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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN A
PUERTA CERRADA ...
CIUDAD PERDIDA ...
DETRÁS DE LA NOTICIA ...
PARAJE SAN JUAN,
PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD ...
ESPACIO DEL LECTOR ...
SECTOR AGRARIO EZLN CONSERVARÁ
PROPIEDADES INVADIDAS QUE LES CEDIÓ ZEDILLO ...
EXISTEN AMENAZAS EN
BERNALEJO, ALERTA EL SECRETARIO DE GOBIERNO ...
ORGANIZACIONES CAMPESINAS LA CNC PIDE QUE SE DÉ
PROTECCIÓN SOCIAL AL SECTOR RURAL ...
ESTADOS CHIAPAS CAMPESINOS DEL
TRICOLOR PRETENDEN APROPIARSE PREDIOS DE BASES DEL EZLN ...
PRESENTAN PROGRAMA PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA ZOQUE ...
DISTRITO FEDERAL LÓPEZ OBRADOR NIEGA QUE
SU POSTURA SEA DE REBELDÍA CONTRA LA CORTE ...
LA PROCURADURÍA
INVESTIGA A ARCIPRESTE POR POSIBLE FRAUDE ...
ESTADO DE MÉXICO ACELERA VACÍO JURÍDICO
DESTRUCCIÓN DE BOSQUE ...
OAXACA DENUNCIAN DESPOJO DE
TIERRAS HUAVES ...
A
PUERTA CERRADA No todo lo que brilla es oro. En el polémico, controvertido y escandaloso asunto del mentado Paraje San Juan, todos salen perdiendo. Unos más que otros, pero la casa no sale bien parada de todo este espinoso affaire. Lo que sí hay, my friend, son una serie de claroscuros en la historia de este culebrón, y de algunos que indudablemente se quisieron pasar de lanzas para pegarle a su Melate y obtener una lana con este asunto de 1,800 millones de pesos. Y como no le voy a ser el cuento demasiado largo de algo que está más manoseado que una tortilla, ahí le van algunos datos duros para que saque su propia conclusión. Hasta aquí, estimado lector, durante las administraciones priistas no hay quién brinque por el santo predio. POR LA MIRILLA
En el festejo realizado el miércoles pasado en la
Nunciatura Apostólica, llegaron cuatro secretarios de estado —Creel,
Vázquez Mota, Abascal y Florencio Salazar—, y Andrés
Manuel López Obrador. ¿No le parece digno de consideración el que
a diferencia de lo ocurrido otros años, cuando prácticamente no
asistían sino el católico Abascal y el subsecretario
Moctezuma Barragán, ahora hayan ido todos?.
CIUDAD PERDIDA La mano que mece la Corte ES IMPOSIBLE dejar de lado la situación de la justicia y no nada más por el caso del Paraje San Juan, sino porque en los hechos existe, en ese segmento del poder, una crisis que, por ejemplo, para el jefe de Gobierno de la ciudad ha provocado corrupción. AUNQUE SERA difícil demostrar la aseveración del gobernante, nunca como ahora algunos de los ministros de la Corte fueron exhibidos ante la gente como grupo de impunes ejecutores de injusticia. EN ESA coyuntura nadie mejor que Fernández de Cevallos para poner el pie encima de un poder lastimosamente errático, por no usar el calificativo que usó López Obrador y jalar agua para su molino. SI, DIEGO Fernández fue el mismo que logró un "fallo" millonario en su favor y en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, es decir, hizo triunfador a su cliente y logró que la gente de este país cargue una deuda más, como si no fuera suficiente el Fobaproa, por ejemplo. DESDE LUEGO en este gobierno, donde la democracia no alcanza para llegar al nombramiento de los jueces, los abogados panistas se han dado vuelo y acumulan sus ganancias empobreciendo a los que muy poco o nada tienen.
AUN ASI hay quienes levantan la voz para pedir que se
ejerza la justicia y que la gente, no López Obrador, pague el
resultado de una decisión de los jueces amparada en un inmenso fraude.
Ni modo.
