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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN ENGRANE ...
VIDA
NACIONAL ...
SECTOR
AGRARIO RESUELVEN CONFLICTO ENTRE OAXACA Y
VERACRUZ ...
ABRE LA CORTE SALIDA A JUICIOS POR
PREDIOS ...
EL SECRETARIO DE LA SRA PODRÍA SER
DESTITUIDO ...
IMPLEMENTARÁ CORETT NUEVO ESQUEMA
PARA ACELERAR REGULACIÓN DE TIERRA ...
SECTOR
AGROPECUARIO APREMIAN EN SAN LÁZARO A DISEÑAR
POLÍTICA INTEGRAL EN EL CAMPO ...
EL COLEGIO DE POSGRADUADOS GASTA 1%
DEL PRESUPUESTO DE SAGARPA ...
POSIBLE TENSIÓN SOCIAL SI
DESAPARECEN CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA ...
ESTADOS SINALOA INTERCAMBIAN EN SINALOA TIERRA
EJIDAL POR EMPLEO ...
ENGRANE Cómo
están las cosas, es muy probable que el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, tenga que organizar una tanda
entre los empleados de la dependencia para pagar los juicios que ha
perdido. La
semana pasada la SCJN ordenó a Salazar liquidar 82 millones 825,000
pesos a los dueños del paraje denominado Parque Conmemorativo, un
juicio que data de 1935. A
éstos habrá que sumar los 1,214 millones de pesos que la SRA deberá
pagar a la familia Ramos Millán, quienes representados por el senador
Diego Fernández de Cevallos, ganaron un controvertido juicio. Así
que si no quieren ver vestido de cebra al secretario de la Reforma
Agraria los diputados tendrán que autorizarle un presupuesto muy
superior al que le fue asignado este año sólo para cumplir los pagos
de los juicios perdidos. Y eso sin contar los juicios en proceso. VIDA
NACIONAL El
titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, ratificó su respeto
irrestricto a la ley, al acatar la resolución de la SCJN, de
indemnizar a la empresa Parques Conmemorativos, con 82 millones 825
mil 50 pesos, a la vez que anuncio que apagó otro foco rojo en
Oaxaca, al resolver un litigio de 26 años sobre 3,164 hectáreas en
San Juan Lalana. RESUELVEN CONFLICTO ENTRE OAXACA Y
VERACRUZ Después
de 26 años de disputarse 3 mil 164 hectáreas, comuneros de San Juan
Lalana, Oaxaca, y pequeños propietarios de Playa Vicente, Veracruz,
llegaron a un acuerdo y estos últimos determinaron aceptar dinero y
ceder las tierras en conflicto a indígenas chinantecos, dio a conocer
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Con
este conflicto, la dependencia da por resuelto el quinto de los 14
"focos rojos" prioritarios para el gobierno federal, en
vista de que implicarían inestabilidad y violencia. Florencio
Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, indicó que una vez
terminado el conflicto agrario la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas impulsará obras de electrificación, educación y
salud para que los chinantecos cuenten con elementos de trabajo y
mejoren los niveles de vida que hasta ahora les habían sido negados
por el propio conflicto. De
acuerdo con la SRA se han gastado en cuatro meses, 237 millones 500
mil pesos, para resolver 144 conflictos agrarios en nueve estados:
Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Sonora, Guerrero, Colima,
Zacatecas, Durango y Veracruz. Ese
dinero ha financiado en su conjunto una superficie de 40 mil 846 hectáreas.
