CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MARTES 12 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

 

Queda Derbez al borde 

Empata cinco veces con candidato de Chile a la OEA; deciden en mayo 

 

Impulsará EU candidatura de Derbez en OEA

Fracasa elección: empata cinco veces con Insulza

 

La economía nacional, bien administrada

Elogia políticas fiscal y monetaria el Instituto de Finanzas Internacionales

 

Desregulación y justicia, temas olvidados

Sin estos factores, el país no es competitivo para la inversión y el empleo: empresarios

 

De la Fuente: a AMLO hay que ganarle con votos

Insiste en que el desafuero es un "error político"

 

De la Fuente: el desafuero de AMLO, “error político”

Puede acarrear “consecuencias importantes”, dice el rector

 

Vetarían estatutos del PRD a López para 2006 

El artículo 14 exige, para ser aspirante de ese partido, cumplir requisitos constitucionales

 

Retomar Interés por el País, Exige IP a Políticos

Ya Resolvieron lo del Desafuero

 

PAN: Castigo por cachirules de precandidatos

Investiga la dirigencia denuncias por acarreo en afiliaciones

 

En el PRI habrá unidad si no hay trampa: Jackson

Unidad Democrática tendrá candidato en julio para enfrentarlo a Madrazo en consulta abierta

 

Narcodinero” en turismo

Reconocen funcionarios que no hay un mecanismo para evitar que ese tipo de recursos ingresen al sector

 

Sector agrario

 

Encubren en Chiapas reubicaciones pacíficas con programas de la SRA. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web).

Palenque, Chis. 11 de abril. La organización indígena Xi'Nich (Las Hormigas) dio a conocer un análisis sobre la situación jurídica de sus comunidades en la selva norte de Chiapas, donde se evidencia el empleo faccioso de la impartición de justicia en beneficio de los caciques regionales y los terratenientes.

"A lo largo de varios años, la intromisión de las diversas residencias y visitadurías de la Procuraduría Agraria ha servido para desvirtuar la información jurídica que está obligada a dar en cuanto a los derechos que nos asisten como ejidatarios", expresan los indígenas. El caso típico es la pretensión "a toda costa" de imponer el programa de certificación de derechos agrarios conocido como Procede. De acuerdo con Xi'Nich, "los funcionarios agrarios son quienes violan la ley".

El documento menciona a la comisionada especial para Chiapas de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo, quien "se ha presentado en numerosos poblados para tratar de convencer a los ejidatarios y ejidatarias de que acepten 'renovar' sus planos definitivos y demás documentación agraria. Este es el truco actualmente utilizado (por las autoridades) cuando no han podido entrar a dividir a las comunidades con el Procede".

El ardid de las demasías

Además de que la comisionada no tiene facultades para este tipo de acciones, "es aún menos válido amedrentar a los ejidos con el ardid de que 'tienen que devolver' las 'demasías' que casualmente siempre encuentra". El análisis de Xi'Nich apunta que las autoridades federales necesitan de estas "demasías" en los predios de las comunidades para efectuar "las autodenominadas 'reubicaciones pacíficas' que se están realizando en Chiapas, y que no son otra cosa que despojo y desalojo para nuestras comunidades indígenas".

Los casos recientes se relacionan con "reubicaciones" en los poblados de Montes Azules. "Otra de las prácticas recurrentes de la mencionada funcionaria", agrega el documento, "es la de mal informar a las comunidades, diciéndoles que 'tienen problemas' de linderos con otras y haciéndolas dudar de la autenticidad de la documentación agraria o judicial que en su momento les fue expedita por autoridad competente".

La organización Xi'Nich señala: "En su momento denunciamos que los llamados fideicomisos 94 y 95 no solucionaban realmente la problemática de tierra que sufrimos en el estado de Chiapas, y es ésta la hora en que se demuestra que teníamos razón, pues a pesar de haber pasado 10 años, las comunidades que entraron (entonces) al programa gubernamental en la actualidad no cuentan con certeza jurídica sobre sus tierras."

Publicidad oficial

Esto trae como consecuencia "que los modernos terratenientes se vean con grandes oportunidades para que se vuelva a acumular la tierra en manos de unos cuántos, como en los tiempos del porfiriato".

A juicio de Xi'Nich, en el campo chiapaneco no existe la "certeza jurídica agraria" tan pregonada por la publicidad gubernamental, pues se ha generado una creciente inseguridad en los derechos agrarios ejidales y comunales. "Muchas veces las instancias de administración de justicia se encargan de confundir, atemorizar y dividir a las comunidades", indican.

Tal es el caso del poblado Cuauhtémoc Cárdenas, en Palenque, donde la sentencia judicial ganada por la comunidad en primera instancia fue revertida por la corrupción de tribunales de Pichucalco. Dada la proximidad de esta comunidad con la zona arqueológica, los indígenas no descartan que detrás de la embestida judicial haya intereses turísticos, los cuales han adquirido gran preponderancia en los planes gubernamentales y empresariales, poniendo en riesgo la propiedad ejidal y comunitaria, el medio ambiente y las culturas indígenas.

 

Denuncian “coacción” para integrarse a proyectos agrarios. (La Jornada, Rosa Rojas, p. web. /Información también publicada en DiarioDF, p.8D.)

Aplicación "forzada" del Procede y Procecom

Indígenas y campesinos de 14 ejidos y organizaciones sociales de Jalisco, Michoacán y Colima exigieron que cese en forma inmediata "la ilegal imposición del Programa de Certificación de Derechos (Procede) y del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom) en comunidades de la región occidente y en todo el país", y advirtieron que en caso de que continúe la política "coactiva" de los gobiernos federal y locales para obligarlos a incorporarse a estos programas, incrementarán sus acciones de resistencia civil y acudirán a las instancias internacionales para solicitar la protección de sus derechos territoriales y autonomía.

Durante un acto en San Isidro, municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco, protestaron por la imposición de los citados programas y conmemoraron el asesinato de Emiliano Zapata, ocurrido el 10 de abril de 1919.

Los asistentes manifestaron su "profundo rechazo" a la gestión del procurador agrario, Isaías Rivera, por la "ilegal campaña que ha desatado en todo el territorio nacional para obligar la incorporación de los núcleos agrarios al Procede y su profunda parcialidad a favor de quienes han despojado el patrimonio comunal y ejidal de nuestros pueblos". Le reclamaron también haber servido de asesor de la trasnacional Nutrilite en su litigio de tierras en contra del ejido de San Isidro.

Los asistentes se congratularon en la Declaración de San Isidro, en la que la asamblea general de ejidatarios de esta comunidad determinó rechazar la aplicación del Procede en las tierras de su ejido, y exigieron a la Procuraduría Agraria respeto absoluto a esta decisión.

Los asistentes reafirmaron su convicción en defensa de las tierras, montes y aguas de sus comunidades y criticaron las políticas neoliberales que impulsa el gobierno, que en "complicidad con los grandes capitales", han provocado en los últimos 20 años destrucción en las comunidades y territorios, migración forzada de familias a las ciudades o al extranjero y el deterioro de la economía campesina.

Subrayaron que las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, así como la aplicación del Procede y Procecom, "no tienen otro fin que la privatización de las tierras ejidales y comunales, así como la apropiación de nuestros recursos naturales a favor de las grandes empresas".

Insistieron en que estas políticas antiagrarias han provocado que sus milpas estén siendo contaminadas con maíces transgénicos, mientras que el agua y los recursos naturales que conforman el patrimonio de sus comunidades y de la nación están pasando a manos de unas cuantas personas,

Exigieron el cese del condicionamiento de los subsidios gubernamentales a la "forzada" incorporación a los programas de certificación. Indicaron que en comunidades de Cuzalapa, Ayotitlán y San Andrés Cohamiata, Jalisco, el Procede se aplicó violando las leyes federales.

 

Ejidatarios piden que les entreguen sus tierras. (El Debate (Sinaloa), Francisco Castro, p. web).

