Viernes 30 de julio de 2004 Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN SECTOR
AGRARIO ENTREGA DE APOYOS DEL
PROGRAMA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO...
ENTREGA SRA APOYOS ECONÓMICOS
A MUJERES E INDÍGENAS DE TABASCO...
DEJA 15 HERIDOS OTRO
CONFLICTO POR TIERRAS...
RECLAMAN 5 MIL HECTÁREAS
CON DOCUMENTOS VIRREINALES...
POLÍCIAS DE EDOMEX
HIEREN A CAMPESINOS DE HIDALGO...
SECTOR
AGROPECUARIO CAMPESINOS DEL CODECI
TEMEN DESALOJO VIOLENTO DE SU PLANTÓN...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO CAMPESINOS SE ENFRENTAN
A POLICÍAS EN TEPOTZOTLÁN...
GUERRERO EXIGEN ONG LA LIBERACIÓN
DE OPOSITORES A LA HIDROELÉCTRICA LA PAROTA, GUERRERO...
HIDALGO MIL 400 POLÍCIAS
DESALOJAN A COMUNEROS HIDALGUENSES DE TIERRAS DE TEPOTZOTLÁN...
OAXACA “LA VIOLENCIA PUEDE
DETONAR POR CONFLICTOS AGRARIOS”...
“ASÍ LO DICE LA
MONT” CASO
ZARATE AQUINO La
caída del expresidente del Tribunal Superior de Justicia y gobernador
para el periodo 1974-1980, Manuel Zarate Aquino, se gestó además de
sus diferencias, por un conflicto de tierras con el secretario de la Reforma
Agraria (SRA), Félix Barra García (1975-1976); un año después
con el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO),
Ildefonso Zorrilla Cuevas, así como el abogado de la COCEI, Zárate
Mijangos, que finalmente se resolvió con la interlocución del
subsecretario de Seguridad Nacional, Fernando Gutiérrez Barrios, en
la Secretaría de Gobernación. PROCEDE
IMPROCEDENTE” Dos
Posiciones Cuando
se diseñaba el Procede (Programa de Certificación de Derechos
Ejidales) se enfrentaron con singular violencia dos posiciones. La
primera sostenía que el programa debía concluir con el sexenio de
Salinas, la segunda, que era imposible hablar de términos. La
historia terminó por darla razón a los segundos. Pero el procurador agrario, Isaías Rivera, anunció que a partir del 2006
el Procede será oneroso. Recordemos
que el procede se instauró a partir de las reformas del 92 con objeto
de certificar derechos sobre tierras ejidales y comunales. Pero
existen imposibilidades materiales para certificar todas las tierras y
poner un término prefijado al programa. Pero
el Procede no sólo se haya condicionado al carácter potestativo de
los núcleos agrarios y a las resoluciones del rezago agrario, sino, y
principalmente, a que su propio desempeño adolece de infinidad de
errores y omisiones que lo obligan en muchos casos a su reposición.
Porque los núcleos han delimitado hacia adentro sus tierras sin
reconocer las superficies ocupadas por el asentamiento humano con el
claro propósito de extorsionar a los ejidatarios y avecindados con
supuestos certificados de posesión, cuando la ley destina para ellos. Miles
de pequeños propietarios, ejidos, comunidades y propietarios e tierra
urbana se enteran todos los días que hace uno o dos años un ejido o
comunidad certificó como suyas tierras de su propiedad en asamblea
convalidada por la Procuraduría
Agraria, acordó dominio pleno y ha vendido varias veces la tierra
a terceros. Bien sé que es propósito dogmáticos de la derecha
acabar con todo lo que suene a reforma agraria en México, el problema
es que su odio e ignorancia históricos obnubilan su capacidad y
despiertan, por contraparte, una nueva etapa de más virulencia. El
Procede es un programa de gran alcance, que debe llevar certeza jurídica
al campo. ENTREGA DE APOYOS DEL
PROGRAMA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO El
Gobierno Federal, a través del Secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, entregó más de once millones y
medio de pesos, en apoyo a proyectos productivos del Programa de la
Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
para beneficiar a 726 mujeres y sus familias en el estado de Tabasco.
