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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN DISTRITO FEDERAL FRENTES POLÍTICOS SECTOR AGRARIO ARDE XALATLACO ENFRÍA PFP CONFLICTO EN
XALATLACO PIDE CAP ENTRE LA SRA A
SOLUCIONAR CONFLICTO LOS DE XALATLACO SIN LA
RAZÓN JURÍDICA FRACASÓ LA REFORMA AL
ARTÍCULO 27 APRUEBAN UNA CASCADA DE
ACUERDOS PARA CITAR A COMPARECER A VARIOS SECRETARIOS DE ESTADO ESTADOS DISTRITO FEDERAL ENTRAN 300 EFECTIVOS DE
LA PFP A AGUA GRANDE PARA BAJAR TENSIÓN DEBE EL GOBIERNO
FEDERAL RESOLVER EL ASUNTO DE XALATLACO SEGOB PIDE AL PRD
METER LAS MANOS EN XALATLACO EJIDOS URBANOS, UNA
BOMBA DE TIEMPO DISTRITO FEDERAL Sin nadie que desee resolverlo, el conflicto agrario de Xalatlaco, iniciado en 1941, creciendo violentamente entre las comunidades de la montaña que comparten el Estado de México y el Distrito Federal, por la posesión legal de mil 509 hectáreas, ubicadas en la delegación Tlalpan. -No es
problema agrario, porque se dirime en los tribunales agrarios, por ley
son autónomos. Con motivo de las reformas al artículo 27
constitucional, vigentes desde 1992, la facultad que tenía la SRA para
resolver conflictos de límites entre comunidades o ejidos pasó a ser
competencia exclusiva de los Tribunales Agrarios, declaró el
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar.
FRENTES POLÍTICOS Si un conflicto como el de Xalatlaco, que cuenta con la atención de todos los medios de comunicación no logra una solución rápida e inteligente, ¿qué esperar en los 422 que existen en todo el país, por no definición de linderos y resoluciones agrarias o en los 14 focos rojos que según la SRA existen en Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Sonora, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, muchos de ellos con títulos virreynales. La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que después del proceso
electoral del 6 de julio pasado, 14 grupos especializados entrarían de
lleno a la resolución de los problemas considerados como “focos
rojos”. Lo cierto es que no se trata sólo de arreglar papeles, sino de
resolver los problemas básicos que son la falta de tierras, los
conflictos entre los pueblos y las deficiencias de la aplicación de la
ley agraria. ARDE XALATLACO Después de un tenso día de bloqueos, retos, manifestaciones y negociaciones entre las autoridades del GDF y comuneros, de las cuales no hubo ningún arreglo, los inconformes le dieron a las autoridades una breve tregua en el conflicto de Xalatlaco y Santo Tomás Ajusco, incluso levantaron el plantón en la carretera al Ajusco. Empero, advirtieron que regresarán y llegarán hasta las últimas consecuencias, pues no están dispuestos a perder sus tierras y a seguir sufriendo humillaciones por parte del GDF. Al respecto, el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos afirmó que el conflicto por tierras en Xalatlaco requiere de un manejo estrictamente apegado a derecho para evitar errores como el cometido en esa misma zona, a pesar de existir ya una sentencia definitiva. Por su parte, la Procuraduría Agraria informó que un primer dictamen sobre este conflicto tiene fecha de ejecución el 16 de junio de 1949, mismos que fue revocado el 17 de octubre de 1974 por sentencia dictada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de esta fecha se ordenó reponer el procedimiento por la vía de conflicto de límites con San Miguel Ajusco, Distrito Federal, cuya contraparte era precisamente el poblado de Xalatlaco, en donde persiste la presencia de la etnia otomí. Durante los siguientes años se mantuvo el litigio hasta que el 19 de abril de 1999 el Tribunal Unitario Agrario del 24 distrito reconoció tan solo 169.14 hectáreas a la comunidad de Xalatlaco, sentencia que no ha sido ejecutada por asistir amparo indirecto. En esa misma ocasión, en el mismo juicio agrario número 23/TUA 24/97, las autoridades judiciales agrarias reconocieron a los comuneros de San Miguel Ajusco la propiedad de 1,509.99 hectáreas. Ante
la sentencia en su contra los habitantes de Xalatlaco recurrieron a
diversos recursos legales y el 16 de octubre del año pasado el Juzgado
Tercero de Distrito en Materia Administrativa de esta capital concedió
la suspensión "de plano para efecto de que las cosas se mantengan en
el estado en que se encuentran y no prive de la propiedad a dicha
comunidad".
