Lunes 26 de enero de 2004 Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN EL
MINIFUNDIO PUEDE SER PRODUCTIVO ...
SECTOR
AGRARIO PRETENDE LA SRA PONER
FIN ESTE AÑO A LOS FOCOS ROJOS
EN EL AGRO ...
COMUNEROS DE
TLANEPANTLA AGRADECEN APOYO OFICIAL PARA DOTACIÓN DE TIERRAS ...
LAS MORENAS, PARA EL
SOBRINO DE UN FOXISTA ...
TIMAN A 300 FAMILIAS
CON TERRENO ECOLÓGICO ...
TRÁFICO DE TERRENOS
FEDERALES EN LAS LOMAS ...
REFLEXIONES Violencia
en Morelos (2) ¿Tlalnepantla,
otro Atenco? Con
la excarcelación por fianza de diecinueve personas, que fueron
detenidas desde el pasado 14 del mes en curso por las fuerzas públicas
en el Municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos, y que son acusadas
(ahora sujetas a proceso) de diversos delitos del fuero común y
federales, parece ser que se inicia un nueva etapa en el intento de
obtener el control de las respuestas comunitarias a este secular
conflicto de la tierra a nivel nacional. La rápida utilización de
las fuerzas públicas en el desalojo del Consejo Autónomo Indígena y
la contención obligada de la disidencia opuesta a esta medida,
permitió a las autoridades federales y estatales sentar las bases
para la desactivación de un fenómeno sociopolítico nacional que está
muy, pero muy lejos de encontrar solución congruente y, sobre todo,
justa y social. En
el pasado programa radial del Presidente de la República, Fox
Contigo, y con la participación del titular de la Reforma Agraria y
la de Asuntos Indígenas, se identifican más de 100 focos rojos, de
los cuales se dice 14 de ellos requieren atención inmediata, para
continuar así, de esta manera, con el empleo de una política
paliativa y no resolutiva de subsidios y de transferencia de
soluciones realistas e integrales para mejores tiempos políticos. Urge una revisión exhaustiva e inventario de los problemas del campo, cumplir las promesas y programas y poner en práctica los Acuerdos de San Andrés, en un contexto acorde con el espíritu constitucionalista, nacional y federal de todos los mexicanos. EL
MINIFUNDIO PUEDE SER PRODUCTIVO La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciará este año un
programa con el que se pretende inducir a los ejidatarios y comuneros
mayores de 65 años a que cedan sus derechos agrarios sobre tierras
agrícolas, ganaderas y forestales a gente más joven. El
subsecretario de Política Sectorial de la SRA, Armando Ríos Piter,
considera que con este programa se combatirá el envejecimiento de los
posesionarios rurales, como si ése fuera el obstáculo para
tecnificar el campo. Es muy obvio que el propósito declarado de sacar
a los viejos campesinos de su medio sólo es otra manera ideada por el
gobierno para facilitar la integración de unidades agropecuarias de
mayor extensión. La
intención de la SRA es poner en circulación mercantil las parcelas
ejidales y acelerar la privatización para ayudar a terminar con el
minifundio; aunque ésa fue una de las intenciones clave de la reforma
al artículo 27 constitucional promovida en 1992. El minifundio sigue
siendo la principal característica de la estructura agraria del país,
a pesar de su renta y algunas ventas. Lo
que debería entender el gobierno es que el minifundio tiene causas
ajenas al medio rural y que existen medidas adecuadas para su
progreso. No hay que olvidar que la carencia de tecnologías y
servicios adecuados al minifundio agrava la degradación de suelos, la
pérdida de fertilidad y la caída de rendimientos. PRETENDE LA SRA PONER
FIN ESTE AÑO A LOS FOCOS ROJOS
EN EL AGRO Dispuesto
a recuperar la confianza de los sujetos agrarios para que dejen de
dudar de los compromisos y la voluntad política del gobierno federal,
el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio
Salazar Adame, dispuso de 481 millones de pesos en ocho meses para
resolver definitivamente siete de los 14 focos rojos en el campo. "No
es un gasto, sino una inversión en la paz social del campo, para
abrir el camino al desarrollo en esas zonas cuyos habitantes
sostuvieron enfrentamientos -algunos de ellos sangrientos- durante
medio siglo o más", señaló el subsecretario de Ordenamiento
Territorial, Gilberto Hershberger Reyes. La
solución de la mitad de los 14 focos
rojos involucra una superficie de 61 mil 865 hectáreas y cerca de
40 mil sujetos, localizados en 21 municipios de los grupos indígenas
zoques, chinantecos, mazatecos, zapotecos, huastecos, nahuas, pames,
tepehuanos y tzotziles. Además,
antes de finalizar este año podría concluir la negociación del
asunto Acatepec contra Zapotitlán Tablas, Guerrero, abundó. Hershberger
Reyes confió en que la resolución de los restantes seis puntos
rojos se alcanzará este año, en que también se atenderán los
140 problemas clasificados como focos
amarillos. Inmerso
en las acciones de concertación con los grupos agrarios, el
subsecretario señaló que en estas acciones el respaldo político de
los gobiernos de los estados ha sido un factor fundamental. “No son
soluciones que pendan de un hilo tejido por los recursos económicos,
sino suma de voluntades políticas y sociales", dijo. En
2004 los primeros asuntos que posiblemente tengan una solución
definitiva sean los casos de los yaquis, en Sonora; los 12 conflictos
agrarios en Hidalgo, y tal vez se logre un fuerte avance en el caso de
Montes Azules, en donde no habrá desalojo sino diálogo y concertación
para reubicar a las familias, insistió Hershberger. De
acuerdo con la Procuraduría Agraria, en el país hay 22 conflictos
agrarios de alto riesgo, de ellos tres están en Chiapas, cuatro en
Michoacán, dos en Oaxaca, tres en Veracruz y uno en Baja California,
Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. La mayoría de ellos
son casos que tienen más de tres décadas y que, desde el punto de
vista de las autoridades agrarias, requieren de un alto grado de
coordinación entre los gobiernos estatales y profundas acciones de
conciliación. A
su vez, los 695 asuntos de trascendencia involucran a las comunidades
y ejidos, y en su mayoría hay factores religiosos, económicos, jurídicos,
políticos, étnicos y ambientales. Su solución -según la Procuraduría
Agraria- requiere de la atención de los tres niveles de gobierno y
mantener un seguimiento permanente. COMUNEROS
DE TLANEPANTLA AGRADECEN APOYO OFICIAL PARA DOTACIÓN DE TIERRAS Comuneros
del ejido de Tlalnepantla, en el estado de Morelos, agradecieron al
presidente Vicente Fox y al titular de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, su apoyo para ejecutar la dotación
de tierras de su comunidad, que les fueron otorgadas en resolución
presidencial hace 50 años. El
agradecimiento, en las instalaciones del Congreso Agrario Permanente,
fue hecho por Constantino Estrada Barrera, quien estuvo acompañado
por una comisión de comuneros de la zona, quienes también
agradecieron el apoyo. El
ejido de Tlalnepantla, que consta de 6 mil 500 hectáreas y donde
habitan mil 200 comuneros, se creó por resolución presidencial hace
más de 50 años, pero este acuerdo estaba pendiente de publicarse en
el Diario Oficial de la
Federación, motivo por el cual no era posible ejecutarlo. Sin
embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria logró la publicación
de la resolución en agosto de 2003 e inmediatamente procedió a la
entrega del plano definitivo del ejido, con lo cual cobró legalidad
su existencia. LAS
MORENAS, PARA EL SOBRINO DE UN FOXISTA En
el caso del predio Las Morenas, en el que Marta Sahagún, intercedió
para que fuera entregado a un particular a pesar de que era terreno
federal, los mayores beneficiados fueron los abogados –ligados a la
asociación Amigos de Fox-, asegura Alejandro Ibarra, a quien
presuntamente lo timaron los abogados. Ibarra
Sánchez, cuyo nombre fue utilizado para la gestión que hizo Sahagún
frente a la Secretaría de la Reforma Agraria, afirma que él no
conoce a la esposa del presidente Fox ni le pidió su ayuda para este
caso que llevaba en tribunales años y que se resolvió en un par de
meses, sino que todos los movimientos los hizo el acaudalado abogado
Jorge Perroni, para quien se reconoció la propiedad del predio Las
Morenas, era primo y socio de Ascan Lutteroth, quien fuera junto con
el ex gobernador de Baba California, Ernesto Ruffo, el encargado de
los Amigos de Fox en Tijuana. TIMAN
A 300 FAMILIAS CON TERRENO ECOLÓGICO Destinado
a ser un espacio ecológico, el Parque Ignacio Pichardo Pagaza en
Cuautitlán Izcalli, una loma integrada por 10 hectáreas, sufre desde
1979 la invasión de 10 por ciento de su territorio. El
lugar, donado por el Instituto Auris al Gobierno municipal en 1988,
tiene una vista envidiable del Lago de Tepojaco y la serranía de
Monte Alto, que se levanta al poniente del Estado de México. Desde
1979, 300 familias comenzaron a invadir la zona que tiene un uso de
suelo de parque ecológico; se trata de una comunidad que ha buscado
constituirse en núcleo ejidal para disputar el terreno de propiedad
municipal y señalan que “en la Reforma Agraria existe un expediente
que explica cómo está la situación”. TRÁFICO
DE TERRENOS FEDERALES EN LAS LOMAS En
el corazón de las Lomas de Chapultepec, sobre la calle de Sierra
Gorda números 15 y 23, terminan de construirse tres lujosos edificios
con 200 viviendas tipo “Élite” complementadas con casa club,
gimnasio, spa, salón de eventos, alberca, 10 mil metros de jardines y
la historia de la venta de los terrenos federales donde ahora se
asientan. Según
una investigación, de los 26 mil metros cuadrados que ocupan
Residencial “Lomas I” y “Lomas II”, casi 24 mil de ellos eran
terrenos federales y además fueron desclasificados intencionalmente
como AV (área verde), para que pudieran ser vendidos a particulares
en poco más de 90 millones de pesos, unos 147 millones por debajo de
su valor comercial. La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)
fue la autoridad que realizó la venta final en junio del año 2000,
pero no fue la única entidad de gobierno involucrada durante los seis
años que tardó el proceso de venta. Participaron la Delegación
Miguel Hidalgo, las regencias de Manuel Camacho y Manuel Aguilera;
Banobras, Cabin y un sínfin de funcionarios menores. A
la eliminación de las áreas verdes, y al “remate” de predios
altamente cotizados, se suma la invasión previa de los constructores
y un sinnúmero de procedimientos administrativos irregulares, violación
de normas y tramites legales, la participación sucesiva y en cadena
de varias empresas privadas, con el fin de erigir esas viviendas
cotizadas en dólares sobre terrenos oficialmente baratos. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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