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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “MISIÓN
POLÍTICA”...
“DE
UNIONES, COOPERATIVAS, SOFIPOS Y SOFOLES RURALES”...
“PROLONGACIONES Y
TRANSGRESIONES”...
SECTOR
AGRARIO EXIGEN INDÍGENAS CESAR
PLANES QUE “MAQUILLAN LA POBREZA”...
DARÁ SRA CRÉDITOS DE
200 MDP A JÓVENES CAMPESINOS...
SECTOR
AGROPECUARIO MIEMBROS DEL CODECI SE
REUNIRÁN CON USABIAGA Y GÁLVEZ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS CAMPESINOS DESCONFÍAN
DEL ACUERDO PARA ELIMINAR SUBSIDIOS...
ESTADOS CHIHUAHUA NARCOTRAFICANTES
DESPLAZAN A LOS TARAHUAMARAS...
DISTRITO
FEDERAL UN TRIBUNAL AMPARÓ EN
CUATRO DÍAS A EL ENCINO...
HIDALGO CRITICAN EJIDATARIOS
“TIBIEZA” DEL GOBIERNO DE HIDALGO ANTE DISPUTA POR PREDIO CON
EDOMEX...
“MISIÓN
POLÍTICA” La
tierra, sigue como bomba de tiempo en México y nadie puede
desactivarla. Eterno
tema de conflicto, la inseguridad en la tenencia de la tierra, otra
vez está presente en los tres enfrentamientos que en menos de dos
semanas se han escenificado en la periferia del DF, entre comuneros de
Santo Tomás y San Miguel Ajusco, colonos de Xalatlaco y la policía
en rechazo a una determinación de la Corte, ejidatarios de Llano
Grande y Santa Cruz Ayotuxco, en Hixquilucan, por la disputa de un
predio de 13 hectáreas y, ejidatarios de San Pedro Tepetitlán, por
el fallo del Tribunal Agrario, donde están en disputa 195 hectáreas. Los
conflictos agrarios son el común denominador en el país. Tal vez no
todos se pueden llamar “focos rojos” como los 14 que alguna vez
mencionó el titular de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, pero pudieran convertirse en eso
si no se toman las medidas legales pertinentes. “DE
UNIONES, COOPERATIVAS, SOFIPOS Y SOFOLES RURALES” Muy
pocas instituciones de ahorro y crédito rurales se han podido
construir en los casi cuatro años del gobierno actual a pesar de que,
como nunca antes, existe un amplio reconocimiento de su importancia,
hay un nuevo marco legal y diversos programas de apoyo. Hay
tres factores que explican el limitado avance: 1) la existencia de
barreras legales, 2) falta e coherencia en las políticas públicas y
3) los métodos para apoyar la emergencia de estas instituciones. La
falta de coherencia en las políticas públicas ha sido un factor que
ha inhibido la creación de IFR, cinco secretarías de estado y una
docena de programas gubernamentales dicen apoyar iniciativas de
microfinanciamiento y de organización financiera popular en áreas
rurales: Sagarpa, Sedesol, Economía, SHCP, SRA. “PROLONGACIONES
Y TRANSGRESIONES” Revuelta en el campo mexicano Cualquier
discusión acerca del futuro desarrollo económico y social del país
debe pasar forzosamente por el campo. En el sector agropecuario
trabaja uno de cada cuatro mexicanos y generan únicamente 6% del
producto interno bruto, es decir, su productividad es bajísima. Por
esta misma razón (más no la única), el mayor porcentaje de población
en condiciones de pobreza se encuentra en el área rural,
principalmente en la zona centro y sur de la República mexicana. Para
reducir la pobreza, la generalidad de los organismos internacionales
reconocen en la educación y en la salud dos condiciones
imprescindibles: Hay que elevarlas, sí pero toman tiempo y este es un
recurso escaso para los habitantes del agro. Sin embargo, existe una
tercera vía y es la de configurar su patrimonio: Otorgándoles títulos
de propiedad a los legítimos propietarios, dándoles certidumbre jurídica
en la tenencia de sus tierras. ¿Cómo hacerlo, si ni siquiera son
sujetos de crédito? Desde 1992, se inició una revuelta en el campo
mexicano sin paralelo en la historia nacional y en el ámbito
internacional. Para la mayoría de la población mexicana urbana ha
pasado inadvertida. Un regreso a reconocer en el ejido una forma de
vida, la base económica y social de convivencia, un volver a la
propiedad comunal donde la Asamblea, el Comisario Ejidal y el Consejo
de Vigilancia son las autoridades legítimas reconocidas por los
ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionados. El programa se
denominó Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), cuyo
objetivo es la entrega de los certificados parcelarios o los
certificados de los derechos sobre las tierras de uso común o ambos
