Miércoles 21 de abril de 2004 Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO EN 20 AÑOS NO SE HA
LOGRADO ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS INDÍGENAS...
PROPUESTA EN LA CÁMARA
PARA OTORGAR 20% POR EXPLOTACIÓN DE RECURSOS A COMUNIDADES INDÍGENAS...
SECTOR
AGROPECUARIO DESAPARECE EL BARZÓN;
AHORA SE INTEGRARÁ A ORGANISMOS LOCALES...
ESTADOS CHIAPAS DEMANDAN CAMPESINOS
CHIAPANECOS REGULARIZAR UNOS 60 PREDIOS INVADIDOS...
LA ALCALDÍA DE ZINACATÁN
RECHAZA DECISIÓN DEL PRD DE SUSPENDER DERECHO AL MUNÍCIPE...
GUERRERO EXIGEN A LA PGR CESAR
HOSTIGAMIENTO CONTRA LÍDERES EJIDALES EN ACAPULCO...
GUANAJUATO EL EDIL DE LEÓN PIDE AL
GOBERNADOR DE JALISCO PERMITIR CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SAN NICOLÁS...
OAXACA LLAMAN ONG A EVITAR MÁS
IMPUNIDAD Y BAÑOS DE SANGRE EN POBLADOS DE OAXACA...
EN 20 AÑOS NO SE HA
LOGRADO ACUERDO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS INDÍGENAS La
responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Xóchitl Gálvez, señaló que es un fracaso que en 20 años de trabajo no
se haya logrado sacar el proyecto de Declaración Universal y Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el seno de la ONU y la
OEA. Agregó
que después de tantos años el hecho de que no haya una declaración
habla de la poca voluntad en materia indígena que tienen los países y
propuso ampliar el mandato del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, con vigencia de 1994 a 2004, ya que es un mecanismo
que ha funcionado para presionar a los países en la protección y trabajo
de las comunidades. Anunció
que la comisión iniciará el proceso de documentación de los usos y
costumbres que se aplican para definir aquellos que son violatorios de los
derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Por ejemplo, mencionó, si
una comunidad tiene aún la costumbre de vender mujeres porque es parte de
sus costumbres, esto es algo que debe ser sancionado por el Ministerio Público.
PROPUESTA
EN LA CÁMARA PARA OTORGAR 20% POR EXPLOTACIÓN DE RECURSOS A COMUNIDADES
INDÍGENAS La
diputada priísta Sofía Castro Ríos presentó ante el pleno de San Lázaro
una iniciativa para dotar a las comunidades indígenas del país de al
menos 20 por ciento de los beneficios del desarrollo que se generen en las
respectivas regiones, derivados de la explotación y aprovechamiento de
los recursos. La
propuesta de modificaciones al artículo segundo en su párrafo quinto y
el inciso "A", así como un párrafo del artículo sexto
constitucional, plantea el derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación, que se ejercerá en un marco de autonomía que asegure la
unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará también
en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán
tomar en cuenta los principios generales establecidos en los párrafos del
artículo sexto. La
iniciativa de enmiendas establece que la Carta Magna reconocerá a los
pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y les
garantizará el derecho a la libre determinación. DESAPARECE EL BARZÓN;
AHORA SE INTEGRARÁ A ORGANISMOS LOCALES A
poco más de una década de existencia y de lograr que el gobierno federal
revisara 90 por ciento de la cartera vencida de los campesinos del país,
El Barzón Agropecuario desaparece y se fusiona con organizaciones locales
y regionales del país, para integrar la Alianza Nacional de Productores
Agropecuarios y Pesqueros, desde la cual pretenden empujar una insurgencia
regional pacífica, con el objetivo de evitar que el agro quede en los
anales del olvido por otro sexenio. El
próximo sábado, miles de campesinos, particularmente del norte y sureste
del país, así como pescadores de las zonas costeras, apadrinarán el
nacimiento de la nueva organización. El
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los fundadores de El Barzón
dijo, que con la nueva organización se tratará de frenar la mortandad
productiva del campo, de evitar el abandono de cientos de parcelas y de
arraigar a los hombres y mujeres que migran a Estados Unidos en busca de
un futuro. Ramírez
Cuéllar explicó que la nueva organización estará integrada por pequeños
y medianos productores de granos básicos y ganaderos, cooperativas
pesqueras y agrícolas de todo el país. Los que iniciaron la integración
de la nueva alianza fueron los habitantes rurales de Baja California, Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Tabasco y Oaxaca. La
