciones judiciales, los 215 miembros del
ejido ganaron un juicio de
amparo el 22 de octubre del
año 2002, de acuerdo con datos
del expediente consultado
por EL UNIVERSAL.
Posteriormente, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en
Guanajuato abrió un proceso
(incidente) para determinar
el área de la dotación prevista
del decreto presidencial de
1937, con la participación
de dos peritos que delimitaron
la zona en disputa.
Ambos especialistas encontraron que los ejidatarios estaban
en posesión de 2 mil 114 hectáreas,
de acuerdo con la resolución
del juez Araujo Aguilar.
"Sí, la cantidad de tierra que tienen en posesión los
ejidatarios es la misma cantidad
de tierra que se deslindaron
y amojonaron (señalaron) el
19 y 20 de febrero de 2002,
y es la misma cantidad de
tierra que fue entregada mediante
el decreto de expropiación
de 1937, con base en el acta
de posesión y deslinde del
ejido de San Cristóbal, municipio
de San Francisco del Rincón
del estado de Guanajuato",
escribió la perito Evangelina Bañuelos Rodríguez.
Con esas evidencias periciales, el juzgado de la causa notificó
el 12 de abril de 2005 a los
representantes ejidales de
la sentencia en este incidente.
Los ejidatarios demandantes han considerado que la familia
Fox detenta hectáreas que ellos requieren para la producción,
entre ellas un ex vaso de
la presa San Cristóbal.
El pasado 22 de abril, presentaron un recurso de queja ante
el Juzgado Tercero de Distrito
con sede en Guanajuato, por
la resolución en favor de
la familia Fox.
Grupos campesinos demandan relanzar el Acuerdo
para el Campo. (La Jornada, Elizabeth
Velasco, p. web)
Diversas agrupaciones que ayer confluyeron en la Convención
Nacional Campesina se pronunciaron
por establecer un plan para
posicionar al campo en la
agenda nacional, y en ese
tenor el líder de la Central
Campesina Cardenista (CCC),
Max
Correa, exigió a Santiago
Creel, secretario de Gobernación, que instale una comisión
de negociación para el relanzamiento
del Acuerdo Nacional para
el Campo (ANC) que, a dos
años de haber sido suscrito
por el Ejecutivo federal,
sigue sin cumplirse cabalmente.
"De tal forma que se requiere que de los 282 numerales,
una buena parte incumplidos,
se focalice
la atención en al menos 28
asuntos sensibles, cuya concreción
es esencial para desactivar
la creciente desesperación
en las áreas rurales",
sostuvo Correa.
Tras señalar ante las organizaciones campesinas que el proceso
de desafuero en contra del
jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Andrés Manuel López
Obrador, fue una "cortina
de humo" para que el
gobierno federal pudiera "desatenderse"
de sus compromisos con la
sociedad, en particular con
el campo, declaró que una
vez propuesta una salida política
a ese caso por el presidente
Vicente Fox,
"esperamos que ahora
sí tengamos secretario de
Gobernación y que atienda
a las organizaciones campesinas
para relanzar el ANC".
Correa se pronunció también porque Creel
Miranda apuntale la negociación
con los partidos políticos
para que en el próximo periodo
de sesiones en el Congreso
se apruebe una ley de planeación
y soberanía alimentaria,
se modifique la Ley de Bioseguridad, salgan adelante las modificaciones al marco
jurídico agrario y a la Ley
de Amparo para evitar el contrabando
técnico.
Además, exigió la promoción y respeto de los derechos humanos
en el campo, "porque
varios dirigentes estamos
procesados y otros presos
por la lucha social, y eso
va a violentar también nuestros
derechos en el escenario de
querer participar electoralmente".
Según Correa, el "mensaje del presidente Fox -luego que se dio a conocer la renuncia del procurador
Rafael Macedo
de la Concha-; nos da una
señal en el sentido de que
el gobierno vuelve a ser gobierno".
Sin concesión alguna, el líder de El Barzón y diputado del
PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar,
evaluó que el ANC "no
se cumplió en lo absoluto",
y consideró que el actual
es "un sexenio perdido
para el campo".