(según sea el caso) así como los títulos de los solares urbanos a
favor de los individuos que integran los núcleos agrarios. Dicho en
pocas palabras, una transformación agraria voluntaria, visionaria,
justa y eficiente. En
México hay cerca de 30,000 núcleos agrarios (tierras ejidales y
comunales) los cuales cubren 53% del territorio. Con el PROCEDE se
persigue cerrar la brecha entre la agricultura tradicional con aquella
que compite en los mercados internacionales; se busca otorgar plena
libertad a los tenedores de las tierras para venderlas (como propiedad
privada) o mantenerlas como propiedad comunal. Este proyecto alcanzó
su cúspide en las administraciones de Salinas y Zedillo. Como en
muchos otros programas de gran alcance, en la actual administración
el PROCEDE se ha reducido a su mínima expresión. Se avanza lo
estrictamente necesario para no cancelar los trabajos. Poco a poquito,
lo que se pueda hacer esta bien. ¡Es una lástima! EXIGEN INDÍGENAS CESAR
PLANES QUE “MAQUILLAN LA POBREZA” El
conflicto estructural entre los pueblos indígenas y el Estado
prevalece, pues los gobiernos han "incumplido" la palabra
empeñada para reconocer constitucionalmente los derechos de los
pueblos indígenas y sólo se da la imposición de políticas públicas
que se limitan a "rediseñar programas asistencialistas para
maquillar la pobreza", plantearon representantes de los pueblos
amuzgos, nahuas, mixtecos y tlapanecos de Guerrero, durante el foro
"para la defensa de nuestros derechos y de nuestro patrimonio
como pueblos". En
dicha reunión, efectuada el pasado fin de semana en la capital
guerrerense con participación de miembros de una docena de grupos
indios, así como de organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, se exigió cesar la criminalización
de las luchas sociales -citando como ejemplo las 12 órdenes de
aprehensión contra miembros del Consejo del Municipio Autónomo de
Xochistlahuaca y los dos comuneros encarcelados por oponerse a la
construcción de la hidroeléctrica La Parota, Guerrero, así como
otras ocho órdenes de aprehensión expedidas contra compañeros suyos
por la misma causa, demandando la cancelación de dichas órdenes de
aprehensión. Se
demandó asimismo la aprobación de la iniciativa de la Comisión de
Concordia y Pacificación (Cocopa), respeto y reconocimiento al
municipio autónomo de Xochistlahuaca "y cesar el hostigamiento y
la persecución por parte de las autoridades estatales y municipales,
que les niegan el derecho a regirse por sus sistemas normativos".
Se
exigió igualmente respeto al proyecto de justicia y seguridad
comunitaria de los pueblos de la Costa Montaña de Guerrero,
representados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC). Los asistentes se solidarizaron con la postura
"preliminar" de la CRAC de rechazar la propuesta de
incorporación a las corporaciones policiacas oficiales planteada por
las autoridades estatales y demandaron que los gobiernos federal y
estatal cumplan con la recomendación del relator de la ONU sobre los
derechos humanos de la población indígena, que en su informe sobre México
recomendó el respeto y reconocimiento al proyecto de la CRAC. En
el foro participaron integrantes de la CRAC; Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Organización independiente de
pueblos Mixtecos; Organización de pueblos indígenas Tlapanecos; de
las coordinadoras nacional y Guerrerense de Mujeres Indígenas; Unión
de ejidos "luz de la montaña"; Consejo de la Nación
Amuzga; UNORCA-Guerrero; Asamblea Nacional Indígena Plural por la
Autonomía; Consejo Guerrerense 500 Años; Frente Popular
Revolucionario; Programa de aprovechamiento integral de los recursos
naturales; Unión de pueblos indígenas "Voces de mi tierra"
y Autoridades tradicionales y agrarias del municipio autónomo de
Xochistlahuaca. En
su pronunciamiento final, los participantes exigieron también el
cumplimiento de los acuerdos firmados para resolver los problemas del
campo, respeto a sus territorios y que las autoridades agrarias dejen
de imponerles el Procede y de condicionar a su aceptación la entrega de otros
recursos, lo que atenta, afirmaron, contra su modo de poseer sus
tierras y de vivir como pueblos. Demandaron
