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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “CLASE
POLÍTICA”...
SECTOR
AGRARIO PENDIENTES, UNOS 64 MIL
CONFLICTOS POR DISPUTAS DE TIERRAS...
ESCOBEDO VENDIÓ
TERRENOS DE EL ENCINO QUE NO LE PERTENECÍAN: LÓPEZ OBRADOR...
LO QUE VENDIÓ FEDERICO
ESCOBEDO FUERON TERRENOS DEL ESTADO: AMLO...
DOCUMENTA TITULAR DEL
GDF IRREGULARIDADES...
HALLAZGO DE LA SRA,
PRUEBA PRINCIPAL CONTRA ARCIPRESTE...
PLANTÓN DE CAMPESINOS
EN LA DELEGACIÓN DE LA SRA...
FIJARÁ LA SCJN LA
FECHA PARA RESOLVER EL CASO DE LOS TUXTLAS...
INVASORES EN LA LAGUNA
DE IK PODRÍAN SER DESALOJADOS Y PROCESADOS: SRA...
GARCÍA VILLALOBOS SERÁ
RATIFICADO COMO MAGISTRADO AGRARIO, CONFÍAN SENADORES...
ESTADOS CHIAPAS LUIS H. ÁLVAREZ ENTRA
POR PRIMERA OCASIÓN A TERRITORIO ZAPATISTA...
DISTRITO
FEDERAL “LA MITAD DE LA
COLONIA ES MÍA”: MAYOLO SOTO...
“CLASE
POLÍTICA” La
cosecha La
CNC protestó por la posibilidad de que desaparezca la Secretaría
de la Reforma Agraria y hoy hará lo propio el Congreso Agrario
Permanente... PENDIENTES, UNOS 64 MIL
CONFLICTOS POR DISPUTAS DE TIERRAS En
el territorio nacional persisten cerca de 64 mil controversias
agrarias, la mayoría por la disputa de posesión y sucesión de
derechos ejidales y comunales, según el registro de la Procuraduría
Agraria. La existencia de estos conflictos, muchos en zonas indígenas,
revela que en el país no se puede hablar de que exista una
"paz" agraria, pues el gobierno prácticamente ha aplicado
la "cultura de la muerte" en esas regiones por el abandono
en que las mantiene, sostuvo el presidente de la Comisión de Asuntos
Agrarios de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus. En
un balance de los asuntos jurídicos acumulados durante el periodo
1992-2003, la Procuraduría Agraria estableció que se registraron 432
mil 765 controversias que involucran derechos de núcleos humanos e
individuales de los sujetos agrarios; del total se concluyeron 368 mil
810 y siguen en trámite -no especificó el tipo de instancias- 63 mil
975. El
mayor número de casos registrados en ese lapso fue por sucesión de
derechos ejidales, 137 mil 854; por posesión de una parcela, 144 mil
706; por solares sujetos al régimen ejidal o comunal, 50 mil 721; por
determinación de límites parcelarios, 34 mil 360; por la acreditación
de la calidad del ejidatario, 22 mil 917; por límites de terrenos con
ejidos, 17 mil 868, y por límites de terrenos con pequeños
propietarios, 12 mil 327. La burocracia
ocasionó muchos de los conflictos actuales
La
subsistencia de conflictos agrarios revela que la problemática en ese
aspecto se mantiene como uno de los puntos torales que deben atenderse
en el campo; además, "muchos conflictos fueron causados por la
burocracia de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), entre ellos
el traslape de ejidos con diferentes propietarios", por ejemplo,
abundó García Corpus. Por
ese "burocratismo, el trabajo inadecuado y en muchas ocasiones
irresponsable", los campesinos mantienen incredulidad y
resistencia ante el programa de certificación de derechos ejidales y
solares urbanos (Procede), agregó. Sin
embargo, aclaró que la marginación y la pobreza en el campo no se
resuelven únicamente con la posesión de la tierra, los campesinos
demandan compromisos sociales y cambios en la actuación del Estado. Respecto
a los asuntos agrarios pendientes y que no están dentro de los
llamados focos rojos ni amarillos por las autoridades, la SRA informó
que los que estén en tribunales judiciales se resolverán en ese ámbito,
como es el caso de San Diego Xuchitepec; La Victoria, Tamaulipas;
Nicolás Bravo y Santa Fe, Veracruz, que demandan a la SRA una
indemnización de 297 millones 447 mil pesos en total a la SRA. Esos
asuntos siguen en litigio, indicó la dependencia. ESCOBEDO
VENDIÓ TERRENOS DE EL ENCINO QUE NO LE PERTENECÍAN: LÓPEZ OBRADOR Federico
Escobedo Garduño, presunto dueño del predio El Encino, no sólo
mintió a las autoridades judiciales al promover amparos acreditando
una superficie mayor, sino que incurrió en ilícitos al vender
terrenos que no eran de su propiedad, señaló el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer que
