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Las notas que se
reproducen a continuación
SECTOR
AGRARIO QUEDARÁ SIN CERTIFICAR
9.6 MILLONES DE HECTÁREAS ESTE SEXENIO:SRA...
ALERTAN PRESENCIA DE
FOCOS ROJOS RURALES...
EN 2006 EL CAMPO VIVIRÁ
UN CLIMA DE PAZ Y TRANQUILIDAD: SRA...
LLAMA SRA ABANDONAR EL
LENGUAJE ESTRIDENTE...
REVÉS CONTRA CLIENTES
DE DIEGO...
AVALA LA CORTE A AMLO
EN EL PARAJE SAN JUAN...
RECLAMA LA SRA EDIFICIO
EN COMODATO...
PIDEN SOLUCIÓN A
VIEJOS CONFLICTOS DE CAMPESINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ...
ESTADOS DISTRITO
FEDERAL REDUCIRÁ CORTE PAGO
POR PARAJE SAN JUAN...
GUERRERO EJIDATARIOS EXIGEN LA
DIMISIÓN DE UNA MAGISTRADA...
MORELOS COMUNEROS DE OCOTEPEC
GANA BATALLA A SORIANA Y ESTRADA CAJIGAL...
QUEDARÁ SIN CERTIFICAR
9.6 MILLONES DE HECTÁREAS ESTE SEXENIO:SRA Al
concluir el sexenio, 9.6 millones de hectáreas seguirán fuera del
Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede). Sin
embargo, este gobierno sobresaldrá porque está actuando para que el
campo ya no sea símbolo de olvido, desolación y tristeza, y para que
éste sea el siglo de la justicia y el desarrollo rural, meta que se
ha buscado desde la Revolución Mexicana, asentó el titular de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, en
la inauguración de la reunión nacional del sector. Puntualizó
que en lo que resta del presente gobierno se regularizarán y
certificarán 18 millones de hectáreas de ejidos y comunidades, además
de que se están resolviendo los 14 focos rojos que, en promedio,
tienen más de cuatro décadas sin solución, involucran una
superficie de 2.7 millones de hectáreas y que han dejado un saldo de
518 muertos y 208 heridos. En las próximas dos semanas se resolverá
el noveno foco rojo y antes de que termine el primer semestre habrá
un avance en tres más, aseguró el funcionario. Respecto
a los 167 focos amarillos localizados en 19 entidades y que ocupan 460
mil 295 hectáreas, el titular de la SRA asentó que se han resuelto
50, y la perspectiva es que en este año se resuelvan 43 más; en
2005, 36, y al siguiente año, 38. Pero, advirtió, "en materia
agraria no se puede hablar siempre de cuentas finales". A
los 290 participantes (delegados de la SRA, Procuraduría Agraria,
Registro Agrario Nacional y personal del Fideicomiso Fondo Nacional de
Fomento Ejidal) Salazar Adame les pidió terminar con "la falsa
idea de la competencia y dispersión, y resistirse a las tentaciones
que pueden desviarlos de la ética y compromisos" como servidores
públicos. Antes, en breve entrevista, llamó a todos los actores políticos
a que hagan a un "lado el lenguaje estridente que genera mucho
ruido y poco ayuda a que sigamos trabajando en lo que importa a los
mexicanos. Necesitamos que la transición democrática se concrete en
respuestas para la sociedad". Durante
dicho encuentro, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, afirmó que el
actual gobierno "ha sido capaz de dar la cara a las injusticias
del campo y no ha ocultado las deficiencias", pero para
afrontarlas pidió a los participantes actuar con creatividad e
inteligencia, compromiso y honestidad. También se comprometió a
mantener un vínculo interinstitucional con la SRA, pues sin él será
"imposible pensar en una nueva sociedad rural capaz de ser
gestora de su propio desarrollo". Durante
el encuentro, el subsecretario de Política Sectorial de la SRA,
Armando Ríos Piter, informó que en el periodo 2004-2006 se ordenará
la propiedad en 5 mil 150 ejidos y comunidades, 138 colonias y se
atenderán 24 mil 267 solicitudes de terrenos nacionales. En este año
comenzará en cinco estados el programa piloto del fondo de
recirculación de tierras, que consiste en acceder a la tierra con un
crédito vinculado a un proyecto productivo viable. Con ello se
pretende "recuperar el rostro joven del campo". Por
su parte, el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez, expuso que
los casi 80 años de reparto agrario dejaron en el campo incertidumbre
en la propiedad social, generaron un excesivo tutelaje y control sobre
los sujetos agrarios. Luego, con los cambios en la Ley Agraria, en
1992, se inició el orden en la propiedad jurídica y geográfica, y
desde 1993 a la fecha, mediante el Procede, se regularizó 65 por
ciento de los 103 millones de hectáreas repartidas y se certificó 77
por ciento de los ejidos y comunidades. En los tres años del presente
gobierno se han regularizado 12 millones de hectáreas para beneficio
de 600 mil familias, concluyó el funcionario. ALERTAN
PRESENCIA DE FOCOS ROJOS RURALES El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, admitió ayer que
existen 14 "focos rojos", derivados de 259 conflictos por la
posesión de la tierra en 11 entidades del País. Durante
la inauguración del Encuentro Nacional del Sector Agrario, Salazar
agregó que una de las prioridades del Gobierno federal, es
regularizar el estatus jurídico de 18 millones de hectáreas para
dejar un campo con paz social antes de concluir el sexenio. El
funcionario reconoció que alrededor de 25 millones de indígenas y
campesinos viven en la extrema pobreza, y han sido objeto de
injusticias y corrupción durante el proceso agrario en el País. "Hemos
comprometido con el Presidente dos metas sexenales: resolver todos los
conflictos sociales que hay en el campo, llámense focos rojos o focos
amarillos, acuerdos agrarios, Acuerdo Nacional Para el Campo y también
con el Procede; regularizar y certificar las 18 millones de hectáreas
que nos faltan en nuestro País", sostuvo. Sin
embargo, dijo, el reparto de tierras concluyó en el período de
1996-1997, ahora sigue el proceso de regularizar la tenencia de la
tierra. Salazar
Adame señaló que el proceso del reparto agrario ha sido accidentado,
ya que como cualquier programa histórico social no podía ser lineal. De
acuerdo con el documento de Política Agraria, Proyección 2004-2006
de la dependencia, precisó que existen 14 focos rojos que ponen en
riesgo el tejido social rural en las entidades de Oaxaca, San Luis
Potosí, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Durango, Zacatecas,
Jalisco, Nayarit y Sonora. El
texto detalló que los conflictos involucran a 18 etnias y grupos de
campesinos que disputan en esos focos rojos alrededor de 2.7 millones
de hectáreas, y han incidido factores de índole político, religioso
y económico. Paralelamente
a esto, advirtió que existen 167 conflictos agrarios tipificadas como
'focos amarillos' , en los que existe un alto riesgo de transformación
en 'focos rojos' en las regiones de Veracruz, Oaxaca, Michoacán,
Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, México, Chihuahua,
Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Nayarit,
Guanajuato y Guerrero. EN
2006 EL CAMPO VIVIRÁ UN CLIMA DE PAZ Y TRANQUILIDAD: SRA El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, afirmó que
para 2006, al concluir el gobierno del presidente Vicente Fox, en el
campo mexicano se vivirá un clima de paz y tranquilidad social, al
concluirse con el rezago en la tenencia de la tierra. Al
inaugurar la Reunión Nacional del Sector Agrario, con el tema “Política
Agraria, Perspectivas 2004-2006”, el titular de la SRA aseguró que
el gobierno cumplirá con el compromiso de dejar para el 2006 un campo
sin conflictos, y entre las metas está concluir con la regularización
de 18 millones de hectáreas de tierra que están pendientes y forman
parte del rezago, y dar con ello seguridad jurídica en la tenencia de
la tierra. Resolver
conflictos, cumplir acuerdos y regularizar tierras Salazar
indicó que para lograrlo, la secretaría a su cargo está “empeñada”
en cumplir las dos metas sexenales que se establecieron: resolver
todos los conflictos sociales y cumplir con los acuerdos agrarios, así
como con los compromisos que se contrajeron en el Acuerdo Nacional
para el Campo. Y
en segundo aspecto, dijo, se tiene el compromiso de concluir con la
regularización y certificación de la propiedad social de ejidos y
comunidades en el país. La
meta indicó es regularizar 18 millones de hectáreas de tierra, una
de las demandas más sentidas en el campo. Durante
la reunión, se analizarán temas como la política agraria y su
perspectiva para 2004-2006; las acciones emprendidas para el cierre
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos (Procede). LLAMA
SRA ABANDONAR EL LENGUAJE ESTRIDENTE Tras
aseverar que los dos mayores retos del sexenio del presidente Vicente
Fox es regularizar 18 millones de hectáreas en ejidos y comunidades y
resolver los focos rojos y amarillos que aún prevalecen en Oaxaca,
Zacatecas, Jalisco y Guerrero, el secretario de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame, hizo un llamado a todos los actores
políticos para alcanzar acuerdos rápidos o que por lo menos
abandonen el leguaje estridente que genera mucho ruido y poco ayuda a
trabajar en lo que importa a los mexicanos. Entrevistado
en el marco de la inauguración de la Reunión Nacional del Sector
Agrario, Salazar Adame señaló que es necesario que el sector agrario
esté debidamente alineado para cumplir con las dos metas sexenales
comprometidas por el presidente Fox: resolver todos los conflictos
sociales que hay en el campo y concluir la regularización y
certificación de la propiedad social. El
funcionario subrayó que aún quedan por regularizar 18 millones de
hectáreas en ejidos y comunidades del país. En
cuanto a los conflicto sociales que prevalecen en el campo mexicano,
indicó que el año pasado se resolvieron ocho focos rojos y que antes
de mediados de año habrá avances en otros tres. Aseveró
que en cuento a los focos amarillos se han resuelto unos 50 en números
redondos, “pero se nos ha incrementado de 148 que teníamos
previstos a 177, porque en materia agraria no podemos hablar siempre
de cuentas finales. REVÉS
CONTRA CLIENTES DE DIEGO Las
14 tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
en materia del incumplimiento de las sentencias de amparo le permitirán
revisar de oficio el caso mediante el cual, a través de una resolución
judicial, se obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a
pagarle mil 214 millones a un cliente del senador y abogado litigante
Diego Fernández de Cevallos. Y
lo primero que revisará la SCJN en este caso, de acuerdo con reportes
del máximo tribunal del país, es si la forma en que se calculó el
valor del terreno expropiado fue correcta y no hubo vicios. Porque
de antemano se prevé que los ministros de la Corte reduzcan
considerablemente el monto a pagar a los clientes del senador panista,
pues el avalúo del predio se hizo a precios actuales y no a los de la
época en que se llevó a cabo la expropiación; además de que, de
manera incorrecta, al valor del terreno se sumó el de las obras de
infraestructura con que cuenta en la actualidad. La
determinación de que la Corte puede revisar de oficio casos como éste
deriva de una de las principales tesis que emitió la SCJN tras
resolver el incidente de inejecución 62/2002 que se originó debido a
que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, se negó a cumplir una sentencia de amparo que lo obligaba a
pagar 176 millones 500 mil pesos por la expropiación de un predio
ubicado en Pedregal de Carrasco. En
ese caso López Obrador ganó con su negativa que la Corte revisara el
caso y le ordenara al juez que otorgó el amparo que hiciera un nuevo
avalúo, porque que el que había aprobado contiene vicios que
propiciaron que el monto a pagar fuera incorrecto. Los
vicios del caso Y
los vicios que se detectaron son precisamente que en el avalúo tomó
en cuenta el valor actual del terreno con todo y la infraestructura de
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Es
decir, algo similar a lo que pasa en el juicio de incidente de
inejecución de sentencia 53/2002 que promovieron los herederos de
Gabriel Ramos Millán, clientes del senador Diego Fernández de
Cevallos. Entre
diversos integrantes de la SCJN llama la atención este caso no sólo
por el monto de la indemnización que se fijó, sino porque los
herederos de Ramos Millán tuvieron la oportunidad de recibir los mil
214 millones de pesos en pagos anuales y no aceptaron la modalidad. Los
clientes del senador Diego Fernández de Cevallos ya recibieron dos
anticipos de alrededor de 30 millones de pesos, cada uno, por concepto
del pago de la indemnización del predio expropiado. Por
medio de dichos pagos, otorgados a través de cheques de deposito que
entregó la SRA al juez de la causa, la Secretaría buscaba dejar
sentado que sí estaba en la disposición de cumplir la sentencia,
pero que no contaba con los recursos para hacerlo en una sola emisión.
Pero
ante el nuevo escenario, la propia SRA ahora podrá aportarle a la
SCJN los elementos que tenga en su poder para demostrar que el avalúo
que se realizó para fijar la suma que se debe pagar por el terreno
expropiada no es correcta. AVALA
LA CORTE A AMLO EN EL PARAJE SAN JUAN Ministros
de la Suprema Corte emitieron 14 tesis jurisprudenciales que servirán
como guía y sustento para resolver, en breve, en favor del jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, los
juicios relativos al caso del Paraje San Juan. Con
base en dichos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ordenará que se corrijan los vicios del proceso y se reduzca
significativamente el monto a pagar por la expropiación del terreno. Las
tesis establecen que la SCJN puede ordenar que se repongan los
procedimientos viciados de las sentencias de amparo mediante las
cuales se ordena el pago de un bien. También
se determina que cuando un gobernante se niegue a cumplir una
sentencia de amparo que tiene sustento en un procedimiento
"notoriamente viciado", no debe sancionársele. Los
criterios derivaron de otro caso similar al del Paraje San Juan, en el
que el jefe de Gobierno capitalino se negó a acatar la sentencia que
lo obligaba a pagar 176 millones de pesos por un predio expropiado en
1968 y que ahora está ocupado por la Escuela Nacional de Antropología
e Historia. Las
tesis permitirán a la Corte revisar de oficio el caso por el cual, a
través de una resolución judicial, se obliga a la Secretaría de la
Reforma Agraria a pagar mil 214 millones a un cliente del senador y
abogado litigante Diego Fernández de Cevallos. RECLAMA
LA SRA EDIFICIO EN COMODATO La
confrontación política entre el gobierno de Veracruz y el federal se
radicalizó este miércoles, cuando la Secretaría de Gobierno anunció
que recuperará el edificio que actualmente alberga las oficinas de la
delegación Región Golfo de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), porque se niegan a resolver conflictos agrarios de campesinos
que mantienen tomadas dichas oficinas desde hace más de un mes. El
secretario de Gobierno de Veracruz, Flavino Ríos, anunció que
solicitaron de manera oficial al gobierno federal dar por terminado el
convenio de comodato que signó el gobierno del estado y la SRA, para
que esta última utilizara una mansión en una de las principales
avenidas de esta ciudad. "Hay
una indiferencia total de la Reforma Agraria, hay una indiferencia
absoluta, tiene más de un mes que está tomada la delegación y hasta
ahorita ninguna autoridad de la Reforma Agraria se ha dignado a
atender este asunto", denunció, y así explicó la decisión de
quitarles dicho edificio. El
funcionario explicó que las autoridades estatales han dialogado en
dos ocasiones con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación,
Ramón Martín Huerta, y en ambas se ha comprometido a que intervendrá
y "hasta ahorita no hay nada". Al
menos 80 campesinos de los municipios de Tihuatlán y Atzalan
mantienen en su poder desde hace más de un mes dichas oficinas, lo
que derivó en un conflicto entre el gobierno de Veracruz y la
administración federal. Los
campesinos irrumpieron de manera violenta en dichas oficinas federales
en demanda de la resolución de dos conflictos agrarios que se
registran en la comunidad de Chichicoaxtla, perteneciente al municipio
de Tihuatlán; y de la congregación Javier Rojo Gómez, del municipio
de Atzalan. PIDEN
SOLUCIÓN A VIEJOS CONFLICTOS DE CAMPESINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ La
Secretaría de Gobierno habrá de pedir de inmediato la desocupación
del inmueble que ocupa la dependencia Federal desde hace más de 25 años,
al tiempo que demandará, con intervención del gobernador de Veracruz
Miguel Alemán, la intervención del presidente Vicente Fox para
solucionar el conflicto que desde el inicio de 1900, no ha tenido
solución, si han muerto varios campesinos, hay una inconformidad
manifiesta de ejidatarios y cero respuestas en el predio Chichicaxtle
y Rojo Gómez en el norte del estado de Veracruz. Así
fue informado por el Secretario de Gobierno del Estado Flavino Ríos
Alvarado, en improvisada rueda de prensa en la que reiteró la
necesidad de solucionar el problema que mantiene a una cuarentena de
campesinos procedentes de los sitios mencionados en dicho inmueble,
sin que haya tomado en cuenta el Gobierno Federal dicha solución, sin
que a la fecha hayan dado respuesta a este planteamiento desde hace,
30,50 y 60 años que demandan entrar en posesión pero a los que ha
hecho caso omiso la Secretaría de la Reforma Agraria y lo único que
alcanzó es a mover a su anterior titular Silvia Domínguez López y
nombró a otra persona que no ha podido entrar en posesión de, cargo
porque las oficinas están tomadas. La
pretensión dice Ríos Alvarado es buscar solución que no se ve, por
ello se pedirá la intervención del gobernador Miguel Alemán para
que se entreviste con el Presidente Vicente Fox para buscar la ansiada
respuesta a los campesinos inconformes que ven ir y venir
administraciones gubernamentales federales y no hay respuesta alguna. Por
su parte el Dirigente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios en
la Entidad Genaro Domínguez Maldonado dijo que la idea de que les
pidieran el edificio de la SRA en la capital del Estado era buena y
previo soltar la carcajada, dijo en dialecto algo parecido a “ellos
los metieron, ellos que los saquen”. DISTRITO
FEDERAL REDUCIRÁ CORTE PAGO
POR PARAJE SAN JUAN La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 14 tesis
jurisprudenciales que servirán de guía y de sustento para resolver,
en breve, a favor del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, los juicios relativos al caso del Paraje San
Juan. Con
base en dichas tesis, los ministros de la SCJN ordenarán que se
corrijan los vicios del proceso y se reduzca significativamente el
monto a pagar por concepto de la expropiación del terreno. Las
tesis que aprobaron de manera unánime los ministros, y que establecen
un precedente a nivel nacional, parten de la idea de que la Corte
tiene la facultad de determinar cuándo es excusable o no la decisión
de un gobernante de no cumplir una sentencia de amparo que le otorga
un juez a un particular. Y,
también, de que la SCJN puede ordenar que se repongan los
procedimientos viciados de las sentencias de amparo mediante las
cuales se ordena el pago sustituto de un bien. Los
criterios que emitió el máximo tribunal del país derivaron de otro
caso similar al del Paraje San Juan, en el que el jefe de Gobierno
capitalino se negó a pagar una suma millonaria por concepto de la
indemnización de un predio expropiado en sexenios anteriores. El
23 de marzo pasado, el Pleno de la SCJN resolvió que era excusable la
decisión de López Obrador de no acatar la sentencia que lo obligaba
a pagar 176 millones 500 mil pesos por un predio ubicado en Pedregal
de Carrasco, expropiado en 1968, y que ahora está ocupado por la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). EJIDATARIOS EXIGEN LA
DIMISIÓN DE UNA MAGISTRADA Aproximadamente
100 ejidatarios comenzaron un plantón indefinido en las instalaciones
del Tribunal Agrario Unitario (TAU) en la ciudad de Acapulco, para
exigir la destitución de la magistrada Cruz Mercedes del Carmen, a
quien responsabilizan de "favorecer" a empresarios en los
resolutivos agrarios. Campesinos
de 11 ejidos, entre ellos Lomas de Chapultepec, Cayaco, Llano Largo y
El Podrido, advirtieron que no levantarán el plantón hasta que
"renuncie la magistrada". A
nombre de los inconformes, Humberto Sevilla García, representante jurídico
de El Podrido -ejido que enfrenta un conflicto con empresarios del
Grupo Monterrey, dueños de la empresa Tres Vidas en la Plaza, por la
propiedad de 40 hectáreas-, informó que se trata de "un plantón
de campesinos que protestan por la falta de respeto a la Ley Agraria,
y su demanda principal es que renuncie Cruz Mercedes, quien ha
favorecido a las empresas que se han adueñado de nuestros
ejidos". Explicó
que los representantes de los 11 ejidos que llevan a cabo el plantón
tienen problemas con empresas que se han apropiado de sus terrenos o
con expropiaciones irregulares, por lo que "hemos recurrido a las
autoridades agrarias de buena fe; estamos en contra no nada más de
las empresas, sino del presidente del tribunal, Ricardo García
Villalobos, y de la magistrada en turno". Lamentó
que el TAU haya emitido sentencias en favor de las empresas y en
contra de los ejidatarios, como es el caso de los ejidos La Sabana,
Las Cruces y El Cayaco. Finalmente
señaló que la manifestación se levantará sólo si dimite la
magistrada Cruz Mercedes. COMUNEROS DE OCOTEPEC
GANA BATALLA A SORIANA Y ESTRADA CAJIGAL Comuneros
de Ocotepec, Morelos, ganaron la batalla por 38 mil 374 metros
cuadrados a la empresa Soriana, al ordenar el magistrado del Tribunal
Unitario Agrario de Cuernavaca (TUA) Dionisio Vera Casanova que se les
restituya -jurídica y físicamente- la tierra en disputa, informó la
abogada de los indígenas, Bárbara Zamora. En este caso, afirmó,
"el gobernador Sergio Estrada Cajigal declaró falsamente en
favor de Soriana", la cual pretendía construir un centro
comercial en el predio en litigio. El
juzgador "declaró expresamente en el expediente 48/2002, que
todas las escrituras presentadas por Soriana, hechas por los notarios,
son nulas, toda vez que estas personas no demostraron que tuvieran
derecho a esos terrenos y, en cambio, los comuneros demostraron
mediante pruebas periciales que el predio está dentro del polígono
de la comunidad. Por tanto, se ordena que se le restituya a la
comunidad el terreno que se le había despojado, y eso es muy
importante, pues los comuneros recuperan sus terrenos a pesar de que
el propio gobernador había declarado en favor de Soriana
indebidamente" agregó Zamora. Explicó
que en el juicio agrario Soriana dijo que compró esas tierras a
diversas inmobiliarias (todas propiedad de Salvador Navarro Díaz
Barreiro) y se constituyó un fideicomiso en Banco Bital (hoy HSBC)
para construir un centro comercial. Este se inició en febrero de
2002, con permisos que otorgó Estrada Cajigal siendo presidente
municipal de Cuernavaca, algo que los comuneros desconocían. Pero al
iniciarse las obras ellos las detuvieron y por tal razón se
expidieron 13 órdenes de aprehensión y se acusaba a las autoridades
comunales de despojo, daños y fraude procesal, entre otros cargos. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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