la participación directa de los pueblos en el diseño de las políticas
públicas y en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos y
su patrimonio; cumplimiento de las normas internacionales para la
implementación de proyectos regionales que afectan los derechos de la
población y alteran los ecosistemas, "buscando el diálogo
respetuoso y transparente para evitar que se polaricen los conflictos
como sucede en el caso de La Parota", así como un mayor
compromiso de las autoridades para atender los conflictos agrarios que
enfrentan a las comunidades. DARÁ
SRA CRÉDITOS DE 200 MDP A JÓVENES CAMPESINOS En
la posesión de la tierra al campesino se le va la vida, pues sin ella
no tiene alternativas, advirtió el titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA); Florencio Salazar Adame. En
entrevista, el funcionario sostuvo que hoy hay la paradoja de que hay
campesinos que exigen tierra y otros que mantienen sus parcelas
ociosas. Aseguró
que en 90 años de la Revolución Mexicana y a 12 de haber concluido
el reparto de tierras subsisten los problemas porque “nunca existió
una política de desarrollo rural para que el campo se incorporara al
crecimiento económico y, en consecuencia, se creó el minifundio que
no alcanzó para satisfacer las necesidades básicas de una
familia”. Por
ello, adelantó que en breve el gobierno de la República anunciará
un programa denominado Fondo de Tierras, con el que se intentará que
los jóvenes del campo cuenten con créditos de hasta 200 mil pesos
que les permitan adquirir parcelas con superficie de 20 hectáreas a
los viejos ejidatarios que en la actualidad no pueden trabajar más. El
titular de la SRA explicó que por la baja rentabilidad de la producción
agropecuaria, los titulares de las tierras que hoy tienen en promedio
60 años se despreocupan de la herencia de sus hijos y de la transmisión
de sus derechos, pues no es atractivo para ellos la explotación del
campo. Indicó
que con este programa que tendrá un presupuesto inicial de 200
millones de pesos en este año, el joven campesino contará con
financiamiento a muy bajo interés y con largo plazo para pagar, lo
que además permitirá que los labriegos mayores cuenten con y una
mensualidad y un ingreso seguro. MIEMBROS DEL CODECI SE
REUNIRÁN CON USABIAGA Y GÁLVEZ Este
jueves, un grupo del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) encabezado
por Catarino Torres Pereda retornará a la ciudad de México para
reunirse con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga
Arroyo, y la encargada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez. "Sabemos lo importante
que es sostener un diálogo con Sagarpa, estamos dispuestos a dar todo
para que esto suceda y esperamos que de la reunión se obtenga algún
resultado alentador", dijo Catarino Torres. Campesinos de
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, apoyados por el Frente
Popular Francisco Villa, sostuvieron durante 10 días un plantón
frente a las instalaciones de la Sagarpa y durante su protesta
sacrificaron una vaca. Los labriegos exigían la entrega de 3.1
millones de pesos correspondientes a un proyecto ganadero que
involucra a 35 grupos, y que Usabiaga Arroyo cumpla con el compromiso
establecido en octubre del año pasado de apoyar a los núcleos
ejidales de las zonas de reacomodo de las presas Cerro de Oro y
Temascal. CAMPESINOS DESCONFÍAN
DEL ACUERDO PARA ELIMINAR SUBSIDIOS Organizaciones
del Congreso Agrario Permanente, la Central de Organizaciones
Campesinas y Populares, y la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Sector Social manifestaron su desconfianza en
torno al acuerdo logrado en el seno de la Organización Mundial de
Comercio para eliminar los subsidios en las exportaciones agrícolas;
es "ilusorio y una tomada de pelo". Víctor Suárez Carrera,
asesor de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, dijo
que no hay ninguna seguridad de que los países desarrollados cumplirán
con el compromiso de eliminar los subsidios, ya que ello se acordó
desde 2000 y no se ha cumplido. CHIHUAHUA NARCOTRAFICANTES
DESPLAZAN A LOS TARAHUAMARAS Los
narcotraficantes están derribando el bosque de los indígenas para
sembrar enervantes y cuando la Profepa se entera a quienes multa es a
los tarahumaras y a los tepehuanos, quienes resultan doblemente
