Domingo 10 de marzo de 2002 Domingo 10 de marzo de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • Reforma • La Jornada
El Heraldo de México • El Sol de México
Revistas: Época • Impacto • Vértigo • Proceso
AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A
FONDO, LA REVISIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE ZEDILLO.
Revista Época. Redacción, página 8, domingo
10 de marzo.
Las 174
revuisiones que practica la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública
de 2000 ... 
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
ATENCOS
A MORIR.
Liliana Castillo Rivera. Revista Impacto, página
48, domingo 10 de marzo.
Con un amparo
judicial bajo el brazo, los dirigentes campesinos de Atenco no transigen en su
causa ...
CAMPECHE-QUINTANA
ROO
INVIERTEN
RECURSOS EN ‘TIERRA DE NADIE’.
Luis Armando Mendoza, Reforma, página 22,
domingo 10 de marzo.
Tierra de nadie
desde 1997 cuando inició el conflicto territorial entre Campeche y Quintana Roo
...
DISTRITO
FEDERAL
ACUSAN
A CARREFOUR DE CONSTRUIR ILEGALMENTE EN EL AJUSCO.
Christian Daza, El Heraldo de México, página
1-10, domingo 10 de marzo.
La empresa
francesa “Carrefour” construyó ilegalmente su centro comercial del Ajusco
...
DURANGO-ZACATECAS
POSTULANTE
AGRARIO OFRECE APOYO EN CASO BERNALEJO.
Mario Domínguez Quintero, El Sol de México, página 4-B,
domingo 10 de marzo.
A don Baltasar
Martínez, (postulante de Asuntos Agrarios), le dolieron las palabras de Rafael
Candelas Salinas ...
CONFLICTO
AGARRIO ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
Nota Informativa. Revista Vértigo, página 54, domingo 10
de marzo.
Tepehuanos
duranguenses avanzaron un kilómetro más en la invasión del ejido ...
NAYARIT
DESPOJO EN
NAYARIT.
Palabra de Lector. Revista Proceso, página 82, domingo 10
de marzo.
En una carta
dirigida a la revista, María Eugenia Arellano, de Estancia de los López, en
Amatlán de Cañas, Nayarit, denuncia la actuación de los magistrados ...
QUERÉTARO
ACEPTAN
VENDER SUS TIERRAS PARA NUEVO AEROPUERTO.
Juan José Arreola, El Universal, página 9-B,
domingo 10 de marzo.
Después de casi
diez meses de negociaciones, ejidatarios de los municipios de El Marqués y Colón,
aceptaron vender sus tierras ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
POR UN
DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE: CON CAMPESINOS E INDÍGENAS.
Desplegado. La Jornada, página 42, domingo 10 de marzo.
En el Encuentro
Nacional de Campesinos e Indígenas realizado el 5 de febrero del 2002 en
Xochimilco...
OPINIÓN
LA LUCHA DE
ATENCO.
Javier Sicilia. Proceso, página 58, domingo 10 de marzo.
La lucha que desde
hace meses han emprendido los pobladores de Atenco contra la expropiación de
sus tierras, donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
tiene un fondo que trasciende las típicas luchas entre partidos e intereses de
poder ...
AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A
FONDO, LA REVISIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DE ZEDILLO.
Revista Época. Redacción, página 8, domingo
10 de marzo.
Las 174
revuisiones que practica la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública
de 2000, último año del doctor Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República,
se indaga a profundidad si sus principales colaboradores actuaron dentro de la
ley y honestamente, tanto en el manejo de los fondos públicos como en las
decisiones sobre obras y programas de altas inversiones..
Se cita, entre
muchas otras dependencias e instituciones, al Registro Agrario Nacional, cuya
auditoría contempla Egresos presupuestales para servicios personales, de su
titular, en el 2000, Joaquín Contreras Cantú. 
ATENCOS
A MORIR.
Liliana Castillo Rivera. Revista Impacto, página
48, domingo 10 de marzo.
Con un amparo
judicial bajo el brazo, los dirigentes campesinos de Atenco no transigen en su
causa y el gobierno federal tampoco. Los primeros insisten que la defensa de sus
tierras donde se quiere construir el aeropuerto se mantendrá hasta sus últimas
consecuencias.
El segundo que
Texcoco es el mejor lugar para ubicar el nuevo aeródromo. Y mientras tanto,
ambas partes están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), desahogue la controversia constitucional contra el decreto expropiatorio
para la construcción del proyecto aéreo.
INVIERTEN
RECURSOS EN ‘TIERRA DE NADIE’.
