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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO REUNIÓN DE TRABAJO DEL
CAP CON EL SECTOR AGRARIO...
EL FIFONAFE ENTREGÓ
APOYOS POR $803 MILLONES A PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO AGRARIO EN 3 AÑOS...
ENTREGA SRA RECURSOS A
CAMPESINOS PARA EVITAR QUE
EMIGREN HACIA EU...
RECLAMAN TIERRAS DE
LLANO GRANDE CON PAPELES VIRREINALES...
PIDE GÁLVEZ $5 MIL
MILLONES PARA COMUNIDADES INDÍGENAS...
SECTOR
AGROPECUARIO HOY DECIDE LA CODECI Sí
SIGUE CON SU PLANTÓN EN LA SAGARPA...
ESTADOS CHIAPAS AGRICULTORES
CHIAPANECOS PROPONEN DISOLVER LA AGRUPACIÓN CASA DEL PUEBLO...
DISTRITO
FEDERAL LLAMA LA ALDF A
IMPULSAR DIÁLOGO ENTRE COMUNEROS DE XALATLACO Y EL AJUSCO...
HIDALGO EL GOBIERNO DE HIDALGO
AMENAZA A EJIDATARIOS PARA QUE VENDAN TIERRAS...
REUNIÓN DE TRABAJO DEL
CAP CON EL SECTOR AGRARIO Líderes
de organizaciones campesinas integrantes del Congreso Agrario
permanente (CAP) y funcionarios del Sector Agrario, encabezados por el
procurador agrario, Isaías
Rivera Rodríguez, realizaron una reunión de trabajo sobre los
avances y perspectivas del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(Procede). Este
programa del gobierno federal se creó en 1993 y en los 11 años de
trabajo que lleva, de un total de 29 mil 942 ejidos y comunidades que
hay en el país se han certificado ya 24 mil 841 y expedido 7 millones
834 mil 72 documentos agrarios, que representan 83 por ciento de
avance, y que dan pendientes unos 5 mil ejidos que se medirán en los
próximos dos años. EL
FIFONAFE ENTREGÓ APOYOS POR $803 MILLONES A PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO AGRARIO EN 3 AÑOS Casi
803 millones de pesos ha otorgado el Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) –organismo
descentralizado de la Secretaría de la Reforma Agraria-, a programas de financiamiento
para el desarrollo agrario y en solicitudes de retiro de fondos
comunes, desde el año 2001 al primer semestre de 2004. Con
ello el Fifonafe ha beneficiado a más de 332 mil personas y ha
generado más de 74 mil empleos en las zonas agrarias del país, en
especial para apoyar la organización de mujeres indígenas campesinas
y de jóvenes trabajadores del sector rural. Por
lo que se refiere al financiamiento para el desarrollo rural el total
fue de 55 millones de pesos; en 2002 fue de 17 millones de pesos para
nueve mil personas y la generación de mil 717 empleos; en 2003, se
otorgó un monto de 25 millones para casi doce mil personas y se
crearon más de dos mil trabajos, y durante el primer semestre del
presente año, se han dado 12.42 millones para cinco mil 231
trabajadores y se crearon 913 puestos laborales. ENTREGA
SRA RECURSOS A CAMPESINOS PARA EVITAR
QUE EMIGREN HACIA EU Como
parte de la estrategia para disminuir los índices de migración
campesina hacia Estados Unidos, la Secretaría
de la Reforma Agraria ha puesto en operación la entrega de
recursos por más de 803 millones de pesos para el fomento de
proyectos productivos en ejidos. El
titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame, precisó que los
programas de financiamiento para el desarrollo agrario, están
dirigidos a grupos de mujeres indígenas campesinas y jóvenes
trabajadores del sector rural, lo cual intenta arraigar a familias en
el campo mexicano, e impulsar las oportunidades en su tierra. El
Fideicomiso Fondo Nacional de
Fomento Ejidal (Fifonafe) ha beneficiado, según asegura la SRA, a
más de 332 mil personas y ha generado en lo que va de la actual
administración federal, alrededor de 74 mil empleos en zona rural. RECLAMAN
TIERRAS DE LLANO GRANDE CON PAPELES VIRREINALES Con
documentos virreinales los ejidatarios de Santa Cruz Ayotuxco reclaman
la posesión de 5 mil 896 hectáreas en Llano Grande, ya que en 1975
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) confirió a dicha comunidad
sólo 491 hectáreas y a San Francisco 301 hectáreas, lo que generó
la disputa legal por dichos predios. Paulo
Romero Segura, presidente de la Junta de Pobladores de Santa Cruz
Ayotuxco, explicó que en 1995 iniciaron una controversia contra la
SRA y más tarde obtuvieron un amparo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio que aún
no es resuelto por el Tribunal Unitario Agrario, en Naucalpan. Explicó
que el amparo ordena la restitución de los terrenos que les fueron
otorgados desde la época virreinal, en 1644; predios que en algunos
casos están en poder de “caciques” del municipio, entre ellos, ex
presientes municipales, por lo que calificó de urgente que el TUA
resuelva al respecto. PIDE
GÁLVEZ $5 MIL MILLONES PARA COMUNIDADES INDÍGENAS La
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prevé
solicitar al Gobierno federal aumentar a 5 mil millones de pesos el
presupuesto del fondo para infraestructura, indicó la directora de la
institución, Xóchitl Gálvez. Durante
una reunión de trabajo con diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas,
Gálvez comentó que el fondo tendría un aumento de mil 500 millones
de pesos con respecto al 2004, pero reconoció que alcanzar tal cifra
es una meta difícil. Ante
legisladores del PRI, PAN y PRD, la funcionaria resaltó que con los
recursos de este fondo se han realizado más de 330 obras carreteras,
de alcantarillado y electrificación, por lo que garantizó que este año
no habrá subejercicio presupuestal. Xóchitl
Gálvez informó a los diputados que ya opera el Estatuto Orgánico de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista, y que se ha empezado
a trabajar con una visión distinta en la atención de las comunidades
autóctonas. Explicó
que la Comisión trabajará sobre cinco aspectos fundamentales. El
primero de ellos es la transversalidad de acciones en la administración
pública federal, para que todas las Secretarías de Estado consideren
en sus programas a la población indígena. Otro
eje de trabajo es la consulta a las comunidades indígenas sobre
programas y acciones que efectúe la Comisión y el Gobierno federal. Dijo
que una tercera prioridad es la concurrencia de los tres órdenes de
Gobierno, es decir, lograr que no sólo las autoridades federales
atiendan a las comunidades indígenas, sino también las estatales y
en mayor proporción, los ayuntamientos municipales. El
cuarto eje de trabajo es focalizar la atención en regiones y
comunidades de mayor rezago del País, sin centrarse solamente en las
comunidades rurales, sino también con los indígenas que residen en
las urbes y que sufren marginación. Finalmente,
comentó que se prevé un horizonte de atención a mediano y largo
plazo, es decir, que se trabaja con una perspectiva que va más allá
del 2006. HOY DECIDE LA CODECI Sí
SIGUE CON SU PLANTÓN EN LA SAGARPA Ante
la promesa de una audiencia con un subsecretario de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), para iniciar el cotejo de las actas que levantaron 10
grupos -de los 35 en total- integrados al proyecto ganado de doble
propósito, los campesinos de Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guerrero
del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) decidieron suspender la
marcha a la residencia oficial de Los Pinos que realizarían la mañana
de ayer. Catarino
Torres, dirigente del Codeci, comentó que al mediodía de ayer
personal de Sagarpa ofreció una audiencia luego de que entregó a la
oficialía de partes de la institución copias fotostáticas de las
actas de verificación que levantaron una decena de grupos de los 11
acordados en la reunión del pasado 20 de julio con Sagarpa. Sin
embargo, hasta el cierre de esta edición, la comisión del Codeci no
había sido recibida. CHIAPAS AGRICULTORES
CHIAPANECOS PROPONEN DISOLVER LA AGRUPACIÓN CASA DEL PUEBLO Agricultores
del municipio de Venustiano Carranza, miembros activos y expulsados de
la Casa del Pueblo, propusieron disolver dicha agrupación y formar
una nueva que unifique a los grupos del organismo, que por años han
estado confrontados, incluidos los acusados de ser
"paramilitares". Al
respecto, el presidente suplente de la Casa del Pueblo, Manuel Vázquez
Mendoza, acusó a quienes promueven esa postura de ser un grupo de
choque, intentar dividir los bienes comunales y servir a intereses del
gobierno estatal. Según
Vázquez Mendoza, la Unión Campesina Totikes -compuesta por
expulsados y miembros en activo de la Casa del Pueblo- ha propuesto
formar un nuevo organismo, lo que de facto significaría la desaparición de los bienes comunales de
Venustiano Carranza, una de las instituciones indígenas más fuertes
y críticas que existen en la entidad. Añadió
que esa nueva agrupación se conformaría con miembros de la Casa del
Pueblo y de asociaciones constituidas por expulsados del organismo
durante los últimos 30 años por violar las reglas de convivencia
impuestas por la asamblea de bienes comunales. LLAMA LA ALDF A
IMPULSAR DIÁLOGO ENTRE COMUNEROS DE XALATLACO Y EL AJUSCO La
Asamblea Legislativa (ALDF) solicitó a los gobiernos federal,
capitalino y del estado de México aportar recursos "para
impulsar el desarrollo económico de las comunidades del Ajusco y de
Xalatlaco", y contribuir al diálogo entre las partes en
conflicto, sin tomar partido por ninguna, sino promover la legalidad,
la paz y el entendimiento. El
punto de acuerdo, presentado por el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Pablo Trejo, fue aprobado por
unanimidad en la sesión de la diputación permanente. En
la exposición de motivos se recuerda que el conflicto entre las
comunidades de San Miguel y Santo Tomás, en el Ajusco, y de
Xalatlaco, Estado de México, tiene origen agrario. "En México
existen a la fecha más de 30 mil conflictos agrarios por límites
territoriales; la mayoría tiene su origen en los reconocimientos
reales que expidió en su tiempo la corona española". Se
subraya que los conflictos agrarios son asuntos delicados; "la
historia del caso de Xalatlaco y otros muestra que ninguna de las
partes aceptará de buena gana la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y por tanto es de esperarse que prosiga un
clima de enfrentamiento social y quizás de violencia". EL GOBIERNO DE HIDALGO
AMENAZA A EJIDATARIOS PARA QUE VENDAN TIERRAS Los
34 ejidatarios de Zapotlán de Juárez y Villa de Tezontepec, Hidalgo,
que se han negado a vender a menos de cien pesos el metro cuadrado de
las 4.5 hectáreas que poseen cada uno, los cuales son parte del
proyecto del aeropuerto de Tizayuca, temen que en las próximas
semanas se agudicen las presiones en su contra. El
grupo encabezado por Leopoldo Leonel Cruz asentó que el gobierno se
negó a "aceptar nuestra propuesta de elevar el pago por la
tierra y ser integrados al desarrollo del proyecto", y dijo que
hace dos semanas les insistieron en que sólo les pagarían máximo 45
pesos por metro cuadrado. Acerca
de una posible expropiación, Salvador Vázquez comentó que la
administración de Hidalgo descartó esa vía, porque "sabemos
que el gobierno federal condicionó el apoyo al proyecto del
aeropuerto siempre y cuando no se tocara la vía de la expropiación,
y por eso la insistencia en las negociaciones con cada
ejidatario". Agregó
que la actitud del gobierno estatal está generado descontento social,
porque a los primeros ejidatarios que aceptaron vender les pagaron 15
pesos por metro cuadrado y el precio subió un poco para los que
negociaron posteriormente. Sin embargo, la mitad de los agricultores
de Zapotlán de Juárez y Villa de Tezontepec vendieron a 15 pesos. Ahora
el problema no se reduce sólo a obtener más dinero, sino a los
conflictos que se presentarán por la falta de agua, debido a que los
acuíferos de la región están sobrexplotados y el desarrollo
previsto, que incluye, además del aeropuerto, zonas industriales y
habitacionales, implicaría dejar sin agua a la ciudad de México en
lo inmediato, y en un plazo de cinco a 10 años la zona tampoco tendría
suficiente líquido para su propio consumo. Acompañados
por un grupo de ejidatarios, Leonel Cruz y Vázquez expusieron que en
días recientes las amenazas del gobierno estatal se han acentuado;
incluso ha actuado para dividir a las familias con la entrega de máquinas
de coser. Los
34 ejidatarios que se resisten a rematar su tierra, destinada a la
producción de cebada, comentaron que como agricultores tienen un
ingreso de 10 mil pesos, en promedio, por ciclo agrícola, que
complementan con otras actividades. Para
la construcción del aeropuerto de carga el gobierno de Hidalgo
requiere mil 560 hectáreas que, en conjunto, poseen 125 ejidatarios y
36 pequeños propietarios, y se invertirán, de acuerdo con los
ejidatarios, 500 millones de pesos en la primera etapa. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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