afectados, denuncia la Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos. Cosyddhac
da a conocer dos casos concretos y dada la gravedad de la problemática,
pide la intervención tanto del titular de Semarnat como de la
Procuraduría General de la República, Alberto Cárdenas y Rafael
Macedo de la Concha, respectivamente. Se
trata de los ejidos Chinatú y Redondeados donde, además, afirma, los
caciques se apropian de los terrenos que utilizan para los
narcocultivos, desplazando a los indígenas. Desesperados,
los indígenas de Redondeados, municipio de Guadalupe y Calvo,
decidieron hacer la denuncia en las mesas de trabajo que llevan a cabo
los Consejos Supremos Odames y Rarámuris donde estuvieron presentes
funcionarios de Semarnat y la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI). UN TRIBUNAL AMPARÓ EN
CUATRO DÍAS A EL ENCINO El
juez noveno que otorgó la suspensión provisional advirtió al
tribunal colegiado que ordenó otorgar el recurso, que éste no había
sido debidamente sustentado por esa superioridad. Pese
a que Armando Cortés Galván, juez que en primera instancia conoció
del caso del predio El Encino, negó una suspensión provisional a los
propietarios, un tribunal colegiado, en cuatro días hábiles, decidió
revocar la decisión del juez y conceder la medida cautelar. Cuando
la entonces jefa de gobierno, Rosario Robles, emitió el decreto
expropiatorio de dos franjas del predio El Encino, el 10 de noviembre
de 2000, los propietarios solicitaron ante el juez noveno de distrito
en materia administrativa una suspensión provisional; sin embargo, éste,
al no encontrar elementos suficientes, decidió, el 6 de diciembre de
ese año, negarlo. De
esta forma, Promotora Internacional Santa Fe, dueña de El Encino,
decidió interponer un recurso de reclamación ante un tribunal
colegiado, mismo que, en cuatro días hábiles, es decir, el 13 de
diciembre de 2000, decidió echar abajo la resolución del juez, al
ordenarle que declarara fundado el recurso de queja. Juez
Se
concede el recurso De
esta forma, el mismo 13 de diciembre el juez acata la orden del
tribunal y establece que: “atento a lo establecido en la resolución
acatada, la cual señala que la Ley de Expropiación distingue los
casos en que son susceptibles de suspenderse los efectos de los
decretos expropiatorios, los cuales en el presente juicio se traducen
en el bloqueo y cancelación de los accesos al predio motivo del
litigio y toda vez que a criterio de la superioridad la quejosa
justifica el derecho que le asiste para solicitar la suspensión
provisional y al estimar que se satisfacen los requisitos previstos
por el artículo 124 de la Ley de Amparo. CRITICAN EJIDATARIOS
“TIBIEZA” DEL GOBIERNO DE HIDALGO ANTE DISPUTA POR PREDIO CON
EDOMEX Comisariados
ejidales de algunas comunidades aledañas a San José Piedra Gorda
informaron que ante la "tibieza" del gobierno de Hidalgo
respaldarán a sus compañeros de ese poblado en la disputa que
mantienen con las autoridades del estado de México por la posesión
de un predio. Durante
un encuentro, los ejidatarios criticaron la actuación del gobierno
estatal por no haberse pronunciado en contra de lo que consideraron
"una agresión del gobierno mexiquense", y acordaron dar
apoyo a sus compañeros de San José Piedra Gorda, quienes, de acuerdo
con algunas versiones, están indignados por el desalojo del que
fueron objeto y amenazaron con tomar las armas para defender las 629
hectáreas que, aseguran, son de su propiedad "desde los tiempos
virreinales". El
jueves pasado, unos mil 200 policías mexiquenses arribaron al predio
de San José Piedra Gorda y, apoyados por el subprocurador José María
Alvarez González, dieron cumplimiento a una orden judicial de
restitución provisional de tierras en favor de una particular, Noemí
Ortigoza Barreiro, viuda de Antonio Espino Mora, Clavillazo; además, las tierras las reclama Abdel Bolhesen Ramírez,
familiar del difunto, y la apoderada legal Elia Patricia De León,
quienes demandan la posesión de 400 de las 629 hectáreas en disputa.
El operativo dejó como
saldo tres heridos de bala, 11 policías lesionados por golpes y seis
detenidos. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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