En
el caso de San Juan Lalana, Salazar Adame entregó 69 cheques a igual
número de pequeños propietarios en Playa Vicente, Veracruz, por un
monto de 59.5 millones de pesos (30 de los cuales fueron otorgados por
el gobierno veracruzano), en compensación por sus tierras. El
pago de las 3 mil 164 hectáreas se hizo frente a los mandatarios priístas
de Oaxaca, José Murat, y de Veracruz, Miguel Alemán. A
este conflicto resuelto de San Juan Lalana, se suman los casos de
Bernalejo, en Zacatecas; Pujal Coy, en San Luis Potosí; El Milagro,
en Oaxaca; y Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, en Chiapas. ABRE
LA CORTE SALIDA A JUICIOS POR PREDIOS Un
litigio con casi 70 años de historia que la Suprema Corte de Justicia
resolvió el 4 de noviembre puede ser la salida para casos como el del
Paraje San Juan, pero también el inicio de una nueva controversia
contra el máximo tribunal. Los
abogados de una empresa que desde 1934 ha peleado para obtener
indemnización por 50 hectáreas de Tecamachalco expropiadas por el
Gobierno federal, acusaron a los Ministros de ignorar los lineamientos
que la propia Suprema Corte estableció cuando revisó el caso en
1956. El
fallo de Tecamachalco fue radical y novedoso. La Corte estableció por
primera vez que cuando esté revisando la posible inejecución de un
amparo por parte de alguna autoridad, tiene facultades para ignorar o
cambiar lo que se resolvió en instancias judiciales inferiores. La
Corte se basó en un avalúo realizado en 1960 por la entonces Dirección
de la Pequeña Propiedad Agrícola, que fijó en 15 millones de pesos
el valor del predio. Sin
embargo, la Secretaría de Agricultura determinó en 1961 que ese avalúo
era ilegal porque los funcionarios que lo firmaron no tenían
facultades para hacerlo, y desde entonces nunca realizó uno nuevo. Al
abordar el tema, la Corte consideró que el avalúo de 1960 sí fue válido,
porque un representante de Parques Conmemorativos participó y dio su
anuencia. El
expediente original del caso se perdió durante los sismos de 1985, y
fue hasta el pasado 8 de abril cuando Florencio Salazar Adame, titular
de la SRA, ordenó realizar el avalúo mediante un acuerdo en el que,
62 años después, dictaminó favorablemente la solicitud de la
empresa. Salazar
actuó para acatar una orden del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, que desde octubre de 2002 ordenó de manera definitiva
dictar el acuerdo y proceder al avalúo. En
su fallo de la semana pasada, la Corte resolvió que este acuerdo del
titular de la SRA, que en 1956 había sido de importancia central para
la propia Corte, simplemente ya no era necesario. En
la práctica, la Corte ya hizo su avalúo, tomó los 15 millones de
pesos establecidos en el peritaje de 1960, les quitó tres ceros para
dejarlos en 15 mil pesos actuales, y luego actualizó esta cifra
multiplicando por un factor inflacionario de 5 mil 221, que es el
acumulado en 43 años. El
resultado es 82.8 millones de pesos, unos 7.4 millones de dólares.
Cabe mencionar que en 1960, los 15 millones de pesos equivalían a 1.2
millones de dólares, cuyo poder adquisitivo actual equivale a unos
9.6 millones de dólares. EL
SECRETARIO DE LA SRA PODRÍA SER DESTITUIDO El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, podría ser
destituido por "desacato", pues ignoró a un Juez que le
ordenó indemnizar a los dueños de un predio en litigio desde 1939. El
pasado 28 de febrero de 2003 el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, amagó con quitarle el cargo por
no pagar con 82 millones 825 mil pesos a Parques Conmemorativos S.A,
dueños de un terreno de 50 hectáreas en Naucalpan, en lo que ahora
es el pueblo San Miguel Tecamachalco. Sin
embargo y aunque todavía la Secretaría de la Reforma Agraria, no
subsana la deuda, hace un par de semanas la Segunda Sala de Corte anuló
temporalmente esa decisión del Tribunal por considerar que la
facultad de destituir a un funcionario, "no tiene el carácter de
definitivo dado que la aplicación de las sanciones es facultad
exclusiva del Pleno". El
predio, ahora urbanizado con casas de lujo, había sido devuelto a sus
dueños por acuerdo presidencial en 1939 pero las autoridades