Gallo de limones. Ganan juicios agrarios

Aunque la resolución de unos juicios de garantía favorece a los ejidatarios del ejido Gallo de Limones respecto a la propiedad de 82-76-07-00 hectáreas de tierra, el Tribunal Unitario no los ha ejecutado para darle validez legal en todos sus términos.

Al respecto la Procuraduría Agraria solicitará al Tribunal Unitario que dé la resolución a la brevedad posible para evitar altercados.

Alrededor de 30 ejidatarios estuvieron ayer desde temprana hora apostados en las tierras pidiendo la presencia de la autoridad responsable para que ejecutara dicha resolución.

Algunos productores argumentaron que su presencia también era para evitar que se siguieran usando las tierras del ejido.

Cuestión legal.

Jorge Pacheco Rivera, residente de la Procuraduría Agraria en Guasave, explicó que efectivamente los juicios de garantía fueron interpuestos por parte del ejido Gallo de Limones para efectos agrarios en contra de Cristina López de Rosas.

"Legalmente la tierra es del ejido, lo único que resta para darle cabida jurídica es que se solicite la ejecución al Tribunal Superior para que a través del Unitario el magistrado Andrés Islas mande cumplir total y legalmente en todos sus términos la resolución."

Dijo que entrarán en contacto con el comisariado del ejido para ver si requieren apoyo de parte de la Procuraduría Agraria y ver que se cumplan todos los términos de forma legal.

El licenciado y ejidatario Victoriano Orozco pidió cumplir la resolución en forma pronta y expedita para evitar que se siga sembrando en las tierras, y solucionar un problema que tiene más de 30 años.

 

Golpean a subdelegado de la Procuraduría Agraria. (El Debate (Sinaloa), Francisco Castro, p. web).

En Oaxaca, el subdelegado de la Procuraduría Agraria, Octavio Rojas Vásquez y el presiente de bienes comunales, Juan López Baylón fueron retenidos dentro del palacio municipal de San Blas Atempa – localizado en la región del istmo de Tehuantepec-, donde pretendían ser linchados por un grupo de personas encabezadas por el ex presidente del Comité  Municipal del Partido de la Revolución Democrática en la localidad, Félix Molina.

Los inconformes demandaban la destitución del presiente de bienes comunales, así como la solución del conflicto poselectoral que se vive en esa localidad desde el pasado 1 de enero.

El funcionario federal y municipal fueron llevados a golpes a la explanada de la alcaldía, donde hubo quien propuso su linchamiento, lo que no fue escuchado por los inconformes.

En entrevista, el subsecretario de gobierno, Joaquín Rodríguez reconoció que la oportuna intervención del delegado de gobierno de la zona logró calmar los ánimos entre los pobladores, quienes después optaron por poner en libertad a ambos funcionarios.

Reconoció que en San Blas Atempa prevalece un gobierno paralelo al constitucionalmente electo, que impide el acceso a cualquier funcionario del gobierno.

Aseguró que a través de una mesa de negociación política, se busca convocar a las partes inmersas en el conflicto a fin de recobrar la gobernabilidad perdida en la localidad.

 

El Tribunal eleva a “sentencia ejecutoria”, su resolución sobre conflicto. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

Tres Vidas, propietaria legal del predio de Plan de los Amates, determina el TUA

 Paga la empresa a ejidatarios 80 millones de pesos por un terreno de 49 hectáreas, ubicado en la Zona Diamante. Termina una disputa de 11 años.

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 41, por conducto del magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, elevó a “sentencia ejecutoria” la resolución del conflicto entre las autoridades ejidales de Plan de Los Amates y la empresa de Tres Vidas en la Playa, para la venta de un predio de 49 hectáreas en 80 millones de pesos, porque de acuerdo a los involucrados, las condiciones del convenio, en todas sus cláusulas, especialmente en la quinta, “fueron satisfechas”; es decir, el TUA ha cerrado el caso.

De esta manera, el conflicto que duró 11 años terminó, luego de que las partes involucradas firmaron un convenio “de amigable composición”, donde participaron autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con la información proporcionada por algunos ejidatarios opositores, el dinero ya fue entregado por el TUA al comisariado ejidal, Martín Campos Aparicio, quien ayer mismo inició el pago de 500 mil pesos para cada uno de los 113 ejidatarios, aunque la misma fuente comentó que los opositores no lo aceptaron.

Trascendió también que Campos Aparicio y los empresarios acudieron al TUA la semana pasada, para informar a Lara Orozco que las condiciones del convenio en todas sus cláusulas, especialmente en la quinta, “fueron satisfechas”.

Una de los incisos de la cláusula quinta, la más importante para elevar el conflicto a sentencia para considerarlo cosa juzgada, del convenio firmado entre los ejidatarios y la empresa Tres Vidas, señala que el dinero será entregado por el TUA al ejido, por conducto del comisario ejidal. “Únicamente cuando se hayan suscitado todos y cada uno de los siguientes hechos y actos”.

Enseguida, en el mismo documento se precisa en qué consisten esos requisitos.

En el primer inciso se habla de que el convenio sería ratificado en el TUA, lo cual sucedió el 26 de febrero; posteriormente se formó una cuadrilla integrada por representantes del ejido, de las empresas, del gobierno del Estado y del TUA, “para que recorran los linderos del predio cuya titularidad se reconoce a favor de las empresas propietarias”, el cual también –al parecer– fue cumplido.

Pero hasta la noche de ayer los ejidatarios opositores permanecían en el predio, por lo cual, hasta el momento no se ha cumplido la condición de que el “ejido reintegre de forma plena y pacifica la posesión material y absoluta de sus predios a las empresas propietarias, teniendo como referencia el plano de ocupación, y que las cercas colocadas en éstos sean removidas hasta el lindero físico que determine la comisión”.

Además, el ejido deberá haber removido de dichos predios cualquier construcción, edificación o construcción, que hayan realizado cualquiera de sus integrantes para entregarlos a las empresas propietarias.

El pasado 18 de marzo, el TUA resolvió que el convenio firmado el 16 de febrero de este año, entre las autoridades ejidales de Plan de Los Amates y la empresa de Tres Vidas en la Playa, para la venta de un predio de 49 hectáreas en 80 millones de pesos, “se encuentra apegado a derecho y es sustentable de surtir plenos efectos jurídicos entre las partes que en él intervienen”.

La resolución en dos puntos del magistrado Lara Orozco –de la cual tiene una copia El Sur–, fue dada a conocer a las partes interesadas, luego de que este Tribunal rechazó la inconformidad que interpusieron los opositores a la venta del predio, ubicado en la zona Diamante, en la carretera a Barra Vieja, “por carecer de sustento jurídico”.

En el segundo punto de su resolución, Lara Orozco precisa que, “toda vez que el convenio de referencia, en su cláusula quinta, condiciona a que previamente a su consumación se lleven a cabo los trabajos técnicos de medición, y los administrativos de inscripción y registro para que el mismo surta plenos efectos jurídicos y pueda ser elevado a la categoría de sentencia, esta magistratura determina autorizar la constitución de la comisión que se formará con representantes del ejido, de las empresas, del gobierno del Estado y del Tribunal”.

Una vez cumplidos esos requisitos, “el Tribunal procederá a elevar el mismo a la categoría de sentencia ejecutoriada y considerarlo como cosa juzgada”.

El “convenio de transacción” del predio de Plan de los Amates, fue firmado el 16 de febrero de 2005, por las autoridades ejidales de esa comunidad, encabezadas por el presidente, Martín Campos Aparicio; el secretario Daniel Colón García; el tesorero, Noel Galeana Campos y por el consejo de Vigilancia, representado por Álvaro Campos González.

Por parte de las empresas Tres Vidas, Residencial Tres Vidas, Promotora Vacacional del Pacífico y hotel Tres Vidas, firmó Ángel Mario de la Garza Gutiérrez; por las empresas propietarias de Desarrollo Turístico de Guerrero y Promotora Turística de Guerrero, José Mauro Garza Fernández; por la empresa codemandada, Diamante Desarrollos, Lauro Cavazos de la Garza.