Luis Armando Mendoza, Reforma, página 22,
domingo 10 de marzo.
Tierra de nadie
desde 1997 cuando inició el conflicto territorial entre Campeche y Quintana
Roo; en los 4 mil 810 kilómetros cuadrados que ocupa la franja en disputa, están
ubicadas más de una veintena de comunidades rurales, cuyos habitantes
-alrededor de 15 mil- no saben de dónde son.
Y por esa misma
razón, desde hace cinco años, los pobladores de esas comunidades rurales
-dedicados principalmente a la agricultura y ganadería- no saben a quién
exigirle que los atienda, al Gobierno de Campeche o al de Quintana Roo.
Sin quererlo,
desde el 12 de febrero de 1997, los habitantes de El Tesoro, Icaiché, Los
Angeles, 21 de Mayo, Nuevo Veracruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Felipe Angeles,
Caña Brava, Justo Sierra Méndez, San Isidro Aguas Amargas, Bella Unión de
Veracruz, Santa Rosa, 16 de Septiembre, Carlos A. Madrazo, Emiliano Zapata, Los
Alacranes, Lázaro Cárdenas, Pioneros del Río, Manuel Crescencio Rejón, José
María Morelos y Pavón, Arroyo Negro y Dos Lagunas, entre otras comunidades -la
mayoría de ellos originarios de otras entidades del país- se vieron envueltos
en un litigio que los despojó de su identidad y puso en duda su gentilicio.
Ese día, el
Gobierno de Quintana Roo presentó una demanda de controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que esa máxima
instancia judicial del país declare que la franja en conflicto pertenece al
imperium y dominium de Quintana Roo y la nulidad del acuerdo presidencial del 15
de mayo de 1940, así como del decreto que crea el municipio de Calakmul.
El entonces
Gobernador Mario Villanueva presentó, junto con los titulares de los Poderes
Legislativo y Judicial del Estado de Quintana Roo, la demanda, e inició el
proceso legal que el pasado 12 de este mes cumplió ya cinco años y aún no
concluye.
La demanda -que
quedó asentada bajo el expediente número 9/97- fue signada por el presidente
de la Gran Comisión de la entonces Octava Legislatura de Quintana Roo y por el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Carlos Cardín Pérez
y Joaquín González Castro, respectivamente.
Enfrascados en
demostrar que esa franja territorial les pertenece, los Gobiernos de Campeche y
Quintana Roo han aportado, cada uno a su favor, pruebas documentales geográficas,
históricas, políticas y hasta étnicas.
Y mientras tanto,
como señal de que ninguno renunciará a ese territorio, en las comunidades de
esa zona pueden verse anuncios de obras de los Gobiernos de ambas entidades.
En las comunidades
de esa zona el Gobierno de Campeche ha ejercido en los últimos cinco años una
inversión de más de 40 millones de pesos en la ejecución de obras como la
pavimentación de calles, la edificación de escuelas, la construcción de
caminos rurales y de pisos para vivienda, así como la introducción de agua
potable y alcantarillado y de telefonía satelital y la dotación de plantas de
energía solar, según la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones.
En tanto, el edil
de Othón P. Blanco, de Quintana Roo, Moisés Pacheco, señaló que sólo en dos
años se han invertido en las comunidades en litigio unos 100 millones de pesos,
con recursos municipales y estatales, así como con apoyos federales.
"Es difícil
dar un cálculo de lo que se ha invertido en la zona limítrofe con Campeche,
desde que inició la controversia constitucional. Pero en los dos últimos años,
de manera coordinada, se han invertido 100 millones de pesos.
El origen del
conflicto
El conflicto limítrofe
con Quintana Roo surgió el Congreso de Campeche decretó el 31 de diciembre de
1996, a iniciativa del entonces Gobernador Jorge Salomón Azar García, la
creación del municipio de Calakmul y el ahora ex Mandatario estatal Mario
Villanueva Madrid, se inconformó porque argumentó que una franja territorial
incluida en el nuevo municipio pertenecía a su entidad.
La pugna se agravó
debido a diferencias entre los entonces Mandatarios Azar García y Villanueva
Madrid, por supuestos intereses en la explotación de la riqueza forestal de esa
zona en donde se registra el mayor contrabando de madera. Incluso, se asegura
que debido a las condiciones selváticas en esa zona existen pistas clandestinas
y es constante el aterrizaje de avionetas cargadas con droga.