En términos parecidos se expresó el líder de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas,
Álvaro López Ríos, quien destacó
que "el gobierno federal
ha tenido poca voluntad y
muchos deseos de obstaculizar
el cumplimiento" del
ANC. Esto, agregó, pese a
que "el problema del
campo debe estar ubicado como
una prioridad para garantizar
la seguridad nacional, la
paz y estabilidad en el país".
De los asuntos pendientes, Correa destacó la necesidad de concluir
el estudio que sobre el Tratado
de Libre Comercio realizó
El Colegio de México, para
ubicar los ajustes en las
políticas públicas y medidas
sobre prácticas desleales
de comercio; establecer una
estrategia de investigación
comercial para evitar esas
prácticas, reactivar el crédito
al sector social ante la Secretaría
de Hacienda, porque la Financiera
Rural sólo opera con el sector
privado y la banca comercial;
respetar el compromiso de
elaborar una ley para tener
presupuestos multianuales
y crecientes en el medio rural.
En ese sentido se pronunciaron
porque la Suprema Corte respete
las reasignaciones del Presupuesto
de Egresos hechas por la Cámara
de Diputados.
También demandaron atención en diversos conflictos agrarios,
no sólo los que ha identificado
la Secretaría
de la Reforma Agraria.
Llama Sagarpa a campesinos
a mostrar inconformidad en
foros adecuados. (Notimex, p. web)
México, 28 Abr (Notimex).- El titular de la Sagarpa,
Javier Usabiaga
Arroyo, llamó a los dirigentes
campesinos para que muestren
sus inconformidades en los
foros adecuados, como el Consejo
Mexicano para el Desarrollo
Rural Sustentable.
En conferencia de prensa, el responsable
de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
señaló que el Acuerdo Nacional
para el Campo (ANC) no es
un instrumento del gobierno,
sino de las organizaciones
campesinas.
En la reunión del referido consejo
con motivo del segundo aniversario
del ANC, Usabiaga
Arroyo se mostró en desacuerdo
con el relanzamiento de este
instrumento, ya que podría
significar un retroceso.
La conferencia de prensa se llevó
a cabo luego de la reunión
del consejo, donde participaron
las secretarías de la Reforma
Agraria, de Desarrollo
Social, de Economía y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
así como la Sagarpa.
También participaron diversas organizaciones
campesinas y el gobernador
de Michoacán, Lázaro Cárdenas
Batel, como presidente de
la Comisión para el Campo
de la Conferencia Nacional
de Gobernadores, además de
agroindustriales y legisladores
de las cámaras de Diputados
y Senadores.
Usabiaga Arroyo
mencionó que la ANC es un
instrumento vivo y actuante
y no debe ser utilizado con
fines diferentes al mejoramiento
del sector rural.
Cambiarán leyes para que el “señor López” sea candidato. (La Crónica de Hoy, Leticia
Robles, p. web).
El presidente Vicente Fox aceptó ayer la renuncia del procurador General de la República,
Rafael Macedo
de la Concha, y anunció que
presentará una iniciativa
de ley al Congreso de la Unión
"para resguardar los
derechos de los ciudadanos
sujetos a juicio, en tanto
no se dicte sentencia final
y definitiva".
Además, en un mensaje a la nación,
el mandatario federal adelantó
que el nuevo procurador "revisará,
de manera exhaustiva, el expediente
de consignación del jefe de
Gobierno del Distrito Federal,
buscando preservar dentro
del marco de la ley la mayor
armonía política del país".
En tanto, mediante un comunicado
oficial, la Presidencia de
la República informó que Vicente
Fox
Quesada aceptó también la
renuncia de Alejandro Ramos,
subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales.
"Asimismo, designó a Daniel
Cabeza de Vaca Hernández,
hasta ayer consejero jurídico
del Ejecutivo federal, como
encargado del despacho de
la PGR, "hasta en tanto
el Senado de la República
ratifique la propuesta de
nuevo titular de esa institución".