otros particulares, descendientes de Nemesia Ledesma Rubí, reclaman
también la propiedad del terreno. En
la segunda sesión del Seminario-taller
sobre la manipulación de la ley con propósitos políticos, el
mandatario capitalino informó que existe además una solicitud que
data de 1934, que hicieron cuatro personas para adquirir 176 hectáreas
de predios baldíos, propiedad de la nación, junto al predio El
Encino. Solicitará por ello a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) que indague qué curso se dio a dicha
solicitud, y si El Encino se encuentra también dentro de la extensión
de baldíos propiedad de la nación. El
mandatario capitalino aludió a la novela del escritor Carlos Fuentes,
La región más transparente,
para explicar cómo es que se dio la proliferación de casos de
despojo de tierras comunales, invasiones y acaparamientos de predios
de dominio público. Para
el titular de Patrimonio Inmobiliario, Alberto Pérez Mendoza, la
investigación lleva a afirmar que Escobedo Garduño representa al ''típico
defraudador y acaparador de terrenos'', y el caso de El Encino, una de
sus ''estafas''. LO
QUE VENDIÓ FEDERICO ESCOBEDO FUERON TERRENOS DEL ESTADO: AMLO Federico
Escobedo, presunto dueño de El Encino, vendió a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes una sección de terreno que era propiedad
de la nación, aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés
Manuel López Obrador. El
titular del Ejecutivo local inició ayer la documentación de lo que
dijo, es un proceso de adjudicación fraudulento de parte de Federico
Escobedo, presunto dueño de El Encino. Con
documentos detalló que Escobedo vendió 3 mil metros cuadrados de
este terreno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para que por ahí se construyera una parte de la carretera federal México-Toluca.
Sin
embargo esta porción de tierra no correspondía a su predio y era
además propiedad de la Nación, puesto que por ahí corría la
antigua carretera Coral-Tinajas, así como el derecho de vía del
tranvía conocido como Tacubaya-La Venta. Así, explicó, Escobedo
obtuvo más de 9 millones de pesos por un terreno que no le pertenecía.
Durante
su conferencia de prensa, el jefe de Gobierno estuvo acompañado por
Alberto Pérez Mendoza, Director de patrimonio Inmobiliario, y
Montserrat García, Directora General de Administración de la Seduvi. Ahí,
los funcionarios explicaron que en documentos presentados por Escobedo
al Ministerio Público, éste se acreditó un predio de 86 mil metros
cuadrados, cuando, después de la venta a la SCT, el predio era de sólo
63 mil metros. López
Obrador dijo que solicitará a la Secretaría
de la Reforma Agraria que, una vez conocidas estas
irregularidades, se realice una investigación y se determine cuál es
realmente la extensión del predio y si de verdad pertenece a
Escobedo. Las
pruebas Durante
el segundo día de su “taller”, López Obrador exhibió distintos
documentos que, consideró, demuestran que el abogado de Escobedo dio
información falsa a las autoridades sobre la superficie del terreno. DOCUMENTA
TITULAR DEL GDF IRREGULARIDADES Andrés
Manuel López Obrador, jefe del Gobierno capitalino, presentó pruebas
documentales para fundamentar que el proceso judicial por el predio El
Encino estuvo plagado de irregularidades, con información falsa de la
parte acusadora y omisiones en la comprobación de datos del
Ministerio Público federal. En
la segunda clase del seminario-taller sobre "la manipulación de
la ley con propósitos políticos", informó que las pruebas
fueron presentadas ante la PGR para que la autoridad federal actúe en
consecuencia. Cabe
destacar que son pruebas supervenientes, es decir, elementos que se
exponen después del periodo de pruebas durante la averiguación. Solicitará
a la Secretaría de la Reforma Agraria información sobre el predio, ya
que hay un antecedente de que fue solicitado para su enajenación por
cuatro particulares en 1934. Apoyado
con diapositivas y rotafolios con copias de escrituras, folios de las
mismas y el amparo que interpuso Federico Escobedo, entre otros
documentos, funcionarios del gobierno capitalino presentaron cinco
pruebas que presuntamente evidencian que los dueños del predio El
Encino mintieron. HALLAZGO