DETRÁS DE LA NOTICIA "...tanta pinche transa" Tiene razón Andrés Manuel: la gente se cansa. Y es que han sido muchas: el Fobaproa, los terrenos de Santa Úrsula y ahora los del Paraje San Juan, por mencionar nada más algunas de las trácalas recientes que nos han costado a los mexicanos miles de millones de pesos. Los capítulos recientes del caso Paraje San Juan involucra ya a otros actores tan importantes como el Poder Judicial y ha desencadenado polémicas adicionales a las del pago o no pago. Y es que de incurrir en desacato Andrés Manuel no sólo podría ser destituido por la juez con el aval de la Suprema Corte sino además inhabilitado del ejercicio de la función pública durante 10 años. Añada usted el caso de los ex funcionarios, prominentes panistas y legisladores litigantes, para conformar un cuadro que provoque rabias tales que lo expresado por Andrés Manuel sean olorosas flores frente a lo que merecen aquellos que medran con sus influencias para hacer jugosísimos negocios. Allí está el caso, muy reciente, de Santa Úrsula, que dejó a Diego Fernández de Cevallos y a Antonio Lozano Gracia, cobeneficiarios de sus representados, la familia Ramos Millán, una renta de millones de pesos mensuales durante 40 años, porque lo que obtuvieron rebasó por mucho el presupuesto anual de la Secretaría de la Reforma Agraria. Por cierto, el mismísimo ex Jefe Diego se apresura a declarar que el mayor acto de corrupción es el desacato a la ley que pretende López Obrador y se coloca así a la cabeza, no de los presidenciables, pero sí de los aspirantes al Guiness Record por cinismo acumulado. De tal suerte que litigar desde un partido contra el gobierno de ese partido y contra litigantes perdidosos del mismo partido es un dechado de virtudes frente al pecado horrible de oponerse a una sentencia que puede ser legal, pero que es a todas luces injusta y hasta ilegítima.
Ese es en el fondo el debate. La construcción de un
caso por una pandilla de socios que obtienen el beneficio de un fallo
a conveniencia frente a la fuerza moral que se opone a la nueva
transa.
PARAJE SAN JUAN,
PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD Para nadie resulta novedoso que, ofrecido entre cientos, miles de predios ubicados en el D.F. un modesto aviso de ocasión promueva la venta de “un terreno de tres mil 30 metros cuadrados de superficie, con uso de suelo mixto” al módico precio de cuatro millones 848 mil pesos. La citada oferta es referente a un terreno, con un precio de mil 600 pesos el metro cuadrado, se localiza en el corazón del Paraje San Juan. Hoy en el centro del debate sobre los alcances del gobierno capitalino, la corrupción en el Poder Judicial, la rapacidad y el tráfico de influencias de los barones de la política, el Paraje San Juan representa un objetivo para todos los involucrados: las arcas públicas del Distrito Federal.
Dado su más reciente despojo (por ellos llamado
“éxito”), los barones de la política concluyeron que si resultó fácil
desvalijar mil 200 millones de pesos al gobierno federal por medio del
fraude y el tráfico de influencias (dineros que pagará la Secretaría
de la Reforma Agraria a los herederos Ramos Millán y a sus abogados,
los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia),
cuantimás mil 810 millones a la pejeautoridad.
ESPACIO DEL LECTOR Respuesta del Registro Agrario Nacional. Señora directora: En relación con la carta publicada el lunes 6 de octubre remitida a la Secretaría de la Reforma Agraria, donde Tomás Corredor Rivas manifiesta que es ejidatario de Magdalena Panoaya, Estado de México, y en la que asegura “se ejecutará sentencia definitiva para despojarme de las parcelas...”, le informo que de acuerdo con los datos a que hace referencia en su escrito, el asunto es competencia de los tribunales agrarios, instituciones autónomas. No obstante, el RAN hace pública su disposición para orientar al señor Corredor Rivas en la solución de su problema.