Segundos antes, en el mensaje a
la nación que duró 5 minutos
con 33 segundos, precisó que
la iniciativa de Ley que presentará
al Congreso para resguardar
los derechos políticos de
los ciudadanos sujetos a juicio,
sumada a la iniciativa de
Reforma Integral de Justicia
y Seguridad, que presentó
el año pasado, permitirán
"dar certeza jurídica
a los ciudadanos que enfrentan
procesos legales".
El Cambio 12. Al aceptar la renuncia
de Rafael Macedo
de la Concha, el presidente
Vicente Fox
hizo el cambio número 12 de
su gabinete original, a 21
meses de concluir su sexenio;
las secretarías de Relaciones
Exteriores, Economía, Seguridad
Pública, Función Pública,
Medio Ambiente, Energía, Turismo
y Reforma Agraria,
así como en Pemex
y Lotería Nacional, han tenido
cambios.
Cabeza de Vaca. Daniel Cabeza de
Vaca, quien es desde anoche
el encargado del despacho
de la PGR, fue subsecretario
de Gobierno de su estado natal,
Guanajuato, cuando el presidente
Fox era gobernador de la entidad; después, en 2003 se convirtió
en subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación.
Sector agropecuario
Usabiaga rechaza relanzar el ANC. (La Jornada, Elizabeth Velasco, p. web).
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Javier
Usabiaga,
rechazó la propuesta de las
organizaciones campesinas
de relanzar el Acuerdo Nacional
para el Campo (ANC), porque
significaría reconocer que
ha sido "un fracaso"
y "no ha servido para
nada".
Admitió que sigue habiendo faltantes en la sociedad rural,
problemas que resolver y retos
que enfrentar para la apertura
comercial del sector en 2008,
pero, dijo, "todo esto
lo estamos atendiendo en un
ambiente de pluralidad y de
alta participación con los
verdaderos actores del campo".
En rueda de prensa con integrantes del Consejo Mexicano para
el Desarrollo Rural Sustentable,
reunidos por el segundo aniversario
del ANC donde en la declaratoria
se destacó que pese a los
problemas dicho acuerdo tiene
"avances importantes
en la atención de sus compromisos",
aunque faltan por "atender
a plenitud algunos de ellos",
Usabiaga
externó
su "tristeza" por
las "formas de expresión"
de ciertos dirigentes de las
agrupaciones campesinas y
les reprochó que no utilicen
ese foro para plantear su
inconformidad y las fallas
del ANC.
El líder del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Luis González,
pidió a "algunos"
líderes del agro "no
tratar de subirnos en el carro
de los campesinos para ver
qué logramos en forma unipersonal
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
El GDF no cumple amparo que ordena devolver El
Encino.
(La Crónica de Hoy, Adrián Castillo, p. web)
El Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, todavía no
acata el amparo ganado por
el propietario de El Encino,
pues no le ha devuelto los
terrenos expropiados, tal
y como lo ordenó el juez noveno
de Distrito.
Así lo informó ayer Fernando Espejel,
representante legal de Promotora
Internacional Santa Fe, quien
dijo que independientemente
de las decisiones que se tomen
en diferentes ámbitos de la
política, pugnará porque se
cumpla lo dictado en su amparo.
El abogado advirtió que de no respetarse éste se enviará “un
mensaje en contra de los ciudadanos”
y “será un premio para la
autoridad que desobedeció
un mandato del Poder Judicial”.
En entrevista, recordó que la devolución del predio fue una
de las determinaciones que
tomó el juez noveno de Distrito,
dentro del juicio de amparo
862/2000.
En este fallo se ordenó la revocación del decreto expropiatorio, mediante el cual el GDF se hizo de dos fracciones
del terreno y la devolución
de las fracciones expropiadas.
“A nosotros la cuestión política es la que menos nos interesa.
Lo que nos importa es el cumplimiento
de la sentencia que no se
ha logrado y creemos que la
sustitución de las personas
que encabezan las instituciones
no debe afectar las cuestiones
jurídicas”, dijo, en referencia
al anuncio de la Presidencia
de la República, respecto
al caso de Andrés Manuel López
Obrador.
“Los arreglos que se hagan de tipo político no creo que sean
para burlar la ley”, comentó.
