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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR AGRARIO
DIARIO OFICIAL...
MONTES AZULES PODRÍA
SER DETONANTE DE UNA SITUACIÓN COMO LA DE 94 EN CHIAPAS...
CHIMALAPAS TERMINAN BRECHEO PESE A LA TENSIÓN...
INSISTE EL CAP EN LA
REVISIÓN DEL 27 CONSTITUCIONAL...
TRAMPAS EN EL ACUERDO PARA EL CAMPO, ACUSAN...
CAMPESINOS OAXAQUEÑOS
BLOQUEARON OFICINAS DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL...
SECTOR AGROPECUARIO EN
BREVE PODRÍAN LIBERARSE $30 MIL MILLONES PARA PROGRAMAS AGRÍCOLAS...
ESTADOS CHIAPAS LA COAECH NO ABANDONARÁ
LOS ASENTAMIENTOS EN MONTES AZULES...
MILITARIZACIÓN,
RESPUESTA PERMANENTE A LAS DEMANDAS DE INDÍGENAS EN CHIAPAS...
DEJAN CHOLES ALBERGUE;
REGRESAN A LA LACANDONA...
PLANEAN EXPROPIAR EN
SELVA...
SEÑALAN FALLAS EN REUBICACIÓN DE INDÍGENAS...
CONSTATAN DAÑOS DE
INVASIÓN A RESERVA...
ESTADO DE MÉXICO LA UACH ASESORÁ A
CAMPESINOS DE TEXCOCO Y ATENCO EN MATERIA DE CULTIVOS...
SE OPONEN A LA DIVISIÓN
DE CUAUTITLÁN IZCALLI...
NO HAN PAGADO TIERRAS
EXPROPIADAS...
ZACATECAS CONSIDERAR VIGENTE
DISPUTA EN BERNALEJO ...
DIARIO OFICIAL SRA.- La Secretaría de la Reforma Agraria da a conocer el Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de la Reforma Agraria. Y el
Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los
formatos que aplica la Secretaría de la Reforma Agraria, y se
establecen diversas medidas de mejora regulatoria.
MONTES AZULES PODRÍA SER DETONANTE DE UNA SITUACIÓN COMO LA DE 94 EN
CHIAPAS El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, aceptó que urge solucionar los conflictos de posesión de tierras en Montes Azules, Chiapas, y en los Chimalapas, Oaxaca, y dijo que ambos son parte de los 14 puntos rojos agrarios que requieren acciones prontas y adecuadas. Este día Salazar Adame sostendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, para abordar el caso de Montes Azules, que podría convertirse en la chispa para que Chiapas volviese a una situación similar a la de 1994. En 1995, el gobierno federal estableció la mesa agraria-ambiental con el propósito de detener el crecimiento de los asentamientos irregulares en la reserva de la biósfera Montes Azules y para, presuntamente, cumplir con la promesa de regularizar los asentamientos anteriores al decreto presidencial de 1972, mediante el cual se dotó de 614 mil 321 hectáreas a la comunidad lacandona. Desde entonces todos los indígenas involucrados han escuchado promesas de reubicación, vivienda, apoyos para proyectos productivos y hasta de acciones para que retornen a las comunidades de las que salieron por presiones de diversos grupos armados. Lo cierto, dijo Salazar Adame, es que en este caso una de las situaciones que "está pesando mucho es el retorno de algunas comunidades a sus lugares de origen". Debemos pensar en soluciones negociadas, en las que el gobierno estatal, Semarnat y SRA actúen de manera coordinada. Para el caso de la disputa que existe entre los indígenas zoques de Santa María Chimalapa y la colonia Cuauhtémoc, el titular de la SRA aseguró que está por la "solución negociada". Ambas partes tienen razón en decirse propietarias de 13 mil hectáreas, cada una tiene su dotación, pero se trata de la misma tierra. La propuesta de la SRA es comprar a la colonia Cuauhtémoc las 13 mil hectáreas y crear una reserva natural para entregarla en custodia a Santa María, "con esa acción se terminaría el conflicto y se mantendría esa área como reserva, que también serviría como un colchón (entre las partes en conflicto) que evitaría confrontaciones". El
titular de la SRA se abstuvo de dar a conocer el monto que ha ofrecido
a la colonia Cuauhtémoc por las tierras, ya que "eso es parte de la
negociación, disponemos de los recursos suficientes para pagar de
manera justa por esa superficie". Ese monto estaría integrado por
parte de los 449 millones de pesos destinados para la atención de
conflictos agrarios que requieren solución inmediata y otros fondos
que aportaría la Semarnat.