intención, abundó, es convertirse en una de las organizaciones más
representativas del país. CHIAPAS DEMANDAN CAMPESINOS
CHIAPANECOS REGULARIZAR UNOS 60 PREDIOS INVADIDOS Al
menos 500 campesinos iniciaron un plantón en la plaza principal de la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las autoridades estatales la
regularización de alrededor de 60 predios que mantienen invadidos. Otro
grupo de labriegos advirtió que no desocuparán las propiedades que están
en su poder, a pesar de las órdenes de desalojo en su contra. Los
miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Unión
Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV) y de la Organización Campesina
de Lucha Popular (OCLP), iniciaron marchas y plantones esta semana y ayer
se instalaron frente al palacio de gobierno, donde mantienen bloqueada la
entrada principal. Los
campesinos denunciaron que el problema de la tenencia de la tierra no se
ha resuelto en Chiapas, entidad donde sigue existiendo el latifundismo y
la violación de los derechos humanos de quienes luchan por mejores
condiciones de vida. Entregaron
a las autoridades un pliego petitorio en el que detallan los predios que
tienen en posesión, entre otros, San José La Grandeza segunda y tercera
sección, Nuevo Paraíso, Nuevo Porvenir y San Caralampio Chavín. También
los de El Progreso, Las delicias, Guadalupe La Cuchilla, Laguna Verde y
Nuevo San José, ubicadas en el municipio de Venustiano Carranza. En
Ocosingo piden la regularización de los predios Carrizal y Río Florido,
ubicados en lo que antes fue la finca Nichtealja, y que fue tomada
por los campesinos en 1985, cuando los propietarios intentaron simular el
latifundio dividiendo la propiedad entre sus hijos. También
piden la regularización de los predios San Agustín Chalam y Las Perlas,
de Ocosingo. Por su parte los campesinos de Paso Achiote, de Chiapa de
Corzo, exigen la regularización de la ex hacienda Nandayapa, tomada
por ellos en 1985, cuando aún eran peones de ese lugar. De
la Sierra, los campesinos ex acasillados de las fincas Liquidámbar y Cruz
del Sur, quienes tomaron las
tierras en 1994, ahora piden que se regularicen en su favor unas 8 mil
hectáreas. La mayor parte de los labriegos, junto con sus padres y sus
abuelos, fueron peones de esos lugares. En
total, los inconformes piden que se les reconozca la ocupación legal de
unos 60 predios que las autoridades agrarias catalogan como invasiones, y
sobre los que pesan varias órdenes de desalojo. Por
su parte, campesinos del norte del estado dieron a conocer que no
desocuparán 85 predios que tienen en posesión, derivado de invasiones
efectuadas desde 1994. LA
ALCALDÍA DE ZINACATÁN RECHAZA DECISIÓN DEL PRD DE SUSPENDER DERECHO AL
MUNÍCIPE La
decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD de iniciar un
proceso de suspensión de derechos partidarios al alcalde de Zinacantán,
Martín Sánchez Hernández, "parece una respuesta acomodaticia a los
planteamientos de la Junta de Buen Gobierno" de los Altos de Chiapas,
no "un documento serio, responsable y producto de una buena
investigación", afirmó el ayuntamiento zinacanteco. Agrega
que el ayuntamiento "no comparte" la decisión de los
perredistas de las comunidades de Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo,
de presionar (a las bases de apoyo del EZLN) con el corte del suministro
de agua a gente de la misma comunidad, sean del grupo político que sean,
para lograr que acepten participar en el cumplimiento de los usos y
costumbres que establece la propia comunidad, y por eso estamos en diálogo
con la comunidad para poder superar estas dificultades". El
cabildo que preside Sánchez Hernández dijo estar de acuerdo con que el
CEN del PRD investigue los hechos violentos ocurridos el 10 de abril, pues
"nosotros somos los primeros interesados en conocer la verdad de esos
hechos y en que se castigue a los responsables". “LINEA
SUR 21 DE ABRIL” La
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Unión Campesina
Popular Francisco Villa (UCPFV) y la Organización Campesina de Lucha
Popular (OCLP) demandan la regulación de unos 60 predios que tienen en su
poder, vía invasión. Las
comunidades Carrizal y Río Florido, San Agustín Chalam y Las Perlas, de
Ocosingo; Paso Achiote, de Chiapa de Corzo; campesinos exacasillados de
las fincas Liquidámbar y Cruz del Sur en Jaltenango la Paz, exigen se les
reconozca la posesión legal de unos 60 predios que las autoridades