ignoraron esa disposición. En
ese entonces, un juez había ordenado a la Secretaria de Agricultura y
al director general de la Pequeña Propiedad que indemnizaran a los
dueños del predio pero las autoridades, nunca lo hicieron. No
obstante, las autoridades de la Reforma Agraria, acudieron a la Corte
que apenas hace un par de semanas; debatió el asunto y determinó
dejar sin efectos la resolución de 28 de febrero de 2003: la que pedía
la destitución del funcionario. IMPLEMENTARÁ
CORETT NUEVO ESQUEMA PARA ACELERAR REGULACIÓN DE TIERRA A
principios del próximo año la Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra (Corett) contará con un nuevo esquema para
"potencializar" su acción y darle "celeridad",
informó Fernado Portilla Higareda, director general del órgano
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), quien
detalló que la intención es que el proceso de regularización pueda
concretarse en sólo "un año". Según
el funcionario, el proceso de expropiación de la tierra es el que más
tarda la regularización, y es que éste es "lento y
complicado". Tanto es así que en sexenios anteriores demoraba
"cuatro años, cuando lo ideal es que no fuera más de seis
meses". El
9 de noviembre la Corett cumplió 29 años de "regularizar
asentamientos humanos en tierras de propiedad social; ejidos y
comunidades", y durante estas casi tres décadas ha regularizado
"2 millones 400 mil lotes, lo que quiere decir que 10 por ciento
de las familias de México tiene una escritura de Corett". En
lo que va del actual gobierno, la comisión ha ejecutado 173 decretos
expropiatorios que incluyen 6 mil 529 hectáreas de suelo ejidal en
todo el país, y con ello se han regularizado más de 220 mil lotes en
beneficio de igual número de familias que antes se ubicaban en
asentamientos irregulares, y la pretensión es que a fines de este año
80 mil familias más tengan su escritura de Corett. APREMIAN EN SAN LÁZARO A DISEÑAR
POLÍTICA INTEGRAL EN EL CAMPO El
presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de
Diputados, Manuel García Corpus, pidió revisar a fondo al artículo
27 constitucional y diseñar una política integral para el sector
agrario, debido a que existe la posibilidad de un estallido social por
la situación de crisis que vive el campo. En
reunión de trabajo con representantes del Consejo Agrario Permanente,
el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que
la crisis que enfrenta el medio rural es muy grave, de tal manera que
en los últimos años la migración ha constituido la válvula de
escape al problema agrario de nuestro país y representa la segunda
fuerza que ingresa recursos al país, después del petróleo. Ante
la posibilidad de un estallido social en el campo, el legislador García
Corpus se pronunció por revisar el artículo 27 constitucional y sus
leyes reglamentarias, así como elaborar una política de Estado para
el agro mexicano, a fin de que éste ocupe un lugar fundamental en el
desarrollo nacional. De
igual manera, el diputado priista pidió al gobierno federal coordinar
las acciones de las instituciones y programas en la materia, así como
destinar recursos suficientes para que el campo pueda generar la
producción que requiere el país. Por
su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Margarito Fierros Tano, secretario de la comisión, dijo que para
humanizar el proceso de globalización y que los ejidos cuenten con la
tecnología que tienen las naciones más avanzadas, se requiere
proteger la propiedad social del ejido y la comunidad. EL
COLEGIO DE POSGRADUADOS GASTA 1% DEL PRESUPUESTO DE SAGARPA Hace
apenas dos años, el Colegio de Posgraduados fue reconocido como
centro público de investigación y presentó el plan de trabajo
2001-2006, que fue avalado por el gobierno federal; ahora, para
ahorrarse 400 millones de pesos -alrededor de uno por ciento del
presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación- se anunció su liquidación en la
iniciativa de presupuesto de egresos, con lo que se cancelan 21 planes
de acción y cientos de investigaciones en proceso. Cerca
de 600 profesores y mil estudiantes realizan cotidianamente trabajos