DE LA SRA, PRUEBA PRINCIPAL CONTRA ARCIPRESTE La
declaratoria de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) respecto del Paraje San Juan, de que
es propiedad de la nación, es la principal prueba que utilizará
ahora la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) para sostener su acusación en contra de Enrique Arcipreste
del Abrego por el delito de fraude procesal, cometido por la utilización
de documentos falsos ante autoridades judiciales. Roberto
Ibinarriaga Rivapalacio, fiscal de Procesos-Norte de la PGJDF, explicó
que el anuncio de la SRA, hecho el 28 de mayo pasado, no interrumpe el
proceso penal ya iniciado contra quien se ostenta como dueño del
predio conocido como Paraje San Juan, de la delegación Iztapalapa,
expropiado por el gobierno capitalino y por el cual reclama una
indemnización de mil 810 millones de pesos. La
revelación de la SRA, dijo, "es un elemento de convicción
poderoso para acreditar que Arcipreste del Abrego no es el propietario
del paraje, como reclama". Cabe recordar que Florencio Salazar
Adame, titular de la dependencia federal, informó al jefe de
Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que se habían localizado
expedientes archivados desde 1997 que acreditaban que el Paraje San
Juan, de 298 hectáreas, nunca fue propiedad de la familia Arcipreste,
a pesar de que hace 15 años fue expropiado por las autoridades
capitalinas como si fuera propiedad privada. PLANTÓN
DE CAMPESINOS EN LA DELEGACIÓN DE LA SRA Posesionarios
de Demasías de la Matanza exigieron a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) la pronta regularización de la
tenencia de la tierra de un predio de dos mil 10 hectáreas, toda vez
que el desinterés por dar certeza jurídica al predio es patente de
parte del delegado, Alfredo Zamora García del problema que día con día
crece, ya que aterrizan al lugar más familias. Después de tres horas
de esperar en las oficinas de la CNC al delegado de la SRA los más de
60 posesionarios encabezados por el dirigente de la Confederación
Nacional Campesina, Javier Romero Jordán y el representante de los
posesionarios, Carlos Cordero Salvatierra se trasladaron a las
instalaciones de la Reforma Agraria donde hicieron plantón. FIJARÁ
LA SCJN LA FECHA PARA RESOLVER EL CASO DE LOS TUXTLAS La
resolución de la Corte por la violación de un amparo podría
culminar con la destitución del titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame. Hoy
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asignará
la fecha para resolver el caso de la violación de un amparo que podría
culminar con la destitución del secretario de la Reforma Agraria,
(SRA), Florencio Salazar Adame. El
caso de desacato en que incurrió el titular de la SRA se da por
incumplimiento a la sentencia sustituta dictada el 26 de febrero de
2004, por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, que
obligó a la Secretaría de la Reforma Agraria a pagar 50 millones de
pesos a 62 comuneros del poblado Nicolás Bravo, en el municipio de
San Andrés Tuxtla, en Veracruz. El
2 de febrero de este año la primera sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación conoció del juicio de violación al amparo
otorgado a los comuneros de Los Tuxtlas. El
magistrado José Ramón Cossío Díaz fue a quien se turno el
expediente y el día de hoy se fijará la fecha para que los
magistrados de la primera sala analicen la situación del Secretario
de la Reforma Agraria por el incumplimiento que ampara a los comuneros
en los términos la resolución presidencial dictada el 12 de enero de
1962. Ante
la resolución del juez la Secretaría de la Reforma Agraria presentó
un recurso de queja, y la autoridad judicial falló a favor de los
comuneros de San Andrés Tuxtla, ordenando a la Reforma Agraria a
realizar el pago al no entregarles su tierra. Clemente
Albañil Díaz, abogado de los comuneros informó que la autoridad
judicial ha hecho 16 requerimientos a las autoridades de la Secretaría
de la Reforma Agraria para que se proceda al pago inmediato de los
ejidatarios, por un monto entre daños y perjuicios mayor a los 50
millones de pesos. INVASORES
EN LA LAGUNA DE IK PODRÍAN SER DESALOJADOS Y PROCESADOS: SRA Las
50 solicitudes de los invasores de las 5 mil hectáreas de terrenos
nacionales de los alrededores de Laguna Ik, en el municipio de Hopelchén,
en Campeche, podrían ser rechazadas y desalojados porque al parecer
corresponde a la reserva natural protegida de Balankin; incluso podrían
ser castigados al haber una denuncia penal en la Procuraduría General
de la República por daños al medio ambiente, dio a conocer el
representante de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Haw Dzul. En
entrevista, el funcionario se refirió a la firma del acuerdo por la
paz y tranquilidad del campo campechano, para el cual no hay fecha,
pues se están analizando algunos detalles porque las organizaciones
campesinas han hecho muchas observaciones referente al texto, o sea
nuevas propuestas. Reconoció
que hay muchas invasiones que no han sido detectadas; dentro de los
casos más sonados se tiene el área de Laguna Ik, en el municipio de
Hopelchén y en Pachulán, en Champotón. Explicó
que de los invasores del área de Laguna Ik se recibió un total de 50
solicitudes, que están asentados irregularmente en una superficie de
5 mil hectáreas de terrenos nacionales, sin embargo en el caso también
están involucradas la Semarnat y la Secretaría de Ecología porque
al parecer es parte del área natural protegida de Balankín. Si
ya está decretado se le dará improcedencia a todas estas
solicitudes; además existe una denuncia que se le está dando
seguimiento en la PGR, en la cual ya intervino Semarnat, presidencia
municipal de Hopelchén, Secretaría de Ecología y Reforma Agraria,
porque se busca toda la información, para determinar si hay un delito
ambiental o ecológico por la depredación de la flora y fauna del
lugar. En
el caso de Pachulán, Haw Dzul señaló que hay un problema en que están
involucradas tres organizaciones campesinas, la UNTA, Freciez y un
solicitante en particular, quienes enviaron solicitudes al mismo
tiempo y cuando se quiere hacer un trámite es detenido por alguno de
ellos, es muy complejo. Sin
embargo consideró que se espera resolver en próximos días, ya que
ahí se tendría que llegar a un acuerdo para dividir la superficie
entre las 60 familias asentadas en 250 hectáreas en conflicto. Se
esta haciendo las investigaciones ante el registro público, para
determinar el tipo de propiedad, recordemos que el artículo 27 de la
constitución dice que para que sea una propiedad privada tiene que
ser mediante el título legalmente expedido por la Secretaría de la
Reforma Agraria, si no cuenta con esa característica necesariamente
es un terreno baldío propiedad de la nación. Estimó
entre unas 30 mil a 40 mil hectáreas en conflicto de propiedad
privada, aparte las ampliaciones forestales de Pomuch y de Champotón,
que no se cuentan porque son propiedad social, ya están determinadas
y tienen un dueño, son los ejidatarios, y que ellos no actúen o
denuncien estas invasiones pues corresponde a otro tipo de cuestiones. GARCÍA
VILLALOBOS SERÁ RATIFICADO COMO MAGISTRADO AGRARIO, CONFÍAN
SENADORES El
Senado de la República ''no perdió la controversia constitucional
que presentó el presidente Vicente Fox en contra de la ratificación
del magistrado agrario Ricardo García Villalobos; por el contrario,
da la razón a los legisladores'', sostuvo la senadora del PRI Martha
Tamayo. Precisó
que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a
ese asunto abre la puerta para que se ratifique en definitiva a García
Villalobos. Se trata, explicó, de un problema al que se han
enfrentado los senadores en lo que va de la actual administración,
toda vez que el Presidente ha intentado no ratificar a magistrados
agrarios que tienen experiencia y capacidad demostrada, para poner en
su lugar a candidatos de su preferencia, aunque no llenen los
requisitos. En
el caso específico de García Villalobos, presidente del Tribunal
Superior Agrario, Fox pidió que no se le ratificara -al final ya
del periodo ordinario que concluyó el 30 de abril- y la mayoría
PRI-PRD decidió que no había elementos para retirarlo del cargo y
elaboró el dictamen respectivo en ese sentido, pero en la fecha en
que lo iba a aprobar ante el pleno, la Suprema Corte ordenó parar el
proceso, ya que de un día para otro dio entrada a la controversia
constitucional del Ejecutivo. La
semana pasada la Corte falló y desde los Pinos se interpretó como un
triunfo de Fox. Sin embargo, la senadora Tamayo, experta en derecho
constitucional, aclaró que no es así: ''En términos generales creo
que se está publicitando la resolución como si el Ejecutivo hubiera
ganado, y no hay tal; por el contrario, el fallo nos da la razón,
sobre todo porque nunca argumentamos en el sentido de que el
Presidente debe fundar y motivar su propuesta o su negativa a
ratificar magistrados''. Precisó
que incluso Fox vetó la reforma a la ley reglamentaria de los
tribunales agrarios, que el Senado presentó y se aprobó en ambas cámaras
el pasado mes de abril, en la que se establecen los mecanismos para
los casos en que el Ejecutivo se niegue a ratificar a algún
magistrado. CHIAPAS LUIS H. ÁLVAREZ ENTRA
POR PRIMERA OCASIÓN A TERRITORIO ZAPATISTA Por
primera vez en la historia del conflicto armado en Chiapas, Luis H. Álvarez,
comisionado para la Paz en el estado, ingresó este miércoles a La
Realidad, considerado el principal bastión del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y cuartel del subcomandante Marcos; sin embargo,
esta vez no existieron ni retenes zapatistas ni personas encapuchadas,
solamente indígenas que dijeron ser ex milicianos de la guerrilla. La
Realidad, ubicada en el corazón de la Selva Lacandona, sede de la
Primera Convención Nacional Democrática en 1994 y desde donde salió
Marcos en el 2001 para emprender su marcha a la Ciudad de México, fue
durante muchos años un lugar inaccesible para los comisionados de Paz
y cualquier funcionario foxista. El
comisionado para la Paz y Reconciliación de Chiapas se reunió hoy
con unas 60 familias indígenas tojolabales a las que entregó
diversos apoyos, y donde definió como “agradable e interesante”
la plática que sostuvo con los miembros de población. Luis
H. Álvarez explicó a los medios de comunicación que la reunión duró
un poco más de tres horas. Creo
que no es secreto, abundó, pero el hecho de que no dialoguemos con
los comandantes del EZLN no implica que no dialoguemos con las
comunidades, dijo el comisionado. Para
la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) es necesario la
reaparición del subcomandante Marcos para reactivar el proceso de paz
en Chiapas, interrumpido desde hace ocho años, expuso la senadora del
PRI, Arely Madrid Tovilla, integrante del organismo. “LA MITAD DE LA
COLONIA ES MÍA”: MAYOLO SOTO El
predio El Encino sería sólo una parte de la propiedad de Mayolo Soto
Segura, ya que afirma que también es dueño del terreno donde se
ubica el Hospital ABC y de los terrenos conocidos como El Triángulo,
El Escorpión y La Ponderosa, además de la mitad del territorio donde
actualmente se encuentra la colonia Lomas de Memetla. Por
ello, sus abogados ya iniciaron varios juicios para recuperar su
predio, que tiene más de 2 millones 780 mil metros cuadrados, en la
zona de Santa Fe. Mayolo
Soto mostró una sentencia de adjudicación dictada por el juez noveno
de lo familiar, el 11 de septiembre de 2003, para aclarar que su
familia es propietaria de estos terrenos. Además presentó una
escritura "madre" de 1885. Acompañado
por sus abogados, señaló que desde 1947 su familia pelea en varios
juzgados su propiedad. Sin embargo, dijo que fue hasta hace poco
cuando tanto sus abogados como él se enteraron de que Federico
Escobedo también se decía dueño de El Encino. Relató
que tanto él como su primo Luis Sánchez Segura, antes de nacer, ya
eran propietarios del rancho Memetla porque su abuelo Pedro Segura
Galicia lo compró en 1885. La
historia de la familia de Mayolo Soto se remonta a la época en la que
su abuela materna que fue hija de Pedro Segura Galicia le enseñó,
siendo niño, los límites de su terreno. "A
través del INEGI y planos históricos, el perito vio todos esos
puntos (referencias anteriores para medir terrenos). Fue hasta el 11
de septiembre de 2003 cuando el juez nos otorgó la licencia de
adjudicación de bienes definitiva, que ya causó ejecutoria. Antes no
teníamos personalidad jurídica, pues no nos habíamos puesto de
acuerdo la familia". Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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