Firma Eleazar Franco Gaona, asesor en Comunicación
Social del Registro Agrario Nacional. Sector Agrario. EZLN CONSERVARÁ
PROPIEDADES INVADIDAS QUE LES CEDIÓ ZEDILLO El EZLN se quedará con las cerca de 211 propiedades privadas y ocho ejidos que mantiene invadidos desde 1994, ya que el gobierno de Ernesto Zedillo optó por aplicar un programa para pagar con recursos públicos dichas tierras a sus propietarios, programa al que la actual administración le está dando continuidad. La presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria del Senado, Arely Madrid Tovilla, dijo a Crónica que tan sólo en el sexenio pasado, el gobierno federal compró 246 mil hectáreas en la zona de conflicto, entre tierras invadidas y no invadidas, "para aminorar y distender el problema, lo que es positivo, porque las cuestiones sociales deben tener un trato diferente". Madrid Tovilla dijo también que el pasado miércoles el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, dijo ante los integrantes de la Comisión que en el país existen 14 "focos rojos" en los que hay riesgo de enfrentamientos, y que en los últimos años —no precisó fecha— los conflictos agrarios han dejado un saldo de 258 muertos y 240 heridos. La senadora priista comentó que en realidad no son 14 "focos rojos", sino, "sin ser alarmista son al menos 22, muchos de los cuales se encuentran en Chiapas, como Montes Azules, Nicolás Ruiz, Los Chimalapas y la zona de influencia del EZLN, en donde el grupo armado mantiene la posesión de los predios invadidos desde su aparición, en enero de 1994". Arely Madrid aseveró que el asunto de las invasiones en la zona de conflicto no lo atiende la Secretaría de la Reforma Agraria, sino la Secretaría de Gobernación, y afirmó que la actual administración debe tomar nota de a qué propietario ya se le pagó su tierra, para proceder a pagarle de inmediato a quien no haya recibido su dinero aún. Mencionó que se trata de un asunto que debe ser finiquitado con urgencia, porque los propietarios de las tierras invadidas por el EZLN ya han solicitado el apoyo del presidente de la República, del gobernador de Chiapas e incluso de la Cocopa, sin que hasta el momento el conflicto esté resuelto, porque el grupo armado sigue en los terrenos y no a todos los dueños se les ha pagado. Agregó que durante la reunión privada que senadores de todos los partidos políticos sostuvieron con Florencio Salazar Adame el pasado miércoles, el funcionario informó que se tiene un avance del Procede en más de 24 mil ejidos, "pero también nos dijo con toda franqueza que este programa está detenido en Chiapas, Oaxaca y Guerrero".
Durante el encuentro, dijo la senadora chiapaneca, el
secretario de la Reforma Agraria manifestó una gran disposición para
avanzar en la solución de los conflictos agrarios, en el entendido de
que el no tener seguridad sobre la tenencia de la tierra es un gran
obstáculo para el desarrollo del campo.
EXISTEN AMENAZAS EN BERNALEJO, ALERTA EL SECRETARIO DE GOBIERNO El secretario general de Gobierno Tomás Torres Mercado, afirmó que el asunto de Bernalejo de la Sierra aún no está concluido y alertó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Reforma Agraria de que comuneros de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle han amenazado a pequeños propietarios de Valparaíso con suspenderles la recolección del orégano.
“Sabemos que han amenazado a pequeños propietarios y
que estarían considerando llegar a San Juan Capistrano, es un asunto
que las dos dependencias deben tener presente, el Gobierno federal
operó sin el consentimiento del gobierno del estado”, señaló. LA CNC PIDE QUE SE DÉ
PROTECCIÓN SOCIAL AL SECTOR RURAL Cerca del 84 por ciento de los habitantes rurales, unos 30 millones de mexicanos, carecen de la protección del Sistema de Seguridad Social en el país; en un plano general, de cada 100 mexicanos, sólo 41 se encuentran protegidos, advirtió el secretario de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados y representante de la Confederación Nacional Campesina, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien demandó al gobierno cumplir lo estipulado en el Acuerdo Nacional para el Campo. Al hablar de la seguridad social en el campo durante el congreso de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el legislador apremió al gobierno federal a cumplir con ese rubro. Al recordar que en México las instituciones encargadas de la seguridad social son el IMSS, organismo que concentra al 76.7 por ciento de los derechohabientes; el ISSSTE, Petróleos Mexicanos y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, afirmó que los principios fundamentales constitutivos de la seguridad social, “como son su naturaleza pública, subsidiaria, solidaria, redistributiva del ingreso y su universalidad” no se cumplen del todo en la sociedad mexicana. Conforme a los resultados de la Encuesta del XII Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, destacó que sólo 41 de cada 100 mexicanos se encuentran protegidos por la seguridad social.