Por la Procuraduría Agraria, firmó su representante, Ofelia Palacios Rayo. Por el gobierno del Estado, firmaron los entonces funcionarios, el procurador General de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero, el secretario de Gobierno, Luis León Aponte y el director de la Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro.

Finalmente, por el Ayuntamiento firmaron el secretario General, Francisco Larequí Radilla, el síndico Marcial Rodríguez Saldaña y el secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez.

Como testigos de honor, firmaron el convenio el gobernador René Juárez Cisneros y el alcalde Alberto López Rosas.

Las cláusulas del convenio

El convenio, elevado a “sentencia ejecutoria”, en el que se establece que el ejido renuncia al predio a cambio de 80 millones de pesos, consta de 17 cláusulas que debían cumplirse por las partes involucradas. Aquí se dan a conocer una de las más importantes:

En la primera, se especifica que el “ejido reconoce que las empresas propietarias son legítimas propietarias y poseedoras originarias de las superficies de terreno que amparan  sus respectivas escrituras de propiedad (...) Por ende, el ejido reconoce que dichas superficies de terreno no forman parte del ejido y no tienen naturaleza agraria, sino que constituyen y están sujetas exclusivamente al régimen de propiedad privada”.

Añade que mediante la celebración del convenio, “el ejido reintegra de forma voluntaria a todas y cada una de las empresas propietarias, la posesión material y absoluta de todos los terrenos que hasta esta fecha se encuentran ocupados por los integrantes del ejido, y garantiza a las empresas propietarias la posesión pacifica de sus inmuebles”.

La segunda cláusula del convenio entre el ejido de Plan de los Amates y la empresa Tres Vidas, señala que “como compensación por tal reconocimiento de propiedad privada, delimitación de linderos y colindancias definitivos e inamovibles, renuncia de derechos y la restitución absoluta en la posesión material y dominio de los inmuebles descritos en este convenio, las empresas propietarias otorgan en forma conjunta a favor del ejido la cantidad de 72 millones 220 mil pesos”.

Se precisa que dicha cantidad será depositada en la misma fecha ante el Tribunal Agrario, el que entregará al comisariado ejidal, para que éste a su vez entregue las cantidades que les correspondan a los ejidatarios.

La tercera cláusula señala que el estado de Guerrero, por conducto de Protur, deposita la cantidad de 7 millones 780 mil pesos, “como apoyo institucional para resolver en forma definitiva su conflicto agrario con las empresas propietarias; es decir, con esta cantidad se completan los 80 millones ofrecidos a los ejidatarios.

En la cuarta, las autoridades municipales de Acapulco y el Consejo Municipal de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo de Acapulco, acordaron que “por conducto de la Secretaría de Finanzas se emitan a favor de las empresas propietarias, vales de depósito en garantía hasta por la cantidad de 2 millones 875 mil pesos, como aportación en la solución de éste conflicto”.

La cláusula quinta, la más importante, porque una vez resuelta elevaría el conflicto a “sentencia ejecutoria”, dice, que las cantidades relacionadas en las cláusulas segunda y tercera serán entregadas por el TUA al ejido por conducto del comisario ejidal, “únicamente cuando se hayan suscitado todos y cada uno de los siguientes hechos y actos:

a) Que se ratifique el presente convenio ante el TUA por las partes que en él intervinieron.

b) Que se haya formado una comisión o cuadrilla integrada por representantes del ejido, de las empresas propietarias, del gobierno del Estado y del TUA, para que recorran los linderos de los predios cuya titularidad se reconoce a favor de las empresas.

c) Que el ejido reintegre de forma plena y pacifica la posesión material y absoluta de sus predios a las empresas propietarias, teniendo como referencia el plano de ocupación y, en su caso, las cercas colocadas en éstos sean removidas hasta el lindero físico que determine la comisión. Para esta fecha, el ejido deberá haber removido de dichos predios, cualquier obstrucción, edificación o construcción que hayan realizado cualquiera de sus integrantes y deberán entregarlos a las empresas propietarias.

Se agrega que la empresas propietarias entregaran a los representantes del ejido los desistimientos correspondientes a las instancias legales iniciadas en contra del ejido y de sus miembros y que lo mismo deberá hacer el Ejido.

d) Que la comisión elabore los planos definitivos en los que se establezca la ubicación de los inmuebles propiedad de las empresas y la colindancia de dichos inmuebles con el ejido.

e) Que el Tribunal apruebe los trabajos técnicos y los planos definitivos que se realicen por la comisión y autorice en forma definitiva el presente convenio, elevándolo a categoría de cosa juzgada.

En la cláusula sexta, se explica cómo la autoridad ejidal va a entregar el dinero a los ejidatarios de Plan de los Amates.

En el resto, de un total de 17 cláusulas, sólo se detalla la formalidad del convenio.

Desecharon los argumentos de los opositores a la venta

En su resolución, el magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, explica ampliamente porqué fueron desechados los argumentos de los opositores.

El principal argumento de las inconformidades del grupo de ejidatarios de Plan de los Amates, consiste en que consideran que el precio acordado (80 millones de pesos) es muy bajo. Asimismo, desconocen a sus autoridades ejidales.

Sobre este punto, Lara Orozco señala que “es infundada esa apreciación, porque no se debe olvidar que el convenio no es un contrato de compra-venta, sino un acuerdo de voluntades celebrado entre las personas morales involucradas”.

Sobre el desconocimiento de los opositores de las autoridades ejidales, Lara Orozco precisa que “no tiene ninguna relevancia jurídica en el presente asunto”, pues si no estaban de acuerdo debieron haber interpuesto el juicio de nulidad de acta de elección, en caso de existir alguna anomalía o irregularidad en el nombramiento de comisariado ejidal, “lo cual no hicieron.

“El argumento resulta a todas luces infundado para pretender con él desconocer los acuerdos que emita el máximo órgano interno del ejido que por ley, debe recordarse, son obligatorios para los ausentes y disidentes”.

Finalmente, el magistrado del TUA manifiesta que la asamblea del 10 de febrero “se encontró apegada a las disposiciones previstas por los artículos 25 al 27 de la Ley Agraria, por lo que se determina que todos los argumentos hechos por los opositores son, a todas luces, infundados”.

 

La Voz de Xicoténcatl. (La Crisis, Leonardo Rosas, p. web).

El jueves 14 de abril está programada en el Senado una reunión de la Comisión de la Reforma Agraria, que preside la senadora Arely Madrid Tovilla, PRI, con el secretario del ramo, Florencio Salazar Adame, con objeto de abordar temas relacionados con el sector.

 

Exigen campesinos cumplir con acuerdo. (Reforma, Érika López, p. web. /Información también publicada en Unomásuno, p.9).

Alrededor de 3 mil campesinos marcharon ayer del zócalo a las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Reforma Agraria y Agricultura, en donde establecieron plantones permanentes para exigir a las autoridades que por fin cumplan las promesas del Acuerdo Nacional para el Campo.

El Acuerdo  fue suscrito hace dos años, el 28 de abril y de acuerdo a organizaciones campesinas, el Gobierno Federal no ha cumplido con sus compromisos.

 

Movilizaciones campesinas ante dependencias federales. (La Jornada, Pie de Foto, p. web).

Organizaciones campesinas se manifestaron ayer en dependencias federales, como SRA, Sedeso y Gobernación, en la ciudad de México, para exigir la liberación de presos políticos, presentación de desaparecidos y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

 

Retan a la ANPAP a rescatar el campo. (Tribuna de Sonora,  Juan Barragán, p. web)

“No es que no sea bueno el proyecto de la CNC para rescatar la tierra rentada, sino que sería más correcto sin siglas partidistas de cómo rescatáramos el campo; por eso reto a todas las organizaciones campesinas a hacer un frente común”, dijo Salvador Palomares Lara.

El presidente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros señaló lo anterior, poniendo como prueba a las tierras de los ejidatarios de La Carabina, ya que por razones de interés particular tratan de finiquitar a los campesinos, con un precio injusto.

