Miércoles 21 de julio de 2004


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
La Jornada • Milenio Diario • El Universal • El Día
La Prensa • Diariomonitor • Reforma



OPINIÓN 

“¿APOYO A JÓVENES CAMPESINOS?”...  ver nota completa....


SECTOR AGRARIO 

NIEGA SRA PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS EN CONFLICTO...  ver nota completa....


DEBE RESOLVERSE EL CONFLICTO MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL DERECHO: AMLO; ASEGURÓ QUE A SU ADMINISTRACIÓN NO LE TOCA ATENDERLO...  ver nota completa....


OTOMÍES DENUNCIAN ANTE LA ONU DESPOJO DE TIERRAS Y DISCRIMINACIÓN...  ver nota completa....


SECTOR AGROPECUARIO 

CAMPESINOS EXIGEN QUE SAGARPA CUMPLA CON LA ENTREGA DE 3.1 MILLONES DE PESOS...  ver nota completa....


ESTADOS

ESTADO DE MÉXICO 

ROMPEN COMUNEROS DEL AJUSCO CONVERSACIONES CON GOBERNACIÓN...  ver nota completa....


UN AÑEJO CONFLICTO AGRARIO...  ver nota completa....


GUERRERO 

EXIGEN INDÍGENAS AMUZGOS CESAR LA REPRESIÓN CONTRA MUNICIPIO AUTÓNOMO...  ver nota completa....


SONORA 

CÁRDENAS SOLÓRZANO LLAMA A LA UNIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS YAQUIS...  ver nota completa....




OPINIÓN 

“¿APOYO A JÓVENES CAMPESINOS?”
Ramón Casanova Díaz, El Día, página 7

Al parecerla Secretaría de la Reforma Agraria está dispuesta a dar un interesante respaldo al campo mexicano: pretende apoyar a jóvenes agricultores e impulsar el desarrollo económico de escala de la propiedad social, con el Programa de Fondo de Tierras, con un monto de 270 millones de pesos “para que los jóvenes puedan rentar o comprar las tierras a sus padres, toda vez que los pequeños propietarios tienen un promedio de 60 años”.

Es loable que la SRA incentive a que jóvenes campesinos se arraiguen en México y hagan crecer la enorme potencialidad de riqueza de la tierra y el clima de la República, con su extensa variedad de recursos naturales. Pero resulta abismal el soporte económico ofrecido por la SRA cuando para el rescate a bancos, hoy extranjeros, se darán otros 107 mil millones de pesos.

De ahí que la propuesta de Armando Ríos Piter, subsecretario de Política Sectorial de la SRA, debe contar con esfuerzos y apoyos extraordinarios, pues busca capacitar y respaldar a “jóvenes agricultores emprendedores”.


SECTOR AGRARIO 

NIEGA SRA PRIVATIZACIÓN DE TIERRAS EN CONFLICTO
Matilde Pérez U., La Jornada, página 17

El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, Gilberto Hershberger Reyes, aseguró que la estrategia de indemnización para resolver los conflictos agrarios que aplica la institución no atenta contra los derechos de las comunidades indígenas, ya que en todos los casos se respetan los usos y costumbres.

Afirmó que el interés del gobierno federal es respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y por eso "su prioridad es resolver los problemas agrarios en esas regiones para proteger la territorialidad.

"No hay un solo caso de privatización de las tierras involucradas en los conflictos agrarios resueltos por la vía de la conciliación", como lo asentó Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, indicó Hershberger Reyes.

Antes, explicó, la solución de las controversias agrarias sostenidas entre ejidos y comunidades o con propietarios privados se daban mediante arreglos que no tenían una categoría jurídica. Actualmente la totalidad de los asuntos resueltos se elevan a la calidad de sentencia por los tribunales agrarios, no están sujetos a la buena voluntad de las partes ni de los gobiernos estatales o federal.


DEBE RESOLVERSE EL CONFLICTO MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL DERECHO: AMLO; ASEGURÓ QUE A SU ADMINISTRACIÓN NO LE TOCA ATENDERLO
Joel Saucedo, La Prensa, página 2

El conflicto de Santo Tomás Ajusco y Xalatlaco debe resolverse mediante la búsqueda del diálogo y el acuerdo, es decir, a partir de la razón y el derecho y no por la fuerza o el enfrentamiento, recomendó Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que se trata de un problema que le corresponde atender al gobierno federal, sin embargo aclaró que su administración colabora con la Secretaría de Seguridad Pública Federal para evitar enfrentamiento alguno.

Al referirse al conflicto que está a punto de cobrar dimensiones mayores por la disputa de 1,500 hectáreas en la zona limítrofe con el Estado de México, expuso que se trata de una resolución que le corresponde determinar a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


OTOMÍES DENUNCIAN ANTE LA ONU DESPOJO DE TIERRAS Y DISCRIMINACIÓN
Kyra Nuñez, La Jornada, página 16

El pueblo otomí denunció al gobierno federal y a las autoridades locales del Estado de México ante el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la "violación sistemática de los derechos colectivos", que incluyen discriminación racial, despojo de territorios ancestrales y profanación de centros ceremoniales y lugares sagrados, como es del caso de Centro Ceremonial Otomí, la Casa Mayor Lugar Sagrado y Capital Actual.

El guardián otomí Thaayrohyadi S. Bermúdez de la Cruz apeló ante dicho grupo -presidido por el cubano Alfonso Martínez- para que la ONU recomiende al gobierno mexicano y lo inste a reiniciar el diálogo y la negociación con la nación otomí y respete el derecho inalienable a la libre determinación como pueblo indígena.

Entre el gobierno federal y la nación otomí existe un conflicto que data desde 1980, cuando el entonces presidente José López Portillo destinó más de 115 mil hectáreas del territorio de este grupo indígena para la creación del parque ecológico, turístico y recreativo Otomí-Mexica, por medio de un decreto "para el cual no consultó a las autoridades otomíes", indicó Bermúdez.

Los gobiernos subsecuentes han respetado el decreto gubernamental, pero ya es hora de que "se cancele y nos reintegren nuestras tierras", agregó.

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se festejará el próximo jueves. En Ginebra, la ceremonia estará presidida por la alta comisionada Louise Arbour.


SECTOR AGROPECUARIO 

CAMPESINOS EXIGEN QUE SAGARPA CUMPLA CON LA ENTREGA DE 3.1 MILLONES DE PESOS
Gabriel Lozano, La Jornada, página 11

Campesinos de la cuenca del Papaloapan se instalaron desde ayer en plantón permanente frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en demanda de la liberación de más de 3 millones de pesos que el gobierno federal se comprometió a otorgarles desde octubre de 2003 para la realización de proyectos productivos.

Catarino Torres y Norberta Torres, integrantes del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), explicaron que el convenio mencionado establece que 35 grupos de campesinos recibirían 6 millones 634 mil pesos para la compra de ganado bovino de doble propósito, es decir, que sirve como productor cárnico y provee leche.

La mitad del dinero fue entregado por la Sagarpa en febrero pasado, mismo con el que 21 grupos de campesinos adquirieron, cada uno, 20 vaquillas y un semental. El resto nunca llegó, señalaron los dirigentes, y aseguraron que pueden comprobar todo el gasto de manera fehaciente.

Por su parte, la Sagarpa informó en un comunicado que los manifestantes representados por Catarino Torres incumplieron el convenio celebrado con el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural (Inca rural). Según la dependencia, el Inca rural detectó diversas irregularidades, como la exclusión a los grupos que solicitaron el apoyo, la no entrega de facturas para la comprobación de la aplicación de recursos fiscales y la no aportación de la inversión comprometida de parte de la organización.


ESTADOS

ESTADO DE MÉXICO 

ROMPEN COMUNEROS DEL AJUSCO CONVERSACIONES CON GOBERNACIÓN
José Antonio Román, La Jornada, página 42. /Información también publicada en Reforma, página 3B, Diariomonitor, página 5, El Universal, página 1C, Milenio Diario, página 18

La película de las mesas de diálogo fallidas en la Secretaría de Gobernación (SG) se repitió ayer.

Comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, rompieron ayer el diálogo con funcionarios de esa dependencia ante la falta de respuesta a su exigencia de enviar a la zona del conflicto más elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), con el fin de garantizar el resguardo del predio conocido como paraje Agua Grande, en disputa con la comunidad mexiquense de Xalatlaco.

En su molestia, Enrique García Peña, representante de los habitantes de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, advirtió que nuevamente "harán valer la ley con su propia mano" y que si los comuneros de Xalatlaco "quieren violencia y enfrentamiento, los tendrán".

Parte de los comuneros, enardecidos, advirtieron que tomarían Agua Grande por la fuerza y se encaminaron hacia el lugar, mientras que otra parte, aunque molesta, los invitaban a organizarse para discutir un plan de acción en lugar de que "hubiera muertos que lamentar".

Por la noche, también en las oficinas de la Segob, los secretarios de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena, y del Distrito Federal, Alejandro Encinas, así como Gonzalo Altamirano Dimas, se reunieron durante escasos 45 minutos y acordaron "reforzar las medidas de diálogo" y buscar mecanismos para reanudar las negociaciones con las partes en conflicto.

El funcionario de Gobernación informó que durante el encuentro se evaluaron las acciones que van a desarrollar las diferentes corporaciones policiacas, por lo que descartó cualquier hecho de violencia o enfrentamiento entre los comuneros. "Afortunadamente en las últimas horas el clima de posible violencia a disminuido", agregó.

Estamos, indicó el funcionario de Gobernación, en la mejor disposición para programar las reuniones con las dos comunidades y reencauzar el diálogo con el fin de encontrar una salida negociada a este problema comunal.


UN AÑEJO CONFLICTO AGRARIO
Josefina Quintero, La Jornada, página 42

Detrás de los enfrentamientos entre las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, y de Xalatlaco, estado de México, existe un añejo conflicto agrario por la posesión de mil 509 hectáreas.

El conflicto se inició el 9 de mayo de 1941 por la posesión de las tierras entre las comunidades del Distrito Federal y del estado de México. El 19 de abril de 1999 el Tribunal Unitario Agrario resolvió en definitiva en favor de San Miguel y Santo Tomás Ajusco.

Pero un grupo de comuneros representados por Rafael Ruanova, identificado con el grupo Atlacomulco y con Carlos Hank Rhon, interpuso una solicitud de amparo el 16 de octubre de 2002 ante el juez tercero de distrito en materia administrativa para reclamar su derecho de audiencia.

La solicitud de amparo les fue aceptada, pero sin darles la posesión. Sin embargo, los de Xalatlaco entraron al paraje y construyeron 26 cabañas en suelo de conservación.

El 8 de julio de 2003, la Comisión de Recursos Naturales del DF derribó las cabañas. Ante el hecho, los habitantes de Xalatlaco retuvieron a nueve granaderos, funcionarios públicos y un habitante del Ajusco.

A cambio de su libertad se instalaron mesas de diálogo, pero el 15 de julio, ante el repliegue de los granaderos, tomaron nuevamente el paraje, lo que provocó que la comunidad del Ajusco decidiera defender lo que considera son sus tierras.

El 16 de julio elementos de la Policía Federal Preventiva ingresaron al paraje para resguardarlo y se acordó que ninguna comunidad entraría hasta que se resolviera en los tribunales el conflicto.

El 7 de agosto los labriegos mexiquenses rompieron el acuerdo y amenazaron con recuperar sus tierras, lo que originó tensión ante un posible enfrentamiento.

El 4 de mayo los comuneros de Xalatalco nuevamente entraron al paraje y enfrentan a los efectivos de la PFP. La situación alertó al Ajusco, que declaró la defensa de sus tierras, pues el amparo interpuesto por la comunidad mexiquense fue resuelto en favor de San Miguel y Santo Tomás.

El 20 de mayo se suscita un enfrentamiento entre los mexiquenses y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PFP, que dejó una docena de lesionados y ocho detenidos.

Nuevamente se instalaron mesas de diálogo entre ambas comunidades y acordaron esperar la resolución del conflicto, que se solicitó fuera atraído por la Corte.

Este lunes se rompieron con la resolución de la juez tercera de distrito, María Alejandra de León González, quien permitió a los comuneros de Xalatalco que iniciaran la reconstrucción de las cabañas.


GUERRERO 

EXIGEN INDÍGENAS AMUZGOS CESAR LA REPRESIÓN CONTRA MUNICIPIO AUTÓNOMO
Rosa Rojas, Agenda, La Jornada, página 18

El juez de primera instancia del ramo penal de Ometepec, Guerrero, dictó auto de formal prisión al comisariado ejidal de Xochistlahuaca, Genaro Cruz Apóstol, por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad en agravio de Narciso García, con lo que se teme que se proceda a aprehender a otros 12 integrantes de las autoridades tradicionales del municipio autónomo de Suljaa', que están también acusados.

Cruz Apóstol fue detenido el pasado 15 de este mes y liberado bajo fianza, con las reservas de ley, al día siguiente.

Antes de la audiencia en el juzgado, 300 personas se trasladaron de Xochistlahuaca (Suljaa') a Ometepec para realizar una marcha de protesta por la detención de Cruz Apóstol y exigir el sobreseimiento de la citada causa penal y cualquier otra que pudiera existir en contra del municipio autónomo, de sus pobladores y de sus autoridades agrarias y tradicionales.

Por su parte, una treintena de comunidades y organizaciones, así como personalidades de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Durango, Colima, Guerrero y Distrito Federal emitieron una declaración en defensa del municipio autónomo, en la que exigen al gobernador de Guerrero y al Poder Judicial de esa entidad el "cese inmediato de la represión", el respeto a las formas de organización y justicia propias de los amuzgos, y la anulación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de otros pobladores y autoridades tradicionales de Xochistlahuaca "por razón de las causas penales instauradas con el fin de golpear al autogobierno amuzgo de Suljaa'".

En su declaración señalan que el municipio autónomo de Suljaa' representa un importante sueño colectivo que, al hacerse realidad, busca remontar las difíciles condiciones de pobreza de la localidad y reconstituir el gobierno, la organización y la cultura propias del pueblo amuzgo. Conformado hace casi dos años por gran número de comunidades pertenecientes al municipio de Xochistlahuaca, "tras una permanente historia de lucha contra los caciques de la región y las imposiciones del Estado mexicano".

Subrayan que el autogobierno municipal constituido por los amuzgos resulta contrario a los intereses del gobierno local, de los caciques del lugar (Aceadeth Rocha y familia) y de los partidos políticos, principalmente del PRI.

Agregan que aprovecharon que hace más de dos meses los principales de la cabecera municipal, en aplicación del derecho propio, determinaron detener por escasas horas a una persona que estaba acaparando las tierras de uso común del ejido de Xochistlahuaca. El pasado 15 de julio la Policía Judicial de Guerrero detuvo a Genaro Cruz Apóstol, presidente del comisariado ejidal, acusado de privación ilegal de la libertad en agravio de la persona que acaparaba las tierras del ejido.


SONORA 

CÁRDENAS SOLÓRZANO LLAMA A LA UNIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS YAQUIS
Cristóbal García Bernal, La Jornada, página 40

Un llamado a la unificación de la tribu yaqui hizo hoy en Ciudad Obregón, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante un encuentro que sostuvo con las autoridades tradicionales de la etnia sonorense.

En el centro de reunión oficial de las autoridades yaquis, el gobernador de Vicam-Pueblo, Juan Piña Valenzuela, recibió al tres veces candidato del PRD a la Presidencia de la República, quien sostuvo que la división ha sido un factor que han aprovechado "otros grupos para explotar y obtener beneficios indebidos".

Cárdenas Solórzano se comprometió a regresar a esta ciudad para entregar las copias de un decreto emitido por su padre, Lázaro Cárdenas del Río, así como los planos que establecen que los yaquis son los "legítimos propietarios" de las más de 35 mil hectáreas que les fueron despojadas.

Los indígenas, a su vez, responsabilizaron al gobierno de Eduardo Bours Castelo de promover la "división" entre los ocho pueblos yaquis, al grado de que actualmente existen 12 gobernadores a consecuencia de la dualidad de autoridades en cuatro de estas comunidades.

Denunció que aunque el mandatario estatal ha expresado que su administración mantendrá "fuera las manos de los asuntos internos de los yaquis", sigue provocando la desintegración de sus pueblos.

"Esos terrenos, que hoy el gobierno pretende liquidar mediante el pago de 127 millones de pesos, han sido envidiados y ambicionados por las autoridades de las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, pero esas tierras no están en venta porque son un legado de Cárdenas del Río", advirtió Molina Guitimea.



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