CHIMALAPAS
TERMINAN BRECHEO PESE A LA TENSIÓN Los mil 200 comuneros de Santa María Chimalapa concluyeron sus trabajos de brecheo, que comenzaron en marzo de hace dos años y en medio de momentos de tensión con sus vecinos de la colonia agrícola Cuauhtémoc, con quienes disputan 13 mil hectáreas de tierras. Con la terminación del brecheo, "los comuneros zoques esperamos ahora la respuesta del gobierno federal para que mediante el procedimiento de compra de tierras o la expropiación, le devuelvan a Santa María las tierras ocupadas actualmente por los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc", explicó Cruz Pérez, dirigente de los comuneros zoques. Informó que solicitó una audiencia con los secretarios de la Reforma Agraria y Gobernación, Florencio Salazar Adame y Santiago Creel, respectivamente, "con la finalidad de avanzar en la solución definitiva del problema con la colonia Cuauhtémoc y recuperar las tierras que pertenecen a los zoques". Por otro lado, en la capital oaxaqueña se realizó la reunión entre funcionarios de la Comisión Intersecretarial y representantes municipales de la colonia Cuauhtémoc, encabezados por el edil panista Ernesto Altamirano Lagunas, quienes más tarde se trasladaron al Distrito Federal para hablar con el subprocurador agrario. En la reunión, el coordinador de la Comisión Intersecretarial, Francisco Yáñez Centeno, de la Secretaría de Gobernación, exhortó a los representantes de Cuauhtémoc a mantener la voluntad de diálogo para resolver por la vía pacífica el conflicto social que mantienen con Santa María Chimalapa. Los representantes de la colonia Cuauhtémoc respondieron que la Comisión Intersecretarial debe intensificar el diálogo con los chimalapas, a quienes acusaron de romper con la tregua de 15 días pactada desde el 30 de abril. En la
reunión, donde no hubo avances significativo debido a la ausencia de
Santa María Chimalapa, los colonos ratificaron su postura de que "la
colonia no está en venta".
INSISTE
EL CAP EN LA REVISIÓN DEL 27 CONSTITUCIONAL Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) refrendaron su exigencia de revisar el artículo 27 constitucional y el marco jurídico agrario, "no para volver al pasado, sino para proyectar una reforma del presente siglo". Al asumir la coordinación del CAP, Max Correa insistió en que las autoridades deben solucionar definitivamente todos los conflictos que ponen en riesgo la estabilidad del campo y no esperar a que "salten a la fama como nota roja" para intervenir; es momento de solucionar los problemas en Oaxaca y Chiapas, dijo. Aclaró que las 12 organizaciones del CAP no han renunciado a manifestarse y exigir audiencias para que las autoridades atiendan los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y evitarán que éste "se burocratice". Una de las principales tareas del CAP, dijo, es "sacar al ANC de las oficinas del gobierno y de la ciudad de México, y llevar sus acciones y resultados a las regiones". En
dicho foro y ante la presencia del secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, y del subsecretario de Agricultura, Francisco
López Tostado, Max Correa acusó a mandos superiores y medios de las
secretarías de Economía, Agricultura y de la Reforma Agraria por
"seguir encebando el palo" con el propósito de retrasar la entrega de
los recursos normales y emergentes asignados al agro.
TRAMPAS EN EL
ACUERDO PARA EL CAMPO, ACUSAN A un mes de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el Congreso Agrario Permanente denuncia que hay actitudes de resistencia de asesores y funcionarios del gobierno federal que complican la puesta en operación de las 282 acciones en favor de campesinos, dijo Max Agustín Correa Hernández, nuevo coordinador general del CAP. Ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, el dirigente campesino exigió: "Evitemos que el Acuerdo se burocratice y no caigamos en la trampa de la reunionitis". Y lanzó la advertencia: "No vamos a renunciar a nuestro derecho constitucional de libre manifestación, de audiencia y petición, cuando la contraparte pretenda incumplir algo acordado". Por su parte, Heladio Ramírez López, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, expresó su preocupación porque hasta el momento no se sabe si el gobierno de México ha emprendido acciones ante su similar de Estados Unidos respecto de la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, como está contemplado en el Acuerdo Nacional para el Campo. En la
ceremonia de cambio de coordinación en el Congreso Agrario Permanente,
por primera vez atestiguada por el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar, y por Francisco López Tostado, subsecretario de
Agricultura, Max Agustín Correa se comprometió a "sacar el Acuerdo
para el Campo de las oficinas de gobierno y de la ciudad de México y
llevar sus acciones a las regiones".
CAMPESINOS OAXAQUEÑOS BLOQUEARON OFICINAS DE GOBIERNO ESTATAL Y
FEDERAL Cientos de campesinos de organizaciones no gubernamentales desquiciaron ayer la capital oaxaqueña y tomaron seis instituciones de gobierno estatal y federal que tienen que ver con el agro, por lo que por varias horas se quedaron retenidos funcionarios y trabajadores administrativos. En demanda de programas agrícolas, ganaderos y forestales, así como la solución de problemas agrarios, créditos a la palabra, asesoría técnica, fertilizantes, proyectos productivos y mecanización del campo, tomaron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedaf), la Secretaría del Transporte (Setran), el Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Sagarpa. Las organizaciones campesinas no gubernamentales que realizaron dicha acción son las siguientes: la Organización de Obreros y Campesinos, Emiliano Zapata, la Alianza Social de Organizaciones Independientes (ASOI), la Unión General Obrero Campesina Popular, (UGOCP) y la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC), entre otras. Los
voceros de estas organizaciones, José Cruz Santiago y Martín Santiago
Sánchez, manifestaron que el campo oaxaqueño está abandonado por los
gobiernos estatal y federal, y por consiguiente, esperan que se
instale cuanto antes una mesa de trabajo en la que se discutan los
problemas y demandas de los campesinos una vez más engañados, pues no
ha aterrizado lo prometido con el Acuerdo Nacional para el Campo, cuyo
programa fue suscrito por el presidente Vicente Fox. EN
BREVE PODRÍAN LIBERARSE $30 MIL MILLONES PARA PROGRAMAS AGRÍCOLAS Al lograr consenso sobre las reglas de operación de 30 de los 47 programas, en los próximos días se liberarían los primeros 30 mil millones de pesos -involucrados en dichos planes- destinados al agro, informó Víctor Suárez, de El campo no aguanta más. En el contexto de una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo efectuada la tarde de ayer en la Secretaría de Gobernación, los dirigentes que asistieron se refirieron, con matices, a los avances en la instrumentación de dicho acuerdo. Alvaro
López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, dice que
existen atorones importantes que la Comisión de Seguimiento debe
atender pronto. Mencionó que hay preocupación en algunas
organizaciones campesinas porque han advertido una actitud
"regateadora" del gobierno, de ahí que se ha planteado que haya mayor
exigencia en el cumplimiento de los plazos y de que no pase de una
semana para la aprobación de todas las reglas de operación.
CHIAPAS LA COAECH NO ABANDONARÁ
LOS ASENTAMIENTOS EN MONTES AZULES El "abandono" de que fueron víctimas cuatro familias del poblado Lucio Cabañas por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), "demuestra" que el gobierno federal "no tiene voluntad ni recursos para reubicar" a las comunidades asentadas en la reserva de la biósfera de Montes Azules, afirmó la Coalición de Organizaciones Autónomas de Chiapas (Coaech). Mario Hernández Pérez, uno de los coordinadores de la Coaech, dijo que "ahora más que nunca la postura de los indígenas asentados en Montes Azules es que no aceptarán ser reubicados, porque el gobierno no cumple su palabra". Repudió la actitud de la comunidad lacandona de "hacerse justicia por propia mano si el gobierno no actúa", y sostuvo que "la posición de los compañeros es que no van a salir". Nuestra propuesta es que los poblados se regularicen, porque algunos se asentaron desde 1934, llegaron mucho antes del decreto de 1972". En entrevista, Hernández Pérez aclaró que la Coaech tiene 12 de los 42 poblados que existen en Montes Azules. Por su
parte, Caralampio Gómez Hernández, otro de los coordinadores de la
Coaech, manifestó que el gobierno "debe impulsar un plan de desarrollo
social que beneficie a los indígenas que viven en Montes Azules y al
medio ambiente".
MILITARIZACIÓN, RESPUESTA PERMANENTE A LAS DEMANDAS DE INDÍGENAS EN
CHIAPAS Al paso de los años, en lo que va de las amenazas a las promesas gubernamentales, la militarización generalizada de las tierras indígenas de Chiapas sigue siendo la única respuesta permanente a las demandas de los nativos. Aun bajo los cálculos más conservadores, ésta es la entidad de la República con mayor concentración de tropas y equipo de combate. Organismos civiles e investigadores independientes calculan que en Chiapas hay hasta 60 mil efectivos castrenses, mientras las fuentes militares, siempre parcas, nunca reconocen más de 18 mil. En consecuencia, Chiapas es la única entidad donde se practica abierta y sistemáticamente una "guerra de baja intensidad", tan protéica como convenga a su fin primordial, que es fracturar la solidaridad en las comunidades. Donde hay militarización no hay paz Hoy, 27 de mayo de 2003, operan cerca de 50 puestos de revisión en caminos y carreteras. Bases de Operaciones Mixtas por doquier. Medio millar de campamentos y cuarteles, en su mayoría concentrados en torno a comunidades en resistencia donde habitan las bases de apoyo del EZLN. Diversos analistas han coincidido recientemente en que el gobierno de Vicente Fox sigue pensando en "derrotar" la resistencia, a pesar de que ésta se mantiene pacífica. Más de mil comunidades permanecen en espera de que se cumplan los compromisos de un gobierno que sigue apostando a que "eso se pudra". Los conflictos que ensombrecen la vida cotidiana de las comunidades autónomas son producto directo de la "guerra de baja intensidad", aunque la mano militar no siempre se vea a primera vista. El gobierno no acepta que existan paramilitares; lo que hay, dice, son "conflictos intercomunitarios". En
ocasiones lo obvio no es evidente: aquí no hay paz porque la guerra no
cesa. Así sea sorda, subrepticia, lenta, disimulada, de "baja
intensidad", la guerra contra las comunidades indígenas de Chiapas
está instalada y en curso.
DEJAN CHOLES
ALBERGUE; REGRESAN A LA LACANDONA "Ya van a saber noticias de nosotros, pronto", dijo Domingo Pérez Gómez, representante de las cuatro familias choles que en diciembre pasado fueron sacadas de la reserva de Montes Azules y que por la "falta de respuesta" de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidieron regresar con sus propios recursos a la Selva Lacandona. Desde ayer, los 29 miembros del grupo viven en la comunidad Francisco Grajales, en la zona de Marqués de Comillas, donde tratarán de rentar un predio para la siembra de maíz y frijol o emplearse como jornaleros. Con sus escasas pertenencias, los 29 indígenas choles que hace 20 años salieron del municipio de Tila en busca de tierras están de nuevo en "la tierra prometida", en la Selva Lacandona. Pérez Gómez aseguró que no piensan adentrarse nuevamente a la biósfera de Montes Azules, pero anunció que "pronto" se conocerá de las acciones que emprenderán en respuesta a la larga espera y el engaño en que los mantuvo la Profepa para reubicarlos en los predios San Manuel y La Conchita, en el municipio de Palenque.
Durante cinco meses, narró, funcionarios de la Profepa los mantuvieron
en "constante engaño" al darles varias fechas para reubicarlos en
predios donde a cada familia le tocaría 20 hectáreas, conforme a lo
que exigieron al salir de Montes Azules.
PLANEAN EXPROPIAR EN SELVA Para detener el deterioro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, el Gobierno de Chiapas arrancará un programa que contempla otorgar títulos de propiedad a asentamientos irregulares con décadas de antigüedad y concentrar al resto de invasores en nuevos poblados que se crearían fuera de la reserva, sobre terrenos que serán expropiados a la Comunidad Lacandona. Pablo Muench, director del Instituto de Historia Natural y Ecología -dependencia estatal que es contraparte de la Semarnat-informó que para llevar a cabo el programa se necesita una inversión de mil 170 millones de pesos. Dijo que ya entraron en negociación con la Unión Europea y un fondo de la ONU para conseguir algunos recursos, aunque esperan que el Gobierno federal aporte una buena parte del dinero necesitado. Por lo pronto, Muench aseguró que los invasores que acepten ser reubicados fuera de la Reserva podrían ser establecidos en los terrenos vecinos a las comunidades Loma Bonita y 13 de Septiembre, ubicados al sur en tierras de Bienes Comunales. Aunque otros podrían ser ubicados en la zona norte de Montes Azules, en los terrenos que los lacandones no ocupan. Por decreto presidencial, en 1972 se otorgó a 66 familias lacandonas la posesión de 614 mil hectáreas de selva, que abarcan toda la reserva y los terrenos colindantes. Antes
de llevar a cabo esos movimientos sería necesario expropiar a la
Comunidad Lacandona las tierras necesarias, y se le indemnizaría,
señaló Muench.
SEÑALAN FALLAS EN
REUBICACIÓN DE INDÍGENAS La estrategia gubernamental de reubicar los asentamientos irregulares que invaden Montes Azules no ha dado resultado. Esto lo revela un documento interno del Gobierno de Chiapas que arroja que por incumplimiento de promesas hechas, las comunidades que fueron desalojadas de esa Reserva de la Biósfera de Montes Azules (RBMA) regresaron o nuevos grupos ocuparon inmediatamente el lugar que dejaron. Ejemplos de las invasiones provocadas por errores de las autoridades federales abundan en el reporte del Gobierno estatal en el que señala en cada uno de los 49 asentamientos irregulares detectados su origen, su filiación ideológica y sus características. Además de las promesas incumplidas, en el reporte se mencionan errores logísticos cometidos en sexenios anteriores a la hora de las negociaciones. El
reporte usado en la Mesa Agrario-Ambiental menciona ejidos "invasores"
de los que ni siquiera se tiene la certeza de su existencia.
CONSTATAN DAÑOS DE
INVASIÓN A RESERVA Domingo Pérez no sólo representa, para algunos conservacionistas, el rostro de la devastación ecológica de Montes Azules. Tampoco es únicamente el líder del grupo que estableció los parámetros de la velocidad de desmonte de la selva. Es una piedra en el zapato del titular de la Profepa, José Campillo. Y, sobre todo, la bandera utilizada por el Gobierno de Chiapas para señalar que los desalojos que propone la Profepa como medida para terminar con las invasiones, están destinados al fracaso si no se resuelve la pobreza de la zona. El biólogo Javier De la Maza, quien fue director de Areas Naturales Protegidas el sexenio pasado, sigue su camino para mostrar los "delitos ambientales" cometidos por la familia chol que en noviembre se asentó en este paraje de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules -al que los recién llegados bautizaron como Lucio Cabañas-. Y que a finales de diciembre fue expulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). "¡Tumbaron, quemaron y desmontaron 15 hectáreas en un mes y estaban apenas empezando!", dice exasperado. "Destruyeron varios años de investigación científica: le quitaron a algunos árboles las etiquetas de aluminio que biólogos les prendieron y que tenían información sobre estudios que estaban haciendo a largo plazo, cuánto medía al empezar el estudio, cuánto tardaba en crecer... Son miles de pesos en investigaciones perdidas". La actividad de los 27 integrantes de la familia Pérez -en su mayoría niños- sirvió para establecer también otras marcas sobre la velocidad de destrucción de una selva. Después de observar su comportamiento en la Reserva, el director de Montes Azules, Adrián Méndez, da a conocer una nueva medida. "Cuatro personas adultas tienen capacidad para desmantelar seis hectáreas de selva en un mes, y llegar a un promedio de modificación de alrededor de 100 hectáreas de selvas en un par de años", dice el funcionario. La
invasión de Arroyo San Pablo era uno de las 42 asentamientos
irregulares que Profepa tiene registrados dentro de la Reserva; aunque
el Gobierno de Chiapas indica que existen ocho invasiones más a los
terrenos bajo protección federal. LA UACH ASESORÁ A
CAMPESINOS DE TEXCOCO Y ATENCO EN MATERIA DE CULTIVOS La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) signará un convenio con los campesinos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), para brindarles apoyo con asesoría técnica, aportación de recursos genéticos y maquinaria para mejorar sus cultivos, además de que en sus tierras se lleven a cabo programas de investigación de los profesores y se aplique un programa de rescate cultural de la zona. Al respecto, los dirigentes del FPDT destacaron que conminarán a todos los campesinos de Atenco y Texcoco para que se unan al programa y señalaron que se trata de dar un impulso mayor a sus tierras para que produzcan. Por otra parte, el FPDT informó que por el momento siguen suspendidos el diálogo y negociación con las autoridades federales y estatales y confirmaron la realización de su marcha hacia la Secretaría de Gobernación el próximo jueves para exigir la libertad plena de los campesinos que cuentan con procesos penales u órdenes de captura. Atenco en Quintana Roo Luego de informar que entraron en contacto con líderes del FPDT, de Atenco, delegados del ejido Chetumal en Quintana Roo advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo aeropuerto ocupa terrenos ejidales desde 1942 sin que haya iniciado el trámite expropiatorio, que "si mañana no recibimos una respuesta del gobierno federal, vamos a reaccionar para defender nuestro patrimonio. Los terrenos tienen que ser expropiados para proceder a la indemnización a valor comercial" . Los
inconformes reclaman el pago de 428 millones de pesos por las 229
hectáreas de las que se apoderó el gobierno del territorio en 1941.
SE OPONEN A LA
DIVISIÓN DE CUAUTITLÁN IZCALLI Habitantes de Cuautitlán Izcalli advirtieron a los integrantes de la Comisión de Límites del Congreso local que no van a permitir que dividan a la comunidad de San Mateo Ixtacalco y entreguen 385 hectáreas a Cuautitlán México. Se
señala que las hectáreas en conflicto son parte de una zona industrial
que genera una actividad importante para el municipio.
NO HAN PAGADO TIERRAS
EXPROPIADAS
Campesinos de las colonias San Antonio Abad y Nueva San Francisco, en
la localidad de Toluca, denunciaron que el gobierno estatal ha
incumplido en el pago de la expropiación de sus tierras por más de 20
años, por lo que exigieron su pago inmediato, pues la administración
de los mismos pasará a manos de la Federación. CONSIDERAR VIGENTE
DISPUTA EN BERNALEJO Tomás Torres Mercado, secretario general de Gobierno, consideró ayer que el conflicto en Bernalejo permanece vigente. Manifestó su temor a que el Gobierno federal desarrolle una estrategia para solicitar a Zacatecas que se desista de sus defensa del ejido Bernalejo, con el fin de lograr una negociación de la superficie en disputa con campesinos de Durango. "La estrategia (del Gobierno federal) puede ir, uno al desistimiento del amparo para la firmeza del decreto o la otra el desistimiento del amparo para atraer nuevamente el asunto al Tribunal Unitario Agrario para sancionar un convenio", dijo. En conferencia de prensa, Torres Mercado informó que el Gobierno de Zacatecas ha presentado un amparo en contra de la resolución del Tribunal Superior Agrario que ordenó al Tribunal Unitario Agrario reponer un deslinde de la superficie del ejido de Bernalejo. Según el funcionario estatal, además del problema del ejido Bernalejo, en Zacatecas hay otro que tiene la posibilidades de degenerar al grado de este problema y es el del ejido San José del Refugio con la comunidad indígena huicholas de San Andrés Cohamita.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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