En este sentido, precisó que la información por entidad
federativa y tamaño de la localidad evidencia contrastes regionales y
diferencias abismales entre la ciudad y el campo, “mientras en la
primera hay un 57 por ciento de población protegida por algún sistema
de seguridad social, en el segundo este porcentaje es de sólo el 16
por ciento”. CHIAPAS CAMPESINOS DEL
TRICOLOR PRETENDEN APROPIARSE PREDIOS DE BASES DEL EZLN La comunidad San Manuel, a orillas de la carretera Ocosingo-Altamirano, tiene enfrente a los que se hicieron priístas y rebautizaron su asentamiento como Nueva Providencia. El gobierno ya les construyó una escuela (se llama "Juan Rulfo"), así como otras obras más. Las tierras en disputa, que siempre han trabajado los de San Manuel, se localizan en ambos lados de la carretera, lo cual complica el asunto. El expansionismo de los priístas se basa en su desconocimiento de los acuerdos, y se alimenta de proyectos y programas gubernamentales. La junta de buen gobierno (JBG) Camino del Futuro, en el caracol Hacia un Nuevo Amanecer -con sede en La Garrucha-, ya denunció que el pasado 13 de octubre grupos de campesinos priístas habían empezado a trabajar y pretendían apropiarse de tierras del poblado San Manuel, perteneciente al municipio autónomo Francisco Gómez.
Se trata de una nueva disputa en torno a la propiedad,
¿comunal o particular?, de los predios "recuperados". Un grupo,
mayoritario por cierto, rompió el acuerdo fundacional del Nuevo Centro
de Población San Manuel, decidió ocupar y pretende eventualmente
titular los terrenos que ellos llaman Plan de Iguala y Nueva
Providencia.
PRESENTAN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA ZOQUE
Investigadores, ambientalistas, académicos, campesinos
y funcionarios de los gobiernos federal y estatales de Chiapas,
Veracruz y Oaxaca presentaron el plan para la conservación y
desarrollo de la selva zoque, en cuya elaboración contribuyeron
autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas. Con el
proyecto se pretende combatir el narcotráfico y el comercio ilegal de
madera, que junto con los conflictos agrarios ponen en riesgo las más
de 900 mil hectáreas de la región que abastece de agua el sureste del
país. Lo anterior fue expuesto durante la elaboración del plan, que se
llevó a cabo durante tres días de análisis de autoridades comunales de
San Miguel y Santa María Chimalapas. En el evento participaron
representantes comunitarios y de organizaciones civiles de las tres
entidades, así como instancias de gobierno, entre ellas Conagua,
Conabio, Conafor y Semarnat. También los centros de investigaciones
Ciesas y Ecosur, además de la Universidad Veracruzana. En el
encuentro, que tuvo lugar en esta capital, se analizó la problemática
que se vive a lo largo de las casi mil hectáreas de selva que abarcan
los tres estados. LÓPEZ OBRADOR NIEGA QUE
SU POSTURA SEA DE REBELDÍA CONTRA LA CORTE Frente a un numeroso contingente de personas que le manifestaron abierto respaldo, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su actitud sobre el caso del Paraje San Juan no significa un acto de rebeldía contra las autoridades judiciales, pero que pagar mil 810 millones de pesos por la indemnización implicaría actuar como cómplice de la corrupción, además de que afectaría programas sociales en perjuicio de la población, y dijo: "que nos disculpen las autoridades judiciales, y nos atenemos a las consecuencias". Precisamente, el mandatario capitalino estuvo ayer en la colonia Santa María la Ribera, donde reinauguró, junto con la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, el kiosco morisco. Ahí también se concentraron cientos de personas de ésta y otras demarcaciones, quienes externaron con mantas y pancartas su apoyo al mandatario local y protestaron contra la decisión de las autoridades judiciales de obligar al millonario pago en favor de la familia Arcipreste.
López Obrador insistió en la creación de una comisión
de la propia Corte para investigar a fondo y, si resulta que el
gobierno está equivocado, que los argumentos no son válidos, entonces
se acatará la decisión, "pero estamos seguros que van a encontrar que
se trata de una maquinación entre supuestos propietarios particulares
y ex funcionarios públicos".
LA
PROCURADURÍA INVESTIGA A ARCIPRESTE POR POSIBLE FRAUDE La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a Arturo Arcipreste y a sus socios, para determinar si se configura el delito de fraude que se pudo suscitar durante el largo proceso relacionado con el predio de San Juan en Iztapalapa. Por lo pronto las autoridades ministeriales se encuentran integrando una averiguación previa para deslindar responsabilidades. Lo anterior forma parte de la estrategia que emprenderá la PGJDF en caso de que el GDF se vea obligado a pagar los mil 800 millones de pesos por el predio San Juan. El gobierno estudia querellarse contra Arturo Arcipreste y pedir por la reparación del daño mil 800 millones de pesos. Lo delicado del asunto tiene que ver, además, con que se han encontrado otras mecánicas similares de fraude. La PGJDF está a la espera, también, de las determinaciones que pudiera tomar la Suprema Corte y de que sea esta la encargada de la investigación.