de investigación agropecuaria para resolver problemas que van desde
el llamado virus de la tristeza
de los cítricos, el mejoramiento del maíz, la genética en las
variedades silvestres, hasta la conservación de la cactácea
biznaguilla, originaria de Tamaulipas, extinta en el campo y que sólo
existe en los invernaderos del colegio. Nulo interés
gubernamental
A
pesar de estar considerado en niveles de excelencia por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Colegio de
Posgraduados se encuentra en riesgo de desaparecer con sus
laboratorios en las seis unidades, localizadas en Texcoco, Puebla, San
Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, donde cada estudiante con su
proyecto de tesis busca resolver problemas que se manifiestan en el
agro. En
México, los investigadores agrícolas estudiaron en el Colegio de
Posgraduados e incluso vienen alumnos extranjeros y de universidades
nacionales, dice por su parte Jaime Matus, del programa de posgrado en
economía. Recuerda que aquí se creó el Plan Puebla, de
transferencia de tecnología, que tuvo gran éxito; asimismo se formó
gente que opera programas gubernamentales para el agro en distintas
dependencias. POSIBLE
TENSIÓN SOCIAL SI DESAPARECEN CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA La
pretensión del gobierno de Vicente Fox de prácticamente desaparecer
los últimos cinco institutos de investigación para el sector
agropecuario y pesquero del país podría generar una tensión social
que no podrá controlarse con ''nuevos acuerdos'' o con promesas de
entrega de ''unas cuantas monedas'', alertaron dirigentes de
organizaciones campesinas integrantes del Congreso Agrario Permanente
(CAP) y del movimiento El campo no aguanta más. Aseguraron
que ''cerrarán filas'' para evitar el cierre y entrega a la
iniciativa privada del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Instituto Nacional de la
Pesca (INP), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural
(INCA-Rural) y Colegio de Posgraduados. El
movimiento El campo no aguanta más se sumará a las protestas de los
trabajadores e investigadores y luchará por la permanencia del
Colegio de Posgraduados y de los institutos; hará un llamado a todas
las organizaciones campesinas e indígenas del país para que se
reagrupen e iniciar esta batalla, que no se detendrá con la firma de
pactos que no se cumplen, como el Acuerdo Nacional para el Campo, ni
con promesas de entrega de algunos pesos, acotó. SINALOA INTERCAMBIAN EN SINALOA TIERRA
EJIDAL POR EMPLEO De
campesinos a veladores, ese es el destino que parece esperarles a
algunos hombres del campo de Sinaloa que se están viendo obligados a
vender sus tierras bajo la oferta de ser empleados en los terrenos
campestres que se construirán ahí una vez vendida dicha propiedad. Y
fue la falta de agua, la expansión de la mancha urbana, entre otros
factores, lo que colocó a 3 mil ejidatarios sinaloenses frente a dos
alternativas: perder sus tierras de temporal o venderlas y emplearse
en el lugar en áreas de mantenimiento. A
la fecha, según la Central Cardenista Campesina, alrededor de 500
ejidatarios se cansaron de buscar apoyo y de esperar el agua
suficiente para sus siembras, por lo que vendieron sus tierras. Como
ejemplo, una alternativa que tuvieron ejidatarios para continuar en
las tierras que sembraron, está sobre la carretera a Mazatlán, en
las inmediaciones de la comunidad El Ranchito, ubicado en Culiacán. Un
terreno de 200 hectáreas, que antes era utilizado para siembras de maíz,
frijol y otros tipos de granos, se convirtió en un lugar que las
familias pueden rentar para tomar unos días de esparcimiento. Pero
lo más interesante es que aquellos que decidieron vender fueron
incorporados a laborar en el campestre que aún no se concluye y
reciben una remuneración a cambio de su trabajo. Actualmente
hay 80 campesinos que prestan su mano de obra, ya sea dando
mantenimiento a las instalaciones, como veladores, como albañiles,
con lo que consiguen sustento y no dejan de laborar. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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