ENFRÍA PFP CONFLICTO EN
XALATLACO Cerca de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva entraron ayer en la tarde al paraje de mil 500 hectáreas conocido como Agua Grande y evitar así un enfrentamiento entre pobladores de Xalatlaco y el Ajusco. El General Francisco Arellano, encargado del operativo, informó que la presencia policiaca estará en la zona limítrofe entre el municipio de Xalatlaco y la Delegación Tlalpan hasta que las autoridades, sean agrarias o federales, defina a quién pertenece el predio que se disputa desde hace 50 años. Andrés Manuel López Obrador señaló, a pregunta expresa, que a quien le corresponde solucionar el conflicto por la propiedad del predio en disputa es al Gobierno federal. "La solución es del Gobierno federal", declaró. No obstante, López Obrador reconoció que fue una decisión de su administración la que desató el conflicto. Momentos después, Santiago Creel afirmó que el conflicto en la zona del Ajusco compete a las autoridades locales. "Vamos
a buscar que las partes se pongan de acuerdo y, sobre todo, también
poner de acuerdo a las propias autoridades; al Gobierno del Distrito
Federal y al Estado de México, con la participación de la Procuraduría
Agraria", señaló Creel.
PIDE CAP ENTRE
LA SRA A SOLUCIONAR CONFLICTO El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar debe actuar en el Conflicto de Xalatlaco; ya que él tiene los instrumentos necesarios y el oficio político para que se ponga a actuar, además de tener el conflicto enfrente y la responsabilidad, afirmó el coordinador del Congreso Agrario Permanente Max Correa Hernández. Asimismo, el líder campesino señaló que también tienen responsabilidad el Jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrado y el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel para solucionar este conflicto agrario que es ancestral. "Ya hay una definición jurídica del tribunal agrario, ante ese hecho, si yo fuera el Jefe de Gobierno del DF ó el gobernador del Estado de México convocaría al secretario de la Reforma Agraria para que con los instrumentos y reglas que tiene para desactivar conflictos agrarios, los cerca de 300 millones de pesos que tiene este fondo derivado del Acuerdo Nacional del Campo", explicó. Hay que sentar, dijo, a los comuneros y autoridades para que con ese instrumento se pueda llegar a una negociación para que ese núcleo agrario, que no va a quedar con la totalidad de la superficie terrestre que definió el tribunal agrario pueda tener una contraprestación económica. Respecto al crecimiento del conflicto en Xalatlaco, Max Correa explicó que se debe en parte al desconocimiento de los problemas, además de querer aplicar la ley en un problema ancestral que sólo con la negociación política y recursos económicos se va a solucionar. "Problemas agrarios como el de Xalatlaco, Atenco, Bernalejo son conflictos de una inercia que la SRA en su momento generó; normalmente los conflictos de bienes comunales se dan desde antes de la conquista y el virreinato en donde se les daba un reconocimiento a las comunidades de unos bienes comunales, llega la Reforma Agraria, emite sentencia los tribunales y se atenta contra la comunidad", indicó. Si Florencio Salazar, enfatizó Max Correa, quiere negociar con los campesinos debe llegar acompañado de una bolsa de dinero, porque con saliva y palabras no va a solucionar nada.
Reforma Agraria tiene recursos que le autorizaron en la Cámara de
Diputados y además, los del Acuerdo Nacional para el Campo, pero
también AMLO y Montiel tienen recursos adicionales para solucionar
este conflicto, sólo es cuestión de voluntad, concluyó.
LOS DE XALATLACO SIN
LA RAZÓN JURÍDICA Ricardo García Villalobos, presidente magistrado del Tribunal Superior Agrario, aseguró que legalmente los comuneros de Xalatlaco no son propietarios de las hectáreas en disputa, porque no tienen papeles que corroboren su legal posesión. Señaló que el fallo lo otorgó el Juzgado Tercero de Distrito en la ciudad de México, por lo tanto el caso ya no es un asunto agrario sino jurídico, que tendrá que resolver ese juzgado. García Villalobos indicó que lo único que le queda hacer al Tribunal Unitario Agrario es recibir, en caso que se dé, la conciliación entre los comuneros, los ejidatarios y las autoridades federales, del Estado de México y del Distrito Federal para emitir una sentencia en ese sentido.