Actualmente el caso de El Encino se encuentra en un incidente
de innominado, mediante el
cual se determinará cómo el
gobierno capitalino deberá
darle cumplimiento a la resolución
de amparo que no le fue favorable.
“La sentencia (del amparo) sigue firme, lo que está en estudio
es el cumplimiento de la misma”,
precisó Espejel.
Recordó que el gobierno capitalino ha expresado su intención
de no devolver el predio por
considerar que fue utilizado
para un beneficio de carácter
público y recordó que en algún
momento el GDF planteó hacer
lo que se llama un pago sustituto,
aunque lo hizo de manera extemporánea.
En ese sentido apuntó que sus defendidos nunca han buscado
obtener una retribución económica
por el predio que ilegalmente
les fue expropiado sino respeto
a la propiedad privada.
El abogado hizo finalmente referencia a la determinación judicial
de recurrir al ejercicio de
la acción penal en contra
del jefe de gobierno del Distrito
Federal, misma que derivó
en el desafuero y tiene como
siguiente paso la consignación
a un juez.
Señaló que en caso de no cumplirse
esto último, el Ministerio
Público Federal, deberá fundar
y motivar el porqué de su
determinación.
Indefinido en PGR, el manejo del expediente sobre
El Encino. (La Jornada, Gustavo Castillo,
p.9).
En medio de la incertidumbre maneja la Procuraduría General
de la República (PGR) el futuro
del expediente de Andrés Manuel
López Obrador, pues pese a
que se venció el término para
interponer el recurso de apelación
contra la negativa a otorgar
la orden de comparecencia
solicitada por el Ministerio
Público, durante la gestión
de Rafael Macedo
de la Concha, ayer, según
fuentes oficiales, ni siquiera
el encargado del caso, Carlos
Cortés Barreto, había recibido
instrucción alguna para saber
a quién se le turnaría la
averiguación previa y emprender
la revisión ofrecida por el
presidente Vicente Fox.
De acuerdo con fuentes oficiales, el único camino para que
se termine el caso López Obrador
es que la PGR reabra la averiguación
previa y dé trámite a los
alegatos de defensa que el
jefe de Gobierno del Distrito
Federal llevaría ante un juez.
Si el Ministerio Público estima conducentes y firmes los alegatos,
y que no habían sido estudiados
con anterioridad, podría declarar
que resultan idóneos y que
no se cuenta con elementos
de prueba suficientes, decretar
el no ejercicio de la acción
penal y dar por cerrado el
caso.
Hasta el mediodía del miércoles pasado, es decir, horas antes
de que Macedo
de la Concha dimitiera a la
PGR, se afirmaba en esa dependencia
que se volvería a consignar
el caso, e incluso se realizaron
acercamientos con el juez
12 de distrito, Juan José
Olvera López, quien se negara a otorgar la orden de comparecencia.
Aunque este jueves Daniel Francisco Cabeza de Vaca permaneció
por más de tres horas dentro
de la sede central de la PGR,
como nuevo titular, únicamente
sostuvo acuerdo con el ex
subprocurador
de Asuntos Jurídicos e Internacionales.
Pese a que otros funcionarios
estuvieron esperando a que
les llamara para ponerlo al
tanto de las actividades de
la institución, no sostuvo
reunión de gabinete.
Por otra parte, la única posibilidad que tiene la PGR para
someter a proceso al jefe
de Gobierno capitalino, por
un presunto desacato judicial,
es que consigne por segunda
ocasión el expediente de El
Encino, y solicitar orden
de aprehensión.
Sin embargo, la PGR no podrá ejercitar acción penal contra
López Obrador sin antes realizar
al pliego de consignación
respectivo las múltiples correcciones
ordenadas por el juez Olvera
López.
Las correcciones técnicas que deberá hacer la PGR al pliego
consignatorio son: poner el folio respectivo a diversas hojas
que constan en el primer anexo;
entresellar
más de mil hojas que constan
en el segundo anexo, así como
corregir el numeral del folio
correspondiente a otras tantas
hojas del mismo anexo. Finalmente,
poner varios folios a las
hojas del anexo quinto. Una
vez que se perfeccione el
expediente, la PGR estará
en posibilidades de consignar
por segunda ocasión.