El fin de la gestión
de Azar García y el inicio del mandato de González Curi abrió la posibilidad
de un arreglo amistoso entre ambas entidades, pero un incidente ocurrido el 9 de
enero de 1999 acabó de enredar el conflicto y los Gobiernos de Campeche y
Quintana Roo decidieron dejar su resolución en manos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Confía en
ganar Campeche
La directora de la
Unidad Jurídica del Gobierno del Estado de Campeche, Margarita Alfaro Waring,
reveló que la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Quintana
Roo durante la administración de Mario Villanueva Madrid, se encuentra ya en su
etapa de sentencia, y externó su confianza de que luego de valorar las pruebas
que aportó la SCJN fallará a favor de Campeche.
"Esperamos
que tras la valoración de las pruebas que han sido aportadas por el Gobierno
del estado, el fallo sea favorable para nosotros", señaló luego de
asegurar que hay argumentos de mucho peso histórico, político, social, étnico,
geográfico y territorial a favor de Campeche.
ACUSAN
A CARREFOUR DE CONSTRUIR ILEGALMENTE EN EL AJUSCO.
Christian Daza, El Heraldo de México, página
1-10, domingo 10 de marzo.
La empresa
francesa “Carrefour” construyó ilegalmente su centro comercial del Ajusco,
al sur del Distrito Federal, en un espacio que no le correspondía, pues utilizó
un predio situado a un kilómetro y medio del que adquirió, según acusan
quienes se presentan como propietarios del terreno.
Luis Butrón, uno
de los acusadores, quien dice ser copropietario del predio, declaró que el
centro comercial, localizado en el número 120 de la carretera Picacho-Ajusco,
nunca debió de edificarse ahí, pues aparentemente había adquirido un terreno
situado en Fuentes Brotantes, en la colonia Miguel Hidalgo, distante a kilómetro
y medio.
POSTULANTE
AGRARIO OFRECE APOYO EN CASO BERNALEJO.
Mario Domínguez Quintero, El Sol de México, página 4-B,
domingo 10 de marzo.
A don Baltasar
Martínez, (postulante de Asuntos Agrarios), le dolieron las palabras de Rafael
Candelas Salinas, de que nadie quiere entrarle al asunto de Bernalejo, y con
lagrimas en los ojos, le pidió al coordinador jurídico que le envíe a su
equipo para defender una faja de 55 mil hectáreas, porque no se trata sólo del
terreno que ahorita quieren los tepehuanos.
CONFLICTO
AGARRIO ENTRE DURANGO Y ZACATECAS.
Nota Informativa. Revista Vértigo, página 54, domingo 10
de marzo.
Tepehuanos
duranguenses avanzaron un kilómetro más en la invasión del ejido zacatecano
de Bernalejo de la Sierra, en el municipio de Valparaíso, donde indígenas y
ejidatarios se disputan cinco mil 465 hectáreas en la zona limítrofe entre
Durango y Zacatecas.
DESPOJO EN
NAYARIT.
Palabra de Lector. Revista Proceso, página 82, domingo 10
de marzo.
En una carta
dirigida a la revista, María Eugenia Arellano, de Estancia de los López, en
Amatlán de Cañas, Nayarit, denuncia la actuación de los magistrados del
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (de reciente apertura),
con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, los licenciados Víctor Jáuregui
Quintero (presidente), José de Jesús López Arias (ponente en el caso que nos
ocupa) y Juan Bonilla Pizarro, en contra del campesino J. Félix Curiel Rivera,
a quien injustamente le fue despojada su parcela de aproximadamente 13 hectáreas,
por una decisión de esos magistrados.
ACEPTAN
VENDER SUS TIERRAS PARA NUEVO AEROPUERTO.
Juan José Arreola, El Universal, página 9-B,
domingo 10 de marzo.
Después de casi
diez meses de negociaciones, ejidatarios de los municipios de El Marqués y Colón,
aceptaron vender sus tierras al gobierno del estado para la construcción del
nuevo aeropuerto internacional de Querétaro.
Según el
convenio, el precio establecido fue de 100 pesos el metro de tierras de temporal
y 125 las de riego, lo que significó más del doble de lo que inicialmente había
propuesto el gobierno estatal. La construcción se iniciará una vez que se
publique el decreto expropiatorio, previéndose una inversión inicial de 70
millones de dólares.
POR UN
DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE: CON CAMPESINOS E INDÍGENAS.
Desplegado. La Jornada, página 42, domingo 10 de marzo.
En el Encuentro
Nacional de Campesinos e Indígenas realizado el 5 de febrero del 2002 en
Xochimilco, entre ROSARIO ROBLES BERLANGA y los dirigentes nacionales y
regionales de las organizaciones presentes, suscribimos los siguientes
COMPROMISOS:
5.- Impulsar una
agenda común que contenga lo siguiente:
Reformar el Art. 27
Constitucional en materia agraria, para defender la propiedad social de la
tierra.