Mientras tanto, ayer autoridades del Gobierno del Distrito Federal
acordaron reiniciar el diálogo con los comuneros de Xalatlaco, en el
Estado de México, para resolver, por las vías legales, a qué población
pertenecen las mil 509 hectáreas del paraje "Agua Grande" y esperar
que el Tribunal Agrario emita un finiquito que resuelva el conflicto.
FRACASÓ LA REFORMA AL
ARTÍCULO 27 A más de 10 años de que se modificó el artículo 27 constitucional, el ejido no se privatizó ni desapareció, no mejoró la situación de los ejidatarios, ni tampoco llegaron las inversiones masivas que se esperaban, pues nadie invertirá en el campo mientras no exista rentabilidad y viabilidad financiera. En cambio, la reforma sí ha servido para que muchos ejidos costeros, con elevado valor turístico como los que se ubican en Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán y Guerrero, con importantes recursos de flora y de fauna, se vendan a trasnacionales, según denunciaron Max Correa, del Consejo Agrario Permanente; Álvaro López Ríos, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Cruz López, de la Confederación Nacional Campesina, y Humberto Serrano, de la Confederación Agrarista Mexicana. En un análisis del problema que para el presente y futuro del país significa el abandono del ejido y la entrega de las tierras sociales más valiosas al comercio internacional, los entrevistados responsabilizaron de estos hechos a la pasada y a la actual administración, pues dijeron, "esto ocurre con la complicidad de las autoridades que deberían vigilar la aplicación del texto constitucional que prohibe la propiedad a extranjeros en zonas estratégicas como las costas y las fronteras". Pero el interés de las trasnacionales no se limita a los ejidos turísticos, también rentan grandes extensiones de tierras ejidales que cuentan con modernos sistemas de irrigación, fundamentalmente en el noroeste del país: Sonora, Sinaloa y Baja California, en el Bajío guanajuatense y en algunas áreas de Tamaulipas. Los líderes agrarios señalan que 40 por ciento de la superficie de riego del sector social está rentada a trasnacionales. En la investigación efectuada por este diario entre organizaciones campesinas y expertos en el tema para conocer la evolución el ejido después de las reformas al 27 constitucional, Álvaro López Ríos acusó al gobierno federal de inducir la venta de tierras ejidales y comunales y de permitir que empresas privadas hagan el trabajo que corresponde a la Procuraduría Agraria. Esto, según dijo, para acelerar el "dominio pleno" que concede a los campesinos la propiedad de sus predios y anula la condición pública y social del ejido, a de fin facilitar la venta de esas tierras a inversionistas interesados, especialmente trasnacionales. Los
dirigentes agrarios entrevistados coincidieron en que la substitución
de funciones de empresas privadas en actividades que por ley
corresponden a las instituciones públicas del ramo como el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), tiene el claro objetivo
de inducir la venta de estas tierras para explotación turística,
desarrollo urbano y parques industriales sin que ello signifique un
beneficio real a los dueños de la tierra.
APRUEBAN UNA CASCADA DE ACUERDOS PARA CITAR A COMPARECER A VARIOS
SECRETARIOS DE ESTADO La Comisión Permanente aprobó una cascada de acuerdos para citar a comparecer a los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y de la Función Pública, a fin de que expongan los resultados del trabajo que han realizado y sus planes y programas a futuro.
Además, fue turnada a la Tercera Comisión la petición de la senadora
Sara Isabel Castellanos (PVEM), para que hagan lo mismo los titulares
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y de
la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, José Ignacio
Campillo, para que informen sobre la problemática en la reserva de la
Biósfera de Montes Azules, Chiapas. DISTRITO FEDERAL ENTRAN 300 EFECTIVOS DE
LA PFP A AGUA GRANDE PARA BAJAR TENSIÓN Con la llegada de la Policía Federal Preventiva (PFP), que resguardará las mil 509 hectáreas en conflicto entre Xalatlaco, Estado de México, y San Miguel Ajusco, Distrito Federal, se puso fin a 18 horas de fuertes tensiones en la comunidad mexiquense. Luego de las negociaciones con el Gobierno del Distrito Federal para el envío de 300 efectivos federales, bajaron los ánimos encendidos de los comuneros, quienes ayer estuvieron a punto de protagonizar otro enfrentamiento con la fuerza pública. Sin embargo, el resguardo de la zona en disputa no resuelve el conflicto agrario entre Xalatlaco y el Ajusco, pues falta la ejecución de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario. Las comunidades de Xalatlaco y San Miguel Ajusco acordaron con las autoridades capitalinas esperar la resolución judicial para que se dé la sentencia ejecutoria, lo cual tendrá que esperar porque la juez está de vacaciones. Por otra parte, en un comunicado el gobierno del Estado de México manifestó que giró instrucciones a la Secretaría de Gobierno para apoyar a los habitantes de Xalatlaco en la solución del problema de la posesión de tierras que involucra al paraje Agua Grande. En el
documento se anuncia que el apoyo será, si es necesario, hasta con
recursos económicos a los comuneros que perdieron sus cabañas para que
con ellos puede restituirlas.
DEBE EL GOBIERNO FEDERAL RESOLVER EL ASUNTO DE XALATLACO El gobierno federal es el que debe solucionar el conflicto en Xalatlaco, ya que se trata de un problema agrario, manifestó ayer el titular del Ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador. Precisó que el gobierno de la ciudad no rehuye sus responsabilidades, y una de ellas es procurar que no se den enfrentamientos, pero insistió que se trata de un conflicto de tierras que data de los años 40, como otros problemas que existen en el país y que tienen que ver con límites territoriales, que no se ha resuelto. Dijo
que si bien el Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Comisión
de Recursos Naturales (Corena), tomó una decisión que no debió haberse
tomado, porque estaba latente el conflicto y lo que provocó fue que se
precipitaran las cosas, "ese no es el fondo. El problema es que hay un
asunto pendiente, un problema agrario de tiempo atrás y al cual hay
que buscarle solución, y no creo que sea honesto echarle la culpa al
gobierno de la ciudad a partir de que se tomó esa decisión".
SEGOB PIDE AL
PRD METER LAS MANOS EN XALATLACO La Secretaría de Gobernación le solicitó al PRD que intervenga en la solución del conflicto entre comuneros de Santo Tomás Ajusco, del Distrito Federal, y campesinos de Xalatlaco, en el Estado de México, ya que algunos perredistas tienen “ascendencia” con dirigentes de ambas zonas, sostuvo Gonzalo Altamirano Dimas. Altarmirano, jefe de la Unidad de Gobierno de Gobernación, aseguró que “hay varios miembros del Partido de la Revolución Democrática (en este conflicto). Nosotros pedimos ese diálogo para evitar que se polarizara o se politizara este asunto. Afortunadamente ha habido buena respuesta y, por lo tanto, aclaro en estos términos, que no estamos señalando a ningún partido político.
Comentó en entrevista, que por el momento, el diálogo con los
habitantes de esas zonas, se encuentra suspendido. La presencia de la
PFP, dijo, va a ayudar a distender la zona de conflicto y “apelamos a
la responsabilidad tanto de los pobladores de Xalatlaco como de Santo
Tomás y a que continúen los esfuerzos que han estado haciendo las
autoridades del Distrito Federal y del Estado de México”.
EJIDOS URBANOS, UNA
BOMBA DE TIEMPO En el Distrito Federal sobreviven 43 ejidos y comunidades. Muchos enfrentan problemas legales agrarios de límites y títulos de propiedad, que “las autoridades federales no resuelven para no despertar inconformidad de algunas de las partes, de modo que las diferencias, en lugar de enfrentarse por la vía legal, se están dejando a la ley del más fuerte”, señala Carlota Boteuy, directora de Regularización Territorial del DF y experta en el tema agrario. Advierte sobre el rezago legal que enfrentan ejidos y comunidades agrarias asentadas en la capital del país, lo que, en algunos casos se traduce en graves problemas para la administración pública local.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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