GUERRERO
Se amparan nueve ejidos afectados por una expropiación
de tierras por la SCT. (El Sur, Karina Contreras, p. web).
El Tribunal
Superior Agrario modificó
la sentencia del Unitario,
que ordenaba la restitución
a los afectados, pues ahora
sólo ocho de los ejidos serán
beneficiados y a uno se le
pagarán las tierras, explica
el abogado.
El abogado de los nueve ejidos
que reclaman las tierras expropiadas
ilegalmente por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) para construir los aleros
de la Autopista del Sol, Noél
Cesáreo Sánchez, informó que
se ampararon de la resolución
del Tribunal Superior Agrario
(TSA), pues modificó al sentencia
del Tribunal Unitario Agrario
(TUA) número 41 que ordenaba
la restitución a los afectados.
En declaraciones para El Sur, Cesáreo
Sánchez explicó que el Tribunal
Superior resolvió que a ocho
ejidos –con excepción de Los
Huajes,
al que le confirmó la restitución
de las tierras– la dependencia
federal debe indemnizarlos
y con ello modificó la sentencia
original del magistrado Juan
Rodolfo Lara Orozco, quien
resolvió que a los nueve ejidos
afectados por la dependencia
federal se le tenían que restituir
sus tierras.
El también abogado de la CNC explicó
que ambas partes promovieron
amparos ante las resoluciones.
Explicó que la Procuraduría General
de la República, a nombre
la de SCT, promovió un amparo
ante el juez de primer Circuito,
con sede en la ciudad de México,
pues se inconformó con la
resolución que confirmó la
sentencia del TUA en el sentido
de que deben devolver las
tierras a los campesinos de
Los Huajes.
Cesáreo Sánchez dijo que ellos
se ampararon porque el TSA,
en los ocho expedientes de
los ejidos afectados, modificó
el sentido de la sentencia
pues sustituyó la restitución
por la indemnización. “En
nuestra demanda eximos
la restitución, no un pago”,
precisó.
Dijo que confía en que a la SCT
no se le conceda el amparo
y a todos los ejidos se les
restituyan las tierras, aunque
reconoció que el proceso puede
llevar hasta dos meses.
El abogado criticó las contradicciones
en los fallos de los magistrados
del TSA, pues aunque los expedientes
son por las mismas causas
en ocho modificaron la sentencia
y en la de Los Huajes la confirmaron.
Señaló que con estos hechos se
ve que no hay un análisis
minucioso, pues los nueve
casos tienen las mismas pretensiones.
Cesareo Sánchez
dijo que hay desesperación
en los campesinos por lo largo
del juicio y han advertido
que si no les regresan sus
tierras ellos la van a tomar,
por lo que hay un riesgo latente
ante las medidas drásticas
que tomen, “las cuales serán
entendibles, debido a que
se sienten burlados por la
SCT”.
El magistrado Lara Orozco ordenó
la devolución de casi 100
hectáreas a los ejidos de Agua de Perro, San Martín del Covero, Altos del Camarón, Sabanillas, Los Huajes, Dos Arroyos, Ejido Nuevo, Kilómetro 21 y Órganos de
Juan R. Escudero, pues la
Secretaría los ocupó indebidamente
en 1992 para construir la
Autopista del Sol.
Amagan con parar trabajos de la presa El Gallo
en Cutzamala. (El Sur, Gregorio Urieta, p. web).
El alcalde priísta de Cutzamala, Isidro Duarte Cabrera, y campesinos de comunidades
aledañas informaron que el
lunes podrían clausurar los
trabajos que la empresa Estrella
Blanca, cuyo origen de capital
e inversionistas se desconoce,
que pretende construir la
hidroeléctrica El Gallo y
que comercializará la energía
entre particulares.
La razón de esa decisión es que
ni el gobierno federal, ni
el estatal de René Juárez
Cisneros –en cuya administración
se otorgó el permiso– y menos
la empresa Estrella Blanca
informaron de lo anterior
ni a los campesinos afectados
por la presa, ni a Duarte
Cabrera, y comenzaron los
trabajos de la hidroeléctrica.