El titular de la SRA estuvo acompañado del gobernador tabasqueño,
Manuel Andrade Díaz y otros funcionarios estatales y federales
durante la gira de trabajo en la cual también dio por concluidos dos
conflictos agrarios en los municipios de Huimanguillo y Centro, además
de entregar 961 certificados parcelarios en Cárdenas. YA
VEREMOS Florencio
Salazar Adame, titular de la SRA,
al centro, afirmó que en 2005 se levantará bandera blanca a los
problemas agrarios de la entidad. ENTREGA
SRA APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES E INDÍGENAS DE TABASCO El
gobierno federal, por conducto del titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, entregó 11
millones 522 mil 905 pesos en apoyo a proyectos productivos del Programa
de la Mujer en el sector Rural (Promusag) en Tabasco, para
beneficio de 726 mujeres y sus familias. Además,
en gira de trabajo por la entidad, el titular de la SRA dio por
concluidos dos conflictos agrarios con más de cinco años de antigüedad:
la disputa del ejido El Dorado y el grupo El Reacomodo del municipio
de Huamanguillo, y el conflicto entre el ejido La Gloria con pequeños
propietarios, del municipio del Centro, con el pago de recursos por la
cantidad de 6 millones 809 mil 455 pesos. Acompañado
por el gobernador Manuel Andrade Díaz, el político guerrerense dio a
conocer que en 2005 se levantará la bandera blanca de los problemas
agrarios de la entidad. Para ello, agregó, por instrucciones del
presidente Vicente Fox se aplicarán este año 104 millones de pesos y
el gobierno estatal aportará 23 millones más, y con ello se
regularizarán todos los terrenos nacionales, colonias agrícolas y
ganaderas, y se solucionarán los focos amarillos. El
titular de la SRA y el gobernador tabasqueño se dirigieron al
municipio de Cárdenas, en donde entregaron 961 certificados
parcelarios en beneficio de 756 familias campesinas del ejido Poza
Redonda, con lo cual quedaron regularizadas mil 747 hectáreas. DEJA
15 HERIDOS OTRO CONFLICTO POR TIERRAS Al
menos 15 personas lesionadas, entre ellas dos policías estatales por
herida de bala, dejó el enfrentamiento entre comuneros de San José
Piedra Gorda, Hidalgo, con policías estatales y judiciales del Estado
de México, estos últimos efectuaron un operativo para restituir a
particulares predios de dicha comunidad. En
un comunicado emitido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México
se detalló que mil policías estatales y 200 judiciales, así como
peritos y personal de la institución, dieron cabal cumplimiento a un
acuerdo ministerial, dictado en el marco de la averiguación previa
CUA/I/7154/2002, para restituir la propiedad del predio Santa Ana,
fracción V, en que se dividió la antigua Hacienda la Purísima
Concepción, ubicado en Tepotzotlán. Cabe
destacar que autoridades estatales y municipales mantuvieron
hermetismo en torno a dicho enfrentamiento, toda vez que el operativo
policiaco inició alrededor de las 08:00 horas de ayer, cuando los
policías estatales y judiciales instalaron retenes en predios de San
José Piedra Gorda, aunque por la tarde la Procuraduría mexiquense
emitió un escueto comunicado. Martha
Alicia Cruz Rivera, ex presidenta municipal de Tepotzotlán, informó
que los predios pertenecientes a San José Piedra Gorda se ubican en
los municipios de Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tepeji del Río,
este último del estado de Hidalgo. La
ex alcaldesa recordó que durante el tiempo que duró su administración
interina, del 28 de agosto al 30 de noviembre del 2003, policías
estatales y judiciales desalojaron parte de dichos terrenos y
detuvieron a dos comuneros de Hidalgo, con el argumento de que cumplían
una orden judicial a favor de un particular, que reclama los predios. Explicó
que la disputa por los terrenos de San José Piedra Gorda se dirime en
la Secretaría de la Reforma
Agraria, aunque ignora por qué en aquella ocasión los policías
estatales y judiciales violaron la autonomía de Tepotzotlán, al no
informar sobre el citado desalojo. A
su vez, autoridades de Tepotzotlán destacaron que en el lugar había
más de mil 500 policías estatales y judiciales, los cuales
instalaron un retén a la altura del poblado Los Dolores e impidieron
el ingreso al lugar de la policía municipal y autoridades locales. Por
último, cabe destacar que cerca de la zona en disputa se ubican los
Arcos del Sitio, donde el gobierno estatal concesionó a un particular
el sitio ecoturístico construido en el lugar, esto último con la
autorización de comuneros de San Francisco Magú, comunidad de Nicolás
Romero. RECLAMAN
5 MIL HECTÁREAS CON DOCUMENTOS VIRREINALES Con
documentos virreinales los comuneros de Santa Cruz Ayotuxco reclaman 5
mil 896 hectáreas, debido a que en 1975 la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) les confirió sólo 491 hectáreas y a
San Francisco, 301, lo que generó una disputa legal por dichos
predios. Paulo
Romero Segura, presidente de la Junta de Pobladores de Santa Cruz
Ayotuxco, explicó que en 1995 iniciaron una controversia contra la
SRA y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los amparó, pero el
Tribunal Agrario Unitario, en Naucalpan aún no resuelve el proceso. Explicó
que el amparo ordena la restitución de los terrenos que les otorgaron
en 1644; predios que en algunos casos están en poder de
"caciques" del municipio, entre ellos ex presidentes
municipales, por lo que calificó de urgente que el Tribunal Agrario
resuelva al respecto. Romero
Segura puntualizó que los comuneros de Santa Cruz Ayotuxco
solicitaron a la alcaldía no construir en la zona en conflicto, pero
las autoridades de Huixquilucan pretendieron edificar una clínica médica
en Llano Grande, lo que detonó el enfrentamiento; además, han
ocurrido otras "invasiones" Asimismo, el comunero
responsabilizó al alcalde David Korenfeld Federman y al director de
Gobierno, Facundo Roque, de los hechos violentos ocurridos el pasado
domingo en Llano Grande, en "no hubo un enfrentamiento, sino una
agresión: nos emboscaron y tiraron balas". Añadió:
"La población (de Santa Cruz) está enardecida y si los choferes
de la ruta 09 quieren entrar están equivocados". POLÍCIAS
DE EDOMEX HIEREN A CAMPESINOS DE HIDALGO Tres
ejidatarios de San José Piedra Gorda, Hidalgo, fueron heridos por
policías del Estado de México, que repelieron a balazos las pedradas
de los campesinos que trataban de impedir la destrucción de la
cosecha en 400 hectáreas, que autoridades mexiquenses reclaman para
la construcción del centro ecoturístico Arcos del Sitio, que fuera
el acueducto de Tepoztlán. Se reporta a otro siete campesinos como
desaparecidos. La
superficie en disputa ha sido solicitada en repetidas ocasiones a la Secretaría
de la Reforma Agraria por los productores como ampliación de su
ejido y por más de una década la han venido cultiva sin ningún
problema, hasta que debido al crecimiento urbano se incrementó el
valor de la tierra en esa zona limítrofe entre los estados de México
e Hidalgo. Los
campesinos acusaron al gobernador Arturo Montiel de represor y no
respetar las pláticas que se han venido sosteniendo entre los
gobiernos de ambas entidades y la Reforma Agraria, la última de ellas
el 14 de julio, cuando incluso se levantó una minuta. A
pesar de ello, el subprocurador mexiquense, José María Álvarez González,
dijo desconocer el resultado de esa reunión, donde los ejidatarios
aceptaron desalojar las tierras a cambio de que fueran liberados dos
de sus compañeros detenidos. CAMPESINOS DEL CODECI
TEMEN DESALOJO VIOLENTO DE SU PLANTÓN Campesinos
de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán del Comité de Defensa
Ciudadana (Codeci), instalados en plantón frente a la sede de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación
(Sagarpa), denunciaron agresiones de elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP), golpes a uno de sus compañeros y ataques con gas
lacrimógeno contra las mujeres. Los
labriegos relataron: "Nos habían prometido que el director
general de Apoyos al Desarrollo Rural de la Sagarpa, José de Jesús
Romero Santos, nos recibiría en audiencia (este jueves), pero una vez
más se burlaron de nosotros. "La
cita era a las 11 de la mañana; sin embargo, a las 15:30 horas aún
no nos recibían; ni siquiera había intenciones de hacerlo.'' Molestos,
indignados y cansados de "engaños y vueltas", los
campesinos aseveraron: ''ya no estamos dispuestos a soportar más
agresiones, burlas y falta de atención de la Sagarpa". ESTADO
DE MÉXICO CAMPESINOS SE ENFRENTAN
A POLICÍAS EN TEPOTZOTLÁN Dos
policías estatales y un elemento ministerial heridos, además 13
servidores públicos con lesiones menores, seis detenidos y el
aseguramiento de 25 bombas "molotov", es el saldo de un
enfrentamiento ocurrido en Santa Ana, en esta localidad, durante una
diligencia de restitución de tierras. A
través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México informó que unos 200 comuneros que mantenían
ocupaban el predio, ubicado en los límites con Hidalgo, se opusieron
al desalojo y se enfrentaron con los policías. Elementos
de la Procuraduría, en coordinación con la Policía Estatal,
cumplimentaron un acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación
previa CUA/I/7154/2002, para restituir la propiedad del predio Santa
Ana, Fracción V, en que se dividió la antigua Hacienda La Purísima
Concepción, de esta localidad. Durante
la diligencia se suscitó un enfrentamiento con los comuneros en la
que tres personas resultaron heridas por disparo de arma de fuego,
además de lesiones menores causadas por agresiones con piedras y
palos a otros 13 servidores públicos. EXIGEN ONG LA LIBERACIÓN
DE OPOSITORES A LA HIDROELÉCTRICA LA PAROTA, GUERRERO Con
la detención "arbitraria" de los comuneros Marco Antonio Suástegui
Muñoz y Francisco Hernández Valeriano, y la expedición de otras
nueve órdenes de aprehensión en contra de opositores a la construcción
del proyecto hidroeléctrico La Parota, a unos kilómetros de
Acapulco, Guerrero, queda clara la decisión del gobierno de Vicente
Fox de imponer "por la ley del cartucho" los proyectos del
Plan Puebla-Panamá, advirtieron Martín Velázquez y Ulises Chávez
Flores, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los
Pueblos (AMAP), y Rodolfo Chávez Galindo, del Frente por los Derechos
Económicos, Socioculturales y Ambientales (FDESC). Por
su parte Lilia Moreno, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (PRODH), indicó que con esas detenciones -realizadas por
judiciales estatales este martes- se busca forzar a los campesinos a
cambiar su eje de movilización: de la oposición a la presa a la
liberación de sus compañeros. Moreno,
Velázquez y los Chávez aseveraron -en rueda de prensa- que este
proyecto afectará a 25 mil campesinos de cinco municipios de
Guerrero, pues quedarían inundadas 17 mil 300 hectáreas. Pero además,
en la información parcial que han recibido, se menciona que serían
desplazados de sus pueblos y se les pagaría una indemnización, pero
no se habla de que se les repondrán sus tierras. Informaron
que desde el miércoles se puso en marcha una campaña nacional e
internacional por la libertad de los detenidos, tanto con acciones
urgentes promovidas por el PRODH y la AMAP, como mediante una carta
promovida por la Red Internacional por el Derecho a la Alimentación
(FIAN, por sus siglas en inglés). En
general, indicaron, "con la detención arbitraria y la falta de
información veraz y oportuna, se han violado sus derechos civiles y
políticos; de construirse la presa, se consumarán las violaciones a
sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
particularmente serán afectados en sus derechos a la tierra y
recursos naturales, a la propiedad, la vivienda, el trabajo, la
alimentación, la salud y el medio ambiente". Subrayaron
que los pobladores del municipio de Acapulco, donde se pretende
construir la presa, han manifestado a los funcionarios de la CFE y a
las autoridades estatales su inconformidad, porque serán inundadas
alrededor de 17 mil 300 hectáreas donde se ubican 22 poblados que
cultivan maíz, sandía, limón, mango, ajonjolí, jamaica y coco,
principalmente. Detallaron
que los campesinos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades
contra la Presa La Parota (CECOP) llevan ya un año con sus
movilizaciones de resistencia mediante plantones en cuatro puntos de
entrada a la región donde la CFE pretende construir la presa, para
evitar la entrada de maquinaria. Pero además promovieron ante el
Tribunal Unitario Agrario (TUA) y la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) sendos recursos contra la hidroeléctrica.
MIL 400 POLÍCIAS
DESALOJAN A COMUNEROS HIDALGUENSES DE TIERRAS DE TEPOTZOTLÁN En
cumplimiento de una orden judicial, el subprocurador del Estado de México,
José Manuel Alvarez, al mando de mil 200 policías estatales y 200
judiciales, así como 100 peritos y agentes del Ministerio Público,
desalojó a comuneros hidalguenses que ocuparon 400 hectáreas del
poblado San José Piedra Gorda, en el municipio de Tepotzotlán. El operativo
-en el cual participaron autoridades de Hidalgo, según informó la
procuraduría mexiquense- dejó como saldo tres heridos de bala, 11
policías lesionados por golpes y seis detenidos. El
subprocurador rechazó que las tierras estuvieran en litigio con
Hidalgo -como señalaron autoridades de esa entidad-; reiteró que los
efectivos a su cargo actuaron a partir de la averiguación previa
CUA/I/7154/2002, iniciada por el supuesto delito de despojo, y anunció
que la movilización policiaca en la zona permanecería toda la noche
del jueves. Sobre
cinco kilómetros del camino de terracería Tepozotlán-Los Arcos se
instalaron al menos seis campamentos de granaderos y agentes
ministeriales. El
gobierno de Hidalgo criticó la acción y señaló que el 14 de julio
anterior firmó un acuerdo con su homólogo mexiquense para detener
cualquier acción hasta encontrar una solución a la disputa de
tierras entre ambas entidades. El
subsecretario de Gobierno hidalguense, Erick Cruz, sostuvo que
campesinos de los municipios de Tepeji del Río, Hidalgo, y Tepotzotlán,
estado de México, se disputan 692 hectáreas del predio llamado
Quinta Fracción de la ex Hacienda de La Concepción. Afirmó
que el 22 de octubre de 2003 la Policía Judicial del estado de México
detuvo al presidente del comisariado ejidal, Martín Flores, y al
campesino Gregorio Cavaría, acusados de "despojo agravado",
que habrían perpetrado al defender las tierras que consideran suyas. En
el paraje Arcos del Sitio, el gobierno mexiquense promovió un
desarrollo ecoturístico que inauguró el gobernador Arturo Montiel,
para el cual se tomaron tierras hidalguenses, según reclamaron en su
oportunidad los vecinos de San José Piedra Gorda. El
representante de 98 ejidatarios que se dijeron afectados, Ricardo
Cano, sostuvo que las tierras en conflicto les pertenecen desde el
siglo pasado. Agregó
que a partir de 2000 el gobierno mexiquense autorizó de manera
unilateral un desarrollo ecoturístico y permitió que los vecinos de
la comunidad San Ignacio, que colinda con San José Piedra Gorda,
desarrollaran el proyecto e invadieran tierras de ejidatarios
hidalguenses. Pese
a las protestas, la obra se concluyó y este año la inauguró
Montiel, al tiempo que ambos gobiernos negociaban una salida
equitativa que no perjudicara a ningún grupo. “LA VIOLENCIA PUEDE
DETONAR POR CONFLICTOS AGRARIOS” El
dirigente del Movimiento Democrático Magisterial de Oaxaca, Claudio
Flores Ochoa Osorio, aseguró que en la entidad existen al menos 10
comunidades a las que calificó como “focos rojos” para la elección
del próximo domingo. Explica
que en comunidades como Santo Domingo Teojomulco, San Agustín
Loxicha, San Juan Copala, Tecomoaxtlahuaca, Mazatlán Villa Flores,
San Felipe Usila, la región de los Chimalapas y algunas zonas de
Pinotepa Nacional, existen problemas. Dijo que “estas zonas vienen arrastrando conflictos como tenencia de la tierra, límites territoriales y otros, que a la fecha no han sido resueltos por distintos motivos, pero que a la hora de las elecciones podrían derivar en violencia sí no son atendidas a tiempo”. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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