Las personas con recursos y despachos técnicos, con el apoyo de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, los líderes campesinos y de los Comisariados Ejidales (no todos), han propiciado que los terratenientes se queden nuevamente con grandes extensiones de tierra, agrega.

Palomares Lara continuó señalando que, no sólo el caso del ejido La Carabina es el único ejemplo, puesto que en la misma tesitura están todos los terrenos aledaños a la famosa “Escalera Náutica”, donde va a pasar por centros turísticos, entre otros casos.

Al referirse a la tierra de los campesinos, recordó que el general Lázaro Cárdenas en 1936, dio inicio al reparto agrario, donde les dio un derecho de posesión a los campesinos, mientras hoy, la tierra la están recuperando los latifundistas por otros medios”.

Por eso, dijo, “yo reto a las organizaciones campesinas, sin vestiduras partidistas, se unan, no importando si es la CNC, la URESCO, la ANAPAP, la UGOCP, la CCI, la UNORCA, CCC, la Antorcha Campesina, entre otras, para que hagan valer el derecho de asociación y rescatemos al campo”.

“No con declaraciones, sino con proyectos y peticiones formales a la Cámara de Diputados es como vamos a salir adelante”.

Finalizó explicando que en su opinión, para rescatar el campo se requiere una convocatoria a todas las organizaciones campesinas a través de foros abiertos, luego una propuesta a los legisladores para que sea elevada a rango de ley y sean aplicados los recursos de manera equitativa.

 

Exige UNTA regularización de tierras y del transporte. (Cambio de Michoacán, Gema Reyes, p. web)

Busca que se firmen acuerdos productivos que favorezcan a habitantes de Coeneo, Maravatío, La Cañada de los Once Pueblos y de Morelia

Con un recorrido por diversas dependencias estatales, aproximadamente 200 integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Morelia (UNTA) se manifestaron ayer para dar a conocer sus demandas como apoyos al campo, regularización de tierras y terrenos, así como unidades del transporte.

Con mantas y pancartas en mano, el contingente partió del Monumento al Pipila hacia Palacio de Gobierno, para continuar su recorrido hacia el Congreso del Estado y finalizar en la Secretaría de la Reforma Agraria; en todas las dependencias los manifestantes fueron recibidos.

Salvador Alcalá Tinoco, coordinador del Frente del Transportistas de la UNTA, explicó que esta organización busca que se firmen acuerdos productivos que favorezcan a los habitantes de Coeneo, Maravatío La Cañada de los Once Pueblos y de Morelia.

"Nuestras demandas son para varios sectores como el agrícola, ya que la gente necesita que se aprueben varios proyectos productivos, como ocurre en el área de cultivo como es de jitomate y hortalizas; en el sector de la pesca queremos que se nos apoye para el establecimiento de algunas granjas de trucha arco iris, así como con maquinaria para el trabajo en el campo.

"Otra de nuestras peticiones es la regularización de tierras y terrenos en la colonia La Esperanza de esta ciudad, ya que los habitantes del lugar se encuentran con la incertidumbre por no contar con la documentación que valide que son dueños de los mismos".

 

Pretenden intimidar a ejidatarios de La Joya. (El Sol de Zacatecas, OEM, p. web).

TORREON, Coah.- Por ejercitar un derecho constitucional, se pretende intimidar a los ejidatarios de La Joya con una denuncia penal presentada por Federico Obeso Gutiérrez de Obeso Construcciones, S.A. de C.V., por la demanda de amparo en contra de Megabastos La Joya de la que forma parte Obeso, declararon los abogados Jorge Zarzosa Garza y Guillermo Talamantes Sánchez.

Los integrantes del despacho "Zarzosa, Talamantes y Asociados" precisaron que tienen conocimiento que se pretende intimidar a los ejidatarios con una denuncia presentada por Obeso, tercero perjudicado, en contra del ejidatario Jesús Gurrola Muñoz, quien firmó la demanda inicial de amparo contra Megabastos La Joya, mediante la cual reclaman 145 hectáreas del ejido donde se proyecta o proyectaba construir el Megabastos La Joya.

Puntualizaron que ante esa situación, los 270 ejidatarios tomarán una serie de acciones legales por la agresión en contra de los ejidatarios.

Consideraron que la denuncia penal en contra del ejidatario Jesús Gurrola Muñoz es porque ni Obeso Construcciones, S.A. de C.V., y Desarrollos Habitacionales México, S.A. de C.V., representadas por Federico Obeso Gutiérrez y Ricardo Santibáñez García, promotores del proyecto, ni Coproder, han podido detener el juicio de amparo en el cual lo que han obtenido son reveses.

Zarzosa Garza y Talamantes Sánchez precisaron que la acción intimidatoria de los inversionistas de Megabastos La Joya es en respuesta al reciente y fuerte revés en su contra luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito dio a conocer que desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por Obeso Construcciones, S.A. de C.V., y Desarrollos Habitacionales México, S.A. de C.V., en contra de la ampliación de la demanda inicial de amparo del núcleo ejidal La Joya mediante el cual a diversas autoridades se les reclama actos relacionados a la expropiación de 145 hectáreas del ejido donde se proyecta o se proyectaba construir el Megabastos La Joya.

Reiteraron que con esa queja, Obeso Construcciones y Desarrollos Habitacionales intentaron detener que continúe el juicio de amparo, "pero al no lograrlo quieren intimidar con una denuncia penal".

Establecieron que primero fue el Coproder, en calidad de tercero perjudicado, el que intentó detener el juicio de amparo al interponer un recurso de queja en contra de la ampliación de la demanda inicial de amparo, firmada por el ejidatario Jesús Gurrola Muñoz, en representación sustituta del núcleo ejidal La Joya. "Primero fue el Coproder y luego Obeso y Santibáñez pero fracasaron en su intento y ahora viene la denuncia penal", declararon.

Los abogados reiteraron que el recurso de queja es en contra de la ampliación de la demanda de amparo en el que se señalaron como nuevas autoridades responsables al secretario de la Reforma Agraria, al comisionado de la Coordinación Agraria en el Estado de Coahuila de la Secretaría de la Reforma Agraria, al Ayuntamiento de Torreón, al Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, al director del Registro Público de la Propiedad de Torreón, así como al delegado estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Coahuila.

Insistieron en que con la ampliación de la demanda de amparo probarán fehacientemente que hubo graves actos ilegales y anticonstitucionales en la expropiación del 145 hectáreas del ejido y que por ello esa expropiación debe quedar sin efecto.

Los abogados dijeron que la denuncia penal es también una respuesta que ha quedado al descubierto que Obeso hizo contratos con el municipio antes de que se realizara la expropiación de las 2145 hectáreas, con lo que se demuestra que la expropiación fue ilegal.

Advirtieron que no se intimidarán con esta denuncia penal y que actuarán legalmente en consecuencia para defender a los 270 ejidatarios de La Joya.

 

Rompen con viejos esquemas del agro. (El Siglo de Durango, Héctor Hernández, p. web)

Los viveros del ejido Gabino Santillán empezaron a rendir frutos: tres toneladas en una superficie muy reducida que reditúa buenas utilidades para los campesinos.

GABINO SANTILLÁN, DGO.- Como resultado de un largo periodo de trabajo, los campesinos lograron concretar el proyecto de invernaderos para producir hortalizas, rompiendo con viejos esquemas y llenar el vacío existente en el fomento para el desarrollo rural.

Los campesinos que integran la sociedad “El Refugio de los Nietos de Gabino Santillán” consideran que “para resolver la problemática del campo no es suficiente hablar de políticas agropecuarias, sino llevarlas a los hechos, con asesoría técnica y subsidios, los cuales permiten participar eficientemente en una economía de mercados”.

Surgen como un modelo de sociedad en el sector primario, sin cruzarse de brazos para esperar los cambios prometidos por el Gobierno, pues la transformación depende en gran parte de los productores; así lo manifiesta Manuel Núñez Moreno, al dar a conocer los primeros resultados.

ACCIÓN, PALABRA MÁGICA

Hace dos años –2003- concibieron el proyecto de producir hortalizas en invernaderos, impulsados por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, entonces a cargo del actual diputado federal Fernando Ulises Adame de León. En 2004 iniciaron la sociedad entre 17 campesinos de El Refugio, todos descendientes del luchador social Gabino Santillán.

Para hacer realidad el proyecto, los campesinos recibieron el respaldo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de 500 mil pesos a través del programa Alianza para el Campo; sumaron otros 550 mil pesos que les adeudaba la Secretaría de la Reforma Agraria por derechos de tierra. Los productores aportaron 600 mil pesos en mano de obra, equipo y la tierra.

Cuentan con tres naves, donde ya tienen resultados que prácticamente son para recuperar la inversión, pero es buena, dijo Núñez Moreno al señalar que el ciclo pasado cosecharon 1.8 toneladas de tomate, una tonelada de nopal verdulero y cilantro, así como otros productos; además, tienen rentada una superficie a los productores de Poanas para plántula de chile.

 

Los campesinos, hartos. (Yucatán. com, p. web).

Piden los títulos de propiedad de nueve poblaciones sureñas

CAMPECHE.— Unas 200 personas del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez) llegaron ayer a esta capital para exigir ante el Palacio Federal una solución definitiva a sus problemas de tierra y vivienda en ejidos de Candelaria y Carmen.

Los quejosos advirtieron que están dispuestos a todo para ser escuchados y atendidos. “Si quieren un Chiapas en Campeche para que nos hagan caso, estamos dispuestos a ello, a ver si así el Gobierno Federal nos atiende y regulariza las tierras”, dice su líder, Luis Antonio Che Ku.

Los campesinos llegaron en 15 camiones y camionetas, recorrieron calles de la ciudad con un monigote atado a una cruz de madera —“símbolo de la crucifixión y el sacrificio de los campesinos por las políticas erróneas de los gobiernos”— y, al llegar al Palacio, anunciaron que lo quemarían. Sin embargo, desistieron porque funcionarios federales salieron a atenderlos.

Los quejosos exigieron la presencia del alcalde de Candelaria, Antonio Piedra Castro, lo que fue imposible por la distancia.

Su principal demanda es la regularización de nueve comunidades que están en terrenos de la ampliación forestal del ejido Pomuch, que ocupan desde hace más de 10 años.

 “No tenemos seguridad jurídica, nos han hecho dar un sinfín de vueltas, hemos firmado cientos de acuerdos y minutas, nos dicen que en unos días se resuelve el problema, pero ya llevamos así más de siete años y cada vez que venimos, nos hacer dar más vueltas”, recuerda Gerónimo Arriaga, uno de los ejidatarios.

 “Hemos puesto de nuestra parte pero ya nos hartamos y, molestos, no sabemos qué pueda pasar”.

En reunión en el patio central del Palacio Federal, los ejidatarios colocaron un escritorio y un equipo de sonido y dialogaron airadamente con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Sedesol y del Invicam.

Con el monigote en medio de la mesa de diálogo, los campesinos exigieron la expropiación de las tierras donde están asentados para recibir títulos de propiedad.

Un representante de la SRA les dijo que para la expropiación debe haber un acuerdo entre los invasores y los dueños de esa ampliación forestal. De inmediato, un arriero le replicó que ya está listo el acuerdo.

Che Ku tomó el micrófono y dijo que en el documento de constitución del municipio de Candelaria aparecen esas nueve comunidades como ejidos. “Por ello no vemos por qué se nos niegan los títulos de propiedad, si estamos legalmente reconocidos en ese documento. En estas comunidades hay inversiones estatales, federales y municipales, pero se nos niegan los títulos de propiedad”.

Pidió una reordenación territorial para destrabar también el problema de los ejidatarios de Juan de la Cabada Vera, donde “sigue el arribo de campesinos de Veracruz y Tabasco, pero no podemos sacarlos mientras no tengamos la legalidad de los lotes”.

Para marcharse también piden programas de vivienda, apoyo a los campesinos de la tercera edad, empleo temporal, servicios a zonas marginadas, Procampo alterno y Alianza Contigo 2005.

 

Día de manifestaciones en la Zona Huasteca. (Pulso de San Luis, Maritza Villegas, p. web)

Organismos sociales protestan por falta de atención a sus carencias

Toma de presidencias municipales, marchas y manifestaciones se presentaron ayer en la Huasteca potosina, diversos organismos sociales se quejaron contra algunos niveles de gobierno de no dar respuesta a sus solicitudes de vivienda, agua y tenencia de la tierra, entre otras cosas, como ya es costumbre paralizaron oficinas administrativas y el tránsito vehicular.

Desde temprana hora, la Huasteca se cimbró por las movilizaciones campesinas, los municipios de Aquismón, Tamuín, Ébano y Ciudad Valles fueron presas de estas acciones de los grupos campesinos que señalaban no ser atendidos en sus demandas.

En Tamuín, un contingente de aproximadamente 30 personas se presentaron en la alcaldía para instalar una manta y expresar su descontento contra la Comisión Nacional del Agua por no instalar una tubería completa que forma parte del proyecto hidráulico “El Peñón”, que está haciendo falta para que les llegue agua a sus comunidades. Además se manifestaron contra Héctor Cuéllar, propietario del terreno por el que pasa la tubería, al dificultar la conclusión de la obra.

En este caso, las autoridades han señalado que este proyecto hidráulico no es factible y que el que se pondrá en marcha es el llamado “Provenir”, por lo que no están conformes los grupos.

Margarito Rodríguez y Ceferino Martínez a nombre de sus compañeros, exigieron al Gobierno estatal y municipal se ponga orden en esta situación y se concluya esta obra, si no habrán de radicalizar sus acciones.

En Aquismón, miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se apostaron en las afueras de la alcaldía con su dirigente Apolinar Nazaria para quejarse de la falta de apoyo a la vivienda y al campo.

Pidieron que se inscriba a más personas en el Seguro Popular, al igual que el otro grupo sólo permanecieron unas horas y se retiraron.

En Ébano, Gregorio Pérez con 40 gentes del poblado Ponciano Arriaga se plantaron en la explanada en las afueras de la Presidencia Municipal para continuar solicitando al alcalde Alejandro Nápoles Elizarraras, que reinstale al ex delegado Alfredo Villarreal en su cargo, del cual dijeron, fue destituido de manera arbitraria hace algunos días.

El Edil no ha dado ninguna respuesta a su solicitudes, ellos se mantienen de manera pacífica afuera de la presidencia, pero persiste el rumor de que tomarán las instalaciones.

En Ciudad Valles, cerca de 150 personas de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Jacinto López AC (UGOCEM) venían de Ébano y de otros municipios, marcharon por todo el bulevar México-Laredo hasta llegar a la Coordinación de Gobierno, causando malestar entre los automovilistas, sobre todo en el transporte, que intentaban llegar a sus destinos pero quedaron atrapados en la marcha.

Los pasajeros inconformes se quejaron ante este medio por las acciones de los lugareños que no les importó paralizar por varios minutos las calles, que pasaron calores intensos de 41 grados a la intemperie, en espera que les dieran permiso de seguir su camino.

Al llegar a la Coordinación de Gobierno se apostaron a las puertas de la misma, Jacinto Procopio su dirigente, manifestó que esta movilización se debía a que el Gobernador y el secretario general Alfonso Castillo Machuca, no han cumplido con sus peticiones de ingresar al proyecto de vivienda y dar apoyo al campo.

Dijo que había el acuerdo que en 15 días se reunirían de nuevo para hacer mesas de trabajo con la Secretaría de la Reforma Agraria y demás dependencias, para ver esta situación, pero hasta el momento no hay respuesta positiva.

Se entrevistaron con César Augusto Contreras Malibrán, titular de esa dependencia, quien les prometió una audiencia con el gobernador del gstado para que expusieran sus peticiones.

Contreras indicó que pese a las manifestaciones, la región se mantiene tranquila a excepción de Ébano.

 

Lermeros se oponen a la venta de terrenos. (Tribuna de Campeche, p. web).

Alrededor de 13 ejidatarios de Lerma se oponen a que su comisario ejidal Arcadio Asunción Aké Pech, venda sus terrenos de más de dos mil hectáreas y que pasen a manos de la iniciativa privada, ya que les quitarían su fuente de trabajo, afirmó el presidente de Agricultores de Lerma, Pedro Celestino May Can.

Entrevistado en las puertas del Palacio Federal, donde los campesinos que encabeza Luis Antonio Che Cu le impidieron la entrada, pues ayer tomaron el inmueble por más de cuatro horas, el dirigente manifestó que el motivo de su llegada al Palacio Federal, fue para estar presente en un juicio que se llevaría a cabo en el Tribunal Agrario, donde se encuentran involucrados 13 ejidatarios de Lerma, quienes se oponen a vender más de dos mil hectáreas de terrenos.

Sin embargo, dijo que no pudo estar presente en la audiencia que se celebraría en el Tribunal Agrario a las 14:00 horas de ayer, ya que se lo impidieron los campesinos que encabeza Luis Antonio Che Cu, quien realizó un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social federal, supuestamente también por problemas de tierras.

Mientras tanto, muchas personas no pudieron realizar sus gestiones en las diversas oficinas federales y estatales que se encuentran en el Palacio Federal.

May Can dijo ser uno de los afectados del movimiento de ayer promovido por Che Cu, ya que al no poder estar presente en la audiencia que se celebraría en el Tribunal Agrario, hay el riesgo de que se pierdan más de dos mil hectáreas, que están en litigio entre 13 ejidatarios de Lerma y el comisario ejidal de ese lugar Arcadio Asunción Aké Pech, quien se ha empeñado en vender los terrenos a la iniciativa privada.

Explicó que las dos mil hectáreas se encuentran entre Xpicob y Ensenada, en donde los 13 ejidatarios no permitirán que se vendan estos terrenos, ya que temen que les pase como a los ejidatarios de Pich, a quienes después de quitarle sus derechos agrarios pasaron a ser esclavos de los nuevos terratenientes de ese lugar.

Responsabilizó al comisario ejidal de Lerma, Asunción Aké Pech, de quererlos despojar de sus tierras, por lo que lucharán hasta lo último para no pasar de dueños a unos simples trabajadores, señaló.

PIDEN MAYOR VIGILANCIA

Vecinos de Lerma exigieron que se redoblen las acciones de vigilancia en este poblado para evitar otro crimen como el que ocurrió ayer en el Refugio Pesquero de Kila, en que un joven vigilante fue ultimado por dos pescadores.

Refugio Cáceres Tzec, Rogelio López, Alejandro Tzec F. y seis personas más que acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para saber si consignaban a los presuntos asesinos, reconocieron la labor de la Policía Ministerial "porque los capturaron, pero esto no es suficiente, hace falta vigilancia".

Coincidieron en que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debería incrementar el número de patrullas en el poblado, principalmente los fines de semana porque "corre el alcohol y medio mundo anda borracho, y por ello hay más delitos".

 

Sector agropecuario

 

En el abandono gubernamental, 5 escuelas superiores agrarias. (La Jornada, Javier Salinas, p. web).

Texcoco, Mex., 11 de abril. Las universidades de Chapingo, Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el Colegio de Posgraduados (Colpos), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y el Colegio Superior Agropecuario de Guerrero exigieron al gobierno federal un incremento "urgente" a su presupuesto anual, ya que se les ha mantenido en el "olvido durante años".

Los rectores y directores de dichas instituciones señalaron que actualmente reciben, en conjunto, 2 mil 500 millones de pesos, por lo que demandaron que ese presupueste se incremente a 5 mil millones.

En conferencia de prensa conjunta, luego de la inauguración del Congreso Nacional de Instituciones de Educación y de Investigación Agrícola, Benjamín Figueroa Sandoval, director del Colpos, señaló que en los pasados 20 años estas instituciones han experimentado una disminución constante de los presupuestos orientados a la investigación y la modernización de las instituciones e instalaciones.

"No estamos en la capacidad de hacer un esfuerzo superior de innovación,
sencillamente porque el grueso del presupuesto se va al pago de las nóminas.
No ha habido, por parte del gobierno, una comprensión exacta del efecto que tiene la educación, la investigación y extensión en el desarrollo del sector agrícola", dijo.

Por su parte, Sergio Barrales Domínguez, rector de la UAAAN, denunció que los cinco centros educativos han sido condenados a una indiferencia institucional. "Nos ignoran porque piensan que nuestros programas están fuera de la época y la indiferencia nos preocupa porque nos van a dejar morir por inanición."

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

La lucha de Zapata. Vigente en las comunidades indígenas. (La Jornada, Elio Henríquez, p. web)

Oventic, Chis., 11 de abril. Quienes actualmente ostentan el poder en México son los mismos "traidores" que hace 86 años asesinaron a Emiliano Zapata, afirmó la junta de buen gobierno (JBG) de los Altos de Chiapas. El organismo añadió que "nadie debe pensar o creer que la guerra contra los pueblos indígenas ha terminado, ya que siguen viviendo bajo la amenaza militar y paramilitar del mal gobierno".

Durante un acto político para conmemorar los 86 años de la muerte del caudillo, el pasado domingo, la JBG sostuvo que la lucha por los derechos de los campesinos y todo el pueblo mexicano en general "no terminó en Chinameca el 10 de abril de 1919, porque hasta ahora si-guen sin solución las demandas de los pueblos indígenas y campesinos".

Ante unas mil personas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de varios municipios de los Altos, la JBG manifestó que los indígenas, los zapatistas y los pobres de México "no podemos olvidar la traición" por la cual Zapata fue asesinado y por ello "año con año lo recordamos con coraje y decisión, para seguir adelante la lucha iniciada por nuestro general".

En un documento leído por uno de sus integrantes, la JBG de Los Altos de Chiapas, llamada Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, sostuvo que la lucha del EZLN "seguirá adelante hasta lograr nuestros objetivos sin importar el tiempo, los obstáculos y las contradicciones que se tengan que enfrentar".

La mañana del domingo, cientos de indígenas bases de apoyo zapatista de los municipios de esta zona se concentraron para participar o presenciar un torneo de basquetbol organizado por la JBG, y ya por la tarde-noche en un programa artístico cultural, en el que alumnos de primaria de escuelas autónomas rebeldes bailaron, cantaron, declamaron y escenificaron obras de teatro.

Pasadas las 20 horas llegaron los miembros de la JBG, que tiene su sede en el caracol ubicado en esta comunidad tzotzil de San Andrés Larráinzar, además de 40 integrantes de varios municipios autónomos de Los Altos, todos vestidos con trajes regionales y con pasamontañas.

Uno de los integrantes de la JBG leyó el documento preparado para la fecha, en el cual se asentaba: "Los zapatistas llevamos 11 años de estar en guerra, en resistencia y en rebeldía en contra del mal gobierno, contra las injusticias, la marginación y el olvido.

"En estos 11 años nuestros pueblos han sufrido persecuciones, desalojos, el asesinato de muchos compañeros, encarcelamientos y traiciones de parte del mal gobierno", que "quiere destruir nuestra lucha, porque quiere exterminar a los pueblos indígenas."

Sostuvo que "a pesar de esta dura situación en estos años de guerra, nuestra resistencia y rebeldía han crecido y se han fortalecido en todos los niveles, aunque lo económico no hemos encontrado forma de cómo resolverlo, y por eso la pobreza, la miseria y las enfermedades siguen golpeando a nuestros pueblos en resistencia".

La JBG manifestó que "la culpa de todo esto la tienen los malos gobernantes y los ricos, porque son ellos los que quieren acabar con los pueblos indígenas".

Agregó: "Pero lo que nos da fuerza para seguir adelante es nuestra conciencia, nuestra fe y nuestra esperanza de que nuestra lucha no será en vano y algún día nuestros pueblos verán el fruto, aunque muchos de los que estamos ahora no lo vamos a ver".

De acuerdo con la JBG, "lo más importante es que los zapatistas de ahora seguimos en pie de lucha; nuestra palabra desde 1994 hasta nuestros días sigue siendo escuchada y respetada a nivel nacional e internacional; millones de hermanos y hermanas han hecho suya nuestra lucha causa, y por ello es necesario que sigamos resistiendo y no nos rindamos ante los planes de guerra del mal gobierno.

"Zapata no ha muerto, sigue en pie de lucha con los indígenas, campesinos y los pobres de México y del mundo. Por eso decimos: Zapata vive, la lucha sigue."

 

Realizan reuniones para la solución de demandas.  (Cuarto Poder, Eleaneth Díaz,  p. web)

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) realiza una serie de negociaciones con autoridades estatales para definir el problema de la tierra, salud, vivienda y apoyos productivos, así lo confirmó Juan Pérez Pérez, secretario general de la organización, quien añadió que sostuvieron una reunión con la Sedeso para definir mesas de trabajo en los municipios donde tiene presencia la CIOAC.

 

GUERRERO

 

Plan de los Amates, historia de un conflicto. (El Sur, p. web)

1937

El ejido de Plan de los Amates recibe, mediante resolución presidencial del 27 de enero, una dotación de superficie de mil 408 hectáreas, las cuales quedaron delimitadas y entregadas mediante acta de el 8 de mayo de 1944.

1958

Se autoriza al ejido la permuta de una superficie de más de 174 hectáreas a favor de Evelia Guerrero Suástegui, la cual se registra bajo la escritura pública 7894.

La superficie permutada fue objeto de diversos juicios jurídicos, después de los cuales quedó como propietario el complejo turístico Tres Vidas en la Playa.

1989

Se expropian terrenos de Tres Vidas en la Playa, por causas de utilidad pública, mediante decreto presidencial de 8 de mayo.

Lo ejidatarios de Plan de los Amates inician un juicio, ya que esta ejecución de expropiación abarcó una superficie mayor a la permutada originalmente, afectando más de 31 hectáreas  de terrenos propiedad del ejido.

1994

Los ejidatarios demandan ante el entonces Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito XII, ubicado en Chilpancingo, la restitución de 49 hectáreas de un predio ubicado en Punta Diamante.

1996

El Distrito 12 del TUA declara improcedente la acción de restitución deducida por el ejido de Plan de los Amates. Inconformes con el fallo, los integrantes del comisariado interponen un recurso de revisión.

1996

El juicio se traslada al recién formado Distrito  41 del TUA en Acapulco, el cual queda bajo el expediente número 94-034/96, y se demanda a la empresa Diamante Desarrollos y el gobierno del Estado.

1997

El TUA emite un fallo definitivo el 6 de febrero, revocando la sentencia, sosteniendo que el TUA del distrito 12 carecía de competencia.

2000

La autoridad ejidal interpone un amparo directo, el cual pasó al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el que, el 1 de julio, lo concede, dejando sin efecto la sentencia.

2002

El 8 de julio, el TUA 41 ordena a las empresas restituir a favor del ejido el excedente que tenían en posesión, pero las absuelve de cubrir los gastos.

Ambas partes interponen recursos de revisión, resueltos el 10 de diciembre del 2002 con la revocación de la sentencia.

2005

El TUA Distrito 41, por conducto del magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, eleva a “sentencia ejecutoria” la resolución del conflicto porque, de acuerdo a los involucrados, las condiciones del convenio, en todas sus cláusulas, especialmente en la quinta, “fueron satisfechas”; es decir, el TUA ha cerrado el caso.

 

Aquí ya no se arregla nada a través de las leyes, sino a través de los golpes”, dicen los opositores. (El Sur, Karina Contreras, p.web)

La ejidataria opositora a la venta del predio de 49 hectáreas en Plan de los Amates, Ana Luisa Campos Aparicio, advirtió que no cederán su parte del terreno a la empresa Tres Vidas y que lo defenderán “a como dé lugar”, luego de que el consorcio entregó ya los 80 millones al comisariado ejidal, Martín Campos Aparicio.

“Aquí ya no se arregla nada a través de las leyes, sino a través de los golpes. No estamos dispuestos a dejar nuestra parte”.

Agregó que el pasado 31 de marzo en la noche también intentaron desalojarlos, pero ahora con policías preventivos, luego de que ese mismo día por la mañana, se intentó con policías auxiliares bancarios.

Campos Aparicio –hermana del comisario ejidal Martín Campos–, dijo que ayer se hizo una convocatoria para invitar a los ejidatarios a cobrar los 500 mil pesos que les tocan de los 60 millones, pues 20 le corresponden al abogado.

Informó que el pasado jueves se reunieron con el secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera –quien días antes se reunió con los empresarios– el que les dijo que sabía que estaban las negociaciones y que ejercerá lo que se demande.

Campos Aparicio señaló que le informaron al funcionario que ellos no están en contra de que los demás ejidatarios vendan, simplemente que se les respete su parte proporcional.

Dijo además que le dejaron en claro que ellos no toman decisiones por otros, pero que tampoco pueden tomar decisiones por los opositores.

Dijo que hay rumores del desalojo, incluso que va entrar la Policía Montada, pero que allí los estarán esperando, dijo, porque “nadie nos va a sacar de nuestros terrenos”.

Llamó al gobernador Zeferino Torreblanca a actuar con justicia y a que no se convierta en un gobierno corrupto. Aseguró que las autoridades y los ejidatarios engañaron al magistrado Lara Orozco, porque el predio todavía sigue ocupado por los ejidatarios opositores, incluyendo a sus restaurantes.

 

Aunque la CNC los apruebe no permitirán los pozos, insisten campesinos de El Pedregoso. (El Sur, Luluani Vega, p. web).

Campesinos que tenían tomados los pozos someros de la CAPAMA en El Pedregoso desconocen si ya están listos los resultados del estudio que llevó a cabo la Comisión Nacional del Agua (CNA), que determinará si la extracción de agua afecta sus pozos artesianos.

El representante de los inconformes, Luis Manríque Reséndiz, informó que esperan que los resultados los beneficien, pero en caso de ser adversos aún así no permitirán el funcionamiento de los pozos.

Dijo que los campesinos tienen un amparo que impide a la CAPAMA que ponga en funcionamiento el equipo de rebombeo.

“Todavía desconocemos cuáles pueden ser los resultados porque el gerente general de la CNA no dio ninguna una fecha exacta, pero por lo pronto ya estamos amparados mientras el juez lo determina”.

Aseguró que por el momento el nivel del agua de los pozos artesianos que tienen en sus viviendas las familias de El Conchero, Embarcadero, Yetla, Imán, Cerrito de Oro, Aguacate y Ejido Viejo se mantiene porque los otros están cerrados.

“Nos manifestamos porque estamos convencidos de que al momento en que funcione el equipo del Ayuntamiento nuestros pozos de agua se van a secar y sucederá lo mismo con nuestras tierras”, dijo Manríque Reséndiz.

Los campesinos comenzaran el plantón el 22 de enero, a un costado de los pozos someros de El Pedregoso, pero se retiraron el 18 de marzo porque el juez sexto de distrito les otorgó el amparo 285.

Los inconformes aseguran que la extracción de agua afecta sus huertas y sus pozos artesianos.

El representante de los campesinos dijo que no tienen intención de participar en alguna manifestación contra el Ayuntamiento porque cuentan con un amparo que imposibilita a las autoridades a extraer agua.

“Sólo falta que nos informen si los resultados de la CNA favorecen al Ayuntamiento, pero seguiremos luchando para impedir que nosotros seamos los afectados”, concluyó.

 

MICHOACÁN

 

Manifestación de campesinos, piden liberación de 30 compañeros. (Mi Morelia. com, Adrián Félix, p. web).

Morelia, Mich., 11 de abril.- Alrededor de 300 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina Popular ‘Ricardo Flores Magón’ se manifestaron la noche de este lunes frente a Palacio de Gobierno con la finalidad de pedir la liberación de 30 compañeros de la Organización Campesina Independiente ‘Mariano Matamoros’, además de subsidio para el campo, precio de garantía del maíz, insecticidas y compra de artesanías.

Y es que desde el pasado ocho de abril, campesinos de los municipios de Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, La Placita, y Aquila encabezaron una caravana rumbo a la capital del estado para denunciar los estragos que viven los campesinos en la entidad.

En entrevista con Leobardo Reyes Meza, líder de los ejidatarios aseguró que de no encontrar solución a sus demandas se prevé llegar hasta las últimas consecuencias, no descartando movilizaciones, plantones y demás acciones.

El campo michoacano, indicó, actualmente atraviesa por un trance en su infraestructura, debido al abandono de las tierras, y como consecuencia dejan de trabajarlas, pero los esfuerzos que hace la autoridad por su reconquista son loables.

Enfatizó, que el rubro agrícola ocupa el 34 por ciento de la población económicamente activa, y constituye el 17.3 por ciento del Producto Interno Bruto, por ello es fundamental rescatar e impulsar este rubro, a través de programas definidos de la actividad agrícola y agropecuaría.

Resaltó que este sector genera empleos en forma directa e indirecta ocupa el 34 por ciento de la población anualmente, inclusive por arriba de los servicios, y habla de lo importante, además de que ha sido por herencia histórica este ámbito.

Reyes Meza reconoció que en Michoacán persisten por lo menos siete focos rojos donde se puede desatar la violencia, por conflictos agrarios. Esta situación mantiene a las autoridades en alerta permanente, a la par de que por medio del diálogo se les busca dar solución.

En diálogo con representantes de los medios de comunicación, el funcionario estatal reconoció que la mayor parte de estos conflictos sociales se ubican en la zona de la Meseta Purépecha.

La estrategia del gobierno, dijo, ha sido ir reuniéndose con las partes en conflicto, siempre por separado, porque juntas se pelean. Este clima de alteración ha obligado a que se retrasen negociaciones y pláticas con los grupos involucrados.

Sin embargo, este diálogo y búsqueda de acuerdos ha dejado como consecuencia algunos avances en algunos puntos y gracias a ello se ha mantenido la tranquilidad en las comunidades.

 

Convocan a crear nueva organización campesina. (Cambio de Michoacán, Félix Rivera, p. web).

Con la finalidad de no ser un membrete político más, ni espacio para la búsqueda de puestos públicos, sino para tratar de encontrar a través de la organización la transferencia de conocimientos y experiencias, así como un trabajo solidario para encontrar la solución conjunta a todos los problemas que aquejan al campo y los campesinos michoacanos, la Unión Regional de Campesinos del Sur (URCS) ha lanzado la convocatoria a todas las organizaciones de labriegos que cuente con el distintivo de la pluralidad y la autonomía, a agruparse en una sola.

Manuel García Cuevas, presidente de la URCS, dijo que esto no tiene nada que ver con la CNC ni con alguna otra agrupación, sino simplemente que los verdaderos campesinos han decidido agruparse en un solo organismo, para de esta forma luchar por sus intereses ante la indiferencia que han mostrado, entre otros, los nuevos alcaldes, sin importar su filiación política, no sólo para resolver sus demandas, sino incluso para escucharlas.

Asimismo mencionó que a nivel estatal sigue imperando la indiferencia hacia los campesinos, principalmente en la persona del secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, quien desde el año pasado en que se le hizo una cordial invitación para que visitara la región de Las Cañas, municipio de Arteaga, donde tiene su sede la URCS para que pudiera conocer en el lugar de los hechos los programas, proyectos y problemas que padecen, es fecha en que no han tenido ninguna respuesta del funcionario.

Es tiempo ya, dijo, de que los funcionarios dejen a un lado la insensibilidad e incompetencia y se dignen atender los reclamos de los campesinos, situación que tal parece ha cundido en el ánimo de los alcaldes de la región, que en su mayoría persisten en esa práctica equivocada de atender a los ciudadanos de una manera partidista.

 

TABASCO

 

Protestan campesinos en Plaza de Armas por falta de apoyo al campo. (La Verdad del Sureste, Omar Policroniades, p. web).

Más de 60 campesinos de 10 municipios encabezados por Pedro Olivé Gonzáles, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz), protestaron frente al palacio de gobierno para conmemorar el 86 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y en defensa de la tierra y en repudio a la devastación del campo en Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Jalisco.

El líder de la organización, criticó la políticas neoliberales que han acabado con la producción agropecuaria ante la indiferencia de los gobiernos estatales, a pesar de que impacta negativamente al 90 por ciento de la población del país, sobre todo a los indígenas y campesinos que tienen que emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, mientras los políticos saquen las riquezas nacionales.

Los agricultores que ayer se manifestaron en Plaza de Armas y que obedeció a una jornada nacional organizada por Maíz en Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, se quejaron de la falta de recursos y programas para rescatar al sector que consideraron está hundido en una severa crisis del que no se tenía precedente.

Pedro Olivé Gonzáles, dijo que solicitarían formalmente una audiencia con el gobernador Manuel Andrade Díaz, para exponerle la problemática de miles de indígenas y campesinos, sin embargo descartó que el ejecutivo los recibiera, pues aseguró que otras ocasiones lo han buscado y siempre se niega a recibirlos.

"Vamos a ver que posibilidades existen de tener un diálogo por primera vez con el gobierno del estado. Quisiéramos decir que hemos tratado de hablar con los encargados de las políticas agropecuarias, pero no hemos encentrado respuesta", manifestó.

Acusó además, que el secretario particular del mandatario estatal, Carlos Madrazo Cadena, "es una persona que no ha facilitado para nada, como debería de ser su función, una audiencia con el gobernador, pero no tenemos mucha fe y esperanza en este gobierno porque sabemos que está operando el Plan Puebla Panamá (PPP) y los planes de entrega de nuestra biodiversidad y petróleo en complicidad con el presidente Vicente Fox".

 

Protestan campesinos por afectaciones. (Tabasco Hoy, p. web).

Campesinos de zonas afectadas por las actividades petroleras en el municipio de Jalpa de Méndez, denuncian ante los medios de comunicación que a pesar de que Petróleos Mexicanos no les ha pagado los 5 mil pesos que les prometió por daños a sus viviendas, continúa llevando a cabo actividades exploratorias que dañan viviendas, cultivos y cuerpos de agua.

Víctor Frías y Pastor Vasconcelos de la ranchería de Galeana, segunda sección explican que la paraestatal no respeta la posición de los campesinos en cuanto al problema ya que sin su autorización realizan sus actividades.

 

Pagará Pemex a campesinos afectaciones. (Tabasco Hoy, p. web).

El titular de la CIMADES, Fernando Peralta Juárez, informó que a más tardar en dos o tres días los campesinos tabasqueños que reclaman atención y pago por afectaciones a viviendas y tierras tendrán una respuesta de Petróleos Mexicanos toda vez que mañana sesionará el consejo de administración de la paraestatal en la ciudad de México y tratará el tema de Tabasco.

El funcionario expresó que la posición de la oficina estatal que representa tiene como objetivo exigir una cantidad mayor a los 600 pesos que se ofrece como indemnización a cada uno de los reclamantes.

Sin embargo, indica que si la cantidad de reclamaciones son menores a las 55 mil podría subir la cantidad señalada, pero que si es superada podrían tomarse otros criterios.

 

Cartones

 

 

Preocupación · Magú

Magú

 

El viejo plan · El Fisgón

El Fisgón

 

Al son que le toquen · Rocha

Rocha

 

 

 Insensible Naranjo

 

 

 Procurador de incertidumbre Helioflores

 

 

Perdido Efrén

 


Para consultar fechas atrás >>>

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx