Sábado 28 de junio de 2003 Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR AGRARIO INDEMNIZACIÓN A LA
FAMILIA RAMOS MILLÁN NO AFECTARÁ PROGRAMAS: SALAZAR ADAME ...
ADVIERTEN LEGISLADORES
QUE IMPEDIRÁN EL PAGO AL CLIENTE DE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS ...
FOMENTAR LA INVERSIÓN,
EL PROPÓSITO DE LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA: SRA ...
DESCONFÍAN DEL LLAMADO
DE MURAT PARA BUSCAR SOLUCIONES AL CONFLICTO EN LOS CHIMALAPAS ...
LOS CHIMALAPAS AMENAZAN
CON IMPEDIR COMICIOS ...
ESTADOS DISTRITO FEDERAL RECUPERA EL GOBIERNO
PREDIO EN SANTA FÉ ...
INDEMNIZACIÓN A LA
FAMILIA RAMOS MILLÁN NO AFECTARÁ PROGRAMAS: SALAZAR ADAME Luego
del acuerdo al que llegara la SCHP con el bufete jurídico del senador
Diego Fernández de Cevallos para pagar el adeudo de mil 214 millones
de pesos que debe la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a la
familia Ramos Millán por el caso de los predios de Santa Ursula, el
titular de esta dependencia, Florencio Salazar Adame, dejó en claro
que este pago de indemnización no afectará los programas de apoyo al
campo.
ADVIERTEN LEGISLADORES QUE IMPEDIRÁN EL PAGO AL CLIENTE DE FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS Legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM advirtieron que no permitirán que el Congreso autorice el pago de más de mil 200 millones de pesos a los clientes del senador panista Diego Fernández de Cevallos, ni siquiera a un plazo de 40 años, como pretenden la autoridades hacendarias, ya que esa indemnización millonaria a los herederos de Ramos Millán se logró a través del fraude y el tráfico de influencias. A su vez, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Félix Castellanos, exigió que el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, aclare de qué rubro de esa dependencia piensan sacar los 30 millones de pesos anuales que se pretende entregar a los clientes del senador panista, ya que "es ofensivo para los campesinos mexicanos que se dé prioridad al caso de un particular, mientras hay 400 asuntos agrarios a punto de explotar, entre ellos los de Chimalapas, sin que se les canalicen recursos''. Igualmente, la senadora del PRI, Martha Tamayo, integrante de la Comisión de Reforma Agraria en Xicoténcatl, señaló su desacuerdo con que se liquide a los Ramos Millán la indemnización sobre la que pesan las dudas del tráfico de influencias. Con tantas necesidades en el campo, no es posible desviar 30 millones para los herederos de un terrateniente urbano, expuso a su vez la senadora del Verde Ecologista, Sara Isabel Castellanos. Litigio plagado de irregularidades: PRD En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, resaltó que "es absolutamente inaceptable" la petición del subsecretario de Egresos de la SHCP, Carlos Hurtado, en la que solicita llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias, con la intención de que la SRA cumpla con el pago anual de 30 millones, hasta liquidar los mil 200 millones que el Poder Judicial ordenó como indemnización por un predio de 33 hectáreas localizado en Santa Ursula Coapa. ''Respetamos la decisión del juez, pero no se le debe olvidar a las autoridades de Hacienda y de la Reforma Agraria que es el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados la que va a decidir cómo se resuelve ese asunto, y por supuesto que los legisladores del PRD no vamos a aceptar ese atraco, ese enorme fraude". Ortega
hizo notar que hay evidencias de fraude. ''Es sospechosa la forma como
actuó el perito evaluador. Ni siquiera sabemos quién es; su nombre lo
guardan como secreto de Estado. Hay muchas preguntas que nadie ha
querido responder. En el PRD seguimos ese asunto, pero topamos con esa
decisión de mantener en secreto al perito que determinó que se les
pagara casi 4 mil pesos por metro cuadrado a los Ramos Millán, una
cifra estratosférica, si se compara con otras indemnizaciones en la
misma zona. “Tampoco en la SRA saben el nombre del perito", dijo.
FOMENTAR LA INVERSIÓN, EL PROPÓSITO DE LA SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE
LA TIERRA: SRA El subsecretario de la Reforma Agraria, Gilberto Hersberger, afirmó que la actual administración considera prioritario otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra como una condición indispensable para el desarrollo compartido. Al dar a conocer una evaluación de las estrategias de la política agraria del gobierno federal, el funcionario expuso que dicha seguridad jurídica tendría como propósito fomentar la inversión y el desarrollo en beneficio de los sujetos agrarios y de sus familias. En ese contexto, refirió que tras haber realizado una evaluación conjunta con el Banco Mundial y el titular de la dependencia, se determinó que el Programa de Certificación de Derechos y Titulación de Solares Urbanos (Procede) contribuía a la seguridad en la tenencia de la tierra. Apuntó que también el programa de terrenos nacionales tiene especial relevancia, debido a que por mandato del artículo 27 constitucional, la nación es propietaria original de las tierras y aguas. De esta forma, dijo, representa también un instrumento para la regularización en favor de los ocupantes o de quienes los solicitan, ya que al expedirse el título de propiedad correspondiente se incorporan al patrimonio de los particulares, con un carácter de justicia social. Señaló que con este programa se ha regularizado la tenencia de la tierra de la población predominantemente indígena, sobre todo en Campeche, Puebla, Sonora y Veracruz. Otras de las estrategias, agregó Hersberger, es la ejecución de las resoluciones presidenciales, lo cual es una de las tareas de mayor dificultad que enfrenta la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Esto
se debe a que se trata de mandatos dictados por el Presidente de la
República, y que por diversas circunstancias de hecho o de derecho no
fueron ejecutadas antes de las reformas al artículo 27 constitucional.
DESCONFÍAN DEL LLAMADO DE MURAT PARA BUSCAR SOLUCIONES AL CONFLICTO EN
LOS CHIMALAPAS Los comuneros de Santa María Chimalapa y los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc rechazaron la convocatoria a asistir a una reunión de trabajo en Oaxaca para buscar una solución conciliada al conflicto que los enfrenta desde hace 40 años por la posesión de 13 mil hectáreas. Esta vez la reunión fue convocada por el gobernador, José Murat, para el próximo 1º de julio en el palacio de gobierno. Asistiría a la misma el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame. Ante estas posiciones, Salazar Adame dijo que respeta la decisión de los colonos y comuneros, y manifestó su disposición a viajar hasta la zona de conflicto a dialogar con los dos grupos. Agregó que antes del 1º de julio se reunirá en la ciudad de México con el gobernador de Oaxaca para definir la estrategia del diálogo.
Entretanto, "sigue en pie" el ultimátum que el pasado 19 de junio
impusieron los comuneros a los colonos para que el día 29 abandonen la
tierra en disputa o serán desalojados, informó vía telefónica el
presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes
Comunales de Santa María Chimalapa, Silaín Hernández González. Tanto
los directivos de los comuneros como los de los colonos recibieron el
jueves 26 -pero con fecha del 24- sendas invitaciones del gobernador
José Murat a participar en la citada reunión.
LOS CHIMALAPAS
AMENAZAN CON IMPEDIR COMICIOS Comuneros de Santa María Chimalapa y ganaderos de la colonia Cuauhtémoc advirtieron que no permitirán la instalación de casillas durante la jornada electoral del 6 de julio, en protesta por lo que consideran “desatención gubernamental” al conflicto que enfrentan por la disputa de 13 mil hectáreas de selva.
Funcionarios del ayuntamientos de Matías Romero confirmaron que el
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
habría aceptado acudir a la colonia Cuauhtémoc “el viernes o sábado de
la semana entrante”. El funcionario también manifestó su respeto por
la determinación de los colonos y de los chimalapas. Que está
dispuesto a acudir a la zona del conflicto y que este fin de semana
volverá a reunirse con el gobernador oaxaqueño José Murat en la ciudad
de México. DISTRITO FEDERAL RECUPERA EL GOBIERNO
PREDIO EN SANTA FÉ El Gobierno del Distrito Federal recuperó 20 mil metros cuadrados de un predio localizado en la zona de Santa Fé que durante 20 años permaneció bajo la posesión de un particular de nombre Francisco Escobedo. La superficie de este terreno, conocido como el G-2, se suma a las 11 hectáreas que en febrero pasado recuperaron las autoridades en la misma zona y que también se encontraban en manos de Escobedo, quien gozó de la concesión de estos terrenos para la explotación de minas de arena y grava, por el favor del entonces regente del F, Carlos Hank González. Las 30 hectáreas recuperadas serán urbanizadas y posteriormente vendidas, y los recursos puestos a disposición del Instituto Nacional de la Vivienda del DF para financiar proyectos de vivienda popular. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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