En una carta dirigida a Duarte
Cabrera, y entregada a este
diario, los comisarios municipales
y comisariados ejidales de El Timbinal,
La Laja, La Ciénega, Juntas
del Real, Limón de Punguarancho,
Zacapuato,
Arroyo Grande, Loma Bonita,
La Cañada, La Florida, El
Pinzán,
El Tule, informan de los trabajos
que desde hace meses lleva
a cabo Estrella Blanca, para
la construcción de una hidroeléctrica,
“que va a generar electricidad
para su venta a particulares
y con grandes beneficios para
sus dueños…”.
Y solicitan al alcalde “concertar
a la mayor brevedad una reunión
con los inversionistas...
a fin de plantearle nuestras
inquietudes, ver en qué consisten
los beneficios de una hidroeléctrica
para los pueblos de nuestra
región”.
Agregan: “No queremos que suceda
lo que siempre ha pasado en
otros lugares, donde los grandes
empresarios se benefician
de nuestras riquezas y mientras
tanto, los habitantes, quienes
somos los verdaderos dueños
de los recursos naturales,
vivimos marginados y en la
pobreza”.
Entrevistado en su oficina, Duarte
Cabrera expuso que planteó
a Tonatiuh
Fernández, responsable de
la construcción de la hidroeléctrica
la solicitud de los representantes
de los pueblos.
Afirmó que el miércoles por la
noche localizó a Fernández
y le exigió una reunión para
el lunes.
El alcalde se quejó de la forma
que Juárez Cisneros y el gobierno
federal determinaron conceder
el permiso a la empresa, ignorando
totalmente al municipio.
“Se supone que existe una Ley del
Municipio Libre, pero en este
caso fue ignorada por el gobierno
federal y el estatal. Nadie
me avisó del inicio de los
trabajos para la construcción
de la hidroeléctrica. Yo pensé
que se trataba de un obra
del gobierno federal para
beneficio de la misma presa”,
explicó.
“Si no se da la reunión, el lunes
mismo estaremos clausurando
los trabajos”, anunció.
Admite Semarnat recurso
contra la construcción de
La Parota: activistas. (La Jornada, Rosa Rojas, p. web)
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras
a la presa La Parota (Cecolp),
la cual se pretende construir
en el municipio de Acapulco,
Guerrero, informaron que la
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
admitió el recurso de revisión
presentado en contra de la
autorización del informe de
impacto ambiental que la misma
dependencia le otorgó a la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Se busca la revocación
de éste para que se cancele
la construcción de la obra.
Dicho recurso, presentado por comunidades de Acapulco asesoradas
por el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda),
que fue admitido por la citada
dependencia el pasado 16 de
marzo, se fundamenta en "la
falta de apego a las leyes
ambientales y a consecuencia
de ello, en graves e irreversibles
impactos ambientales que se
producirán en la construcción
y operación de la hidroeléctrica".
Entre los impactos negativos que tendrá la construcción de
La Parota, según se dice en
el recurso mencionado, producirá
afectaciones a la salud de
los habitantes de la región,
existe la posibilidad de que
se presenten "desastres
sísmicos de dimensiones muy
graves", se ocasionará
"destrucción irreversible
del hábitat de especies de
flora y fauna amenazadas y
en peligro de extinción",
entre otros.
Rufina Palma, José Venus Hernández Nicanor,
Julián Blanco Cisneros, Felipe
Flores y Rodolfo Chávez informaron
además que el domingo primero
de mayo se instalará en la
comunidad de Cacahuatepec el sexto plantón para impedir el paso de personal
de la CFE, con lo que quedará
cerrado el último de los accesos
que la paraestatal tenía para
llegar a la región.
Al movimiento contra la construcción de La Parota se han unido
recientemente las comunidades
de Carrizo, Parotilla
y Cacahuatepec
"porque apenas se enteraron
de que con la construcción
de las presas de mitigación
también a ellos los inundarían.
Antes estaban a favor de la
presa porque a ellos no los
iban a afectar. Los compañeros
dicen que fueron engañados
por el comisariado
ejidal de Cacahuatepec.
Hace unos días fueron un ingeniero
y una abogada de CFE para
decirles que hicieran una
reunión porque les iban a
enseñar la casa muestra donde
los van a reubicar y los de
la cabecera dijeron que no
quieren saber nada de eso
y se unieron al Cecolp", explicaron.
Julián Blanco detalló que lleva tres meses el plantón que instalaron
los campesinos de los ejidos
Los Arroyos y Colonia Guerrero
Los Guajes. "A nosotros
también nos quieren reubicar.
Los Guajes está arriba de
donde quedaría la cortina
de la presa pero el gobierno
no nos hace caso, somos cerca
de tres mil habitantes y Los
Arroyos es más grande. La
CFE le pagó al comisariado
ejidal y al municipal para
convencer a la gente de que
se meta a La Parota. Ahorita
somos el pueblo los que no
queremos que se construya
y no tenemos autoridades",
indicó.
"La gente ya se convenció de que la CFE no paga las tierras
que inunda, nomás trata a
los afectados con puros engaños,
por ejemplo de una presa que
se hizo en La Venta, en Acapulco,
les pagó a los 47 años -en
2004- y eso por la presión
que hicimos nosotros que en
cada asamblea repetíamos que
a los de La Venta todavía
no les pagaba las indemnizaciones,
y no fue un pago justo, les
dio 4.50 pesos por metro cuadrado
y sin intereses de casi 50
años. Y La Parota va a afectar
17 mil 500 hectáreas y además
no es viable", agregó
José Venus, quien subrayó
que se pretende afectar a
47 comunidades, además de
las que inundarán las dos
presas de mitigación.
De acuerdo con un comunicado del Cemdna,
en el recurso de revisión
que se presentó a la Semarnat
-informaron- se destaca que
la CFE "no presentó estudios
ni información mínima"
referente a la sismicidad
inducida en la Brecha de Guerrero,
"que es un segmento de
la Placa norteamericana con
muy alta probabilidad de generar
un sismo de siete o más grados
Richter.
La Semarnat
se declaró sin conocimientos
en la materia y no impuso
ninguna medida para monitorear
este riesgo y mucho menos
un plan de contingencia".
Anota que la posible incidencia de enfermedades como malaria,
gastroenteritis, dengue y
otro tipo de males asociados
con estos embalses no fue
evaluada por la Semarnat;
tampoco la destrucción del
hábitat de la fauna microendémica
y endémica (que sólo se encuentra
en la región) como la rana
papagayo, "única en el
mundo" y varias especies
de flora.
La CFE no incluyó en el estudio de impacto ambiental el cambio
en el curso del río Papagayo,
"no presentó estudios
isotópicos para que la Semarnat
evaluara con un verdadero
conocimiento las interacciones
del agua y las rocas. Tampoco
se investigó el ciclo de lluvias,
de secas, información necesaria
para evitar desastres ocasionados
por la filtración del agua
de mar a los acuíferos",
anota el documento.
PUEBLA
Retrasa Congreso poblano fallo en conflicto limítrofe,
en Cholula. (El Sol de Puebla, Edgar Hernández, p. web).
El titular de la Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales
del Congreso local, Pericles
Olivares Flores, señaló que
hasta el momento no han analizado
el documento presentado por
el edil de San Andrés Cholula,
Omar Coyopol, para emitir una opinión respecto al conflicto territorial,
lo cual podría darse a conocer
la siguiente semana, ya que
actualmente se encuentran
en la recolección de datos
que sustenten la resolución
final por parte de la LVI
Legislatura.
“Decidimos analizar a fondo el
plebiscito presentado por
la autoridad de San Andrés
Cholula
el pasado 7 de abril de 2005,
donde demanda a la Legislatura
respetar el convenio signado
en el 2002 por los entonces
alcaldes Luis Paredes y Guillermo
Pisano; tenemos pensando sostener
una reunión la próxima semana
para dar una valoración jurídica
de la información presentada
hasta el momento”.
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