Por la defensa de las tierras
ejidales y comunales a favor de sus dueños, y por el apoyo a los compañeros
de Texcoco y San Salvador Atenco.
El desplegado es
firmado, entre otros, por José Durán Vera y Rosendo Alonso Hernández,
Coordinador Nacional y Secretario general, respectivamente de la UCD; Álvaro López
Ríos, Secretario General de la UNTA, y Alberto Gómez Flores, de la UNORCA.
LA LUCHA DE
ATENCO.
Javier Sicilia. Proceso, página 58, domingo 10 de marzo.
La lucha que desde
hace meses han emprendido los pobladores de Atenco contra la expropiación de
sus tierras, donde se pretende construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
tiene un fondo que trasciende las típicas luchas entre partidos e intereses de
poder. Su lucha —semejante a la que hace varios años sostuvieron los
habitantes de Tepoztlán contra la construcción de un club de golf, a la que
sostiene la resistencia zapatista en Chiapas a favor de los Acuerdos de San Andrés,
a la que mantuvieron los pobladores de Ocotepec, Morelos, contra la construcción
de la tienda comercial La Soriana o a la que, en Cuernavaca, sostenemos
intelectuales, artistas, ecologistas y locatarios del mercado municipal para
evitar la destrucción del Casino de la Selva, en donde la empresa comercial
Costco, en complicidad con las autoridades del gobierno de Morelos, de Bellas
Artes y de Conaculta, pretende edificar una megatienda— es la lucha entre dos
culturas: la de la vida común o, para usar un término caro a Iván Illich, la
vida de los commons, y la de una cultura dominada por el empleo y el poder de
las máquinas.
El término inglés
commons —Gemeinheit, en Alemán; communaux, en francés; gli usi civici, en
italiano; iriai, en japonés— es, de alguna forma, equivalente a ciertas
partes de la vida ejidal de Atenco o del régimen comunal del estado de Morelos.
Los commons son, en este sentido, esas partes de los alrededores con respecto a
las cuales —dice Illich— el derecho de las costumbres (impone) formas
particulares de derechos comunitarios. Se trata, para los lugareños, de esas
partes de los alrededores que no les pertenecen, pero sobre las cuales tienen un
derecho de uso reconocido, no para producir bienes materiales, sino para
asegurar la subsistencia de sus familias y la convivencia de la vida de sus
pobladores. Este derecho humaniza los alrededores y reglamenta —no de manera
escrita sino por los tan vilipendiados usos y costumbres— el derecho de paso,
de pastura para los animales, de recoger leña, de plantar para la subsistencia
y de comerciar localmente.
Cuando uno ha
estado en esos ámbitos de comunidad se da cuenta de que la vida humana adquiere
ahí, con sus problemas inherentes a cualquier relación humana, una intensa
solidaridad que es ajena a la vida de las urbes y de la sociedad económica y técnica.
En esos sitios, que son pueblos, las calles constituyen verdaderos lugares de
encuentro y de reunión; algunos habitantes, sentados sobre las orillas de las
calles venden verdura o leña, colocan sus anafres, donde venden quesadillas,
gorditas, aguas frescas; otros sacan sus sillas y se sientan a beber café o
tequila; allá, otros pobladores se reúnen para vender un burro o una vaca; más
lejos, alguien conduce un ato de asnos cargados y los niños juegan en los
arroyos, o en los campos. La gente utiliza sus pies, algunos otros sus
bicicletas o sus caballos para ir de un sitio a otro, y los que están en el
campo trabajan con sus yuntas y sus machetes.
Sitios como los
ejidos o las tierras comunales están construidos para la gente; las calles son
el resultado mismo de sus habitantes que viven en ellos y los hacen habitables.
Las viviendas y los estanquillos que hay a la orilla de las calles no son casas
privadas en el sentido moderno del término, sino, vuelvo a Illich, el umbral
que separa todavía dos espacios del vivir, uno íntimo, otro compartido.
Esa es, palabras más,
palabras menos, la vida de los pobladores de Atenco, una vida que, heredada de
sus ancestros, no quieren sacrificar en aras de un mundo que no desean. La
expropiación de sus tierras no sólo significará el despojo de una memoria y
la destrucción de sus raíces, sino la expansión de una modernidad que rompe
el común: las calles dejarán de ser sitios para los humanos y se convertirán
en lugares para los automóviles, los taxis, los camiones, las rutas, los
aviones. Las personas sólo serán toleradas en ellas si se dirigen hacia el
aeropuerto o hacia una estación de autobús; los campos y su producción agrícola
se transformarán en asfalto y en tiendas de servicio. En síntesis, Atenco será
degradado de un sitio comunitario a un simple recurso para la circulación de
vehículos, el despegue y el aterrizaje de aviones y el consumo improductivo.