Otra cuestión que preocupa a los funcionarios
ministeriales, es que existe una mecánica para ir preparando fraudes,
a partir de documentación dudosa o de expropiaciones en las que no se
cumplieron todos los mandatos legales. ACELERA VACÍO JURÍDICO
DESTRUCCIÓN DE BOSQUE "Quisiéramos que una autoridad nos sentara a la Corena, a la Profepa, a la delegación, a los comuneros, para solucionar esto de una vez, aunque no nos den la razón completa a nosotros, pero que nos resuelvan" Florencio Guzmán, presidente de Bienes Comunales de San Mateo Tlaltenango. Los conflictos limítrofes existentes entre comuneros del Desierto de los Leones desde hace 20 años así como la tolerancia de las autoridades federales y locales han provocado la consolidación de asentamientos irregulares en la zona, y han permitido la extensión de la mancha urbana hacia el bosque, reconocieron autoridades, investigadores y ejidatarios. Un ejemplo claro son las mansiones que se construyen en los límites entre Santa Rosa Xochiac y San Mateo Tlaltenango, la aparición de asentamientos no autorizados en San Lorenzo Acopilco, de sembradíos en suelo boscoso y de colonias enteras en los márgenes de la carretera libre a Toluca. El último censo disponible fue el realizado por la Delegación Cuajimalpa en 1999, en el que se expone que en ese año existían 39 asentamientos irregulares, con un total de mil 340 casas. El caos que genera el vacío jurídico es contundente: Durante recorridos realizados por REFORMA por el bosque se observó que los comuneros fraccionan y venden sus tierras o permiten la aparición de asentamientos irregulares que degradan el bosque, se reduce la filtración de agua al subsuelo, se tienden "diablitos" para suministrar electricidad a las casas, se bombea agua a través de mangueras, y lanzan sus drenajes a la tierra. A simple vista parece tierra de nadie el Desierto de los Leones. Todo ocurre ante la tolerancia de las autoridades federales, locales y delegacionales.
A la fecha, el área perdida por el bosque del Desierto
de los Leones a causa del crecimiento de asentamientos irregulares es
incalculable, reconoció el propio Jefe Delegacional de Cuajimalpa,
Ignacio Ruiz, quien aceptó que la situación del Parque Nacional más
antiguo del País es grave, y recalcó que son las autoridades agrarias
federales las que deben solucionar el conflicto legal entre las
comunidades. DENUNCIAN DESPOJO DE
TIERRAS HUAVES En San Francisco del Mar, comunidad indígena perteneciente al municipio de Juchitán, Oaxaca, el hambre se aquieta con pescado y camarones secos que la gente almacena por días... y hasta meses. El munícipe Facundo Martínez, señala que este pueblo está sometido a la miseria desde el siglo XV y no se ha desarrollado por tener que atender los problemas de invasiones que, de hecho, ya alertan sobre un nuevo foco rojo de violencia en el sur del país por la posesión de tierras. Hasta hace una semana, todo aparentaba ser normal en esta región del istmo de Tehuantepec. No obstante el fallo de un juez del Tribunal Agrario otorgó a mestizos influyentes más de 2 mil hectáreas de tierras que los propios caciques les invadieron. El juez José Lima Cobos, magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario en Tuxtepec, determinó que esos indios huaves deben entregar a la colonia mestiza 20 de Noviembre 2 mil 314 hectáreas de las tierras. Por decreto presidencial desde 1971, los huaves son propietarios de esos terrenos que totalizan 49 mil 964.75 hectáreas, y cuyos títulos de propiedad aseguran datan desde 1550, con el sello de la Corona española. La lucha de los 10 mil huaves de San Francisco del Mar es contra unos 20 caciques que invadieron cerca de 20 mil hectáreas de sus tierras, desde hace unos 30 años, y a raíz de la resolución del juez José Lima que consideran plagada de irregularidades y de corrupción, las autoridades tradicionales determinaron venir a la ciudad de México en busca de ayuda.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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