CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 14 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

Vale 3 Fobaproas rescatar ISSSTE

Equivale a 23.2% del PIB el monto que se debe destinar para sanear al organismo

Conaliteg: sí compra SEP libros más caros

Planteó pagar 29 por `Don Quijote`. Jorge Velasco: yo hubiera peleado un mejor precio

Desaceleración de la economía mundial: FMI

Advierte que los mayores riesgos son petroprecios y tasas de interés

Pide Ortiz responsabilidad a los políticos

La economía no es "inmune" a las turbulencias, recuerda el banquero central

Guerra del Estado Mayor Presidencial a moños tricolores

En el Tianguis Turístico impide el paso a quienes los portaban

Se desacelera la economía del país: Fondo Monetario

Hay blindaje, pero también riesgo político: Ortiz

Selección del candidato del PRD no se adelantó: Cota

Godoy aclara que el congreso del sol azteca decidirá si compiten en 2006 sin AMLO

Listos, 3 Cargos por Peculado vs. AMLO

Estudia AN Denuncia Internacional por Coacción y Amenazas

Muerto El Peje, carga el PRI contra Fox

Evitar injerencia del gobierno federal en 2006, meta tricolor

Espera PGR fallo de la Corte para proceder

Consignarán expediente de AMLO cuando se resuelvan controversias

¡Veneno químico!

Explotó ducto que conduce amoniaco a petroquímica de Cosoleacaque y causa seis muertos, siete desaparecidos y al menos 20 intoxicados

Sector agrario

Este año inician los trabajos de la presa El Naranjo: CNA. (Ecos de la Costa (Colima), Heidi de León, p. web)

Notiecos/Colima.- El gobierno federal iniciará este año la construcción del camino y posiblemente la cortina de la presa El Naranjo, manifestó el gerente general de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Gerardo Hernández Cervantes. Asimismo, explicó que será posiblemente a finales de este mes cuando la paraestatal firme un convenio con los gobiernos de Colima y Jalisco para que éstos se hagan responsables de indemnizar a quienes resulten “afectados” por la construcción de la presa.

“El convenio obliga a los gobiernos de los estados a que hagan los pactos necesarios con los particulares o los ejidos para que se acepte la obra”.

Gerardo Hernández, en entrevista con los medios de comunicación, manifestó que son alrededor de 800 hectáreas las que se estarían adquiriendo para la construcción de la obra hidráulica. En el caso de Colima, se tienen aproximadamente 25 propietarios.

El gerente general de la CNC expresó que las tierras no tienen producción agrícola, “son tierras cerriles, por lo que no significan una pérdida para la agricultura”; sin embargo, precisó que aún se desconoce el avalúo de los terrenos porque ese trabajo deben hacerlo de manera conjunta la Comisión Nacional de Avalúos, la Procuraduría Agraria y los estados.

La presa El Naranjo tendrá una inversión de entre 800 y 900 millones de pesos, “con camino y cortina incluidos”; asimismo, tendrá una capacidad de 140 millones de metros cúbicos de agua para regar hasta 7 mil 700 hectáreas.

Debido a que la presa se encuentra ubicada en el río Marabasco, frontera entre Colima y Jalisco, se beneficiará a igual número de personas de las dos entidades.

Hasta el momento el proyecto tiene una asignación de 47 millones de pesos.

No valida Procuraduría Agraria denuncias anónimas. (Diario del Istmo, Martín Ruiz Urbieta, p. web)

Cosoleacaque, Ver.- La Procuraduría Agraria no valida las denuncias anónimas y sin fundamento que se ha venido pronunciando a través de volantes, en donde se señala que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales es un fraude “para despojar” a los campesinos de sus tierras, dando a entender también que hay tráfico de dinero para la certificación que se viene haciendo en el ejido Cosoleacaque.

Los volantes son anónimos y el visitador agrario Gilberto Mateo Hernández dice desconocer de dónde vienen los ataques, indicando que no puede darle “ningún valor porque no lo suscribe alguien y, en ese caso, si existe una inconformidad, tendrán que canalizarla a través de las instancias oficiales para darle la atención que corresponda”.

Explica el funcionario agrario que el programa Procede nace con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, realizándose trabajos en el ejido Cosoleacaque en el año 2000, en donde, por razones que ellos desconocen, no existía un comisariado legalmente instalado y constituido, hasta octubre del año pasado en que se eligió con toda la legalidad de un proceso democrático, la directiva que preside Miguel Ángel Salomé Cruz.

Ahora, se ha podido iniciar la actualización de toda la información, considerando que a través del tiempo hubo cesiones de derechos ejidales por parte del campesinado y otros han muerto, por lo que la documentación tiene que actualizarse a través de los trabajos que viene realizando personal de Procede, INEGI, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional.

Se pretende expedir su certificado agrario a cada ejidatario, teniéndose como meta la certificación de 2 mil 20 hectáreas de las 3 mil hectáreas que tiene el ejido.

Dentro de todo esto también sale a relucir y a ponerse en claro, que el ganadero Javier Gómez Gutiérrez no tiene dificultades para demostrar la legalidad de la posesión de una hectárea y cuarto de superficie que le vendió el ejidatario Rafael Francisco. Dice Gómez Gutiérrez que no son seis ni siete hectáreas las que menciona Rafael Francisco que le fueron despojadas, sino una hectárea y cuarto que fueron debidamente compradas, legalizadas y que están reconocidas por las autoridades ejidales y notariales.

Este tipo de situaciones han venido surgiendo dentro de los trabajos que viene realizando el INEGI, Procede y autoridades agrarias, esperándose que todo lo anterior se regularice, ya que para eso se ha estado requiriendo a los ejidatarios y posesionarios la documentación correspondiente para poder certificar las tierras.

Hasta ahora ya se ha estado midiendo el ejido, se tienen planos y se actualiza la información; “posteriormente se realizará en campo todas las adecuaciones a los planos; después el comisariado emitirá una convocatoria para una asamblea de formalidades especiales, asamblea de delimitación, asignación y destino de tierras, donde tiene que estar un notario público que dé fe de los trabajos y un representante de la Procuraduría Agraria”.

Aclara el funcionario agrario Gilberto Mateo que solamente la asamblea “va a decidir la designación que se hace con fundamento al artículo 56 de la Ley Agraria que señala que solamente la asamblea está facultada para hacer designación de derechos”.

La certificación, dice el funcionario, permite al ejidatario tener seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, además de que conocerán sus linderos y se acabarán los problemas de invasiones y despojos que actualmente todavía se están dando; asimismo la certificación del Procede da oportunidad a los campesinos de acceder a programas de apoyo del Gobierno federal y estatal, entre ellos Procampo y Alianza para el Campo.

Termina el Procede en octubre del 2005. (El Siglo de Durango, Ricardo Bonilla, p. web)

13 de abril de 2005

El Programa de Certificación de Documentos Ejidales cerrará de manera definitiva en octubre del presente año, aunque desde el mes de junio se dejarán de recibir documentos para la titulación de tierras de manera gratuita, según lo dio a conocer la Delegación estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Debido a esto, el delegado de la SRA, Noel Pérez Saláis, manifestó que actualmente las dependencias federales del sector agropecuario están admitiendo constancias de títulos para acceder a los recursos de los distintos programas; sin embargo, luego de cerrar el Procede, se tendrá que presentar el certificado de propiedad para poder entrar a los esquemas de apoyo al campo. De lo contrario, no podrán integrarse a los proyectos productivos.

En este sentido, personal de la SRA, Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria están realizando visitas a los núcleos que faltan por regularizarse, donde se hace saber de los beneficios del Procede, ya que con éste se puede contar con seguridad sobre sus tierras.

Aseveró que al cierre del Procede se prevé la apertura de más programas para el 2006 para hacer de los núcleos certificados y en general sus actividades agropecuarias más productivas.

Entre los nuevos programas para el próximo año, mencionó el de Fondo de Tierras, que consistirá en facilitar financiamiento o créditos y capacitación a grupos de jóvenes para comprar o rentar tierras que no sean utilizadas y que ellos mismos sean los que trabajen en ellas para elevar sus niveles de productividad. Los recursos serán recuperables.

Actualmente los trámites de certificación de tierras son de manera gratuita; sin embargo, al no regularizar sus núcleos agrarios hasta el mes de junio, posteriormente los ejidos tendrán que costear los gastos de mediciones, entre otros, declaró el entrevistado.

El funcionario federal aseguró que el cierre del Procede obedece a cumplir con la meta presidencial que consiste en que para el 2006 deberá estar regularizada toda la tierra de carácter social de la entidad. Durante el 2003 se cerró en un estado, posteriormente en 2004 12 lo concluyeron y ahora en este año finalizarán en 12 más. En el 2006 finalizarán con las últimas siete entidades.

Campesinos desafiaron a los policías. (Tribuna de Campeche, Juan Carlos Hernández, p. web).

Exigen solución a sus problemas

Entre gritos y empujones, integrantes del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata" desafiaron a policías estatales preventivos e intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades solución a la problemática de tenencia de la tierra.

Con palos y machetes, los campesinos se trasladaron del Palacio Federal al de Gobierno como a las nueve horas, por lo que se movilizó a medio centenar de policías. Ahí los labriegos se unieron a la protesta de los pescadores de la tercera edad, que también llevan tres días, y compartieron el desayuno, pescado frito preparado por los propios manifestantes.

Con su monigote crucificado como estandarte, los campesinos dialogaron con el subsecretario "A" del Gobierno del Estado, Ricardo Medina Farfán, y el coordinador de Atención Ciudadana, Carlos Torres Melken, quienes pidieron evitar conatos de enfrentamiento.