Se me podrá
objetar que los pobladores de Atenco, además de ganar con la expropiación
dinero, tendrán fuentes de empleo bien remuneradas y los que no quieran podrán
emigrar a sitios que se parezcan al suyo.
Sin embargo, ése
no es el punto fundamental, sino la destrucción de una riqueza que no se mide
en términos de economía ni de eficiencia, sino de calidad de vida humana.
Hasta el momento, fuera de la protesta de los pobladores de Atenco que defienden
sus formas de vida comunitaria contra el despojo de la eficiencia técnica y del
progreso, los críticos a la instalación del aeropuerto en esa zona están
denunciando la apropiación de los recursos de Atenco por asuntos de interés
económico privado y del poder neoliberal. Su crítica se plantea así en términos
del uso privado de esos recursos y no, como lo plantean los pobladores de Atenco
—que es el problema de fondo— como la extinción de los ámbitos de
comunidad. Con ello, quienes apoyan a los pobladores de Atenco con una
equivocada crítica anticapitalista, lejos de ayudar a la lucha de sus
pobladores, refuerzan la legitimidad de la transformación que quiere hacer el
gobierno de los commons en recursos. Para estos críticos, el asunto no es la
defensa de los ámbitos de comunidad, sino, desde otra óptica, los beneficios
económicos de los pobladores.
La expropiación
de esas tierras y la instalación de un aeropuerto en ellas niega a sus
pobladores su derecho al género de vida que hace depender la economía moral de
la subsistencia y los somete al despojo y a la miseria.
Hace años,
durante el gobierno de Luis Echeverría, me instalé con una comunidad jesuítica
y unos amigos a vivir en las zonas suburbanas que entonces se llamaban colonia
Ajusco, cerca de donde ahora se asienta el parque de las Guayamilpas, al sur de
la ciudad. Ese sitio, de lava volcánica, era una zona de invasión: había
acogido a varios pobladores de diversas regiones pueblerinas que el desarrollo
industrial despojó de sus commons. La primera generación rehizo, de alguna
forma, sus formas de vida pueblerina: trazaron sus calles; había vacas,
puercos, estanquillos, mercaditos, etcétera.
Con la presión
del gobierno de Echeverría para urbanizar el lugar y de los grupos de izquierda
que habían sentado ahí sus reales y querían beneficios económicos para sus
pobladores, el tejido social se fue desgarrando: el commons se fracturó, los
pobladores terminaron en las calles de la ciudad viviendo del subempleo, y los jóvenes,
a falta de una identidad —ya no pertenecían al mundo pueblerino de sus
padres, tampoco al mundo obrero y burgués de las urbes—, se convirtieron en
un híbrido que se movía en el robo, el alcohol, las drogas, la promiscuidad,
el pandillerismo y el resentimiento.
Hoy, esa zona se
ha vuelto un barrio moderno. Sus primeros pobladores se han dispersado en los
cinturones de miseria de la ciudad y su descendencia, con toda seguridad, formará
parte de las hordas de despojados que pululan por la Ciudad de México.
La vida de los
pobladores de Atenco corre el peligro de convertirse en lo que alguna vez fue la
vida de la colonia Ajusco: un paso de tránsito entre el commons al horror de la
barbarie urbana.
Tal transformación
de los ámbitos de comunidad en recursos productivos para las exigencias
modernas constituye una de las formas más terriblemente degradantes que puede
sufrir una comunidad humana hoy. Esta degradación, como lo han mostrado Illich,
Polany y Ellul, tiene una larga historia que coincide con la del capitalismo y
los economistas burgueses, al cual pertenecía también Marx, aunque no es sólo
imputable a ese proceso. Por desgracia, hasta la lucha zapatista, la importancia
de esta transformación ha sido despreciada por la ecología política y la
mayor parte de la izquierda. Es necesario que se reconozca si se quiere salvar
la lucha y las formas de vida de los pobladores de Atenco y hacer que el
proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto se realice en zonas que no
pertenecen a ningún commons.
Defender los ámbitos
de comunidad y limitar la avalancha de la sociedad técnica y económica para
que tenga su propio ámbito constituye una tarea pública fundamental para la
vida social y plural de la década del 2000.
Además, opino que
hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas
presos y evitar que Costco se construya en el Casino de la Selva.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx