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Las notas que se
reproducen a continuación
OPINIÓN CLASE
POLÍTICA...
CELEBRA CNPI TRES AÑOS
DE CUSTODIAR TIERRAS EN VERACRUZ...
SECTOR
AGRARIO CONFÍA LA SRA QUE LA
CORTE REVISE EL CASO RAMOS MILLÁN...
SATISFACE A LA SRA
TESIS DE LA CORTE SOBRE INDEMNIZACIÓN...
VILLA COAPA A REVISIÓN...
BUSCARÁ EL GOBIERNO DE
VERACRUZ FINIQUITAR LOS CONFLICTOS AGRARIOS...
ESTADOS DISTRITO
FEDERAL AMLO SE NIEGA A SALDAR
LOS TERRENOS DEL INAH...
PIDEN DUEÑOS DE PREDIO
APLICAR LEY A JEFE DEL GDF...
ALISTA GDF NUEVOS
PLEITOS JUDICIALES POR OTROS PREDIOS...
CLASE
POLÍTICA La
cosecha En
Sonora el gobernador Eduardo Bours afronta una nueva situación de
inquietud de la etnia yaqui, que se caracteriza desde siempre por la
defensa de sus derechos. Ahora lo notable es que en vez de realizarse
un trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal para atender
los reclamos de los indígenas, la comisionada de la Presidencia Xóchitl
Gálvez ha generado más inquietud, sin que el secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar, pueda contenerla... CELEBRA
CNPI TRES AÑOS DE CUSTODIAR TIERRAS EN VERACRUZ Señora directora:
El 15 de mayo se cumplen tres años de que campesinos de la
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios, Asociación Civil
determinamos custodiar las tierras que con muchos sacrificios de
todos: nuestras compañeras, compañeros, ancianos y niños dispuestos
a dar la vida incluso por materializar el anhelo de una vida digna,
nos dispusimos a custodiar y trabajar las tierras que el gobierno del
estado de Veracruz, con el licenciado Miguel Alemán a la cabeza,
liquidó para resolver problemas agrarios de más de 50 años. Tlashocamati
Ixpaleui. ¡Zapata Vive! ¡La lucha sigue! CNPI Genaro Domínguez
CONFÍA LA SRA QUE LA
CORTE REVISE EL CASO RAMOS MILLÁN El
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio
Salazar Adame, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
revise el dictamen de pago de mil 214 millones de pesos a la familia
Ramos Millán por la expropiación del terreno de Santa Ursula Coapa,
caso que llevó el despacho del senador Diego Fernández de Cevallos.
La revisión del asunto se hará luego de que los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron 14 tesis de
jurisprudencia que podrían servir de guía para volver a revisar el
expediente de Santa Ursula Coapa. A la fecha, la SRA ha hecho dos depósitos
por 60 millones de pesos en total como pago de la los mil 214 millones
de pesos adeudados. La superficie en litigio fue objeto de un decreto
expropiatorio de 1984 sobre 236 hectáreas, de las cuales la familia
Ramos Millán reclamó como propias 33. La Secretaría de la Reforma
Agraria, abundó su titular, presentó documentos en los que aclaraba
cuáles eran las características del predio cuando fue expropiado, el
valor que entonces tenía y su inconformidad por los peritajes
realizados, pero no tomaron en cuenta la documentación presentada.
"Siempre hemos manifestado nuestra disposición a acatar las
disposiciones del Poder Judicial, pero repetidamente nos hemos
inconformado frente a ejecutorias de estos montos porque evidentemente
causan un grave daño al patrimonio de la Federación y además no son
realistas". Salazar Adame recordó que al iniciar este año, la
institución pagó 93 millones de pesos por la ejecutoria de Parques
Conmemorativos, y en ella se aplicó una de las tesis que aprobaron
los ministros de la Suprema Corte. SATISFACE
A LA SRA TESIS DE LA CORTE SOBRE INDEMNIZACIÓN El
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, dijo
que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), de revisar de oficio el caso mediante el cual, a través de
una resolución judicial, se obliga a esta dependencia a pagarle mil
214 millones a un cliente del senador y abogado litigante Diego Fernández
de Cevallos, "es satisfactoria y nos va a permitir que los pagos
indemnizatorios que se hagan en el futuro se ajusten a lo que en su
momento costaba la propiedad actualizado a pesos constantes". Ya
hemos presentado la documentación correspondiente, ya nos hemos
inconformado por el monto de la ejecutoria entre otras razones porque
cuando se hizo la expropiación no existía la infraestructura que
ahora tiene la zona y con la exigencia del pago de los mil 214
millones de pesos estaba considerando una plusvalía que entonces no
había, subrayó el funcionario. Salazar
Adame explicó, en entrevista durante la Reunión del Sector Agrario,
"presentamos las características del predio que en su momento
fue expropiado, el valor que entonces tenía, nos inconformamos con
peritajes que no tomaron en cuenta nuestras consideraciones". Luego
dejó en claro: "Nosotros siempre hemos estado en disposición de
acatar las disposiciones del Poder Judicial, puesto que es nuestra
primer responsabilidad como servidores públicos, pero repetidamente
nos hemos inconformado frente a ejecutorias de estos montos porque
evidentemente causaría un grave daño al patrimonio de la Federación".
De
acuerdo con reportes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
revisará el caso de la familia Ramos Millán, que representa
legalmente el senador panista Diego Fernández de Cevallos, si la
forma en que se calculó el valor del terreno expropiado fue correcta
y no hubo vicios. De
antemano se prevé que los ministros de la Corte reduzcan
considerablemente el monto a pagar a los clientes del senador panista,
pues el avalúo del predio se hizo a precios actuales y no a los de la
época en que se llevó a cabo la expropiación; además de que, de
manera incorrecta, al valor del terreno se sumó el de las obras de
infraestructura con que cuenta en la actualidad. Florencio
Salazar Adame recordó que a principios de este año hubo una
ejecutoria de Parques Conmemorativos en donde la Secretaría de la
Reforma Agraria cubrió 93 millones de pesos y se aplicó esta tesis
que ahora ha aprobado la Corte. VILLA
COAPA A REVISIÓN El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, se
congratuló por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que revisará de oficio el caso mediante el cual se obligó a
la dependencia a su cargo a pagar mil 217 millones de pesos a un
cliente del senador panista Diego Fernández de Cevallos, como
indemnización por un terreno ubicado en Santa Úrsula Coapa. El
funcionario dijo que el Poder Ejecutivo es respetuoso de las
resoluciones judiciales, pero ahora existe confianza en que el monto
de la indemnización se reducirá considerablemente. Salazar
Adame subrayó que afortunadamente no existe otro litigio judicial
sobre expropiación de tierras que pongan en peligro las finanzas de
la Secretaría de la Reforma Agraria. La
dependencia perdió un juicio mediante el cual se le obligó a pagar a
la familia Ramos Millán mil 217 millones de pesos en un plazo de 40 años,
es decir tendría que canalizar de su presupuesto 30 millones de pesos
al año. BUSCARÁ
EL GOBIERNO DE VERACRUZ FINIQUITAR LOS CONFLICTOS AGRARIOS Al
mismo tiempo que el Gobierno de Veracruz demandará fundamentar un
procedimiento para finiquitar los conflictos agrarios que enfrentan
numerosas zonas de la entidad con casi cien años sin solución”, se
les solicitará al Gobierno Federal que desocupe el edificio de la
Avenida Ávila Camacho donde se localiza desde un poco más de 20 años
las oficinas de la Secretaria de la Reforma Agraria. Así
lo dio a conocer el Secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado, al
apuntar ante los medios de comunicación que puesto que ese inmueble
es propiedad del gobierno Veracruzano y que años antes de la ocupación
para la SRA fuera la casa del gobernador del Estado,” planteamos ya
al Gobernador Miguel Alemán que intervenga ante el presidente Vicente
Fox y se logre dar solución a los problemas ejidales que enfrenta el
Estado y que han sido argumento de pelea entre los ejidatarios, muerte
de varios de ellos, causas penales diversas que se fincan en las
representaciones sociales de toda la entidad y que no han movido a dar
una respuesta de parte del gobierno federal. Se
refiere estrictamente a los conflictos de Chichicuaxtla y de Cabo Rojo
ambos ubicados en la zona norte donde se han dado enfrentamientos y la
muerte de campesinos que pelean por sus tierras sin respuesta alguna. Censuró
Ríos Alvarado que a la fecha problema que se generó al inicio del
Siglo anterior al pleno 2004 aun provoquen enfrentamientos y derramen
sangre, porque las autoridades del gobierno federal han desestimado
las necesidades y problemas del campesinado. Por
ello consideró que sería”saludable que dejen de habitar el
inmueble y que el gobierno federal busque sitio para ubicar las
oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria. Que se vayan, así
respondió el dirigente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios
Genaro Domínguez Maldonado, sobre la postura asumida por el gobierno
del Estado para sacar las oficinas de la SRA de la antigua Casa del
Gobierno en la Avenida Avila Camacho, “ellos los metieron, ellos que
los saquen “. Se
puso de ejemplo al citar que de manera personal ellos enfrentan un
problema por la lucha de tierras y que de no ser por el gobernador
Miguel Alemán que metió las manos para comprar las tierras de Raúl
Brito Banzini en la zona de los Tuxtlas de nada nos hubiera servido
estar en posesión porque nos hubieran dejado sin tierras. DISTRITO
FEDERAL AMLO SE NIEGA A SALDAR
LOS TERRENOS DEL INAH El
Gobierno del Distrito Federal se niega, hasta el momento, a pagar una
indemnización de 173 millones 711 mil 693.90 pesos al particular
Carlos Manuel Veraza Urtusuástegui, por la expropiación en 1968 del
predio Tecaxi, de la delegación Tlalpan, en el que se ubica una parte
de la Escuela del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el
Parque Ecológico Cuicuilco, alegando que la sentencia del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo fue obtenida de manera fraudulenta. De
acuerdo con la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del DF, en el informe de recomendaciones
pendientes de cumplimiento remitido a la Asamblea Legislativa, “el
jefe de Gobierno se ha negado a realizar el pago total de la
indemnización del predio, aun cuando en el año 2000 efectuó un pago
parcial por dos millones 788 mil 326.10 pesos”. La
CDHDF señala que no pudo conocer las acciones que realiza el GDF ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no realizar el pago.
En consecuencia, esa instancia se reunió con el ministro de la
Segunda Sala de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán, “quien señaló
que el asunto se encontraba en manos del pleno, en virtud de que la
Corte había otorgado al jefe del GDF un plazo de 30 días para
ejecutar la sentencia de amparo, el cual transcurrió, sin que éste
la acatara”. La
CDHDF señaló en su recomendación 04/1996, cuyo punto de la
indemnización sigue sin cumplirse por parte del actual gobierno de la
ciudad, que el entonces Departamento del Distrito Federal “violó
los derechos humanos de Carlos Manuel Veraza Urtusuástegui”, quien
“inició un largo y tortuoso viaje por un estrecho camino de
procedimientos administrativos y judiciales”. PIDEN
DUEÑOS DE PREDIO APLICAR LEY A JEFE DEL GDF Los
apoderados del predio El Encino, exigieron ayer la PGR que cumpla con
la ley y atienda el plazo que vence hoy, para ejercitar acción penal
contra el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por
incumplir una resolución judicial en el litigio por el terreno. Fernando
Espejel, apoderado de Promotora Internacional Santa Fe, dueña de El
Encino, confió en que el Procurador, Rafael Macedo de la Concha, no
se haga de la vista gorda y por fin cumpla con la orden judicial. Hoy
se cumple el plazo que fijó el Juez Cuarto de Distrito en Materia
Penal del Primer Circuito, para el cumplimiento de la resolución
judicial del juicio de amparo 1141/2003. Espejel
explicó que para dar cumplimiento, la PGR debe pedir juicio de
procedencia ante la Cámara de Diputados, pues el Jefe de Gobierno
goza de fuero constitucional. El
apoderado argumentó que la Suprema Corte resolvió la existencia de
violación a una suspensión definitiva, cometida por funcionarios del
Gobierno de la Ciudad. "Se
trata de un caso juzgado y el Ministerio Público de la Federación
debe cumplir la resolución de un Juez Federal", comentó
Espejel. Exhortó
al Senado, a la Cámara de Diputados y a la PGR para que cumplan con
la ley. Ambos
terrenos fueron expropiados en noviembre del 2000, para la construcción
de dos avenidas, para dar salida a hospitales particulares ubicados en
Santa Fe, y que casi fueron terminadas mientras seguía el juicio
iniciado por Promotora Santa Fe. ALISTA
GDF NUEVOS PLEITOS JUDICIALES POR OTROS PREDIOS El
jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, consideró
que son positivas las 14 tesis jurisprudenciales emitidas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que evitan que un
gobernante sea amenazado con destituirlo si no acepta una sentencia de
amparo cuando se trata de un juicio fraudulento, como en el caso del
Paraje San Juan, además de que evita la corrupción. En
ese sentido, el jefe de Gobierno manifestó su satisfacción de que
los ministros decidieran que se corrijan los vicios del proceso en el
caso Paraje San Juan. Recordó
que muchos lo criticaron por negarse a pagar la indemnización al
presunto dueño del Paraje San Juan, Enrique Arcipreste e incluso lo
acusaron de violar el Estado de Derecho, cuando se trataba de un
asunto fraudulento. Asimismo,
el mandatario local se pronunció por mejorar el sistema de
fiscalización del poder judicial, a fin de evitar las corruptelas a
las que incurren abogados, jueces y magistrados y de esta manera
puedan ser sancionados los que recurren a argucias para litigios
judiciales. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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