Antes, Che Cu, advirtió a sus seguidores que buscaban solución al problema, no enfrentamientos, "pero si nos provocan respondemos".

Comentó que el Gobierno del Estado tiene que exigir a la Federación solucionar el problema que afecta a campesinos de los ejidos Juan de la Cabada Vera y ampliaciones forestales.

"Lo que pedimos es destrabar el problema de tierras, que solicitamos desde hace cuatro o cinco años, y que de la noche a la mañana nos sacan acuerdos de improcedencia con títulos del porfiriato; eso es lo que queremos echar abajo, es lo que la Procuraduría Agraria está avalando ante el Tribunal Agrario", señaló.

DESMANES EN PALACIO FEDERAL

Antes hubo tensión también, cuando los campesinos cerraron la avenida 16 de Septiembre e iniciaron un boteo. Con palos y tubos enfrentaron a los de la Policía Estatal Preventiva (PEP), comandados por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Miguel Aysa González.

Al filo de las 8:30 horas comenzaron a cobrar a 10 pesos el acceso a Palacio Federal, lo que generó molestia. En la acera de la avenida 16 de Septiembre se instaló un retén con una soga con un paliacate rojo en medio, para obligar a los automovilistas a detenerse y aportar su donativo para que los cerca de 200 campesinos compraran alimentos.

Eso hicieron durante 25 minutos, cuando se presentó el director de Gestoría Institucional, Carlos Enrique Torres Melken, y se inició el forcejeo, porque trató de quitar la soga. Hubo gritos e insultos maternos.

Para entonces el Palacio Federal había sido acordonado por los de la PEP con dos perros entrenados para reprimir manifestaciones, pero los labriegos con palos y tubos no se amedrentaron y rodearon a Torres Melken, cuyo rostro comenzó a sudar de miedo e impotencia. A los gritos de "amárrenlo", Torres Melken palideció.

Entonces Aysa González acudió a negociar su liberación, acompañado de guaruras y funcionarios policiacos de menor rango. Che Cu trataba de calmar los ánimos. La gente lo rebasó.

Tras 15 minutos de negociaciones y de llamados a la calma liberaron a Torres Melken. Se reagruparon y decidieron acudir al Palacio de Gobierno, donde antimotines habían cerrado los accesos.

La espera duró cerca de dos horas, y retornaron a Palacio Federal, donde se les comunicó por vía telefónica que en la oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) sería la reunión de acuerdos definitivos.

PRIMEROS ACUERDOS

El director general de Terrenos Nacionales de la SRA, Carlos Alberto Medina Rodas, dijo que por instrucciones del titular de la dependencia se agendaría una reunión para el 19 de abril, para solucionar los conflictos agrarios.

Ofreció que se daría a conocer el monto de recursos este año para agilizar trámites y concluir con el pago de expropiaciones en ampliaciones forestales de Pomuch, y traer gente de otras áreas de la dependencia para iniciar mesas de trabajo. Che Cu dijo que la gente aceptó la propuesta para evitar más desgaste y riesgos de enfrentamientos con la policía.

Firman minuta de acuerdo y se levanta plantón de campesinos. (El Sur de Campeche, Juan Carlos Hernández, p. web).

Luego de una reunión de más de tres horas, la que al parecer resultó satisfactoria para ambas partes, una comisión de campesinos encabezada por el dirigente del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata" (Freciez), Luis Antonio Che Cu y autoridades de las secretarías de la Reforma Agraria y de Desarrollo Rural firmaron una minuta de acuerdo en la que se contemplan acciones para una solución definitiva al problema que enfrentan pobladores de Juan de la Cabada desde hace 15 años.

El acuerdo se firmó en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, luego de una nueva marcha que realizaran los cerca de 300 campesinos por calles del centro de la ciudad. A la reunión asistió Carlos Medina Rodas, director de Regularización de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Por la noche, en el Palacio Federal, Luis Antonio Che Cu dio a conocer que el próximo día 19 de este mes se reunirán con 5 directores de la Secretaría de la Reforma Agraria, "quienes nos anunciarán la solución a nuestros añejos problemas; hemos avanzado considerablemente y ahora sí tendremos la tan anhelada respuesta", confió.

MARCHA Y TENSION

Por la mañana, bajo la consigna de que "la paciencia tiene un límite", los campesinos de la comunidad de Juan de la Cabada, del municipio de Candelaria, palos en mano marcharon nuevamente por la avenida 16 de Septiembre, del Palacio Federal a la sede del Ejecutivo estatal.

Todo se dio desde muy temprana hora de la mañana, cuando los campesinos demandantes comenzaron a detener a los automovilistas y microbuseros mediante una soga atravesada sobre la avenida 16 de Septiembre, frente al edificio del Palacio Federal, con la finalidad de pedir dinero para comprar comida y agua.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Vialidad y Transporte de la Secretaría de Seguridad Pública desviaron momentáneamente la circulación. Todo estaba bien hasta que llegó una persona, supuestamente de Gobernación estatal, para informar a los manifestantes que en el Palacio de Gobierno los esperaban a todos para ya darle solución a sus peticiones.

Pero para sorpresa de los manifestantes, al llegar al Palacio de Gobierno un grupo de antimotines ya estaban apostados a las puertas del lugar, lo que provocó el enojo e inconformidad por parte de los ejidatarios, quienes gritaban consignas en contra del gobierno estatal.

Mientras tanto, el grupo de antimotines se preparaba para cualquier acción de violencia por parte de los enojados campesinos, toda vez que algunos iban palos en mano.

Luego de un rato decidieron retirarse para regresar a la sede del Palacio Federal, pero ahí se encontraron con otra sorpresa: una de las puertas de acceso al edificio se encontraba cerrada con candados, pero al notar los campesinos que la otra puerta estaba entreabierta acudieron corriendo para poder entrar, solamente para encontrarse con personal de seguridad del edificio y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con perros policías, los cuales fueron enfrentados y provocados por los enardecidos manifestantes.

Otro grupo de campesinos, que permanecían en el interior del edificio, decidieron entonces levantar las puertas corredizas de sus carriles para que pudieran ingresar sus compañeros.

Fue un momento de gran tensión por parte de los campesinos y elementos del orden, los cuales fueron reforzados por otros elementos la Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Publica, quienes portaban armas de grueso calibre. Por fortuna las cosas no pasaron a más y la tranquilidad volvió a toda el área del Palacio Federal.

Por la noche, Luis Antonio Che Cu anunció a este reportero: "Ya nos vamos a retirar de este lugar, después de afinar unos detalles con las autoridades que nos esperan en la Secretaría de Desarrollo Rural".

Reprimen antimotines a campesinos del sur de Campeche. (Proceso, Rosa Santana, p. web).

El Frente Emiliano Zapata reclama solución a añejas demandas de tierra

Campeche, Cam.- Empuñando piedras y palos, campesinos del sur del estado, que desde el lunes mantienen un plantón en el palacio de gobierno, donde han impedido las labores de 17 dependencias, intentaron hoy tomar dichas oficinas, pero fueron repelidos por un centenar de policías antimotines.

Los labriegos --encabezados por Luis Antonio Che Cu, líder del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, y que desde hace una década mantienen invadidos predios en el municipio de Candelaria-- estrangularon esta mañana el tránsito sobre la avenida 16 de Septiembre, una de las principales arterias del primer cuadro de la ciudad, a demandar apoyo de automovilistas, pero fueron amedrentados por agentes antimotines, equipados con bombas lacrimógenas, lo que encendió los ánimos.

Entonces, una parte de los manifestantes decidió marchar hasta el palacio de gobierno, donde por cierto un grupo de pescadores mantiene otro plantón desde el mismo lunes.

"La gente ya está cansada y no garantizo que haya tranquilidad”, advirtió Che Cu, y añadió: “Queremos que se nos dé ya respuesta a nuestras demandas, que no son de ahora, sino de hace muchos años".

“¡Ahí va la bomba, cabrones!”, gritaron al llegar al llegar al palacio de gobierno, al tiempo que arrojaron contra las puertas de cristal del inmueble un monigote atado a una cruz.

Sin embargo, la presencia de otro grupo de antimotines impidió que penetraran a la sede del Ejecutivo y, aunque hubo gritos y jaloneos, los campesinos se replegaron 40 minutos después, y terminaron por ser convidados con pescado que les obsequió el otro grupo de manifestantes.

Durante la comida, salió a dialogar con los inconformes el director de Gestoría Social, Carlos Torres Melken, quien pidió integraran una comisión de representantes para que entraran a plantear sus problemas.

Más tarde, Che Cu informó que en el transcurso del día se esperaba la llegada de funcionarios de las oficinas centrales de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que vendrían a negociar una salida al conflicto.

Torres Melken les aclaró que la policía sólo acudió al sitio para garantizar el orden y la seguridad en el área, pero no tenían instrucciones de agredir a nadie.

En tanto, 17 dependencias que operan en el palacio federal, entre ellas la Procuraduría Federal del Consumidor, Telégrafos, Correos, el Instituto Nacional de Migración, el Fonacot, las secretarías de la Reforma Agraria, del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Economía, permanecieron cerradas por tercer día consecutivo, debido a la presencia de los campesinos.

En algunos casos, el personal que por algún motivo debía presentarse a laborar, tuvo que entrar y salir por algunas ventanas que dan a la calle.

Se negaron a recibir la tierra que hoy reclaman. (La Jornada, Enrique Méndez, p.5)

14 de abril de 2005

Predio de Tlahualilo se entregó a otras personas porque los beneficiarios originales no lo aceptaron

La Secretaría de la Reforma Agraria señaló que los 349 campesinos originarios del municipio de Ocampo rechazaron las tierras en 1961, por lo que se repartieron los terrenos a otros ejidatarios interesados en poseerlos.

Los 349 campesinos originarios del municipio de Ocampo rechazaron en su momento las tierras ofrecidas por el Gobierno Federal en 1961, por lo que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) repartió los terrenos a otros ejidatarios interesados en poseerlos, según lo dio a conocer el representante en el estado, Noel Pérez Saláis.

Aseveró que ellos manifiestan que el 21 de mayo del 2004 salió un resolutivo del Tribunal Unitario Agrario de Torreón, Coahuila, en favor de los reclamantes; sin embargo, a la SRA no se ha notificado alguna resolución. Inclusive, no fue parte en el juicio.

En 1961, mediante un decreto presidencial, fueron donados a los beneficiarios los terrenos del Latifundio de Balderas, ubicado en el municipio de Tlahualilo, mismo que comprendía 21 mil 200 hectáreas y cuyo propietario era el Gobierno Federal; pero en 1962-1963 se hicieron las gestiones necesarias para poder ejecutar el decreto, pero en su momento ellos, los campesinos beneficiados se negaron a recibir la tierra que se les estaba dando alegando que no eran laborables, entre otras cosas, declaró el entrevistado.

Además, se les dijo que era indispensable que solicitaran una nueva ubicación, pero no lo realizaron cuando se les notificó.

Hasta el año 2000 ellos solicitaron nuevamente la ejecución de la resolución presidencial de 1961, pero en el 2002 la Unidad Técnica Operativa de la SRA emitió un acuerdo donde se marca claramente que resulta improcedente por imposibilidad material de la ejecución, pues no había tierra qué repartir, manifestó.

En este sentido, Pérez Saláis destacó que si ellos, los reclamantes, tienen la resolución a su favor que la hagan llegar a la SRA, ya que está en la disposición de dialogar para analizar el problema y encontrar una solución apegada a la ley. Si hay alguna competencia de la Secretaría, se acatará, enfatizó.

Abierta al diálogo

La Secretaría de la Reforma Agraria está en la disposición de dialogar con los campesinos para analizar el problema y encontrar una solución apegada a la ley.

-Aclara la SRA que los 349 campesinos originarios del municipio de Ocampo rechazaron en su momento las tierras ofrecidas por el Gobierno Federal en 1961.

-La SRA repartió los terrenos a otros ejidatarios interesados en poseerlos.

-El terreno en disputa comprende 21 mil 200 hectáreas.

-Se les notificó que era indispensable que solicitaran una nueva ubicación, pero no lo hicieron.

-En el 2002 la Unidad Técnica Operativa de la SRA emitió un acuerdo donde se marca que resulta improcedente por imposibilidad material de la ejecución.

FUENTE: Secretaría de la Reforma Agraria.

Ejidatarios de Oaxaca no están dispuestos a vender sus tierras. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

Ejidatarios de San Pedro Yosotato, Oaxaca, aclararon al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, que no venderán las 400 hectáreas que pobladores de San Sebastián Nopalera invadieron desde 1976.

"Las tierras nos pertenecen legalmente y no admitiremos ningún acuerdo de venta o compensación económica, como lo acordaron Servando López Santiago y Roberto Damián Castro Santiago, presidente y tesorero (respectivamente) del comisariado ejidal", asentaron en un escrito.

Puntualizaron que de los 106 ejidatarios legalmente reconocidos, sólo 62 "están activos", y de ellos un grupo, "muy reducido", pretende establecer acuerdos que violan la propiedad ejidal y comunal.

Destacaron que en las pláticas sostenidas con el representante especial de la SRA, Guillermo Gallegos Muñiz, y otros funcionarios de la institución el pasado mes, se acordó ceder sólo 80 hectáreas, ratificando el convenio pactado el 14 de noviembre de 2004. "Nunca hablamos de cederle, en venta, a San Sebastián Nopalera la totalidad de la superficie invadida".

En su encuentro con el titular de la SRA, los pobladores desconocieron los acuerdos pactados por el López Santiago y Castro Santiago, ya que han simulado la legalidad de las asambleas, presentando cartas poder de ejidatarios fallecidos y de personas que ya abandonaron la región.

Ubicado en municipio de Tlaxiaco, San Pedro Yosotato posee, por resolución presidencial, 505 hectáreas que forman el ejido, y mil 357 hectáreas bajo el régimen comunal; desde el inicio del siglo pasado sostienen una pugna con los pobladores de San Sebastián Nopalera, pero las tensiones sociales, que han afectado las relaciones familiares, se agudizaron en 1976, cuando éstos invadieron 18 hectáreas de la zona conocida como polígono.

En 1997, un tribunal agrario dictaminó que la superficie en conflicto es propiedad de San Pedro Yosotato, pero el deslinde no se llevó a cabo; en 2002, los pobladores de éste volvieron a tramitar una demanda por restitución de tierras, pero se suspendió a petición de las autoridades agrarias, a fin de buscar una salida negociada, la cual propuso fuera la indemnización económica y la entrega de proyectos productivos a San Pedro Yosotato a cambio de la tierra.

Tres asesinados en la Sierra Sur de Oaxaca. (La Jornada, Víctor Ruiz, p. web).

Oaxaca, Oax., 13 de abril. Campesinos de la comunidad Santo Domingo Teojomulco, en la Sierra Sur de Oaxaca, fueron emboscados -presuntamente por pobladores de San Lorenzo Texmelucan-, lo que dejó como saldo tres personas muertas, informó la procuradora estatal, Patricia Villanueva Abraján.

De acuerdo con la funcionaria, la agresión ocurrió alrededor de las 13 horas de este miércoles, cuando Lucas Salvador Sánchez, Pedro Rosales Martínez y Rey Salvador Rodríguez, originarios de Santo Domingo Teojomulco, viajaban en una camioneta pick-up y sujetos hasta el momento no identificados los atacaron a balazos en el paraje Loma Tendida.

Autoridades agrarias y municipales de Teojomulco señalaron como responsables a sus vecinos de San Lorenzo Texmelucan, con quienes sostienen conflictos por tierras.

El síndico municipal de Teojomulco, Ciro Rodríguez Hilario, indicó que originalmente se hallaron sólo los cadáveres de Lucas Salvador y Pedro Rosales, y horas después se localizó sin vida a Rey Salvador, quien padecía síndrome de Down.

Santo Domingo Tejomulco y San Lorenzo Texmelucan, municipios pertenecientes al distrito judicial de Sola de Vega, sostienen desde hace más de 60 años conflictos agrarios que han dejado unos 200 muertos, según un estudio que realizó la Iglesia católica en la pasada década.

Entre los hechos armados destaca el ocurrido el primero de diciembre de 1998, en el que hubo 14 personas muertas y al menos 12 heridas. Durante los últimos años los crímenes entre comunidades han ido en aumento, mientras que el litigio agrario sigue sin resolverse.

Ante la situación, la procuradora giró instrucciones para que se trasladaran al lugar agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Ministerial, así como peritos médicos, químicos, planimétricos y fotógrafos, para iniciar las primeras diligencias.

Por su parte, el delegado de gobierno en Sola de Vega, Erick Pérez Ruiz, dio a conocer que según testimonios de pobladores de Texmelucan, la agresión fue propiciada por los propios vecinos de Teojomulco ahora fallecidos, quienes "se aproximaron al área en disputa, conocida como Río Yacua".

Otro enfrentamiento en Sierra Sur: 3 muertos. (El Imparcial, Samuel Gómez, p. web)

La violencia volvió a sacudir este miércoles la región de la Sierra Sur, luego de ser emboscados habitantes de Santo Domingo Teojomulco, con un saldo provisorio de tres muertos, afirmó el asesor de la comunidad, Filemón López Nabor, al sostener que la situación es tensa en la región.

López Nabor, explicó que los hechos ocurrieron este miércoles por la mañana, cuando los afectados viajaban en una camioneta para laborar en el Río Salinas, pero a escasos mil metros del palacio municipal de Teojomulco, fueron emboscados por habitantes de San Lorenzo Texmelucan.

En el lugar murieron Lucas Salvador de 55 años de edad, así como Pedro Rosales de 33 años, en tanto se llevaron como rehén a Rey Salvador Rodríguez de 25 años de edad, con síndrome de Down; más tarde fue encontrado el cadáver de este persona.

El asesor señaló que el móvil es por los ancestrales conflictos agrarios, más en estos momentos cuando se acerca la temporada de lluvias y preparación de la tierra, ante lo cual ahora los vecinos de San Lorenzo Texmelucan se dan a la tarea de invadir los predios.

Destacó que la pugna con los habitantes de San Lorenzo Texmelucan es por 6 mil hectáreas, principalmente en los parajes “El Piojo”, “Loma Tendida”, “Shuina”, entre otros, por lo que esta emboscada ha enardecido a los habitantes de Santo Domingo Teojomulco, por lo cual hay riesgo de violencia.

Por ello, estamos solicitando la intervención de las autoridades agrarias para encontrar una salida a la problemática que se vive en la zona, porque de lo contrario se continuará derramando sangre, sino hay una solución a fondo.

Por su parte, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública (DGSP), José Manuel Vera Salinas, señaló que han desplegado un operativo especial en la zona para evitar nuevos incidentes violentos, tras coordinarse con elementos de la Policía Ministerial.

Texmelucan irrumpe en Teojomulco: tres muertos. (Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, Octavio Vélez, p. web)

A unos días del llamado del Arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello al gobierno de Oaxaca para pacificar la Sierra Sur, un grupo armado de pobladores de San Lorenzo Texmelucan penetró ayer a Santo Domingo Teojomulco y mató a tres de sus habitantes.

Este enésimo hecho de violencia entre ambos pueblos del distrito de Sola de Vega obedece a un añejo lío agrario por la disputa de seis mil hectáreas que ha dejado más de 200 muertos.

El representante de Bienes Comunales de Santo Domingo Teojomulco, Javier González Ángeles responsabilizó al gobierno del incidente por su desatención y negligencia para resolver este conflicto y advirtió que su pueblo puede responder la agresión “para ajustarse cuentas”.

“Ya no puede detener a mi gente ante tantos agravios”, señaló.

En los hechos, murieron Lucas Salvador Sánchez y su hijo Reynel Salvador Rodríguez ---quien padecía Síndrome de Down--- y Pedro Rosales Martínez.

“Lo que hicieron con Reynel es una barbaridad, una brutalidad, porque estaba enfermo”, afirmó Filemón López Nabor, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Sierra Sur (COSSSUR), originario de Santo Domingo Teojomulco.

La autoridad agraria informó que el grupo armado de San Lorenzo Texmelucan, provisto principalmente fusiles de asalto AK 47 o Cuerno de Chivo, penetró alrededor de las 11:00 horas al territorio de Santo Domingo Teojomulco y en inmediaciones del paraje La Minita, emboscó a una camioneta Nissan pick up, a escasos 250 metros del Palacio Municipal.

Los tres ocupantes, se dirigían a Río Salinas a descargar escombro de material industrializado que transportaban en la batea, indicó.

Explicó que dos de los pobladores, Lucas Salvador Sánchez y Pedro Rosales Martínez, murieron en el acto ante los repetidos disparos por sus agresores en diferentes flancos y distancias.

Expresó que el grupo armado incautó la camioneta llevando consigo al tercer ocupante, Reynel Salvador Rodríguez, quien viajaba en la batea del vehículo.

Destacó que el pueblo de Santo Domingo Teojomulco se organizó y se armó para ir al lugar, recuperar a los cadáveres y encontrar al desaparecido.

Más tarde, Salvador Rodríguez fue encontrado muerto, con evidentes huellas de tortura a un kilómetro y medio del pueblo. El vehículo también fue hallado totalmente incinerado.

Mencionó que el grupo armado de San Lorenzo Texmelucan prendió igualmente fuego al monte en terrenos perteneciente a Santo Domingo Teojomulco, para cubrir su retirada.

Y resaltó que el pueblo de Santo Domingo Teojomulco dispuso guardias en todo el perímetro de su comunidad para evitar una nueva agresión de sus vecinos.

“Desde los cerros tenemos gente”, apuntó.

Advirtió que su pueblo puede responder la agresión ante tantas muertes y originarse hechos de incalculables consecuencias.

González Ángeles culpó de la violencia en contra de su pueblo a los gobiernos federal y estatal por no disponer medidas de seguridad y sobre todo, por su insensibilidad y falta de interés para resolver el conflicto agrario.

“No sé que están esperando, a lo mejor más muertos”, asentó.

Se enfrentan campesinos en Oaxaca; tres muertos. (El Universal, Genaro Altamirano, p. web. /Información también publicada en Reforma, P. 22, El Sol de México, página 2B)

Oaxaca, Oax. Tres muertos, seis heridos y 120 viviendas incendiadas, dejaron enfrentamientos armados por conflictos de tierras en la Mixteca, la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Sur, registrados en las últimas 48 horas.

El más grave de los conflictos tuvo lugar en Santo Domingo Teojomulco, Sola de Vega, ayer a las 13:30 horas, en el paraje La Minita, donde Lucas Salvador Sánchez, Pedro Rosales Martínez y Rey Salvador Rodríguez, fueron emboscados a balazos por sus vecinos de San Lorenzo Texmelucan, cuando viajaban a bordo de una camioneta Pick Up, informó la Procuraduría de Justicia.

En el lugar fueron recogidos los cuerpos de los dos primeros, mientras el cuerpo de Rey Salvador Rodríguez, fue hallado horas después, también muerto, en un despoblado.

El ataque sobrevino luego de que unos 150 vecinos de Texmelucan partieran ayer a las seis de la mañana de esa comunidad para acudier a la labranza de las tierras en terrenos limítrofes con Teojomulco, en el lugar que ellos conocen como el paraje Cerro El Diente, según indicó el comandante de la Policía Ministerial destacamentado en San Lorenzo Texmelucan, Felipe López García.

Como los muertos son de Santo Domingo Teojomulco, los vecinos de la comunidad amenazan vengarse, según los reportes de la Procuraduría de Justicia.

Según reportes de las autoridades agrarias y de derechos humanos, el conflicto entre Teojomulco y Texmelucan ha provocado más de 200 muertos en los úlitmos 100 años.

Otro enfrentamiento

Otro enfrentamiento por conflictos agrarios se registró entre San Miguel Papalutla, perteneciente al municipio de Huajuapan de León y Cerro de Agua, municipio de San Marcos Arteaga, dejando como resultado seis personas lesionadas.

En Tuxtepec, unas 120 viviendas fueron incediadas el martes en la comunidad de Nuevo Faisán.

Invadir predios no soluciona demanda agraria en Chiapas. (El Orbe de Chiapas, Cinthya Vasconcelos, p. web.)

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Víctor Ortiz del Carpio, ya no son tiempos de invadir tierras toda vez que la vía para que las organizaciones campesinas satisfagan sus demandas agrarias debe ser a través de acuerdos con instancias gubernamentales, por lo cual en breve sostendrán encuentros con la SRA para analizar el problema y el rezago en el estado.

Ante el resurgimiento de conflictos agrarios en los que están involucradas diferentes organizaciones sociales y campesinas del estado, en municipios como Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, Ixtapangajoya, Chiapa de Corzo y Simojovel, el diputado priísta mencionó que cada grupo tiene su forma de exigir al gobierno la regularización de las invasiones de las que son parte, sin embargo, la mejor manera es establecer convenios, dijo.

Aseguró que hay disponibilidad de las autoridades del sector agrario, así como de los campesinos, para el establecimiento de programas de regularización y adquisición de predios, sin embargo, el Congreso del Estado no ha podido coadyuvar hasta el momento debido a que no han tenido ningún acercamiento oficial con la delegación de la SRA.

Especificó que este encuentro pendiente tiene la finalidad de conocer la situación real del problema agrario, sobre todo el número de hectáreas sin regularizar.

Programas de Fox, “puros paliativos”. (La Crisis, Julio Pérez de León, p. web).

Denuncian campesinos que no llegan recursos

Los programas asistenciales del gobierno del presidente Vicente Fox "son puros paliativos, sólo subsidian la pobreza", y de hecho, "rara vez aterrizan en las comunidades más necesitadas" porque se pelean los diferentes niveles de gobierno "dependiendo qué partido sea gobierno, si no se dan pugnas para negociar con los caciques", así lo denunció uno de los líderes del Frente Popular Revolucionario (FPR), Lázaro García Barrera.

Entrevistado al término de la Segunda Jornada Nacional por Derechos de los Campesinos e Indígenas, organizada por Promotora Nacional de Unidad Contra el Neoliberalismo, de la cual, el FPR es parte, señaló que de las autoridades de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, encabezada por Javier Usabiaga Arroyo, sólo han "recibido represión y una cerrazón total para atender sus demandas", es más, dijo, "ni siquiera nos han querido atender".

Libertad Ramos, activista de la FPR, señaló que los campesinos se trasladaron a la capital provenientes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, entre otros, donde se manifestaron en un plantón en el Zócalo desde el pasado 6 de abril hasta el día de ayer, cuando dieron por terminada la Jornada Nacional.

Al hacer un balance de las dos ediciones de las manifestaciones, García Barrera dijo que dado el "desconocimiento que se tiene de los programas sociales del gobierno, sus demandas son pocas", comentó que el año pasado, en noviembre, cuando inició el movimiento, "apenas si pedíamos vivienda, proyectos productivos, suministro de energía eléctrica", pero "como fuimos conociendo los programas ya hemos incorporado otras demandas".

Al realizar un balance de las dos jornadas, en donde, en la primera la Secretaría de Gobernación encabezó a las demás dependencias a las que las organizaciones querían acudir, "no se obtuvieron buenos resultados", aunque, señaló, "políticamente fue muy bueno porque se logró la unidad de las agrupaciones y se logró dar continuidad al movimiento".

En lo económico, señaló que los recursos prometidos no han fluido; sin embargo, esperan que luego de esta jornada, se den, y es que, como explicó: "Ya no nos dejamos atender sólo por Gobernación, sino que acudimos a Sedesol, Sagarpa, la Reforma Agraria" en donde, dijo, "fuimos atendidos por gente de nivel ejecutivo que "se comprometió a darnos resultados".

Anunció que la próxima semana serán atendidos por el propio Usabiaga Arroyo y de ahí esperan obtener compromisos firmados. Agradeció la presencia de La Crisis, pues los demás medios, dijo, "siguen controlados por los intereses del gobierno", pues el control de los medios, explicó, "es el control ideológico de las masas".

Se deslinda CNA de fraccionador de San Gregorio. (A.M. (Guanajuato), José T. Méndez, p.5)

La Comisión Nacional del Agua reconoce que se construyó un fraccionamiento en los terrenos del vaso de la presa de San Gregorio, en el municipio de León.

Sin embargo se deslinda de toda responsabilidad al señalar que la presa se encuentra totalmente destruida e inaprovechable.

La CNA, mediante un oficio fechado el 10 de noviembre del 2003, da a conocer que “la presa de San Gregorio no es un bien administrado por la CNA”, por lo que el conflicto derivado por la ocupación de terrenos que forman parte del vaso es de carácter agrario, por lo tanto debe dirimirse ante la Secretaría de la Reforma Agraria”.

Tal oficio se emitió en contestación a la denuncia de ejidatarios de Santa Ana y Playas de Sotelo, que presentaron al Presidente de la República, con motivo del conflicto existente con la empresa inmobiliaria denominada COFA S. A. de C.V., con la construcción de un fraccionamiento en el vaso de esa presa.

El administrador de COFA, Arturo Conchas Fonseca, dijo que nunca se ha actuado de mala fe. Aseguró que la presa de San Gregorio dejó de funcionar por encontrarse azolvada y se destinaba el vaso a la siembra de diversos productos.

“La presa no está registrada como vaso de almacenamiento de la CNA, y el municipio de Silao me autorizó el cambio de uso de suelo, de agrícola, para ser urbanizado”, dijo Arturo Conchas.

Manifestó que hay un grupo de ejidatarios que reclaman agua de un bordo que es propiedad privada, perteneciente al Rancho Viejo de San Gregorio.

Los ejidatarios han estado solicitando la dotación de agua, sin embargo éstos no han podido acreditar derechos sobre la presa que tenía una extensión de 104 hectáreas.

En inspecciones realizadas por parte de la Comisión Agraria Mixta, se señala que la presa de San Gregorio recibía aguas broncas del arroyo de Otates, y que éstas son aguas nacionales, de conformidad con el artículo 27 Constitucional.

No obstante, en un informe de inspección reglamentaria de aguas se afirma que las aguas propiedad nacional y las de propiedad privada pueden ser afectables.

“Antes de adquirir la propiedad verifiqué que no hubiera problemas con la presa. El vaso ya no almacenaba agua; estaba azolvada”, añade Conchas Fonseca. Al ser cuestionado sobre la denuncia de los ejidatarios en el sentido de que destruyó la cortina de la presa y los vertederos, apunta: “no había canales. La presa es de mi propiedad y quité una parte de la cortina para evitar que se inundaran algunas viviendas, pero ya no es presa de almacenamiento”.

Conchas Fonseca señala que construyó un canal paralelo a la cortina de la presa para desfogar el agua que entra en forma natural a lo que era el vaso, y donde ya hay construidas casas, para evitar que se inunden.

“Ese canal lleva las aguas hasta unas tierras que adquirí en el vaso de Santa Ana”, confiesa Conchas Fonseca.

Asimismo manifestó que el Canal del Tajo de Santa Ana ya no recibe aguas de la presa La Laborcita ni de Duarte, ni desemboca en lo que era la presa de San Gregorio.

“Como está azolvada, sólo se captan aguas para un pequeño lago; el excedente se tira. Pero en los últimos años no se ha almacenado nada de agua”, aseguró el fraccionador.

Estima que es sólo un grupo de ejidatarios los que reclaman el agua de una presa que nos les pertenece, que es privada. “Es puro chantaje el que quieren”.

Manifestó Conchas Fonseca que ha buscado la forma de conciliar el conflicto de manera cordial con los ejidatarios. “Reclaman agua de una presa no registrada en la CNA; ya no hay agua. Alguna vez fue presa, pero está azolvada”.

Señaló que para dotar de agua al fraccionamiento Colinas del Sur, la CNA le autorizó perforar dos pozos y construir fosas sépticas.

Campesinos amenazan con movilizaciones. (Milenio Diario, Francisco Garduño, p. web)

Si para el 28 de abril el gobierno federal no ha comenzado a presentar las definiciones para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional para el Campo, entonces las Organizaciones Campesinas empezarían a trabajar en estrategias de movilización y presión, aseguró Rafael Galindo, diputado federal perredista y dirigente de la Central Campesina Independiente en la Secretaría de Gobernación.

"Ésa sería una fecha vital para que el gobierno decida si va a estar trabajando con nosotros o si las organizaciones nos vamos a ir a estrategia de presión”. Luego de una reunión con funcionarios de la Segob, el dirigente campesino señaló que en el encuentro advirtieron sobre eventuales brotes de violencia en caso de que los acuerdos pactados no se cumplan. “Siento que puede haber una expresión de inconformidad social muy fuerte en estos últimos dos años, lo que sería muy nocivo para el relevo del gobierno si no hay un verdadero cumplimiento de todos los compromisos con el campo”.

El legislador dijo que los representantes de los trabajadores del campo entregaron a Santiago Creel una petición en la que se contempla por cada secretaría cuáles son los temas fundamentales que les interesan.

Paralizan las labores de 17 dependencias. (Centro de Información 9.0 (Campeche), Miguel Pérez Durán, p. web).

CAMPECHE, Camp., 13 de abril, 2005.- Ni la presencia de grupos Antimotines y de Seguridad Pública, logró intimidar a integrantes del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata", quienes por tercer día consecutivo mantienen el control del Palacio Federal, paralizando las labores en las 17 dependencias, debido a la falta de respuesta de la última de sus demandas ante la Reforma Agraria.

Los integrantes del Frente Campesino, abandonaron las instalaciones del Palacio Federal alrededor de las 10 de la mañana, para trasladarse a las oficinas del Gobierno del Estado, para buscar una respuesta definitiva al punto de regulación de tierras, correspondiente a Reforma Agraria.

En este lapso, los "zapatistas" bloquearon el tráfico vehicular y prácticamente obligaron a los conductores a cooperar económicamente, aunque al llegar al Palacio de Gobierno, fueron frenados por grupos antimotines y solo una comisión intentó negociar en vano.

Todo parecía haber llegado a su fin, los empleados regresaron a sus oficinas, así como los guardias volvieron a colocarse en sus sitios de resguardo, la gente volvió a transitar los pasillos, como cualquier día común.

Empero, la falta de respuesta, ocasionó una vez más, que marcado el mediodía, los campesinos regresen a Palacio Federal y fueron recibidos por elementos de Antimotines, con quienes sostuvieron un breve enfrentamiento físico y verbal, lo que ocasionó nuevamente la evacuación de personal de las 17 dependencias, las fuerzas de choque, así como de civiles que cruzaban por el edificio.

Este fue quizá el momento de mayor tensión en lo que va de la semana, ya que los "zapatistas" comenzaron a sacudir las puertas de acceso, de tal manera que estuvieron a punto de ser descolgadas, lo que alteró a los perros entrenados de Seguridad Pública, que ladraron amenazadoramente.

Poco a poco, los protestantes fueron creciendo y superando considerablemente a los poco más de 15 elementos que intentaron impedir el retorno de los "zapatistas" al interior del Palacio Federal.

Al final, los forcejeos, amagos con armas y lanzadores de gas lacrimógeno, no sirvieron de nada, la turba logró su cometido y se apoderaron de nueva cuenta del edificio, entre gritos y gestos de celebración, mientras que la gente salía desesperada, por temor a quedarse secuestrada por tercera ocasión.

En el estacionamiento de la unidad deportiva 20 de Noviembre, varios elementos de la Procuraduría General de Justicia se quedaron esperando instrucciones, así como elementos de Seguridad Pública, quienes rodearon prácticamente el edificio.

Con las instalaciones en su poder, los campesinos volvieron a abrir las puertas, toda vez que la fuerza pública fue alejándose del lugar, mientras analizaban las acciones a seguir.

Cerca de las 13:00 horas, los campesinos formaron nuevamente una comisión de 12 personas y el dirigente de la agrupación, Luis Antonio Che Cu, para sostener una nueva junta de negociación en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el director de regularización de la Propiedad Rural, Carlos Alberto Medina Rodas, en representación de la Reforma Agraria de México.

Toma protesta Salazar Adame al nuevo subsecretario de Política Sectorial. (El Sur, p. web).

Rolando Ocampo Alcantar es cercano colaborador de Fox. Sustituye a Armando Ríos Pitter, secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Guerrero

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, tomó protesta ayer al nuevo subsecretario de Política Sectorial, Rolando Ocampo Alcantar, quien sustituye a Armando Ríos Pitter, quien fue llamado por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que ocupe el cargo de secretario de Desarrollo Rural.

Mientras que Florencio Salazar Adame aseguró que Ocampo Alcantar “es un hombre capaz”, éste se comprometió a trabajar “intensamente a favor del sector rural del país”.

En un boletín de prensa de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se informa que Ocampo Alcantar es cercano colaborador del presidente Vicente Fox, quien lo designó a esa área. Su último puesto fue como responsable de los programas de Medición de Opinión Pública de la Presidencia de la República.

También se desempeñó en puestos directivos relacionados con política sectorial del INEGI, cuando Vicente Fox era gobernador de Guanajuato.

Rolando Ocampo –se indica en el boletín– cuenta con 42 años de edad, es actuario de profesión, tiene maestrías en Estadística General, Economía de la Educación y del Trabajo, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Carlos II de Madrid, España.

Dijo que Armando Ríos Pitter, durante su periodo como subsecretario de Política Sectorial entregó “buenos resultados” y le deseó “mucho éxito” en su nueva encomienda como secretario de Desarrollo Rural, pues allí se requiere gente joven para impulsar acciones a favor del campo.

Designa presidente Fox a Rolando Ocampo Alcántar nuevo subsecretario de la SRA. (El Sol de México, Patricia Torres, p. web. /Información también publicada en Milenio Diario, p.11).

El presidente Vicente Fox designó a Rolando Ocampo Alcántar como nuevo subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, en sustitución de Armando Ríos Piter, quien se sumará al nuevo Gobierno del estado de Guerrero, como secretario de Desarrollo Rural.

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, tomó la protesta de ley al nuevo subsecretario, quien se comprometió a trabajar intensamente a favor del sector rural del país para que al final de la administración se entregue un campo fortalecido y haya mayor eficacia en esta Secretaria de Estado.

Florencio Salazar aseguró que en la Subsecretaría de Política Sectorial el Ejecutivo designó a un hombre capaz y cercano colaborador del actual Gobierno federal por lo cual los programas institucionales continuarán su ruta positiva. Reconoció la gran aportación de Armando Ríos Piter, que durante el cargo como subsecretario de Política Sectorial de la SRA entregó buenos resultados y le deseó mucho éxito en su nueva encomienda como secretario de Desarrollo Rural de Guerrero, estado que requiere gente joven para impulsar acciones a favor del campo. Rolando Ocampo Alcántar, subsecretario de Política Sectorial, cuenta con 42 años de edad, actuario de profesión, con maestrías en Estadística General, así como en Economía de la Educación y del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Carlos II de Madrid, España.

Lanzan panistas campaña ecologista. (El Sol de México, Pilar Mansilla, p. web)

Para mostrar la contaminación en la ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN mandará a la azotea de las instalaciones del instituto político a secretarios de estado, diputados y senadores para lanzar su nueva campaña de medio ambiente con el propósito de evitar que partidos como el Verde Ecologista sigan “prostituyendo el tema”, aseguró Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad del blanquiazul.

Con el lanzamiento de la campaña, al que asistirán los secretarios de Agricultura, Javier Usabiaga; de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, y de Energía, Fernando Elizondo, se pretende que se genere una conciencia entre los mexicanos para cuidar el medio ambiente.

El asunto del desafuero. (Diario de Yucatán, Lorenzo Meyer, p. web).

La incertidumbre actual es producto de una decisión tomada o aceptada por las cúpulas del poder político, económico y, quizá, religioso, para justamente no someterse ellas y sus intereses a las reglas de la muy sana incertidumbre democrática. Esta última exige, entre otras cosas, que en las urnas se den cita todas o al menos las principales fuerzas políticas organizadas y que gane la que cuente con mayor apoyo ciudadano. Sin embargo, como los sondeos mostraban que quizá en 2006 la izquierda, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podía alcanzar el Poder Ejecutivo, quienes actualmente controlan este poder, y de acuerdo con el viejo partido de Estado, decidieron eliminar desde ahora la opción electoral que les atemorizaba.

Para esos círculos, la inhabilitación de AMLO como candidato hace que desaparezca la incertidumbre que les intranquiliza, pues cualquiera de los otros candidatos asegura que los intereses creados serán respetados.

La remoción tramposa de la incertidumbre que es natural a una democracia sólo ha trasladado la inseguridad a un plano diferente y realmente peligroso, pues, en la actualidad, ya no hay certeza de la verdadera naturaleza del arreglo político mexicano ni cuáles son sus reglas reales. Hoy la política se perfila como el choque directo entre el poder desnudo del Estado y la oposición, lo que lleva el conflicto a arenas donde no hay árbitros, donde el juego es entre enemigos y no meros adversarios. En estas condiciones, es imposible predecir qué corrientes, en qué dirección y con qué resultados van a arrastrar a la débil y contradictoria estructura del actual sistema de poder mexicano.

La naturaleza del problema.— En principio, para todos, incluso para aquellos que públicamente lo niegan, es claro que el origen formal del conflicto es sólo un pretexto para hacer que el choque entre el gobierno, su partido, el PRI y AMLO corriera por una vía que permitiera cubrir con un tenue velo de legalidad lo que es, en realidad, la exclusión forzada de la izquierda del juego democrático. En efecto, y para resumir lo que todos saben, en la ciudad de México tuvo lugar un conflicto de intereses, como el que hay miles y son inevitables, entre “Promotora Internacional Santa Fe” y una dependencia del gobierno de la ciudad de México. “Promotora” se inconformó con el intento del gobierno de abrir una calle de 200 metros en un terreno denominado “El Encino” para dar acceso a un hospital.

Democracia castrada.— Formalmente, el PRD no ha sido ni será eliminado de la contienda, pero al privarlo de su mejor candidato prácticamente se asegura su derrota y su preservación como una fuerza relativamente menor. Según la encuesta reciente de Reforma (9 de abril), con otro candidato, el PRD podría conquistar un segundo lugar en las urnas, pero nunca el primero.

Duopolio.— Una vez que el PAN absorbió el shock de haber quedado en tercer lugar en las fraudulentas elecciones de 1988, decidió, y con razón, que el enemigo real no era Carlos Salinas y el PRI, sino Cuauhtémoc Cárdenas y su partido.

De ahí que desde 1989 el PAN, bajo la dirección de Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza, diseñara una colaboración negociada con Salinas, de la que salieron lo mismo la legitimidad a posteriori de Salinas que las primeras gubernaturas panistas, las leyes que pondrían fin a la reforma agraria, la incorporación de la Iglesia Católica al proceso político, la privatización de la banca, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, etcétera.

Esa misma colaboración llevó a que en 1994 el candidato panista no se convirtiera en competidor real del candidato presidencial “emergente” del PRI, Ernesto Zedillo. Lo esencial era neutralizar cualquier posibilidad de que se repitiera el éxito cardenista de 88, y se logró. Con el cardenismo en el tercer lugar, se hizo posible la alternancia a favor de Vicente Fox. En esta lógica, el posible retorno del PRI a Los Pinos en 2006 no significa más que un nuevo paso en la consolidación de un duopolio en la vida política mexicana. Conviene recordar que la victoria de Fox hace casi cinco años abrió la posibilidad de dar un golpe contundente al PRI, quizá definitivo, pero el triunfador y su partido recularon ante tal idea. Al contrario, desde el inicio se incorporó a personal del viejo régimen al gabinete —notablemente en Hacienda y en la Procuraduría General de la República— y al PRI se le ofreció cogobernar “el cambio”. El resultado se ve claramente hoy: si la transición política mexicana no es otra cosa que un acuerdo entre dos partidos con el mismo proyecto para alternarse en el poder, entonces México se ha estacionado en algún punto entre el viejo autoritarismo y la democracia real.

Sector agropecuario

México, sin política de impulso a la agricultura orgánica. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

México pierde la oportunidad de obtener más divisas por las exportaciones de productos agrícolas orgánicos debido a la carencia de una política de Estado y de una legislación que fomente esa agricultura, dijo Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. México sólo destina 400 mil hectáreas para la siembra de productos orgánicos y obtiene 160 millones de dólares anuales por su venta. Hay muchas carencias para que la agricultura orgánica sea fuente de mayores ingresos para los productores, abundó el diputado. Entre los 16 países con mayor superficie destinada a la producción orgánica, México ocupa el sitio 13; la lista la encabezan Australia, con 11.3 millones de hectáreas; Argentina con 2.8, e Italia con un millón 52 mil hectáreas. Con 500 mil a 900 mil hectáreas están Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Alemania, España, Inglaterra, Chile, Francia y Canadá.

Reprueba UNICEF el trabajo infantil en campos agrícolas. (La Jornada, Alma E. Muñoz, p. web).

La representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Yoriko Yasukawa, eludió comentar sobre el empleo de menores de edad en los campos agrícolas de la empresa El Cerrito, de la familia Fox Quesada; sin embargo, externó su preocupación por que se utilicen a menores de edad en negocios familiares o de pequeña agricultura, ya que eso va en contra de la ley.

Tras la presentación del Indice de los derechos de la niñez mexicana, que permite evaluar en qué condiciones se encuentra el país en materia de respeto a las garantías de los menores de 5 años, Yasukawa no negó conocer el asunto difundido por La Jornada de que los hermanos Fox Quesada violan las garantías más elementales de sus empleados -entre ellos menores de edad-, a quienes no ofrecen seguridad social ni fondo de retiro y les imponen jornadas mayores a ocho horas en los campos de su empresa, pero ''no sería apropiado comentar sobre ese caso en particular'', respondió la funcionaria a pregunta expresa.

Yasukawa, sin embargo, sí abundó sobre el trabajo infantil y la vulnerabilidad en que se encuentran los niños jornaleros agrícolas. Recordó que recientemente el Unicef y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizaron una encuesta sobre la incorporación de menores de entre 6 y 14 años en el mercado laboral, y aunque la cifra va a la baja, se calcula que aún hay más de 3 millones de menores laborando en el sector.

''La mayoría trabaja en negocios o en pequeña agricultura familiar. No son grandes empresas que emplean a miles y miles de niños, pero aun así es una preocupación que va en contra de la ley", afirmó Yasukawa.

Manifestó que el organismo internacional colabora con diferentes instancias del gobierno mexicano sobre cómo asegurar educación para los infantes que emigran, lo cual calificó de asunto difícil.

''Uno de los temas es cómo adaptar el programa Oportunidades, para que las becas se otorguen y los niños no tengan que interrumpir su enseñanza.''

Casi de panzazo

En el Indice de los derechos de la niñez mexicana presentado ayer se afirma que, en una escala de 0 a 10, el país mejoró -al pasar de 4.68 en 1998 a 5.71 en 2003- en lo relativo a acciones para el cumplimiento de tres derechos prioritarios para quienes tienen de 0 a 5 años: a vivir, a desarrollarse saludablemente y a la educación.

No obstante, el documento también evidencia que las desigualdades sociales que prevalecen en los estados impiden que los menores de edad ejerzan sus derechos básicos de manera uniforme. Los países del norte del país son los más avanzados en la materia, contra los que tienen mayor presencia indígena.

Por ejemplo, Nuevo León obtuvo un valor de 8.10, mientras Guerrero 2.90. Lo anterior significaría, según el texto, "que, en promedio, una niña o un niño nacidos en esta última entidad tendrían proporcionalmente casi una tercera parte de las oportunidades de conservar la vida, de crecer saludablemente y de educarse durante los primeros años que unos del estado del norte''.

Al respecto, Yasukawa enfatizó que esta herramienta permitirá evaluar el avance o retroceso en las condiciones que presenta la niñez mexicana, mientras Mario Luis Fuentes, presidente del Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias, llamó a construir una red nacional que articule el cumplimiento de los derechos de la infancia porque "no es ético" que aún existan menores con desnutrición, que padecen explotación sexual o laboral o carezcan de acceso a la educación.

Organizaciones campesinas

Grupos campesinos optarán por la presión social si no se cumple el ANC. (La Jornada, Alonso Urrutia, p. web)

Si en las próximas semanas no hay avances reales que reflejen una voluntad real de hacer cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), organizaciones de este sector optarían por la vía de la movilización y la presión social para hacer efectivos los acuerdos con el gobierno, sostuvo Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, al término de un encuentro en la Secretaría de Gobernación.

En entrevista, mencionó que el gobierno federal ha optado por "mucha plática, mucho análisis y nada de resultados", pese a que está por cumplirse un año de la firma del acuerdo. Galindo advirtió que si no hay avances reales puede "haber expresiones de inconformidad social muy fuertes".

El dirigente cuestionó el hecho de que el gobierno se ampare en la controversia constitucional que interpuso contra la Cámara de Diputados por las modificaciones al paquete presupuestal para retrasar la entrega de recursos públicos a los programas del sector.

La verdad es que aquí, dijo Galindo, hasta la Suprema Corte está fallando, porque "hace cuatro meses que se presentó la controversia y siendo un tema vital para el país, la Corte se ha retrasado mucho". La Constitución dice que la justicia debe impartirse de forma expedita, y aquí resulta que el máximo tribunal está fallando y está sirviendo de pretexto para muchos funcionarios que no quieren gastar el dinero que autorizaron los diputados".

Informó que las reuniones con la Secretaría de Gobernación pretenden destrabar los obstáculos que anteponen otras dependencias para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Galindo señaló que algunas dependencias federales ejercen excesivo burocratismo para la aplicación de los programas y normas de operación, lo cual se convierte en un obstáculo para el desarrollo de los programas dirigidos al fortalecimiento del sector agrario. Esto, en los hechos, se traduce en un mensaje de que el gobierno no quiere trabajar con nosotros, y por tanto, no se pueden alcanzar los resultados derivados del ANC.

Toda esta actitud asumida por diversas dependencias puede derivar en desatar expresiones de inconformidad social muy fuertes.

Comentó que una de las primeras negociaciones con el gobierno federal se refiere a la situación de procesos judiciales en contra de dirigentes campesinos y su necesaria revisión para evitar que por las luchas sociales líderes agrarios pudieran terminar en la cárcel.

Señaló que el próximo 28 de abril, aniversario de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo es una fecha crucial para las organizaciones, porque representa un lapso en el cual el gobierno federal ha incumplido sus promesas, por lo que buscarán una estrategia de movilización y presión social para hacer valer los compromisos, hasta ahora incumplidos por el Ejecutivo federal.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Desalojo violento a OCEZ. (Cuarto Poder, Patricia de los Santos, p. web)

Policías del estado de Tabasco realizaron un desalojo violento este martes en la comunidad de Rafael Pascacio Gamboa ubicada en el municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, con el objetivo de desalojar a por lo menos 200 campesinos integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), de un predio de 750 hectáreas.

"¿Cómo es posible que la policía de Tabasco, unos 600 elementos, hayan ingresado como si nada a desalojarnos con gases, toletes, patadas, sin orden de desalojo ni cateo, y todavía llevándose a seis de nuestros compañeros?", cuestionaron pobladores del lugar.

En conferencia, Cielo Leal Pérez, vocera de la organización, informó que el predio, ahora convertido en una comunidad campesina, ha estado en posesión de los miembros de la OPEZ desde hace 20 años. "La Secretaría de la Reforma Agraria a través del cuerpo consultivo agrario dictaminó de forma positiva la posesión, pero ahora le salieron dueños de la nada y hasta nos desalojan con policía de otro estado", señaló.

El desalojo no se consumó debido a la resistencia de la comunidad, sin embargo, hubo seis detenidos, Félix López Chavarría, Miguel Pérez Gómez, Guadalupe Rodríguez de la Cruz, Antonio Cordero Salas, Leonardo Hernández Osorio y Eladio Gómez Hernández, este último, comisariado ejidal de Rafael Pascacio Gamboa.

Los seis comuneros se encuentran recluidos en el penal de Teapa, Tabasco, acusados del delito de despojo.

"Rechazamos enérgicamente el actuar del Tribunal Unitario Agrario. Primero nos da la tierra y ahora nos la quiere quitar", consideró Leal Pérez.

Finalmente dijo que la OPEZ no permitirá otro desalojo de esta naturaleza. "Es necesario que el Gobierno del Estado tome conciencia del problema de desabasto de tierras para los campesinos", concluyó. Apenas días atrás, comuneros de Venustiano Carranza repelieron el intento de desalojo de las fuerzas de seguridad chiapanecas; lo grave, es que en Ixtapangajoya, fueron policías tabasqueños los que ingresaron

DISTRITO FEDERAL

Libero Fox $130 millones para dueño de El Encino. (La Jornada, Ángel Bolaños, p. web)

Federico Escobedo Garduño, propietario del predio El Encino -por el que se originó el juicio de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador-, obtuvo de autoridades federales 130 millones de pesos en marzo de 2003 por un juicio civil que ganó tres años atrás al Infonavit y al Banco Obrero, cuyos pagos se habían detenido por una disposición del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que, como órgano liquidador de la institución crediticia, le prohibió cubrir obligaciones vencidas y transferir recursos a terceros, y decretó la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra sus bienes.

Para esa fecha la PGR ya integraba la averiguación previa contra el gobernante capitalino por desacato; un mes atrás, por instrucciones del mismo López Obrador, el GDF recuperó de manos de Escobedo el predio La Mexicana, que tenía acaparado ilegalmente, y tres meses antes, durante una gira por Tijuana, el 18 de diciembre de 2002, el presidente Vicente Fox colocó la primera piedra de un centro de convenciones propiedad del mismo empresario, obra que nunca se realizó a pesar del referido pago millonario que le hizo el gobierno federal al año siguiente.

Con dicho pago se liquidó la sentencia derivada de un juicio civil que se inició 13 años atrás, el 18 de junio de 1990, luego de que una empresa propiedad de Escobedo promovió el juicio civil contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Banco Obrero, para reclamar el pago de obras de construcción de conjuntos habitacionales en las ciudades de Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo y Taxco, en Guerrero.

Ambas dependencias federales fueron sentenciadas el 31 de marzo de 2000 a pagar a la empresa Constructores de Infraestructura Mexicana (Codimex), cuyo administrador único es Escobedo Garduño, la cantidad total de 405 millones de pesos. El fallo quedó firme luego de que ambas instancias demandadas interpusieron un recurso de apelación, pero en forma extemporánea.

La cifra original reclamada, en ese entonces en viejos pesos, era de 665 millones 166 mil 157 pesos, es decir, a pesos de hoy 665 mil 166, y aunque el monto calculado por los actuarios del juzgado por las obras y otros conceptos a nuevos pesos de hace 10 años fue de apenas 16 millones 154 mil 807 pesos, el juzgado 38 civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó el pago de daños y perjuicios "por la mora injustificada en el pago que se traduce en la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano" por un monto de 388 millones 845 mil 193 pesos.

El conflicto se derivó de la dilación en los pagos a Codimex por parte del Banco Obrero, por más de 30 contratos relacionados con la construcción de edificios habitacionales, centros comerciales, jardines de niños, urbanización e infraestructura, dado el retraso en el fin de las obras. La empresa hizo responsable al Infonavit por el envío tardío de documentos técnicos y la entrega de predios invadidos a la constructora.

Escobedo Garduño estuvo preso en el Reclusorio Norte en 1993, acusado penalmente por el Infonavit de fraude por 7 millones de pesos, derivados de deficiencias en el proceso constructivo y los materiales de una unidad, Héroes de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo.

Hasta enero de 2003, el Banco Obrero y el Infonavit habían liquidado el pago de 288 millones 274 mil 221 pesos de aquella deuda, y por determinación del IPAB, como órgano liquidador del Banco Obrero, dicha institución tenía prohibido pagar obligaciones vencidas y transferir recursos a terceros, de lo cual ya tenía conocimiento el mismo juzgado 38 de lo civil.

Sin embargo, luego de la visita del presidente Fox a Tijuana en 2002, donde se colocó la primera piedra de un centro de convenciones propiedad de Escobedo, que nunca se concluyó, Infonavit y Banco Obrero suscribieron el 4 de marzo de 2003, ante el juez 38 de lo civil, Roberto Rojo González, un convenio para dar por concluido el juicio mediante el pago al empresario de 130 millones de pesos.

En el cuestionario que el jefe de Gobierno entregó a la sección instructora de la Cámara de Diputados, el 6 de agosto del año pasado, en el contexto del juicio de desafuero -y que con el voto de los legisladores del PAN y del PRI fue desechado como prueba-, López Obrador incluyó las siguientes preguntas a Fox: "Que diga si tiene relación de amistad con el presunto dueño del terreno, Federico Escobedo; que diga si el 18 de diciembre de 2002 estuvo en Tijuana y presidió el acto de colocación de la primera piedra para la construcción de un centro de convenciones; que diga si entre sus declaraciones dijo: así que a don Federico, a cada una y a cada uno de ustedes los felicito. Hago votos por el éxito de este proyecto. Sé que tendrán éxito porque, además, lo estaremos apoyando hombro a hombro. Y mucho, pero mucho me complacería venir a inaugurarlo".

ESTADO DE MÉXICO

Ejidatarios de Chalco se enfrentan con granaderos. (La Jornada, René Ramón, p. web).

Chalco, Mex., 13 de abril. Las tierras de cultivo del pueblo La Candelaria Tlapala se convirtieron en campo de batalla por segunda ocasión en un mes, pues ejidatarios que rechazan la edificación del conjunto habitacional Los Álamos -que argumentan que les reduciría el agua a su disposición- se enfrentaron dos veces con granaderos de Seguridad Pública del estado.

Los labriegos, que el pasado 14 de marzo se liaron a golpes contra miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se llevaron la peor parte durante sus refriegas con los granaderos. Comentaron que antimotines y golpeadores de la CTM los superaron cinco a uno, y por eso optaron por replegarse luego de las riñas que entablaron a las 14:05 y a las 15 horas de este miércoles.

La empresa constructora Inmuebles de Chalco y el Grupo Sadasi, promotores de la unidad Los Álamos, recibieron todo el apoyo del gobierno mexiquense, que envió a La Candelaria a más de 800 policías armados, dos agentes del Ministerio Público, un notario, así como funcionarios de la Secretaría de Gobierno que supuestamente tenían la responsabilidad de impedir la zacapela.

Los ánimos estaban caldeados desde las 10 horas, cuando Adelfo Toledano García, dirigente estatal de la CTM, cumplió la amenaza que lanzó hace 29 días, y encabezó a unos 700 golpeadores que invadieron las tierras de cultivo del ejido.

En ese momento, los cetemistas y unos 400 policías resguardaron a los operadores de 12 retroexcavadoras, quienes reiniciaron los trabajos de introducción de la red de drenaje suspendidos tras el enfrentamiento de marzo anterior.

En aquella ocasión, la constructora debió interrumpir su obra hidráulica, que dará servicio de drenaje a las 3 mil 352 viviendas de interés social que se construyen desde hace más de un año, a un costado de la principal ruta de evacuación en caso de contingencia por la actividad del volcán Popocatépetl.

Luego de tres horas de tensión, los cetemistas Jaime Serrano Cedillo y Guillermo Olmos dijeron a los campesinos que el "pueblo tiene cabezas y líderes", y por ello actuarían conforme a derecho, sin cumplir la única solicitud de los pobladores, "que paren las máquinas e iniciamos el diálogo".

En respuesta, el grupo antimotines fue agrupado y al mismo tiempo, los más de 700 golpeadores fueron obligados a replegarse a un kilómetro de distancia, justo donde se levantan las viviendas de interés social.

GUERRERO

Los opositores de Plan de los Amates piden una audiencia al gobernador Torreblanca. (El Sur, Karina Contreras, p.web)

“Así como ya se las dio a los empresarios de Tres Vidas”, porque también ellos tienen derecho a dar su versión del conflicto, dicen

Los ejidatarios opositores a la venta del predio de Plan de los Amates pidieron una audiencia al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, “así como ya se las dio a los empresarios de Tres Vidas”, porque también ellos tienen derecho –dijeron– a dar su versión del conflicto que se ha originado por defender su tierra. “Queremos saber cuál es la posición del gobernador”.

La ejidataria Maria Luisa Ocampo Aparicio dijo que los guerrerenses, especialmente los de Plan de los Amates, cuando votaron el 6 de febrero lo hicieron por un cambio verdadero, con justicia y trato igualitario para todos. “Por eso queremos que el gobernador nos diga cuándo se va a reunir con nosotros, así como lo hizo con los empresarios”, esto de acuerdo a la información que les dio el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, el jueves pasado.

Agregó que Torreblanca Galindo les ha mandado a decir que intervendrá en el conflicto por el predio de 49 hectáreas, ubicado en la carretera a Barra Vieja, para encontrar una solución. Ocampo Aparicio señaló que si Zeferino está esperando que la empresa los desaloje, desde ahorita le decimos que “antes va haber muertos, porque no estamos dispuestos a dejar el predio”.

Se quejó de la actitud del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 41, al que acusó de venderse al mejor postor. “Nosotros no tuvimos para pagar al magistrado, pero desde ahorita decimos que si hay muertos los responsables serán las autoridades. Si nos quieren sacar, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Si está esperando (Zeferino) que se vaya el Tianguis para desalojarnos, también le decimos que no nos vamos a dejar”.

La ejidataria opositora de Plan de los Amates comentó que el TUA le informó que no les van a notificar oficialmente de la sentencia ejecutoria, y que sólo lo harán personalmente al comisariado ejidal, Martín Campos Aparicio.

Con esto, “el Tribunal nos deja en un estado de indefensión”. Dijo que no es legal la resolución dada a favor de la empresa, porque nunca fueron a medir el predio ni éste se encuentra desocupado.

Como lo dio a conocer El Sur en su nota principal de este martes, el TUA Distrito 41 elevó a sentencia ejecutoría el conflicto del predio de 49 hectáreas de Plan de los Amates, pues de acuerdo a las partes involucradas ya se habían cumplido todas las cláusulas del convenio firmado entre los ejidatarios y la empresa Tres Vidas el pasado 16 de febrero.

Irrumpen en el desfile de Tecpan campesinos de la sierra de la UNTA. (El Sur, Francisco Magaña, p. web).

Solicitan al gobernador la construcción del camino de San Luis-San Pedro-Fresno-Puerto Rico

Un contingente de aproximadamente 80 campesinos pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), irrumpieron en el desfile cívico-militar ante la sorpresa de las autoridades presentes.

Los manifestantes fueron encabezados por Pilar Campos Tapia y coordinadores regionales de la UNTA.

El contingente aprovechó un espacio para adentrarse en el desfile y sacar al instante mantas y pancartas donde exigían al gobierno del estado servicios para su comunidad, siendo la demanda principal la construcción del camino de San Luis-San Pedro-Fresno-Puerto Rico.

Los campesinos se apostaron frente al presídium para entregar a la representante del gobernador, Gloria Sierra López, un pliego petitorio.

Campos Tapia argumentó que por años el campesinado de esa sierra, la más grande del estado, tiene un camino en mal estado.

Pese a ello –dijo– se está haciendo un importante trabajo por parte de los serranos por integrarse al desarrollo, como es impulsar la producción de aguacate.

Explicó que los campesinos han reconvertido la producción de las tierras y han dejado de cultivar café en esa zona, “porque ya no es redituable para los productores”, indicó.

Insistió en que necesitan caminos en esa zona que está marginada y en la cual viven más de 15 mil personas en 80 comunidades.

Destacó que las condiciones del tramo carretero impiden la comunicación y acceso a los servicios básicos como salud, educación y el comercio de sus productos.

Ante ello informó que se organizaron en un comité de mejoramiento de la construcción de la carretera, la cual actualmente cuenta con 600 metros y denunció que la compañía constructora debe corregir algunas deficiencias.

Aseveró que la gente de la sierra nunca se manifiesta y que estaban en la espera de que se acuerden de ellos.

Su irrupción en el desfile dijo que es para llamar la atención de la ciudadanía y pedir el respaldo porque la sierra también es Tecpan. “Esto no es una protesta, es más una solicitud al gobernador, para que interceda ante la Secretaría de Transporte”.

Dijo “aquí estamos, voltéenos a ver”; las poblaciones tienes más de 150 años y no tienen un camino transitable.

En el contingente salieron a relucir algunas pancartas de rechazó al desafuero de López Obrador.

La dirigente aclaró que no son de una militancia en particular, de un partido político; “muchos del pueblo apoyan a López Obrador, es un movimiento ciudadano el que lo está apoyando”.

Campesinos de dos grupos de Atoyac toman el Ayuntamiento. (El Sur, Francisco Magaña, p.web)

Más de un centenar de campesinos tomaron el ayuntamiento en reclamo de más recursos para sus organizaciones.

Los inconformes fueron encabezados por Sabino Fierro Iturio, de la Unión de Fuerzas Campesinas y Democráticas; y Guadalupe Sánchez Aguilar, de la CNC; asesorados por el líder cenecista no oficial, Nabor Ojeda Delgado.

Ambos reclamaron que no son suficientes los recursos etiquetados para sus organizaciones, el cual según fuentes es de 200 mil pesos que se tomarán de la partida del Ramo 33.

En la tarde, los campesinos mantenían tomado el inmueble, pero dejaron salir a los empleados.

No revelaron la cantidad que exigen para poder levantar su movimiento.

Cartones