agrarias catalogan como invasiones y la cancelación de al menos 800 órdenes
de aprensión en su contra, y la liberación de unos 250 de sus compañeros
que se encuentran presos. Las
cifran parecen exageradas, pero ellos, los condenados de la tierra, las
dan. Hay
razones para protestar, para marchar. EXIGEN A LA PGR CESAR
HOSTIGAMIENTO CONTRA LÍDERES EJIDALES EN ACAPULCO Cientos
de ejidatarios de El Podrido, marcharon hoy por la costera Miguel Alemán
para exigir el cese del hostigamiento de la Procuraduría General de la
República (PGR) contra dirigentes ejidales de Acapulco, a quienes les ha
girado órdenes de captura por el delito de despojo. Humberto
Sevilla García, asesor jurídico del ejido El Podrido, acusó a esa
dependencia de estar coludida con los empresarios del Grupo Monterrey,
propietarios de la empresa Tres Vidas en la Playa, que reclaman como suyas
40 hectáreas de tierras que pertenecen a ese ejido y que la inmobiliaria
comercializa con la razón social Del Mar. Tres Vidas en Acapulco, como
una exclusiva zona residencial con campos de golf. Después
de recorrer la costera hasta el zócalo, los ejidatarios realizaron un
mitin donde pidieron que los tribunales agrarios se pongan a trabajar sin
coludirse con los empresarios hoteleros. Allí,
Sevilla García solicitó audiencia con el procurador general de la República,
Rafael Macedo de la Concha, para pedirle que cesen los hostigamientos
contra los dirigentes de El Podrido, que enfrentan órdenes de aprehensión.
Manifestó que la PGR imputa a él y a los campesinos Isaías Alfredo Peláez
Pérez y Martín Cruz Bello el delito de despojo por demandar la devolución
del terreno donde fundaron la colonia 13 de Diciembre y que, según él,
les pertenece. EL EDIL DE LEÓN PIDE AL
GOBERNADOR DE JALISCO PERMITIR CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SAN NICOLÁS El
alcalde de la ciudad de León, Ricardo Alaniz Posada, pidió al gobernador
de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, que "no se deje presionar por
su gente ni por los medios de comunicación de su estado", y permita
que se construya en la vecina entidad la presa San Nicolás, con la que se
pretende abastecer agua a esta ciudad. El
lunes, Ramírez Acuña condicionó la autorización para el embalse al
presidente Vicente Fox Quesada, a cambio de que éste apoye la construcción
de la presa de Arcediano y garantice el abasto de agua al lago de Chapala.
En
conferencia de prensa, Alaniz Posada dio a conocer que antes de solicitar
licencia en el Senado de la República para postularse como presidente
municipal de León, dos senadores priístas por Jalisco -cuyos nombres
dijo no recordar- "me dijeron que para ellos lo importante es que se
amuele Guanajuato, por lo que considero que el gobernador de Jalisco debe
estar en conocimiento de este tipo de intenciones; lo están presionando
porque son personas que están buscando lastimar a Guanajuato". LLAMAN ONG A EVITAR MÁS
IMPUNIDAD Y BAÑOS DE SANGRE EN POBLADOS DE OAXACA Seis
organizaciones internacionales y cerca de 40 mexicanas defensoras de
derechos humanos expresaron su apoyo a la huelga de hambre que cinco
mujeres zapotecas de la comunidad Unión Hidalgo emprendieron ayer fuera
de las instalaciones del Congreso local de Oaxaca. En una carta que
entregaron en la residencia oficial de Los Pinos, hicieron un llamado
urgente al presidente Vicente Fox y al secretario de Gobernación,
Santiago Creel, para que emprendan "las acciones que sean necesarias
para evitar más impunidad y derramamiento de sangre en las comunidades y
pueblos oaxaqueños, particularmente en Unión Hidalgo". Desde 2003, la comunidad de Unión Hidalgo y el Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) pidieron la desaparición de poderes en ese lugar y practicar una auditoría a la administración de Armando Sánchez Ruiz. Los habitantes iniciaron un plantón frente al palacio municipal, del cual fueron desalojados con violencia; luego efectuaron movilizaciones sin que las autoridades estatales atendieran sus denuncias. En cambio se giraron órdenes de aprehensión contra los integrantes del consejo de ancianos y ancianas, y del CCU; hasta la fecha han sido asesinados seis integrantes de la organización, la víctima más reciente fue Manuel Posada Chévez, acribillado el pasado 11 de abril por el policía municipal Víctor Hugo López López, quien sigue libre. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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